El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF por proteger a Lázaro Báez
Acusa a José Sbatella de demorar la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas del empresario kirchnerista.
El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF, José Sbatella.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó hoy una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber demorado la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
Pollicita advirtió que, como agravante, durante «todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos», es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.
El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: «En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada» contra la fiscalía especializada.
La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.
El paso de Sbatella por la UIF
A lo largo de su gestión al frente de la UIF, Sbatella acumuló denuncias penales por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política en beneficio de Báez, Amado Boudou y Sergio Schoklender, entre otros. Asumió en 2010 y estuvo a cargo del organismo hasta el 11 de diciembre pasado, tras la asunción de Mauricio Macri.
El ex funcionario renunció a través de una carta en la que agradeció el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner y criticó con dureza al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014. Macri había pedido su renuncia antes de asumir.
Citaron a indagatoria a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero
El juez Casanello le prohibió al empresario salir del país y desprenderse de bienes; sospecha que lavó fondos obtenidos con un fraude fiscal.
Por Paz Rodríguez Niell.
Lázaro Báez. Foto:Archivo
El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria anoche a Lázaro Báez, un empresario muy cercano a los Kirchner, acusado de haber lavado millones de dólares a través de la financiera SGI , conocida como La Rosadita.
Los fondos lavados -de acuerdo con las sospechas del juez- habrían tenido origen en una defraudación impositiva de Báez al Estado. Además de citarlo, Casanello le prohibió salir del país y dispuso una inhibición general sobre sus bienes.
La indagatoria de Báez, ordenada para el 26 de abril, es la última de las medidas de días muy agitados en esta causa. El martes pasado El Trece difundió imágenes de las cámaras de seguridad de SGI que mostraban a Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro, contando pilas de dólares y euros en la financiera (una cueva, según dieron ya por probado los investigadores), junto con el contador de su padre, Daniel Pérez Gadín; el hijo de éste, Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi.
Lázaro Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública de las tres administraciones kirch.-neristas y colaboró con Cristina Kirchner en sus negocios hoteleros. Las empresas de Báez les pagaron millones por habitaciones de hotel y contratos de consultoría a la ex presidenta y su familia. Hasta ahora, pese a que enfrenta, desde hace años, decenas de causas en distintos juzgados, jamás había sido procesado por sus negocios. La primera vez que Lázaro Báez fue citado a indagatoria fue en este expediente.
La hipótesis de esta causa es que el dinero que se ve en los videos de las cámaras de SGI era de los Báez. Y que Pérez Gadín y Rossi (ex marido de Iliana Calabró y supuesto armador de empresas off shore) fueron los encargados de montar la ingeniería para borrar su origen y esconder su destino.
En las grabaciones hay una secuencia de unos pocos segundos que es clave. «Esto sobró», le dicen a Martín Báez cuando termina un recuento y le dan un billete de 100 dólares, relataron fuentes del caso a LA NACION. Esta frase sólo se entiende si él y su familia eran los dueños del dinero, creen los investigadores.
Pero los videos comprometen a Lázaro Báez, además, porque los actores pertenecen a su entorno. A medida que se corroboraba la identidad de cada nuevo personaje, el círculo se iba cerrando a su alrededor. No sólo estaban su hijo y su contador; también, Walter Zanzot, el presidente de una empresa de vuelos privados ligada a Báez: Top Air, que comparte domicilio legal con otras firmas de su grupo.
Lázaro Báez y el Juez Casanello.
Zanzot también fue llamado a indagatoria con una resolución firmada anoche. Deberá presentarse el 25 de abril. El 22 de ese mismo mes será el turno del tercero de los acusados que Casanello citó ayer: Gustavo Fernández, que era el presidente de SGI y también aparece en los videos. Ellos completan una ronda de indagatorias que ya incluía a Martín Báez, a Rossi y a Daniel y Sebastián Pérez Gadín. Por el momento, ninguno puede salir de la Argentina ni desprenderse de bienes.
Esta causa por lavado de dinero investigaba a Lázaro, su familia, sus colaboradores y sus empresas desde hacía años. Todos estaban imputados y el expediente ya tenía procesados (como Federico Elaskar, dueño original de SGI, y Leonardo Fariña, supuesto testaferro en negocios colaterales de Báez), pero los nuevos videos provocaron una explosión en el caso.
«No es una prueba, es la maniobra en sí misma. El dinero y los personajes. Ahí está», dijo a LA NACION un funcionario judicial. En los casos por lavado rara vez se accede a una prueba semejante. Justamente porque quienes diseñan las estrategias de lavado de dinero se esfuerzan por evitar la trazabilidad de los fondos. Por eso usan plata en efectivo, títulos al portador, empresas off shore; jamás transferencias que puedan dejar huellas. Semejante registro fílmico es insólito.
