No habrá impunidad para Cristina Kirchner
diciembre 13, 2015
Macri aseguró que no habrá impunidad para Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Como muestra la historia, el poder con potencial transformador que se transmite desde la Casa Rosada puede cambiar de sentido, por completo, tras vorágines que duren pocas horas. El 9 de diciembre, Cristina Kirchner usó parte de su último discurso como Presidenta para denunciar, desde esa sede del Gobierno, que era víctima de “persecuciones y hostigamientos” de un sector del Poder Judicial. Incluso afirmó que “todos los argentinos” vivían “un poco en libertad condicional”. A menos de 48 horas, desde el mismo despacho, el nuevo Presidente, Mauricio Macri, le aseguró a una de las principales denunciantes de los Kirchner que Cristina debe ser investigada en todas las causas por corrupción en las que está involucrada.Macri se definió de modo clave sobre este tema, nada más ni nada menos que frente a Margarita Stolbizer, ex canditada presidencial, hoy diputada (GEN). Fue ella quien presentó ante la Justicia la primera denuncia contra la ex Presidenta sobre las irregularidades con las que “funcionaba” su hotel Alto Calafate. Eso pasó después de que esos desmanejos fueran difundidos por Canal 13 y Clarín.
El caso es conocido con el nombre legal del hotel K, “Hotesur”, y avanzó de tal modo que se transformó en una pesquisa más amplia sobre el resto de los negocios de los Kirchner: quedaron bajo sospecha de haber sido utilizados para vehiculizar dinero de origen ilegal.
La legisladora fue también quien presentó, hace pocos días, una nueva denuncia contra la ex Presidenta, esta vez pidiendo que se estudie el crecimiento de su fortuna bajo la hipótesis de que aumentó debido a un enriquecimiento ilícito.
“El Presidente me dijo que estaba comprometido en la pelea contra la corrupción. Y que no iba a amparar a nadie, ni para atrás, ni para adelante”, le contó Stolbizer a Clarín, y agregó: “Lo noté atento y receptivo”.
Clarín pudo saber que en la reunión del viernes Macri y Stolbizer intercambiaron opiniones sobre algunos detalles –que son públicos– tanto de la causa Hotesur, como también los de la nueva denuncia por el posible enriquecimiento. Este último caso es por ahora una denuncia y no un expediente formal: el escrito, redactado por la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, incluye datos concretos que mostrarían cómo ese aumento del patrimonio K no fue registrado ante el Estado como es debido. La denuncia está siendo estudiada por el juez Sergio Torres, según fuentes judiciales.
El fiscal que podría firmar el requerimiento para que la causa se inicie es Carlos Rívolo: durante la última década pidió varias declaraciones indagatorias, y dictó procesamientos, contra funcionarios y ex que tenían mucho poder.
Macri habló con Stolbizer sobre el caso Cristina, y también sobre otros temas de transparencia pública, durante más de una hora. Macri ratificó varias veces que no interferiría ante la Justicia que investigue posibles desmanejos de sus funcionarios, y los del Gobierno K.
“No voy a comprometerme con nadie que está involucrado en un caso de corrupción, ni para atrás, ni para adelante”, le insistió el Presidente a su interlocutora.
Stolbizer está convencida hace mucho tiempo que la Presidencia no solo no debe interferir ante la Justicia en los casos de corrupción –como dice la ley–, sino que también debería impulsar cambios en los organismos de control gubernamentales para que aporten información crucial para la Justicia. Hasta que Cristina dejó de ser Presidenta, esos entes se vaciaron, quedaron acéfalos, o fueron usados para defender los intereses privados de ex funcionarios investigados por la Justicia.
Frente a Macri, Stolbizer hizo hincapié en un proyecto de ley que tiene preparado para reformar la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla las sociedades comerciales, que cree que es clave para mejorar la transparencia pública. El Presidente se mostró muy interesado.
Se dijo: Macri recibió a Stolbizer en el despacho presidencial. Tal vez en ese mismo lugar se tramaron varios de los delitos de corrupción que, sospechan jueces y fiscales, podrían haber sido coordinados por la ex Presidenta. Cristina Elisabet Fernández. Así se la nombra por ejemplo, en la carátula de la causa Hotesur.
Fuente: Clarín, 13/12/15.
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La gestión K y el período de sospecha
diciembre 8, 2015
La gestión kirchnerista y el período de sospecha
Actos administrativos tan escandalosos como injustificados, o que responden a una causa írrita, deberían ser considerados inválidos.
írrito, írrita: (Del lat. irrĭtus, no válido). adj. Der. p. us. Inválido, nulo, sin fuerza ni obligación.
El fin del ciclo kirchnerista ha dado cuenta de un gran número de actos administrativos tan irresponsables como irregulares y escandalosos, propios de gobernantes que manejan los recursos públicos como si fuesen de su propiedad. Se trata de acciones gubernamentales que no sólo merecen la condena ciudadana, sino que también deberían ser declaradas inválidas.
