MADRID (ANSA).- Su lucha legal de casi un año para evitar la afrenta de ir a parar detrás de las rejas fue infructuosa. La famosa cantante española Isabel Pantoja ingresó ayer a la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para cumplir una condena de dos años de prisión por blanqueo de capitales.
Pantoja, de 58 años, entró a la cárcel a primera hora de la mañana con anteojos oscuros, escoltada por la Guardia Civil y acompañada por su hermano Agustín.
La artista llegó a la cárcel, a 20 kilómetros de Sevilla, procedente de su finca La Cantora (Cádiz), donde pasó su última noche en libertad.
La imagen de Pantoja fue captada por decenas de fotógrafos, que desde anteayer estaban apostados a la entrada del centro penitenciario.
La artista había pedido aplazar su ingreso en la cárcel al 15 de diciembre para poder ofrecer sus conciertos previstos para los próximos días, que finalmente tuvo que suspender.
En abril de 2013, la «Reina de la Copla» fue condenada a dos años de prisión en el marco del «Caso Blanqueo», una ramificación de la llamada «Operación Malaya», la causa de corrupción urbanística por la que fue condenado su ex novio Julián Muñoz, que era alcalde de Marbella, la meca de los ricos de España.
La artista apeló el fallo, pero un año después el Tribunal Supremo español ratificó su condena.
Una ex funcionaria complicó a la IGJ y detalló irregularidades en los documentos de Hotesur
Por Hugo Alconada Mon.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.
La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.
Silvina Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.
Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur «adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos», así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.
Sólo horas después de aquella publicación, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de montar «un proceso sistemático» de «maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones».
Tras los allanamientos ordenados anteayer por Bonadio, sin embargo, surgieron los primeros indicios de que, en efecto, Hotesur no presenta sus balances desde 2010, adeuda la inscripción de los directorios correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y la inscripción del cambio de sede, ya que la empresa no funciona en el domicilio declarado de la calle Lavalle.
La investigación judicial, sin embargo, no sólo apunta a investigar el supuesto incumplimiento formal de las normas registrales, sino que busca verificar la consistencia de la información económica que surja de los balances, comparada con la de la facturación y las declaraciones impositivas de la empresa, ante posibles prácticas de lavado de activos, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
En esa línea, el fiscal federal que interviene en la investigación, Carlos Stornelli, había impulsado la acción y el pedido diversas medidas de prueba, que llevaron a los allanamientos de la sede de la IGJ y del domicilio declarado por Hotesur en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, como así a requerirle documentación sobre esa sociedad a la AFIP.
La pesquisa de Bonadio y Stornelli, sin embargo, no es la única en marcha sobre Hotesur. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart investiga una eventual evasión cuando una firma del empresario Lázaro Báez, Valle Mitre, administró los hoteles presidenciales como el Alto Calafate.
Fuente: La Nación, 22/11/14.
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Tras los allanamientos, el juez avanza con la causa por la empresa de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Una investigación judicial clave.Claudio Bonadio le tomó declaración a una ex funcionaria de la Inspección General de Justicia. Declaró que ella misma comprobó las irregularidades de la compañía de la Presidenta.
La causa Hotesur acaba de empezar. El juez Claudio Bonadio recién tomó las primeras medidas de prueba, y ya es cuestionado por los dirigentes oficialistas que responden a la principal investigada en el expediente, la presidenta Cristina Kirchner. Más allá de ese embestida de la dirigencia K sobre la Justicia, la pesquisa sigue avanzando.
Ayer declaró la primera testigo, Silvina Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia, supo Clarín en base a fuentes judiciales.
En los próximos días, el juez y el fiscal Carlos Stornelli terminarán el análisis de la documentación que se recolectó en los allanamientos y operativos que se hicieron, el jueves, en la sede registrada de Hotesur; en la AFIP y en la IGJ.
La causa Hotesur busca determinar si esa empresa hotelera de la Presidenta funciona de modo irregular gracias a protección que podría recibir desde los organismos gubernamentales encargados de controlarla.
La sociedad Hotesur es dueña del hotel más grande de los Kirchner, el Alto Calafate.
Hasta fines del año pasado, ese negocio era administrado por el socio de la Presidenta, Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y la Argentina.
Gracias a los allanamientos que fueron cuestionados por los funcionarios K, la Justicia pudo comprobar que Hotesur no funciona en el domicilio que registró como sede ante la IGJ, la calle Lavalle 975, piso cuarto departamento cinco. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con oficinas vacías y en alquiler.
Esa era una de las irregularidades sobre la empresa K que fueron difundidas por el programa PPT, de Jorge Lanata, y también por Clarín: Hotesur no solo no funciona donde registró su sede, sino que además adeuda la presentación de sus últimos balances; no actualizó la renovación de sus autoridades y ni siquiera pagó las tasas de los impuestos de la IGJ.
