El capital inversión, en idioma inglés Private equity, es un tipo de actividad financiera que consiste en la adquisición, por parte de una entidad especializada en capital inversión (private equity), del paquete mayoritario de acciones de una sociedad. La entidad de capital inversión se convierte de esta manera en el propietario mayoritario de la sociedad, normalmente de forma temporal, ya que transcurrido un tiempo se suele realizar la venta de las acciones compradas. El plazo de mantenimiento de la inversión es variable, normalmente en función del éxito de la actividad desarrollada, ya que el objeto de la inversión no es la tenencia en sí de las acciones sino la obtención de una rentabilidad en la operación. Esta actuación no tiene por qué suponer la captación de nuevos fondos para la sociedad transmitida.
Las operaciones de capital inversión suelen estar dirigidas a empresas maduras con flujos de caja estabilizados, en las que los anteriores propietarios desean vender su participación bien sea por desavenencia entre los antiguos accionistas, problemas en la sucesión de empresas familiares o desinversión de filiales no consideradas estratégicas en grupos industriales. En algunos casos la operación conlleva la salida del mercado de valores de la empresa transmitida
El capital inversión tiene unas nociones ligeramente distintas al anterior concepto. Sirve para denominar la adquisición por parte del inversor del capital riesgo de las acciones de los actuales accionistas. Esta vez no se da una entrada de dinero vía ampliación de capital, sino que el capital riesgo se convierte en el propietario mayoritario, siendo los casos más habituales problemas sucesorios en empresas familiares o desinversión de divisiones que dejan de ser prioritarias en el caso de grandes conglomerados de empresas. Además, dentro de este grupo se encuentran las operaciones conocidas como adquisición por la dirección (MBO), donde los gestores, con la ayuda del capital riesgo, compran la empresa a sus actuales propietarios, pasando a ser ellos mismos, junto al fondo de capital riesgo, los nuevos dueños de la empresa.
Principales formas de actuación
Capital riesgo: se invierte en un negocio nuevo o se expande uno de tamaño pequeño;
Buy-out: se adquiere una empresa o al menos una parte significativa de la misma de un tamaño importante;
Situaciones extraordinarias: se invierte en empresas que pasan por dificultades financieras o cambios importantes, tales como cambios regulatorios o en la tendencia del mercado.
Ranking
A continuación se detallan las 10 empresas de capital inversión más grandes del mundo según una clasificación de 2014 creada por la revista de la industria Private Equity International:
Si recaudan más no bajarán impuestos, subirán el gasto
Por Antonio I. Margariti.
Nuestro país está viviendo un sórdido pero fundamental enfrentamiento. Es un combate por todo o nada, a triunfar o sucumbir que, sin embargo, no es percibido en toda su magnitud por gran parte de la dirigencia y mucho menos por la población de a pie.
UNA CLARA DISYUNTIVA
Se trata de consolidar la decadencia secular que nos tiene atrapados hace 70 años o de poner fin a su dominio, aventando sus causas para recuperar la dignidad, el progreso y la cordura que nos permitan crecer y expandirnos en una vida mejor.
En términos económicos esta batalla vital se expresa de una manera simple.
O la clase política hace un serio ajuste de sus apetencias por el gasto y el despilfarro del Estado o la sociedad integrada por personas y familias tendrán que soportar una servidumbre fiscal por un tiempo que sobrepasará varias generaciones.
El módulo que sirve como testigo de la recuperación del país o de su derrota con el estancamiento y la decadencia es muy claro. Son las normas y reglas recetadas por el Fondo Monetario Internacional como salvavidas para mantenernos a flote mientras repensamos nuestro propio futuro con detenimiento y seriedad.
Sin embargo, nuestros políticos y sus asesores electorales, sustituyen este claro esquema por la dialéctica de la grieta entre el distribucionismo de la derecha versus la repartija de la izquierda.
A pesar de esa mentada grieta, ambos están unidos en una misma falacia keynesiana: gastar más de lo que se tiene, expoliar a quien produce, repartir a los que no trabajan y sofocar con impuestos y regulaciones el más mínimo intento de producir honestamente en un sistema de leal competencia.
Por ello, los gobernantes y legisladores se muestran seguros y decididos cuando sancionan malas medidas, pero dudan y son indecisos cuando deben tomar buenas decisiones.
Basta con reparar en el contenido y alcance de los eslogan y discursos que pronuncian. Advertiremos una asombrosa superficialidad. Palabras sonoras que nada contienen y nada significan. Es alarmante comprobar la suma ignorancia en cuestiones económicas básicas y el predominio de ideas incoherentes y disparatadas. Parecieran haber perdido la capacidad de pensar y de comprender lo que está pasando, lo cual implica un cierto desvarío mental.
Pero esa pasajera pérdida de razón, no sólo se percibe en las autoridades políticas sino, también y con cierta amplitud, entre los dirigentes gremiales, empresarios y hasta líderes de la jerarquía eclesiástica.
