Argenzuela: parte I.
Editorial del diario La Nación, 30/08/14.
El kirchnerismo encontró en la Venezuela chavista el modelo para construir un Estado desmesurado donde la división de poderes brilla por su ausencia.
Américo Vespucio bautizó «pequeña Venecia» a las nuevas tierras que hoy conforman Venezuela. Se equivocó Vespucio en su predicción, pues bajo la cuenca de Maracaibo había un enorme mar de petróleo y el diminutivo le quedó chico. El nombre de nuestro país, en cambio, nunca fue diminuto. Nació asociado a la prosperidad, pues la Argentina era el camino hacia el «argentum», la plata que se encontraría remontando el río color león. Aquí se equivocó el poeta Martín del Barco Centenera, pues la «plata» provino del cultivo de la tierra y no de tesoros del inca peruano.
La pequeña Venecia fue una gran nación, cuna de Simón Bolívar, Francisco Miranda, Andrés Bello, Rómulo Gallegos y Arturo Uslar Pietri, entre tantos patriotas e intelectuales. Lamentablemente, también tuvo al dictador Marcos Pérez Jiménez y a su admirador, Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta su muerte, en 2013. Dos militares, uno de extrema derecha y el otro, socialista. Ambos unidos en su visión totalitaria del gobierno, en su populismo y corrupción.
El kirchnerismo encontró en Venezuela el modelo para construir un Estado desmesurado en una Argentina diminuta. Para hacer de la Argentina una Argenzuela.
Néstor Kirchner advirtió que la soja argentina, como el petróleo venezolano, servía para acumular poder mediante empleos públicos, subsidios tarifarios y estrafalarios, jubilaciones sin aportes, pensiones sin razones, sometimiento provincial y clientelismo popular. Y muchos planes para militar y haraganear antes que para trabajar.
En ambos países, la desmesura presidencial pretendió hacer añicos la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa. Poco quedó del nombre «República» a la designación oficial de las dos naciones.
Como todo proceso autoritario, aquí y allí se atemorizó a la población con la amenaza de enemigos internos y externos. Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, denunciaron conspiraciones. Cristina Kirchner, buitres de adentro y buitres de afuera. Al momento de definir aliados, Irán, Siria, Libia y los gigantes Rusia y China fueron los socios dilectos de chavistas y kirchneristas. Esto es, países de una ostensible fragilidad institucional.
La enorme billetera de Chávez permitió soslayar al Fondo Monetario Internacional. La Argentina emitió bonos por más de 4.000 millones de dólares que tomó nuestro mentor, a una tasa usuraria. El dinero corrió también en sobres y valijas, en aviones y vehículos oficiales. Una inspectora descubrió allá por 2007 una valija repleta de dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson, que según su portador estaban dirigidos para la campaña de Cristina Kirchner. De acuerdo con Antonini, la valija era de Claudio Uberti, por entonces mano derecha del ministro Julio De Vido. Uberti fue sobreseído. No ocurrió lo mismo con Eduardo Sadous, ex embajador en Venezuela, quien denunció una «embajada paralela» en Caracas, manejada por Uberti, para hacer negocios non sanctos. Como en el reino del revés, quien fue injustamente procesado por falso testimonio agravado fue Sadous.
Como en todo populismo, en Venezuela y la Argenzuela (nos duele escribirlo así) se destruyó la cultura del esfuerzo y del trabajo, el ahorro y la inversión privada, se politizaron todos los ámbitos del quehacer colectivo y la población fue cada vez más dependiente del Estado.
Chávez lanzó diversas «misiones», para lograr «en la próxima década, cero pobreza». Las misiones se financiaron con la burbuja petrolera, inflada con precios de 150 dólares por barril en 2008, que cayeron a la cuarta parte a fines de ese año. La soja había llegado a 600 dólares la tonelada y también cayó a menos de 400 en un santiamén. Al agotarse los recursos públicos, el rey quedó desnudo y ambos países se arroparon en la inflación, los controles y la persecución empresaria para ocultar el lado más oscuro de sus partes pudendas.
El año pasado, Venezuela tuvo la mayor inflación del mundo: un 56,2%. Su mejor alumna, la Argentina, hizo un gran esfuerzo imprimiendo billetes y acaba de obtener el bronce, con el 36,9% de inflación interanual. En contrapartida, países como Chile, Perú, Ecuador o Colombia registraron tasas inferiores al 3%. Aun Bolivia y Paraguay tienen niveles de inflación apenas superiores a ese dígito y muy distantes del argentino.
La inflación genera pobreza, exclusión e inequidad. En Venezuela y en la Argentina, la pobreza supera el 27%. Si la violencia es resultado de la desigualdad, no es de extrañar que la inseguridad haya crecido en ambos países. Entre los venezolanos, la tasa de homicidios es de 53,7 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa promedio mundial es algo inferior a 7. En nuestro país, la tasa es creciente, sobre todo en el conurbano, y es indecorosa la referida a las muertes de agentes policiales. La pobreza y las drogas colocan a la Argentina en la tasa de robos más alta de América, 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio es de 456.
Con su tercer mandato, Chávez abandonó la actitud reformista, para adoptar el llamado socialismo del siglo XXI, con el lema «Patria socialista o muerte», semejante a nuestro «Vamos por todo». A partir de entonces, su dedo índice bastó para señalar el límite entre lo público y lo privado: «¡Exprópiese, exprópiese!», fue el latiguillo del comandante de Sabaneta para ordenar expropiaciones, como los zares rusos.
