Incierto destino de los registros contables de la familia Kirchner
Por Hernán Cappiello.
La clave del futuro del caso Hotesur, en el que se investiga por lavado de dinero a las empresas hoteleras de la familia presidencial, pasa por lo que sucederá con la documentación contable y los registros informáticos de las firmas secuestrados en el expediente por el juez Claudio Bonadio.
Como la Sala I de la Cámara Federal declaró nulo parte del caso Hotesur, ahora hay que determinar si esa medida alcanza a los registros contables.
Si el decomiso de esas pruebas se declara nulo, deberían devolverse esos libros contables a los Kirchner. Si el procedimiento es válido, seguirán siendo prueba válida que debe analizar el juez que en definitiva quede a cargo del proceso.
Para que precise hasta dónde se extiende la nulidad, una cuestión delicada en esta causa, el fiscal de Cámara Germán Moldes le envió ayer un oficio a la Sala I de la Cámara Federal.
Los camaristas de ese tribunal Edurdo Freiler y Jorge Ballestero decidieron declarar nulo el decreto de Bonadio por el cual convocó a peritos oficiales para que lo asesoren para armar las preguntas del peritaje contable que estaba preparando para el caso Hotesur. Argumentaron, en la línea de la defensa de Hotesur, que al no darle oportunidad de poner peritos de parte para esa tarea de asesoramiento se vulneró su defensa.
Los camaristas Freiler y Ballestero dijeron que declaraban nulo ese decreto de Bonadio «y todos los actos que son su consecuencia». En el alcance de esta fórmula, radica el misterio sobre el futuro del caso Hotesur.
Si, por ejemplo, al convocar a estos peritos, Bonadio escribió en el expediente que era para analizar los documentos de la empresa hotelera, es posible que el efecto de la nulidad alcance a los papeles y, por lo tanto, al operativo mediante el cual fueron secuestrados.
El fiscal de Cámara Moldes y la diputada nacional Margarita Stolbizer son los únicos que pueden apelar la decisión de la Cámara Federal de apartar a Bonadio. Stolbizer, como querellante, ya apeló ayer. El fiscal Moldes, en representación de los intereses de la sociedad, es el otro facultado a hacerlo. Ayer Moldes les pidió a los camaristas que precisen el alcance de la nulidad porque de ello, dijo, dependerá si apela o no el apartamiento del juez.
Esto es así porque las nulidades sólo se pueden apelar si sus consecuencias implican situaciones equiparables a una sentencia definitiva o a una situación irrepetible. Por ejemplo, si la nulidad alcanza al procedimiento mediante el cual se secuestraron los documentos de Hotesur, no se puede repetir, pues hay un riesgo actual y concreto de que los papeles cambien de lugar y sean inaccesibles o desaparezcan. Por eso, la principal dificultad para apelar el apartamiento de Bonadio radica en que el recurso sea admisible. Moldes apelará si es que la nulidad tiene este alcance. Es decir, si el tribunal interpreta que se deben devolver los papeles a los Kirchner y con ello se afectan actos irreproducibles con los cuales se frenaría o desviaría la investigación.
El fiscal firmó ayer su escrito, en el que pidió una aclaratoria de la nulidad. Moldes se fue del país y regresará el 3 de agosto, cuando se retome la actividad en tribunales. Pero los plazos procesales le dan diez días hábiles para apelar el apartamiento de Bonadio. Vence el 14 de agosto.
Para que la apelación de Moldes prospere debe ser sostenida por el fiscal ante la Cámara de Casación Penal. La causa está radicada en la Fiscalía N° 1 ante ese tribunal, que está vacante. Por eso la procuradora Alejandra Gils Carbó, alineada con el kirchnerismo, designará a un suplente. Si el suplente no sostiene el recurso, el intento de apelación quedará desierto.
La apelación de Stolbizer depende sólo de ella. Pero Stolbizer es pretensa querellante, con lo que le alcanza para llegar con el recurso ante Casación, pero no se garantiza que sea admitido. Casación debe decidir primero si la reconoce como querellante. Un obstáculo grande para sortear. Y luego, si le da la razón.
Los jueces de Casación que intervendrán para decidir si reponen a Bonadio son los de la Sala I del tribunal, integrada por flamantes conjueces designados por el Consejo de la Magistratura, según la nueva ley de subrogancias. Son Claudio Vázquez, Roberto Boico y Norberto Frontini, de cercanía con el kirchnerismo.
Los detalles de la investigación sobre la sociedad anónima a travé de la cual la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate; se los acusa por supuesto lavado de dinero.
La causa Hotesur se encuentra hoy, más que nunca, en el centro de las miradas. El juez federal que estaba a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, fue apartado por decisión de la Cámara Federal, a raíz del pedido de la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, actual presidenta y directora titular del directorio de Hotesur. Junto a la Presidenta, la mujer se encuentra investigada en la Justicia por supuesto lavado de dinero.
El llamado «caso Hotesur» empezó a ser investigado judicialmente el año pasado a raíz de una denuncia penal que radicó en noviembre la diputada Margarita Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur S.A., que maneja el Hotel Alto Calafate. El caso recayó en el juzgado de Bonadio que empezó a investigar las supuestas anomalías registrales.
La Presidenta es accionista de Hotesur. En diciembre, desplazó a tres figuras que la vinculaban con el polémico empresario Lázaro Báez y al consejero inmobiliario de su marido, al tiempo que sumó a toda su familia al negocio hotelero en El Calafate. Además, la sociedad, eje de una investigación judicial, empezó a brindar un nuevo domicilio.
En los registros internos de la Inspección General de Justicio figuraba que Hotesur adeudaba sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio correspondía a una asamblea celebrada en noviembre de 2008.
El hotel de lujo Alto Calafate es el que utilizó el empresario allegado a los Kirchner, Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico firmó acuerdos confidenciales y retroactivos con los que garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.
Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por una sobrina -la fiscal Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner- y un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos.
En junio de este año, Stolbizer se presentó como querellante ante Bonadio y amplió ante el juez el pedido de investigación sobre el patrimonio de la Presidenta. En el escrito presentado hizo referencia a las declaraciones juradas de Cristina Kirchner en las que supuestamente se registraba una serie de irregularidades que fueron enumeradas por la diputada, mediante el cotejo de las diversas presentaciones efectuadas en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP desde el año 2010.
Días atrás, un grupo de funcionarios judiciales, enviados desde Buenos Aires por el juez Bonadio, allanó el juzgado federal de Río Gallegos para buscar documentos sensibles vinculados con los negocios familiares de los Kirchner. La jueza local, que no tenía muchas alternativas, cumplió con el encargo. Fue así como los policías se presentaron en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, a reclamar la documentación. El hijo de la Presidenta no estaba, pero los empleados cumplieron con los pedidos. Ellos tampoco tenían chances de negarse: si no entregaban los papeles, las autoridades estaban habilitadas para allanar y llevárselos por la fuerza.
LA CAUSA QUE MÁS INQUIETA AL PODER
El caso
Bonadio investiga supuestas irregularidades societarias y un presunto lavado de dinero entre los hoteles de los Kirchner y empresas de Lázaro Báez, que les pagó por habitaciones que no usó
Los investigados
El caso apunta contra la Presidenta, Máximo Kirchner y otros miembros de su entorno más cercano. También contra Báez.
La AFIP detectó que una empresa de Boudou tiene una sede falsa
Es la inmobiliaria Aspen. Su amigo íntimo y socio en esa compañía, José María Nuñez Carmona, también fue sancionado.
Por Nicolás Wiñazki.
