En esta foto importa lo que no se ve. Detrás del escudo del Servicio Penitenciario Nacional y de los policías se esconde Lázaro Báez, que a su vez oculta a una ex presidenta en apuros que, de igual modo, mantiene bajo siete llaves secretos inconfesables. De ver la luz, sumirían al país en la vergüenza tanto como habilitarían la posibilidad de un destino. Al registrar la escena así, el reportero gráfico capturó mucho más que una nueva visita del detenido empresario kirchnerista a los tribunales de Comodoro Py. Perdió al hombre, pero graficó de algún modo la cadena de ocultamientos que hasta aquí se ha mantenido gracias a una impunidad que empieza a resquebrajarse. Una vez más, Báez se negó a declarar. ¿Qué falta hace, a estas alturas? Gracias al periodismo, y a algunos jueces y fiscales, se ha visto suficiente. Sólo hace falta pelar la cebolla judicial. Tirando del hilo del expediente se llega al verdadero negocio de Báez. Y a la ex presidenta y sus secretos inconfesables.
AUDIO – Alfredo Leuco: “Cristina miente, pobre ‘arquitecta egipcia’ no tiene ni un ranchito propio”
AUDIO 31/10/16 – Alfredo Leuco: “Cristina miente, pobre ‘arquitecta egipcia’ no tiene ni un ranchito propio”
Un nuevo editorial del periodista habla sobre la expresidente y dice: “Cristina miente cuando dice que el gobierno la quiere proscribir, Cristina miente cuando dice que es una perseguida política. Administración infiel que tiene una pena que va de 2 a 6 años. Es por la causa de dólar futuro que lleva el doctor Claudio Bonadío quien ya la procesó, asociación ilícita que tiene una pena de 5 a 10 años, Malversación de fondos ( 2 a 10 años), abuso de autoridad (1 mes a 2 años); lavado de dinero (3 a 10 años) y asociación ilícita nuevamente ( de 5 a 10 años)”… y siguió.
No es materia opinable que al gobierno macrista le conviene la participación de Cristina Fernández y de Daniel Scioli en los comicios legislativos bonaerenses, que habrán de substanciarse en octubre del año próximo. Desde cualquier ángulo que se analice el tema, la presencia de la ex–presidente y del ex–gobernador en las boletas del FPV representaría una ventaja inestimable para los candidatos de Cambiemos en el principal distrito electoral del país. Ahora bien, de lo dicho no se sigue —al menos no necesariamente— que la Casa Rosada haya puesto en marcha una estrategia con el propósito de retrasar las causas judiciales que involucran a la viuda de Kirchner y así dejarla a cubierto de cualquier inclemencia que terminará con ella en la cárcel.
En las últimas semanas, no han sido pocos ni de menor calado los políticos, intelectuales influyentes, periodistas de nota e inclusive empresarios de primer nivel que han voceado su preocupación al respecto. Están los que sostienen, a quien quiera escucharlos, que la maniobra existe y que hubo operadores encargados de sondear el ánimo de dos jueces federales: Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Hay otros, en cambio, que no se animan a tanto a la hora de involucrar al oficialismo y sólo apuntan al hecho de la demora, sin hacer referencia a los posibles responsables de la misma.
En realidad, el asunto es parte de la campaña ya lanzada, en correspondencia con las elecciones de octubre de 2017. Se mezclan, a veces de manera intencionada y a veces por ignorancia, cosas diferentes. A un mismo tiempo, se establecen relaciones de causa y efecto como si fuesen verdades reveladas. Por cierto, lo que primero aparece en escena es un espejismo que muchos toman como dogma de fe y convierten en premisa mayor de todo un razonamiento conspirativo: la presunta demora en las causas en donde Cristina Fernández se halla imputada. Pero lo que se da por sentado, debe antes probarse. Y nadie ha demostrado, más allá de duda, que exista una voluntad de la Justicia federal de darle largas a las mencionadas imputaciones. Si estuviésemos en los Estados Unidos el tiempo transcurrido sería sospechoso. En estas playas es lo más normal del mundo.