Sobre esas cuestiones declaró ayer la primera testigo del caso, Silvina Martínez.
Fue convocada en su calidad de ex directora del registro de sociedades comerciales de la IGJ; y como especialista en derecho empresarial.
Según pudo saber Clarín en base a fuentes del caso, Martínez enumeró en el juzgado de Bonadío las obligaciones que deben cumplir las sociedades comerciales con la IGJ; y también aportó información sobre el tema respecto a Hotesur.
Martínez declaró que, según su información y experiencia de una década en la IGJ, esa empresa de los Kirchner incumplía con todas las normas que suele tomar ese organismo para analizar si el funcionamiento de una sociedad comercial se desarrolla dentro del marco legal.
La testigo aseguró que Hotesur presentó ante la IGJ una declaración jurada sobre la actualización de sus datos, pero lo hizo fuera del plazo establecido por el organismo: el vencimiento de ese trámite fue noviembre del 2011, pero la firma lo registró en abril del 2012 y con una sede en la que no funciona, la de la calle Lavalle.
Martínez también le contó al juez que había podido comprobar en la web de la IGJ que Hotesur tampoco había pagado las tasas que le debía al organismo: gracias al análisis de documentación sobre ese punto, la testigo contó que la empresa de los Kirchner debía la presentación de sus últimos balances contables.
La conclusión de Martínez fue sintética y contundente: «La IGJ debería haber cancelado la sociedad por su inactividad». Este caso acaba de empezar.
Allanan Hotesur, la empresa que administra los hoteles de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. También hay operativos en la AFIP y la IGJ. Lo decidió el juez Bonadio tras una denuncia de Stolbizer, por irregularidades en la firma.
El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron allanar esta mañana la sede de la empresa, Hotesur, la firma con la que la familia presidencial maneja su hotel más grande, el Alto Calafate. (Juan José Traverso)
Acaba de iniciarse una causa judicial que investigará si una de las empresas de Cristina Kirchner funciona de modo irregular. Se trata de Hotesur, la firma con la que la familia presidencial maneja su hotel más grande, el Alto Calafate.
El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron allanar esta mañana la sede de la empresa, ubicada en Lavalle 975; y también se están realizando procedimientos similares en la Inspección General de Justicia (IGJ).
Asimismo, se requirió información a la AFIP mediante una orden de presentación a la que asistieron cinco agentes de la policía Metropolitana y testigos, según informó el organismo que conduce Ricardo Echegaray.
«En este momento, AFIP está haciendo entrega de toda la información requerida por el Juzgado Federal Nº 11 de Comodoro Py, a cargo del Dr. Bonadío, con la intervención de la Fiscalía Nº 4 a cargo del fiscal Carlos Stornelli.y la AFIP», señalaron a través de un comunicado.
“No se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual», señaló Stolbizer en su denuncia,
AFIP aclaró que «generalmente este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que la Justicia haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso«.
El programa Periodismo Para Todos (PPT) y Clarín habían informado que Hotesur no funciona en su sede registrada ante el Estado; tampoco presentó sus últimos balances; no informó sobre la renovación de sus autoridades; e incluso adeuda las tasas que deben pagar las firmas comerciales en la IGJ. Son los requisitos básicos que deben cumplir las empresas comerciales para funcionar de acuerdo a las normas gubernamentales.
Báez puso una cuenta suiza a nombre de una fundación
Por Daniel Santoro.
Saludos. Martín Báez recibe la semana pasada de parte del director de Vialidad Nacional un contrato por 200 millones de pesos para que Austral construya pavimentos./opi santa cruz
El dueño de Austral Construcciones y socio de la presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez, puso una de sus cuentas bancarias en Suiza a nombre de una fundación trucha. En esta sociedad sin fines de lucro, él figura como presidente y sus cuatro hijos Martín Antonio (33 años), Leandro Antonio (23), Luciana Sabrina (34) y Melina Soledad (22 años) como directores.
La cuenta de la fundación en un banco suizo, cuya denominación se desconoce hasta ahora, está bloqueada por la justicia suiza junto a otras dos que figuran a nombre de compañías de cartón y todas tienen en total 22 millones de dólares. El embargo judicial también incluye cajas de seguridad a nombre de los imputados y “voluminosa documentación”. Las cajas de seguridad se usan para guardar documentos sensibles o piedras preciosas.
Estos nuevos datos están contenidos en dos fallos de la justicia suiza a los que accedió Clarín en exclusiva. Estos también dicen que en la cuenta a nombre de la Fundación entraron 15 millones de dólares entre enero y febrero del 2012 “a través de pequeñas transferencias”. Generalmente, las operaciones de lavado de dinero se realizan con cuenta gotas para no levantar sospechas.