El Vicepresidente. Amado Boudou, el miércoles pasado, en la sesión del Senado.
Una de las dos empresas declaradas como propias por el vicepresidente de la República, el licenciado en Economía Amado Boudou, está inscripta en un domicilio que la AFIP idenficó como “erróneo”.
La firma se llama Inversiones Inmobiliarias Aspen y está funcionando entonces de modo irregular. Su dirección fiscal es Corrientes 222, PB, Capital Federal.
En lenguaje popular, y no en el burocrático que utiliza la AFIP, el lugar donde debería funcionar Inversiones Inmobiliarias Aspen es “trucho”. Nadie contestó distintas notificaciones que envió allí la AFIP, y por ende lo mismo podría ocurrir si la compañía debiera ser informada de otros incumplimientos más graves.
La sociedad tiene la posibilidad de arreglar su situación, pero pasaron los primeros plazos para que lo haga y nada cambió.
Los dueños de Inversiones Inmobiliarias Aspen son Boudou y su socio y mejor amigo desde los siete años, el millonario repentino José María Núñez Carmona.
Según los registros de la AFIP, Núñez Carmona –propietario y directivo de varias otras sociedades–, también está inscripto ante el organismo recaudador con un domicilio fiscal considerado “erróneo”.
Es la calle Roca 214, en Mar del Plata, donde está ubicada una casa de dos plantas que alguna vez funcionó como centro operativo comercial del “holding” de Boudou.
A simple vista, hoy esa vivienda parece abandonada.
Los vecinos contaron a este diario que desde que la Justicia empezó a investigar al vice el lugar empezó a ser visitado, de noche y de manera veloz, por personas que llegaban manejando camionetas cuatro por cuatro y partían apuradas con cajas de cartón repletas de papeles.
La AFIP dictaminó que Roca 214 es un domicilio “erróneo” porque también se enviaron notificaciones oficiales que nunca fueron respondidas.
Boudou, actual titular del Senado, una de las cámaras del Congreso donde se dictan las leyes, ya tuvo problemas con sus domicilios “truchos” que registró ante el Estado.
En uno de sus DNI, por ejemplo, se detectó que había puesto como dirección de uno de sus supuestos hogares a un lugar en San Bernardo en el que en realidad solo hay playa y mar.
A pesar de ser la máxima autoridad de la Cámara alta, y por ende el segundo en la línea de sucesión presidencial, Boudou jamás explicó por qué anotó en uno de sus DNI que vivía en un médano.
El vice también irá a otro juicio oral más por una cuestión que tiene una variante similar a ese modus operandi.
Su ex esposa, Daniela Andriuolo, lo acusó de haberle querido “robar” un auto que ella consideraba como un bien ganancial de su matrimonio.
El vice había registrado ese vehículo como llegado a la Argentina en un año posterior al que en realidad viajó desde Japón y además, y sobre todo, lo había anotado en una dirección de una calle de Barracas en la que no hay nada: solo una pared, una esquina perdida, ninguna casa.
Las nuevas irregularidades sobre el domicilio “fantasma” de Inversiones Inmobiliarias Aspen llaman la atención por varias razones. No solo porque son una desprolijidad evidente que podría afectar a quien está siendo investigado por la Justicia por las finanzas de esas mismas firmas. Ocurre además que Inversiones Inmobiliarias Aspen, por ejemplo, renovó sus papeles oficiales ante el Estado el 7 de mayo pasado. Renovó sus autoridades, por caso: asumió como presidente Núñez Carmona y como su Directora Suplente Leticia Núñez, que prefiere obviar el segundo apellido que su hermano decidió hacer resaltar.
El socio de Boudou puso como dirección a Roca 214, pero insistió en establece como domicilio “especial” a Corrientes 222 PB, Capital.
Allí está ubicado el edificio Comega, donde funcionan oficinas de alquiler, en realidad ambientes “pantalla”.
Tanto Inversiones Inmobiliarias Aspen, como otras empresas vinculadas a Boudou y a su socio, están siendo investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito contra el vice y Núñez Carmona, entre otros imputados, como la ex novia de Boudou, Agustina Kämpfer, sospechada de ser su testaferro. El expediente lo instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
En diciembre de 2013, Clarín comprobó que Boudou le ocultó a la Oficina Anticorrupción que recibía beneficios económicos de cinco empresas que nunca declaró como propias, WSM, Rock Argentina, Embarcaciones Argentinas, Beaver Cheek y Action Media.
Todas estaban vinculadas, con matices, con Roca 214, el domicilio “erróneo” de Núñez Carmona, según la AFIP.
Este diario conoció estas nuevas irregularidades en las finanzas de una empresa del ex ministro de Economía y ex titular de la ANSES que administró cientos de miles de millones de pesos estatales, gracias a documentos de acceso público.
Además de ser investigados por enriquecimiento ilícito, Boudou, su socio -y otros imputados- están a punto de ir a juicio oral en la causa Ciccone, donde se los acusa de haberse adueñado de modo ilegal de la única imprenta privada capaz de imprimir dinero, acciones y cheques, llamada Ciccone Calcográfica. En ese expediente, el vice está procesado por dos delitos de corrupción.
En su última declaración jurada, Boudou declaró como único inmueble al departamento 2 del piso 25 de la torre River View, un lugar que utilizaba para dormir un hombre al que el vice aún jura no conocer, pero que le pagaba los servicios de su casa, hablaba a diario con su mejor amigo, e incluso al que benefició con decisiones económicas que financiaron la imprenta de imprenta de billetes que él por azar siendo a la vez, justo, su inquilino. Alejandro Vandenbroele. Para la Justicia, su testaferro.
Era una mañana de sol en Resistencia. Ni una nube estropeaba el cielo diáfano el jueves pasado. Sin embargo, un avión de Aerolíneas Argentinas, que debía salir a las 8, comenzó una larga demora por las «condiciones meteorológicas». A las 9, el aeropuerto quedó en condiciones de operar. El avión seguía cerrado a cal y canto. No estaban los pilotos ni las azafatas. En el aeropuerto, el diputado nacional del radicalismo Gustavo Valdés comenzó a tuitear: «¿Dónde está el piloto?» Los pilotos habían recibido órdenes de la compañía de no abandonar el hotel de Resistencia, donde pasaron la noche. Valdés es miembro del Consejo de la Magistratura, por su partido, y había sido convocado a las 17 del día anterior a un plenario extraordinario para ese jueves, a las 12.
Desesperado, Valdés buscó un testigo. Lo encontró en el encargado del bar del aeropuerto, que nunca terminó de entender qué le decía. «Si hoy lo sacan al juez Cabral, usted debe ser testigo de que a mí me retuvieron aquí», le suplicó. ¿Cómo se pudo enterar Aerolíneas Argentinas de que Valdés viajaría en ese vuelo? Los pasajes de Valdés se tramitan a través del Consejo de la Magistratura. El Gobierno tenía toda la información sobre sus traslados.
Luis María Cabral era juez sub-rogante de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que debía divulgar el martes la sentencia sobre la constitucionalidad del tratado con Irán. Cabral fue apartado de esa Cámara el jueves en un trámite exprés por la mayoría simple y kirchnerista del Consejo de la Magistratura.
Cabral y otro juez de esa cámara, Juan Carlos Gemigniani, habían adelantado que ellos consideraban inconstitucional el pacto con los iraníes. El tribunal tiene tres jueces (la tercera es la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la sala y cercana al oficialismo), número que convierte a aquellos dos en mayoría.