Casanello mandó revisar en la AFIP los perfiles patrimoniales de todos los involucrados para ver si tenían declarada tamaña liquidez a la fecha de los videos. El resultado difícilmente les dé bien. Las pilas, los bolsos deportivos y el escenario (esta «cueva») indican que era dinero negro. ¿Era, además, el producto de delitos anteriores? El juez sospecha que sí.
Martín Báez, el primero de los Báez que fue citado, compartía los negocios y formaba parte de la conducción de las empresas de su padre. Fue, por ejemplo, quien firmó por Austral Construcciones, nave insignia del grupo Báez, el contrato por el alquier de habitaciones en hoteles de los Kirchner -más una supuesta «consultoría hotelera»-. A cambio, desembolsó 20,5 millones de pesos.
Estas operaciones, así como las obras públicas asignadas a los grupos de Báez fueron el objeto de distintas causas penales en Buenos Aires y Santa Cruz, pero no prosperaron jamás. Ninguno de los jueces que recibió denuncias por sus negocios citó siquiera a Báez.
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Lo que se investiga en la causa de Casanello es «Lavado de Dinero». No una infracción cambiaria ni una evasión. El lavado de dinero es un delito mucho más grave, pero exige que los fondos que se lavan sean de origen ilícito. Hoy, el caso que más podría complicar a Báez y mostrar este presunto origen espurio del dinero está, también, en el juzgado de Casanello. Es la causa que investiga el uso de facturas falsas que hicieron las empresas del grupo Báez.
La hipótesis, en este caso, es que se usaban las facturas para inventar gastos. Así, se estafaba a la AFIP. Con toda una arquitectura detrás no era una mera evasión, sino una verdadera defraudación. Un fraude impositivo.
En la causa de Casanello, que fue impulsada por Margarita Stolbizer, están imputados, además de Báez, el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de haber intentado frenar la investigación de la regional de la AFIP de Bahía Blanca, que estaba detrás de la usina de facturas apócrifas. Ese caso, el que investiga a quienes producían y usaban las facturas falsas, se tramita en la justicia de Bahía Blanca. Austral Construcciones es una de las firmas acusadas de haber usado estas facturas para simular gastos inexistentes.
Lázaro Báez ya fue indagado por Casanello. El juez lo citó por su presunta vinculación con la extraña compra de un campo en Mendoza que Leonardo Fariña hizo «en comisión». El propio Fariña dijo que el dinero era de Báez, pero después se desdijo. Esa fue la única vez que el empresario enfrentó a la Justicia desde el lugar de los acusados (terminó en «falta de mérito»). El 26 de abril deberá volver a hacerlo. Ahora, por una investigación que apunta al corazón de su estructura de negocios.
Obra pública, estafa y lavado
El caso que avanza contra Báez investiga una compleja maniobra.
Lázaro Báez
Empresario
El imputado
Fue uno de los principales contratistas de obra pública de la era K. Lo denunciaron en decenas de causas que no prosperaron. Ahora, declarará acusado de haber lavado dinero que evadió estafando al Estado.
Sebastián Casanello
Titular del Juzgado federal 7
El juez
Investiga a Báez, su círculo y otros empresarios por lavado. Procesó a Elaskar y Fariña (los que confesaron por TV y se desdijeron). Con el video de «La Rosadita» ordenó 8 nuevas indagatorias.
Federico Elaskar, con Alejandro Fantino: «Van a ver desfilar a media Casa Rosada en la Rosadita»
El financista que denunció el lavado de dinero en «La Rosadita» se refirió a los videos difundidos estos días; también habló de Lázaro y Martín Báez, de Fabián Rossi, de Cristina y Néstor Kirchner.
Federico Elaskar en Animales Sueltos.
La trama por «La ruta del dinero K» no se detiene. Luego de una semana agitada en la que aparecieron numerosos videos de Martín Báez, Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín junto a su hijo contando millones de dólares en la famosa «La Rosadita» en Puerto Madero, sólo faltaba la palabra de Federico Elaskar, el financista que denunció la maniobra de lavado de dinero en el programa de Jorge Lanata.
En exclusiva con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Elaskar defendió su postura y apuntó muy fuerte contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Además, dijo que desfiló «media Casa Rosada» por «La Rosadita» y afirmó: «Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
Las frases más picantes de Federico Elaskar en Animales Sueltos
«Van a ver desfilar a media Casa Rosada ahí adentro. Secretarios, seguro». (en referencia al gobierno kirchnerista)
«La Rosadita era una cueva ultra mega vip. Yo los quiero ver a todos presos».
«La lavadora número es Cristina Kirchner. Lavar dinero es lo mismo que inflar un impuesto. En sus hoteles Cristina decía que tenía ocupada el 80% de su hotel y le ingresaba su propia plata».
«Esto va de Báez para arriba, es para el único lugar que va».
«Lo habrán llamado a Spielberg para montar el escenario de esa bodega en lo de Báez».
«Hay muchos sudando la gota gorda. Perez Gadín y Rossi que van a decir… ¿yo no era?»
«No hay mucha gente entre Báez y Cristina. Néstor y Báez eran amigos».
