El Juez Bonadio confirmado en la causa del dólar futuro
mayo 28, 2016
Bonadio seguirá juzgando a Cristina por el dólar futuro
Por Hernán Cappiello.
La Cámara de Casación rechazó un pedido para apartar al juez; de este modo quedó vigente el procesamiento.
El juez federal Claudio Bonadio seguirá investigando a Cristina Kirchner por el caso del dólar futuro . La Cámara de Casación finalmente rechazó ayer el pedido para apartar al juez que había realizado Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Nación procesado por el magistrado.
La decisión es clave porque si la Casación hubiera apartado a Bonadio de la causa, el procesamiento de Cristina Kirchner por haber ordenado vender dólar futuro a un precio menor que el de mercado, hubiera sido declarado nulo de manera casi automática.
A pesar de que Bonadio fue confirmado mediante esta decisión, aún queda por resolver un planteo similar contra el juez efectuado por Cristina Kirchner .
Bonadio ya rechazó la recusación de la ex presidenta, pero ella apeló ante la Cámara Federal. Además, recusó a los camaristas de la Sala II del tribunal que debía intervenir. Por eso primero los jueces de la Sala I de la Cámara Federal deben resolver si dejan a sus pares de la Sala II o no. Los jueces que queden resolverán luego si Bonadio puede o no seguir con el caso, lo que lleva implícito si el procesamiento de Cristina Kirchner sobrevive o no.
El fallo de ayer que rechaza la recusación del juez Bonadio fue firmado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Llegar a esta sentencia, sencilla y de rutina para la mayoría de los tribunales no fue fácil y llevó casi tres semanas, debido a las disidencias entre Ana María Figueroa, más cercana al kirchnerismo, y sus colegas Hornos y Borinsky, más alejados del gobierno anterior.
Jueza Ana María Figueroa, cercana al kirchnerismo.
La presidenta de la Sala es la que tiene la potestad de determinar los tiempos con que son tratados los casos y la oportunidad en que son resueltos. Fue Figueroa quien entendió que no era el momento de resolver el asunto. Sus colegas estuvieron insistiéndole dos y tres veces por semana, desde mediados de mes para que los convoque y se trate el asunto.
La jueza se mantuvo firme hasta que ayer Hornos y Borinsky volvieron a la carga, pues no se rechazaba al recurso ni se lo admitía y se comenzaba a analizar el caso.
Hubo cruces fuertes entre los jueces hasta que ayer hubo sentencia, dos a uno: Hornos y Borinsky por rechazar el cuestionamiento de Biscay contra Bonadio, y Figueroa, en minoría, que se pronunció por convocar a una audiencia para estudiar el asunto.
Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky votaron por «declarar inadmisible» el recurso de Casación presentado por Biscay, mientras que Figueroa opinó en sentido contrario.
«La defensa no ha logrado demostrar fundadamente que en el caso se encuentre comprometida una cuestión de índole federal como para habilitar la intervención de este tribunal», sostuvieron los magistrados que integraron la mayoría del tribunal.
Es que los jueces de Casación resuelven cuándo está en juego un caos equiparable a sentencia definitiva o cuándo está en juego la violación de un derecho constitucional.
«El apartamiento de un magistrado del conocimiento de una causa no puede reposar en una mera sospecha de parcialidad pues las causales de recusación deben ser evaluadas con el máximo de ponderación y prudencia, desde que no puede erigirse en el medio para que varíe a gusto del recusante la radicación de la causa en desmedro de la garantía del juez natural y de la correcta administración de justicia», remarcaron.
«Los motivos esgrimidos por la parte en su presentación no alcanzan para sustentar el pedido de recusación intentado y sólo revelan una disconformidad con las decisiones adoptadas por el magistrado», sostuvieron Hornos y Borinsky.
Figueroa se diferenció al sostener que «la recusación es un instituto para atender las razones personales entre el imputado y el juez acerca de la imparcialidad del juzgador y/o el temor de parcialidad que el magistrado provoca, lo que debe analizarse en cada caso por encontrarse consagrado por la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
La jueza Ana María Figueroa no se privó de chicanear a sus colegas. Les dijo que en esta sala eran subrogantes (suplentes) y que efectivamente hay antecedentes de casos similares que fueron resueltos de este modo por la misma sala pero con otra integración, con la firma de otros magistrados.
El movimiento constante del juez en la causa
Claudio Bonadio
Juez federal
26 de febrero
Citación a Cristina
El magistrado llamó a declaración indagatoria a la ex presidenta, como sospechosa de fraude por la venta de dólar futuro
13 de abril
Declaración indagatoria
El juez recibió a Cristina, quien presentó un escrito, no aceptó preguntas y lo recusó
21 de abril
Rechazo a la recusación
Por considerarla carente del «mínimo sostén jurídico», Bonadio rechazó la recusación que planteó Cristina. La ex presidenta apeló y definirá la Cámara Federal
14 de mayo
Procesamiento y embargo
Bonadio consideró a Cristina responsable de las maniobras de venta de dólares a futuro y la embargó por $ 15 millones
27 de mayo
Confirmado en la causa
Aunque todavía debe definirse el planteo de recusación que hizo Cristina, ayer la Cámara de Casación rechazó otro pedido similar, que había hecho Pedro Biscay, uno de los procesados en la causa junto con la ex mandataria
Fuente: La Nación, 28/05/16.