El segundo dato que pone en tela de juicio la especie echada a correr y ante la cual el macrismo —siempre temeroso del qué dirán— se apuró a salirle al cruce, es el perfil de los dos magistrados arriba nombrados. Es difícil, por no decir impensable que, a esta altura de las investigaciones en las que se hallan comprometidos —con una sociedad sensibilizada como pocas veces en nuestra historia, y con la atención de los principales factores de poder puestos sobre Comodoro Py—, Bonadio y Ercolini se prestasen a ser parte de una jugada espuria por donde se la mire. No tienen nada que ver con algunos de sus pares, como Eduardo Freiler y Sebastián Casanello.
Además, hay un tercer elemento de juicio susceptible de ser tenido muy en cuenta y ponderado en su debida dimensión: la falta de voluntad y de organización por parte del presidente de la Nación para operar en un terreno que desconoce y al que, por momentos, detesta: el judicial. Mauricio Macri se siente inseguro cuando debe lidiar con estos temas y, en buena medida, ésa es la razón en virtud de la cual ha cometido tantos errores. Imaginar que un oficialismo que carece de interlocutor válido ante la Corte Suprema y Comodoro Py vaya a arriesgarse a dar un paso así de osado, es no entender sus limitaciones. Menem o Kirchner no hubiesen dudado un instante en avanzar por ese camino en caso de estar convencidos acerca de la utilidad de la maniobra. Macri se encuentra en sus antípodas.
Hay en todo esto dos hechos incontrovertibles: la demora judicial y la conveniencia del gobierno. La primera —como quedo dicho antes— es algo natural en atención a que muchos juzgados se hallan colapsados. En cuanto respecta a la ventaja que le reportaría al oficialismo la decisión de la Fernández de figurar como candidata a senadora o a diputada el año que viene, es tan obvia que no requiere demostración. La dispersión de las tribus peronistas lleva agua a los molinos de Cambiemos. Sin embargo, de los dos hechos resulta ilegítimo tejer una conspiración de fantasía.
No deja de ser curioso el panorama que se nos presenta. Mientras el kirchnerismo puro y duro se empeña en alertar a la ciudadanía sobre una suerte de complot del gobierno y algunos jueces federales, cuyo propósito sería procesar y mandar a detener a la mujer que siguen reverenciando, en la vereda antikirchnerista se sospecha lo contrario: que en Balcarce 50 anida la intención de salvar a Cristina de las rejas. Unos como otros dan por sabido, como si fuera una suma de 2 + 2, la capacidad omnímoda del macrismo de presionar y torcerle la mano a los magistrados. Estos vendrían a ser una especie de marionetas que los hábiles operadores gubernamentales manejarían a voluntad.
Las cosas no son tan sencillas de resolver ni se desenvuelven en forma lineal. Nada quita que una operación por el estilo pudiese desarrollarse. Todo es posible en un país donde las instituciones son continentes sin contenido. Pero al margen de los beneficios que el oficialismo podría cosechar si todo saliese a pedir de boca, no hubiese filtraciones que dejasen al gobierno y a los jueces en una posición incómoda, y los actores involucrados cumpliesen el papel asignado a la perfección, lo cierto es que hoy nadie está dispuesto a ensayar un plan siquiera parecido al que comentamos.
La pregunta que es inevitable responder no es otra que esta: ¿tan trascendentes resultan los comicios venideros como para justificar una movida de tamaño calado? No se halla en disputa la presidencia; sólo dos gobernaciones de importancia menor se renuevan —Santiago del Estero y Corrientes—; aún triunfando, la coalición oficialista sumaría, apenas, cuatro o cinco senadores más de los que forman hoy su bloque y, por fin, podría aspirar a acrecentar su caudal en la cámara baja en un número cercano a los quince o veinte diputados. No parece, cuanto está en disputa, nada del otro mundo. Por de pronto, ganar o perder en 2017 no supone ganar o perder en los cruciales comicios de 2019. Los Kirchner fueron derrotados en su bastión bonaerense por Francisco De Narváez en 2009. Dos años más tarde Cristina Fernández era reelecta, cosechando más de 50 % de los votos nacionales.
