Un pequeño ejemplo de caradurismo oficial y complicidad silenciosa lo tuvimos esta misma semana, cuando frente a una acusación concreta de practicar macartismo y marginar de las comitivas oficiales a escritores que fueron abiertamente críticos del Gobierno, la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería aseguró que la nómina de viajeros a la Feria del Libro de Guadalajara le había costado al erario 31 millones de pesos y que estaba pletórica de pluralismo ideológico. También agregó que a pesar de esta fortuna, no fue posible subir al avión a los eternos marginados, los sancionados por sus opiniones políticas: Caparrós, Sarlo, Sebreli, Abraham, Asís, Birmajer, Romero, Kovadloff. Pero que ella se había cerciorado personalmente de que sus libros volaran a la ciudad mexicana. Qué generosa. Qué progresista este gobierno de listas negras. Y qué poca solidaridad se ha encontrado entre los escritores bendecidos y la opinión pública. Detrás del discurso cínico, el kirchnerismo mantiene su amenaza implícita: hay hijos y entenados; si quieren seguir participando, a no envalentonarse con el fin de ciclo, porque el que calla gana y el que fustiga, pierde. Y el que pegue a lo sumo que sepa dónde, compañeros. Siempre hay que pegar donde no duele.

Esta misma clase de formato -lamentable combinación de descaro funcional y de indiferencia oportunista-, permitió en su momento que el movimiento nacional y popular acabara con la pobreza estructural por el simple método de ocultarla bajo la alfombra del Indec, y que este montaje fuera consentido por notorias plumas nacionales. Y está logrando ahora que se lleve a cabo con muy bajos costos una de las mayores operaciones de ocultamiento e intimidación de la democracia: destruir al magistrado que investiga el posible lavado de dinero de la familia presidencial, y hacerle creer al pueblo que se busca terminar con los «jueces de la servilleta». Durante once años el kirchnerismo mantuvo buenas relaciones con los jueces federales y últimamente, ya en retirada, se preocupó por juntar denuncias para tenerlos bajo la espada de Damocles. El truco consiste en que los jueces no molesten al poder político, y que si lo hacen, queden a tiro de una destitución. Por esa misma razón, se apuraron a aprobar el nuevo Código Procesal Penal, que faculta a la patrona de Balcarce 50 para nombrar por interpósita persona un pelotón de fiscales con la misión de proteger a los propios y atacar a los ajenos. El cuadro se completa con una escena noir, digna de la Guerra Fría: le ofrecieron a la oposición un canje de prisioneros. Oyarbide por Bonadio. ¿No es maravillosa la Argentina?

Para volar en pedazos al instructor de la causa y proteger al principal sospechoso, se sigue aquel modus operandi del affaire Boudou, donde se usó información confidencial para decapitar al juez y se lanzaron denuncias sin fundamentos para destrozar al procurador. También entonces se habló de golpismo activo, y se realizó en paralelo un desparramo institucional de proporciones bananeras. La reacción del Gobierno fue mucho más grave incluso que el hecho de corrupción que se indagaba. Esa irresponsabilidad hubiera desatado un alboroto gigantesco en cualquier república más o menos civilizada, incluyendo muy especialmente a nuestras vecinas: Brasil y Chile. Aquí no llamó mucho la atención, y con el tiempo se fue olvidando. Todo pasa, compañeros, todo pasa.

La respuesta a la osadía de Bonadio fue similar. El jefe de Gabinete, con su habitual prudencia republicana y su conocida propensión a los matices, declaró que todo el Poder Judicial hacía «política partidaria y corporativa, defendiendo intereses propios y de grupos económicos concentrados». El secretario de Justicia llamó «pistolero» al juez, el piquetero oficial propuso dejar clavada la cabeza de Bonadio en una pica y un senador inclinado al chascarrillo aseveró que en ningún país serio se allana la empresa de una presidenta. La última defensa admite involuntariamente algo cierto: éste no es un país serio. Si lo fuera, no se toleraría que el vicepresidente de la Nación siguiera en su cargo con algunos procesamientos encima. Ni que la primera mandataria pudiera eludir una explicación clara, en tiempo y forma, sobre todos sus negocios privados, que a esta altura son multimillonarios. Tampoco se soportaría que uno de los principales contratistas del Estado tuviera vínculos comerciales y operaciones inmobiliarias, hoteleras y crediticias cruzadas con la jefa de esa misma administración pública. Ni que sus causas se ralentizaran en los tribunales locales y se aceleraran en Uruguay, Suiza y los Estados Unidos. En naciones más maduras la lentitud judicial y la promiscuidad económica no caen muy bien; aquí parecen un mal necesario, una avivada criolla o, a lo sumo, una fatalidad del destino.