La justificación de un periodista K a la corrupción
mayo 27, 2016
El “espeluznante” aval de un periodista K a la corrupción
Justificación sin límite. Un ejercicio kirchnerista. Hernán Brienza publicó una nota en Tiempo Argentino en la que dijo que la corrupción “democratiza” la política.
Hernán Brienza entrevista a Cristina Fernandez de Kirchner en 2013.
“La corrupción –aunque se crea lo contrario– democratiza de forma espeluznante a la política”, escribió el periodista K Hernán Brienza. Y agregó: “Sin la corrupción, pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas”.
En su nota, Brienza evitó hacer nombres o referencias a enriquecimientos personales. Y prefirió apuntar a los medios de comunicación y la Justicia: “Ahora la vedette de la maquinaria fusiladora mediático-judicial es el kirchnerismo”.
Ese artículo periodístico se publicó el último fin de semana en Tiempo Argentino, semanario kirchnerista recuperado por sus trabajadores y convertido en cooperativa, luego de una sucesión de hechos de corrupción, en los que uno de sus dueños, Sergio Szpolski, se lo vendió mediante testaferros a un empresario, quien –como ya venía ocurriendo– no le pagó los sueldos a los empleados.
“No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos”, sostuvo Brienza en su nota, casi como una metáfora del recorrido que tuvieron Szpolski y Cristina Fernández de Kirchner.
Szpolski creó en 2010 el diario Tiempo Argentino con la abundante pauta publicitaria oficial del gobierno de Cristina Kirchner. Pese a vaciarlo, emitir cientos de cheques sin fondo y no hacer los aportes previsionales de sus empleados, el kirchnerismo lo premió en las últimas elecciones con la candidatura K a intendente de Tigre.
Szpolski es una imagen de la corrupción. Y eso tuvo proyección concreta en Tiempo Argentino, pero además antecedentes: fue condenado años antes en un tribunal de ética de la comunidad judía por “gravísima falta”, tras derivar tres millones de dólares que eran para reconstruir la AMIA –siendo tesorero de la entidad– al banco de su familia que estaba por quebrar.
Brienza es periodista militante K e historiador, columnista político del semanario Tiempo Argentino y uno de los referentes de la ex presidenta Cristina Kirchner. De hecho, Brienza fue el primero que la entrevistó, en 2013, luego de cuatro años sin responder preguntas a un periodista. En aquella ocasión, se transmitió la entrevista en simultáneo por la TV Pública y Radio Nacional, se publicó en el diario Tiempo Argentino y se emitió por la agencia estatal Télam, todos –excepto el canal– medios donde trabajaba Brienza.
El Instituto Patria, de Cristina Kirchner, organizó anteayer una charla con Brienza en San Antonio de Areco, que presentó el intendente K Paco Durañona, para celebrar el 25 de Mayo. Allí también estuvieron exponiendo dos ex funcionarios de Cristina: Teresa Parodi, ex ministra de Cultura, y Tristán Bauer, ex titular de Radio y Televisión Argentina, ambos vinculados al Instituto Patria.
“La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quién no tiene recursos, no puede hacer política”, escribió Brienza. Muchos repudiaron sus dichos en las redes sociales. Y algunos le refutaron su teoría, recordándole entre otros ejemplos la gestión de Raúl Alfonsín, que asumió como presidente cuando él tenía 12 años.
Fuente: Clarín, 26/05/16.
Cristina Kirchner y la autoría mediata
mayo 22, 2016
Cristina, procesada por la tesis jurídica que condenó a Videla
Por Ceferino Reato.
Bonadio y “el rol decisivo” de la ex presidenta. Brasil enseña el camino.
En Argentina, esta tesis era lo que sostenían los juristas y periodistas kirchneristas durante las condenas por violaciones a los derechos humanos.
Hace más de tres años, en enero de 2013, cuando Cristina Kirchner estaba yendo por todo, escribí una nota en la que advertía que nuestros influyentes vecinos de Brasil utilizaban una tesis jurídica muy novedosa para juzgar casos de corrupción que podía causarle problemas a la entonces presidente una vez que perdiera el poder.
En aquel momento, esa tesis, creada por el alemán Claus Roxin, se utilizaba en nuestro país, pero solo para juzgar a militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Por ejemplo, había servido para condenar a reclusión perpetua al ex dictador Jorge Rafael Videla en una megacausa en Córdoba.
Ahora, la tesis de Roxin ha sido uno de los argumentos utilizados por el juez Claudio Bonadio para procesar y embargar a la ex presidenta Kirchner en la causa por la masiva venta —fraudulenta, según el magistrado— de contratos de dólar futuro a la que apeló el Banco Central en los últimos meses de 2015.
Tres años atrás, ocurría que la justicia brasileña había apelado a la “teoría del dominio del hecho” para condenar por corrupción a casi 11 años de cárcel a José Dirceu, la ex mano derecha de Luis Inácio Lula da Silva. Dirceu acaba de ser condenado ahora por otros delitos de corrupción a 23 años de cárcel. Un destino amargo para una persona muy inteligente, que es un emblema de la izquierda brasileña.
En sus buenos tiempos, “Zé” Dirceu decía de sí mismo: “Lula es el corazón, yo soy la razón”. Una frase bastante acertada.
Esa tesis de Roxin introdujo el concepto de la «autoría mediata» y la figura del «hombre (o la mujer) de atrás del escritorio«, que no estuvo presente en la escena del crimen, pero que desde su posición de poder impartió las órdenes que permitieron que se cometiera el delito; sin su decisiva intervención, ese delito no habría podido realizarse.