Un nuevo juez (también salido de la cantera kirchnerista) asumió en la noche del jueves en lugar de Cabral. En la mañana del viernes Cabral tuvo que desalojar su despacho. Sigue siendo juez de un tribunal oral. Final para el trámite de la causa por el tratado con Irán en esa sala de Casación. Se dijo que Cabral había depositado en la caja fuerte del tribunal su voto definitivo sobre la inconstitucionalidad del acuerdo, pero no es así. Cabral entregó un borrador no firmado, sólo inicialado, y condicionado a las modificaciones que pudieran surgir de la redacción definitiva de la resolución de la sala. No tiene valor como voto definitivo.
Cabral fue apartado por siete votos contra cuatro en el Consejo de la Magistratura. Faltaban los dos de procedencia política, que representan a los bloques más importantes de la oposición. Esos representantes son el senador radical Ángel Rozas y el propio Valdés. Rozas estaba en Nueva York, confiado en un acuerdo político con los kirchneristas del Consejo de la Magistratura según el cual no se trataría nada importante antes del 2 de julio. Además, la próxima reunión plenaria ordinaria del Consejo estaba convocada para el 18 de julio.
El acuerdo funcionó hasta que la sala que integraba Cabral anunció que el martes daría a conocer la sentencia sobre los regateos con Irán. Los oficialistas sabían que el fallo declararía la inconstitucionalidad de ese pacto y que sería la segunda declaratoria en el mismo sentido. Antes lo había hecho la Cámara Federal Penal, después de que el juez Rodolfo Canicoba Corral lo declaró -cómo no- constitucional. Hace veinte días, Cristina Kirchner le devolvió el favor y firmó la designación de un hijo de ese juez, Emiliano Canicoba, como juez federal de San Martín.
Con Rozas y Valdés el resultado habría sido igualmente perdidoso para los no oficialistas, pero no es lo mismo siete a seis que siete a cuatro. La representación política tiene, a su vez, más experiencia para interponer obstáculos en los cuerpos colegiados y, en todo caso, para provocar un escándalo. El Gobierno supo aprovechar la ausencia de los dos (la de Valdés fue aviesamente premeditada) para convocar de urgencia a un plenario extraordinario del Consejo de la Magistratura. Según el reglamento del Consejo, esa clase de plenarios deben citarse con 72 horas de anticipación. Este cuestionado plenario fue convocado con apenas 19 horas de antelación. Jugó su juego, al mismo tiempo, la ingenuidad del radical Rozas, que confió en un acuerdo con el cristinismo en el lugar donde se decide la vida política de los jueces.
Cabral había sido designado juez suplente de Casación según la vieja ley; es decir, hasta que se designe a un juez titular. El propio viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez, reconoció delante de Cabral (éste también es miembro del Consejo en representación de los jueces) que lo protegía ese derecho, pero fue el propio Álvarez quien propuso el nombre de su reemplazante, otro juez suplente. Raro país en el que da lo mismo que el derecho se respete o no. Cristina Kirchner está empujando a la nueva generación de políticos kirchneristas a violar la ley.
Violan no sólo la ley argentina, sino también los preceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, estipuló que los jueces deben permanecer en sus cargos hasta que hayan terminado las causas que tienen en sus manos. El tratado con Irán no sólo estaba en manos de Cabral, sino que éste ya había anticipado su voto que cuestionaba por inconstitucional la firma de ese acuerdo. Cabral presentará mañana un recurso de amparo, que seguramente deberá resolver en algún momento la Corte Suprema de Justicia, aunque un juez de instancias inferiores podría ordenar su reposición. La sentencia sobre el tratado con Irán debió conocerse el lunes pasado, pero la presidenta de la sala, la jueza filokirchnerista Figueroa, la postergó hasta el martes. Nunca se supo la razón de esa postergación. Ahora se sabe por qué.
Versiones seguras confirmaron que fue Carlos Zannini (flamante candidato a vicepresidente de Daniel Scioli) el que imaginó una ingeniería a dos bandas: la causa judicial por el tratado con Irán fue asfixiada desde el Consejo de la Magistratura y desde la propia Cámara de Casación. Zannini es un viejo artesano en el oficio de desmantelar la Justicia para salvar a los Kirchner. Ya lo hizo en Santa Cruz desde el cargo de presidente de la Corte Suprema de esa provincia.
El tratado con Irán será seguramente revisado por otra sala de Casación. La propia jueza Figueroa promovió siempre que ese expediente volviera a la Sala II, su sala original. Desbaratado el tribunal que la tenía a consideración, es probable que Figueroa se dé ahora el gusto. En la Sala II está volviendo de unas largas vacaciones la jueza Ángela Ledesma, integrante de Justicia Legítima junto con otro juez de esa sala, Alejandro Slokar. El caso del tratado con Irán se resolverá irremediablemente en la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal no podría haber ignorado las sentencias de inconstitucionalidad de dos cámaras, la Federal y la de Casación, según venían las cosas con Cabral como juez. Así lo adelantaron importantes funcionarios de la Corte Suprema. Es posible que en adelante los jueces supremos deban laudar entre dos sentencias distintas. De todos modos, el Gobierno habrá ganado un tiempo invalorable en medio de un año electoral.
A todo esto, los jueces subrogantes que está nombrando el Consejo de la Magistratura cuentan sólo con los votos de la mayoría simple y oficialista, según una reciente ley sancionada -cuándo no- sólo por la mayoría cristinista del Congreso. Los jueces titulares necesitan de los dos tercios de los votos de ese Consejo (nueve), que el oficialismo no tiene. Ya existe una disposición de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la designación de los conjueces de la Corte (que son también suplentes) porque no tuvieron los dos tercios de los votos del Senado. Esa decisión de la Corte no fija jurisprudencia (se trata de otra categoría de jueces), pero el sentido es el mismo. La Corte dijo entonces que los jueces subrogantes debían reunir los mismos requisitos que los jueces titulares, porque cumplen la misma función: ser jueces, aunque algunos sean permanentes y otros, transitorios.
Nada importa. Una camada de jueces con simpatías oficialistas (son tres en total), repartidos en distintas salas, llegó a la Cámara de Casación para cambiar su anterior mayoría. Esa cámara es la última instancia penal antes de la Corte Suprema de Justicia. Muchas causas por delitos penales (por corrupción, sobre todo) morirán en Casación. Nunca llegarán a la Corte Suprema y nadie será condenado.
El avión de Aerolíneas Argentinas del diputado Gustavo Valdés partió de Resistencia después del mediodía del jueves. Valdés es diputado por Corrientes, pero ese jueves decidió tomar el avión más tempranero, que salía de la cercana Resistencia. El vuelo hasta la Capital dura una hora. No bien llegó al aeroparque porteño, Valdés llamó por teléfono a Cabral. Cabral le informó que ya era tarde para todo. «Ya votaron. Ya estoy afuera», lo notificó a quemarropa. Un juez clave había caído por un disparo seguro y certero.
Mauricio Macri pidió «movilizarse» por el desplazamiento del juez Cabral
El precandidato de Cambiemos pidió a la sociedad manifestarse porque sostuvo que el Gobierno «no puede estar permanentemente hostigando a la Justicia»
El jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial de Pro, Mauricio Macri , convocó hoy a la «sociedad a movilizarse» contra el desplazamiento del juez Luis María Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal porque sostuvo que el Gobierno no puede estar «permanentemente hostigando a la Justicia».
«Me parece que la sociedad se tiene que movilizar a oponerse a este tipo de arbitrariedad y me parece bien que se estén barajando amparos que impida que esto suceda», remarcó Macri en referencia al caso Cabral.
El kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación dio por concluida el jueves la subrogancia de Cabral en Casación y, en su lugar, nombró a un conjuez allegado a la administración de Cristina Kirchner .
