Abby Johnson (Ashley Bratcher) es una de las directoras más jóvenes de una de las clínicas «Planned Parenthood» que existen en la nación. Ejerciendo ese cargo ha estado involucrada hasta en 22.000 abortos y ha aconsejado a innumerables mujeres con respecto a la toma de decisiones relacionadas con la reproducción. Su pasión por la materia la llevaría a convertirse en la portavoz de la franquicia, luchando por establecer la legislación en que la ha que creído firmemente desde su adolescencia. Sin embargo, un día su perspectiva toma un inesperado rumbo tras presenciar algo que la marcará de por vida. (FILMAFFINITY)
Artículo publicado en Foro Patriótico el 05/12/2020.
La irracionalidad del aborto
Cualquiera que sea nuestra concepción de la política, cuando juzgamos justificadas las medidas de un gobernante apelamos a ideas como ajuste, oportunidad, conveniencia. Hablamos de medidas ajustadas, medidas oportunas, medidas convenientes. Los motivos de justificación de una acción determinada ponen de manifiesto, por lo tanto, la necesidad de someterla al tribunal de la razón, porque sólo la razón puede establecer en qué consiste lo ajustado, conveniente u oportuno de una acción humana. De allí la frase: “Un buen rey da órdenes razonables”.
Lo razonable en materia política es así sinónimo de prudente. Precisamente la prudencia, y no otra disposición, recurso o habilidad misteriosos es lo que permite al que gobierna señalar por antelación los medios requeridos para lograr los objetivos políticos; es decir prever. La capacidad de previsión, el sentido de la oportunidad, el discernimiento de lo conveniente, la prontitud en el pronunciamiento son aspectos de la sabiduría prudencial que le exigimos a quien manda para que sus órdenes sean razonables; si las posee será un buen gobernante y sus medidas resultarán siempre justificadas ante los gobernados; en una palabra, su autoridad quedará legitimada en el ejercicio del poder… Y si, además, las acciones emprendidas por el que manda tuviesen relevancia histórica (en tanto su contenido estuviese cargado de significación moral) dichas acciones ingresarían al patrimonio común de la tradición, trascendiendo las circunstancias concretas que le dieron origen.
Tenemos que tomar conciencia de la situación que atraviesa el país. Una conciencia abierta al debate en todos los ámbitos. Pero este conocimiento no puede ser moralmente indiferente o aséptico, en la medida en que estamos transitando hechos históricamente relevantes, sino que implica un discernimiento de lo bueno y de lo mal a la luz de la verdad, es decir, implica un juicio valorativo. No se trata de tomar conciencia “a secas” (que es una pura abstracción), sino la mejor conciencia moral respecto de los que está bien y está mal porque estamos ante un hecho y una verdad objetiva. De ahí que la tarea debe comenzar por modelar el juicio crítico del asunto y sembrar la inquietud por profundizar el tema porque está en juego una vida humana.
Las mujeres y hombres pro aborto insisten en su engañoso eufemismo llamando a dicho crimen como “Interrupción del embarazo”, encubrimiento del homicidio con lenguaje cortés, dado que los embarazos no se “interrumpen” porque la interrupción es el cese transitorio de una actividad para su posterior reanudación, pero el aborto es un acto de naturaleza definitiva e irreversible: precisamente porque la muerte es un hecho de naturaleza definitiva e irreversible: “ahorcar es interrumpir la respiración” decía con sorna Julián Marías.
El hecho de que en una determinada fase de su vida el hijo necesite el ambiente del vientre materno para subsistir, no implica que no sea una parte distinta de la madre. Como sostenemos, desde la fecundación el niño tiene ya su patrimonio genético y su propio sistema inmunológico diferente del de la madre con quien mantiene una relación que, para ejemplificar, diríamos que es asimilable a la que sustenta un astronauta respecto de su nave: si saliese de ella moriría, pero no por estar transitoriamente adentro forma parte de la misma.
Bajo el ropaje de “salud pública”, los “derechos de la mujer” y de la falsa dialéctica casi luciferina de “salvar la vida de la madre y no del niño” se encubre una gran farsa que merece ser denunciada con todas las letras; toda vez que está en juego nuestra identidad cultural y, en segundo lugar, nuestro destino como nación, constituyendo la aprobación de esta ley a favor del aborto la última y más grave de las amenazas contra el futuro de la población argentina dado que se presenta como una verdadera confederación filicida.
El aborto es la muerte del concebido. Esta muerte puede ocurrir por causas naturales o por interferencia externa; esto, la muerte del niño por nacer, el ser más inocente e indefenso del universo, es un crimen.
Es sabido que el inciso 2° del artículo 86 del Código Penal exime de pena a los abortos “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Es decir, fue, es y sigue siendo delito, pero no punible para la mujer que aborta, nada más, o sea, funciona como una excusa absolutoria únicamente para la madre.
Si bien existen fundadas y motivadas razones médicas, científicas, religiosas en contra del aborto nosotros vamos a aportar un único argumento, pero sólo desde la lógica.
Dicho ello, supongamos ahora un suceso extremo para demostrar la irracionabilidad del asunto, del argumento. Imaginemos el peor de casos: la violación de una niña de 13 años con síndrome de Down por parte de un pariente intrafamiliar depravado, pero por el grado de avance de la gestación no se encuentra dentro del plazo límite de “interrupción del embarazo” que pregonan arbitrariamente quienes están a favor del aborto legal, seguro y gratuito según el antojadizo almanaque que manejan; no obstante, las autoridades públicas competentes autorizan igualmente la práctica del aborto eugenésico dada la excepcionalidad del caso bajo estudio.
¿Qué hacemos? ¿Matamos al bebé?
El bebé tiene la mejor defensa que un inocente pueda tener. Una defensa metafísica, más allá de lo físico: «cuando se cometió el delito el no existía». Al que hay que condenar es al violador no condenar a pena de muerte y asesinar al bebé. Salvo Dios, ¿quién se arroga el derecho divino de decidir quién debe morir y quién debe vivir?
¿Quién puede asegurar que detrás de esa vida truncada no se escondía un extraordinario científico o artista, un gran deportista o un excelente estratega?
¿De qué derechos humanos nos hablan? Si el primer derecho humano es la vida por nacer, que es el primer sujeto a defender o tutelar sus derechos y no solamente desde una situación de la madre. Aun cuando la práctica del aborto sea clandestina o un riesgo para la salud y la vida de la madre, pareciera ser que el niño no cuenta. Los derechos y valores de toda persona deben ser considerados desde su concepción para evaluar correctamente su dignidad como ser humano único e irrepetible. El respeto de la ley natural y de las leyes biológicas está por encima de los intereses, la voluntad y la libertad de las madres por más que se trate de un embarazo no deseado. Los principales derechos positivos se basan en el derecho natural.
Porque si se niega que el hombre tiene naturaleza corpórea/espiritual y sostenemos, a través de un consenso social (una ley del Congreso), que se reduce a pura materia no existiría razón alguna para prohibir la tortura ni razón que nos lleve a respetar su vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Quedarían así justificadas y legalizadas todas las aberraciones que, lamentablemente, se dan de hecho en países con gobiernos supuestamente democráticos.
Esto es importante: lo que está en juego no es una simple lucha política o un derecho de salud pública sino «la pretensión destructiva del plan de la creación de Dios». Tomemos conciencia, ello es grave, el resultado y la finalidad son sumamente graves.
Por otra parte, decir que el homicidio voluntario se refiere sólo a la muerte del inocente es una arbitrariedad. Homicidio voluntario, objetivamente hablando, es la muerte de cualquier hombre o mujer, inocente o culpable, por decisión y a mano del propio ser humano. En un asunto tan grave que no podemos jugar con eufemismos lingüísticos o leguleyos y menos aún médicos, diplomáticos o económicos. Importa una concepción filosófica y humanística de la vida, del ser. En eso radica también la maldad objetiva de la pena capital que en nuestro país no se le aplica ni siquiera al peor violador y asesino serial, pero sí se le quiere imponer al ser más inocente e indefenso del planeta.