Es decir que ya no es necesario, según Roxin, encontrar pruebas directas, concretas, irrefutables, fuera de toda duda razonable, sobre los acusados, quienes, de acuerdo con su tesis, resultan en última instancia los principales responsables de los delitos cometidos. Y son condenados a una pena similar a la de quienes cometieron efectivamente esos crímenes, los autores materiales. No es necesario que, por ejemplo, Videla hubiera secuestrado, torturado o matado a una persona; la tesis de Roxin permitió condenarlo por su «rol decisivo en una organización delictiva».
En el caso de Cristina, Bonadio señaló que el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, autorizó las ventas de dólar futuro —que implicaron pérdidas al país por más de 70 mil millones de pesos— con el conocimiento y la aprobación —o, directamente, la orden— de la ex presidente, a quien obedecía casi a ciegas.
La tesis es similar al popular «no podía no saber» que en Italia guió los procesos judiciales por diversos casos de corrupción, conocidos como Mani pulite (Manos limpias), que descabezaron al poder político del país.
En la región, la tesis también se aplicó para la extradición y condena del ex presidente peruano Alberto Fujimori por diversos delitos.
La tesis de Roxin tiene sus detractores, que señalan que, de esta manera, el derecho penal entra en un terreno muy resbaladizo, muy sensible a los deseos e intereses del poder político de turno y a los humores de la opinión pública.
Sin embargo, sus defensores sostienen que es una manera moderna de sancionar delitos complejos, cometidos por una red de personas, con un vértice de poder muy evidente, concreto y efectivo.
En el caso argentino, era lo que sostenían los juristas y periodistas kirchneristas durante las condenas por violaciones a los derechos humanos. Se supone que no habrán cambiado de opinión solo porque esta tesis sirve ahora para condenar a Cristina en delitos de corrupción.
—Ceferino Reato, Editor ejecutivo de Fortuna, su último libro es la edición definitiva de “Disposición Final”.
Fuente: perfil.com, 20/05/16.
Autoría mediata
Es autor mediato quien causa un resultado sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución. El autor no realiza directa y personalmente el delito, se sirve de otra persona inconsciente de la trascendencia penal que tiene su acto.
El criterio que se sigue en esta figura es que se deja de imputar el hecho al que lo ejecuta materialmente para pasar a la persona de atrás. Este criterio es el del dominio del hecho, ya que quién domina la acción es el autor mediato (persona de atrás), quien domina la voluntad de quien actúa.
Quien comete el resultado lesivo realiza una conducta humana y nunca puede ser utilizado como mero objeto porque si no estaríamos hablando de una vis absoluta.
En relación con los supuestos de autoría mediata podemos distinguir dos:
- Por una parte puede suceder que el autor inmediato actúe sin antijuridicidad porque:
- Puede ocurrir que el instrumento actúe de manera atípica.
- Que el autor inmediato actúe sin dolo o que en él no concurran los elementos subjetivos del injusto.
- Por último, puede concurrir alguna causa de justificación.
- Por otra parte, puede ocurrir que el instrumento sea un inimputable para la realización del hecho o que actúe por miedo insuperable o error de prohibición.
Límites de la autoría mediata
El principal límite de la autoría mediata se establece cuando el ejecutor directo no haya perdido el dominio del hecho.
En el caso de los delitos especiales podemos hablar de autoría mediata cuando el hombre de atrás es un sujeto cualificado que utiliza a otro que no lo es como instrumento.
En los delitos de propia mano nunca puede darse.
Fuente: Wikipedia, 2016. Derecho español.
La Justicia tras los K
mayo 18, 2016
Ricardo Echegaray era en su gobierno el poderoso jefe de la agencia impositiva. Ayer tuvo su primera cita ante el juez Sebastián Casanello, en una declaración indagatoria (por lo general, previa al procesamiento) por la investigación de la ruta del dinero K. Casanello investiga si Echegaray benefició a Lázaro Báez durante su gestión al frente de la AFIP. En otra investigación, Echegaray es investigado por haber autorizado que el empresario Cristóbal López demorara el pago de 8000 millones de pesos en impuestos a las naftas, que es una retención en nombre del Estado. También Echegaray está siendo investigado por los beneficios impositivos que le otorgó a la empresa Ciccone cuando ésta ya estaba en manos de los amigos de Boudou. Boudou no era entonces, cuando sucedieron las tropelías de los hoteles y las de Ciccone (la empresa argentina con más capacidad para fabricar billetes), lo que es ahora, un exiliado del peronismo y hasta del kirchnerismo. Era el funcionario consentido de la persona más poderosa, Cristina Kirchner.
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La ex presidenta tiene problemas políticos, en el peronismo sobre todo, porque nadie ignora que sus cuestiones con la Justicia se agravarán irremediablemente. Su situación está, por ahora, en manos de dos jueces, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. La investigación de Casanello no ha llegado todavía a ella y se limita al supuesto lavado de dinero por parte de Báez. Podría llegar a Cristina, pero eso sucedería en una etapa posterior, si se comprobara que el dinero de Báez no se puede justificar sin la complicidad de los pagos del Estado.