Una última observación: el plan para salvar a la viuda de Kirchner parte de la base de que sería una pieza fundamental en la provincia de Buenos Aires. Pero Cristina Fernández también podría presentarse en Santa Cruz. Conviene no transformar las coincidencias en complots. Esta es la única conclusión válida.
Fuente: Informe de Coyuntura. Massot y Monteverde, 25/10/16.
El increíble ex técnico del Indec que todavía defiende sus números
“Por supuesto que los datos que dimos fueron reales”, asegura el jefe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec con Moreno. Hablar de “ni-ni” estigmatiza, dice.
Por Patricia Valli.
Con memorabilia K y perfil en Twitter como “soldado del Pingüino”, hoy en LinkedIn se define como “consultor en investigación social”.
.
.
Después de que la nueva dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el 32% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza, la vieja gestión del organismo salió a defender los números que publicaron en su momento y que fueron discontinuados en 2013.
“Por supuesto que los números que dimos fueron los reales”, sostuvo el ex director de la encuesta permanente de Hogares (EPH) –hasta diciembre de 2015–, Claudio Comari.
Hoy devenido “consultor en investigación social”, autodefinido como “soldado del Pingüino” y vinculado al ex ‘supersecretario’ Guillermo Moreno a través de las mesas de economía del PJ Nacional, Comari estuvo a cargo de la encuesta que sirve de base para medir la pobreza e indigencia según el nivel de ingresos.
“Cristina no mintió. En 2013 teníamos de 5 a 6% de pobreza”, sostiene uno de los tuits que refrenda, vinculados con la explicación del ex secretario de Comercio Interior en su programa de radio La hora de Moreno.
Comari llegó para reemplazar a Cynthia Pok al frente de la EPH, quien había sido desplazada por la intervención a mediados de 2007. En 2009 hubo una orden no escrita de Moreno, trasladada a Recursos Humanos del Indec, para que Comari la reemplazara oficialmente.
Ni-ni tampoco. De origen cordobés, “especialista en diseño, gestión y análisis de encuestas a hogares”, según su propio “curriculum vitae”, Comari incluso basó su tesis doctoral en los llamados ni-ni, los jóvenes que no trabajan ni estudian y que, según el Banco Mundial, ascienden a unos 900 mil en la Argentina, el 20% de la población entre los 15 y los 20 años. Para él, sin embargo, no existe esa categoría.
“Nunca como hoy hubo tantos jóvenes estudiando ni en el mercado de trabajo. Las connotaciones negativas que acompañan las caracterizaciones de los jóvenes ni-ni, ¿no son una contribución de la academia a la estigmatización y los repudiables “linchamientos?”, escribió en una columna publicada en el diario Página/12 en 2014.
“La hipótesis de la generación ni-ni es infundada o, mejor dicho, se basa en que quienes no trabajan y no estudian (suficientemente) son los investigadores que instalan esta categoría de análisis”, ponderó.
La “estigmatización”, por entonces, ya había sido instalada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, que ante las nuevas cifras de pobreza del Indec sostuvo que “se sobrestima la medición en unos 10 o 15 puntos más”.
El morenismo sostiene que “el piso no es 25”, en relación al porcentaje de pobreza que se había estimado como mínimo de la “herencia”. Los razonamientos, en tanto, no están atados a la medición de pobreza por ingresos.
“En 2006 tuvimos 27% de pobres, si hoy tenemos 32,2%, el piso no es 25%. Asignación Universal por Hijo (AUH), nuevos jubilados y crecimiento del PBI (24%) redujeron pobreza sólo en 2%?”, se preguntó desde el programa radial del ex secretario de Comercio Interior sobre el aporte de las políticas oficiales pero sin medir el impacto de la inflación real en una medición por ingresos.
Un índice que no fue
El gobierno de Cristina Fernández discontinuó la publicación del índice de pobreza e indigencia en 2013. Sin cifras en un año y medio, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, negó que hayan negado la pobreza.