Al compás de sus humores, dispuso una ola de expropiaciones de empresas en áreas estratégicas, como la telefónica, la alimentaria y la petrolera. Se nacionalizaron 1168 compañías en una década. En su impulsiva ignorancia, mezcló industrias básicas con alimentos y supermercados con ferries o teleféricos.
Así, expropió la Biblia y también el calefón. En la Biblia del estatismo están los teléfonos, el petróleo, la energía y el acero. Para la petrolera Pdvsa, los yacimientos en la Faja de Orinoco, de ExxonMobil. Para los sindicatos, la siderúrgica Sidor, subsidiaria de la argentina Tenaris, y toda la industria cementera: la colombiana Cemento Andino, la francesa Lafarge, la suiza Holcim y la mexicana Cemex. También la energía pasó a la gestión burocrática, como Electricidad de Caracas (ex AES). Y para incomunicar al país, estatizó la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela.
«Ordeno que se abra un expediente con miras a un proceso expropiatorio de la cadena Éxito», bramó el comandante y allí se encontraron los franceses del grupo Casino, sin su supermercado. «Exprópiese», dijo respecto del principal fabricante de envases de vidrio Owens Illinois, supuestamente por explotar a los trabajadores y contaminar el medio ambiente. Cargill fue intervenida por atentar contra la ley de producción de alimentos. Y para garantizar la seguridad alimentaria, la petrolera Pdvsa adquirió Lácteos Los Andes. Por la misma época, el gobierno compró el Banco de Venezuela al Santander y, de manera forzosa, la cadena Hilton.
Las empresas de capital local tampoco fueron exceptuadas. Supermercados Cada, Molinos Nacionales, la Industria Nacional de Ferretería, la textilera Silka y el Teléferico de Caracas, entre otras. Hasta el ferry a la Isla Margarita pasó a la gestión pública.
Como indica el manual bolivariano, antes de que desaparezca el capitalismo, se debe beneficiar a los amigos para que ahorren en el exterior, una derivación tropical del socialismo que sorprendería al propio Marx. En Venezuela, la «boliburguesía» se enriqueció con PDVSA, el narcotráfico, la sobrefacturación de importaciones y las operaciones con bonos argentinos.
En la Argentina, se crearon varios imperios particulares, a contrapelo del éxodo de inversores externos, con el apoyo estatal. Cristóbal López pudo hacer rentable Alcalis de la Patagonia; pagó a Petrobras sus estaciones de servicio con el impuesto a los combustibles, y se quedó con Radio 10 y C5N. Este Cristóbal tuvo más suerte que el genovés, pues fue coronado como rey del juego mediante el inolvidable decreto que lo «intimó» a quintuplicar las tragamonedas de Palermo y le extendió la concesión por muchos años más.
El imperio patagónico de Lázaro Báez incluyó estancias sumergibles y hoteles alquilados y no ocupados, además de sociedades en el estado de Nevada, EE.UU. Otros amigos del poder se las ingeniaron para convertirse en grandes contratistas del Estado. Y la sumisión al relato oficial hizo posible que el grupo Szpolski, financiado con pauta publicitaria, ahora también aspire a operar en telefonía móvil, si logra comprar Nextel en la región.
El capitalismo de Estado, al estilo de Venezuela, nunca fue la idea de Néstor Kirchner. Prefería controlar las empresas y, eventualmente, que las comprasen los amigos (capitalismo de amigos), como intentó con Telecom o con Telefé.
Las estatizaciones se produjeron por motivos coyunturales o fracasos de gestión, llámense Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Tandanor y varias líneas ferroviarias. Luego Kicillof apuntó a YPF, motivado por sus apuros de tesorería. Y desde allí se entrometió en Profértil, Compañía Mega, Petroken y Metrogas.
La expropiación de los fondos de las AFJP permitió a la Anses gastar el ahorro de los jubilados en planes «de cadena nacional» y designar jóvenes camporistas para disciplinar los directorios de numerosas empresas de capital abierto.
En tiempos de la Argentina mayúscula, se adoptó el modelo de los países exitosos, fomentando la educación y el trabajo verdadero. Ese modelo permitió atraer a todos los excluidos del mundo, quienes formaron aquí sus familias, construyendo sus casas, ahorrando con libreta y enorgulleciéndose de tener un «hijo dotor». Inexplicablemente, las actuales autoridades parecen decididas a borrar de nuestra memoria ese pasado y a convertirnos en Argenzuela, paria mundial donde crecen la inflación, la pobreza, la violencia, el narcotráfico y la drogadicción. Como ocurre en nuestro actual modelo, la Venezuela chavista.
Fuente: Editorial. La Nación, 30/08/14.
Dinero sucio: crecen casi 10% por año los fondos ilícitos del mundo emergente
Son flujos financieros originados por lavado de dinero, narcotráfico, evasión y corrupción. Un argentino dirige la oficina de la ONU que investiga el impacto de estos movimientos.
BUENOS AIRES – En un mundo en el que, tras la crisis subprime, el Grupo de los 20 principales países (G-20) decidió combatir los Paraísos Fiscales y darle mayor transparencia a los movimientos financieros internacionales, resulta desalentador confirmar que desde 2001 en adelante crece casi un 10% por año el flujo de fondos ilícitos provenientes de los países emergentes. Y que menos de un 1% de esos fondos ilegales (que totalizan cerca de un billón de dólares) es recuperado por los distintos gobiernos.
Los datos surgen del último informe publicado por la oficina del experto independiente de las Naciones Unidas dedicado a investigar el impacto de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales en la falta de desarrollo y en la aplicación de los derechos humanos en cada país.