Bonadio la persigue judicialmente por dos causas: la venta de dólar futuro cuando su gobierno ya no tenía futuro y el presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces. Por el primer caso ya la procesó. Los Sauces es una empresa dueña de ocho edificios en la Capital, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, que eran alquilados exclusivamente a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Los alquilaban realmente o hacían como que los alquilaban? La pregunta surge de una comprobación: esa empresa pasó de no tener actividades a que sus socios retiraran adelantos de dividendos por 20 millones de pesos en apenas dos años. En el momento de esas increíbles ganancias los socios eran Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, aunque ésta se sumó al paquete accionario sólo como heredera de las acciones de su padre. Máximo, en cambio, tenía el 10 por ciento de las acciones cuando sus padres eran los dueños del 90 por ciento restante. Por eso, el fiscal Carlos Rívolo imputó ante Bonadio a Cristina y Máximo Kirchner por cohecho (coimas) y no a Florencia.
Ercolini tiene la causa Hotesur, que es otro caso de lavado de dinero, pero esta vez en hoteles de la familia Kirchner. La investigación de Hotesur llevó al primer juez que tuvo el caso, Bonadio, a espectaculares allanamientos en El Calafate cuando Cristina era todavía presidenta. Bonadio se hizo acompañar por la Policía Metropolitana, autorizada especialmente por el entonces opositor Mauricio Macri. Cristina no se enteró de los allanamientos hasta que Bonadio aterrizó en El Calafate. La entonces presidenta, que no sabía hacia dónde iba Bonadio, ordenó que la Gendarmería impidiera a sangre y fuego el acceso a su residencia del juez y la policía. Bonadio no iba a su casa, sino a sus hoteles. La sala de la Cámara Federal cuestionada por kirchnerista (la que integran los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) apartó luego a Bonadio de la causa Hotesur.
Ercolini tiene también la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Germán Moldes, que fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, acaba de reclamar que se reabra la denuncia del fiscal muerto. «Si se supone que Nisman fue víctima de un crimen, y por eso el caso de su muerte pasó a la justicia federal, corresponde reabrir su denuncia para investigar incluso si en esa acusación hay huellas de los posibles asesinos», dijo. Moldes afirmó que él cree que Nisman fue asesinado. El caso Nisman podría estallar en los pies de Cristina Kirchner, si se reabriera la denuncia del fiscal muerto o si se comprobara que no se suicidó.
Como se ve, hay varios casos de lavado de dinero (Hotesur, Los Sauces, los bienes de Báez) y distintos jueces. Cristina Kirchner ha pedido que las causas de Hotesur y Los Sauces se concentren en las manos del juez Ercolini. Para ella, cualquier otro juez es mejor que Bonadio. Sin embargo, la mayoría de los jueces federales sostiene dos ideas. Una: todas las causas por lavado terminarán unificándose en una sola. La otra: es mejor que sea más tarde que más temprano. La posibilidad de crear una megacausa por lavado de dinero conlleva el riesgo de que el trabajo sea de un tamaño desmesurado para un solo juez. La idea que prevalece es que cada juez vaya avanzando con su investigación y la termine. Al final, con todas las investigaciones concluidas, todas las causas deberán unificarse.
Ese criterio quedó expuesto por la sala descalificada de la Cámara Federal cuando ordenó que la causa Hotesur saliera del juzgado de Daniel Rafecas y fuera al de Ercolini porque éste tiene una vieja causa por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, presentada por Elisa Carrió. Los dos jueces cuestionados, Ballestero y Freiler, votaron para la unificación de causas. El voto disidente fue el de Eduardo Farah, juez titular de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, que la integran también Martín Irurzún y Horacio Cattani. Farah es juez subrogante en la otra sala, la que no tiene prestigio ni respeto. Farah expresó con su voto la opinión mayoritaria de la Justicia, que promueve que cada juez haga su investigación por ahora, contra la opinión de los que le hicieron más favores al kirchnerismo, que proponen la unificación de las causas para que todo naufrague en un océano de papeles.
Ver: El camarista Eduardo Freiler compró una millonaria mansión
A pesar de lo que parece, la situación de Boudou podría estar más comprometida (o, tal vez, más concluida) que la de Cristina Kirchner. La acumulación de causas es un hecho evidente. Salvo en los casos de los recibos truchos de hoteles, en todas las otras causas (Ciccone, el contrato con el gobierno de Formosa, la adulteración de compra de autos) actuó la misma banda de amigos. La suerte parece estar echada para Boudou y su situación terminará de resolverla el juez Ariel Lijo, que lo procesó por el caso Ciccone cuando Cristina amenazaba con destruir al juez que se animara a procesar a su vice. Lijo cuenta ahora con la confianza de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, ha sido un consejero oportuno de Casanello cuando éste decidió detener a Báez y allanar sus propiedades, y tiene el respaldo de la Corte Suprema.
Las grandes causas de Boudou se complementaron con las causas por pequeñeces, que, sin embargo, no son pequeñas por el enorme peso de su simbología. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ex vicepresidente por las facturas falsas del hotel de París. La denuncia cayó en el juzgado de Bonadio. Boudou no tiene suerte. Cristina está tratando también de soltarse de las manos de Bonadio. Ya no puede protegerlo. El destino de Boudou se encoge dramáticamente.
Fuente: La Nación, 18/05/16.
Cristina y la causa del dólar futuro
mayo 16, 2016
La letra chica del fallo contra Cristina
Fue el debut de la abogada exitosa. Y el sueño de Claudio Bonadio: logró ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner. Mejor dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su pronunciamiento.Bonadio dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación, mediante generosísimos contratos de futuros. Es el más técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta. Y el de mayor significación política. Por su contenido y por sus consecuencias.