Predomina en muchos la presunción de que con verbalismo dialéctico y voluntarismo político, es posible forzar o neutralizar las consecuencias de la violación de principios económicos elementales, basados en la sensatez de las leyes naturales.
La mayoría de ellos creen que los gobiernos pueden gastar indefinidamente más de lo que recaudan. Que pueden hacerse obras públicas con endeudamiento ilimitado. Que las deudas públicas no cuestan nada y no son de obligada amortización. Que es posible repartir, indefinidamente, subsidios universales con impuestos esquilmados a los que trabajan.
También confían en que la crisis del desfinanciamiento del Estado pueda ser pagada por el agro con mayores retenciones. Que es posible estimular exportaciones aplicando impuestos. Que las empresas comerciales deben vender barato pese a que el gobierno les provoca una inflación galopante.
Están convencidos que -con controles y duras sanciones- lograrán estabilizar los precios mientras emiten dinero falso para financiar el gasto público. Que el déficit del presupuesto puede diluirse esperando cómodamente un crecimiento automático que les permita bajar su incidencia porcentual. Que es factible regular autoritariamente las decisiones privadas sin pagar las consecuencias de la desinversión.
Mantienen la ilusión de que la sola presencia de personajes infatuados, abúlicos y sin ideas claras, provocará un diluvio de inversiones extranjeras y que con apelaciones al optimismo y las buenas ondas es posible abatir el desánimo de los emprendedores más animosos y diligentes.
Este es el coctel de ilusiones, utopías, falacias y embustes con que se entretiene nuestra clase dirigente, mientras la vida de la gente va transcurriendo inexorablemente sin mejorar.
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EL PODER FISCAL ES PODER PARA ARRUINAR Y DESTRUIR
Los funcionarios del Estado disponen de una prerrogativa que no tienen los demás grupos sociales. Pueden vivir opíparamente de rentas arrebatadas a las empresas y personas físicas por la fuerza legal de los impuestos, el endeudamiento y la emisión de dinero, obligándolas a ajustarse el cinturón y desprenderse del fruto de su trabajo.
Nunca estará de más recordar aquella advertencia de San Agustín de Hipona, en su imperdible libro De civitate Dei contra paganos, annus 412 d.C. señalando que: «Un gobierno sin justicia se convierte en un vasto latrocinio, es decir en una banda de ladrones en gran escala, que se comprometen, en pacto mutuo, a repartirse el botín según las reglas fijadas por ellos mismos.»
Al mismo tiempo que éste es el comportamiento de la dirigencia local, circulan muchas ideas, pensamientos y creencias entre los propios ciudadanos que contribuyen a consolidar ese poder injusto y omnímodo del Estado sobre la vida y el patrimonio de las personas. Muchas de estas actitudes pueden descubrirse en los innumerables mensajes de las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y Periscope, como podemos ver a continuación.
Actitud del resentido, esquilmado por excesivos impuestos: no pide que se lo rebajen, sino que reclama que se los suban a los demás y así satisface su envidia haciendo que paguen mayores tasas quienes ganen más que él.
Actitud del ingenuo, confiado en la de la bondad de los políticos: apuesta a que denunciando al Fisco los presuntos evasores, conseguirá bajar las alícuotas para beneficiar a los buenos contribuyentes.
Actitud del tacaño, que evade impuesto cuando puede: se pone celoso si otros adoptan su misma conducta y los acusa de evasores contumaces mientras él se oculta.
Actitud del cándido, que cree que evadir impuestos es pecado: no advierte que lo están expoliando sin misericordia mediante múltiples impuestos directos e indirectos.
Actitud del político canalla, que pretende recaudar más para embolsar más: es tan ladino que decidirá crear nuevos impuestos pretextando su opción preferencial por los pobres.
Actitud del justiciero, que apuesta a la justicia social: requiere aumentar los impuestos para redistribuir la renta ajena sin percibir que el aumento de recaudación irá al bolsillo de políticos miserables y empobrecerá a los ciudadanos honestos.
Actitud del cínico y caradura, que se apropia desaprensivamentede los impuestos:
se justifica señalando que de este modo puede crear nuevas fuentes de trabajo.
Actitud del empresario o sindicalista cortesano: utilizan el tráfico de influencias y el soborno para que los funcionarios cubran sus espaldas con privilegios fiscales específicos.
Actitud del inteligente, que advierte que no sólo paga impuesto a las ganancias: comprende la iniquidad de la ilusión fiscal escondida en multitud de impuestos indirectos.
Actitud del justo, que cumple sus obligaciones fiscales: acepta pagar todos los impuestos pero exige que el Estado tenga un límite cuantitativo a la presión fiscal.
Actitud del hombre libre, que pide frenar el poder destructivo del Fisco: reclama el amparo de la justicia para que la sumatoria de todos los impuestos no exceda el 25% de sus ingresos líquidos.