La reaparición de Cristina Kirchner tuvo algunas novedades: advirtió que no se dejará apretar por los buitres, insinuando que no habrá arreglo con los holdouts a pesar de que Singer investiga su patrimonio, y sin solución de continuidad apretó a Bonadio. Lo hizo difundiendo información guardada con celo dentro de la Inspección General de Justicia y con la intención de embarrar al juez que la embarró. Como si dijera: soy más inocente si todos estamos en el mismo lodo. La respuesta de Bonadio fue insinuar que no le cierran los números de las declaraciones juradas de la Presidenta, de su socio ni de sus hijos. Se las pidió oficialmente al Gobierno, que pocas horas después sacudió a la opinión pública divulgando la existencia en un banco suizo de 4040 cuentas de argentinos sospechados de evasión. ¿Cómo esconder un elefante? Llenando la cancha de elefantes. Esa misma tarde, el cristinismo dio un paso más: mandó denunciar a Margarita Stolbizer, una de las legisladoras más valientes de nuestro Parlamento, por presunto «enriquecimiento ilícito», justo horas después de que la diputada nacional pidiera públicamente que se reabriera la histórica causa contra el matrimonio Kirchner que en su momento cerró Oyarbide, ayer el salvador y hoy el intercambiable.

Toda esta ruidosa impudicia, toda esta guerra desesperada que transcurre en la gran vidriera nacional, carece sin embargo de un correlato social consistente. Los descalabros institucionales, las corrupciones aceptadas, el disciplinamiento feroz, el silencio de muchos intelectuales y el macartismo son desde hace rato moneda corriente. Hemos perdido la capacidad de sorpresa y de indignación, y tomamos la anestesia por remedio. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque no pasa nada. ¿Por qué nos tratan como imbéciles? Porque a veces lo somos. Es triste y doloroso decirlo. Callarlo sería condenar sólo a los que mandan, engañar a los que tienen esperanzas, crear falsas expectativas y, por lo tanto, practicar otra forma de la demagogia. Nuestro problema es mucho más vasto y profundo que el cambalache kirchnerista.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

¿Por qué nos tratan como imbéciles? Porque a veces lo somos.

“EL GOBIERNO BANANERO QUE VA POR TODO”

Buscan convertir el país en un nuevo paraíso fiscal: el saqueo K no tiene límites

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Los criterios del juez actuante y del político retirado se disiparon. Aquel consejo materno prevaleció más que nada en Bonadio.

Cristina Kirchner tropezó con ese investigador de su fortuna justo cuando todos los jueces federales se han declarado en estado de sublevación. Los que suelen darse una vuelta por Olivos contaron que debieron salir en el acto. La Presidenta tiene un humor de perros desde que Bonadio allanó las oficinas vacías de una empresa suya. Los cortesanos ya no saben qué hacer para calmarle el mal carácter. Acusaron al juez, a la denunciante (Margarita Stolbizer) y a la testigo de la causa (Silvina Martínez, una ex empleada de la Inspección General de Justicia). Revolearon sin confirmar una supuesta información sobre cuentas de argentinos en el exterior y convirtieron a Bonadio en el juez más perseguido y denunciado de la democracia argentina. Necesitan una cortina de humo o sacar un conejo de la galera. Pero el humo se desvanece rápidamente y los conejos salen muertos.

Bonadio está separando las capas de la cebolla que cubren a la persona de la Presidenta. Cuando el jueves pasado le pidió a la AFIP todas las declaraciones juradas de la familia Kirchner (Néstor, Cristina, Máximo y Florencia) apareció claramente la línea de la investigación: no es Lázaro Báez, sino Cristina. O no es sólo Lázaro Báez. La AFIP le devolvió el tamaño de un libro que le llevó seis horas fotocopiar. El juez se propone un cruzamiento de esas declaraciones para establecer de qué manera creció el patrimonio presidencial y por qué. ¿Lo paralizará a Bonadio la inédita campaña en su contra? «La duda era si daba el primer paso, pero ya lo dio. Ahora está en carrera y no puede ni quiere detenerse», asegura otro juez federal. Fiestas de fin de año amargas la aguardan a la Presidenta, que podrían comprometer su jactanciosa popularidad. No hay peor mezcla política que la de una crisis económica, como la que existe, con sospechas de corrupción en el poder.