«No esta nada bien que permanentemente el Gobierno siga hostigando a la Justicia que tiene que ser un poder independiente», afirmó Macri en diálogo con radio Mitre. Y, añadió: «Nos parece bien la Marcha del 14 (de julio). Nosotros vamos a adherir».
De esta manera, el alcalde porteño respaldó la marcha convocada por profesionales del derecho y funcionarios de la Justicia para el martes 14 de julio a las 19 en la Plaza de Mayo, en repudio al desplazamiento de Cabral.
Ayer, Cabral denunció que su «remoción es ilegal e inconstitucional» y que la mayoría kirchnerista del cuerpo que lo apartó «lo que hace es manipular el funcionamiento de la Justicia».
Cargos para todos: Zannini ubicó a cuatro hijos en dependencias públicas
Se desempeñan en Cancillería, YPF, Lotería Nacional y en el Ministerio de Justicia; no tienen cargos jerárquicos; Liuzzi, mano derecha del candidato a vicepresidente del FpV, nombró a 22 familiares.
Por Iván Ruiz.
La familia Zannini no tiene problemas de desempleo: María Paula, Franco, Carlos Justo y Francisco, los cuatro hijos de Carlos Zannini, son empleados públicos. Y más: también su yerno Juan Francisco Gutiérrez Tellería trabaja para el Estado. Todos fueron nombrados después de que el hombre de confianza de Cristina Kirchner desembarcara en la Casa Rosada.
YPF, Lotería Nacional, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dependencias públicas con el sello del kirchnerismo, emplean a los hijos del candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria. Casi todos son menores de 30 años, según los registros previsionales a los que accedió LA NACION. Ninguno ocupa cargos jerárquicos. No es el primer antecedente de nepotismo que roza a Zannini: su mano derecha, Carlos Liuzzi, nombró a 22 familiares.
María Paula Zannini, la hija más grande, es diplomática. La Presidenta le tomó juramento en abril de 2013, cuando egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Esta abogada, de 31 años, fue enviada a uno de los destinos más deseados como cónsul de tercera clase, uno de los escalafones más bajos de la carrera. Se mudó a Washington en febrero de 2014 para trabajar en la misión argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), oficina a cargo de la ex ministra Nilda Garré. Viajó acompañada por su marido, el diplomático Juan Francisco Gutiérrez Tellería (también flamante egresado), que fue nombrado al mismo tiempo que su mujer, pero en la embajada argentina en Estados Unidos, con sede en la misma ciudad.
«No creo que haya tenido ningún privilegio por ser «hija de». Todos los países occidentales son codiciados en Cancillería. Todos quieren estar en París, Roma o Estados Unidos, es cierto. Pero casi siempre hay varios lugares disponibles», justificaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estimaron que el salario básico de un cónsul de tercer grado supera los 10.000 dólares mensuales.
En su primer año como funcionaria, los bienes de María Paula crecieron de $ 0 a casi $ 1 millón, según las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción.Detalló ingresos anuales que superan los $ 300.000, pero sus gastos están por encima de los $ 550.000. También informó la compra de un departamento de 70 metros cuadrados en Capital con un crédito del Banco San Juan por medio millón de pesos.
Dejó en Buenos Aires su auto, un Chevrolet Agile, pero su marido se compró el año pasado un lujoso Volvo S60 para manejar por las calles de Washington. El diplomático lo cotizó $ 130.000, varias veces menos que su precio de mercado.
YPF no es una empresa más para los Zannini. Carlos Justo Zannini, de 26 años, empezó a trabajar en la compañía dos años después de que Cristina Kirchner ordenara la estatización. Ingresó en marzo de 2014 en el área de recursos humanos como «analista de formación».
«Es el primer peldaño cuando entrás. Ni siquiera paga impuesto a las ganancias», justificaron desde YPF, pero no informaron cuánto cobra el hijo del funcionario.
«El Chino», un hombre con fama de duro, rompió ese estereotipo cuando lloró en el Senado al recordar a los ex trabajadores de YPF estatal. Rompió en llanto mientras exponía los detalles del acuerdo del Gobierno con Repsol como resarcimiento por la expropiación de la compañía.
El parecido de Franco Zannini con su padre no es sólo físico: el más militante de sus hijos eligió como perfil en Facebook una foto con el «Che» Guevara. Durante sus años de juventud revolucionaria, «El Chino» Zannini era simpatizante del maoísmo.
Franco, de 28 años, trabaja en otra oficina de la administración pública: Lotería Nacional. Ingresó el 2 de mayo de 2011 como contratado para realizar tareas administrativas, detallaron desde el organismo. Dos años después fue designado, por concurso, «asistente administrativo» de la planta permanente en Promociones y Colectas, el área encargada de autorizar y habilitar los nuevos juegos del azar que quieran implementarse. Aunque desde Lotería Nacional no quisieron revelar su sueldo, detallaron que Franco fue nombrado con una categoría D, la cuarta en importancia.
Aunque vive desde hace años en la Capital, Franco declaró como domicilio fiscal su casa de la calle Chacabuco en Río Gallegos. Comparte el domicilio con algunos de sus hermanos y también con la mujer de su padre, Patricia Alsua, que supo ser directora de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires.
Francisco Zannini, el menor, trabaja desde enero en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A pesar de sus 25 años, es su segunda experiencia como empleado público: según publicó el diario Perfil, en 2010 había ingresado a Aerolíneas Argentinas. Francisco declaró como domicilio un departamento en avenida Del Libertador al 4600, en una de las zonas más caras de la ciudad.
—Con la colaboración de Ricardo Brom.
Fuente: La Nación, 23/06/15.
Latrocinio: Hurto, robo o fraude de los intereses de los demás.
02/11/09 – El alquiler de una vivienda particular Propiedad del matrimonio Zannini –Alsúa que la Cámara de Diputados contrató para que ocupe el Vicegobernador Martínez Crespo, constituye una clara violación a las normas administrativas y éticas que debe respetar todo funcionario público que de verdad sienta que los cargos públicos son para servir al estado y no a la inversa. (Por Héctor Barabino para OPI Santa Cruz
La noticia la publicó Opisantacruz hace ya varios días sin que ningún funcionario implicado o no, con responsabilidades de gobierno o sin ellas, desmintiera o aclarara las circunstancias de dicho contrato a pesar de la investidura que revisten los beneficiarios del mismo, tanto el locador, como los locatarios.
Por un lado el Presidente de la Legislatura Provincial, encargado de confeccionar leyes, y por el otro el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación es decir, quien asiste jurídicamente al Ejecutivo en cada uno de sus actos administrativos; y su cónyuge la Dra Patricia Margarita Alsúa Subdirectora de la Casa de Santa Cruz en Capital Federal, también abogada y por lo tanto conocedora de sus obligaciones como funcionaria.
Una de ellas, la de informar sobre sus actos públicos. Sobre todo cuando están en dudas la transparencia y legalidad de los mismos.
El contrato
El contrato de locación del inmueble de la calle Chacabuco 265 se pactó a través de la inmobiliaria Sanfelice-Sancho, propiedad del ex Director de Rentas Osvaldo Sanfelice y del ex vicegobernador Carlos Sancho. Sanfelice también es socio del ex Presidente Néstor Kirchner en la firma Hotesur que administra el Hotel Alto Calafate y de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA dedicada a los rubros, comercial, inmobiliaria y construcción.
Se firmó en enero de 2008 por 24 meses a razón de 6 mil pesos mensuales y a la firma del mismo la Legislatura cumplió con el pago, del mes de alquiler, más el mes de depósito y la correspondiente comisión inmobiliaria.