Una de las áreas que este experto tiene que evaluar es de qué manera afecta a las economías emergentes en su desarrollo económico y social la no repatriación de los fondos de origen ilícito (generados por lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, corrupción y evasión fiscal). Debido a lo difícil que resulta recabar información sobre los flujos internacionales de dinero sucio, las investigaciones llevadas adelante por la ONU son muy interesantes para tener una idea de cuánto se está desviando de la recaudación fiscal que podría ser destinado a programas sociales, planes de infraestructura, etc.
Para este cargo de experto independiente acaba de ser nombrado el argentino Juan Pablo Bohoslavsky, abogado de la Universidad Nacional del Comahue y con un doctorado de la Universidad de Salamanca en Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción (coautor de Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, que escribió junto a Horacio Verbitsky). Bohoslavsky reemplaza al zambiano Cephas Lumina, nombrado en 2008 y quien se ocupó de evaluar cómo siguieron creciendo (luego de la crisis subprime) los flujos de fondos del dinero sucio originados en el mundo emergente.
En su informe final, publicado en mayo de 2014, el experto de la ONU dio cuenta de que estos fondos ilícitos se incrementaron un 8,6% en promedio cada año a partir de 2001 (supera el crecimiento promedio de las economías emergentes). Y que en 2011 alcanzaron los u$s 946.000 millones. Pero lo que es peor, que una parte ínfima de este fabuloso botín (menos del 1%) es recuperado por los distintos gobiernos o logra ser congelado en cuentas bancarias offshore.
Históricamente, se creía que en el mundo emergente el dinero sucio era en su mayor parte generado por la corrupción. Pero el trabajo del experto independiente da la pauta de que este perfil ha cambiado. Mientras que la corrupción representa un drenaje importante de los recursos disponibles por los gobiernos que podrían ser dedicados a la inversión en infraestructura y programas sociales, sólo representa un pequeño porcentaje del total de los fondos.
En cambio, las salidas de recursos que provienen de la malversación de fondos y de la evasión de impuestos a través de la subfacturación comercial y la manipulación de los precios de transferencia [bienes que son intercambiados por un mismo grupo de empresas, con la ganancia registrada en la filial con el menor nivel impositivo, N.del R.], son considerados como los principales impulsores de los flujos financieros ilícitos, sostiene el informe titulado The negative impact of the non-repatriation of funds of illicit origin on the enjoyment of human rights (Impacto negativo de la no repatriación de los fondos de origen ilícito en el disfrute de los derechos humanos).
Multinacionales en la mira
Justamente, el trabajo realizado por el antecesor de Bohoslavsky (y que deberá profundizar el especialista argentino) apunta a la responsabilidad que le cabe a las compañías multinacionales en estos desvíos de fondos.
Gran parte de las pérdidas de ingresos de los gobiernos emergentes se explica por la evasión fiscal realizada por las multinacionales (el experto calcula un total de u$s 1,1 billones por año en todo el mundo, incluidos los países desarrollados). La transparencia debería ser absoluta. Allí existe claramente una falta de voluntad política, con gobiernos que se limitan a un ejercicio puramente retórico, acusa el investigador de la ONU.
Si bien el informe no da precisiones sobre los mecanismos y canales de transferencia de estos flujos ilegales, sí brinda información respecto del origen de los mismos.
Con casi un 40% del total, Asia es el continente de donde proviene la mayor parte del dinero sucio emergente (principalmente China y la India), seguido por Europa del Este (21%, con Rusia en primer lugar), América Latina (20% y México como principal origen) y Africa (7% y Nigeria a la cabeza). A pesar de que Africa cuente con el menor porcentaje del total de flujos desviados durante el período 2002-2011, éste es el más elevado respecto del PIB (5,7%), lo que muestra que los movimientos de dinero ilícito tienen un impacto desproporcionado en el continente, explica el estudio.
Para combatir estos flujos, el experto de la ONU ha venido pidiendo ayuda a todos los gobiernos, tanto emergentes como desarrollados. En ese sentido, es probable que la
Ley de Blanqueo de Capitales aprobada por el Congreso argentino en junio de 2013 no contribuya demasiado a reducir la ilegalidad de estas transferencias.
Quienes la defienden, aseguran que el blanqueo permite que parte de ese dinero vuelva al país, aunque en realidad, hasta abril de 2014 sólo se había captado menos del 20% del total esperado por el Gobierno. Los críticos, en cambio, ven en esta ley un estímulo para que el dinero sucio siga fluyendo y una barrera para aumentar la transparencia de los movimientos financieros internacionales.
Fuente: El Cronista, 28/08/14.
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Bitcoin y pases de futbolistas son las nuevas formas de lavar activos
Por Fabián Tiscornia.
Pases de futbolistas, monedas virtuales como el Bitcoin y pirámides financieras son las nuevas modalidades para lavar activos que detectan actualmente los expertos. Las ONG son otro foco de atención por la falta de controles.
El fútbol en la mira de los lavadores de dinero. Foto: AFP
MONTEVIDEO – «El criminal siempre está delante de nosotros. Son muy creativos, siempre tienen nuevas modalidades, tendencias, productos financieros» para lavar activos, afirma Bernardo Machado Mota en diálogo con El País.
Machado Mota es jefe de la Delegación de Brasil ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Gafisud (su capítulo en América del Sur), organismos internacionales que se dedican al combate al lavado de activos y al financiamiento al terrorismo.
Según el experto, hay tres nuevas tendencias que se detectan actualmente en el lavado de activos, que es pasar al sistema legal (mediante operaciones financieras, inmobiliarias, etc.) dinero proveniente de actividades ilegales.