La última declaración jurada de bienes que hizo Cristina Kirchner como senadora, antes de que su matrimonio llegara al poder, en 2002, consignaba la propiedad conjunta de 25 casas de bajo valor en Río Gallegos. Nada más. No había ninguna empresa ni hoteles ni grandes ahorros. Todo el emporio económico personal que existe hoy fue construido durante la gestión de los dos Kirchner como presidentes de la Argentina.

De todos modos, el gran desafío de Bonadio es comprobar que no se usaron las habitaciones del hotel contratado anualmente por Báez, Alto Calafate. Llegado el caso, deberá citar a declarar, uno por uno, a los supuestos ocupantes de esas habitaciones. Si terminara comprobando que Báez pagó millones de pesos anuales por algo que no usó, el caso de blanqueo de dinero quedará abierto. El blanqueo es la maniobra para convertir en lícitos dineros de origen ilícito. Es un delito autónomo; es decir, no se necesita comprobar el origen ilícito del dinero para configurar el delito.

¿Hasta dónde puede llegar la Justicia con Cristina Kirchner, jefa del Estado? La respuesta no está clara ni siquiera para los jueces. Algunos de ellos sostienen que podría repetirse el caso Boudou: el juez podría terminar en citaciones y procesamientos. Ese sería el límite. Otros no están tan seguros porque se trata de una jefa de Estado. En los tribunales están estudiando, previsores, toda la legislación argentina y extranjera. Hasta una sentencia de la Corte británica sobre el caso Pinochet, cuando el dictador fue detenido en Londres, en la que se hacen largas consideraciones sobre la inmunidad presidencial.

Sea como sea, según los papeles que hay ahora en la Justicia, el rol activo de Cristina Kirchner es nulo o menor en la administración de sus empresas. Es mucho más importante el protagonismo de Máximo Kirchner en esas empresas. De ahí, entonces, la preocupación por «los chicos» que dicen que existe en Olivos. El plural es injusto. No existe ningún papel, informe, testimonio o declaración que involucre a Florencia Kirchner. En cambio, Máximo Kirchner sí tomó decisiones en su nombre y en el de la sucesión de Néstor Kirchner. El hijo presidencial sería la primera figura en ser investigada si se constatara que hubo maniobras sospechosas de blanqueo de dinero.

Máximo Kirchner no tiene fueros, pero tampoco tuvo nunca ningún cargo público. No obstante, el eventual delito de lavado de dinero no es exclusivo de funcionarios; puede ser aplicado a cualquier ciudadano. Los tratos entre Lázaro Báez y los Kirchner o entre los hoteles de éstos y Aerolíneas Argentinas exhiben dosis colosales de chapucería y una igualmente enorme sensación de impunidad. Es habitual, por ejemplo, que se cancele un vuelo de Aerolíneas Argentinas entre El Calafate y Ushuaia. La tripulación de los aviones y los pasajeros son alojados en un hotel de los Kirchner. Nunca se explica la razón de la rutinaria cancelación de ese vuelo.

El cristinismo no tiene dos acciones posibles ante la adversidad. Golpea si está fuerte, y también golpea si está débil. La Presidenta es así. En la encrucijada actual se topó con un juez con la piel curtida para los golpes de la política. Cristina no está dispuesta a pestañear frente al juez, y Bonadio tampoco frente a ella. Los dos son como son.

El revolucionario cristinismo está aplicando el mismo remedio que el menemismo usó en su época agónica. No sólo nosotros somos malos. Todos son malos. Ricardo Echegaray verá caer sobre su persona decena de juicios de personas nombradas por tener supuestas cuentas en Suiza. Violó el secreto fiscal, no investigó para ver si existió un delito y, encima, dejó trascender nombres. El discurso consiste en hacer creer que es un delito que un ciudadano argentino tenga una cuenta en el exterior. Eso no es cierto. No hay ninguna ley que prohíba esa operación bancaria.

Una decisión correcta de la AFIP debió investigar si se trata, en primer lugar, de datos ciertos. En segundo lugar, debió analizar si esos dineros, en caso de existir, fueron o no declarados ante la agencia impositiva. Y, por último, debió emplazar a los dueños de las cuentas a ponerse al día con el fisco, si se comprobara alguna evasión. Una cosa es, por lo demás, el dinero de privados o de empresas privadas. Otra cosa es el dinero acumulado por funcionarios públicos en el ejercicio de su función en el Estado. No todo es lo mismo.