«Voy a hacer lo imposible para que se esclarezca todo esto. Pero no me voy a inmolar».
«Alguna protección debe tener Báez todavía. El 29/12 había gobierno nuevo, no obstante le dieron falta de mérito».
«Lázaro Báez es el delincuente mas grande de la Argentina».
«Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
«Me dio asco verlos contar plata como ciudadano. Fue el reflejo de la corrupción del kirchnerismo».
«Yo en SGI armé desde el logo, el color, la alfombra. Había casi 40 cámaras, que grababan interna y externamente. Se podía ver desde cualquier lado. Cuando yo me fui de la empresa empezaron a mandarse estas cagadas.»
«A Fariña lo conocí a través de Molinari porque querían comprarme la financiera. Pero el que vino a cerrar el negocio fue Pérez Gadín que se presentó como la mano derecha de Báez».
«La mía era la única financiera prolija, por eso la querían».
«Apenas vendí empezaron a apretarme mandándome fotos de una persona que yo quería mucho».
«Yo en lo de Lanata aparecí porque no me pagaron nunca nada y no los denuncié, porque, con todo respeto a la familia de Nisman, mirá lo que le pasó a él».
«Rossi es un pelotudo. Generaba empatía porque te traía alguna putita que generaba en el teatro. Yo lo conocí a él por Juan Carlos Calabró, que era cliente mío».
«Esa guita es obvio que no está bien habida. Pero ellos te van a decir que estaban haciendo una operación innmobiliaria, mientras puedan justificar el origen no van a tener problemas».
«Cuando yo dí el testimonio en lo de Lanata, al otro día tenía más diputados dando denunciándome en Comodoro PY que presentes en el Congreso».
«Me arrepiento de haberle dado bola al boludo de Fariña y de haber transado con Perez Gadín para vender mi empresa».
«Si hoy existiera la ley del arrepentido, van todos presos».
«El docor Casanello me tiene procesado por pagar tarjetas de crédito. No es imparcial. A mí tardó una semana en llamarme, a ellos un mes. La justicia argentina no está funcionando».
«Yo estoy con parte médico. A mí me hace muy mal ir a Comodoro Py, no porque me de miedo declarar, sino porque me agarran ataques de pánico. Estoy con tratamiento psiquiátrico».
«Estoy bastante hinchado las pelotas. Tengo muchas ganas de hablar y no puedo».
«Mataron a un fiscal a cinco cuadras de mi casa. House of Cards es un poroto al lado de esto».
«Yo pensé que estaba colaborando con mi declaración en lo de Lanata».
Los números secretos de los patrimonios que CFK y Máximo Kirchner declararon ante el Estado
Entre 2007 y 2013, el patrimonio del hijo de los Kirchner creció más de 53.000%. La Justicia debe decidir si imputa a la ex presidenta.Galería de imágenes.
Por Emilia Delfino.
Dicen que despedirse del poder político es un saludo de bienvenida en los tribunales federales. Cristina Kirchner viene siendo denunciada desde hace años, pero jamás pisó los tribunales como imputada y logró que las cuatro causas más importantes en su contra se cerraran o cambiaran de juez, cuando avanzaban: tres por enriquecimiento ilícito y el caso Hotesur. En los próximos días, la Justicia debe decidir si la ex presidenta tendrá un nuevo frente judicial por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestamente falsear datos de sus declaraciones juradas públicas. La denuncia fue presentada por la diputada Margarita Stolbizer.
PERFIL accedió a datos inéditos y reservados hasta hoy que demostrarían que el grueso de la fortuna de la familia Kirchner fue amasada por Néstor Kirchner durante la primera presidencia de su esposa y que ese crecimiento exponencial del patrimonio K comenzó en 2008 con la incursión en el negocio hotelero junto al contratista de la obra pública Lázaro Báez. Pero también demostrarían que antes de 2011, Cristina y Máximo, a diferencia de Néstor, declararon ante el Estado un patrimonio ínfimo.
PERFIL accedió por primera vez al patrimonio que Máximo y Cristina Kirchner declararon ante el Estado de manera reservada, es decir, que no son los números presentados en las declaraciones juradas públicas ante la Oficina Anticorrupción.
En 2007, Cristina declaró ante el Estado un patrimonio de sólo $ 39.277 y en 2008 ya pasaba los $ 400 mil. Tenía $ 39 mil en efectivo, una deuda por $ 33 mil y cuatro inmuebles: uno en Capital Federal y tres en Río Gallegos. Más acciones en Los Sauces SA. Los números ya no cerrarían, salvo que sólo declarara los valores fiscales de los inmuebles.
Su patrimonio reservado se mantuvo alrededor de los $ 400 mil hasta la muerte de Kirchner, cuando saltó a una fortuna declarada de más de $ 35 millones.
Gracias a la herencia de su padre, el patrimonio declarado de Máximo habría crecido un 53.000% entre 2007 y 2013. Pasó de poseer bienes por $ 46.343 a una fortuna de $ 24.838.629.