Una es la utilización de «monedas virtuales, el Bitcoin por ejemplo», dice Machado Mota. «No sé si el tipo que lo inventó quería facilitar los trámites», pero se presta para el lavado, agrega.
Es que la compra de bitcoins, no tiene controles de bancos, ni tampoco está regulado por ningún Banco Central. A su vez, hay formas de proteger la identidad de quien hace la operación.
Las pirámides financieras son otra nueva modalidad para lavar activos, señala el funcionario brasileño.
Esto consiste en que «uno invita a otro para poner dinero y se crea una cadena de inversión que no se sabe dónde termina», añade.
En junio de 2013 la Justicia de Brasil suspendió las actividades de la empresa TelexFree en ese país por considerar que la compañía estaba involucrada en lavado de dinero, crimen contra la economía popular y pirámide financiera.
En Uruguay también hubo damnificados por este tipo de operativa, como publicó el suplemento Qué Pasa de El País el pasado 10 de mayo. La firma exigía invertir al menos US$ 1.425 en un único pago anual.
El trabajo consistía en publicar cada día cinco avisos publicitarios de la empresa en páginas web de clasificados, la mayoría de Estados Unidos y Brasil, aceptadas por la firma.
Por ello, se ganaba US$ 100 dólares semanales, por lo que -se estimaba-, se recuperaría la inversión en tres meses y medio.
Sin embargo, muchos reinvertían lo ganado y permitía seguir con el funcionamiento piramidal.
Fútbol.
La tercera tendencia para lavar dinero recientemente detectada por los organismos de contralor es el pase de futbolistas.
«Brasil y Uruguay exportan jugadores a Europa. Los pases puente (donde el jugador sale hacia Europa a través de otro club por el que nunca pasó) en general se intentan armar para evadir impuestos, no para lavado de dinero. Pero, como sabemos que las estructuras financieras son casi las mismas, se pueden confundir con lavado de activos», afirma Machado Mota.
«Siempre son montos muy altos, involucran operaciones con el exterior como Europa, Asia, operaciones cambiarias y no se sabe de dónde pagan», sostiene el experto.
«Por ejemplo, un jugador sale de Peñarol a Barcelona y el Barcelona no paga a Peñarol sino que va a una cuenta o una empresa ubicada en Islas Caimán. Se monta una estructura financiera que puede prestarse para lavado de activos», explica el experto.
Iglesias y ONG.
Si bien no quiso confirmar la investigación en Brasil sobre la Iglesia Universal por lavado de activos, Machado Mota se refirió a la situación de este tipo de instituciones.
«La Iglesia Universal tiene sucursales en más de 50 países en el mundo y nos preguntan qué tanto monto de dinero mueven y nosotros a veces estamos sin información suficiente para llegar a una conclusión de que estén lavando (dinero). Pueden estar o pueden no estar», indica.
«Una persona que frecuenta esa iglesia, da dinero de su sueldo y de ahí se puede financiar cualquier cosa. Ese dinero tiene un origen lícito, es el sueldo y lo da porque le gusta la iglesia. Estamos tocando un tema muy sensible, es una cuestión religiosa que tiene impacto en una cuestión financiera», agrega.
Machado Mota expresa que «como regla general las iglesias y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son muy pocos controladas en Brasil» y «creo que en Uruguay tampoco se controla a las iglesias en cuánto al movimiento financiero».
«Estamos hablando de un mercado que, por regla general, no tiene control, porque su objetivo es religioso, social, asistencial y por eso tiene exoneraciones tributarias. Puede ser que alguno lo esté utilizando para cometer un delito financiero», añade.
Según el jefe de Delegación de Brasil ante el GAFI y Gafisud, las ONG «pueden ser utilizadas, justamente por no tener ningún control. Por esa razón, son vulnerables a cualquier delito. Imagine a un criminal, que está entre robar una casa que tiene alarma y otra que no tiene alarma, va a ir a la que no tiene, por razones naturales. Los criminales van a buscar mercados que tienen menos controles».
Control y normativas buenas en la región
El jefe de la Delegación de Brasil ante el GAFI y Gafisud, Bernardo Machado Mota participará mañana de la III Jornada Anual sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, organizada por Costa-Testa Consultores, en el hotel Sheraton.
Para Machado Mota «si se mira el contexto de Sudamérica, casi todos los países están con legislaciones muy avanzadas» en materia de combate al lavado de activos. Los países están muy bien armados con normas, leyes, tanto en la parte preventiva como represiva».
En cuanto a la parte operativa «depende mucho del caso a caso. Lo más importante es que todos los países están trabajando. Todos los países tienen una UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), medidas prudenciales y autoridades supervisoras que puedan monitorearlas y todos cuentan con buenas estructuras de bancos centrales», afirma.
Fuente: El País, 19/08/14. Uruguay.
Standard Chartered pagará U$S 300 millones por Lavado de Dinero en EEUU
El banco británico Standard Chartered, sancionado en 2012 por transacciones ilícitas con Irán, aceptó pagar una multa de 300 millones de dólares por no respetar los compromisos adquiridos entonces, anunció este martes el organismo de regulación bancaria del Estado de Nueva York.
El acuerdo amistoso prevé también la suspensión de algunas actividades de compensación en dólares del banco.
Esta nueva multa se añade a otra de 340 millones de dólares impuesta al banco británico en 2012 por permitir transacciones financieras violando el embargo estadounidense contra Irán, a lo que siguió meses más tarde una demanda por 327 millones de dólares por parte del Tesoro y la Reserva federal estadounidense.
Standard Chartered ha aceptado también una suspensión de las operaciones de compensación en dólares de su filial en Nueva York realizadas por la cuenta de «clientes de alto riesgo» de SCB, otra de sus subsidiarias en Hong Kong.