El único discurso que la Presidenta dio desde que se allanó la oficina de su empresa fue emblemático del agobio político e intelectual del oficialismo. Primero, se manifestó extorsionada por un juez, no se sabe si por Bonadio o por Thomas Griesa. «Carancho judicial» le cabe a uno u otro. Pero inmediatamente después empezó ella misma a extorsionar a Bonadio por la supuesta tenencia de acciones del juez de una empresa que estaría en idéntica situación que la de ella. Bonadio tiene el 20 por ciento de acciones de una estación de servicio, que fue el pago que un hermano le hizo por una deuda. El juez le aseguró a su equipo que es la tercera minoría en el paquete accionario y que nunca participó de ninguna decisión comercial.

Sucede lo mismo en el Consejo de la Magistratura. El cristinismo dice que Bonadio tiene nueve causas abiertas ahí; en rigor, tiene ocho. El propio oficialismo dejó pasar los tres años necesarios, en varias de esas causas, para tomar una decisión. Después de ese plazo, las causas contra jueces deben ir al plenario del Consejo para ser cerradas. Nunca fueron cerradas. Las tienen abiertas para ventilarlas en momentos como éste. Aunque nadie imaginó nunca un instante en el que Cristina Kirchner sentiría temor. Su destino está en manos de un juez que recordó que siempre es mejor apurar los malos tragos.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

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CARACAS.- El dólar paralelo en Venezuela subió ayer hasta más allá de las nubes, destrozando todas las previsiones del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando hace menos de dos meses superó la barrera psicológica de los 100 bolívares por billete norteamericano, parecía tocar su techo. Pero nada más lejos de la cruda realidad económica del país: ayer llegó a los 150, empujado por la decisión de la OPEP de no intervenir en la caída del precio del petróleo.

El oro negro a la baja y el dólar blue subiendo a toda velocidad (el cambio oficial está establecido en 6,30 bolívares): sin duda, una pesadilla para el equipo económico del chavismo, empeñado en mantener su «modelo exitoso», pero incapaz de combatir el mercado paralelo más allá de las amenazas de Maduro y sus ministros.

El «hijo de Chávez» vaticinó en 2013 que le iban a «torcer el brazo al paralelo». Rafael Ramírez, que fuera zar económico y ahora canciller, fue incluso más taxativo: «Lo vamos a pulverizar». Hasta el más comedido Jorge Arreaza, vicepresidente y casado con la hija mayor de Hugo Chávez, tampoco acertó en sus predicciones: «Será un mal recuerdo».

La realidad es muy distinta: el dólar negro aceleró su alza semana a semana, cuando antes había necesitado casi todo el año para duplicar su valor. Su influencia en la vida de los venezolanos es más contundente que la de un martillo económico, disparando la inflación (por encima del 70%, la mayor del planeta).

Todos los días, sin descanso, alcanzando cotas impensables para los venezolanos, a los que no sólo les cuesta muchos sacrificios comprar alimentos y productos básicos en colas interminables por culpa de la escasez y el desabastecimiento. Cuando los encuentran, son disparatadamente caros.

En paralelo, el mercado negro se convirtió en un termómetro económico que refleja la incertidumbre que vive el país en medio de una crisis galopante, que el gobierno achaca a la «guerra económica de la burguesía parasitaria». Acusación que el 70% de la población «no cree nada en absoluto», según una encuesta reciente de Datanálisis.

«Frente a la conspiración permanente de la oligarquía y la derecha, sigamos consolidando el poder verdadero que ama nuestra patria», arengó ayer Maduro. En ese mismo momento se registraba el desplome del barril petrolero de Texas, del más del 10% en un solo día.

El precio del barril venezolano, antes de esa dramática caída, se había situado en 68,08 dólares. La explicación oficial, suministrada por el Ministerio de Petróleo y Energía, confirmó que el precio terminó a la baja «presionado por el incremento mayor al esperado de los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos» y por la decisión de la OPEP de «mantener sin cambio su techo de producción», en torno a los actuales 30 millones de barriles diarios.

La mezcla de la escalada de uno y de la caída del otro también obligó a analistas y a bancos a cambiar sus estimaciones, todas ellas negativas para el chavismo, que vive su peor momento tras 16 años de revolución.