Todos los comerciantes, contadores, abogados y banqueros, sin ir más lejos, saben que ante la inminencia de un concurso o quiebra, a partir del momento llamado de «cesación de pagos» en que se dejan de cumplir obligaciones se ingresa retroactivamente en un específico espacio temporal que se conoce como «período de sospecha».
Durante ese período se presume que el deudor puede llegar a haber realizado actos de desapoderamiento de su patrimonio o de agravamiento de su pasivo. Esto puede ser a título gratuito, oneroso o fraudulento, pero lo que deben tener en común esos actos es que se disminuyan los activos, y por lo tanto se incremente el pasivo en perjuicio de la masa de acreedores.
Las leyes prevén esa actitud potencial de deudores irresponsables. Establecen en virtud de ello presunciones que conducen a la nulidad de esos actos, haciéndolos inoponibles a los acreedores legítimos.
Nuestro sistema legal no contempla específicamente, aunque podría considerarse genéricamente comprendida, la conducta administrativa que despliega el Estado Nacional a través del gobierno saliente. Lo hace a pocos días de transmitir el mando a su reemplazante en el caso, ocasional vencedor de la contienda electoral, cuando firma compromisos de pago a futuro, se obliga de distintas formas, ejecuta partidas con destinos inciertos, aumenta salarios y gastos en forma excesiva y claramente extemporánea, designa miles de empleados y funcionarios en todos los niveles, y aumenta de tal modo el ya incontrolable gasto público que él mismo generó.
Lo peor, tanto como grave responsabilidad moral y también de otros órdenes, es que haga eso a sabiendas de que no será su administración, sino el gobierno siguiente, el que tendrá que hacer frente a esos compromisos de última hora.
Tal tipo de maniobras, rayanas en una conducta dolosa que eventualmente la Justicia deberá calificar, no está dirigido a administrar un erario que se abandona en días, sino a agravar el estado de las finanzas públicas que se entregan y a perjudicar políticamente al ocasional sucesor en la nueva administración. Se trata de comportamientos que merecen el mayor de nuestros rechazos.
Un acto administrativo que carece de causa o que tiene una causa írrita no merece el nombre de tal y debería considerarse inválido. Y si bien el principal perjudicado es el contribuyente, sostén material de Estado por vía de las cargas impositivas, no parece que el beneficiario del nombramiento, del aumento o del supuesto gasto o prebenda pueda sentirse legítimamente perjudicado por lo que obviamente no pudo ignorar que era un acto abusivo y contrario al interés general de un gobierno que lo arrasa todo en su despedida incivilizada.
Ejecutar de forma injustificada lo que no se hizo en tiempo apropiado, generar una deuda que no será atendida por la propia administración, ampararse con cinismo en el principio de la continuidad jurídica del Estado, vender desde el Banco Central dólares a futuro a una cotización muy inferior a la que espera el mercado, y tantos otros pesados gravámenes alegremente trasladados al gobierno que asumirá en las próximas horas no merecen el nombre de actos válidos. Deberían estar alcanzados por sanciones similares a las previstas en el derecho privado para el llamado «período de sospecha» respecto de los actos realizados con posterioridad al estado de cesación de pagos.
Hasta el vano intento de días atrás, que por fortuna no encontró buen eco en el Senado, de postular dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha formado parte de este conjunto de decisiones de última hora del gobierno que se apresta a dejar el poder. No entraremos a analizar los nombres de esos candidatos, incluso por respeto a ellos mismos, pero nadie puede ignorar que el principio de legitimidad de los actos de gobierno se sostiene, por un lado, del brazo de la legalidad. Desde luego que esto se cumplió en ése como en otros casos, como que corresponde al Poder Ejecutivo proponer al Senado candidatos al alto tribunal. ¿Pero qué coherencia tuvo esa propuesta con el otro sustento básico de la legitimidad que es el de la razonabilidad que debe presidir los actos de la administración, como ha exigido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su doctrina firme y reiterada y con el que se completa el círculo virtuoso de un Estado de Derecho?
Irrazonable desde todo punto de vista, ése ha sido el eje de este final de época política que esperemos quede clausurada para siempre. Sólo así el país entrará de una vez por todas en los carriles de la Constitución en su letra y espíritu a través, antes que nada, del ejemplo de los propios gobernantes.
Fuente: La Nación, 08/12/15. Editorial.
Ver: Cosa juzgada írrita
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Cristina Kirchner floja de papeles
diciembre 6, 2015
Cristina no declaró diez plazos fijo que heredó de Kirchner
La fortuna presidencial. Aparecen en la sucesión del ex Presidente, pero nunca fueron blanqueados ante la Oficina Anticorrupción.
El día que murió, 27 de octubre del 2010, Néstor Kirchner tenía un patrimonio de más de 60 millones y medio de pesos. Era una fortuna constituida por varias empresas, inmuebles, y sobre todo por diecinueve plazos fijo depositados en el Banco de Santa Cruz. La suma del total de estos últimos fondos era de $33.791.077,67. La información surge de la documentación que, en el 2014, el propio contador del ex presidente presentó en el juzgado en el que se tramita su sucesión, el legado material que le dejó a su esposa e hijos.