Pese a toda la retórica y dialéctica verbal de nuestros gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios recaudadores, debemos escuchar y recoger la secular experiencia señalada por uno de los más grandes hacendistas de los últimos tiempos: Luigi Einaudi, eximio presidente de Italia después de la IIª Guerra Mundial: «Cuando los gobernantes recauden más, nunca rebajarán los impuestos, sino que aumentarán el gasto». (Mitos y paradojas de la justicia tributaria, editorial Ariel, Madrid, España).
REGISTRO AUTOMOTOR, un Frankestein del Estado confiscatorio
Autor: #Bajenelgastopublico @hpititiminisky
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Mientras algunos juzgan de manera injusta a Sarmiento y Roca, del siglo XIX, con los valores del siglo XXI, la clase dirigente argentina del siglo XXI impunemente toma medidas que nos impiden ingresar al siglo XXI, con lo cual miramos al siglo XXI impotentes con la «ñata contra el vidrio», sin entrar.
Cuando uno osa realizar propuestas para modificar esta realidad, saltan quienes dicen que modificar esto es imposible, que siempre fue así y siempre así será porque así lo quieren los que tienen el poder. Una de estas medidas tomadas por la clase dirigente, para beneficio propio y en detrimento del resto de la población, es la creación del Registro Automotor.
El Registro Automotor es un Frankestein, un monopolio privado regulado por el Estado y entregado sin licitación, que depende del Ministerio de Justicia, con poder para cobrar lo que quieran, brindando un servicio pésimo y carísimo, que no existe en ningún lugar civilizado del mundo democrático y capitalista.
Los desafío a usar el buscador de Twitter escribiendo dos palabras: «registro automotor», para que vean el rosario de quejas de la gente común que le toca ir a hacer trámites allí, las sospechas generalizadas sobre cómo fueron adjudicados y la fortuna que tienen que pagar por simples trámites, algunos verdaderamente sinsentido en la era de Internet.
Además, el Registro Automotor, al ser una caja de la política, parece que no existiera frente a los cada vez más rigurosos controles de la AFIP. Este organismo realiza cobros en efectivo, y la AFIP no le exige factura electrónica ni posnet, como le exige a otras actividades comerciales más riesgosas y productivas.
Por ejemplo, para transferir un vehículo usado de $ 30 mil en CABA hay que pagar 16 impuestos diferentes que le harán perder $ 3500. De esta cifra, alrededor de $ 1500 van directo al bolsillo del dueño del Registro Automotor (alrededor del 5% del valor del vehículo).
Impuestos Sellos CABA o ARBA:
$1800
Arancel de transferencia:
$300
Formulario 08:
$150
Certificación de firma:
$210
Cédula:
$220
Título:
$110
Envío de legajo:
$110
Formulario 13 (Patentes):
$144
Formulario 13a (Alta Impositiva):
$60
Formulario 13i (Consulta de infracciones en territorio argentino):
$160
Formulario 13s:
$36
Formulario 13p (Consulta de deuda de automotor):
$28
Deuda por multas:
$15
Act. Imp. Rentas:
$90
Alt. Imp. por correo:
$20
Baja Impositiva:
$70
Total:
$ 3500
Para darse una idea del volumen de este negocio malhabido (pero legal) de los Registro Automotor, en Argentina en 2016 se vendieron, según ADEFA, alrededor de 720 mil vehículos 0km. Si a esto le sumamos alrededor de 1,5 millones de usados que se vendieron en 2016, estamos hablando de un mercado que mueve anualmente 2,2 millones de vehículos.
Suponiendo un precio promedio de $ 200 mil por vehículo (entre usados y 0km), estaríamos hablando de un mercado que facturaría alrededor de $ 440 mil millones por año, de estos aproximadamente el 5% se lo lleva el Registro Automotor, es decir, un negocio de $ 22 mil millones anuales.
Nuestra clase dirigente se llena la boca hablando de «analizar la cadena de valor» para «bajar los costos logísticos», mientras carga a los vehículos con impuestos que representan un 55% de su precio final. Adicionalmente, hay que sumar los costos asociados al tramiterío en el Registro Automotor, que puede llevarse más de un 10% del valor del vehículo, de los cuales 5% entran limpios al dueño del Registro Automotor.
Imaginen la siguiente situación injusta: un desocupado comprando un Corsa 2003 para poder sostener a su familia con alguna changa y entregándole el 5% del valor de su vehículo al gran señor feudal dueño de un Registro Automotor. ¿Quién podría defender eso? ¿Dónde están los que hablan de «justicia social», «redistribución de la riqueza» y demás banderas de la política demagógica para detener esta injusticia?
Lamentablemente, el Ministerio de Justicia del gobierno de Cambiemos, en lugar de eleminar el Registro Automotor, abrió la convocatoria para crear 56 nuevos registros, que se sumarán a los 1500 ya existentes (que habría que cerrar).
En lugar de cortar esta estafa al ciudadano, la amplían, creando nuevos beneficiarios de esta gran cadena de favores que elimina toda gana de invertir en Argentina, y también de permitirle el ingreso al país al siglo XXI.