Hasta ahora, sólo se conocía el patrimonio declarado por Máximo durante la campaña de este año: $ 35,9 millones.
En 2008, las finanzas del ahora diputado nacional comenzaron a crecer: tenía un terreno en El Calafate y era accionista de Negocios Inmobiliarios, Los Sauces SA, y Comasa, según pudo reconstruir PERFIL de fuentes judiciales. Ya superaba el medio millón de pesos. Llegó a rozar el millón en 2010 y tras la muerte de su padre, heredó un cuarto de su fortuna, que incluye 28 inmuebles y acciones en empresas. Su madre, entonces presidenta, le donó en 2012 unos $ 180 mil y otros $ 400 mil en 2013.
Stolbizer pidió allanar la AFIP para secuestrar las declaraciones juradas de bienes personales de Máximo, Cristina y la sucesión de Néstor Kirchner desde 2010 a 2015. Estos números formarían parte de esas declaraciones, según adelantaron fuentes judiciales a este medio. La información ya había sido solicitada por el juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur.
Además, Stolbizer pidió al juez Sergio Torres solicitar a la Oficina Anticorrupción los legajos reservados a fin de que presente la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2011, 2012, 2013 y 2014 con sus anexos reservados.
El fiscal federal Carlos Rívolo analiza por estas horas si imputará o no a la ex mandataria. Se trata de la cuarta causa iniciada contra Cristina por el exponencial crecimiento de su patrimonio junto al de Néstor Kirchner.
Otro hotel prueba que Báez y los Kirchner son socios comerciales
Por Nicolás Wiñazki.
La ruta del dinero K. Se trata de La Aldea del Chaltén, que está en el parque nacional Los Glaciares. El empresario tiene el 50% accionario.
La Aldea. Este hotel está en El Chaltén, donde se encuentra el mejor circuito de trekking del país.
En el año 2013, el empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en la Argentina y el exterior, se asoció con la Presidenta para explotar un emprendimiento económico en la Patagonia: un hotel, en el que ya estaban entrelazas sus finanzas, pero en el que esta vez quedaron definitivamente concretadas a nivel societario-comercial.
Báez y su hijo Martín compraron la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”, que maneja uno de los hoteles K, justamente La Aldea, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz.
La sociedad había sido creada por Adrián Berni, un ex administrador de otro hotel presidencial, el Alto Calafate; y por el escribano de Báez, Leandro Albornoz. Según pudo saber Clarín, Báez padre compró el 50 % de la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”; mientras que su hijo Martín adquirió un 45 % restante. El 5 % de las acciones restantes tienen un dueño aun anónimo.
Para cerrar el negocio con su socio más polémico, la familia presidencial aportó el terreno en el que se levanta el hotel. Es propiedad de una de sus sociedades, Los Sauces.
La información sobre esta alianza comercial entre los Kirchner y los Báez consta en el expediente “Hotesur”, que investiga si los hoteles de la familia presidencial fueron utilizados para realizar maniobras financieras ilegales.
Tras las denuncias por el manejo sospechoso de las finanzas de Báez, caso que se dio a conocer como “La Ruta del Dinero K”, los Kirchner apartaron de Báez de la administración de sus hoteles, pero en el 2013 se asociaron con él en secreto para controlar “La Aldea”.
En los hechos, quien regentea ese hotel es Idea Sociedad Anónima S.A, dirigida por un socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, quien también ahora explota otros tres hoteles que tienen los Kirchner en Santa Cruz, El Alto Calafate-Hotesur, y Las Dunas.
Hoy, a las 10, la denunciante de la causa, Margarita Stolbizer, candidata presidencial del Frente Progresista, dará una conferencia de prensa en la que aportará nueva información sobre esta trama.
El hotel La Aldea es el más chico de la cadena K: tiene 25 habitaciones con vista al monte Fitz Roy y el cerro Chaltén, dentro del parque nacional Los Glaciares.
En algún momento, fue alquilado por una productora de la televisión pública que filmó una serie en la zona: hubo plata del Estado, entonces, que financió un hotel de la Jefa del Estado. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el Alto Calafate: la tripulación de los aviones de Aerolíneas Argentinas que viajan a esa ciudad patagónica duermen en el hotel de la titular del Ejecutivo. Eso les garantiza una ocupación anual del 30 % de su negocio turístico.
Báez administró el Alto Caladate durante cuatro años: es un contratista estatal. O sea: pagó una renta extraordinaria para el mercado -5 millones anuales- a quienes lo contrataban para hacer obra pública. El caso Hotesur está bajo instrucción del juez Daniel Rafecas. El primer magistrado fue Claudio Bonadio. La sala 1 de la Cámara Federal lo apartó en tiempo récord. Pasó un día después de que allanara empresas de los Kirchner en Santa Cruz.