Bonadio calculó que el kirchnerismo dilapidó $ 77.325.739.330 para mantener barato el dólar. O, dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor. El juez interpretó que el titular del Central Alejandro Vanoli y el resto del directorio defraudaron al Estado. Si bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar los recursos que se les habían confiado. Y explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.
Bonadio procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron. Pero también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof. No es un detalle. El cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones. Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad monetaria y cambiaria. Desde la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.
El fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso: cualquier líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.
Los voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el impeachment contra Dilma Rousseff. Les parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama. El desasosiego nubla la inteligencia. Porque lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que ocurrió en Brasilia. Rousseff fue removida por un juicio político. No penal.
Quienes votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares. En concreto: haber usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado. Los defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados, como en Brasil, por el Congreso. No por un juez penal. No se les ocurrió.
Más allá de su consistencia jurídica, el fallo del viernes es relevante para el juego del poder. Hay una curiosa simetría: el principal promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a Kicillof. Se abre también una incógnita. ¿Qué efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central? Entre los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner: Pedro Biscay, Germán Feldman y Juan Cuattromo. ¿Pedirá el kirchnerismo su remoción? Fue lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que, al final, salió absuelto. Hay una diferencia: a los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como directores. Nadie querrá abrir este debate. Podría arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el «megacanje».
Aunque siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su propia base electoral. La consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a Macri. En enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del 68%. Al mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa. ¿Adónde van los desencantados? Misterio.
El procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad. La señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales, como Lázaro Báez o Cristóbal López. La escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central. La juventud maravillosa del siglo XXI.
Varios directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a Bonadio. Para el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py. Es una percepción comprensible en gente mal acostumbrada: en octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral. El fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado. Pero que aquella vez no apeló. Dos días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.
Bonadio espera a la señora de Kirchner en otro expediente: el de la sociedad Los Sauces. Ella también prefiere otro juez. Hernán Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur, de la que había sido desplazado Bonadio. Rafecas tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la insistencia del fiscal Carlos Stornelli. En ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres correspondió al pago de sobornos.
Para aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con los sobreprecios de licitaciones amañadas. Pero Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño: el dinero sería blanco.
En tribunales adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo. Esa interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante. Dos personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron él, Cristina Kirchner, «Wado» de Pedro, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y Casanello. En una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín. Habrían sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015. Uno de los visitantes de Báez comentó: «Lázaro dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez, el juez pidió un cortado en jarrito». Quizá Macri averigüe entre sus mozos. Casanello lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp. LA NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión. Pero no obtuvo respuesta.
Según las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el sobreseimiento de Báez. Pero la difusión de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría impedido. La aparición de esas imágenes desata controversias. ¿Las lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso? ¿Negoció Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side? Elaskar y Stiuso tienen un amigo en común: Carlos Molinari, el ex candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la gestión de Eduardo Duhalde.
No son los únicos enigmas que administra Casanello. El abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde fue capturado una carta dirigida a una tal «Querida», en la que, insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena. El texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría. Chueco negó lo que había escrito. Y se quejó de que le revisaran la correspondencia.
Ironías de la historia: tal vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini. Cinosi es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez Ariel Lijo. Cinosi llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de dinero para jueces federales. Cuánto que aprender…
Algunos funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto, hace diez días. El juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de indicios contra Cristina Kirchner. Los diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez. Curioso suicidio el de Héctor Recalde y sus compañeros: admiten que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.
Esa falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a Calcaterra es Julio De Vido, que repartía los negocios. Como Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner. Bonadio lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once. En un primer momento, después de una gestión de Alfredo «Freddy» Lijo, lo había protegido. «Freddy» es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos. «Freddy», su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del procesamiento prefirió estar en Miami.
Este Lijo es el esposo de María Carla Lago, la socia de Freiler en una financiera. Freiler fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento. El denunciante, Ricardo Monner Sans, pidió que se anule la absolución. Alegó que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler. Y que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es profesor en la cátedra del acusado. El reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara Federal para sorteo. El de Freiler es un caso incómodo. Ningún juez quiere condenar a un superior.
Fuente: La Nación, 16/06/16.
Lázaro levántate y garpa
mayo 15, 2016
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La destrucción del INDEC en la era K
mayo 15, 2016
«Kirchner quiere tu cabeza»
gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.
Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.
Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.
La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.
Francisco Jueguen
Periodista de la sección Economía & Negocios de La Nación
Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.
Historia del desembarco
La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
2007 es el año en el que nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.
Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.
Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.
La metodología de la intervención oficial
Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.
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►Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.
El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.
Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas
El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.
A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.
Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.
Acceso al dictamen de Stornelli
Manuel Garrido
Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional
Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.
La intervención del Indec, camino a la elección de CFK
A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
La lucha de los trabajadores contra la mentira
La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.
Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
Alejandro Baranek
Desplazado del Indec
Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.
La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.
La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”
►La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.
La Argentina sin radar
La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.
Los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras
Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.
Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos
La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.
La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.
Patricia Bullrich
Diputada nacional
Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina
La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.
Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Las consecuencias de la intervención
Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.
La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.
Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
2013El Fondo sancionó al país con una moción de censura
También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.
En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.
El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.
La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.
El Indec, en la actualidad
En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.
2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas
Víctor Becker
Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec
Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).
Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.
Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención
Créditos:
Producción general: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications)
Producción periodistica: Francisco Jueguen
Programación interactiva: Cristian Bertelegni, Juan Elosua (becario del programa Knight-Mozilla Opennews), Gastón de la Llana
Producción de datos: Marthe Rubio, Gabriela Bouret, Romina Colman
Desarrollo Multimedia: Florencia Coelho
Cámara y edición de video: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications)
Asistente de cámara: Matias Aimar y Sebastián Rodeiro
Gráficos interactivos y animaciones: Gastón de la Llana
Locución: Tomás Rivas
Jefe de realización: Juan López
Subjefa de diseño interactivo: Mariana Trigo Viera
Editora a cargo: Florencia Fernández Blanco
Editor responsable: Gastón Roitberg
Fuente: La Nación, 2016.
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Cristina Kirchner procesada por el latrocinio del dólar futuro
mayo 13, 2016
Cristina Kirchner fue procesada en la causa dólar futuro
Para el juez Bonadio, laws operaciones implicaron un fraude a las arcas pública; también están procesados Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Un mes después de haberla indagado, el juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro.
Según Bonadio, las operaciones que llevó adelante el Banco Central no hubieran podido concretarse sin una decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo de Cristina Kirchner.
De acuerdo al juez, las operaciones implicaron un fraude a las arcas públicas porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Junto con la ex presidenta fue procesado también el ex ministro de Economía Axel Kicillof.
Desde la defensa esgrimieron que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente y que el perjuicio económico lo provocó la gestión de Mauricio Macri al devaluar. Además, cuestionaron a Bonadio. Lo acusaron de parcial y lo recusaron, pero la Cámara Federal lo confirmó en la causa.
Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril. Su presencia como imputada funcionó como su relanzamiento político, con un multitudinario acto en las puertas de Comodoro Py.
Fuente: lanacion.com.ar, 13/05/16
Las principales causas que pueden poner a Cristina tras las rejas
Dólar futuro, Hotesur, Los Sauces, la ruta del dinero K son algunos de los asuntos judiciales que más preocupan a la exmandataria y su entorno.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones: Dólar futuro. Una de las causas que complica a la expresidenta es la conocida como «dólar futuro«, la primera en la que es procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública».
El juez federal Claudio Bonadio, en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro durante el final de su segundo mandato, ordenó también el procesamiento de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Por esta misma causa, el magistrado tomó declaración indagatoria a Cristina tras señalar que el Banco Central (BCRA) afrontó pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el expresidente de la entidad y el exministro de Economía.
El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por los entonces jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri, y del PRO, Federico Pinedo, quienes no había acusado directamente a la ex mandataria.
Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner fue imputada ayer ante la sospecha de haber recibido coimas –delito de “cohecho”– por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”.
La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se encontraban imputados en la causa, pero por presunto “enriquecimiento ilícito”.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.
Hotesur. Otra de las causas que acumula CFK es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, entre otros empresarios.
El expediente Hotesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que, se sospecha, podría haber buscado blanquear supuestos «retornos» derivados a obras públicas.
Ruta del dinero K. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.
A raíz de la declaración de Leonardo Fariña, la fiscalía argentina imputó a la exmandataria, lo que implica que será investigada formalmente para conocer su presunta vinculación con el lavado de dinero. Es posible que por esta causa Fernández sea citada a una indagatoria.
Enriqucimiento ilícito. El otro tema que podría comprometer a Cristina es la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la cual fue sobreseída junto a su marido años atrás por el juez Norberto Oyarbide.
Ahora, Margarita Stolbizer la volvió a denunciar y el fiscal Carlos Rívolo, junto con el juez Sergio Torres, están verificando si este hecho no es parte de lo que se investiga en el caso Hotesur y las presuntas maniobras de lavado de dinero que pudieron originar un enriquecimiento ilícito.
Fuente: perfil.com, 13/05/16.
Cristina y Máximo imputados por cohecho
mayo 12, 2016
Cristina y Máximo Kirchner fueron imputados por cohecho
Causa «Los Sauces». El fiscal Carlos Rívolo decidió ampliar la acusación contra la ex presidenta y su hijo. Es por los los alquileres a Lázaro Báez y Cristóbal López.
La ex presidenta, junto a su hijo Máximo Kirchner.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo, fueron imputados hoy por cohecho en la causa «Los Sauces». El encargado de la imputación fue el fiscal Carlos Rívolo, quien además investiga un «crecimiento del patrimonio injustificado».
La causa se inició a raíz de una denuncia de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, quien acusó a Cristina de retirar retirar de la firma «Los Sauces» ganancias en forma irregular por más de 20 millones de pesos. El fiscal también imputó a Lázaro Báez y Cristóbal López.
Además, la legisladora dijo que más pronto que tarde la ex presidenta debería ser llamada a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito en esa causa.
«Es oportuna y necesaria, es una causa similar a Hotesur, sólo mirando los documentos se ven los delitos», afirmó días atrás la diputada y agregó que «es claro el pago de los retornos de (empresario Lázaro) Báez«.
El juez a cargo del expediente, Claudio Bonadio, dispuso el secreto de sumario en la causa iniciada a instancias de una denuncia presentada el 4 de abril pasado.
Noticias en desarrollo…
Fuente: clarin.com, 12/05/16.
Todas las sospechas que salpican a las empresas de Cristina
Otros tiempos. Báez junto a Cristina y Máximo Kirchner en el Mausoleo.