Siglo XXI que encuentra a los países desarrollados simplificándole la vida al ciudadano, es decir, reduciendo la carga administrativa, tratando de hacerla 100% por internet, en caso de haberla, y bajándole la carga impositiva. Y encuentra a la Argentina otra vez perdiendo el tren.
Gabriela Calderón de Burgos analiza la «Ley de Reactivación Económica» en Ecuador que penalizaría vía impuestos a quienes realicen retiros en efectivo por encima de $4.000 en un mes.
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De manera acertada se eliminó una de las peores provisiones contenidas en el proyecto original de la mal llamada «Ley de Reactivación Económica”: la creación de un impuesto para quienes realicen retiros en efectivo por encima de $ 4.000 en un mes. Los partidarios de esta propuesta nos dicen que esto ayudaría, entre otros objetivos, a combatir la corrupción y a bancarizar a los más pobres.
Hace un par de semanas en la Conferencia Monetaria Anual del Instituto Cato, Lawrence White –académico de dicho instituto y profesor de Economía de George Mason University– realizó una presentación acerca de lo que él denomina “La guerra contra el efectivo (cash)”, que es importante para entender por qué no convienen algunas propuestas destinadas a castigar o desalentar el uso de efectivo.
White dice que “el razonamiento económico estándar nos dice que mejorar las vidas de las personas significa agregar opciones atractivas, no remover lo que la gente actualmente considera como sus opciones más ventajosas. Quitarles a las personas sus mejores opciones (incluyendo las opciones de medio de pago) rara vez es una forma de enriquecerlas o mejorar su situación desde su perspectiva”.
El economista alemán Norbert Haring dice que la Better Than Cash Alliance y otros organismos que promueven políticas coercitivas para supuestamente lograr la “inclusión financiera” de hecho acaban “respaldando la exclusión financiera de los pobres al prevenir que utilicen su método preferido y muchas veces único de pago”.Esto sucedió hace un año en la India, donde se retiraron repentinamente de circulación dos billetes que constituían el 86% del stock de billetes en circulación. Esto derivó en grandes problemas para la mitad de los indios que no están bancarizados y suelen recibir su sueldo en efectivo y los agricultores no fueron capaces de vender sus productos. “Una política aparentemente diseñada con la intención de infligir pérdidas sobre los evasores de impuestos y criminales impuso un severo daño colateral a usuarios honestos de la moneda”, explicó White.
Desde hace algunos años, el Banco Central del Ecuador emprendió una costosa campaña para alentarnos a utilizar el dinero electrónico. Los argumentos varían según la coyuntura del momento, pero generalmente las autoridades del Gobierno anterior y de este se refieren de forma negativa a la prevalencia del uso del efectivo en una economía. Pero ¿realmente es eso algo negativo?
El problema con esta guerra, indica White, es que al igual que con otras guerras, como aquella contra las drogas, se socavan libertades civiles tradicionales –en este caso la privacidad financiera– y se criminalizan, espían y procesan actividades privadas sin víctimas.
White señala que esta guerra se fundamenta en una culpabilidad por asociación: los criminales usan efectivo para mantenerse fuera del radar, entonces cualquiera que usa efectivo podría ser un criminal. Aunque es cierto que los criminales se valen de transacciones en efectivo para delinquir, también es cierto que muchos ciudadanos respetuosos de la ley lo utilizan para actividades perfectamente legales.
La prosperidad y el progreso se trata acerca de ampliar las opciones, no de limitarlas. Nada impide que los medios de pagos virtuales coexistan con el efectivo. Si los usuarios encuentran que los primeros les resultan más convenientes, estos crecerán sin necesidad de una intervención estatal.
—Este artículo fue originalmente publicado en El Universo (Ecuador) el 1 de diciembre de 2017.
—Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
El uso coercitivo de una moneda digital implica el enorme riesgo de que el Estado transforme el sistema tributario en violatorio de los derechos individuales, al exigir al contribuyente que le proporcione información privadísima para fiscalizarlo.
El impuesto a la renta financiera, entre mitos e interrogantes
Por Fernando Laborda.
Mientras el Gobierno evalúa cómo aclarar y llevar tranquilidad a inversores por el proyectado impuesto a la renta financiera sobre personas físicas, que gravará depósitos a plazos fijos y títulos públicos, este nuevo tributo sigue despertando múltiples dudas y críticas entre no pocos economistas.
Uno de los analistas económicos que con más dureza cuestionó el proyecto fue Agustín Monteverde, quien expresó a LA NACION que, para el Gobierno, «es como apuntarse un tiro al pie con la esperanza de que no le dé en la cabeza». Más aún, señaló: «Es tan desopilante como si un deudor serial saliera a pasar la gorra y cuando alguien le va a dar un billete pretendiera, además, cobrarle un impuesto».
La iniciativa oficial apunta a gravar con un 5% los rendimientos derivados de inversiones en pesos y con un 15% la renta de instrumentos nominados en moneda extranjera. Los ahorristas tributarían por sus ganancias a partir de un monto no imponible de 52.000 pesos anuales.