Según Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, Barclays informó a sus clientes que el promedio del barril de petróleo local en 2015 girará en torno a los 64 dólares, lo que supondría una caída de 15.000 millones de dólares para las arcas del Estado. Muy lejos quedan los 100 dólares por barril que disfrutó Chávez durante años.

«Es evidente que se aproxima una crisis mayor y es obvio, para la mayoría, que lo que se está haciendo para contrarrestarla no funciona», resumió Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Las redes sociales repetían ayer insaciables las viejas declaraciones de los funcionarios contra el dólar blue, mientras que la oposición, tan dividida, se alineaba con frases muy duras. Entre ellas se destacó la de Henry Ramos, líder de Acción Democrática: «Propongo que se quite el nombre de bolívar a la moneda-basura que difama el nombre del libertador, y que se le ponga el nombre del bicho que la destruyó».

Hugo Chávez impuso el control cambiario hace 11 años. Actualmente rigen en Venezuela distintos tipos de cambio: el fijo oficial (6,30 bolívares por dólar); el Sicad 1 (un sistema de subasta de divisas, controlado por el Estado, que lleva un mes paralizado y que oscila entre 10 y 12 bolívares); el dólar para los viajeros (12), y el Sicad 2 (a 49,98). A ellos se suma el dólar paralelo.

«Las distorsiones cambiarias hacen inmanejable y absurda la economía venezolana. Los resultados están a la vista», sentenció León.

Distorsiones cambiarias

2281% deBrecha

Con el dólar oficial a 6,30 bolívares, y el paralelo a 150, la brecha cambiaria alcanzó un nivel insólito

5 Tipos de cambio

El gobierno venezolano vende dólares con cuatro cotizaciones: el oficial (6,30 bolívares); el sistema Sicad 1 (entre 10 y 12); el dólar para viajeros (12), y el Sicad 2 (49,98); se suma el dólar paralelo (150).

Fuente: La Nación, 29/11/14.

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Luego de que la diputada Margarita Stolbizer (GEN) denunciara a la presidenta Cristina Kirchner y al ministro de Justicia, Julio Alak, por presuntas irregularidades que se verificarían en la firma Hotesur SA, que tiene a la jefa del Estado como accionista, el juez federal Claudio Bonadio allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) y las oficinas porteñas de Hotesur, que estaban vacías.

La denuncia de Stolbizer consignó la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pues, según la diputada, Hotesur incumple sus obligaciones con la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.

Lo grave del caso no sólo es que las sospechas resultaron ciertas sino que la propia Hotesur, en un duro comunicado sin firma, confirmó el incumplimiento de los requisitos legales al tiempo que pretendió minimizarlos como «fallas formales» y «demoras», y cuestionó a Bonadio y a los medios de prensa que divulgaron el hecho. Pese a que Hotesur es una firma privada, su comunicado fue difundido por la agencia oficial Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter.

Hotesur es la empresa que controla al hotel Alto Calafate, de los Kirchner. Como reveló LA NACION en diciembre del año pasado, el pseudoempresario Lázaro Báez había alquilado centenares de habitaciones en ese y otros hoteles de la familia presidencial para empleados de sus empresas constructoras y, si bien pagó por esas prestaciones, sus empleados no se alojaron allí. Maniobras de esta clase suelen darse cuando se lava dinero.

A raíz de la denuncia de Stolbizer, el fiscal federal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción ante Bonadio, quien ordenó los allanamientos. Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, esa medida formó parte «de un golpismo activo del Poder Judicial», una expresión tan inadmisible como lamentable.

La investigación de este diario había revelado que en la IGJ, uno de los tantos organismos copados por el kirchnerismo, no sólo se encubría al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, sino también a Hotesur, sociedad anónima que adeudaba la presentación de los balances de 2011, 2012 y 2013 y el pago de tasas correspondientes, no informaba quiénes integraban su directorio desde hace años y sus directores incumplían la normativa sobre lavado de activos que dictó ese organismo, que obliga a detallar si algunos de ellos son «personas políticamente expuestas«.

Además, la firma controlante del Alto Calafate presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de haber vencido el plazo. Tras confirmarse las irregularidades, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció ayer que a Hotesur sólo se le aplicará «una multa de 3000 pesos».

Similares protecciones recibieron tres empresas de Báez: Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar, además de la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo y la deficitaria Aerolíneas Argentinas.