Como la causa suiza está bajo secreto de sumario, esos fallos de carácter público omiten los nombres de los imputados y solo los identifican con letras. Por ejemplo, uno de los fallos dice que el fiscal suizo ordenó la inmovilización de estos fondos “incluyendo las cajas de seguridad de (C) y sus hijos (F, H, I y J)”. Con esas letras se refiere a Báez y sus cuatro hijos.
El fallo que rechazó el pedido de los abogados de Báez de levantar el bloqueo precisa también que hay un “administrador” que podría ser la empresa de fondos fiduciarios Helvetic Services Group que maneja el enigmático cordobés Néstor Ramos.
Hasta ahora solo está imputado Martín, el hijo varón mayor, en la causa por lavado de dinero que investiga el juez federal Sebastián Casanello en Argentina. En este expediente, la diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, entregará hoy la copia de los dos fallos y pedirá una serie de pruebas.
Ocaña adelantó a Clarín que le solicitará al juez que certifique si Báez declaró estas cuentas a la AFIP y si éste organismo ya abrió, como corresponde, un sumario administrativo para averiguar si hubo, además, evasión fiscal. La legisladora porteña, junto al diputado radical Manuel Garrido, fueron los denunciantes originales de la causa abierta en Suiza.
El programa de TV de Jorge Lanata reveló el año pasado que Martín Báez abrió una cuenta a nombre de la empresa de Belice llamada Teegan donde hubo, por lo menos, un depósito de US$ 1,5 millones en Lombard Odier de Lugano.
Clarín, por su parte, reveló que hay en Suiza dos cuentas a nombre de las empresas fantasma uruguaya Debruk y de la panameña Resen Corp que son parte de la ruta del dinero K. Están en los bancos Schroder & Co Bank AG de Zurich y en el AGI Private Bank de Zurich, respectivamente, pero no se sabe quién las maneja por el secreto bancario. Una tercera la controla el financista histórico y dueño de Invernest Ernesto Clarens, está en el banco Pictet & Cie de Ginebra y a nombre de la empresa norteamericana Kerry Consultants.
El ex dueño de SGI “La Rosadita” tuvo movimientos financieros con la cuenta de Debruk desde sus cuentas en el Ocean Bank de Miami y en el JP Morgan de Nueva York.
Los fallos hablan de “tres cuentas” bloqueadas. Una es la de Teegan de Martín Báez, otra de la fundación descubierta ahora y la tercera podría ser una de las tres a nombres de Debruk, Resen o Kerry.
En medios judiciales, llamó la atención que los fallos suizos reproducen argumentos del abogado de Báez, Mauricie Harari -uno de los más costosos de Suiza- afirmando que el juez Casanello “probablemente” no hará un segundo pedido de intercambio de información sobre el caso Báez luego de que fracasara el año pasado el primero. Sin embargo, el juez insistió este año con ese pedido de cooperación judicial clave para que estos datos puedan eventualmente entrar al expediente argentino.
Llamativamente, Harari es el mismo abogado que defendió al secretario privado de Carlos Menem, Ramón Hernández, quien manejaba en el 2001 una cuenta en Suiza a nombre de la fundación Red Spark con 6 millones de dólares. En el mercado financiero negro, se usan fundaciones fantasma para pagar menos impuestos al Fisco suizo.
Cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, por consejo de su ministro de Justicia Gustavo Beliz, contrató a un abogado suizo para que pida se levante el secretario bancario sobre la cuenta de Hernández. El final fue oscuro: Kirchner echó a Beliz luego de que éste denunciara a la SIDE y la Justicia suiza cerró la causa contra el secretario de Menem. ¿Con Báez pasará lo mismo que con Ramoncito?
Los fondos buitre apoyan el pedido de Casanello a la justicia de EE.UU.
Por Silvia Pisani.
WASHINGTON.- Los llamados «fondos buitre» no esperaron para usar en su favor la decisión del juez Sebastián Casanello de dirigirse a la justicia de Estados Unidos para «pedir pruebas e información» sobre supuestas actividades financieras del empresario Lázaro Báez y de otros miembros de la pretendida «ruta del dinero K».
En una rápida reacción, lo primero que hicieron fue asegurar que un giro de esa naturaleza no sólo «avala y respalda» las investigaciones que se siguen en Nevada sobre supuesto dinero de corrupción, sino que «demuestra que son necesarias» ante la «lentitud» con que operan los tribunales argentinos.
Junto con eso, la otra reacción que tuvo el fondo NML, del financista Paul Singer, fue contratar a un perito argentino para que detalle, en una nueva presentación, el largo listado de «causas dormidas» que «no sólo involucran al ex presidente Néstor Kirchner», sino -dice- «al propio Báez» y a muchos otros integrantes del entorno presidencial.