En ese mismo año, el 2014, la Presidenta declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), y ante la AFIP, solo nueve de los plazos fijo como “herencia”, sin especificar qué porcentaje había recibido de cada uno de ellos.
Matemáticas son matemáticas: hay al menos 10 plazos fijo “fantasmas” de Néstor, entonces, que la Presidenta no registró ante el Estado.
Por ley, la mitad de la fortuna de su marido fallecido debería ser heredado por ella, siempre que esos bienes hayan sido generados durante su matrimonio. La otra mitad del patrimonio se debería repartir, en partes iguales, entre sus hijos, el diputado nacional Máximo; y la cineasta Florencia.
La información sobre la poca transparencia de la herencia de Néstor Kirchner surge de una denuncia presentada ante la Justicia, el viernes a media tarde, por la diputada Margarita Stolbizer (GEN): en un escrito firmado por su abogada, Silvina Martínez, la legisladora solicita al Poder Judicial que se investigue a la Presidenta por posible enriquecimiento ilícito; y también omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.
Por sorteo, la denuncia es estudiada por el juez Sergio Torres, y por el fiscal Carlos Rívolo.
Clarín tuvo acceso al escrito judicial de Stolbizer, argumentado en base a los documentos públicos, y, sobre todo, de la familia Kirchner.
En su declaración patrimonial del 2014, la Presidenta admitió que los nueve plazos fijo que se incorporaban a su patrimonio tenían origen en la “herencia” de su esposo. Pero no detalló el porcentaje que recibió de cada uno de ellos.
La suma de todos los depósitos bancarios “invisibles” de Néstor que Cristina no declaró es millonaria. Pero llegar a un número consistente sobre este punto es complejo porque el enredo de las finanzas K es contradictorio.
Los montos de plazos fijo que la Presidenta dijo haber recibido como “herencia” ante la OA no se corresponden con ninguna de las cifras de los 19 plazos fijos que se inscribieron en la sucesión de su esposo en ese mismo año.
El plazo fijo con más dinero que, según Manzanares, tenía Kirchner, era un depósito en dólares -con cotización de $3,68- por 12.205.195,48 pesos. Kirchner también poseía, siempre de acuerdo al documento firmado por el contador Manzanarez, una cuenta corriente por $77.885, 57.
En la declaración jurada de la Presidenta de 2014, ella detalló que recibió como “herencia” una cuente corriente pero con $747.169,75.
La Presidenta, por ejemplo, también declaró ante la OA y la AFIP que recibió en 2014, como “herencia”, un plazo fijo en moneda local por $9.202.180,06. En el listado de bienes de su esposo fallecido ninguno de sus plazos fijo es por una cifra siquiera parecida a ésa.
Fuentes judiciales dijeron a Clarín que es muy probable que la denuncia de Stolbizer termine transformándose en nueva causa judicial que investigue si Cristina cometió el delito de enriquecimiento ilícito, el único del Código Penal Argentino en el que acusado debe demostrar su inocencia, y no al revés.
Por ahora, es solo una denuncia y no un expediente abierto: se presentó en tribunales el viernes por la tarde. El juez y fiscal aún no emitieron opinión al respecto.
En su escrito, Stolbizer y su abogada remarcan como una rareza que el trámite de la sucesión de Kirchner aún sigue activo: “Se abrió el proceso sucesorio, se dictó la declaratoria de herederos el 2 de junio de 2011, y se designó a Máximo Kirchner como administrador de la sucesión”, se aclara. Y después: “Sin embargo, nunca se inscribió la declaratoria de herederos en los registros pertinentes en relación a los bienes del causante”.
A todo esto se suma otra contradicción K más sobre el tema. Antes de que el contador de los Kirchner presentase en el juzgado de la sucesión del ex presidente el listado de sus bienes, la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, abogada, había presentado otro detalle sobre el patrimonio de su tío.
En ese listado, entre otras variables financieras, Mercado afirmó que los plazos fijos que tenía Kirchner antes de morir eran 22. Uno de ellos, afirma, era por 3.029.284, 68 millones de dólares.
Cristina deja el poder el 10 de diciembre. Vuelve al llano. Sin fueros. Es muy probable que en tribunales se tenga que defender en varias causas judiciales. Alguna vez se describió a sí misma como “exitosa abogada”. Fue gracias a esa profesión, dijo, que se había hecho millonaria.
Fuente: Clarín, 06/12/15.
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Las universidades K reciben $400 millones de regalo
diciembre 5, 2015
Las universidades K reciben un «regalo navideño» de $400 millones
Es un por un decreto de Cristina. Algunas no tienen ni alumnos.
Por Fabián Debesa.
La más favorecida. La universidad de José C. Paz recibirá 170 millones de pesos.
La transición hacia el nuevo gobierno está impactando con fuerza en el campo universitario. Después de la polémica por la designación del productor televisivo Juan Carlos Avila como secretario de Políticas Universitarias para la futura gestión nacional de Esteban Bullrich, ahora una decisión de las autoridades que dejan el Ministerio provocó otra controversia: esta semana la presidenta Cristina Fernández dispuso un “reparto discrecional” de casi 400 millones de pesos a universidades ligadas a funcionarios del actual gobierno y a la Cámpora.