En una entrevista al Tribuno, remarcó que la medición por ingresos no toma otras variables: “Cómo está tu casa, cuáles son tus perspectivas y cómo funciona tu economía real”, detalló.
En ese marco, aseguró que bajo su gestión se estaba trabajando “para hacer un índice por ingreso basado en nuestro IPC nacional junto a los organismos más prestigiosos del mundo, algo que luego discontinuó Macri”.
Durante su gestión, el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había explicado sobre “problemas de empalme” para difundir nuevas estadísticas de pobreza, al tiempo que el propio Kicillof dejó para la historia la frase de que “es estigmatizante” hablar de un número de cantidad de pobres.
—Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diaro Perfil.
La caída del imperio de Lázaro Báez: ahora cerró su diario y su FM
Corrupción K. Los medios del empresario K ya habían reducido al mínimo su personal. Pero tras deberles tres meses de sueldo, decidió darlos de baja. Reclamo de los ex empleados.
Por Lucía Salinas.
Después de casi una década el multimedio del empresario K cerró. En la calle quedaron 19 familias a quienes se les adeudaban tres meses de salario. La oferta final a un grupo de trabajadores la encabezó Roberto Saldivia, el abogado de Báez, que hace unos meses buscó minimizar la relación que los une. Según el relato de los ex empleados del diario Prensa Libre y Magna FM, «todo se hizo sin un mes de pre aviso y sin pagar lo que correspondía». Desde la empresa señalaron a Clarín que buscarán «cancelar la totalidad de la deuda».
Fue su primer y único multimedio. Muchos creyeron que buscó competir con Rudy Ulloa por la pauta oficial, pero lo cierto es que tenía dos objetivos: “limpiar” su imagen de cara a la sociedad, que ya comenzaba a notar su incremento patrimonial y que veía sus propiedades custodiadas celosamente; y, principalmente, supervisar todo lo que en la provincia se hablaba de Néstor Kirchner y de él.
Lázaro Báez embargado por la Justicia.
El lugar que eligió el empresario K para defenderse de las denuncias por lavado de dinero, ya no saldrá a la calle. La empresa Alucom y Diagonal Sur, manejadas por los hijos de Báez, eran las responsables el último tiempo de hacer frente a los salarios. Bajo la dirección de Diego Navarro, mano derecha de Lázaro y uno de los pocos que semanalmente lo visitaba en el Penal de Ezeiza, el multimedio llegó a su fin.
Valuado por la Justicia en $ 10 millones después de ser allanado en la causa de la Ruta del Dinero K, el grupo Magna mantenía un pequeño staff que fue achicándose los últimos años. De unos 50 trabajadores incluyendo administrativos y maestranza, sólo quedaron 19 personas. La dirección del diario a cargo no logró obtener todos los fondos necesarios para cancelar el 100% de las deudas contraídas y al igual que otras firmas del holding, no pudo continuar con su actividad.
El ingreso al multimedio Magna en Río Gallegos.
Preso hace cinco meses por lavado de dinero y con un embargo de $ 800 millones, el imperio que Báez construyó en 12 años, no deja de derrumbarse. La Justicia ordenó embargar preventivamente 1.500 propiedades, vehículos, empresas. En este escenario, desde el Penal de Ezeiza dio la orden de que su diario y la radio se cierren. Hoy ninguno de los trabajadores pudo ingresar al edificio. Hace un mes, se enviaron telegramas para que los empleados se dieran por despedidos después de tres meses de no cobrar sus salarios, vacaciones y aguinaldos, Otro grupo que esperó la comunicación oficial del Grupo.
El viernes pasado fue la última reunión y allí se explicó que no había «más fondos», pese a recibir $ 33.800 millones del Estado nacional sólo para obras viales. Se cancelaron algunas deudas vinculadas a los haberes, pero no se cubrió la correspondientes indemnización. «Esto viene hace tiempo como también la falta de insumos en el diario, nos dijeron que era la única oferta posible o que iniciemos acciones legales y que nos íbamos sin un peso», explicó aClarín uno de los trabajadores con más antigüedad en Prensa Libre.