La presentación lleva la firma del estudio de abogados que representa a Singer en Nevada, así como del abogado argentino Pablo Maggio, quien reconoce haber sido «contratado como experto en asuntos de ley penal» de nuestro país para que atestigüe sobre el estado de esas causas en los tribunales argentinos.
La reacción se sube al pedido de Casanello para intentar poner freno, así, a los intentos de los abogados que defienden a Báez y al empresario kirchnerista Cristóbal López de que se ignoren las denuncias de los buitres, que califican de «fabulaciones e inventos» orquestados para desacreditar al gobierno argentino y obligarlo a negociar.
De acuerdo con la documentación a la que accedió LA NACION, el perito argentino contratado por Singer recuerda que, en contra de lo que sostuvieron los abogados de ambas partes, tanto Báez como López «sí tienen» numerosas «causas formales» en que se los investiga por supuesta corrupción en la Argentina.
«No se trata de causas que respondan a ningún interés político, como sugieren los imputados, sino a la obligación legal de los fiscales de denunciar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad», sostuvo Maggio. El abogado refutó la pretensión de que el grueso de las investigaciones se centraran exclusivamente en el ex presidente Kirchner y que, por tanto, con su muerte, hubiesen quedado extinguidas. «Lejos de eso, están todavía en trámite y en ellas se incluye a los señores Báez y López», agregó.
Enumera luego un largo listado de causas y recuerda que, entre otras, son investigados por asociación ilícita, fraude contra la administración pública, lavado de dinero, transferencia de fondos en forma irregular hacia el exterior y evasión tributaria, según los casos.
Lo que sí advierte el perito Maggio a los jueces norteamericanos es que, si bien hay causas abiertas en los tribunales de nuestro país, «avanzan de forma extremadamente lenta debido a la ineficiencia de los tribunales argentinos para analizar la información recibida». Quienes aquí siguen el largo litigio de los fondos buitre califican lo ocurrido como la primera reacción palpable al pedido de información cursado días atrás por el juez Casanello.
Tal como informó LA NACION, en un giro inédito, el magistrado firmó varios exhortos dirigidos a la justicia de este país en los que pide información sobre los personajes clave de la pretendida «ruta del dinero K». Nunca antes el juez había pedido información a los tribunales de Nevada, donde los buitres montaron una trinchera legal con un doble propósito: identificar eventualmente fondos públicos argentinos para intentar embargarlos y, con eso, cobrarse la acreencia que tienen en nuestro país, así como presionar al Gobierno para que negocie ese pago.
Además de Báez, Casanello está interesado también en las actividades de López y de un nutrido elenco de supuestos integrantes de esa ruta, Entre ellos, el ex dueño de la financiera SGI Federico Elaskar, del pretendido «lavador» Leonardo Fariña y del empresario Carlos Molinari.
No está claro aún cuál será la respuesta de los Estados Unidos a ese requerimiento. Por lo pronto, los holdouts no esperaron para usarla en su favor con el argumento de que la apelación de Casanello muestra que las actuaciones de Nevada «son justificadas y necesarias».
En busca de pruebas
El juez Sebastián Casanello envió la semana pasada varios exhortos para reclamar información de la llamada ruta del dinero a los Estados Unidos.
Según los fondos buitre denunciantes, el giro del magistrado «avala y respalda» las investigaciones que se siguen en Nevada.
El fondo NML, de Paul Singer, contrató a un perito argentino para que detalle el largo listado de «causas dormidas» en los tribunales nacionales contra el ex presidente Néstor Kirchner.
Las fallas de cumplimiento que durante los últimos años han motivado en Estados Unidos enormes multas contra empresas financieras están generando nuevas presiones para que todos los actores de la estructura antilavado –incluidos los reguladores- tomen en cuenta un importante elemento que parece haber abandonado a la industria financiera global: la ética corporativa.
La actitud “riesgosa” del negocio financiero ha generado un nerviosismo generalizado en Estados Unidos, donde los reguladores bancarios están exigiendo a las juntas directivas una actitud de mayor compromiso.
En octubre el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, advirtió que si los grandes bancos no aplican cambios significativos para mejorar el cumplimiento de las leyes, se aumentará la presión para que las grandes entidades se dividan en unidades con operaciones más pequeñas.
“La inevitable conclusión a la que se llegará será que sus empresas son demasiado grandes y complejas para ser gerenciadas de forma eficaz. En ese caso, las preocupaciones por mantener la estabilidad financiera nos indicarán que sus empresas necesitan ser reducidas y simplificadas drásticamente para que puedan ser gestionadas con eficacia”, dijo Dudley a los directores de los principales bancos del país.