Tras el debate que se lleve a cabo en el Congreso, se sabrá con certeza si esos tributos se aplicarán sobre la renta nominal o sobre la renta real, descontada la tasa de inflación. También deberá determinarse si estarán gravados los bonos ya emitidos o sólo aquéllos que sean emitidos con posterioridad a la sanción de la ley. En cambio, ya está decidido por el Gobierno que los bonos sujetos a legislación extranjera no serán objeto de este impuesto.
Esta última distinción provocó críticas del economista Carlos Rodríguez, rector de la Universidad del CEMA. «Los Macri boys decían que los contratos debían cumplirse y ahora los rompen con tenedores argentinos de bonos», se quejó. Hacía así referencia a que los títulos públicos ya emitidos tienen en sus contratos condiciones según las cuales no pueden sumar nuevos impuestos a los ya contemplados al momento de ser colocados.
En el mismo sentido, Monteverde sostuvo que gravar ahora instrumentos financieros que cuando salieron al mercado no estaban gravados constituye «una aviesa traición» a muchos de quienes ingresaron en el régimen de sinceramiento fiscal o blanqueo, «a quienes el Estado les decía que si invertían su dinero blanqueado en bonos se evitarían el costo del blanqueo».
Otro interrogante que surge entre distintos economistas y operadores del mercado financiero radica en que, actualmente, muchos títulos públicos cotizan por encima de la par, por lo que quien los adquiera hoy tendrá una tasa interna de retorno (TIR) que será inferior a la tasa de interés anual que paga el Estado por ese bono. Por ejemplo, el Bonar 2024 paga un interés anual del 8,75%, pero su TIR es actualmente del 4,1%. La duda es si, una vez considerado el proyecto de ley en el Congreso, el impuesto a la renta se aplicará sobre la tasa de rentabilidad o sobre la tasa de interés. Si fuera este último caso, el castigo al ahorrista sería mayor.
Desde sectores políticos que siempre han apoyado el impuesto a la renta financiera se ha dicho que su recaudación recaería sobre los más ricos en beneficio del resto de la población. Pero lo cierto es que el sistema financiero juega un rol esencial en cualquier economía, ya que los ahorros de las personas y de las empresas que reciben los bancos y las entidades financieras pueden ser canalizados hacia la inversión productiva, por la vía de créditos. Sin esos ahorros, difícilmente el sistema financiero podría prestarles dinero a otros particulares para la adquisición de viviendas, automóviles o artefactos electrodomésticos, ni a empresas para que financien proyectos industriales o comerciales.
Suena lógico que si se incorpora un impuesto sobre los intereses que por un depósito bancario a plazo fijo recibe un particular, éste exija una tasa de interés más alta que la actual para compensar el nuevo tributo que se le impondrá. Y si suben las tasas de interés para esas colocaciones, las entidades bancarias trasladarían ese incremento a las tasas de los créditos que otorguen.
En síntesis, las dudas que plantea el proyecto de impuesto a la renta financiera podrían sintetizarse de este modo:
¿Puede gravarse la renta financiera sin un ajuste por inflación? ¿No sería esto hacer tributar a los ahorristas sobre ganancias ficticias, como ya se viene haciendo con las empresas, en tanto buena parte de los ingresos están compuestos por un porcentaje inflacionario?
¿Correspondería gravar depósitos a plazo fijo bancarios cuando éstos ni siquiera cubren totalmente al ahorrista de una inflación que actualmente es superior a la tasa de interés?
¿No terminaría el impuesto generando una suba de las tasas de interés de las colocaciones bancarias a plazo fijo, que se trasladaría a los créditos a particulares y al sector productivo?
¿Podría terminar el Estado perdiendo de un bolsillo lo que ingrese por otro bolsillo, al verse forzado a mantener elevadas las tasas de interés de Lebacs para hacer frente a las exigencias de ahorristas que verían reducido su beneficio con el impuesto?
Finalmente, ¿cuán significativa será la recaudación para el Estado por este impuesto a la renta financiera? ¿Estamos ante una cuestión técnica o sólo ante una discusión política, donde el gobierno de Mauricio Macri aspira a pagar con este tributo el precio para que se apruebe el resto de la reforma tributaria en el Congreso y, al mismo tiempo, dejar atrás el mito de que el Presidente sólo gobierna para los ricos?
Recientemente un nuevo proyecto de ley fue presentado en el piso del Senado de los EE.UU. titulado, agradablemente,
«Lucha contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Ley de Falsificación de 2017.»
Probablemente ya puede adivinar su contenido.
El dinero es malo.
Bitcoin es malo.
Ahora han ido tan lejos para incluir teléfonos móviles prepago, vales de regalo al por menor, o incluso electrónicos
Cupones: El mal, el mal y el mal.
Estas personas son certificadamente locas.
Entre las disposiciones amplias del proyecto de ley, el gobierno pretende extender ampliamente su autoridad para apoderarse de sus activos a través de la «confiscación de activos civiles».