Precisamente el primer desembolso de dinero que acumulaba estos tres conceptos mas dos meses de alquiler del tiempo que demoró el trámite, fue objetado por el Tribunal de Cuentas, porque el estado provincial dispone de una vivienda oficial en la calle Teófilo de Loqui Nº 129 de Río Gallegos para que resida el vicegobernador, y porque además, el contrato de alquiler se realizó sin compulsa previa como establecen las normas administrativas.
A estos cuestionamientos la Presidencia de la Cámara de Diputados se apuró a responder que “la vivienda oficial no estaba en condiciones de ser habitada dado su avanzado estado de deterioro” y que “iba a llevar mas de un año ponerla en condiciones”.
A 20 meses de aquella observación la vivienda oficial aún no fue reparada a pesar de que continúa desocupada eventualmente suelen alojarse allí funcionarios o invitados de éstos, procedentes del interior provincial.
Distintas fuentes aseguran que al momento de sellarse el contrato la vivienda oficial se encontraba en óptimas condiciones, ya que había sido muy bien cuidada por sus anteriores moradores, el Vicegobernador Sergio Acevedo, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda Eduardo Campano, y la Presidente de la Legislatura Judith Fortsman, quienes no solo mantuvieron el inmueble en condiciones sino que la Senadora recientemente fallecida solía dedicarle muchos esfuerzos en mantenerla y hasta refaccionarla.
Amante del Derecho
Carlos Zannini es un hombre de reconocida y poco reivindicada militancia en el mas acendrado comunismo fundado por Mao TSe Tung del cual heredó además de un halo de compromiso y despojo, el mote de “El Chino” con el que carga desde sus tiempos de estudiante universitario
Fue asesor de la intendencia de Río Gallegos durante el mandato de Néstor Kirchner entre 1987 y 1991; cuando Kirchner llega a la gobernación pasó a desempeñarse como Asesor Legal y Técnico ocupando también cargos en el gabinete, hasta que en 1997 asume como diputado provincial
“Soy un amante del derecho” balbuceó entre lágrimas ante un recinto colmado de militantes que fueron a despedirlo durante su última sesión como diputado provincial antes de asumir como vocal del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de su amigo Néstor Kirchner, a pesar de los cuestionamientos de la oposición que objetaban su escasos antecedentes en el ejercicio de la profesión en el foro local, requisito mínimo e indispensable para alcanzar un puesto de Juez Supremo. Zannini llegó a presidir el Tribunal.
Pero su mayor logro fue haber instrumentado, a petición de los Kirchner, la ley 2404 que en el año 1995 amplió de tres a cinco los miembros del Tribunal Superior de Justicia fundando la “Mayoría Automática” en la Justicia Provincial, al tiempo que desdobló el cargo de Procurador produciendo la cesantía del Dr. Eduardo Sosa.
Tras veinte años de decidir y ejecutar junto al kirchnerismo a Zannini no se lo asocia con la corrupción. Al menos con la corrupción material, palpable. Se las ingenió para esquivarla, saltando los charcos sin ensuciarse, mirarla de lejos envuelto en su traje de militante que sufrió cárcel y tortura y que como tal, todo lo bendice. Aún los actos de corrupción. “Son parte del sistema” sugiere con sus gestos.
Desarraigo y Zona Desfavorable
El plus por desarraigo establecido por decreto 1840/86 compensa los mayores gastos en que incurren aquellos funcionarios que tengan residencia permanente en el interior del país a una distancia superior a los CIEN (100) kilómetros de la sede de sus funciones. Carlos Zannini lo percibió por decreto 187/03 desde el 12/6/2003 al menos mientras Néstor Kirchner fue presidente.
Su esposa Patricia Alzúa como vicedirectora de la Casa de Santa Cruz en Capital Federal a diciembre de 2008 percibía como parte integral remunerativa de su salario, el ítem 210 por Zona Desfavorable, cuyo fundamento comparte el espíritu de la compensación por desarraigo.
En la actualidad ambos continúan empadronados con domicilio en Río Gallegos, por lo cual reúnen los requisitos para la percepción del adicional.
Antecedentes inmobiliarios de Patricia Alzúa
El diario Crítica publicó en junio una nota que registra novedosos antecedentes inmobiliarios de Patricia Alsúa.
“La empresa agroganadera de la familia De Narváez que financió la campaña oficialista con 250 mil pesos tiene como domicilio fiscal avenida Coronel Díaz 2295, 6o piso B. Allí funciona la sede comercial de La Superba en Capital, aunque tiene otra ubicada en Pilar. El inmueble no pertenece a Carlos de Narváez, sino que lo alquila y la dueña es “la doctora Alsúa”, según dijeron en el lugar ante la consulta de este diario”
“La línea telefónica de la propiedad figura a nombre de Patricia Margarita Alsúa, como se llama la subdirectora de la Casa de Santa Cruz y esposa de Carlos Zannini, el influyente secretario Legal y Técnico de la Presidencia que acompaña a Néstor Kirchner desde que recaló en Río Gallegos a mediados de los ochenta”.
“Según la última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, su mujer, Alsúa, es propietaria de un departamento que actualmente renta, adquirido el 10 de junio de 1980, de 65 metros cuadrados, ubicado en Palermo”.
Su esposo declaró ser propietario de Automotores y Maquinarias Argentinas SA dedicado a la venta de repuestos.
¿Porqué lo hacen?
Es la pregunta que masculla el hombre común cada vez que un nuevo caso de corrupción irrumpe en el universo del gobierno y de la política. En el colectivo social argentino ya casi no existe el atenuante de la “presunción” de un delito cuando de la política se trata.
Ninguno de los involucrados en el contrato de locación del inmueble de la calle Chacabuco al 200 necesita ahorrar el dinero de su bolsillo con cargo al erario publico para solventar la economía familiar ya que los tres son funcionarios que reciben una compensación monetaria por los servicios que prestan.
Además son profesionales formados en la educación pública que les brindó las herramientas para desenvolverse en el mundo laboral y realizarse personalmente y progresar socialmente.
¿La función pública los empobrece y por eso tienen que procurarse ingresos extras por encima de lo legalmente permitido?
El Doctor Martínez Crespo es un médico de considerable reputación en Caleta Olivia su ciudad de origen, y desde que ocupa el segundo lugar de importancia institucional de la provincia no hizo mas que confirmar su imagen de buen vecino atento y servidor, siempre con una sonrisa a flor de labios para todo aquel necesitado de contención o asistencia.
Apenas se conoció la noticia del alquiler se supo que los costos del mismo no los afrontaba el vicegobernador por su cuenta y cargo. Ni siquiera los pagaba con los abultados fondos reservados que maneja. Se constató que los fondos para cancelar la renta salían por Administración.
¿Martínez Crespo pagaría de su bolsillo el valor de un alquiler si tuviera a su disposición una vivienda oficial sin cargo?
Que un funcionario público sea el mismo tiempo proveedor del estado configura una serie de inconductas administrativas enmarcadas en tipificaciones tan rimbombantes como abuso de autoridad; incompatibilidad en el ejercicio de la función pública; tráfico de influencias; peculado; Violación a la ley de contabilidad y al régimen de contrataciones de la provincia; y falta a la flamante ley de ética pública provincial rubricada entre otros por el Vicegobernador Hernán Martínez Crespo.