El organismo regulador bancario del Estado de Nueva York (DFS) consideró que el banco británico no ha hecho lo suficiente para remediar fallas internas en sus controles para prevenir el lavado de dinero, como se había comprometido en 2012.
En junio pasado la DFS impuso una sanción de 8.900 millones de dólares al primer banco de Francia, el BNP Paribas, en el marco de una investigación por violar el embargo a Sudán, Iran y Cuba, la sanción más importante impuesta por Estados Unidos a un banco extranjero.
Fuente: Yahoo! Finanzas, 20/08/14.
Aumenta presión sobre bancos locales por lista gris del GAFI
PANAMÁ – Una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 5 de agosto una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tienen relaciones con Panamá que hagan una diligencia debida ampliada.
Este requerimiento es consecuencia de la inclusión de Panamá en lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por las deficiencias del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. “Por el hecho de estar en país que está una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios”, dijo en la mañana de hoy Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) pide en la circular a las instituciones financieras estadounidenses que se aseguren de que sus programas de debida diligencia sobre las cuentas de corresponsalía mantenidas por instituciones financieras del exterior incluyen políticas y procedimientos diseñados para detectar e informar sobre actividades de lavado de dinero o sobre las sospechas de las mismas, efectuadas a través de cualquier cuenta corresponsal establecida, mantenida, administrada o gestionada en Estados Unidos.
Tras la publicación de la lista gris, los bancos panameños están recibiendo visitas y llamadas por parte de sus corresponsales en Estados Unidos y algunos de los grandes bancos europeos que prestan servicios de corresponsalía a entidades locales también se han preocupado por el devenir de la actividad bancaria en Panamá.
El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, reconoció ayer que la presión sobre los bancos ha aumentado. Diamond dijo que la inclusión en la lista gris afecta a la reputación de los bancos y constituye una amenaza para la competitividad del centro bancario internacional. “Un centro financiero serio nunca está en listas discriminatorias”, apuntó.
Tanto el GAFI como el FinCEN reconocen en sus respectivos reportes que el país se ha comprometido al más alto nivel político para poner un marcha un plan de acción que reduzca las deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Fuente: Ecobusiness, Panamá. 22/08/14.
3ra. Conferencia Anual del Hemisferio sobre ALD y Delitos Financieros
Prevención del Lavado de Dinero y Delitos Financieros
Folleto de la conferencia: Solícitelo por correo electrónico a [email protected]
El lavado del dinero y la corrupción política.
Entrevista de Mario Cáffaro.
“Hay que poner el foco en el lavado del dinero de la corrupción política”
Juan Félix Marteau, abogado especialista en sistemas antilavado de activos, advirtió sobre las debilidades de los controles argentinos. Sugirió a los futuros gobernantes tener un buen diagnóstico para saber hacia dónde apuntar las políticas públicas.
“La Argentina no está preparada para hacer frente al ingreso de dineros sospechosos y esto se deriva de indicadores objetivos. La comunidad internacional, a través de mecanismos preestablecidos, ha evaluado a la Argentina en los últimos trece, catorce años y los resultados han sido muy negativos”. La afirmación le pertenece a Juan Félix Marteau, abogado y sociólogo, graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y con varios doctorados en universidades extranjeras, especialista en el campo de la criminalidad financiera transnacional, en particular, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros ilícitos con repercusión económica.
Juan Félix Marteau
Marteau fue delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hasta enero de 2008 cuando el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo removió del cargo. Durante la gestión de Néstor Kirchner fue titular de la coordinación nacional de actividades para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Le atribuyen la autoría del proyecto de ley que, a mediados de 2007, aprobó el Congreso para reprimir el terrorismo y su financiamiento, con lo cual la Argentina logró evitar, a último momento, que el Gafi hiciese una declaración pública de condena contra el país por no tener una política de transparencia adecuada.
Días atrás, este paranaense, volvió a Santa Fe invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para abrir el año académico con una charla referida a “la efectividad de los sistemas antilavado de efectivos y contra-financiación del terrorismo”.
“La Argentina ha batido el récord de permanencia en un proceso de seguimiento intensivo como miembro pleno del Gafi lo que significa que ha enfrentado numerosas dificultades a la hora de estandarizar sus normas y sus instituciones en la materia. Este es un indicador objetivo que hay que considerar. La realidad argentina indica que hay amenazas muy concretas, en el rango uno podría colocar al narcotráfico y en ese mismo peldaño a la corrupción”, afirma.
Decisión estratégica
Para Marteau, existe “una dificultad de la dirigencia y de los líderes políticos en absorber los problemas concretos de la sociedad argentina y tomar las herramientas adecuadas y necesarias para enfrentar el narcotráfico. En este campo se requiere decisión estratégica y para eso se necesita tener un muy buen diagnóstico de los problemas y saber con mucho realismo con qué dispositivos cuenta el Estado argentino para actuar. Llama la atención la inercia y la incapacidad para actuar”.
Pero el experto también recomienda “poner el foco en el dinero de la corrupción política, estructural, que se lava en el país y sobre todo considerar en qué medida esos reductos donde se lava el dinero de la corrupción no han sido utilizados en estos últimos cinco a diez años, también para lavar el dinero del narcotráfico. El punto de confluencia de estos dos fenómenos está en el dinero ilícito. Allí está el punto clave donde hay que poner el eje de la intervención estratégica del Estado”.