Las reglas de Confiscación de Activos Civiles permiten al gobierno tomar lo que quieran de usted, sin un juicio o cualquier proceso debido.
Este nuevo proyecto de ley agrega una lista de lavandería de los delitos por los que pueden legalmente aprovechar sus activos … todos los cuales se refieren a lavado de dinero y otros delitos financieros.
Aquí está la cosa, sin embargo: también han ampliado ampliamente en la definición de tales «delitos financieros»,
Incluyendo el fracaso al llenar un formulario si usted está transportando más de $ 10,000 de «instrumentos monetarios».
¿Tienes mucho dinero? Será mejor que le digas al gobierno.
Si no, se autorizan a sí mismos en esta factura para aprovechar no sólo el dinero que no informó, sino TODOS sus activos y cuentas bancarias.
Incluso van tan lejos como para nombrar específicamente «cajas de seguridad» entre los diversos activos que pueden aprovechar si no llenar el formulario.
(Otra razón para considerar el almacenamiento de efectivo, oro y plata en una caja de seguridad en el extranjero.)
Esto es increíble en tantos niveles.
Es una locura comenzar con que estas personas están tan consumidas por el hecho de que alguien tiene $ 10.000 en efectivo.
Pero es incluso más loco que están amenazando con tomar todo lo que usted posee simplemente por no llenar un pedazo de papel, sin ningún tipo de debido proceso.
Ah, y además de penalidades de confiscación de activos civiles, también hay sanciones penales.
Ahora, de acuerdo con la ley actual, pueden encarcelarte por hasta CINCO AÑOS por no llenar el formulario. Cinco años.
Pero al parecer eso no va lo suficientemente lejos como para protegernos contra los hombres malvados en cuevas.
Así que este proyecto de ley pretende duplicar la pena penal a diez años de prisión.
Y si eso no fuera suficiente, este proyecto de ley también les da una nueva autoridad para participar en la vigilancia y las escuchas telefónicas (incluyendo teléfono, correo electrónico, etc.) si tienen incluso un indicio de sospecha de que podría estar transportando exceso de «instrumentos monetarios».
Por lo general, la autoridad de escuchas telefónicas está reservada para los principales delitos como el secuestro, la trata de personas, el delito grave, etc.
Ahora podemos agregar dinero en efectivo a esa lista.
No sólo las agencias de espionaje del gobierno deben preocuparse.
Los bancos en los Estados Unidos ya son espías no remunerados del gobierno, requeridos por la ley para llenar informes de actividad sospechosos sobre sus clientes.
Entonces el Congreso comenzó a ampliar esos requisitos para incluir otros negocios e industrias que podrían entrar en contacto con dinero en efectivo.
Corredores de valores. Casinos. Intercambios de moneda. Distribuidores de metales preciosos. Prestamistas. El correo.
De acuerdo con la ley (sección 5312 del Código de EE.UU. Título 31), las industrias también están obligados a espiar a sus clientes para el gobierno.
Pero bajo este nuevo proyecto de ley, quieren reclutar por la fuerza aún más espías no pagados, incluyendo cualquier negocio que emite o redime NADA que es prepago.
Tarjetas de crédito prepagadas. Teléfonos prepagados. Tarjetas prepagadas de regalo al por menor. Cupones de prepago.
Así, Amazon, que emite y canje tarjetas de regalo prepagadas, será requerido bajo esta factura para presentar informes al gobierno.
Para el caso, TGI Fridays y Chuckee Cheese también se convertirán en espías del gobierno no remunerados, ya que ambos emitir y canjear cupones prepagados.
Verdaderamente, estos senadores han descubierto cómo atacar el corazón de ISIS.
Además, su proyecto de ley quiere tirar de cualquier negocio que «emite» la criptografía bajo el paraguas regulador contra el lavado de dinero.
Aquí es donde estas personas demuestran que no tienen idea de lo que están hablando.
Nadie «emite» Bitcoin. No hay un banco central de Bitcoin. No hay un presidente de Bitcoin que decida por un capricho para aumentar la oferta.
Bitcoin se crea automáticamente cantidades que están predeterminadas por su código. Es un software.
Así que el Senado está esencialmente tratando de obligar al software básico de Bitcoin a cumplir con las regulaciones de lavado de dinero.
Cómo patéticamente desorientado.
El proyecto de ley también intenta lanzar una bomba importante en Bitcoin al incluirla en la lista de instrumentos monetarios que deben ser reportados al entrar o salir de los Estados Unidos.
Tan teóricamente si usted deja los EEUU con más de $ 10,000 en Bitcoin o Éter, usted tendría que confesar este hecho a las autoridades o de otra manera enfrentar las penas mencionadas, es decir, tiempo de prisión, confiscación de activos civiles, etc.
¡Libertad Hooray!
Como puede ver, este proyecto de ley criminaliza o deslegitima las actividades financieras más mundanas e inofensivas, todo bajo el disfraz de mantenernos a salvo.