Antecedentes
El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por supuesto lavado de dinero en el caso Hotesur, rechazó la semana pasada la recusación planteada por la denunciante Margarita Stolbizer. Según la resolución, el pedido para que Rafecas se aparte de la causa fue “extemporáneo”. La diputada había pedido la recusación de Rafecas después de que el juez se negara a su reclamo para anular el permiso que le había dado a Lázaro Báez para hacer un backup de un servidor con información contable que estaba escondido en una de las firmas del empresario kirchnerista en Río Gallegos. Stolbizer consideró que la devolución de ese servidor pondría en peligro la cadena de custodia de la prueba. La sala I de la cámara federal confirmó el rechazo.
Stolbizer mostró pruebas sobre el caso Hotesur y pidió un compromiso de los candidatos
Por Claudio Savoia.
Sospechas de corrupción. La candidata presidencial de Progresistas presentó un informe con el detalle de las maniobras que están en el expediente que según ella el juez Rafecas quiere cerrar en estos días.
Preocupada por lo que espera pueda ser un inminente archivo del expediente Hotesur, la candidata presidencial del frente Progresistas Margarita Stolbizer presentó esta mañana un detallado informe con las maniobras de la empresa de la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, enumeró y explicó los mecanismos a través de los cuales podría probarse el lavado y los delitos precedentes que lo provocaron. Toda la información presentada, advirtió Stolbizer, está en el expediente que tramitaba el juez Claudio Bonadio y quedó en manos de su colega Daniel Rafecas. «El quiere planchar la investigación», advirtió la diputada.
«Les pido a los candidatos de todas las fuerzas políticas que se comprometan contra la corrupción y contra el inminente cierre y desguace de la causa Hotesur, en la que se investiga a la Presidenta y su familia por posible lavado de dinero», dijo Stolbizer, para quien Rafecas y los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero ya dieron los primeros pasos para cerrar el expediente al cuestionar en sus últimos escritos cuál es «el objeto de la investigación.»
El informe muestra los vidriosos vínculos de negocios entre los Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas del Estado por montos millonarios (el ministerio de Planificación admitió haber adjudicado obras a Báez por 8.000 millones de pesos) que a su vez contrataron servicios con la empresa de la Presidenta, Hotesur, cerrando un círculo perfecto: «Se contrataban los hoteles de la Presidenta por parte de emrpesarios beneficiados por obras que adudica el Gobierno y organismos públicos o empresas estatales que dependen de la Presidenta, es decir que de algún modo ella se contrata a sí misma», graficó la diputada.
«El ejemplo más escandaloso es el de Aerolíneas Argentinas, que entre fines de 2008 y julio de este año contrató más de 35.000 habitaciones en el hotel Alto Calafate de esa localidad santacruceña, por un monto de 2,5 millones de dólares», explicó Stolbizer, y mostró cómo la cantidad de cuartos alquilados excede a la cantidad de personas que tienen las tripulaciones que podrían pasar una noche en ese hotel. Con cuatro vuelos diarios y una dotación promedio de seis personas -que en muchos casos sólo pasan en Calafate unas horas, pues siguen su viaje hacia Ushuaia o Buenos Aires- los números no cierran.
«La causa está a punto de consagrar la impunidad, pese a que está llena de pruebas. En Bahía Blanca se investiga cómo Austral Construcciones de Lázaro Báez usaba facturas truchas para justificar movimientos de dinero, hay contrataciones directas con sobreprecios en los hoteles, y relaciones ilegales entre concesor y concedente de obras públicas y negocios personales», se enojó Stolbizer. «Yo estoy preocupada y soy escéptica sobre cómo va a terminar la causa, más allá de quién gane la elección. Ninguno de los candidatos o referentes de otros partidos me llamó o hizo nada por esta causa. Eso es lo que más me preocupa.»
Según Báez, sus empleados viabajan 1.200 kilómetros diarios hasta el Alto Calafate
De este modo justificó ante la AFIP el alquiler del hotel de los Kirchner; dijo que no había otros alojamientos a menor distancia de las obras donde trabajaban.
Por Hugo Alconada Mon y Mariela Arias.
El empresario patagónico Lázaro Báez afirmó que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero con un detalle: esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel presidencial, según surge de los datos aportados por el propio Báez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obtuvo LA NACION.
Báez argumentó que optó por alojar en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar esas obras por «la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad» de esa ciudad turística, al mismo tiempo que afirmó que sus constructoras Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA no contaban «con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos» a las obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre.
Ese argumento choca, sin embargo, con la realidad. Primero, porque Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos -sede central de sus empresas- en vez de alojarlos en El Calafate, que se encuentra a similar o incluso mayor distancia de las obras que la capital santacruceña.
En efecto, Piedrabuena se encuentra a 280 kilómetros de El Calafate por ruta de ripio -intransitable la mayor parte del año- o 470 kilómetros por asfalto -el más utilizado por los locales-, pero a 231 kilómetros de Río Gallegos. Y lo mismo se repite con Puerto San Julián, que queda a 404 kilómetros de Calafate por ripio o a 592 por asfalto, pero a 360 kilómetros de Gallegos.