«Hay que mirar las designaciones que se han hecho en los últimos años para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo para entender hacia dónde está orientado el sistema. Analizando los nombres se entiende lo que se pretende hacer con el sistema antilavado y antiterrorismo”
Marteau reconoce que “el país tiene normas, pero carece de reglas claras para la aplicación. No tenemos una evaluación de riesgo, no sabemos cuáles son las mayores amenazas y quien termina sufriendo las consecuencias de una carga del derecho y los controles es el ciudadano común”.
No duda en señalar que el lavado de dinero ligado al problema de la seguridad está entre los que ocupan los primeros cinco lugares en la Argentina que viene. No cree que haya que copiar modelos de otros países para hacerle frente. “La urgencia argentina es entenderse y entender cuáles son los procesos y los proyectos que tanto los líderes de la clase política como de la dirigencia en general, tienen que tener en estos temas”.
Terrorismo y narcotráfico
Sobre la lentitud de la Justicia Penal en avanzar en causas contra funcionarios públicos, Marteau señala que “el problema de la crisis de la autoridad que hay en la Argentina al momento de aplicar las leyes resulta notorio. La autoridad en la Argentina y en el Estado de derecho se manifiesta en la legalidad; cuando la legalidad está torcida y se crean una multiplicidad de mecanismos para que la ley penal no se aplique significa una controversia directa al criterio y al principio de autoridad”. Como desafío para quienes trabajan en el campo de la criminalidad compleja, “de esta criminalidad más fría, que no se ve en los diarios porque eventualmente no hay hechos de sangres directos requiere una estrategia muy estilizada, pero mucha decisión política y la contribución que podemos hacer desde la Universidad es entender que los debates no deben ser sólo de ideas, ideológico, tienen que aportar herramientas a los que toman decisiones para reconstituir en una gran medida el criterio de autoridad del Estado y finalmente la creencia de que es posible vivir en un marco de libertad más estrecho, pero que sea posible vivir en un marco de respeto en función de respetos legales”.
La palabra terrorismo tiene fuerte connotación en la Argentina, pero Marteau considera que no es conveniente anclarse en el pasado, sino entender qué significa en la actualidad. “Hay aspectos que tienen que ver con la experiencia y con las generaciones que tienen que entender estos problemas. Una gran parte de los que hoy toman decisiones siguen anclados en el pasado y hablan de terrorismo en términos de terrorismo de Estado. Para otra generación y que están mirando a la Argentina que viene, los desafíos son las nuevas insurgencias globales que no están tan lejos de la Argentina y que ya se hicieron presentes en el país. La tarea es entender que terrorismo significa amenazas al Estado para que tome decisiones -muchas veces erráticas- para que deje de actuar en función del bien común, para que deje de cumplir su función prioritaria. Esto es el terrorismo. Frente a las nuevas formas de terrorismo, tan disímiles, tan dañinas, y que producen controversias no sólo nacionales sino regionales, creo que el Estado argentino debería dar signos de madurez y entender que la democracia implica asumir la necesidad de sancionar con rigor a las insurgencias terroristas que se presentan hoy en día”.
En cuanto al narcotráfico, más allá del decomiso o la detención de eventuales integrantes de organizaciones “desde la criminalidad financiera pretendemos plantear que el éxito o el desafío de la investigación debería estar en el desmantelamiento de las empresas criminales que están detrás, en quitarles el dinero, disminuirles la capacidad operativa, en incautarle los bienes para funcionar. Allí está el desafío de entender cuál es el la trama financiera, la ruta del narcotráfico, del dinero ilícito. Estas organizaciones ha demostrado una evolución notable, estrategia significativa a la hora de esconder su dinero e introducirlo nuevamente en la economía formal”.
» Lo peor que le puede pasar a la clase dirigencial argentina es verse cooptada por capitales ilícitos. Una vez que se hace un pacto allí, es díficil salir”.
Fuente: El Litoral, 16/04/14.
Nuevo marco regulatorio para monedas virtuales en Argentina.
Por Verónica Moyano.
Las monedas virtuales que en los últimos tiempos han ido ganando un importante espacio dentro de la economía mundial, resultan susceptibles de ser utilizadas en delitos transnacionales como el lavado de activos o financiación del terrorismo, principalmente por la posibilidad que ofrecen de realizar transacciones a distancia a través de internet, involucrando a entidades de diferentes países donde pudieran no existir estrictos controles Antilavado de Dinero (ALD) y Contra Financiación del Terrorismo (CFT).
Teniendo en cuenta este nuevo paradigma económico, numerosos países han incorporado en sus políticas ALD/CFT variadas herramientas legales con el fin de controlar el uso de las distintas formas de intercambio virtual de valores a fin de detectar irregularidades surgidas de su uso.
En Argentina, el 1 de agosto entró en vigencia una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) que busca otorgar un marco regulatorio a las operaciones con monedas virtuales, especialmente Bitcoins, donde se focalice la atención en una debida diligencia del cliente que las realiza.
Sujetos obligados
La Resolución 300/2014 de la UIF, incluye a los siguientes sujetos obligados que deberán reportar todas las operaciones efectuadas con monedas virtuales hasta el día 15 de cada mes, a partir del mes de septiembre de 2014:
1. Las entidades financieras.
2. Las entidades y personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
7. Las empresas aseguradoras.
8. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
9. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
10. Los escribanos públicos.
11. Las sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra denominación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros.
12. Todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;
13. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario
14. Las asociaciones mutuales y cooperativas
15. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
16. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.
17. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
Tales sujetos -señaló el organismo- deberán establecer “un seguimiento reforzado respecto de esas operaciones, evaluando que se ajusten al perfil del cliente que las realiza, de conformidad con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado”.