Análogamente, podemos decir que, si se pone tan gran atención al respeto de toda vida, incluida la del reo y la del agresor injusto, también le corresponde al feto humano, pues el mandamiento «no matarás» tiene un valor absoluto cuando se refiere a la persona inocente. Tanto más si se trata de un ser humano débil e indefenso, que sólo en la fuerza absoluta del mandamiento de Dios encuentra su defensa radical frente al arbitrio y a la prepotencia ajena.
Además, evitar nacimientos en Argentina implicará en un futuro un suicidio colectivo; toda vez que geopolítica, estratégica, demográfica y geográficamente tenemos un territorio deshabitado y una población insuficiente, nada más tentador para los grandes imperios del mañana.
Hay instituciones internacionales que trabajan en la difusión de esta “cultura de la muerte”. Los países pobres en los que la familia sigue siendo un punto de anclaje fundamental de la vida social son el blanco prioritario de las políticas eugenésicas y maltusianas. Grandes fundaciones manejadas por millonarios occidentales llevan a cabo programas de exterminio de niños no nacidos. Este combate por difundir la muerte a cualquier precio es una monstruosidad y supone un empleo descontrolado del poder económico para destruir a los débiles e indefensos. Estos hombres bailan sobre los cadáveres de cientos de miles de frágiles seres sacrificados para poder conservar su dominio; donde se califica de «amenaza» para la seguridad mundial la «explosión demográfica» en algunos países en desarrollo, como el nuestro, que, pese a irnos mal económicamente, tiene una sólida cultura arraigada en los verdaderos derechos humanos.
La masacre del nasciturus o niño por nacer está adherida a una corriente radical o extremista del feminismo que actúa desde organizaciones vinculadas a Naciones Unidas con abundantes recursos financieros y una red de apoyos políticos que componen una trama global.
Como ha dicho Ronald Reegan: “Tienen suerte los abortistas de que no se les haya aplicado las recetas que ellos patrocinan”.
Es una necesidad estratégica para nuestro país aumentar no disminuir considerablemente su población en las próximas décadas, de ahí la gravedad de comprender cabalmente la disminución de la tasa de natalidad, que se suma a la necesidad de fomentar la inmigración hacia nuestro despoblado territorio. Esta situación es la que señala con mayor énfasis la responsabilidad de gobernantes y dirigentes de todos los partidos políticos que, desde hace años permanecen impávidos ante este verdadero drama poblacional. Ni que hablar de la ceguera de quienes, no solo permanecen inactivos ante el bajo aumento de nuestra población, sino que en una actitud incomprensible e imperdonable pregonan la adopción de todos los métodos habidos y por haber que tienden a disminuir los nacimientos, actitud que es totalmente incompatible con los intereses nacionales.
No es casualidad que, en Argentina, cuando se negocia con el F.M.I., simultáneamente se debatiera la ley para aprobar el aborto. Eso ocurrió durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y también está sucediendo lo mismo ahora durante la administración del presidente Alberto Fernández.
¿Podrá un bebé en el vientre de su madre gritar la voz de ¡Alerta!?
No dejemos pasar esta fecha sin pensar en todas las personas que aún esperan el día de su cumpleaños, de su nacimiento.
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Si estás leyendo este artículo, significa que naciste y que alguno de los días del año es tu cumpleaños.
No festejarías tu cumpleaños si nunca hubieras nacido. Está en vos la posibilidad de ayudar a todos los bebés que esperan el día de su nacimiento para que ellos también puedan festejar el hecho de estar vivos.
Todo ciudadano puede y debe expresar su opinión frente a cualquier hecho que encuentre injusto, violento o denigrante para el ser humano.
Sin importar la edad, la religión o el estilo de vida que llevemos podemos gestar un cambio en nuestro país.
En el Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina prometemos promover la justicia, la paz y la libertad para que estos valores puedan ser disfrutados por todos los argentinos y extranjeros que vivan en nuestro país:
«Nos, los Representantes del pueblo de la nación Argentina, reunidos (…) con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino (…)»
Ofrezcámosle un futuro justo a todos los hombres y las mujeres del país. Ofrezcámosle un futuro justo a todos los niños y niñas que están creciendo en el seno materno. Ofrezcámosle la libertad a aquellos niños para poder tomar decisiones sobre cómo desean vivir. Pero, por sobre todas las cosas, defendamos el DERECHO A LA VIDA de TODA PERSONA. Así, partiendo de esta base, lograremos construir la libertad, la paz y la justicia que tanto anhelamos.
El futuro de nuestro país está en las manos de cada uno de los que vivimos en la Argentina. Los que ya hemos nacido debemos cuidar a los que aún esperan nacer.
Una vez más, como quien quiere tirar la moneda tantas veces hasta que salga «ceca», el Congreso debate sobre el aborto. Así de fácil, lo mismo que tirar una moneda al aire, se discute sobre la vida de otro, o, más bien, sobre la vida de miles de «otros».
Igual de disparatado, pero tal vez menos injusto, sería que debatieran sobre la vida de cualquiera de los que se disponen a aprobar el aborto, quienes, como mínimo, tendrían el derecho a hacer un alegato en su defensa, a diferencia de un bebé inocente y sin posibilidades de esquivar el instrumento o la droga que lo mata inesperadamente en su propio santuario. Sería un teatro del absurdo, claro, pero la Argentina es el país donde el absurdo aparece como algo normal a costa del incesante repiqueteo de la propaganda.
¿Qué tuvo que ocurrir, cuántas batallas debió perder el lenguaje, qué veneno debió haber trastornado a la lógica para que la muerte de un bebé sea algo políticamente correcto y, en cambio, la defensa de la vida sea una actitud fascista? ¿No era el culto a la muerte lo que caracterizaba precisamente al fascismo, como escribió Pablo Giussani? Un culto, efectivamente, no una opinión.
Una opinión es el argumento de alguien que se presenta en un programa de televisión o escribe en un periódico a fin de sostener su posición en favor del aborto. Pero no es una opinión la marea verde que se agita en las calles, que danza, que pintarrajea catedrales, que proclama estar librando una batalla, que pinta grafitis contra «los fetos» o que se jacta de maltratar en la vía pública a muñecos con forma de bebés.
¿No es esa, acaso, la confesión expresa de la existencia de una vida distinta a la de la madre? ¿No es ese el reconocimiento de que no es la compasión lo que mueve esa ola? También lo es la persecución a los médicos que convencen a la madre de no abortar y conducen el embarazo hasta el nacimiento. El ensañamiento con quienes salvan la vida es el revés mismo de la compasión.
El aborto, una bandera histórica de la izquierda, fue rechazado en su momento por el gobernador socialista de Santa Fe Hermes Binner, y por el entonces presidente de Uruguay, también de izquierda, Tabaré Vázquez. Médicos ambos, no quisieron violar el más puro de los juramentos, que es la defensa de la vida.
Al tiempo de enviar el proyecto, el presidente de la Nación sostuvo que, desde la recuperación de la democracia, se registraron más de 3.000 muertes por abortos clandestinos.
Si tan bien contabilizaron los casos ¿dónde están las denuncias? ¿Alguien lleva a los tribunales a los responsables de esas clínicas clandestinas, desde los gobiernos o desde la militancia proaborto?
La legalización de un crimen con el argumento de que se comete de peor manera en la clandestinidad sería equivalente a sostener que, como los violadores asesinan a sus víctimas para no ser descubiertos, habría que despenalizar la violación, de modo que ya esos depravados no tengan que asesinarlas. Absurdo y repugnante.
La noche posterior al ingreso del proyecto en el Congreso, el Cabildo de Buenos Aires y el Ministerio de Salud fueron iluminados con luces verdes por Amnesty International, una organización que, como casi todas las dedicadas a los derechos humanos, defiende la vida, la libertad y la integridad física de todo tipo de personas, incluyendo terroristas y narcotraficantes, a fin de que obtengan un juicio justo o que, una vez condenados, reciban un trato humano, lo cual está bien.
Lo que no está bien, lo paradójico, lo que repugna al sentido común es la contradicción de defender los derechos de los culpables y presionar en favor de la muerte de los inocentes.
No es una sorpresa. En 2018, cuando en la Argentina se debatió tristemente un proyecto similar, también Amnistía Internacional publicó un aviso de una página entera en la contratapa de The New York Times a fin de apoyar la iniciativa.