Por su parte, Río Turbio queda a 252 kilómetros de El Calafate y a 261 kilómetros de la capital provincial, y, por último, 28 de Noviembre queda a 249 kilómetros de la ciudad turística y a 250 kilómetros de Gallegos, según los datos oficiales de Vialidad Provincial que difunde a través del área de Turismo.
Del análisis elaborado por los técnicos de la AFIP, identificado como «actuación 10780-1041-2014», que obtuvo LA NACION, surge por qué Báez se inclinó por alojar a su personal jerárquico en el Alto Calafate en vez de optar por otros hoteles más baratos en El Calafate. De hecho, en esa ciudad pudo optar por otros 13 establecimientos de 4 o 5 estrellas con características similares al hotel de los Kirchner, bajo investigación de la Justicia por sospechas de lavado.
Sin embargo, entre 2010 y 2011, cuando Báez optó por contratar al Alto Calafate, eso les permitió a los Kirchner mantener abierto el hotel durante julio, agosto y septiembre, a diferencia de lo que ocurre con otros establecimientos que cierran sus puertas durante el invierno. A tal punto que el empresario le garantizó así a los Kirchner la ocupación de habitaciones en temporadas que no fueron buenas en esa ciudad. Por ejemplo, en 2011 el porcentaje de ocupación anual fue del 40,2%, según la encuesta de la actividad hotelera del Indec.
Para insistir con El Calafate, Báez también podría haber dado un golpe de efecto y alojar a sus jerárquicos en el hotel y shopping que desde hace cinco años espera ser inaugurado. Ese hotel «fantasma» no tiene nombre, aunque en un momento circuló que se llamaría Bahía y se lo conoce como «el hotel de Lázaro» ya que es suyo el terreno de casi 10.000 metros cuadrados donde se erige, frente al lago Argentino.
El edificio, con forma piramidal, color arena y techos negros, domina la vista en el Barrio Manantiales y el propio Báez se encargó de asfaltar la cuadra que lo separa de la avenida para garantizar el acceso. Desde afuera, el edificio parece terminado, aunque su interior es una incógnita.
Según los abogados de Báez, además, quedarse en El Calafate fue casi una necesidad. «Vale señalar que ninguna de las empresas [constructoras] en cuestión cuentan ni contaban con alojamiento y/o obradores aptos para tal fin ni en los parajes próximos a la localidad de comandante Luis Piedrabuena (caso de KyC) [por Kank y Costilla] ni en aquellos cercanos a la localidad de El Turbio o 28 de Noviembre (caso de Loscalzo)», indicaron sus letrados.
Sin embargo, mientras la firma Kank encaraba la obra de repavimentación de un tramo de la ruta 3 comprendido entre Piedrabuena y San Julián, en la zona del Gran Bajo de San Julián, Báez pudo alojar a su personal jerárquico en hoteles de Puerto San Julián.
Según la información oficial que difunde su municipalidad, Puerto San Julián cuenta con el hotel Bahía y la hostería Posada de Drake, ambos de 3 estrellas, en tanto que el hotel Costanera es de 2 estrellas, sólo por mencionar los de esa categoría.
Así, aunque la hotelería de esa localidad es menos desarrollada que en El Calafate, Báez pudo ahorrarles cientos de kilómetros de ruta a sus ejecutivos cada vez que debieron supervisar los avances de la obra, y cientos de kilómetros más al regresar al final de cada jornada laboral.
Así, de haber optado por alojarlos en el hotel Bahía de Puerto San Julián, por ejemplo, sus ejecutivos se habrían hospedado en suites y departamentos para ejecutivos con Internet, más una confitería, galería comercial y estacionamiento propio.
En Piedrabuena, en cambio, la única opción es más austera. Los colaboradores de Báez sólo habrían contado con la hostería El Álamo, céntrica y sencilla, categorizada en 2 estrellas. Pero de haberse inclinado por esa opción, en vez del Alto Calafate de los Kirchner, se habrían ahorrado 940 kilómetros, entre ida y vuelta, cada vez que debieron ir hasta allí.
Alquileres bajo sospecha
El argumento de Báez
El empresario dijo que contrató habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para darle hospedaje al personal de su empresa abocado a obras públicas en la provincia.
Kilómetros
Báez omitió mencionar que esas obras santacruceñas estaban situadas a 300 y 600 kilómetros de distancia del hotel de los Kirchner, una distancia muy difícil de recorrer a diario.
Más cerca
Báez pudo alojar a sus empleados en hoteles más cercanos o mantenerlos en Río Gallegos, donde funciona la sede central de sus empresas, a una distancia similar que el Alto Calafate.
Más barato
Báez eligió alquilar el Alto Calafate, pero podría haber elegido otros 13 establecimientos más baratos de 4 o 5 estrellas en El Calafate con características similares al hotel de los Kirchner.
Encuentran pruebas clave del nexo comercial entre los Kirchner y Báez
Entre la documentación recogida en la oficina de Máximo durante el allanamiento dispuesto por el juez Bonadio hay facturas, poderes, cheques y contratos de alquiler entre la familia presidencial y el empresario.
Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.
Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.
El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.
Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.
«Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas», ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.
Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.
La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.
Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí «no había ningún tipo de información referente» a lo que buscaban.
Entonces sí, la visita mutó en allanamiento. Y a medida que hurgaban se encontraron con un verdadero tesoro de documentos que vinculan a los Kirchner con Báez.
El operativo, que se extendió entre las 12.40 y las 19 del lunes 13 de julio pasado, también conllevó el conteo de $ 573.221 en efectivo, y el decomiso de libros contables y societarios, como así también la copia de los archivos de los discos rígidos de cinco computadoras.
Días después, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de la causa que comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer y que quedó ahora en manos de Rafecas.
Durante el allanamiento a la inmobiliaria los emisarios de Bonadio recopilaron documentos sobre Alto Calafate y dinero en efectivo, pero también sobre la nave insignia de Báez, Austral Construcciones, constituida un mes antes de que Kirchner asumiera como presidente en 2003.
«Luego de ello, y continuando con al requisa, más precisamente en la última oficina que según dichos de Emanuel Gómez [por el apoderado de la inmobiliaria] pertenecería a Máximo Kirchner, pero no es utilizada desde hace bastante tiempo», indicó el inspector del área de Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana que redactó el acta.
La afirmación de que Máximo no utiliza esa oficina es, cuando menos, llamativa, porque el hijo presidencial acude a esa oficina a diario, donde mantiene sus reuniones laborales, comerciales y, durante las últimas semanas, las políticas. En cualquier caso, los responsables del operativo avanzaron igual. «Se procede al secuestro» de más documentos, consignaron en el acta. Entre otros, los siguientes:
Un contrato de locación firmado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por el departamento «D», del quinto piso de Roca 952, un inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos que pertenecía a los Kirchner desde 1982, pero que la constructora de Báez adquirió en 2008. Báez les pagó por él $ 380.000 a los Kirchner (unos US$ 115.000 al tipo de cambio entonces vigente), según consta en los registros catastrales que obtuvo y reveló LA NACION en 2013.
Una carpeta de color marrón que en su tapa dice calle «Roca 952, 5to, ‘D'» de Río Gallegos, que contiene tres facturas (186, 171 y 158) «emitidas por Néstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones»;
Copia de un cheque, número 02203070, del Banco de Santa Cruz, emitido por Austral Construcciones;
Dos recibos a nombre de Austral Construcciones;
Una carpeta blanca que en su tapa dice «Carlos Kirchner y Austral Construcciones», que contiene 93 recibos celebrados entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, aun cuando Carlos era el segundo nombre del ex presidente, pero también el primer nombre de su primo, funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
Dos contratos de locación entre el hijo de la Presidenta y esa constructora por un inmueble en la calle Orkeke 416 de Río Gallegos, es decir, un inmueble que adquirieron los Kirchner en 1981 y que durante años ocupó un funcionario de Vialidad nacional;
Un poder general emitido por Austral Construcciones a favor de Martín Samuel Jacabos [sic; en alusión al contador Jacobs, de la constructora de Báez que también figuró en la sociedad Top Air del empresario, dedicada al transporte aéreo de pasajeros];
Una cláusula accesoria entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones;
Cinco fotocopias de los cheques 01709361 a 01709365.
Los hallazgos no se agotaron ahí. Porque los colaboradores de Bonadio, acompañados por efectivos de la Policía Metropolitana, también secuestraron:
Cinco copias de recibos entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones (números 170, 185, 197, 209 «y el último no registra numeración»);
Una copia del cheque 002203068 del Banco de Santa Cruz, «titular de la cuenta: Austral construcciones»;
Dos recibos (796 y 797) dirigidos a Austral Construcciones;
Contrato de locaciones celebrado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, por un inmueble en la calle Brasil 520 de Río Gallegos, otro inmueble que la familia Kirchner adquirió en 1977, pero que en 2008 se la vendieron a Austral Construcciones, como reveló LA NACION.
A todo ese material se sumaron otros documentos contables y societarios de las firmas Negocios Inmobiliarios y Negocios Patagónicos. Y todo el material se remitió para que «permanezcan en depósito del Área Delitos y Crimen Organizado». Pero que cuando el juez Rafecas tomó el control del expediente, ordenó trasladar a dependencias de la Prefectura.
Al juez le queda ahora la tarea de verificar si Báez fue un empresario más para los Kirchner durante el período en que recibió más de $ 8800 millones de fondos federales con contratos de obra pública.
Bonadio, sobre Hotesur: «Esta investigación no está cerrada»
El juez desplazado de la causa de los hoteles de los Kirchner dijo que “es muy difícil investigar a un presidente en cualquier lugar del mundo».
«Es muy difícil investigar a un presidente en cualquier lugar del mundo», señaló Claudio Bonadio, el desplazado juez de la causa en la que está involucrada Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez.