En agosto de este mismo año, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), mediante la Recomendación FIN-2014-A007 de fecha 11 de agosto, indicó que “el liderazgo de una institución financiera es responsable del desempeño de todas las áreas de la organización, incluida la de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB)”. La junta de directores, altos ejecutivos, gerentes, dueños y operadores son responsables del cumplimiento y de “crear una cultura de cumplimiento en la institución”.
La “lista negra” de empleados
El funcionario acompañó sus críticas con una serie de medidas que los reguladores pudieran estar considerando como “buenas prácticas” dentro de la industria financiera para impulsar gestiones con más ética.
Una de las propuesta es la creación de un “bono por desempeño”, mediante el cual los directores deberán pagar una porción de las multas aplicadas a las empresas por incumplimiento antilavado o violación de sanciones. La idea es que no solo los accionistas paguen por las malas decisiones de la gerencia. «En otras palabras, en el caso de una cuantiosa multa, la alta dirección y los ejecutivos de riesgos perderían sus bonos de rendimiento«, precisó Dudley.
Otra propuesta revolucionaria es la creación de una “lista negra” en la que se incluya a los profesionales de nivel medio que han sido despedidos por conductas por éticas o violaciones de procedimientos, para que no puedan ser contratados por otra empresa del sector.
A juicio de Dudley, estas prácticas también deberían implementarse en la industria de los valores.
Críticas contra los reguladores
El sector regulador no se ha salvado de la presión, en este caso ejercida por políticos y expertos quienes han criticado la cercana relación que mantienen los miembros de la Reserva Federal con los ejecutivos bancarios.
El pasado mes de septiembre, la senadora Elizabeth Warren declaró: «Cuando los reguladores se preocupan más por la protección de los grandes bancos que por proteger al pueblo estadounidense de los comportamientos riesgosos e ilegales en Wall Street, se pone en peligro toda nuestra economía. Aprendimos esto de la manera difícil en 2008«, cuando se produjo la crisis financiera más fuerte de los últimos 80 años en Estados Unidos.
La presión ha motivado acercamientos entre el sector regulado y las autoridades, quienes el pasado mes de octubre tuvieron una reunión poco usual, en la que participaron los más altos ejecutivos de las instituciones financieras –por ejemplo, los directores de Barclays PLC y Morgan Stanley- y funcionarios reguladores, como el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, Daniel Tarullo, el fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, el asistente del Fiscal General del Departamento de Justicia, Leslie Caldwell, entre otros.
El encuentro se realizó durante todo el día a puerta cerrada, siendo esta la segunda ocasión en los últimos 6 años. El objetivo fundamental fue la búsqueda de un acuerdo para mejorar las prácticas corporativas y la cultura ética de la industria financiera para evitar las situaciones como las que motivaron las crisis financiera de 2008 y las millonarias multas impuestas a bancos estadounidenses y extranjeros.
El Banco Nación en Nueva York, envuelto en una causa de lavado de dinero
La sucursal del banco estatal ubicada en Park Avenue procesó más de 20.000 cheques de un cliente sospechoso en un esquema de corrupción, según The Wall Street Journal; la empresa investigada es una casa de cambio argentina.
El Banco Nación quedó envuelto en un caso de lavado de dinero en la ciudad estadounidense de Nueva York, informó hoy el diario The Wall Street Journal. El presunto esquema de corrupción investigado tiene como centro a una casa de cambio argentina, La Moneta, que operaba en Nueva York a través del banco estatal.
Según el artículo firmado por Ryan Tracy, la sucursal de Park Avenue del Banco de la Nación Argentina procesó más de 20.000 cheques entre 2005 y 2012 para ese cliente que, según una demanda presentada en el año pasado en la Corte Distrital de Estados Unidos por la Fiscalía de Montana, manejaba fondos ilícitos.
El diario aclara que «no hay ninguna señal de que el Banco de la Nación se enfrente a una investigación penal o de que tenía conocimiento de cualquier transacción sospechosa».
La trama
La conexión entre el Banco Nación y el presunto esquema de lavado de dinero surgió cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS, la AFIP de Estados Unidos) y la Fiscalía de Montana se movieron para apoderarse de unos 45.000 dólares de una cuenta en el banco a nombre de La Moneta Cambio S.A., una casa de cambio con sede en la Argentina.
La Fiscal Federal Auxiliar Victoria Francis presentó una demanda civil en mayo de 2013 para congelar la cuenta. Según la denuncia, el presunto esquema de lavado era operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que, según los fiscales, trabajaba con La Moneta para mover alrededor de 60 millones de dólares a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellas, una registrado en Montana, entre 2009 y 2011.
Según los documentos judiciales, Coppola negó haber actuado mal en el caso y está negociando un posible acuerdo con el gobierno.