Ninguna propaganda apareció aquí, al menos recuadrada. ¿Debemos suponer que el aparato internacional que se mueve en pos del aborto invirtió cientos de miles de dólares a 8500 kilómetros de distancia y no desembolsó un peso donde se votaría el proyecto?
El silencio frente a esa pregunta es demasiado pesado y su peso sofoca el grito inaudible de los inocentes, que son las víctimas del aborto.
El caso de Amnistía Internacional es un ejemplo entre miles. Si lo que se desea es saber quiénes tienen en el mundo interés en promocionar el aborto, lo mejor es recordar el lema del FBI: «Siga al dinero«.
De acuerdo con una noticia del diario The Irish Times, en 2017, la Comisión The Standards in Public Office de Irlanda, un equivalente a la Oficina Anticorrupción de la Argentina, ordenó a Amnesty International devolver 137.000 euros que le había donado Open Society, la fundación de George Soros, para promover el aborto en ese país. La directiva se apoyó en la violación de la Constitución y de las reglas de ética electoral.
La multinacional del aborto, Planned Parenthood, financió con más de cinco millones de dólares a organizaciones abortistas argentinas
Como Amnistía Internacional, hay millares de organizaciones en el planeta que trabajan día y noche en favor del aborto. La gran mayoría de ellas reciben financiación, precisamente, de Open Society, que cuenta con decenas de miles de millones de dólares para fines filantrópicos. Y algunos lo son, realmente. Las mentiras únicamente se digieren cuando se combinan con unas cuantas verdades.
Ingeniería social: El impulsor de la Agenda Globalista, George Soros, promueve el aborto.
Pero la fundación Open Society, con la que el Ministerio de Educación de la Nación firmó en marzo un acuerdo, promueve, por otro lado, el aborto como política de Estado; la legalización de las drogas y, especialmente, la despenalización de su comercialización minorista; llama a poner fin a la guerra contra el narcotráfico; alienta acciones contra la represión policial a la venta de estupefacientes; financia a movimientos populistas; a través del BDS Movement impulsa el boicot contra Israel, un Estado aliado de los Estados Unidos y de los valores occidentales y democráticos en Oriente Medio; patrocina políticas abolicionistas en materia penal y apoya a movimientos indigenistas, como los de los mapuches radicalizados en el sur argentino. Una colección de acciones contra las democracias de Occidente, cuyas estructuras se propone transformar desde sus entrañas.
Soros destinó US$32.000 millones de su fortuna a Open Society. ¿Se comprende, entonces, de dónde salen los «verdes»?
La conocida periodista israelí Rachel Ehrenfeld, que preside el American Center for Democracy en Nueva York, a propósito de la campaña de Open Society en favor de la despenalización de la droga, escribió que «Soros usa su filantropía para cambiar -o más precisamente deconstruir- los valores y las actitudes morales del mundo occidental.»
George Soros promueve la legalización de las drogas
Una cultura de la droga demanda una sociedad de la angustia, de la culpa, de la pobreza y de la desesperanza; el derrumbe de los pilares de la nación, de la familia y de la concordia social.
Al otro lado de la discusión, están los movimientos provida, algunos de carácter religioso, otros laicos y otros incluso feministas, como en la Argentina Feministas de la Nueva Ola o la organización Feminist for Life en Estados Unidos. Pero no alcanzan contra el dinero del aborto.
«No me preocupa -decía Martin Luther King- el grito de los violentos y los deshonestos. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos».
La primera sorpresa es saber que ha sido dirigido y producido por una joven de 18 años. La segunda, que no es su primer film, sino el tercero. La tercera y principal, el talento de Hannah Victoria para llevarnos de la mano de su historia hasta una profunda reflexión más necesaria que nunca.
El aborto es un asesinato. Uno de los crímenes más viles y cobardes que pueda concebirse, pues atenta contra la vida de un ser totalmente indefenso sin ninguna capacidad de respuesta. Acaso después de esto no habría nada más que decir. Solo la pérdida completa del sentido común, en la que Hannah Arendt cifraba los orígenes del totalitarismo, puede explicar que hoy por hoy se discuta en nuestro país la legalización del aborto.
Poco importa que un gobierno que comete un desacierto tras otro —dicho de manera benevolente— haya abierto el debate sobre el tema cual cortina de humo para disimular sus dificultades; en primer lugar, el empobrecimiento manifiesto al que se ve sometida la inmensa mayoría de la población como efecto de las políticas implementadas. Sea como fuere, la bola se ha echado a rodar y no hay quien la detenga.
Examinemos algunos de los argumentos esgrimidos por los apólogos del aborto
La presión de los medios masivos de difusión, que no de comunicación, a favor de la dichosa legalización es sencillamente abrumadora. Periodistas de toda laya, actrices y actores consagrados, estrellitas efímeras de televisión, opinólogos del momento, «panelistas», prostitutas VIP —y no tan VIP—, agitan sin cesar sus pañuelitos verdes, con la expectativa de obtener réditos de su opinión políticamente correcta. Sueñan con aumentar su puntaje en los celulares interconectados, como muestra un episodio magnífico de la serie Black Mirror.
Ahora bien, examinemos algunos de los argumentos esgrimidos por los apólogos del aborto (perdón, de su legalización). Desde ya, no vale la pena detenerse un instante en las «estadísticas» que blasonan, pues se ha demostrado fehacientemente su falsedad. Vayamos a los argumentos. Uno de los más difundidos y recurrentes sostiene que la mujer es «dueña de su cuerpo». La pregunta es, ¿dónde se sitúa quien afirma esto? ¿Dónde radica su subjetividad? Obviamente, no en el cuerpo. El sujeto, el sí mismo, residiría exclusivamente en la mente, conforme al dualismo antropológico establecido en los albores de la modernidad por René Descartes. El yo se identifica con la mente, el cuerpo es un objeto sobre el cual la mente tendría «derecho» a disponer según su real antojo. Forma de pensar de 1650 a la que se añade la sagrada propiedad privada capitalista; de ahí el erigirse en «dueño» de ese objeto llamado «cuerpo». ¿No sería hora de que el individuo se pensase de una forma más integral, si se quiere como una totalidad indisoluble cuerpo-mente, sin relaciones de propiedad de una parte sobre otra?
La vida que amanece en el seno materno no forma parte de ese cuerpo, es una vida distinta
Por lo demás, cabe agregar que la vida que amanece en el seno materno no forma parte de ese cuerpo. Es un huésped que se aloja transitoriamente en él, un inquilino, una vida distinta que habita durante un tiempo en el vientre materno.
Otro argumento aduce que, en las primeras etapas de gestación, esa vida distinta que prospera desde el momento mismo de su concepción —algo ya incuestionable desde el punto de vista científico— no es todavía «persona». Pero pretender determinar cuándo un viviente humano comienza a ser persona es un disparate. Pues «persona» es una categoría metafísica que, como tal, no cabe situar en el tiempo, a no ser por una convención jurídica que, sea cual fuere, siempre pecará de arbitrariedad. Los conceptos metafísicos son de naturaleza extratemporal, procurar situarlos en el tiempo es ignorar la inconmensurabilidad entre lo temporal y lo extratemporal. Se trata de dos órdenes diferentes, inconmensurables, como acabamos de decir. Algo similar ocurre con los conceptos matemáticos: solo que a nadie se le ocurriría preguntar cuándo la suma de los ángulos interiores de un triángulo empezó a ser igual a 180 grados.
La legalización del aborto sería una cuestión de “salud pública”, ajena a toda “creencia”
En los últimos días es frecuente escuchar una novedosa sandez. La legalización del aborto —que nada tendría que ver con su promoción, se sostiene hipócritamente— sería una cuestión que atañe a la «salud pública», ajena a toda «creencia». ¡Como si la «salud pública» no fuese una creencia ligada a los presupuestos inherentes al Estado moderno! ¡Como si la «salud pública» fuese un tema ideológicamente neutro que se ubica más allá de toda creencia! ¡Un mínimo de conocimiento histórico, por favor!
Un capítulo aparte es el empeño de los abortistas por reducir la oposición a la legalización del aborto a la resistencia de las confesiones religiosas, en particular, la Iglesia Católica. Es decir, estereotipar al adversario. Quien me conozca o haya leído mis escritos sabrá cuán lejos estoy, como muchos otros opositores, de defender convicciones religiosas.