El diario de Báez, cuando dio la noticia de su detención.
Hace una semana que el diario ya no sale a la calle. Había disminuido sustancialmente su tirada: la última vez que se comercializó no superó los 80 ejemplares y varios de ellos se regalaban en las estaciones de servicios del Grupo Austral. La principal caja del diario era la constructora que recibió durante el kirchnerismoUS$ 2.200 millones, tal como reveló Clarín.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
En las pocas páginas de Prensa Libre se podía ver mayoritariamente la publicidad de diferentes empresas del Grupo Báez: desde las estaciones de servicio, las firmas dedicadas al catering industrial, hasta una gomería.
Sin un Kirchner en la Casa Rosada que garantice los fondos correspondientes a los certificados de obra, los despidos fueron masivos. De Austral Construcciones se pasó de 5.000 a 30 empleados y el multimedio se redujo los últimos años de manera constante.
Caso Nisman: la Corte declaró la competencia de la justicia federal
La muerte del fiscal de la AMIA: Por unanimidad, el máximo tribunal ordenó que la causa vuelva a manos del juez federal Ercolini.
Por Daniel Santoro.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia de la Justicia federal en la investigación del caso Nisman, dándale la razón al reclamo de la familia del fiscal de la AMIA. De esta forma, la causa deberá volver a pasar a manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Así rechazó la decisión de la Cámara de Casación porteña de que la causa volviera a manos de la jueza del fuero penal ordinario Fabiana Palmaghini, criterio que también había sostenido la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
«La cuestión planteada en la presente resulta sustancialmente análoga a la resuelta en la fecha en el expediente» en el 2015 dice el fallo donde se hablaba de la jurisdicción de la justicia federeal.
La resolución señala que se escuchó a «la señora Procuradora General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso ex- traordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se declara la competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que entienda en la presente causa».
A principios de año, luego de escuchar el testimomio del ex jefe de la SIDE Antonio Stiuso, la jueza Palmaghini había pasado la causa al juez federal Ercolini. Pero la defensa del técnico Diego Lagomarsino apeló y la Cámara de Casación porteña -integrada por jueces de Justicia Legítima- ordenó que volvier a manos de Palmaghini.
Caso Nisman: en una solicitada piden la destitución del juez Rafecas
Familiares de víctimas del atentado de la AMIA cuestionan su decisión de no haber hecho lugar a la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal contra la ex presidenta y otros funcionarios.
El juez federal Daniel Rafecas ingresa a los Tribunales de Comodoro Py.
BUENOS AIRES — Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, dirigentes y referentes de la comunidad judía publicaron una solicitada para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas.
“El juez Rafecas debe ser removido”, se titula el texto que apunta a la negativa del magistrado para hacer lugar la denuncia de Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, por presunto encubrimiento de los imputados, tras el cuestioando Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.
Entre los firmantes se encuentran los diputados Elisa Carrió y Waldo Wolff, los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez, la ex vicejefa de gobierno porteña, Cecilia Felgueras y el ex representante ante las Naciones Unidas Emilio Cárdenas, entre otros.
EL TEXTO COMPLETO
“Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013.
Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo record. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas.
La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr. Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de éste último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia.
Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la Amia, constituye también otro delito de lesa humanidad.
Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA [NdR: en rigor, fue la DAIA], el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro ‘temor de parcialidad’, Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su ‘meritoria’ desestimación del pedido del Fiscal Nisman.
Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria”.
La insolvencia es un estado de cesación de pagos del deudor sin que sea necesaria la declaración judicial en concurso o quiebra. Es una acción para disminuir, por medio del fraude, el patrimonio para no cumplir con las obligaciones tributarias y previsionales (…) La figura es la provocación de la insolvencia, pero el dolo aparece cuando ella se provoca al tomar conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial para cobrar las obligaciones tributarias y previsionales, las que no se pagan por ese obrar. (…) El «momento de conocimiento de iniciación» será: a) en los procedimiento administrativos, con el acta que notifica la iniciación de verificación; b) en las ejecuciones fiscales, en la oportunidad de la emisión de boleta de deuda; y c) en los juicios ordinarios, con el traslado de la demanda si no hay una actuación anterior verificable como cartas documento o intimaciones fehacientes.