«La familia Kirchner tiene solo tres sociedades, Los Sauces SA, Hotesur SA y CoMa SA, declaradas en Argentina» señaló en un comunicado de prensa la empresa de Cristina y Máximo Kirchner, acusando a la Justicia y a los medios. Lo cierto es que dos de estas sociedades -en las que tuvieron vínculos comerciales con Lázaro Báez-, están sospechadas de ser utilizadas para el lavado de activos y cohecho. La tercera de las firmas registra en caja $ 150 y hace años que no tiene movimientos contables pese a dedicarse al rubro inmobiliario.
Una de las empresas más importantes de la ex Presidenta es Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, inmueble que administró hasta diciembre de 2013 Valle Mitre sociedad de Lázaro Báez. Fue justamente con dicha firma que el empresario K alquiló habitaciones de éste y dos hoteles mas de Cristina (Las Dunas y La Aldea), garantizando ingresos por $ 14 millones durante dos años a la familia Kirchner.
Pese a que Báez argumentó que esas habitaciones para los empleados de sus constructoras que tenían obras en la villa turística, lo cierto es que en esa época, la licitación adjudicada más cercana quedaba a unos 200 kilómetros.
El hotel Alto Calafate, el único inmueble de Hotesur.
Hotesur está investigada, en consecuencia, por presunto lavado de dinero y es una sociedad que reúne a la familia Kirchner y a su personas de mayor confianza. En el primer directorio estuvo el abogado del empresario K, Roberto Saldivia, y Alejandro Ruíz socio del contador de Báez, César Andrés.
En el último directorio que se renovó después de años de irregularidades, continuó como presidenta Romina Mercado (empleada de Inversora M&S propiedad de Cristóbal López), Máximo y su hermana Florencia están como directores suplentes, Emanuel Gómez empleado de Negocios Patagónicas S.A, empresa de Osvaldo Sanfelice. También se nombró en el directorio a Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y socio de Máximo en la Inmobiliaria. La pareja del diputado nacional y ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, figura ahora como directora titular de los accionistas clase C.
La entrada a El Calafate donde se levantaron los hoteles de los Kirchner.
Esta causa que inició por incumplimientos administrativos como la falta de renovación de su directorio, la correspondiente presentación de balances, y un domicilio fiscal falso, avanzó hasta convertirse en una investigación más compleja, donde se sospecha que fue utilizada para una maniobra de lavado de dinero.
Este año la diputada Margarita Stolbizer presentó otra denuncia, centrándose en otra de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces S.A. Pese a la férrea defensa que la ex Presidenta realizó sobre el objeto comercial de la misma, el alquiler de inmuebles, no detalló que sus únicos inquilinos desde 2009 fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.
En El Chaltén está registrada la empresa La Aldea SA de Martín y Lázaro Báez. El domicilio fiscal es un terreno que le pertenece a Los Sauces S.A y que fue alquilado a Valle Mitre. En la actualidad allí se está ampliando el hotel La Aldea, propiedad de Cristina Kirchner y que hasta 2013 administró el dueño de Austral Construcciones.
Madero Center donde Los Sauces SA. tiene dos departamentos alquilados a Cristóbal.
Los Sauces S.A tiene como domicilio fiscal la calle Alcorta 76 en Río Gallegos, donde funcionaba el estudio contable de Víctor Manzanares responsable de las declaraciones juradas de los Kirchner. En un año la empresa que no registraba ningún tipo de movimientos contables, desembolsó más de nueve millones de pesos para comprar inmuebles: la mitad fueron alquilados a Loscalzos y Del Curto, Kank & Costilla y Autral Construcciones, todas propiedad de Báez.
Incluso esta firma le permitió a los Kirchner retirar anticipos de dividendos en tres años por $ 20 millones. Estos movimientos fueron denunciados por la diputada Stolbizer junto a la presunta «falsificación de documentos públicos».
La casa de Cristina en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.
La mitad de sus otros inmuebles tuvieron otro empresario amigo como inquilino.Se trata de un departamento, una oficina y cinco cocheras en Madero Center que se alquilaron por $ 2,8 millones a dos empresas de Cristóbal López: Alcalis de la Patagonia (donde figura como empleado Osvaldo Sanfelice) e Inversora M&S (donde trabaja Romina Mercado, sobrina de la ex Presidenta). A esta última le facturaba $ 220.825 por mes, según la facturación a la que accedió Clarín. Estos departamentos fueron allanados la semana pasada en Puerto Madero.
Finalmente, la tercera empresa que sostienen los Kirchner que está declarada en Argentina y con un funcionamiento completamente lícito, es Co.Ma SA. Desde 2008 cuando el arquitecto Pablo Grippo la vendió a la ex familia presidencial, la firma no registra movimientos contables, mucho menos ganancias y no posee cuentas bancarias, según detectó la Justicia.
Sin una sede de funcionamiento, en caja solo registra un saldo de $ 150. La empresa dedicada al rubro inmobiliario, también sólo tiene dos lotes de terrenos en El Calafate. Con los años Co Ma S.A se convirtió en una “empresa fantasma” dentro del grupo de firmas propiedad de la familia Kirchner. Tiene como patrimonio dos terrenos: cada uno tiene una valuación fiscal de $ 45.000 y no recibe ningún tipo de compensación por los mismos porque no son alquilados ni se encuentran en venta.
La compañía es investigada en el marco de la causa Hotesur: adquirió dos inmuebles después de 2007, como única transacción, cuando también lo hizo la empresa propietaria del Alto Calafate administrada entonces por Valle Mitre. Las dos empresas son dueñas “vecinas” en las manzanas 827, 828 y 829 de la villa turística.