Por supuesto, nada en este proyecto de ley es mantener a la gente segura.
A ISIS no le importan las formas y penalidades.
Este proyecto de ley no es nada más que otra arma en su actual Guerra contra el Efectivo … y ahora las criptomonedas también.
Recently a new bill was introduced on the floor of the US Senate entitled, pleasantly,
«Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Counterfeiting Act of 2017.»
You can probably already guess its contents.
Cash is evil.
Bitcoin is evil.
Now they’ve gone so far to include prepaid mobile phones, retail gift vouchers, or even electronic
coupons. Evil, evil, and evil.
These people are certifiably insane.
Among the bill’s sweeping provisions, the government aims to greatly extend its authority to seize your assets through «Civil Asset Forfeiture».
Civil Asset Forfeiture rules allow the government to take whatever they want from you, without a trial or any due process.
This new bill adds a laundry list of offenses for which they can legally seize your assets… all of which pertain to money laundering and other financial crimes.
Here’s the thing, though: they’ve also vastly expanded on the definition of such ‘financial crimes’,
including failure to fill out a form if you happen to be transporting more than $10,000 worth of ‘monetary instruments’.
Have too much cash? You’d better tell the government.
If not, they’re authorizing themselves in this bill to seize not just the money you didn’t report, but ALL of your assets and bank accounts.
They even go so far as to specifically name «safety deposit boxes» among the various assets that they can seize if you don’t fill out the form.
(Yet another reason to consider storing cash, gold, and silver in an overseas safety deposit box.)
This is unbelievable on so many levels.
It’s crazy to begin with that these people are so consumed by the fact that someone has $10,000 in cash.
But it’s even crazier that they’re threatening to take EVERYTHING that you own merely for not filling out a piece of paper, without any due process whatsoever.
Oh, and on top of civil asset forfeiture penalties, there are also criminal penalties.
Right now according to current law they can imprison you for up to FIVE YEARS for not filling out the form. Five years.
But apparently that doesn’t go far enough to protect us against evil men in caves.
So this bill aims to double the criminal penalty to TEN years in prison.
And if that weren’t enough, this bill also gives them with new authority to engage in surveillance and wiretapping (including phone, email, etc.) if they have even a hint of suspicion that you might be transporting excess ‘monetary instruments’.
Usually wiretapping authority is reserved for major crimes like kidnapping, human trafficking, felony fraud, etc.
Now we can add cash to that list.
It’s not just government spy agencies to worry about, either.
Banks in the US are already unpaid government spies, required by law to fill out suspicious activity reports on their customers.
Then Congress started expanding those requirements to include other businesses and industries that might come into contact with cash.
Stock brokers. Casinos. Currency exchanges. Precious metals dealers. Pawnbrokers. The Post Office.
According to the law (section 5312 of US Code Title 31), those industries are also required to spy on their customers for the government.
But under this new bill, they want to forcibly recruit even more unpaid spies, including any business which issues or redeems ANYTHING that’s prepaid.
So, Amazon, which issues and redeems prepaid gift cards, will be required under this bill to file reports to the government.
For that matter, TGI Fridays and Chuckee Cheese will also become unpaid government spies since they both issue and redeem prepaid vouchers.
Truly these Senators have figured out how to strike at the heart of ISIS.
Further, their bill wants to pull any business which «issues» cryptocurrency under the anti-money laundering regulatory umbrella.
Here’s where these people demonstrate that they have no idea what they’re talking about.
No one «issues» Bitcoin. There’s no Bitcoin central bank. There’s no Chairman of Bitcoin who decides on a whim to increase the supply.
Bitcoin is created automatically amounts that are pre-determined by its code. It’s software.
So the Senate is essentially trying to force the Bitcoin core software to comply with money laundering regulations.
How pathetically clueless.
The bill also attempts to drop a major bomb on Bitcoin by including it in the list of monetary instruments that must be reported when entering or leaving the US.
So theoretically if you leave the US with more than $10,000 in Bitcoin or Ether, you’d have to confess this fact to the authorities or otherwise face the aforementioned penalties, i.e. prison time, civil asset forfeiture, etc.
Hooray Freedom!
As you can see, this bill criminalizes or delegitimizes the most mundane and harmless financial activities, all under the guise of keeping us safe.
Of course nothing in this bill is about keeping people safe.
ISIS couldn’t care less about forms and penalties.
This bill is nothing more than another weapon in their ongoing War on Cash… and now cryptocurrency too.
Los impuestos progresivos están basados en una máxima marxista y destruyen los incentivos al progreso.
Hace cinco años que Juan trabaja en la empresa que admiraba desde chico. Al salir de la facultad, lo primero que hizo fue enviar allí su currículum y felizmente fue seleccionado. Gana un buen salario y siempre se esfuerza para que le vaya mejor. Pone mucho de sí mismo, es comprometido, y busca permanentemente cumplir y superar sus objetivos.