Los abogados que representan a Coppola y a Francisco Pagano, propietario mayoritario de La Moneta, fueron consultados por The Wall Street Journal, pero prefirieron no hacer declaraciones, según el diario.
Coppola no tenía una cuenta en el Banco Nación, pero la actividad en las cuentas de La Moneta en ese banco «parece ser similar a la actividad experimentado en las cuentas de Coppola y parece ser consistente con el mercado del cambio de moneda en el mercado negro», afirman los fiscales en los documentos, también firmados por un investigador del IRS.
Los documentos judiciales revelan la existencia de una amplia red de empresas y cuentas. Según describe The Wall Street Journal, compañías presuntamente creadas por Coppola abrían cuentas bancarias y hacían depósitos, por lo general en forma de cheques firmados para la compañía desde terceras empresas. El origen de los fondos no está claro en los documentos presentados. Algunos de los cheques parecían ser de cuentas controladas por Coppola o de otros participantes en el presunto esquema, mientras que otros tenían un pequeño sello con forma de rana, una marca asociada con cheques del mercado negro, según los documentos.
Siempre según los documentos judiciales, las empresas de Coppola presuntamente movían los fondos fuera de Estados Unidos a través de transferencias a otras empresas, incluyendo a por lo menos dos conectados con el propietario de La Moneta.
Los fiscales dijeron que las cuentas de Coppola con al menos otros dos bancos fueron cerradas en 2010. La cuenta de La Moneta en el Banco Nación estuvo abierta desde 2005 hasta 2012, tiempo durante el cual la empresa depositó más de 20.000 cheques y transfirieron aproximadamente 24 millones de dólares a empresas o individuos en América del Sur, Europa y China.
La sucursal del banco estatal en Nueva York tenía un total de 364 millones de dólares en activos totales a fines de 2012, según una presentación ante los reguladores, es decir, la cuenta de La Moneta habría constituido una pieza importante de su negocio.
Dudas sobre la Fed
Según el diario económico, «la denuncia, de la que no se ha informado ampliamente, llega en medio de preocupaciones sobre la supervisión de la Fed, incluyendo su capacidad para acabar con la actividad financiera ilícita».
La actividad citada en la denuncia de mayo de 2013 tuvo lugar, en parte, en momentos en que el Banco Nación estaba bajo las órdenes de los reguladores de Estados Unidos de controlar las transacciones sospechosas, en medio de una campaña contra el lavado de dinero en el sistema financiero.
En 2007, la Reserva Federal y el regulador bancario del estado de Nueva York cerraron un acuerdo anti-lavado para asegurarse un control eficaz contra el blanqueo de dinero en la sucursal de Nueva York del Banco Nación. En 2010, los reguladores estadounidenses terminaron su acuerdo por escrito con el banco, una medida que indicó que las preocupaciones de los reguladores se habían sido disipadas.
Las transacciones citadas en la denuncia ocurrieron durante el período de mayor escrutinio de la Fed y continuaron por cerca de dos años, de acuerdo con el documento judicial. El presunto esquema de lavado de dinero ahora es objeto de una investigación penal, de acuerdo con otros documentos.
La amenaza oculta de Elaskar: “Tengo papeles de Máximo”
PorNicolás Wiñazki .
Investigación.El financista de Lázaro Báez y ex dueño de la financiera SGI se lo dijo dos veces al autor de esta nota.
El caso de “La Ruta del Dinero K” ya se había masificado cuando Federico Elaskar aseguró que su financiera había trabajado para el hijo de la presidenta Cristina Kirchner. “Tengo papeles de Máximo”, soltó de manera no inocente en el último encuentro de una larga serie de reuniones que mantuvo con el autor de esta nota. Fue el 16 de abril de 2013 en el departamento 3 A del cuarto piso de la torre ubicada en Juana Manso 590, Puerto Madero. Justo enfrente de ese complejo están las oficinas de SGI, la financiera de Elaskar que terminó en manos del grupo empresario de Lázaro Báez, el socio de los Kirchner.
“Me fui enfrente, no quiero ir por allá, hay guardia y me andan buscando a mi”, le explicó Elaskar a este cronista vía Whatsapp. Ya en la reunión cara a cara, volvió sobre su confesión impactante:
–Sí, tengo papeles de Máximo Kirchner, ya te dije, pero no me pidas más detalles–, afirmó el financista mientras daba vueltas nervioso por un piso semivacío, decorado de modo impersonal. También contestó la pregunta obvia del periodista:
–No puedo darte los papeles de Máximo ahora. Están guardados en una baulera lejos de acá.
Al día siguiente, el 17 de abril, Elaskar le dio una entrevista a América TV en la que cambió por completo lo que había dicho el domingo anterior en el programa “Periodismo para Todos” (PPT), de Jorge Lanata.