GAFI en relación a las monedas virtuales
Entre las consideraciones tenidas en cuenta por la Unidad de Información Financiera al emitir la Resolución, se encuentran los documentos emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en enero y junio del corriente año en relación a los riesgos que implica el intercambio a través de las monedas virtuales.
En el último de los documentos emitidos por el GAFI en relación a las monedas virtuales, el organismo establece un marco de definiciones clave, poniendo de manifiesto las características de las distintas metodologías de pago virtual, que pudiere servir de base para un mejor desarrollo de las políticas de control.
Según el documento, “Las monedas virtuales tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los pagos y reducir los costos de las transacciones para pagos y transferencias de fondos. Por ejemplo, Bitcoin funciona como una divisa global que puede evitar las comisiones por cambio, actualmente se procesa con comisiones/cargos más bajos que las tradicionales tarjetas de crédito y débito y puede ofrecer beneficios a sistemas de pagos existentes, como por ejemplo PayPal”.
En el informe se señala que el uso legítimo de las monedas virtuales puede ofrecer muchos beneficios, como ser una mayor eficiencia de pago y reducir los costos de transacciones a la vez que pueden ayudar a una inclusión financiera como por ejemplo proveer servicios a regiones de mundo que no cuenten con servicios bancarios o tengan servicios bancarios muy precarios.
Riesgos
Anonimato
En relación a los riesgos de la utilización de las monedas virtuales, el organismo sostiene en el documento, que son potencialmente vulnerables a ser mal utilizadas con el fin de cometer delitos como lavado de dinero o financiación del terrorismo, principalmente por el carácter anónimo de las transacciones.
“En primer lugar, pueden permitir un mayor anonimato que los tradicionales métodos de pago que no son en efectivo. Los sistemas de divisas virtuales pueden ser comercializados en Internet, y por lo general se caracterizan por relaciones con los clientes que no son cara a cara, y pueden llegar a permitir financiación en forma anónima”, señala el documento. “También pueden permitir transferencias anónimas, si el remitente y beneficiario no se identifican adecuadamente”.
Opacidad
Otro de los principales riesgos que lleva aparejado el uso de las monedas virtuales, según el organismo, radica en su falta de transparencia que se manifiesta en una limitada identificación y verificación de los participantes, en donde tampoco hay claridad en relación a la responsabilidad y supervisión antilavado de dinero para estas transacciones que involucran a varios países.
Descentralización
La ausencia de un cuerpo central de supervisión que regule y controle su uso, deja a las monedas virtuales en una posición sumamente vulnerable a ser utilizada por los delincuentes para delitos de tipo económico, según observa el organismo.
Alcance global
El alcance global de las divisas digitales también incrementa el riesgo potencial a ser utilizadas con fines ilegales, facilitando las transferencias internacionales y utilizando una compleja infraestructura que se esparce en todo el globo.
Artículo completo (en inglés): Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks
OCDE sobre Bitcoin
En el mismo sentido que lo hizo el GAFI, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) dio a conocer un trabajo sobre Bitcoin analizando la tecnología detrás de la divisa digital. Este trabajo de la OCDE señala que si bien existen preocupaciones con relación al Bitcoin y situaciones de evasión fiscal, fraude y lavado de dinero, por ejemplo, el protocolo de Bitcoin puede jugar un papel muy importante en el sistema financiero en el futuro.
Fuente: LavadoDinero.com, 04/08/14.
Informe completo (en inglés): The_Bitcoin_Question
Blundell-Wignall, A. (2014), “The Bitcoin Question: Currency versus Trust-less Transfer Technology”,
OECD Working
Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 37,
OECD Publishing.
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Más información:
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Bitcoin: arrestan a dos reconocidos operadores por Lavado de dinero
Fiscales norteamericanos acusaron a dos reconocidos actores del mercado de intentar vender u$s1 millón de la moneda digital a usuarios del sitio Silk Road, el «eBay de las drogas», cerrado en octubre por las autoridades de los EEUU.
Las autoridades arrestaron el domingo a Charlie Schrem, presidente ejecutivo del mercado BitInstant.com, y el lunes a Robert Faiella, quien dirige un mercado clandestino llamado BTCKing.
A los dos se los acusa de conspirar para lavar dinero y operar un negocio de traspaso de dinero sin licencias.
Schrem es también vicepresidente de la principal asociación de operadores de bitcoins, la Fundación Bitcoin, según el sitio de la organización y su perfil de LinkedIn.
Procesados en particular por lavado de dinero, Faiella, de 52 años, y Shrem, de 24, están acusados de haber emitido un millón de dólares de bitcoins desde una plataforma de comercio electrónico ilegal, dijo la oficina del fiscal de Nueva York.
Los internautas podían adquirir esta moneda virtual sin ser identificados y comprar drogas en Silk Road «poniéndose fuera del alcance de las autoridades», precisó el comunicado el fiscal, añadiendo que los dos sospechosos incurren en un delito de al menos 20 años de prisión.
Silk Road fue cerrado el 2 de octubre y su fundador arrestado por las autoridades estadounidenses, según las cuales este sitio web se utilizaba para adquirir heroína, cocaína y LSD con pagos exclusivamente en bitcoins.
«Cuando los bitcoins, como cualquier moneda tradicional, se ‘blanquean’ y utilizan para alimentar actividades criminales, las autoridades no tienen más remedio que tomar medidas», dijo el fiscal de Manhattan, Preet Bharara.
Según él, la justicia perseguirá «sin cesar» a todos los que podrían tener la tentación de utilizar las «nuevas formas de dinero» para fines ilícitos.