Se trata de una planilla incluida en el decreto de Necesidad y Urgencia N° 2358, que incrementó el gasto para todos los ministerios en más de 130 mil millones de pesos, a días de dejar el poder. Una de las páginas del anexo (la número 690) puso en alerta a los rectores de casi todo el país. Es que otorga 170 millones a la Universidad de José C. Paz; 60 millones de pesos a la Arturo Jauretche (Florencio Varela); 70 millones a la de San Martín y 52 a la de Tres de Febrero.
Pero la reacción más dura es por el otorgamiento de 12,5 millones a las de Hurlingham, Comechingones (en Mercedes, provincia de san Luis), Alto Uruguay (Misiones) y Rafaela (Santa Fe).
“Son fondos que no tienen un destino asignado. Se pueden usar para cualquier cosa. Pero además, se trata de instituciones que ni siquiera tienen alumnos”, se quejó un rector de la provincia de Buenos Aires.
La de Hurlingham fue creada este año y, efectivamente, todavía no tiene alumnos. Fue promovida por Horacio “Juanchi” Zabaleta, secretario del vicepresidente Amado Boudou y flamante intendente electo de ese distrito del conurbano. Su rector normalizador es Jaime Perczlyk, subsecretario de Educación del ministerio que aún conduce Alberto Sileoni.
“Estábamos esperando fondos de Nación, pero teníamos expectativa de que se repartieran según los parámetros habituales. Queremos ver si podemos lograr una redistribución”, dijo a Clarín el rector de la UNICEN (Tandil), Roberto Tassara.
En la misma línea están los directivos de la Universidad Nacional de La Plata y la de Mar del Plata. “Es que han derivado fondos a entidades que serán refugio de dirigentes de La Cámpora”, fue otra de las conclusiones de un rector que dirige una casa de estudios con más de 50 mil alumnos, pero que quedó afuera del reparto.
En realidad, las otras 32 universidades nacionales –incluida la UBA, la de La Plata, Córdoba y Tucumán, por mencionar algunas– no obtuvieron fondos de esta partida urgente que resolvió la presidente que termina su mandato el 10 de diciembre. “Nos explicaron que las nóminas se confeccionaron en el Ministerio de Economía”, confió a este diario otro directivo universitario que buscaba explicaciones a la medida.
Un caso similar ocurre con Rafaela. Esa universidad se votó hace un año en el Senado y funciona en una sede cedida por la UTN. Fue impulsada por el diputado y ex candidato a gobernador santafecino, el kirchnerista Omar Perotti. Tampoco empezó a dictar clases y tendrá 12,5 millones para gastar sin rendición. Desde que se difundió el detalle del decreto, comenzaron intensas gestiones entre rectores bonaerenses y funcionarios de Educación. Incluso los que tienen más afinidad con el oficialismo se mostraron molestos.
Fuente: Clarín, 05/12/15.
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Arrestos en el caso Petrobras
noviembre 25, 2015
La policía de Brasil arresta al presidente de BTG Pactual y a un senador por el caso Petrobras
SÃO PAULO, BRASIL – La operación Lava autos, la gran investigación anticorrupción que se lleva adelante en este país, produjo el miércoles uno de sus resultados más resonantes hasta el momento con la detención del número uno del mayor banco de inversión del país y de un senador en ejercicio.
La Policía Federal de Brasil arrestó a André Esteves, presidente ejecutivo de BTG Pactual, y al senador Delcidio do Amaral, líder del Partido de los Trabajadores en el Senado, en relación con el escándalo de la corrupción masiva en la empresa petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA.
Contactado para hacer comentarios, el banco de inversión BTG dijo que va a cooperar con los investigadores. Las llamadas telefónicas a la oficina del senador do Amaral no fueron respondidas.
Los arrestos extendieron el alcance de la investigación sobre un nuevo territorio. Esteves, de 46 años, es el primer banquero que es detenido en conexión con esta investigación, y do Amaral el primer político. Antes del miércoles, la policía había encarcelado a varios ex ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras y de las empresas constructoras acusadas de pagar sobreprecios y canalizar ese dinero extra hacia políticos y partidos políticos.
“Hay un montón de signos de interrogación de hasta qué punto avanzará la investigación y qué sectores serán implicados por ella”, dijo Christopher Garman, director de análisis de Eurasia Group. “La gente va a empezar a darse cuenta de que aún no se han hecho sentir todas las implicaciones de la investigación Lava Jato”, como el caso es conocido en portugués.
Los dos hombres fueron arrestados tras hallarse evidencia de que estaban intentando evitar que un ex ejecutivo clave de Petrobras, Nestor Cerveró, llegara a un acuerdo con los fiscales, dijo la corte suprema de Brasil, que autorizó las detenciones.
Esteves tenía un borrador del acuerdo de la fiscalía con Cerveró, a quien el senador do Amaral ofreció 50.000 reales (US$13.200) por mes para mantener la boca cerrada. Do Amaral también habría sugerido al ejecutivo que escapara a Paraguay en un avión privado y que luego siguiera viaje a España, de acuerdo con el Supremo Tribunal Federal, o STF, como la corte suprema es conocida en este país.