Como puede advertirse, existe por parte de la IGJ una clarísima voluntad de encubrir las irregularidades en que incurren las máximas autoridades nacionales y sus allegados, socios o testaferros.

A raíz de las revelaciones de este diario, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de «maniobras desestabilizadoras». En cambio, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart inició una investigación penal y allanó en diciembre del año pasado las oficinas porteñas de Báez.

En la sucesión de escándalos que constituye uno de los más genuinos legados del kirchnerismo, es fácil perder de vista cuáles revisten especial gravedad. El de Hotesur es uno de los principales y quizás uno de los más sensibles porque se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que, tras su muerte, quedó bajo control de su esposa y de los hijos del matrimonio, Florencia y Máximo. El valor de las acciones de la Presidenta en esta firma es de 9.367.528 pesos, según su declaración jurada de bienes.

Por tratarse de la cabeza del Poder Ejecutivo, lo atinente a Hotesur debería exhibir la mayor transparencia. En cambio, allí sólo hay ocultamiento y franco incumplimiento de las normas.

Es inadmisible que una sociedad que pertenece a la Presidenta y a sus hijos tenga tantos y tan graves incumplimientos y reciba una tan descarada protección por parte de organismos de control del Estado, como la IGJ, que encubre irregularidades de altos funcionarios y persigue a sociedades que el Gobierno considera enemigas.

Casos de violaciones flagrantes como el de Hotesur permiten comprender las razones de la urgencia del kirchnerismo por reformar el Código Procesal Penal. Y también permiten confirmar que el kirchnerismo sólo se concibe a sí mismo fuera del alcance de la leyes y, por lo tanto, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie. Lo demostró el senador Aníbal Fernández cuando, desde el colmo del desparpajo y la ignorancia, afirmó, refiriéndose al allanamiento, que «en ningún país serio del mundo, si es una empresa del presidente, hacen este gesto».

Una vez más, nos hallamos ante el ejercicio de un poder feudal.

Fuente: La Nación, 25/11/14. Editorial.

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El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.

Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.

La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de «hostigamiento judicial» y de «golpismo activo del Poder Judicial», términos que fueron duramente criticados.

«Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria», afirmó Capitanich, quien planteó que «la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente».

Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.

No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.

El último balance, correspondiente a 2010, se complementó con el acta de una supuesta asamblea que se celebró durante 2011 para aprobar ese ejercicio y en la que habría participado el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Esa acta, sin embargo, registra sus propias inconsistencias. Entre otras, se consignó el departamento «A» del 4° piso de la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires como la sede en que se celebró el encuentro. Pero para entonces ése ya había dejado de ser el domicilio donde funciona la sociedad presidencial, según informó el abogado que registra esa oficina como propia desde hace ya cuatro años.

De verificarse esa anomalía, Hotesur no sólo omitió inscribir ante la IGJ el cambio de sede social, como impone la ley, sino que habría declarado un domicilio falso ante el organismo que debe controlar las sociedades que se constituyen o fijan su sede en la ciudad de Buenos Aires.

De esos últimos movimientos societarios correspondientes a 2010 y 2011 surge además que los actuales dueños de Hotesur continúan en las sombras. Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó esa firma en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, ante la IGJ consta mucha menos información. Apenas que las acciones quedaron dentro de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010, sin detallar sus actuales titulares o sus porcentajes accionarios.

Según informó la IGJ mediante un comunicado que difundió anteayer, y Capitanich repitió dos veces durante su conferencia de prensa, «Hotesur SA se encuentra entre las sociedades activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis».

De la documentación que ahora analiza la Justicia surge que, en efecto, los responsables de Hotesur presentaron la declaración jurada que impone la ley, pero lo hicieron recién en abril de 2012 -vencido el plazo previsto-, en la que reafirmaron como su sede legal el domicilio de Lavalle 975 cuando esa oficina ya se encontraba en realidad en manos de un abogado.

La propia IGJ verificó la inconsistencia de ese domicilio cuando un año después intentó intimar a Hotesur para que pagara las tasas que adeuda desde 2009 y presentara los balances pendientes de los últimos años. Le envió una carta documento que volvió al organismo porque en esa oficina ya no funcionaba la sociedad presidencial.

Desde la IGJ, sin embargo, no ordenaron la inspección de rigor en la supuesta sede social para verificar qué ocurría. De haberse comprobado esa información inconsistente, combinado con que además ya adeudaba balances y tasas de varios años, el organismo habría quedado habilitado para pedir la cancelación judicial de su personería.