(Fuente: GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana C., Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Ed. Lexis Nexis, 9na. Ed., Buenos Aires, 2005 p. 893).
Para analizar: ¿Constituye este caso -abajo detallado- una insolvencia fraudulenta?
Cristina cedió bienes a sus hijos tres días después de su procesamiento
Lo hizo tres días después de que fue procesada en la causa del dólar futuro; las propiedades quedaron a nombre de Máximo y Florencia.
Por Mariela Arias y Maia Jastreblansky.
Cristina Kirchner cedió inmuebles a sus hijos en medio de la tormenta judicial.
Ocurrió tres días después de su primer procesamiento y un mes y medio antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos. El lunes 16 de mayo pasado, Cristina Kirchner cedió a sus hijos inmuebles que formaban parte de su patrimonio. Lo hizo en medio de sus visitas a Buenos Aires y cuando el frente judicial en su contra avanzaba sin pausa. Así surge de por lo menos tres informes de dominio del registro oficial de Santa Cruz a los que accedió LA NACION.
La ex presidenta mencionó la cesión de bienes a Máximo y Florencia Kirchner en uno de los descargos que hizo este año a través de Facebook. «El 50% de los activos financieros, los bienes muebles y los inmuebles que me correspondieran en concepto de bienes gananciales en la sucesión de Néstor Carlos Kirchner fueron cedidos legítima y legalmente a mis hijos, dentro del expediente sucesorio», dijo.
Hace unos días, la diputada Margarita Stolbizer presentó un escrito en la Justicia en el que acusó a la ex presidenta de «insolvencia fraudulenta», es decir, de desprenderse de sus activos para preservar su patrimonio de medidas judiciales. Ahora se conoce la fecha en la que, por lo menos tres de esas propiedades fueron registradas a nombre de los hijos: fue en la tercera semana de mayo, mientras Cristina apelaba el procesamiento que había ordenado el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro. Los documentos a los que accedió LA NACION también muestran que hubo inconsistencias en las declaraciones juradas de los Kirchner: hay inmuebles que fueron declarados como propiedad de Néstor, pero que siempre estuvieron a nombre de Cristina
La información surgió luego de que LA NACION accedió a la nomenclatura catastral de inmuebles de los Kirchner y solicitó información al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz. Este organismo dio como respuesta informes de dominio sobre tres terrenos.
El primero de los informes está referido a un predio de 4,4 hectáreas en El Calafate (de nominación catastral «fracción CLIX») que los Kirchner compraron en 2007 por $ 264.638, es decir, a $ 6 el metro cuadrado. En el Registro de la Propiedad Inmueble el primer asiento de esa propiedad indica que el lote fue adquirido a nombre de Cristina Kirchner, a pesar de que en las declaraciones juradas siempre fue declarado como de Néstor (y desde 2011, como «herencia»). El asiento N° 2 es el de mayo de este año: allí se registra el 50% del lote a nombre de Máximo y el otro 50%, a nombre de Florencia. Y se agrega: «Inscripción de inmueble por adjudicación en sucesión: autos caratulados Kirchner Néstor Carlos s/ sucesión».
El segundo de los documentos es sobre una parcela de 1,8 hectáreas, la «manzana 192 B», también en El Calafate. En este caso es Néstor Kirchner quien figura como comprador inicial, en 2007. Lo adquirió por $ 136.935, es decir, a $ 7,5 el metro cuadrado, el valor fiscal de la tierra en Santa Cruz en aquel momento. Fue parte de la compra de más de 200.000 metros cuadrados que los Kirchner realizaron en la década pasada.
En este inmueble, Cristina nunca llegó a figurar como titular en el Registro de la Propiedad: el primer asiento es de 2007 y el siguiente es recién de mayo de este año, cuando fue anotado a nombre de los dos ex hijos presidenciales en partes iguales.