El senador do Amaral “es parte de una organización criminal investigada por la operación Lava autos”, dijo el ministro de la corte suprema Teori Zavascki el miércoles al referirse a la supuesta participación del senador en “un plan de escape” que podría poner en peligro las investigaciones.
El abogado de Esteves dijo que este no conoce a Cerveró y que solo había hablado con do Amaral.
Los políticos brasileños que ocupan cargos por elección popular no pueden ser investigados o detenidos sin el permiso de la Corte Suprema. Do Amaral fue el primer senador en ejercicio arrestado en la historia de Brasil. A principios de este año, el máximo tribunal permitió a las autoridades investigar a decenas de políticos que todavía están en funciones.
Esteves fue detenido en Río de Janeiro y el senador do Amaral fue detenido en Brasilia.
Esteves comenzó su carrera en el banco de inversión Pactual en 1989 y se convirtió en operador estrella de la institución antes que ésta fuera comprada por el banco suizo UBS en 2006 por alrededor de US$2.500 millones. Cuando UBS se hundió en 2009 en medio de la crisis financiera mundial, Esteves diseñó una recompra como accionista controlador y cambió el nombre a BTG Pactual.
Conocido como un ambicioso adicto al trabajo, Esteves desarrolló rápidamente una reputación como generador de acuerdos innovadores y convirtió a BTG en el mayor banco de inversión independiente de Brasil, con 245 socios y 3.500 empleados. Hoy, el banco administra unos US$112.000 millones y cuenta con oficinas en 20 países.
En diciembre de 2010, los fondos soberanos de Abu Dhabi, Singapur y China, entre otros, invirtieron US$1.800 millones en el banco, que en su momento fue valorado en US$10.000 millones. En su salida a bolsa en 2012, BTG reunió cerca de US$2.000 millones, que le permitieron seguir creciendo tanto en casa como en el extranjero.
En 2014, BTG compró el suizo BSE Group Inc por US$1.700 millones e invirtió fuertemente en el comercio global de materias primas, negocio que lo ayudó a mantener su estabilidad en medio de la recesión económica brasileña.
BTG, a menudo criticado por su apetito por asumir riesgos, es también uno de los inversionistas de Sete Brasil Participações SA, el proveedor de plataformas petroleras que está también involucrado en Operación Lava autos.
Fuente: The Wall Street Journal, 25/11/15.
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Cristina saqueó el Banco Central
noviembre 19, 2015
Banco Central,vaciamiento y relato
Frente a la crítica situación de la entidad monetaria, al gobierno cristinista sólo se le ocurre responsabilizar a la Justicia por una corrida cambiaria.
El reciente allanamiento del Banco Central por las controvertidas operaciones de venta de dólares a futuro dispuestas por la autoridad monetaria, que merecieron una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, es apenas un capítulo más sobre la grave herencia económica que dejará el gobierno kirchnerista a quienes asuman el 10 de diciembre próximo.
Más que las acciones dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación que se sigue por las sospechosas operaciones del Banco Central, llamaron la atención algunas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, difundidas a través de la red social Twitter, en contra de las medidas judiciales.
La primera mandataria habló de una «corrida cambiaria judicial» al referirse al allanamiento dispuesto por el citado juez para secuestrar documentación sobre las operaciones en el mercado del dólar a futuro. Señaló que esa decisión judicial «interrumpió por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado de cambios». Posteriormente, se preguntó: «¿Qué puede suceder si se interrumpe el normal funcionamiento del BCRA en el mercado de cambios? Básicamente, el mercado pasaría a controlar el valor del dólar y con toda seguridad se generaría una devaluación o pérdida de reservas».
Aunque ya no sorprende el supino desconocimiento en materia económica de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, indigna que, ante una medida judicial que resulta lógica frente a las denuncias sobre una eventual defraudación, desconozca que si alguien ha hecho hasta lo imposible para interrumpir el normal funcionamiento del Banco Central ha sido su propio gobierno. Desde poner fin a la independencia de la autoridad monetaria, que pasó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo y, en los últimos tiempos, del Ministerio de Economía, a cargo de Axel Kicillof, hasta instrumentar un cepo cambiario que, lejos de morigerar la demanda de divisas frente a la huida de los inversores y del común de la gente del peso argentino, potenció la apetencia de dólares y las operaciones en el mercado paralelo.
Pese a que Cristina Kirchner esgrime que por primera vez se interrumpió el funcionamiento del mercado de cambios por una decisión judicial, hay que hacer notar que este mercado -paradójicamente denominado Mercado Único y Libre de Cambio, pese a no ser ni único ni libre- hace rato que ha sido destruido por el afán intervencionista y la ignorancia con que su gobierno enfrentó la crisis de confianza en materia económica.