Bajo excusas piadosas se apunta la control de la natalidad
Pero en realidad no tiene demasiado sentido sumar más argumentos y contraargumentos. Según creo, las cosas pasan por otro lado en un «debate» signado por el cinismo y la hipocresía. Bajo la excusa piadosa de que las mujeres de condición humilde posean los mismos «derechos» que las de clase media o alta,cuyos asesinatos se llevan a cabo en un contexto más favorable, se apunta claramente al control de la natalidad, o sea, para decirlo con todas las letras, a limitar el nacimiento de «negritos». Las señoras de clase media o alta, a quienes se suman entusiastamente por otras razones organizaciones de mujeres fálicas, lesbianas, travestis, transexuales y un largo etcétera, confían en que, si reducimos el número de «negritos», destinados a convertirse en «negros de mierda», disminuirán a la larga los asaltos, los secuestros, los asesinatos a mansalva y otros males similares que aquejan actualmente a nuestra sociedad.
Por supuesto, a las mujeres humildes, que se empeñan en reproducirse «irracionalmente», nadie las ha consultado ni las consultará. Son bestias ignorantes sometidas por machistas irredentos y huérfanas de la consabida «educación sexual» (lo cual supone que la sexualidad es susceptible de educación, cosa que primero habría que empezar por preguntarse; desde Agustín de Hipona hasta Sigmund Freud, pasando por múltiples eslabones intermedios, se sabe que la tarea está condenada en última instancia al fracaso). «Educación sexual»: sexo seguro, políticamente correcto.
Quizá lo más triste es el cinismo de la “izquierda” y de los sectores “progresistas”, ayer en firme oposición al control de la natalidad preconizado por los poderes imperialistas y hoy a la vanguardia de la legalización del aborto
En resumen, es mucho más fácil eliminar de cuajo una vida naciente que mejorar las condiciones económicas y sociales de manera tal que cualquier mujer embarazada pueda parir en condiciones dignas y criar a sus hijos del mejor modo. Esto último, claro está, implica una transformación profunda que morigere radicalmente las desigualdades económicas y sociales, cada vez más agudas, que imperan en nuestra sociedad.
Pero quizá lo más triste es el cinismo de la «izquierda» y de los sectores «progresistas» en general, ayer en firme oposición al control de la natalidad preconizado por los poderes imperialistas hacia los pueblos del Tercer Mundo, y hoy a la vanguardia de la legalización del aborto como forma de proporcionar a las mujeres humildes condiciones análogas a las de las clases más favorecidas, según predican.
No sería la primera vez que diputados y senadores cedan ante el empuje de los medios y de los grupos activistas que pretenden imponer sus demandas autoritariamente al resto de la sociedad
Personalmente, no me hago ilusiones. Creo que la batalla está perdida. Ojalá me equivoque. Pero no sería la primera vez que, más allá de sus convicciones, diputados y senadores cedan ante el empuje de los medios y de los grupos activistas que pretenden imponer sus demandas autoritariamente al resto de la sociedad. Además, hace mucho tiempo que los argentinos no protagonizamos un baño de sangre. El terrorismo y la represión ilegal ya han quedado lejos en el pasado. Tal vez los argentinos necesitemos de tanto en tanto, debido a nuestra idiosincrasia, asesinatos en masa. Estamos ante las puertas de otro, incomparablemente más siniestro que cualquiera de los que tengamos memoria.
«Ningún país ha reducido su población sin el recurso al aborto» («No country has reduced its population growth without resorting to abortion»). NSSM200/74
NSSM 200
Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200: Implicaciones del Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar (National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests), NSSM200 se completó el 10 de diciembre de 1974 por los Estados Unidos, Consejo de Seguridad Nacional bajo la dirección de Henry Kissinger. Fue adoptado como política oficial de EE.UU. por el presidente Gerald Forden noviembre de 1975. Estaba clasificado, pero más tarde se desclasificó y fue obtenido por investigadores en la década de 1990.
Tesis
La tesis básica de la exposición fue que el crecimiento de la población en los países menos desarrollados (PMA) representaba una preocupación de seguridad nacional de EE.UU., ya que incrementaría el riesgo de disturbios civiles e inestabilidad política en los países que tenían un alto potencial para el desarrollo económico. La política da «máxima importancia» a las medidas de control poblacional, y a la promoción de la anticoncepción entre países muy poblados, para controlar el rápido crecimiento poblacional, que los EE.UU. considera perjudicial para el crecimiento socio-político y económico de estos países y de los intereses nacionales de EE.UU., ya que la «economía de los EE.UU. requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero», y estos países pueden producir fuerzas desestabilizadoras de oposición en contra de Estados Unidos. Recomienda a los líderes de EE.UU. «influir en los líderes nacionales» y que «un mejorado apoyo mundial a los esfuerzos relacionados con la población, debe buscarse a través de un mayor énfasis en los medios de comunicación masiva y otros programas de educación y motivación de la población, por la ONU, USIA y la USAID.»
Trece países se nombran en el informe como problemáticos respecto a los intereses de seguridad: India, Bangladés, Pakistán, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Turquía, Nigeria, Egipto, Etiopía, México, Colombia y Brasil. Se prevé que estos países formen el 47% del crecimiento total de la población mundial.
El informe aboga por la promoción de la educación y los métodos anticonceptivos y otras medidas de control poblacional, como el aborto inducido. Además, se plantea la cuestión de si los EE.UU. debe considerar asignar preferencialmente los alimentos excedentes a los estados que sean considerados más constructivos en el uso de medidas de control poblacional.
Algunas de las ideas clave del informe son controvertidas:»La economía EE.UU. requerirá abundante y crecientes minerales extranjeros, especialmente de países menos desarrollados [ver Comisión Nacional Política Materiales Una política Materiales Nacional: Datos Básicos y Cuestiones abril 1972]. Este hecho da mayor interés a EE.UU. en la estabilidad política, económica y social de los países proveedores. Dondequiera que una disminución de las presiones poblacionales, a través de la reducción de la tasa de natalidad, puede aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. . . . La ubicación de reservas conocidas de minerales de grado superior favorece la creciente dependencia de todas las regiones industrializadas en las importaciones procedentes de los países menos desarrollados. Los verdaderos problemas de suministros de minerales se encuentran, no en suficiencia física básica, sino en las cuestiones político-económicas de acceso, las condiciones para la exploración y explotación, y la división de los beneficios entre los productores, los consumidores y los gobiernos del país de acogida «[Capítulo III-Minerales y combustible]. Ya sea a través de la acción del gobierno, los conflictos laborales, sabotaje, o disturbios civiles, el flujo continuo de materiales necesarios se verá en peligro. Aunque la presión poblacional no es el único factor involucrado, este tipo de frustraciones son mucho menos probables en condiciones de crecimiento demográfico lento o nulo «[Capítulo III-Minerales y Combustibles]. «Las poblaciones con una alta proporción de crecimiento. Los jóvenes, que se encuentran en proporciones mucho más altas en muchos países menos desarrollados, es probable que sea más volátil, inestable y propenso a los extremos, la alienación y la violencia que una población de mayor edad. «Estos jóvenes pueden ser persuadidos más fácilmente para atacar a instituciones legales del gobierno, o bienes inmuebles del ‘establishment’, ‘imperialistas, corporaciones multinacionales, u otras frecuentes influencias extranjeras culpadas por sus problemas» [Capítulo V, «Implicaciones de las presiones de población para la Seguridad Nacional].» Hay que tener cuidado de que nuestras actividades no deben dar la impresión a los PMD de ser una política de un país industrializado, dirigida contra los países menos desarrollados. Se debe tener cuidado de que en cualquier acercamiento en este campo, apoyamos los países menos adelantados son los que podemos apoyar en este país . Los líderes del «Tercer Mundo» deben estar a la vanguardia y obtener crédito para programas exitosos. En este contexto, es importante demostrar a los líderes de los PMD que tales programas de planificación familiar han funcionado y pueden funcionar dentro de un período razonable de tiempo «. [Capítulo I, las tendencias demográficas mundiales]
El informe aconseja: «En estas relaciones sensibles, sin embargo, es importante tanto en estilo como en sustancia evitar el aspecto de coacción.»