El 14 de abril de ese año, canal 13 pasó al aire la confesión del financista: detalló la operatoria que usó desde SGI para sacar del país de modo ilegal alrededor de 55 millones de euros que pertenecían a la familia Báez. Tres días después, ya con una causa judicial en trámite en la que estaba imputado por lavado de dinero, Elaskar intentó desmentirse a sí mismo. Era tarde. Hoy está procesado.
Federico Elaskar tiene 30 años, estudió finanzas en Estados Unidos, y tenía un sueño hasta que se vinculó con el valijero Leonardo Fariña y el mundo del poder K: “Yo iba a tener un banco”, se lamentó varias veces ante quien esto escribe, aludiendo al futuro trunco que había tenido su financiera.
Su padre, Marcelo Elaskar, había fundado las dos empresas de limpieza más grandes del país, Vademecum y Vadelux, que llegaron a tener 10 mil empleados.
A pesar de que aún es joven, Elaskar tuvo una vida agitada, en la que mezcló su pasión por los autos de alta gama, las fiestas y la economía con el submundo de la corrupción K. Solía vestirse con camisas Ralph Lauren y mocasines Louis Vuitton. Era dueño de terrenos en countries, pisos en edificios de lujo, manejó y chocó varios Porsche y BMW.
Su vida viró al drama cuando el entorno de Lázaro Báez le reclamó por un faltante de millones de euros que había manejado junto a Fariña. Perdió SGI y se fue del país amenazado. Fue por eso que habló como habló con PPT.
Después dio vuelta su versión para estar en paz con el Gobierno. Lo hizo tras de hablar con abogados vinculados a la SIDE, confirmaron investigadores judiciales.
El juez Sebastián Casanello, que instruye la causa de “La Ruta del Dinero K”, jamás se interesó en conocer qué cosas le había dicho Elaskar a los periodistas que lo frecuentaron durante el mes anterior a que diera el reportaje para PPT. Entre muchos otros dichos del financista que las autoridades desconocen está la frase con la que se empezó esta nota: “Tengo papeles sobre Máximo”.
Descubren nuevos giros en Suiza de la ruta del dinero K
Por Daniel Santoro.
Investigación.Los fondos fueron enviados en 2011 desde cuentas controladas por empresas fantasma de Uruguay y Panamá al ex dueño de “La Rosadita” cuando operaba para Lázaro Báez.
El ex dueño de SGI «La Rosadita». Federico Elaskar ayudó a Leonardo Fariña a manejar millones de dólares de Lázaro Báez.
Dos de las cinco cuentas del entorno de Lázaro Báez detectadas en Suiza y Liechtenstein son administradas por empresas fantasma de Uruguay y Panamá para ocultar a sus verdaderos dueños. Se trata de cuentas que figuran a nombre de la uruguaya Debruk y de la panameña Resen Corp. A principios de 2011, a través de esas dos cuentas se giraron y recibieron decenas de miles dólares a otra cuenta de Federico Elaskar, el ex titular de la financiera SGI “La Rosadita”.
Estas dos cuentas se suman a los asientos bancarios de Lázaro y Martín Báez y de su financista histórico y dueño de Invernest Ernesto Clarens que Clarín reveló el 26 de octubre en exclusiva. El dueño de Austral Construcciones tiene 22 millones de dólares congelados en Suiza por orden de la justicia helvética, que lo investiga por lavado de dinero.
Báez contrató al estudio jurídico del ex juez Morise Harari, uno de los más caros de ese país, para recuperar la plata y evitar que se ordene levantar el secreto bancario de sus cuentas y mandar la información a Buenos Aires al juez federal Sebastián Casanello, quien ya procesó a Elasksar y a Fariña por lavado de dinero. El magistrado argentino necesita una respuesta suiza a su pedido de cooperación para avanzar sobre Báez y su entorno.
Estos nuevos giros ahora descubiertos son por cifras que van desde 60 mil a 200 mil dólares. Las cuentas desde donde salieron completan una parte de la red de cuentas bancarias secretas de la ruta del dinero K en el exterior.
La fecha de las operaciones es clave. Se trata del momento en que Elaskar y su entonces socio y ex esposo de Karina Jelinek, Leonardo Fariña, manejaban plata del empresario K. Según dijeron Elaskar y Fariña, en los primeros seis meses de ese año sacaron 55 millones de euros del país.
“La Rosadita” fue el eje por el cual salieron esos millones de euros hacia Uruguay y Panamá. Cuando Báez descubrió “faltantes” de dinero, su entorno compró SGI.