Códigos que inventan los hombres buenos para ser mejores cuando se los controla, pero que no alcanzan para dimensionar la más elemental de las trasgresiones, aquella que asalta la confianza de la gente de buena fe que ya no tiene mas lugar para el asombro y el desengaño. (Agencia OPI Santa Cruz)
Lanata mostró un informe que revela la trama de negocios del socio de Máximo Kirchner
Sospechas de corrupción: Se trata del empresario Osvaldo Sanfelice que tiene en Santa Cruz una inmobiliaria con el hijo de la Presidenta.
PPT. Jorge Lanata puso al aire un informe que reveló los negocios inmobiliarios entre Osvaldo Sanfelice y el hijo de la Presidenta. /Diego Waldmann
CFK y bolsa de dinero
Es una pieza fundamental en la arquitectura financiera de la familia Kirchner, supo cuidar el bajo perfil y hoy es dueño de una importante fortuna. Periodismo para Todos mostró ayer quién es Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el socio de Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta que encabezará la lista de diputados nacionales por Santa Cruz.
En Puerto Deseado, donde nació, aseguran que se fue sin nada. En Río Gallegos, donde ejerció la función pública, lo recuerdan como “la cara visible en la parte empresaria de los Kirchner”. En Bariloche, donde afirman que vive desde hace un tiempo, lo conocen por haberse quedado con tierras mapuches.
Mirá el informe completo
“Sanfelice estaba en la primera línea de Ejecutivos o funcionarios que integraban su círculo íntimo. Era su presencia la que estaba diciendo acá está Néstor Kirchner”, definió Horacio Quiroga, ex director de las petroleras Epsur y Misahar, propiedad del empresario kirchnerista, Lázaro Báez. Para la dirigente de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, Sanfelice es hoy el nexo en los negocios de “Cristina Kirchner y Cristóbal López”, titular del Grupo Indalo.
Es que Sanfelice no sólo se dedica al negocio inmobiliario en su sociedad con Máximo y Carlo Sancho, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz. También es empleado en tres empresas paradigmáticas: Idea SA, Alcalis de la Patagonia SA y Negocios Patagónicos SA.
Idea SA, es la firma que administra varios de los hoteles de la Presidenta y la hostería El Retorno en Bariloche, propiedad de Cristóbal López. En esta firma es en la que Sanfelice figuraba como director hasta hace muy poco y ahora lo hacen Sancho y su esposa, María José Fernández Clark. Pero el vínculo de Sanfelice con el zar del juego no termina en Idea.
Alcalis de la Patagonia, empresa de la que “el Bochi” es empleado, es propiedad de López. Sanfelice trabaja ahí desde 2006 y según contó a PPT el ex vicegobernador de Kirchner, Eduardo Arnold, para cumplir con sus tareas de síndico, el socio de Máximo se trasladaba desde Rio Gallegos hasta San Antonio oeste, en Río Negro, donde está radicada la planta de la compañía, en el avión sanitario de la provincia.
Finalmente, en 2010, Sanfelice se incorporó también a la planta de empleados de Negocios Patagónicos SA con un sueldo de $ 10 mil. Esa firma tiene a su cargo la concesión del estacionamiento del aeropuerto internacional de Río Gallegos y en noviembre de 2014 se presentó ante la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para inscribirse como agencia de publicidad. Y es justamente a través de esta firma que Sanfelice opera una de sus radios en la capital de Santa Cruz, la FM Sol, una emisora que retransmite la programación de radio 10 de Buenos Aires, también propiedad de Cristóbal López.
Según contaron anoche en el programa de Jorge Lanata, periodistas y ex funcionarios, Sanfelice llegó a Río Gallegos cuando Kirchner asumió la intendencia en 1987 y desde entonces comenzó a acumular confianza, poder y dinero. Fue, inclusive, a quien le pidió introducir en los negocios a su hijo mayor, Máximo. Como Kirchner, Sanfelice supo aprovechar las ofertas inmobiliarias y compró dos terrenos fiscales en El Calafate durante la gestión del intendente Méndez. Pagó por ellos lo mismo que el resto de los funcionarios nacionales, $ 7,50 el metro cuadrado.
Hoy Sanfelice es dueño, además, de dos departamentos en Buenos Aires. Uno está sobre Rodríguez Peña y Posadas, en pleno Recoleta y el otro en el tercer piso de un edificio en la calle O’Higgins al 2400, en el barrio de Belgrano. En ese mismo edificio, pero en el cuarto B, funcionan las dos firmas inversoras que Sanfelice creó en 2008 con su esposa, Marta Leiva: Invernepa e Inverlife.
Además, compró más de 30 mil hectáreas a 130 kilómetros de Bariloche a través de la firma Invernepa. Pero esas tierras eran de la comunidad Mapuche y Sanfelice fue denunciado por violar la ley 26.160 que suspendía el desalojo de los pueblos originarios.
Julio Bárbaro: “El FPV es lo más parecido a la prostitución”
Elecciones 2015. El referente histórico del PJ criticó duramente la designación de Zannini. Además, dijo que entre Scioli y Macri, votaría por actual el jefe de Gobierno porteño para la presidencia.
Julio Bárbaro, en su avatar de Twitter.
Julio Bárbaro, durísimo con Zannini y el kirchnerismo (Fuente: «Corresponsales en línea», en La Once Diez)
El ex titular del COMFER Julio Bárbaro e histórico dirigente peronista analizó la elección de Carlos Zannini como compañero de fórmula de Daniel Scioli y cuestionó al Frente para la Victoria: «El peronismo nunca fue obediente. Esto no es peronismo, esto es el Partido de los Ambiciosos. En el Partido de los Ambiciosos se cambia obediencia por prebendas. Esto es lo más parecido a la prostitución. Muerto el amor, queda la plata».
El politólogo aprovechó para analizar la designación de Zannini en la fórmula junto a Scioli. En diálogo con Corresponsales en línea (La Once Diez), sostuvo que «Zannini es un perverso pero también es un mediocre aburrido y asustado», por lo que pronosticó que si gana Scioli podrá alinear detrás suyo al Frente para la Victoria: «El kirchnerismo es obediencia. Los Pichetto ayer eran menemistas. Si sube Scioli, ¿Sabés la cantidad de sciolistas conversos que va a haber?», preguntó retóricamente.
En este marco, atatcó al precandidato a vicepresidente del oficialismo y actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación: «Zannini daña al peronismo. Es la ventanilla del poder, de los negocios, de las prebendas, de los rencores. Es un constructor de impunidades. Odia a los periodistas, es el inventor de esta Ley de Medios hecha para que el Estado sea el único que opere. Él está enamorado de Venezuela».
Al mismo tiempo, Bárbaro aseveró que «gobernadores e intendentes ocupan espacios más rentables económicamente que una industria» y planteó que el peronismo «es como una marca de hamburguesas que convirtieron en un sello rentable».
Bárbaro se refirió también al estilo del hoy gobernador de la Provincia de Buenos Aires: «Si Scioli llega no lo van a manosear, pero eso no es un mérito de Scioli. En nuestra sociedad el que gana mata al que lo llevo. Quien elige su heredero elige su verdugo», dijo.
Además, manifestó que si la elección se terminara definiendo entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, votaría por el Jefe de Gobierno porteño: «Yo antes que Scioli voto a Macri. Lo digo públicamente porque si el peronismo tiene que agonizar, que muera con dignidad, no que me lo arrastren tipos que no saben de qué se trata. Si gana Macri puedo dedicarme a recuperar al peronismo como estructura de pensamiento. Scioli no me deja margen«.
«Lo bueno de esta elección es que no nos vamos a frustrar: como nadie cree en nadie, no vamos a decir que alguien nos traicionó. Somos de un escepticismo cercano a la madurez«, evaluó Bárbaro.