Referencias del documento sobre el aborto
Sigue cita textual al documento oficial:»1. Prácticas mundiales del abortoAlgunos hechos sobre el aborto deben ser tenidos en cuenta:- Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto».
El informe Kissinger y el abominable crimen del aborto
Preocupación de EEUU por que la emergencia de naciones productoras competidoras pudiera restar preponderancia a las exportaciones de los EEUU. Se alegaba que la explosión demográfica era una amenaza para la seguridad de los EE.UU.
Por Forum Vida.
Barak Obama, presidente de USA 2009-2017 (P. Demócrata).
Ahora, con la llegada a la presidencia de los EEUU de Barak Obama, el panorama se ha vuelto más oscuro: Barak Obama ha levantado las restricciones que impuso Bush y recientemente Hillary Clinton ha expresado el deseo de la nueva Presidencia del país de impulsar el aborto en todo el mundo utilizando su capacidad de liderazgo global.
«Memorandum del Estudio de Seguridad Nacional número 200», o NSSM 200 (National Secrity Study Memorandum 200) más conocido como «El Informe Kissinger» porque fue solicitado por Henry Kissinger, y aprobado el 10 de diciembre de 1974. El documento fue clasificado como Confidencial y hecho público años más tarde.
En la solicitud del informe, el 24 de abril de 1974, Henry Kissinger exponía la verdadera razón del mismo: la preocupación de EEUU por que la emergencia de naciones productoras competidoras pudiera restar preponderancia a las exportaciones de los EEUU. Además, el rápido crecimiento de la población de dichas naciones amenazaba con dotarlas de un peso específico en la escena internacional que disminuyera el peso relativo de EEUU: a esta alteración del statu quo, perjudicial para los intereses de EEUU denomina «desequilibrio poblacional», y teme que los países extranjeros, viéndose en el futuro crecidos puedan bruscamente modificar ese statu quo mediante políticas «perturbadoras» (la palabra es «disruptive» en el original, que tiene un cierto sentido de ruptura de lo establecido, insubordinación, innovación, o cambio brusco de las reglas del juego):
«Desde el punto de vista de cada proyección, el estudio debe determinar:
* La velocidad de desarrollo, particularmente en países más pobres; * La demanda de productos exportados por EEUU, especialmente de alimentación, y los problemas de comercio para EEUU que pueden surgir de competición de fuentes alternativas; y * La probabilidad de que el crecimiento o desequilibrio poblacional producirá políticas extranjeras perturbadoras e inestabilidad internacional.»
Este planteamiento se puede resumir en una palabra: miedo. Miedo al desarrollo ajeno. Este planteamiento encierra algo de positivo: significa que Henry Kissinger confiaba en la capacidad de los países pobres para salir un día de su pobreza, desarrollarse y llegar a competir con EEUU. Porque valoraba el activo más importante de un país: su gente. Él sabía que un país con una gran población acabaría siendo un país importante cuando saliera de la pobreza al desarrollarse.
Por eso, sin esperar a recibir el análisis que solicitaba como primera parte del Informe, prejuzgaba cuál debía ser el resultado de este análisis: una visión negativa del aumento de la población mundial, y solicitaba una segunda parte del informe que debía centrarse en proponer estrategias para reducir la población de los países en vías de desarrollo.
El informe debía estar listo el 29 de mayo, apenas un mes después, según las instrucciones de Henry Kissinger. Sin embargo, no se adoptó como política oficial de los EEUU hasta el 10 de diciembre de ese mismo año. Durante los más de seis meses que separan esas dos fechas, debió de haber varias versiones del documento, porque el Informe, sin variar un ápice la receta propuesta (reducir la población de los países pobres), aparentemente adoptó unas motivaciones sustancialmente distintas, que son las expuestas en su primera mitad:
* ya no se consideraba que habría exceso de países competidores exportando recursos (particularmente agrículas) y haciéndole la competencia a los EEUU (que era el planteamiento original), sino que habría escasez global de recursos, * ya ni se hablaba de la posibilidad de que dichos países emergentes pudieran fijar unas nuevas reglas del juego al volverse poderosos, sino que se temía que las «inestabilidades» consistieran en guerras debidas a la lucha por los recursos, y finalmente * tampoco se hablaba de la velocidad de desarrollo de los países pobres, sino que se les retrataba como embarrancados en un estado de estancamiento de difícil salida.
Es fácil ver que la tesis del informe es abiertamente contraria a la tesis de quien solicitó el Informe. En la solicitud del informe había implícita una gran confianza en la capacidad del enemigo para desarrollarse. En el informe, sin embargo, se niega que el enemigo tenga ninguna capacidad, y se argumenta con cálculos Malthusianos que si no reduce su población no tendrá ninguna oportunidad de desarrollarse. Parece que los autores del Informe, una vez asumida la estrategia y comprendido el riesgo tras quizás una primera versión del Informe que no nos ha llegado, hubieran escrito una versión B del informe con un enfoque totalmente contrario, apta para ser desclasificada años más tarde y terminar de ejercer su efecto desesperanzador sobre los países en vías de desarrollo.
El mecanismo de desclasificación de documentos era conocido por Henry Kissinger cuando se escribió y se clasificó como Confidencial, y por tanto sabía que acabaría siendo público en unos pocos años. Pero por la enorme inercia de los temas poblacionales, esos pocos años no eran suficientes para la implementación de las medidas propuestas y menos aún para la consecución de los resultados deseados, ya que para eso harían falta al menos 50 años. Si sólo 10 o 15 años después de acordar estas políticas se hacía público para todo el mundo que en realidad el estudio preveía un importante peso específico de los países con mayor población y que el objetivo verdadero de reducir la población era atenuar ese futuro peso específico, toda la construcción propagandística se vendría abajo y se generaría un enorme rechazo a EEUU.
Así que había que hacer «oficial» una versión del Informe que, al ser desclasificada años después, contuviera parte del contenido del verdadero informe para darle suficiente credibilidad cuando fuera conocida públicamente, pero sin contradecir los argumentos desesperanzadores que se iban a utilizar para convencer a los países pobres de la necesidad de reducir su población. La jugada maestra fue precisamente eliminar del informe los cálculos que resultaran esperanzadores para los países pobres, sustituyéndolos precisamente por tales argumentos desesperanzadores. Había que ceder algunos barcos para ganar la batalla, de manera que era necesario desvelar algunos aspectos maquiavélicos de las políticas propuestas para así suscitar suficiente interés como para motivar su lectura por los países en vías de desarrollo. De esta forma, en el momento en que el Informe se desclasificara tendría la máxima difusión entre los países pobres, y terminaría de torcer las voluntades de los países más reticentes a aceptar políticas de reducción de su población, al concluir éstos que, a pesar de las intenciones manipuladoras de los EEUU, en el fondo estas políticas iban en beneficio de los países pobres y realmente buscaban evitar la escasez de recursos debida a la «superpoblación» y su verdadero desarrollo.
Uno de los aspectos maquavélicos de las políticas propuestas es el que se describe en estos párrafos:
«Es vital que el esfuerzo para desarrollar y fortalecer el compromiso de parte de los líderes de los LDC no sea visto por ellos como una política de un país industrializado para mantener sus fuerzas bajas o para reservar recursos para utilización de los países “ricos”. El desarrollo de tal percepción puede crear una contra-reacción adversa a la causa de la estabilidad poblacional. Por lo tanto, los EEUU y otros países “ricos” deben tener cuidado de abogar por políticas para los LDCs que sean aceptables dentro de sus propias fronteras. (Esto puede requerir debate público y afirmación de nuestras intenciones políticas). El liderazgo “político” en los países en desarrollo debe, por supuesto, ser tomado cuando sea posible por sus propios líderes.
Los EEUU pueden ayudar a minimizar las acusaciones de que hay una motivación imperialista detrás del apoyo a las actividades poblacionales afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación con respecto a:
1. El derecho de la pareja individual de determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y a tener información, educación, y los medios para lograrlo; y 2. El desarrollo fundamental social y económico de los países pobres para los cuales el rápido crecimiento poblacional es a la vez una causa y una consecuencia de la pobreza ampliamente diseminada. Más aún, los EEUU deben actuar para enviar el mensaje de que el control del crecimiento poblacional mundial está en el mejor interés de países desarrollados y en desarrollo por igual. «
El lector que haya llegado hasta aquí puede preguntarse: «Bueno, todo esto es muy interesante pero ¿qué tiene que ver con la lucha provida?»