En vez de seguir ese camino -o al menos aplicar multas-, el legajo de Hotesur refleja que la IGJ no avanzó más. De hecho, esa intimación fallida por carta documento ni siquiera incluyó las firmas de los funcionarios que la dispusieron, acaso para protegerlos de eventuales represalias. Pero allí no se acaban las divergencias entre la versión oficial y lo que surge del legajo de Hotesur, en línea con lo que LA NACION comenzó a revelar en diciembre de 2013.

En su comunicado de anteayer, la IGJ también aludió a sus «competencias de fiscalización» y a un programa de «reempadronamiento y depuración societaria» que abarca a decenas de miles de firmas como Hotesur. Pero del legajo de Hotesur, sin embargo, no surge que se haya dispuesto ningún trámite de fiscalización concreto sobre la sociedad de la familia presidencial.

Denunciarán a D’Elía por amenazas

• El ex funcionario kirchnerista y dirigente piquetero Luis D’Elía se sumó a la embestida de Capitanich contra la Justicia y pidió «simbólicamente» dejar «clavada en una pica la cabeza de (Claudio) Bonadio». El diputado de Unión Pro Juan Pablo Arenaza anunció ayer que el martes presentará una denuncia penal por «amenazas de muerte» contra el dirigente kirchnerista.
• Desde su cuenta de Twitter, D’Elía calificó a los jueces de «mafia» y de buscar un «golpe destituyente», y vinculó a los magistrados que investigan un hotel de Cristina Kirchner con candidatos a presidente al escribir «Bonadio (Massa) y Stornelli (Macri y funcionario de Scioli). Están detrás de esta operación judicial-mediática».
• En tanto, el diputado porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó a D’Elía como «un provocador que sólo aspira a generar violencia».

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Del editor: qué significa. Según cuentan en su entorno, la Presidenta está preocupada por el avance de esta causa, y por la que los fondos buitre impulsan en la justicia de Nevada.

Fuente: La Nación, 23/11/14.

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El activista y ex funcionario del kirchnerismo Luis D’Elía criticó esta mañana duramente a los jueces que llevan adelante la investigación sobre las actividades de un hotel de la presidenta Cristina Kirchner y los calificó de «mafia» y de buscar un supuesto «golpe destituyente».

En un intento por fortalecer las declaraciones que hizo ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, contra la pesquisa judicial sobre el patrimonio de la mandataria, D’Elía sostuvo que «simbólicamente debemos dejar clavada en una pica la cabeza de (Claudio) Bonadío, en la vereda de Comodoro Py».

«Destitución ya», apuntó el ex legislador bonaerense en su cuenta en Twitter. A tono con la postura oficial, pidió decirle «no al golpe de la mafia judicial». Y, vinculó a los jueces con candidatos a presidente al escribir «Bonadio (Massa) y Stornelli (Macri y funcionario de Scioli). Están detrás de esta operación judicial-mediática».

D’Elía consideró también que «los buitres de adentro y afuera como no pueden ganarle una elección a (la presidenta) @CFKArgentina juegan la última carta. Destitución vía la mafia judicial».

«Fracasado el golpe financiero contra el dólar, volvieron los buitres de adentro a meter miedo con la seguridad», apuntó en otro mensaje en las redes sociales.

Los tuits de D´Elía

-ANTE EL GOLPE Simbolicamente debemos dejar clavada en una Pica la cabeza de Bonadio en la vereda de Comodoro Py DESTITUCIÓN YA

-ANTE EL GOLPE DESTITUYENTE Simbolicamente debemos dejar clavada en una Pica la cabeza de Bonadio en la vereda de Comodoro Py DESTITUCIÓN YA

-LOS BUITRES DE ADENTRO Y AFUERA COMO NO PUEDEN GANARLE UNA ELECCIÓN A @CFKArgentina JUEGAN LA ÚLTIMA CARTA DESTITUCION VÍA LA MAFIA JUDICIAL

-Bonadio, Campagnoli, Stolbizer, Carrió. Son armas del Circulo Rojo para atacar al Kirchnerismo y estigmatizarlo. No pasarán!

-NO AL GOLPE DE LA MAFIA JUDICIAL Bonadio (MASSA) y Stornelli (MACRI Y FUNCIONARIO DE SCIOLI) Estan detrás de esta operación judicial-mediática.

Fuente: lanacion.com, 22/11/14.