Esta empresa fue allanada por orden del juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa Hotesur. El año pasado, según la Declaración Jurada presentada por Cristina ante la Oficina Anticorrupción, Co. Ma tenía un valor de $ 76.381 y el valor llave de las acciones ascendía $ 278.100 al finalizar el período fiscal.
Fuente: clarin.com, 12/05/16.
Austral Construcciones va a la quiebra
mayo 11, 2016
La familia Báez decidió cerrar definitivamente Austral Construcciones
Por Lucía Salinas.
Mientras esperan en Río Gallegos que Lázaro logre salir del penal de Ezeiza, decidieron que ya no hay futuro para la empresa insignia de la era K.
Las oficinas de Austral Construcciones allanadas por la Justicia.
Fue la empresa insignia de la era K, destinataria del 78,4% de la obra pública nacional durante los últimos doce años. Con su principal dueño Lázaro Báez detenido, su familia decidió poner fin a la constructora y decidieron saldar la mayor cantidad de deudas posibles y cerrar, para siempre, Austral Construcciones.
Fin de un ciclo y de una etapa de millonarios negocios. La familia de Báez que espera en Río Gallegos que Lázaro logre salir del penal de Ezeiza, habló con el empresario K y decidieron que ya no hay futuro para Austral Construcciones. Doce años pasaron desde su constitución y por primera vez, está sin operar, acosada por las deudas e investigada por la Justicia por lavado de dinero y evasión fiscal.
«Esperamos que se habilite la realización de pagos a proveedores, muchos son de vialidad y se podría entregar maquinaria, pero no podemos mover nada de la empresa hasta que la Justicia lo indique», señalaron a Clarín allegados a la constructora.
Allanamiento en las oficinas de Austral Construcciones.
Con un complejo escenario judicial, las deudas fueron en constante aumento: 508 cheques emitidos sin fondos por $ 32 millones, un crédito en el Banco Nación de $ 160 millones que la entidad financiera ya calificó «con alto riesgo de insolvencia», no se pagaron las cargas patronales de los empleados. Solo una radiografía del presente de un imperio de la construcción que llegó a manejar $21.000 millones durante el kirchnerismo, por obras viales.
La decisión familiar ya se tomó y Lázaro no se opuso: Austral llegó a su fin, algo anunciado. Lo próximo será el pedido de quiebra. «Por más que saldemos deudas, a qué licitación nos podemos presentar, no vamos a ganar nada más», reconocieron en el entorno del empresario K. El cerco judicial es cada vez más grande.
Predio principal de ACSA en Río Gallegos.
El próximo paso es esperar la determinación de la Justicia que allanó las oficinas de la firma durante dos días; además Lázaro Báez tiene un embargo de $ 300 millones. «Cualquier movimiento que se haga puede ser dinero que se embargue si quisiéramos pagar deudas, pero ya está, no se puede seguir» reconocieron a Clarín desde el entorno del empresario K. Además, las oficinas del contador del empresario K, César Andrés, quedaron clausuradas por la Justicia.
Sin presencia del personal y con su portón principal cerrado sobre la Ruta 3 en el principal acceso de Río Gallegos, se observa el predio de ACSA donde la Justicia inventarió entre camionetas y maquinaria pesada, unos 505 vehículos. En los obradores quedaron máquinas que no pudieron recuperarse, casi por la misma cantidad que forma parte del patrimonio de la empresa.
Lázaro Báez en Tribunales hace una semana.
Atrás quedaron los años en los que construyeron departamentos para la familia Kirchner, los alquileres de la firma a las habitaciones de los hoteles de la ex Presidenta, los alquileres que ACSA pagó por el departamento de Recoleta propiedad de Cristina Kirchner, y sobre todo la facilidad para ganar 51 licitaciones de las 80 que el gobierno kirchnerista destinó a Santa Cruz.
Se trata del final menos pensado para la constructora más grande de Santa Cruz desde 2003, aunque el año pasado cuando aún contaba con 3.000 empleados, Báez no descartaba la idea de ponerle fin a su empresa insignia, con la derrota electoral ya no contaría con los mismos beneficios: ganar obras millonarias, sin controles y con el cobro mensual de las certificaciones de obras pese a que muchas de ellas nunca avanzaban, algo que determinó la auditoría de Vialidad Nacional.
La hija mayor de Báez, quedó al frente de Austral.
Luciana Báez, la hija mayor del empresario, quedó al frente de la constructora que redujo en más del 50% su personal desde enero cuando la firma se declaró «sin liquidez». Austral está denunciada por los manejos discrecionales y por los sobreprecios aplicados a las obras que superan en muchos casos el 50% del valor original por el que fueron licitadas, que en números generales representan más de $ 4.000 millones.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
Ayer el propio Julio Mendoza -presidente de Austral- se desligó de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones de la firma. Ante el juez Sebastián Casanello, señaló que «el sector contable y financiero de Austral Construcciones respondía al accionista mayoritario», es decir Lázaro Báez, quien tenía el 95%del paquete accionario, mientras que su hijo Martín tenía el 5% restante. Pero aclaró que el dinero de ACSA «era todo en blanco», desmereciendo las declaraciones de Leonardo Fariña.
Báez cumplió su cuarta semana en prisión, ya no hay ningún tipo de comunicación con la familia Kirchner -principales socios comerciales hasta hace poco- y después de 50 allanamientos a sus propiedades el próximo paso lo darán sus hijos: cerrar para siempre Austral Construcciones.
Fuente: clarin.com, 11/05/16.