Precisamente, la «lucha contra el crecimiento de la población» que propone el Informe es la lucha contra la vida. El Informe propone que se estudien y mejoren todos los medios para evitar o dificultar que se engendren nuevas vidas (anticonceptivos, esterilización, imposición cultural de un modelo de familia con dos hijos, adoctrinamiento desde los primeros años de escuela, creación de las condiciones que empujen a la mujer al mundo laboral y a contraer matrimonio más tarde…), y también que se acepte la «solución» de eliminar una vida ya engendrada: el aborto. En palabras del propio Informe:
«Ningún país ha reducido su población sin el recurso al aborto» («No country has reduced its population growth without resorting to abortion»).
Por esto el Informe Kissinger se considera la piedra fundacional de la política estratégica estadounidense de promocionar el aborto en todo el mundo. Esta política ha permanecido vigente años y ha sido adoptada por la ONU y otras organizaciones internacionales y organizaciones relacionadas con la ONU: ACNUR, la OMS, UNICEF, el Bando Mundial… La pervivencia de estas políticas en las organizaciones internacionales ha permitido que se mantengan a pesar de que el presidente Bush prohibió financiar con dinero público a organizaciones abortistas que operaran en el extranjero.
Ahora, con la llegada a la presidencia de los EEUU de Barak Obama, el panorama se ha vuelto más oscuro: Barak Obama ha levantado las restricciones que impuso Bush y recientemente Hillary Clinton ha expresado el deseo de la nueva Presidencia del país de impulsar el aborto en todo el mundo utilizando su capacidad de liderazgo global. Tras el paréntesis de Bush, el Informe Kissinger vuelve a marcar esta línea estratégica de la política estadounidense 35 años después. [Actualmente (2019) el presidente Donald Trump intenta limitar o prohibir el aborto, obsérvese como -hoy en día- los demócratas son mayoritariamente pro-aborto y los republicanos son mayoritariamente pro-vida.]
Según datos oficiales, públicos (como los del Fondo de Población de Naciones Unidas) y privados (como los del Alan Guttmacher Institute) , son asesinados casi 60 millones de niños por nacer a lo largo del mundo., invocándose un supuesto «derecho al aborto» inventado como tal por uno de los miembros más prominentes de la familia Rockefeller, en el año 1972, para justificar la implementación de la pena de muerte para los seres humanos más inocentes y más indefensos de todos.En este libro intentamos responder al gran interrogante que se plantea ante este panorama: quiénes y por qué diseñaron el plan de l control de la natalidad a nivel global , y de qué modo lo configuraron y ejecutaron hasta en sus mínimos detalles, hasta conseguir imponer el aborto como derecho «humano» de la mujer y asegurarse el ejercicio del mismo , lo que ha desencadenado y provocado el invierno demográfico, es decir, el envejecimiento poblacional a escala global , magistralmente definido por san Juan Pablo II como «holocausto demográfico».En el fondo, el control de la natalidad y, en especial, la implantación del aborto como «derecho humano» de la mujer constituye la política demográfica de un grupo minúsculo de familias, dueño de las finanzas y de la economía mundiales, ejecutada para asegurarse el disfrute «en paz» de las riquezas que se han apropiado y acaparado en perjuicio de los pueblos y naciones del mundo.Sacar a la luz este genocidio es nuestro objetivo. Esperamos que quienes lean este texto puedan acceder a conocer los detalles de este asesinato silencioso que en el curso de un siglo han asesinado a casi mil millones de seres humanos, sin darles oportunidad de llegar a la existencia.
Índice:
CAPÍTULO I El NUEVO ORDEN MUNDIAL Y LA «NECESIDAD» DEL HOLOCAUSTO DEMOGRÁFICO
CAPÍTULO II ANTECEDENTES HISTÓRICOS ANTINATALISTAS
CAPÍTULO III EL CONTROL DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL COMO PROBLEMA CORPORATIVO PRIVADO CONVERTIDO EN CUESTIÓN DE ESTADO
CAPÍTULO IV LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES AL SERVICIO DE LA PLUTOCRACIA FINANCIERA MUNDIAL
CAPÍTULO V EL CRECIMIENTO POBLACIONAL AMERICANO COMO PROBLEMA DE ESTADO QUE AFECTA EL AMERICAN WAY OF LIFE
CAPÍTULO VI EL CRECIMIENTO POBLACIONAL MUNDIAL COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL… DE LOS ESTADOS UNIDOS. EL RESPALDO DE LA ONU
CAPÍTULO VII LA TRANSMUTACIÓN CULTURAL «EMBARAZO NO DESEADO» Y «JUSTICIA SOCIAL»
CAPÍTULO VIII LAS FUNDACIONES Y ORGANISMOS «CARITATIVOS» PRIVADOS
CAPÍTULO IX PROGRESISTAS E IZQUIERDISTAS «NACIONALES Y DEMOCRÁTICOS» AL SERVICIO DEL PROYECTO DE LA PLUTOCRACIA FINANCIERA MUNDIAL
CAPÍTULO X LOS ABORTOS QUÍMICOS, EN PARTICULAR EN LA POBLACIÓN JUVENIL
CAPÍTULO XI EL CRECIMIENTO POBLACIONAL CERO O EL HOLOCAUSTO DEMOGRÁFICO
CAPÍTULO XII LOS RICOS SON SUBSIDIADOS LOS POBRES SON ENDEUDADOS
Estados Unidos quiere ponerle fin al aborto legal, instaurado en 1973
El vicepresidente Pence dijo que es hora de restituir «la santidad de la vida» y que Trump es el presidente más pro-vida de la historia.
Mientras en Argentina se abre el debate por la legalización del aborto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, auguró hoy el fin de la práctica legal del aborto «en nuestro tiempo», consagrada en el país norteamericano desde 1973.
«Si todos hacemos todo lo que está en nuestras manos, podemos restituir, otra vez y en nuestro tiempo, la santidad de la vida en la ley estadounidense», dijo Pence durante un acto de una organización antiabortista en Nashville, en el estado de Tennessee.
«En lo mas profundo de mi corazón, sé que esta será la generación que restaurará la vida en Estados Unidos», afirmó.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el aborto en 1973 al declarar inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo.
No obstante, en los últimos años, varios estados obstaculizaron el acceso al aborto al promulgar restricciones amparadas en los derechos religiosos.
El presidente Donald Trump también creó un grupo dentro de su gobierno destinado a defender a los doctores que, alegando motivos religiosos, se niegan a practicar abortos y prohibió el uso de fondos públicos para financiar a organizaciones que practican el aborto en el extranjero. Todo esto llevó a Pence a definiro como el «presidente más pro-vida» de la historia.
Donald Trump habló durante la marcha de los opositores al aborto y prometió que defenderá el «derecho a la vida»
Es la primera vez que un presidente habla en esta movilización que se celebra hace 45 años en Washington. El vicepresidente Mike Pence lo definió como el mandatario «más pro-vida de la historia» de los EEUU.
Donald Trump habló ante los manifestantes “pro-vida” en Washington.
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El presidente estadounidense Donald Trump participó el viernes de la manifestación que se hace cada año en Washington contra del derecho al aborto en el país. Es la primera vez que un primer mandatario da un discurso durante una de estas protestas.
En su alocución criticó la decisión de la Corte Suprema de 1973 ante el caso Roe versus Wade -que habilitó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país-, y prometió que defendería el que es el primer derecho consagrado en la Declaración de Independencia: el derecho a la vida.
«El fallo Roe versus Wade ha resultado en una de las leyes de aborto más permisivas del mundo», dijo Trump ante miles de personas reunidas en el National Mall. «Está mal, tiene que cambiar», afirmó también sobre los abortos tardíos habilitados en algunos estados.
Donald Trump es el primer presidente en hablar en la marcha que se celebra hace 45 años, a través de una pantalla en vivo vía Skype. El año pasado, apenas una semana después de asumir el cargo, había participado del evento el vicepresidente Mike Pence.
Durante su discurso de este año, Pence -quien es un conocido activista por esta causa con fuertes lazos con los conservadores- dijo que Trump «ha hecho una diferencia en favor de la vida» durante su primer año de mandato y que «es el presidente más pro-vida de la historia de los Estados Unidos».