A partir de una denuncia presentada por los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente, se investiga si las decisiones en materia cambiaria impulsadas por el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, representan un daño para la solvencia de la entidad, en tanto se vendieron contratos a futuro por miles de millones de dólares a precios que no sólo resultan muy inferiores a las expectativas del mercado, sino francamente irrisorios en comparación con los valores operados en el mercado neoyorquino. Concretamente, el BCRA vendió en las últimas semanas dólares a un promedio de 10,65 pesos para los meses de enero, febrero y marzo, cuando esos mismos dólares cotizaban en Nueva York por encima de los 15 pesos. Y si bien las operaciones de venta de dólares a futuro son legales, resulta claramente sospechoso que el Banco Central se haya convertido en el único oferente de esos contratos, por cuanto nadie está dispuesto a vender dólares a esos valores.
El Banco Central expresó en un comunicado que su intervención en el mercado de futuros es «absolutamente transparente» y que continuará con su política «para garantizar la estabilidad financiera y cambiaria y contribuir al crecimiento económico con inclusión social». Sin embargo, de acuerdo con distintos cálculos que realizan analistas del sector privado, las últimas intervenciones de la entidad monetaria podrían derivar en pérdidas del orden de los 35.000 a los 45.000 millones de pesos, que deberían asumir las próximas autoridades nacionales.
Como se puede advertir, sobran motivos para pensar que estamos ante un caso más de mal desempeño de los deberes de funcionario público, que se suma a una política monetaria y cambiaria desastrosa, que ha virtualmente destruido el comercio exterior, al derrumbar las exportaciones, al tiempo que ha acentuado la presión sobre las reservas internacionales.
Lo cierto es que el actual nivel de reservas es el más bajo en los ocho años de gestión de Cristina Kirchner al frente del país; que el superávit comercial prácticamente ha desaparecido, pese a las fuertes restricciones sobre las importaciones; que el déficit fiscal ha trepado a niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo, del orden del 7 por ciento del PBI, y que se ha dado lugar a una creciente expansión monetaria que alimenta una inflación descontrolada. El uso del atraso cambiario como ancla antiinflacionaria no sólo ha arrasado con el comercio exterior y con las economías regionales, sino que ha aumentado la brecha cambiaria con el mercado marginal y ya ha llegado a su límite.
Frente a esta crítica situación, que ha derivado en un pésimo manejo del patrimonio del Banco Central, el gobierno kirchnerista sólo puede atinar a seguir dando rienda suelta a su relato, al extremo actual de acusar a la Justicia y a un hipotético gobierno de la oposición por sus propios desmanejos.
Fuente: La Nación, 19/11/15. Editorial.
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El ministro de Salud se negó a declarar por el “Plan Qunita”
noviembre 17, 2015
Pago de sobreprecios: el ministro de Salud se negó a declarar por el “Plan Qunita”
Daniel Gollán está acusado por presuntas irregularidades en la licitación del kit para embarazadas que entrega el Gobierno; mañana será indagado Manzur y el próximo jueves, Aníbal Fernández.
Gollán rechazo responder las preguntas del juez y tampoco presentó un escrito para argumentar en su defensa según explicó su abogado, Ezequiel Klainer, antes de ingresar al despacho del juez.
Técnicamente, el trámite procesal de la indagatoria se cumplió, por lo cual comenzaron a correr los diez días hábiles del “plazo ordenatorio” para que el juez resuelva la situación procesal del ministro.
No obstante, el magistrado podría esperar a escuchar a los 23 acusados y solo entonces disponer del plazo legal para resolver la situación procesal de todos. Mañana será indagado el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, el jueves próximo.
Bonadio citó a indagatoria a 23 personas, entre funcionarios nacionales, de la segunda línea del Ministerio de Salud y empresarios, por las preguntas irregularidades en la licitación de 150 mil kits para el “Plan Qunita” que costaron 1.100 millones de pesos.
El plan está destinado a mujeres embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) y consta de la entrega de un kit que contiene cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos.
La causa se inició por una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña por el presunto pago de sobreprecios.
Fuente: cronista.com, 17/11/15.
⇒ La estafa del Plan Qunita ⇐
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Cristina Kirchner hipoteca el futuro para pagar su relato
noviembre 2, 2015
Patios
Por Enrique Szewach.
Puede ser que los resultados de las elecciones del domingo pasado, en particular los correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, no hayan sido los previstos para muchos. Sin embargo, las acciones y las palabras del gobierno nacional durante la semana que pasó, ratifican algo que sí estaba previsto para muchos, no habrá transición. En efecto, el Banco Central, por ejemplo, se ha empecinado en regalarle pesos a quienes apuestan a la suba del dólar oficial en el mercado de futuros.
Confieso que me cuesta entender cuál es la razón que lleva a las autoridades monetarias a organizar este extraño juego en dónde todos los que intervienen ganan y el único que pone es el Banco Central.
Y me cuesta entenderlo porque, a estas alturas, está claro que el único que supone que el dólar oficial valdrá, en marzo del 2016, apenas 12% más que hoy es el amigo Vanoli.
Pero más que un “supuesto” se trata de una fantasía. Dadas las reservas del Banco Central, dado el atraso del tipo de cambio acumulado, con el consiguiente parate de la actividad de los sectores exportadores. Dada la fortaleza del dólar en el mundo.