CFK y bolsa de dinero
El apartado juez federal de la causa Hotesur aseguró en el programa “Código Político” que la investigación por la causa «no está cerrada». En este caso, se investiga a la presidenta Cristina Kirchner y su familia por presunto lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros en el sur del país.
El magistrado recordó además que «hay más involucrados» en la causa.
Bonadio, que fue desplazado por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, explicó que «los indicios (de la causa Hotesur) indican poco separados, pero sí en conjunto», y remarcó que por eso ordenó una pericia contable, para «comprobar los extremos de la denuncia».
Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadio hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.
Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.
Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.
¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.
Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.
En ese expediente, que se inició un año antes que la causa de Bonadio, los expertos de la AFIP presentaron tres informes -uno de avance, otro complementario y el final-, basados en la contabilidad de las empresas de Báez. Es decir, analizaron la verdad «formal» -si lo declarado estaba en regla con los tributos-, pero no «material» de la operatoria.
Pese a eso, desde la AFIP confirmaron varios puntos. El primero, que entre los Kirchner y Báez intermedió la firma gerenciadora Valle Mitre, que en los papeles se vincula al empresario. El segundo, que siete de sus empresas firmaron convenios: La Estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto Construcciones, Alucom Austral, Badial y Austral Construcciones.
Sin embargo, algunas de esas empresas, según la AFIP, no alquilaron habitaciones de hotel, sino que sellaron otro tipo de acuerdos, como Alucom, para la prestación de supuestos «servicios de asesoramiento» para «promoción y marketing» o la constructora Badial, para desarrollar un presunto «emprendimiento hotelero», que no especificó. O Austral Construcciones, que firmó un contrato para «el desarrollo de un complejo turístico» sin precisar cuál.
Otros convenios sí dijo que se ciñeron a las habitaciones del hotel. Como los firmados por las constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, con 16 y 20 habitaciones por mes. O las estaciones de servicio La Estación y Don Francisco, ambas de Río Gallegos -a 300 kilómetros de El Calafate-, para usar un salón del hotel durante seis días al mes durante un período de cinco meses, «espacios comunes» y cuatro habitaciones por mes.
Por último, destacó López Biscayart al derivar copias de su expediente al fuero federal, «hay un contrato suscripto con Austral Construcciones el 27 de agosto de 2009 que se relaciona con la prestación de servicios de consultoría integral en materia hotelera y gastronómica, pero que, además, prevé la posibilidad de que se solicite al consultor -Valle Mitre SA- «la utilización de un máximo de 500 noches de hotel por parte de los empleados y/o sujetos designados por el cliente, en los establecimientos hoteleros gerenciados y/o de propiedad de la consultora»».
El propio López Biscayart aclaró, no obstante, que «en ese convenio no se deja constancia de que Valle Mitre SA detenta la titularidad de la explotación del hotel Alto Calafate y si bien incluye la provisión de habitaciones en hoteles gerenciados por la firma, no se menciona expresamente la utilización del hotel Alto Calafate». Es decir, que esas reservas podrían darse en los otros establecimientos de los Kirchner que operaba la gerenciadora, ya fuera Las Dunas o Los Sauces.
Según los técnicos de la AFIP, las siete empresas de Báez «que contrataron los servicios de Valle Mitre SA estarían adeudando intereses resarcitorios y además deberán aplicarse las multas correspondientes por no practicar las retenciones» por los impuestos.
Desde la AFIP determinaron entonces ajustes en el impuesto a las ganancias por más de $ 190.000 entre 2010 y 2011, y le impugnaron créditos fiscales por $ 570.000 durante ese mismo período, que el grupo Báez protestó, pero al final optó por pagar.
Sin embargo, sin opción de avanzar por la vía tributaria porque ninguna empresa superaba el umbral legal de los $ 400.000, López Biscayart cerró ese expediente. Pero el 27 de mayo pasado derivó las copias al fuero federal, donde por sorteo se giró al juez Sergio Torres y al fiscal Carlos Rívolo, que ahora evalúan los pasos por seguir. Por ejemplo, sobre otra operatoria cuestionada: el ingreso de $ 254 millones en las cuentas de Austral Construcciones provenientes de dos sociedades que en Curazao figuran como disueltas.
Tanto en esta tercera e incipiente pesquisa como en la que instruyó Bonadio y ahora quedó en las manos de su colega Daniel Rafecas el desafío es cruzar el análisis técnico formal con lo que pasó en realidad, según indicó a LA NACION un experto con décadas de investigaciones judiciales sobre sus espaldas.
«En definitiva, si no se investiga más allá de la formalidad de los papeles es como que [desde la AFIP] sólo vieron desde que estaba facturado y declarado. De ese modo, podría avalarse una factura que diga que se vendió el Obelisco: la factura está bien [cumple con los requisitos formales, se hicieron las retenciones, etcétera] y se constata que se pagó… pero es una estupidez lo que dice [que se vendió el Obelisco]. Ahí está el tema.»