Mientras tanto, el gobierno develó el viernes una serie de normas con las que busca proteger a entidades médicas que se nieguen a practicar abortos por motivos religiosos, una posibilidad conocida como «objeción de conciencia».
(Reuters)
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) delineó la normativa a seguir para proteger a toda entidad que se niegue a aplicar procedimientos, como el aborto, por motivos religiosos.
Además anuló una directriz aprobada bajo la presidencia de Barack Obama que le dificultaba a los estados negarles el programa asistencial Medicaid a entidades de planificación familiar como Planned Parenthood.
La nueva norma busca «garantizar que se cumplan leyes que hasta ahora no se han aplicado a cabalidad», dijo Roger Severino, un abogado conservador que será director del nuevo departamento. «Estas normas son aspectos estándar cuando se trata de hacer cumplir leyes de protección de derechos civiles».
Bajo esa ley, los hospitales, universidades, clínicas y otras entidades que reciben fondos de programas del departamento federal como Medicare y Medicaid tendrán que certificar que están obedeciendo unas 25 leyes federales de protección de conciencia y de religión. La mayoría de estas leyes se refieren a procedimientos como aborto, esterilización y suicidio asistido. Cualquier infracción podría acarrear la pérdida de fondos federales.
Alfredo Vítolo: «El proyecto para despenalizar el aborto es inconstitucional»
Entrevista con Alfredo Vítolo, abogado y docente en derecho constitucional de la UBA.
Por Pablo Egea.
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El 8 de agosto el Senado nacional debatirá el controvertido proyecto -girado en revisión por Diputados- para legalizar la interrupción del embarazo en la República Argentina.
Más allá del debate legislativo y de las campañas de grupos de presión, a favor y en contra, existe un aspecto que pronto ganará centralidad en la discusión: el estrictamente constitucional.
Luego de que el tablero electrónico del recinto muestre el resultado de la votación, y de ser afirmativo, se gire al Ejecutivo para su promulgación, los grupos contrarios a la norma comenzarán a preparar una avanzada legal sobre el proyecto que finalmente promulgue el presidente Macri.
¿Es constitucional?
Un grupo de profesionales del derecho, en realidad un total de 1.869 para ser más precisos, entregaron -el pasado 26 de junio- en el Senado de la Nación una extensa presentación en la que expusieron los fundamentos por los que sostienen que el proyecto de ley de legalización del aborto es inconstitucional.
Llegan a esa conclusión citando normativas vigentes y con declaraciones contundentes. Piden que la iniciativa sea revisada «con la seriedad y profundidad que caracteriza al Senado de la Nación».
Según el escrito, el proyecto en discusión viola «de forma clara y contundente» la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece que «toda persona tiene derecho a que se respete su vida» y agrega que «este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción».
Los abogados explican que la mencionada convención tiene jerarquía constitucional (es decir, vale por sobre las leyes), en función de lo que dispone el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Pese a esto, observan los profesionales el artículo 7 del proyecto que se debate por estos días «pretende garantizar el derecho a acceder a la interrupción del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional».
También se menciona que el texto aprobado en la Cámara de Diputados es violatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y se recuerda que cuando el Congreso de la Nación aprobó esta convención le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer la aclaración de que «se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad» (así quedó el texto de la ley 23.849).
Es muy probable, entonces, que la norma promulgada finalmente se judicialice y todo termine en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá fallar sobre la constitucionalidad de la misma.
El Tribuno consultó la opinión del especialista en temas relacionados con los derechos humanos y las garantías constitucionales, Alfredo Vítolo, quien además es socio del estudio Nicholson y Cano de Buenos Aires. Él es uno de los firmantes del documento que el grupo de juristas y especialistas se presentaron esta semana en el Senado de la Nación.
A lo largo de su carrera profesional se ha concentrado en las áreas de derecho comercial y societario, especialmente en los temas de fusiones y adquisiciones, contratos y privatizaciones en las áreas de energía (petróleo, gas y electricidad) asesorando a clientes locales e internacionales, habiendo estado profundamente involucrado en la privatización de las empresas públicas a partir de 1989.
Fue seleccionado por la revista Apertura dentro de los 100 principales «abogados de la City» en los años 2005 y 2006.
La publicación británica «Chambers & Partners The World Leading Lawyers for business» lo seleccionó dentro de los «leading individuals» en la República Argentina en las áreas de «Energy & Natural Resources» para los años 2006 y 2007.
Es profesor adjunto por concurso de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y Garantías de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos sobre Mercados Comunes y Derecho de la Integración en la Universidad de Belgrano y sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos en nivel de post grado en diversas universidades nacionales. Dictó conferencias en el país, en América Latina y en los Estados Unidos sobre temas de su especialidad, y publicó numerosos artículos en revistas jurídicas argentinas y del exterior. Su trabajo más reciente versa sobre la metodología de enseñanza del Derecho de los Derechos Humanos en las facultades de derecho, expuesto en el reciente Congreso de la Asociación Internacional de Escuelas de Derecho (India, 2013).
¿Cual es la principal observación sobre el proyecto que deberá aprobar el Senado?
El proyecto de ley tiene dos objeciones. Una en general y muchas en particular, desde la óptica técnica constitucional. Lamentablemente acá se trata de llevar el tema a una discusión de problemas religiosos, pero esto no tiene nada que ver con estos argumentos.
Creemos que hay argumentaciones técnico jurídico que hacen que este proyecto sea anticonstitucional.
¿Qué implica eso?
Esencialmente el centro del debate está dado en que en 1990, cuando la República Argentina aprueba la Convención de los Derechos del Niño, en ese momento el Congreso -a pedido del Ejecutivo Nacional- hace una declaración interpretativa que se integra a la ley que aprueba el tratado y dice: para la República Argentina el texto de la Convención debe interpretarse en el sentido de que se es niño desde la concepción. Esta definición que hace el legislador cuando aprueba la Convención de los Derechos del Niño, hasta entonces era un tratado y uno podía discutir si estaba por encima de las otras leyes o no.
«Lo mejor sería que el proyecto se rechace y nos pusiéramos a trabajar en proyectos provida y promujer»
¿Pero cuál es el punto central de toda esta discusión?
Lo cierto es que en 1994 la reforma constitucional incorpora los instrumentos internacionales y les otorga jerarquía constitucional. Específicamente se discute este punto: se discute la cuestión del aborto, del comienzo de la vida y se incluye la frase de que los tratados que se incorporan en su jerarquía constitucional lo hacen en las condiciones de su vigencia, eso quiere decir tal como la República Argentina se obligó internacionalmente. Esto significa que habiendo el constituyente en 1994 tomado la definición de que para Argentina hay niño desde la concepción, cualquier proyecto de ley que busque, con el pretexto de proteger cualquier otro derecho, deberá analizarse en función de que se está afectando el derecho de un niño, una persona por nacer que tiene los mismos derechos que una persona nacida. No entremos a discutir si esto es moral, religioso, biológico… Creo que el constituyente ya definió este punto.
Entonces, el proyecto no se ajusta a la legislación vigente…
Un proyecto como este que autoriza específicamente el aborto libre hasta la semana catorce y con alegaciones bastante débiles a partir de ahí hasta el mes noveno, viola la Constitución, simplemente esto. El debate podría darse pero en el ámbito de una convención constituyente no en el ámbito del Congreso.
¿Cuál sería entonces la salida institucional más probable para zanjar esta observación que ustedes realizan?
Dado los trámites parlamentarios y el modo del tratamiento -y esto es una opinión exclusivamente personal- lo ideal sería que el Senado rechazara el proyecto de Diputados y que por una vez nos pusiéramos a debatir con seriedad cuestiones vinculadas con la protección de la mujer que son los temas centrales. Cuando la mujer se plantea una cuestión de aborto, hay una situación trágica en todo esto. Lamentablemente muchas de las mujeres que plantean un aborto y uno lo puede ver en el día a día, lejos de ser una mujer convencida es una mujer angustiada, que a veces viene de un contexto de abuso, de violaciones reiteradas y hay que buscar mecanismos de protección y de contención para que no tengamos que llegar a esta definición. Y la protección de la mujer es un elemento central. También habría que analizar alternativas, pero el aborto no soluciona el problema sino que le añade una complicación más al sufrimiento que la mujer ya tiene. En mi opinión personal, lo mejor sería que el proceso se rechace y nos pusiéramos a trabajar en proyectos provida y promujer para proteger tanto a la mujer como a esa segunda vida que los constituyentes reconocieron y así superamos la discusión filosófica de la cuestión.