El fiscal Marijuán pidió la indagatoria de Lázaro Báez por Lavado de dinero
Requirió al juez Casanello noventa y seis medidas de prueba sobre el empresario K y su hijo.
Lázaro Báez
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello que cite a declaración indagatoria al empresario Lázaro Báez, uno de sus hijos y otras seis personas por supuesto lavado de dinero.
La requisitoria pide las convocatorias a declarar como imputados de Lázaro Báez, Martín Báez, Federico Elaska, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Claudio Bustos, y Marcelo Ramos y Jorge Chueco, directivos de la firma Helvetic.
Además, Marijuan planteó al Casanello que disponga la realización de 96 medidas de prueba, algunas en torno a la compra de dos campos, uno en Mendoza y otro en Uruguay, el depósito de 22 millones de dólares en Suiza, y la repatriación de 33 millones de dólares mediante la venta de bonos.
Todo esto surgió a partir de los informes del programa «Periodismo para Todos» de Jorge Lanata.
Secretos de la AFA: Las oscuras rutas del dinero que genera el fútbol
Cobró US$ 7 millones de Traffic entre 2004 y 2011; fueron ingresos ocultos por las Copas América de 2004, 2007 y 2011, al margen del canon oficial; Julio Grondona estuvo al frente de las negociaciones
Por Hugo Alconada Mon y Alejandro Casar González.
Julio Grondona, fallecido presidente de la AFA. Foto: Archivo.
En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo llaman «sobrecachet». Se refieren a los US$ 7 millones que de manera subrepticia cobró entre 2001 y 2011 de la firma brasileña dueña de los derechos hemisféricos de televisación, Traffic International Inc., por llevar a Lionel Messi y al resto de sus grandes estrellas a las Copas América de Perú 2004, Venezuela 2007 y Argentina 2011. Pero eso sí: eran fondos secretos que todas las demás confederaciones de fútbol del continente jamás debían conocer porque cobraban mucho menos, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos que prueban esos pagos y los testimonios de varios involucrados.
Jorge Hawilla, dueño de Traffic. Foto: LA NACION
El acuerdo hasta ahora desconocido entre la AFA de Julio Grondona y Traffic comenzó en 2001, con el pago de US$ 1,2 millón, y continuó vigente en cada nueva Copa América hasta que la canilla se cortó, recién ahora, a partir de la explosión del FIFA-gate.
La AFA se quedó así sin embolsar otros US$3 millones que el presidente actual, Luis Segura , debía negociar con Datisa, la empresa con sede en Uruguay que conforman Torneos , Full Play y Traffic, a cambio de poner en la cancha a Lionel Messi & compañía. Pero el escándalo mundial lo abortó. «Lo pedí, lo pedí», fue la respuesta de Segura, presidente de la AFA, cada vez que sus pares de comité ejecutivo o de la ya difunta «mesa chica» le reclamaban por el curso de las gestiones.
Así, de manera oficial, la AFA cobró US$ 668.940 de la Conmebol por su participación -más premios- en la Copa América de 2004. Pero de manera silenciosa recibió otro US$ 1,5 millón de Traffic. Por la de 2007, esa misma intermediaria le giró US$ 2,5 millones adicionales a los US$ 1.588.344 de la Conmebol y US$ 92.306 de la Federación Venezolana de Fútbol. Para la Copa América de 2011, organizada en la Argentina, la Conmebol distribuyó US$ 1.494.596, mientras que Traffic cedió otros US$ 601. 214 en concepto de «sponsorización y reintegros de gastos». Y a esa cifra hay que sumarles otros dos ingresos extraordinarios: US$ 3 millones de Traffic como «sobrecachet» y otros US$ 4 millones de la Conmebol para ayudar con la organización del evento.
Socios Sospechosos
Las cifras aparecen en documentos que la propia AFA entregó ante un pedido de la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), autora de la denuncia que motivó la investigación de la jueza federal María Servini de Cubría sobre el destino de miles de millones de pesos del Fútbol para Todos . «Le solicité los números a Segura por una nota», cuenta Ocaña. Y agrega: «En 2011, los derechos televisivos de la Copa América (eran de Traffic) los había comprado el Estado, a través del Fútbol para Todos. ¿Por qué la empresa le devuelve entonces US$ 3 millones a la AFA? Pretendo que se los brinde a la Jefatura de Gabinete», postula la ex precandidata a jefa de Gobierno porteño por el frente ECO.
Julio Grondona, fallecido presidente de la AFA. Foto: LA NACION
En la AFA sostienen otra visión. «Argentina y Brasil siempre cobraron aparte del contrato madre entre Conmebol y las federaciones por participar en la Copa América. El dinero recibido por ese concepto varía y depende de la ubicación final en la competencia», aporta una de las fuentes consultadas por LA NACION. «El contrato con Traffic era un cachet extraordinario para jugar con las principales figuras. La AFA no percibe dinero por derechos de TV. «Al preguntar por qué no se blanqueó ante el resto de los países de Conmebol esa ventaja comparativa que tenían Argentina y Brasil, la respuesta es contundente: «Nunca se iban a poner de acuerdo todos los miembros de la confederación. Por eso se hizo a través de Traffic».
La ruta del dinero
Como en el entramado del FIFA-gate, este dinero silencioso para la AFA también pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos , lo que puede colocarlo bajo la lupa del Departamento de Justicia de ese país.
El 4 de mayo de 2001, la AFA cobró en su cuenta abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un giro de US$ 1,2 millones procedente del Standard Chartered Bank de Nueva York que ordenó el presidente de Traffic Sports International Inc. (la empresa con sede en las Islas Vírgenes que tenía los derechos televisivos de la Copa América), José Hawilla , uno de los arrepentidos de la investigación que lleva adelante el FBI contra el fútbol mundial. ¿Motivo de esa transferencia? La participación de Argentina en la Copa América de Colombia que se jugaría ese año.
El seleccionado argentino, sin embargo, no participó en ese torneo, por lo que tres años después, en 2004, la AFA debió devolver el dinero anticipado por Traffic, lo que derivó en un intercambio de notas. Entre otras, la que otro ejecutivo de Traffic Sports International Inc., el CEO Marcelo Milliet, le escribió a Julio Humberto Grondona, el 28 de julio de 2004, y en la que terminó exponiendo el carácter de ese pago. «Hacemos referencia al anticipo de US$ 1,2 millones de la Copa América 2001, así como el valor adicional de US$ 1,5 millones que habíamos comprometido a pagar a la AFA con referencia a la Copa América de 2004.»
Traffic acordó pagarle de «sobrecachet» a la AFA y restado lo que la entidad que lideraba Grondona le adeudaba desde 2001, quedó un saldo a favor de los argentinos por US$ 400.000
En esa misma carta, Milliet detalló también los créditos a favor de la AFA. Indicó que le correspondían US$ 1,5 millón de la Copa América 2004, US$ 100.000 del Preolímpico 2004 y US$ 300.000 del Sudamericano Sub 20 de 2003. Total: US$ 1,9 millones. Y, por su parte, la AFA le debía US$ 1,5 millones a Traffic: aquel US$ 1,2 millón por la Copa América 2001 más otros US$ 300.000 en concepto de intereses.
Así, computado lo que Traffic acordó pagarle de «sobrecachet» a la AFA y restado lo que la entidad que lideraba Grondona le adeudaba desde 2001, quedó un saldo a favor de los argentinos por US$ 400.000, que Traffic giró junto con esa carta, que Milliet concluyó con la siguiente frase: «De acuerdo con los entendimientos habidos con el señor presidente [por Grondona], cúmplenos informar que quedan cancelados los créditos y deudas entre la AFA y Traffic con relación a los eventos sudamericanos de fútbol de selecciones realizados hasta hoy».