Fuentes judiciales revelaron a Clarín en exclusiva que Debruk tiene una cuenta en el Schroder & Co Bank AG de Zurich, desde donde salieron giros a una cuenta de Elaskar en el JP Morgan de Nueva York. El nombre del dueño de Debruk se mantiene resguardado por el secreto bancario de Suiza, pero esa empresa fantasma uruguaya no es desconocida por la Argentina.
En el informe sobre lavado de dinero de la comisión bicameral que presidió Elisa Carrió en 2001 aparece Debruk como una de las cientos de firmas de cáscara creadas y administradas por el estudio uruguayo Vignoli-Laffite-Lublinerman. En Suiza, Debruk fijó domicilio en Plaza Independencia 808 departamento 1101 de Montevideo, sede de ese estudio.
El otro antecedente de Debruk es la cuenta que tenía en el Connecticut Bank of Commerce de Stanford, que había dado como domicilio el estudio de abogados Fox Moran & Camerini LLP de Nueva York. Lo raro es que ese banco quebró en 2004 y los dueños de Debruk nunca fueron a retirar un saldo de 5.717 dólares que le quedaban en su cuenta. ¿No habrán querido dar la cara y llenar todos los papeles necesarios para retirar la plata?
La otra cuenta desde la que se giró dinero a Elaskar está a nombre de Resen Corp, una empresa de cartón panameña, en el AGI Private Bank de Zurich. En el Registro Público de Comercio de ese país, este diario descubrió que Resen es una empresa creada en 2006 y administrada por el estudio Icaza Gonzalez Ruiz & Aleman del país centroamericano.
En el registro figura como presidente de Resen Alfredo Venancio Díaz López para ocultar al verdadero propietario, que es quien tiene la firma autorizada para mover la cuenta en Suiza.
El juez de Nevada avanza en la causa contra Lázaro Báez
Por Ana Baron.
La ruta del dinero K.El magistrado presentó un cronograma con fechas claves. NML dijo que seguirá intentando embargar activos.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
Mientras que siguen los rumores sobre la posibilidad de que Argentina y los fondos buitre se sienten a negociar después del vencimiento de la cláusula Rufo (según sus siglas en inglés) el 31 de diciembre próximo, sigue avanzando el proceso judicial sobre la ruta del dinero K en Nevada, Estados Unidos.
El juez Cam Ferenbach presentó ayer el cronograma para analizar una moción presentada por MF Services, la empresa que se habría encargado de registrar en Las Vegas las 123 empresas adjudicadas a Lázaro Báez.
MF Services y su manager, y única empleada, Patricia Amunategui, presentaron el 10 de julio pasado una moción para que el juez Cam Farenbach anulara los pedidos de información que les hizo NML mediante tres citaciones.
En la moción, MF Services argumentó que Amunategui viene colaborando con NML pero que es imposible cumplir con esos pedidos de información ya que abarca datos sobre más de 253 empresas, es decir casi todos sus clientes. Y que de aportar esos datos le costaría a Amunategui más de 20.000 dólares. Mas aún, MF Services argumentó que NML esta tratando de obtener información sobre Mossak Fonseca a través de Amunategui en violación de varias leyes. Mossak Fonseca es el estudio de abogados panameño especializado en empresas fantasmas que, según el fiscal José María Campagnoli, le encargó a MF Services la registración en Nevada de las 123 empresas adjudicadas al empresario kirchnersita Lázaro Báez.
“NML está abusando de su poder de citación en este caso”, dice la moción en la que MF Services también pide protección a la Corte.
El Juez Cam Ferenback le dio a NML hasta el 7 de noviembre para que responda a esta moción y a MF Services hasta el 21 de noviembre para que conteste la respuesta de NML. Después, el fondo que dirige Paul Singer, tendrá hasta el 4 de diciembre para hacer sus comentarios sobre el escrito de MF Services. Y por último, si es necesario, habrá una audiencia el 12 de diciembre.
Pese a que todo esta apuntando a que podría haber negociaciones entre Argentina y los fondos buitre a principio de enero tras el vencimiento de la cláusula Rufo, el dueño de NML, el multibillonario Paul Singer, dijo ayer en un informe distribuido a sus inversores que continuará con su búsqueda de activos de Argentina en el extranjero para embargarlos y así cobrarse el fallo del juez Thomas Griesa por 1.700 millones de dólares.
Singer ha venido tratando de embargar activos argentinos en el exterior pero no ha tenido ningún éxito. Esta vez nadie sabe si logrará descubrir, en la ruta del dinero K, activos que pertenezcan al Estado Argentino, es decir que sean producto de la corrupción del gobierno kirchnerista. Sin embargo, no es un secreto para nadie, que el titular del fondo NML, Paul Singer, está utilizando las acciones judiciales en el estado de Nevada para que el Gobierno se siente a negociar en enero.
Sobre esas cuestiones declaró ayer la primera testigo del caso, Silvina Martínez.