El bitcoin fue inventado en 2009 luego de la crisis financiera por un informático anónimo que deseaba crear una moneda que no dependiera de ningún banco central o institución financiera.
Esta «e-moneda», emitida a partir de complejos códigos informáticos, puede ser conservada en carteras digitales e intercambiada en plataformas electrónicas contra divisas reales, sin pasar por el sistema bancario.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés), una asociación global de instituciones financieras del mundo, ha señalado recientemente la falta de «control adecuado» del bitcoin, que priva a los gobiernos de medios de acción en caso del uso fraudulento de esta moneda (para el terrorismo o el narcotráfico, entre otros).
Fuente: Infobae, 27/01/14.
La Justicia indaga ruta del dinero K
Montevideo – La Justicia especializada en Crimen Organizado unificó las investigaciones sobre presunto lavado de dinero vinculadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez. De ahí, el nombre de la causa: la ruta del dinero K en Uruguay. En el foco de la investigación está, por un lado, la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, y, por otro, la venta de un terreno en playa Brava de Punta del Este, informaron fuentes del caso a El Observador. En los próximos días, el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos definirán si investigarán al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. El diario Clarín informó este domingo que el estudio de JP Damiani & Asociados ordenó la creación de 10 sociedades anónimas implicadas en la ruta del dinero K. El supuesto nexo entre Damiani y la ruta del dinero K es el empresario ítaloargentino Marcelo Néstor Ramos, titular de Helvetic Service Group. En mayo de 2013, el fiscal argentino José María Campagnoli, que investigaba la ruta del dinero K, llamó a Ramos “el enigmático testaferro” de Báez. Luego, Campagnoli fue suspendido por excederse en la investigación. A su vez, Damiani admitió que Ramos trabajó para su estudio. “El Dr. Marcelo Ramos fue un prestador de servicios de la firma. Sus actuaciones o trabajos profesionales fuera de la relación que tuviera con el estudio, son de órbita y responsabilidad exclusiva del citado profesional”, informó el presidente de Peñarol. Junto a Báez, Ramos es indagado en Uruguay y Argentina por presunto Lavado de Dinero. El Entrevero es un campo de 152 has entre José Ignacio y La Barra vendido en 2011 a Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, también imputado en varias investigaciones judiciales.
Fuente: Clarín, 31/07/14.
Millonaria multa para UBS por evasión y lavado.
Por Verónica Moyano.
En la última semana, la justicia francesa acusó a la Union de Banques Suisses (UBS) por blanqueo agravado y fraude fiscal en el marco de una investigación iniciada por “captación ilícita” de clientes.
Ante las evidencias de que el banco había ofrecido servicios a clientes franceses, práctica ésta ilegal, la justicia del país galo ya había conminado al banco en junio de 2013 a pagar una multa de 2,87 millones de euros.
Según las autoridades el banco no sólo habría llevado adelante tal práctica, sino también habría colaborado con una mega evasión fiscal y lavado de dinero, lo cual llevó a que la justicia elevara la fianza a 1.100 millones de euros que el banco suizo deberá abonar antes del 30 de septiembre.
La inculpación por blanqueo agravado y fraude fiscal concierne hechos presuntamente cometidos entre 2004 y 2012.
Malas costumbres
A raíz de testimonios de ex empleados del banco, se pudo saber que era habitual que los agentes comerciales suizos hiciesen promoción ante clientes franceses para incitarlos a depositar su dinero en Suiza y así quedar a resguardo del organismo fiscal francés, trabajo para el cual utilizaron una doble contabilidad.
Una nota anónima recibida por la Autoridad de Control Prudencial (ACP) francesa, daba detalle de la existencia de un sistema, consignado por escrito en un fichero informático, para dejar registro de las cuentas sin declarar de clientes franceses.
Bajo esta metodología se posibilitaba que dichas cuentas no figuraran en el sistema informático oficial del banco y, a su vez permitía llevar un cálculo de las operaciones realizadas por los agentes comerciales de UBS que luego serían tenidas en cuenta para sus bonos de fin de año.
Otro dato que aportaron los testigos es que los clientes, entre los que se contaban empresarios, gente del mundo del espectáculo, de la música o del deporte, eran captados por los agentes del banco en eventos públicos importantes.
Reacción de UBS
Según el cálculo realizado por las autoridades, la multimillonaria fianza exigida a UBS representa el 42,6% de la última declaración fiscal del banco y el 2,8% del total de los fondos propios de la entidad.
Es precisamente este cálculo el que, según el banco, no se corresponde con la realidad; razón por la cual los representantes de la entidad presentarán su apelación por considerar errónea la base legal de la cantidad y el método de cálculo utilizado por la justicia francesa.
Al mismo tiempo, UBS aseguró que ha tomado «medidas significativas y de gran calado para asegurarnos de que nuestros clientes estaban en regla desde el punto de vista fiscal, y continuaremos haciéndolo».
Mala reputación
La impuesta por la justicia francesa, no es la primera multa millonaria que el banco helvético se ve obligado a afrontar.
En 2009, la justicia norteamericana le impuso a UBS una multa por 780 millones de dólares a raíz de una investigación por evasión fiscal.
Por los mismos delitos, blanqueo y fraude fiscal, que en esta oportunidad le endilga al banco suizo la justicia francesa, fue acusado en junio pasado en Bruselas, y el patrón de la filial belga fue inculpado por ello.
Fuente: LavadoDinero.com, 28/07/14.
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Según el experto, hay tres nuevas tendencias que se detectan actualmente en el lavado de activos, que es pasar al sistema legal (mediante operaciones financieras, inmobiliarias, etc.) dinero proveniente de actividades ilegales.