Dadas las devaluaciones de Brasil y el resto de la región. Y, sobre todo, dada la cantidad de pesos que se van a emitir para cubrir el déficit en lo que resta del año.
Tanto es una fantasía, que el propio Banco Central se ha visto obligado a racionar aún más los pocos dólares líquidos que quedan, profundizando el cepo y cerrando más la venta de dólares a importadores y a empresas vinculadas al turismo, para no seguir perdiendo reservas al actual precio del dólar oficial.
Estamos ante un extraño caso de “populismo monetario” en dónde el Banco Central ha decidido regalarle pesos a sectores que no son precisamente pobres, ni siquiera asalariados. Y no son pocos pesos. Podrían llegar a ser cerca de 100.000 millones. Millones que serán parte de la emisión del año que viene.
Es decir, parte de la herencia de descontrol monetario y cambiario que tendrá que enfrentar el que venga. Obviamente, siempre existe la alternativa de que se pretenda destruir también el mercado de futuros, con alguna maniobra.
Pero lo cierto es que, mientras tanto, todas estas “medidas”, sumadas a la descapitalización de las Compañías de Seguros, obligándolas a vender bonos dolarizados y otras barbaridades por el estilo en el mercado de capitales, apenas han servido para que la brecha cambiaria no se estirara aún más. En cualquier otro país del mundo esto sería un escándalo digno de las páginas político-policiales. Aquí, por ahora, no ha abandonado el rincón de los analistas especializados.
Otra área en dónde claramente no habrá transición, es en los aspectos fiscales. El oficialismo votó otro presupuesto falso. Y el gobierno hace rato que abandonó la política de reducción paulatina de los subsidios económicos que mantienen artificialmente bajos los precios de la electricidad y el gas, en el marco del “populismo tarifario”.
Sólo los precios del petróleo, y por ende el de los combustibles, han sido actualizados, no tanto como parte de una nueva política energética integral, si no para evitar una crisis preelectoral en las provincias petroleras.
Está claro, entonces, que tampoco en el área fiscal y de política de precios de la energía y el transporte habrá transición. Lo mismo sucede con la política comercial externa.
A fin de año, la Argentina debería presentar, conforme al fallo de la Organización Mundial de Comercio, su nuevo esquema de manejo administrativo de las importaciones, en reemplazo de la discrecionalidad y arbitrariedad actual.
Esta es una cuestión que combina política con técnica. Bien podría el equipo saliente haber invitado a delegados técnicos de los candidatos que participan del ballotage para discutir, desde la técnica, las opciones disponibles.
Sin transición y con pura herencia, los problemas que dejan la Presidenta y su gobierno para el futuro, se irán agravando. Y, por lo tanto, las cuestiones que deberán resolver el próximo Presidente y su equipo, sea éste el “innombrable” o sea Macri, serán mucho más complicadas que lo que lucían algunos meses atrás.
Sin transición, el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para priorizar el relato y que no se note la crisis. Hubiera sido mejor canalizar dichos esfuerzos para lograr hacer más fácil la vida futura de los argentinos. Pero está claro que hoy la Presidenta está más para los patios que para la Patria.
Fuente: Perfil, 01/11/15.
Más información: www.szewachnomics.com.ar
29/10/15
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Tucumán: Ejemplo del despilfarro en aviones oficiales
octubre 31, 2015
Tucumán: piden que se informe cuánto se gastó en los aviones
Reunión de gobernadores. El diputado radical Julio Martínez hizo una presentación para denunciar la cantidad de jets que se usaron.
Por Natasha Niebieskikwiat.
Una inmensa cantidad de aviones de funcionarios en el aeropuerto de Tucumán por la asunción de Mansur.
El descomunal despliegue de jets privados en el aeropuerto de Tucumán que hicieron los gobernadores el jueves para estar con Juan Manzur en su asunción, disparó algunas preguntas. «¿Cuánto gasta efectivamente el Gobierno en el traslado de la Presidente de la Nación y su Gabinete? Los ministros ¿no pueden viajar en aviones de línea? La Presidenta, ¿no puede viajar en el Tango 10 por ejemplo? ¿Es necesario que se haga enviar los diarios del domingo por ‘avión-canillita’?», indica el diputado Julio Martínez (UCR), en un pedido de informe que acaba de presentar.
El legislador calculó que esos 10 aviones en Tucumán, a un promedio de US$ 10.000 la hora de vuelo y un viaje promedio de 4 horas entre ida y vuelta (cada uno), implican la suma de U$S 400.000 para la asistencia puntual «a una reunión de campaña de Daniel Scioli». En el mercado de aviones, en cambio, estiman que el valor de cada avión sería menor, de alrededor US$ 4.000 la hora.
Según los datos de Martínez, el gasto equivaldría a 200 horas de vuelo de un A4, u 800 horas de vuelo de un Pucará, que destinadas a interceptar vuelos irregulares en la frontera norte, podrían traducirse en unas 100 operaciones si son llevadas adelante por A4, o unas 400 si son Pucarás.