Sin embargo usted será consciente de que haya o no haya ley, se apruebe o no, el aborto va a seguir existiendo…
El robo, por ejemplo, hay una ley que lo prohíbe y sin embargo sigue existiendo… me parece que es un argumento efectista que no tiene ninguna solidez técnica. El hecho de que una conducta prohibida exista… también hay multas por velocidad e igual hay infracciones al tránsito, los asesinatos y la trata de personas están prohibidos y se siguen cometiendo. Nos parece un argumento que es demasiado simple y es más efectista que ajustado a una técnica jurídica.
«El debate podría darse pero en el ámbito de una convención constituyente, no en una discusión del Congreso»
¿Entonces para ustedes el aborto no es una cuestión de salud pública?
No, desde ya que no, por supuesto que en aquellos que hay salud pública en juego como hay vida en juego en un homicidio, pero no es que tengamos que resolver la cuestión como una cuestión de salud pública. Hay que resolver la cuestión desde los derechos que se ven afectados y contrapuestos. Los derechos de la mujer que ha sufrido y que sufre situaciones dramáticas, no de una potencialidad sino de una vida que tiene el mismo nivel de dignidad jurídica que la vida de la mujer.
¿Entonces para usted el tema de fondo ya fue planteado y no necesita ser revisado?
Esta definición el constituyente ya la hizo, si no lo hubieran echo podríamos estar debatiéndolo desde otros ángulos, pero lo cierto de este tema es que el constituyente de 1994 esa definición la tomó y si no nos gusta lo que tenemos que hacer es cambiar la norma constitucional y no retorcerla para hacerla decir lo que evidentemente no dice. Y en esto debo reconocer, a nivel personal, que ha habido una confusión: es absolutamente cierto que los tratados internacionales no prohíben el aborto pero tampoco lo exigen. La República Argentina interpretó que para ella hay vida desde la concepción y el punto pasa por ahí.
Entre los firmantes de la presentación que hicieron al Senado, hay hombres de derecho que fueron cuestionados por su pasado político cercano a gobiernos de facto. ¿Le causa algún resquemor esta situación?
Yo cuando sostengo una causa no pregunto los antecedentes de quienes me acompañan, les pregunto si están de acuerdo con mi exposición, pero no creo que por firmar o dejar de firmar un documento sobre este tema me convierta en amigo o cómplice de personas con las que uno pueda comulgar, o no, ideológicamente ni que signifique la defensa de un régimen diferente. No tengo nada que ver con el gobierno militar y no tiene nada que ver que haya gente que estuvo conforme con ese gobierno, no veo que tenga nada que ver, creo que son puntos totalmente diferentes.
“Noto que todos los militantes del aborto han nacido” dijo Ronald Reagan para sintetizar su opinión sobre quienes resuelven drásticamente el embarazo no querido.
Muchos intentan descalificar la lucha por la vida con el falso argumento de que el rechazo del aborto tiene una raíz religiosa. Para un liberal clásico el aborto es inadmisible porque vulnera los derechos de otro ser humano y eso no tiene nada que ver con creencia religiosa alguna; por el contrario, en general, los liberales somos, por lo menos, anticlericales. No nos inspira, ni en éste ni en ningún caso, el temor al castigo divino sino al de nuestra propia conciencia que nos impide decidir quién vive y quién muere.
El liberalismo es la única filosofía basada en el respeto irrestricto de los derechos individuales, los propios y los del prójimo y de su proyecto de vida. Todas las corrientes políticas dirán lo mismo pero cada vez que subordinan lo individual a lo social arrasan con los derechos individuales, pilar indiscutido de la filosofía liberal y el derecho a la vida encabeza la lista. Es absurdo, cuando no perverso, delirar por la contaminación ambiental, la preservación de los bosques o la extinción de la ballena azul y militar por la interrupción de la vida humana. Es hipócrita marchar por “los más vulnerables” y “los que menos tienen” y negar que el ser humano no nacido es la criatura más indefensa de toda la cadena de seres vivos. Es contradictorio bregar por el cuidado integral de la mujer y, en simultáneo, reclamar para ella el derecho a suprimir una vida sin más trámite.
De la extrema debilidad del niño por nacer se aprovechan las ideologías autoritarias que se arrogan el derecho de decidir por él. En cambio el liberalismo, porque pone al individuo por encima de cualquier otro interés, lo defiende; lo reconoce como objeto de derecho aún en su extrema indefensión; defiende su derecho a vivir, a nacer, a elegir y a tener un proyecto de vida, porque decidir por los demás es una actitud fascista.
En la actualidad, un delincuente (el que roba una gaseosa o el que mata un policía) es considerado menor hasta los 18 años. También hay que cumplir 18 años para abrir una caja de ahorro en un banco y 17 para manejar un auto. Sin embargo, los mismos legisladores que se niegan a modificar la edad de imputabilidad están dispuestos a votar que una criatura de 13 años está madurativamente apta para decidir la interrupción de un embarazo sin siquiera la intervención de un mayor e ignorando el derecho a opinar del padre de ese ser humano por nacer.
El liberalismo no se termina ahí; hace una religión de la responsabilidad sobre los actos propios y este proyecto de ley es la contracara de ese principio. El populismo se sigue colando en la vida cotidiana de la Argentina haciendo estragos. En el fondo del reclamo, lo que persiguen las abortistas es la gratuidad de la práctica. Quieren tener relaciones sexuales, no evitar embarazarse y luego exigir que la sociedad cargue con el costo del procedimiento. Y suben la apuesta. En un éxtasis de autoritarismo y como si aquello no fuera suficiente, pretenden negarle a los médicos la objeción de conciencia; están dispuestas a obligar a practicar abortos a quien estudió para salvar vidas.
Al respecto, podrían mencionarse argumentos de la Academia Nacional de Medicina: “el niño por nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción… destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano… el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento”
Si no bastara con el elemental principio humanitario de reconocer el derecho del más débil, también está la ley. “Esta Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires… estima oportuno recordar que el derecho a la vida desde el momento de la concepción se encuentra implícitamente protegido en el artículo 33 de la Constitución Nacional y ha sido consagrado de modo explícito en varias constituciones provinciales… Ese derecho está protegido por el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada por la Argentina por la ley 23.054, en el que se reconoce que “persona es todo ser humano a partir del momento de la concepción con derecho a la vida”.
Sorprende que haya sido el Poder Ejecutivo y los principales referentes de del macrismo quienes pusieran sobre la mesa esta discusión. Ellos sí, producto de la formación religiosa, no pueden desconocer que la Iglesia Católica castiga con la excomunión inmediata a quien promueva la interrupción de la vida. Hay quienes dicen que se trató de una estrategia distractiva para sumergir a la sociedad en un debate acalorado y sacar el foco de los problemas crecientes y acuciantes. Queremos creer que no fue esa la intención porque, de serlo, estaríamos frente a un gobernante para quien el fin justifica los medios. Y eso sería una tragedia de una envergadura similar a la de un aborto.
Otro argumento aduce que, en las primeras etapas de gestación, esa vida distinta que prospera desde el momento mismo de su concepción —algo ya incuestionable desde el punto de vista científico— no es todavía «persona». Pero pretender determinar cuándo un viviente humano comienza a ser persona es un disparate. Pues «persona» es una categoría metafísica que, como tal, no cabe situar en el tiempo, a no ser por una convención jurídica que, sea cual fuere, siempre pecará de arbitrariedad. Los conceptos metafísicos son de naturaleza extratemporal, procurar situarlos en el tiempo es ignorar la inconmensurabilidad entre lo temporal y lo extratemporal. Se trata de dos órdenes diferentes, inconmensurables, como acabamos de decir. Algo similar ocurre con los conceptos matemáticos: solo que a nadie se le ocurriría preguntar cuándo la suma de los ángulos interiores de un triángulo empezó a ser igual a 180 grados.
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