El último informe de dominio es sobre un predio de 3,6 hectáreas que fue inscripto a nombre de Cristina Kirchner en febrero de 2007, cuando aún era primera dama. El último asiento se registró el 16 de mayo de 2016, cuando se inscribe la titularidad de predio a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
Se trata de la «quinta 10 A», adquirida a 150.000 pesos. Sobre ese lote fue ampliado el hotel boutique Los Sauces, un complejo que mantiene la fachada típica de casa de campo patagónica, aunque en su interior guarda una decoración temática y refinada y suites distribuidas en cuidados jardines internos.
En este último caso, de nuevo aparece una contradicción con las declaraciones juradas: a la Oficina Anticorrupción el ex matrimonio presidencial le informó que la «quinta 10 A» pertenecía a Néstor Kirchner y no a su esposa, como figura en los registros oficiales.
La herencia
Según se desprende de los documentos oficiales a los que accedió LA NACION, Cristina nunca llegó a registrar el 50% de esos inmuebles en los seis años que transcurrieron desde la muerte del ex presidente. Abogados consultados por este medio explicaron que en todas las sucesiones, cuando los bienes de uno u otro cónyuge son gananciales (es decir, adquiridos durante el matrimonio), los jueces ordenan inscribirlos «en la proporción que marca la ley». Esta composición significa un 50% para el cónyuge superviviente y el otro 50% para los hijos en partes iguales.
Con estos porcentajes, de hecho, fue que Cristina informó los bienes heredados en sus declaraciones juradas a partir de 2011. También Máximo declaró un 25% de los activos que eran de su padre en sus presentaciones como diputado nacional. Los documentos muestran, sin embargo, que nunca llegaron a ser inscriptos de este modo ante el Registro de la Propiedad Inmueble.
Según fuentes especializadas, los Kirchner pudieron haber realizado este año un «adelanto de herencia» y un «acuerdo privado de partición de bienes», con lo que quedaron las propiedades en titularidad de los hijos. La inscripción oficial fue realizada pasados más de cinco años de la muerte del ex mandatario y a pocas semanas de que se dispuso la inhibición de bienes de Cristina Kirchner.
Alerta en la Justicia
La cesión de inmuebles no fue el único movimiento que hizo Cristina Kirchner este año. También le transfirió el dinero de sus plazos fijos a Florencia Kirchner. Son los US$ 5,6 millones que fueron encontrados en una caja de seguridad y en una caja de ahorro en el Banco Galicia y que quedaron embargados por el juez Julián Ercolini en la causa Hotesur.
Cristina reconoció que dolarizó esos fondos y se los cedió a su hija a principios de año. Pero la Justicia ya advirtió que esto puede significar un intento de la ex presidenta de insolventarse.
El fiscal Gerardo Pollicita, que interviene en Hotesur, alertó en ese entonces acerca de presuntas pruebas que mostrarían que la ex presidenta quiso sustraer los fondos del control de la Justicia y que, para eso, se los traspasó a su heredera. «Resulta determinante la fecha de apertura de las cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner -3 de marzo de 2016-, esto es sólo cuatro días hábiles posteriores a que su madre fuera convocada por el juez Bonadio a prestar declaración indagatoria en la causa dólar futuro», dijo en su resolución el fiscal.
Ahora se conoce que el desprendimiento de bienes inmuebles fue sólo tres días después de su procesamiento.
Lavado de dinero: la casa de Cristina Kirchner, bajo sospecha
Causa Los Sauces. Es la vivienda donde se aloja la ex presidente cuando está en Río Gallegos.
Por Lucía Salinas.
La casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.
Es la única propiedad que no fue allanada cuando el juez Claudio Bonadio ordenó más de doce procedimientos en Santa Cruz en el marco de la causa Los Sauces SA. Se trata del chalet de dos plantas donde vive Cristina Kirchner cada vez que llega a Río Gallegos. La adquisición de la propiedad es sospechada de ser parte de una presunta maniobra de lavado de dinero y a raíz de esto, el fiscal Carlos Rívolo pide que sea investigada la compra-venta de la casa, operación en la que intervino Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner), a quien el fiscal imputó.