«La obscenidad de este tipo de conductas por parte de la Presidenta, su gabinete y los gobernadores kirchneristas indigna, habida cuenta de la carencia de presupuesto para áreas sensibles de la vida argentina. Esto demuestra que es una cuestión estrictamente de prioridades», señaló el diputado.
Los usos inconsultos de aviones son de larga data. Por ejemplo, en septiembre de 2007, siendo candidata, Cristina alquiló para su viaje a Nueva York, un Boeing 747-200, a un costo de US$ 300.000. En 2009, voló a Río Gallegos, 3.000 kilómetros, sin pasajeros. Volvió solo con Florencia Kirchner lo que tuvo lugar dos veces más en 2010. Estos abusos fueron denunciados en la Justicia, pero fueron archivados en 2012 por Daniel Rafecas, hoy afín a los K. La lista es escandalosa.
En 2009 el Tango 03 se convirtió en el «avión canillita»: llevaba los diarios del domingo a Cristina, cubriendo una ruta entre Buenos Aires y Río Gallegos o El Calafate. Fue reemplazado por un F28.
Fuente: Clarín, 31/10/15.
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Más pruebas de los negocios de Lázaro Báez y CFK
octubre 21, 2015
Otro hotel prueba que Báez y los Kirchner son socios comerciales
Por Nicolás Wiñazki.
La ruta del dinero K. Se trata de La Aldea del Chaltén, que está en el parque nacional Los Glaciares. El empresario tiene el 50% accionario.
La Aldea. Este hotel está en El Chaltén, donde se encuentra el mejor circuito de trekking del país.
En el año 2013, el empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en la Argentina y el exterior, se asoció con la Presidenta para explotar un emprendimiento económico en la Patagonia: un hotel, en el que ya estaban entrelazas sus finanzas, pero en el que esta vez quedaron definitivamente concretadas a nivel societario-comercial.
Báez y su hijo Martín compraron la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”, que maneja uno de los hoteles K, justamente La Aldea, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz.
La sociedad había sido creada por Adrián Berni, un ex administrador de otro hotel presidencial, el Alto Calafate; y por el escribano de Báez, Leandro Albornoz. Según pudo saber Clarín, Báez padre compró el 50 % de la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”; mientras que su hijo Martín adquirió un 45 % restante. El 5 % de las acciones restantes tienen un dueño aun anónimo.
Para cerrar el negocio con su socio más polémico, la familia presidencial aportó el terreno en el que se levanta el hotel. Es propiedad de una de sus sociedades, Los Sauces.
La información sobre esta alianza comercial entre los Kirchner y los Báez consta en el expediente “Hotesur”, que investiga si los hoteles de la familia presidencial fueron utilizados para realizar maniobras financieras ilegales.
Tras las denuncias por el manejo sospechoso de las finanzas de Báez, caso que se dio a conocer como “La Ruta del Dinero K”, los Kirchner apartaron de Báez de la administración de sus hoteles, pero en el 2013 se asociaron con él en secreto para controlar “La Aldea”.
En los hechos, quien regentea ese hotel es Idea Sociedad Anónima S.A, dirigida por un socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, quien también ahora explota otros tres hoteles que tienen los Kirchner en Santa Cruz, El Alto Calafate-Hotesur, y Las Dunas.
Hoy, a las 10, la denunciante de la causa, Margarita Stolbizer, candidata presidencial del Frente Progresista, dará una conferencia de prensa en la que aportará nueva información sobre esta trama.
El hotel La Aldea es el más chico de la cadena K: tiene 25 habitaciones con vista al monte Fitz Roy y el cerro Chaltén, dentro del parque nacional Los Glaciares.
En algún momento, fue alquilado por una productora de la televisión pública que filmó una serie en la zona: hubo plata del Estado, entonces, que financió un hotel de la Jefa del Estado. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el Alto Calafate: la tripulación de los aviones de Aerolíneas Argentinas que viajan a esa ciudad patagónica duermen en el hotel de la titular del Ejecutivo. Eso les garantiza una ocupación anual del 30 % de su negocio turístico.
Báez administró el Alto Caladate durante cuatro años: es un contratista estatal. O sea: pagó una renta extraordinaria para el mercado -5 millones anuales- a quienes lo contrataban para hacer obra pública. El caso Hotesur está bajo instrucción del juez Daniel Rafecas. El primer magistrado fue Claudio Bonadio. La sala 1 de la Cámara Federal lo apartó en tiempo récord. Pasó un día después de que allanara empresas de los Kirchner en Santa Cruz.
Antecedentes
El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por supuesto lavado de dinero en el caso Hotesur, rechazó la semana pasada la recusación planteada por la denunciante Margarita Stolbizer. Según la resolución, el pedido para que Rafecas se aparte de la causa fue “extemporáneo”. La diputada había pedido la recusación de Rafecas después de que el juez se negara a su reclamo para anular el permiso que le había dado a Lázaro Báez para hacer un backup de un servidor con información contable que estaba escondido en una de las firmas del empresario kirchnerista en Río Gallegos. Stolbizer consideró que la devolución de ese servidor pondría en peligro la cadena de custodia de la prueba. La sala I de la cámara federal confirmó el rechazo.
Fuente: Clarín, 21/10/15.
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