Así fue. Apenas dos días después de la carta, la AFA cobró el equivalente en pesos de esos US$ 400.000 ($ 1.177.000 al tipo de cambio entonces vigente) mediante un cheque de Alhec Tours SA, empresa que años más tarde se haría conocida como la «financiera del fútbol», ya que allí solían acudir dirigentes y representantes para cambiar documentos, aunque su vinculación con la pelota provocaría una investigación (escuchas incluidas) del juez federal Norberto Oyarbide , que dictó diez procesamientos, luego fueron anulados por la Cámara Federal, que le quitó la causa y la remitió al juez Julián Ercolini para que la comience de manera más prolija.
Pero los fondos subrepticios de Traffic continuaron. El 24 de enero de 2007, a pocos meses del comienzo de la Copa América organizada por Venezuela, el gerente general de esa firma, José Geraldo de Góes, le escribió a la AFA. En su texto, aludió a una «Carta Acuerdo» firmada entre las partes el 12 de enero de 2001: era el convenio marco de los «sobrecachets» para el fútbol argentino.
A través de esa nota de Góes, Traffic reconfirmó que le abonaría US$ 2,5 millones a la AFA en dos cuotas: US$ 2 millones el 7 de marzo de 2007 y US$ 500.000 el 26 de julio, que se acreditaron al día siguiente provenientes de una cuenta del Delta National Bank en concepto de «asignación por participación». Pesificados, la AFA recibió $ 1.535.000.
Tres años después, y en la previa de la Copa América de 2010, se repitió la historia. El 19 de octubre llegó a la AFA la comunicación de cuánto le correspondería por participar en la Copa América de 2011, que organizaba Argentina, con los mejores jugadores. «Además de los valores referidos en el contrato entre Traffic y Conmebol referente a las Copas de 2007, 2011 y 2015, Traffic pagará específicamente a la AFA US$ 3 millones por la Copa América de Argentina 2011. El pago será hecho en tres cuotas iguales de US$ 1 millón, con fechas de vencimiento el 19 de octubre de 2010, el 28 de enero y el 30 de junio de 2011.
Datisa (la empresa conformada por Torneos, Full Play y Traffic) ya habría pagado US$ 40 millones en coimas por los derechos de las Copas América de 2015 (Chile), 2016 (Estados Unidos, del Centenario), 2019 y 2023. Estaba previsto que abonara US$ 70 millones más
Dicho y hecho. El 2 de noviembre de 2010 ingresaron $ 3.915.000 a la tesorería de la AFA (el equivalente a la primera cuota). El 17 de febrero de 2011 se acreditaron otros $ 3.970.000 (la segunda cuota), Y el 5 de julio, los últimos $ 4.070.000 correspondientes a la tercera cuota.
Estos US$ 3 millones correspondientes a la Copa América de 2011 pueden contar con un valor especial. Podrían ser el supuesto soborno de siete cifras que, según los investigadores del Departamento de Justicia, el «Co-Conspirador #10» (sería Grondona) le pidió a Hawilla. Sin embargo, la ruta del dinero refleja que se trataría de otra suma pactada entre Traffic y la AFA. ¿Por qué? Porque la cifra denunciada por los Estados Unidos la negoció, según la acusación, el entonces CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, en representación del «Co-Conspirador #10». Y ese dinero nunca ingresó a la AFA, mientras que los US$ 3 millones que Traffic pagó como sobrecachet sí figuran en los libros contables del fútbol argentino.
En cualquier caso, los sobrepagos continuaron. El 29 de mayo de 2013, el comité ejecutivo de Conmebol sesionó en la paradisíaca isla de Mauricio, sede del congreso de la FIFA. Ese día, el fútbol sudamericano resolvió abonarle US$ 4 millones adicionales a la AFA «por su participación en la organización de la Copa América 2011». El importe debía ser abonado «antes de la Copa América 2015». Documentos internos de la Conmebol muestran que la cifra a favor de la AFA se acreditó el 2 de enero de 2014.
Foto: Archivo
La matriz continental
Pero si el «sobrecachet» ya era casi una tradición, el negocio de las transmisiones televisivas de la Copa América se reconfiguró en 2013, cuando nació «Datisa», una empresa creada y distribuida por tercios entre Traffic, Torneos y Full Play, de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis (ayer quedaron detenidos por Interpol tras presentarse ante el juez Claudio Bonadio ,ver página 13 de la Deportiva). A partir de ese momento, los derechos para cada país pasaron a distribuirse de acuerdo con la «experiencia» de cada socio en los diferentes mercados. Así, por ejemplo, en la Argentina Torneos se encargó de negociar la venta de los derechos con la Jefatura de Gabinete (como promotora del Fútbol Para Todos) y con DirecTV. Y en Chile, un informe del Centro de Investigación Periodística (Ciper) estableció que el canal 13 de ese país le pagó US$ 2,5 millones a Full Play por los derechos de la Copa América de 2011. Cuatro años después, el importe subió a US$ 12 millones. «Ahora, en perspectiva, nos damos cuenta por qué esta Copa América fue tan cara. Tenían que pagar millones de dólares en coimas», cuenta un ejecutivo del canal fuera de micrófono citado en el informe periodístico.
Torneos se encargó de negociar la venta de los derechos con la Jefatura de Gabinete (como promotora del Fútbol Para Todos) y con DirecTV. Y en Chile, el canal 13 de ese país le pagó US$ 2,5 millones a Full Play por los derechos de la Copa América de 2011. Cuatro años después, el importe subió a US$ 12 millones.
Pero Full Play tejió fluidos contactos no sólo en Chile, sino en la mayoría de las asociaciones del continente, por lo que no les costó demasiado esfuerzo reunirse con los directivos de los canales de todo el hemisferio interesados en comprar los derechos en las oficinas de Núñez, cerca del estadio Monumental.
«Hay una matriz de negocios de este tipo en todo el continente», denuncia Graciela Ocaña. «El objetivo es tener ganancias a toda costa. El dinero que Traffic, por ejemplo, le giró a la AFA, no está alcanzado por impuestos. Y no sabemos en qué gastó la AFA el dinero. La operatoria muestra que Traffic tenía una ganancia ilegítima, no justificada. Ese dinero es el que servía para pagar sobornos o hacer este tipo de retornos».
El esquema de coimas según la justicia de EE.UU.
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Datisa (la empresa conformada por Torneos, Full Play y Traffic) ya habría pagado US$ 40 millones en coimas por los derechos de las Copas América de 2015 (Chile), 2016 (Estados Unidos, del Centenario), 2019 y 2023. Estaba previsto que abonara US$ 70 millones más: $30 millones por la de 2016 (US$ 10 millones para Concacaf y US$ 20 millones para Conmebol); US$ 20 millones por la de 2019 (a Conmebol) y la misma cifra por la de 2023. En total, y por derechos televisivos, Datisa debía desembolsar US$ 352,5 millones. Entre supuestos sobornos y pago por derechos, la empresa debía afrontar un costo de US$ 462,5 millones
29,1 millones de dólares
Fue el superávit de Traffic por la Copa América de Venezuela 2007, con una facturación de US$ 64,2 millones, más del doble que en 2001.
«Todos podemos salir lastimados por este tema. Todos podemos ir a prisión»
La frase de Alejandro Burzaco, en la presentación de la Copa América del Centenario, que se jugará en 2016 en EE.UU., integra la acusación del Departamento de Justicia norteamericano contra el ex CEO de Torneos y 13 personas más..