La propiedad ubicada en Mascarello 441 es propiedad de la empresa Los Sauces SA, investigada por el juez Claudio Bonadio por «presunto cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos». La primera inconsistencia que la Justicia detectó en relación a este inmueble, es la diferencia entre el valor de compra inicial y el de venta. Además, no coincidirían algunas fechas claves en los documentos y en las declaraciones juradas.
Osvaldo Sanfelice y su socio Máximo Kirchner saliendo del Mausoleo que construyó Lázaro Báez.
La casa donde descansa la ex Presidenta cada vez que va a Río Gallegos, fue adquirida por Los Sauces SA después de que se la vendiera Negocios Patagónicos SA (NAPA), propiedad de un hombre histórico del entorno de los Kirchner: Osvaldo «Bochi» Sanfelice. Ahora el fiscal Rívolo lo imputó y pidió que sea investigado por las «inconsistencias» que surgen sobre la compra-venta del chalet y por otras irregularidades en la contabilidad de Idea SA, también de su propiedad y responsable de administrar tres hoteles de Cristina Kirchner: La Aldea, Las Dunas y el Alto Calafate (ese último investigado por lavado de dinero).
Según señaló el portal Infobae la decisión del Fiscal fue impulsada después de recibir un informe de operaciones sospechosas por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre estas empresas de Sanfelice. Se detectaron algunos movimientos de NAPA vinculados a la casa de la ex Mandataria, que generaron sospechas. Esto fue confirmado por fuentes allegadas a la causa a Clarín que remarcaron que hay «operaciones que no concuerdan».
¿Cómo fue la operatoria que investiga la Justicia? En “el asiento 9 de la propiedad conocida como Mascarello 441, indica que la casa fue adquirida por la empresa NAPA el 21 de octubre de 2011 y la compra se efectuó por $ 200.000, según consta en la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.
Parte de los allanamientos en el Sur por la causa Los Sauces SA.
«Pero la vivienda en realidad, habría sido adquirida en agosto de 2010 por un valor de $964.320«, indica la presentación que dio origen a la causa Los Sauces SA. En el Registro de la Propiedad Inmueble, la documentación oficial señala que la compra del chalet se anotó dos años después.
Al año siguiente, el asiento 12 del Registro de la propiedad, indica que Los Sauces SA compró la casa de la calle Mascarello 441 por 250.000 dólares (una diferencia muy superior al costo inicial) según se registró ante Escribana Pública el 22 de noviembre de 2012.
«La escribana interviniente en dicha operación simulada es Norma Abuin y se realizó mediante escritura, esta operación sin embargo no pasó desapercibida para la UIF, quien realizo una investigación y por eso denunciamos esta operación que involucraban a Máximo Kirchner y a Osvaldo Sanfelice«, dijo a Clarín Silvina Martínez abogada de la diputada nacional.
La denuncia explica que en 2010 Los Sauces SA, empiezan a pagar impuestos a las ganancias por una propiedad que habrían adquirido ese año por más de 900.000 pesos. Sin embargo, dos años después “falsificaría un documento público para hacer constar que el inmueble habría sido adquirido en 2012 a una empresa vinculada a los Kirchner y que se habría pagado 250.000 dólares por dicha propiedad de 892 metros cuadrados”, indicó Stolbizer.
Un nuevo editorial del periodista habla sobre la expresidente y dice: “Cristina miente cuando dice que el gobierno la quiere proscribir, Cristina miente cuando dice que es una perseguida política. Administración infiel que tiene una pena que va de 2 a 6 años. Es por la causa de dólar futuro que lleva el doctor Claudio Bonadío quien ya la procesó, asociación ilícita que tiene una pena de 5 a 10 años, Malversación de fondos ( 2 a 10 años), abuso de autoridad (1 mes a 2 años); lavado de dinero (3 a 10 años) y asociación ilícita nuevamente ( de 5 a 10 años)”… y siguió.