La semana pasada, el supervisor lo llamó a su oficina. Tenía una buena noticia para comunicarle. Luego de las evaluaciones de desempeño y en vistas a una ampliación de sus responsabilidades, le iban a dar un aumento de sueldo. Se trataba de un considerable 29% de suba.
Feliz como estaba y listo para enfrentar sus nuevos desafíos, le contó la novedad a su mujer, Florencia. Ambos festejaron. Justo estaban pensando en construir un nuevo cuarto en su casa de dos ambientes para la llegada de su bebé a mediados del año que viene. Salieron a cenar.
El problema apareció el día del pago. Cuando miró su cuenta bancaria, Juan vio algo que no cerraba. Le habían prometido un 29% de aumento, pero solo había recibido un monto que representaba una suba del 20%.
¿Quién se había quedado con su dinero?
Cuando planteó la situación en Recursos Humanos, comprendió lo que sucedía. Su sueldo bruto había aumentado efectivamente en un 29%, pero también había aumentado el monto de impuestos a pagar por ganancias. Y más que proporcionalmente. Las cuentas ahora no eran las mismas, y Juan y Florencia decidieron posponer la ampliación de su casa.
La situación que acabamos de describir es típica de los sistemas tributarios que se llaman “progresivos”. En dichos sistemas, inspirados en la máxima marxista de “a cada quien según su necesidad y de cada cual según su posibilidad”, el estado cobra más impuestos a quienes más ganan, mientras que a los que menos ganan les cobran tasas más reducidas.
Si se miran las tasas impositivas que se cobra a las personas físicas en Argentina, por ejemplo, veremos que una persona que tiene una ganancia neta anual sujeta a impuestos (es decir, menos los aportes a la seguridad social y las deducciones específicas) de hasta $ 10.000, deberá tributar el 9% más una suma fija. Si ese monto es de hasta $ 20.000, el estado le exigirá un 14% más una suma fija. Si la ganancia neta anual supera los $ 60.000, entonces el estado tomará una suma fija más el 27% del monto, y si el ingreso percibido es de más de $ 120.000 (una persona que cobra $33.000 de mano por mes, por ejemplo), entonces el gobierno se quedará con 35% más un monto fijo de $ 28.500.
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Curiosamente, y a pesar de su nombre, el impuesto “progresivo” castiga el progreso.
Es que en una economía de mercado, los ingresos de cada individuo están determinados por el valor agregado que cada persona le aporta a la sociedad. En términos más concretos, un empresario exitoso es aquel que ofrece mejores productos y servicios a sus conciudadanos y es por eso que sus ingresos son mayores. En un proceso voluntario, la gente elige entregarle su dinero a cambio de los bienes y servicios que el empresario produce.
Dentro de una empresa, el sistema funciona de manera similar. Si un empleado agrega valor, será promovido y ganará un mayor salario. Ese mayor ingreso es el resultado de su buen desempeño laboral, que está en línea con el objetivo de la empresa, que en una economía de mercado es satisfacer las necesidades del consumidor.
Por este motivo, y en línea con lo explicado por Murray Rothbard, “imponer penalidades a los que han servido mejor a los consumidores daña no solo a los productores, sino también a los consumidores”.
El daño a los incentivos que genera el impuesto progresivo a las ganancias puede comprenderse mejor si llevamos el ejemplo al extremo. El extremo de la progresividad fiscal haría que frente a cada suba de los ingresos del individuo en términos brutos, nulo sea el aumento en términos netos.
Por ejemplo, si el impuesto cobrado a una persona que gana $ 10.000 es de 25%, pero cuando pasa a ganar $ 12.000 se le cobrara 37,5%, entonces en términos netos el individuo recibiría siempre $ 7.500.
En este caso, se ve claramente que el incentivo a ganar más dinero se destruirá por completo. Finalmente, nadie tendría ganas de trabajar más y la economía colapsaría.
Una propuesta alternativa es la de cobrar un impuesto de tasa fija, o “flat tax”, que para cada nivel de ingresos tenga una misma tasa. Esto haría que los aumentos del salario bruto sean exactamente iguales a los del salario en mano, mejorando el sistema de incentivos.
Claro que este flat tax debería ser bajo e igual al mínimo de la escala actual, ya que si estuviera por encima penalizaría a todos los que hoy pagan por debajo de ese nivel.
Con un impuesto de tasa fija, quienes más ingresos generen, también aportarán más a las arcas públicas, pero no se les castigará el mejoramiento de su situación personal.
El impuesto a las ganancias de personas físicas será debatido el año que viene en el congreso. Entre otras modificaciones, se debatirá incluir una nueva escala que grave los ingresos más altos con una tasa del 40%.
Esperemos que la iniciativa no prospere. Si hay algo que no necesita este país, ni ningún otro, es seguir castigando a los que quieren progresar. Desde este lugar, vaya el pedido para una refundación completa del concepto de la progresividad, y una profunda baja de la presión impositiva sobre los empresarios y trabajadores.
Por el costo argentino, las heladeras cuestan tres veces más que en Chile
Las empresas del sector se quejan del aumento de las importaciones y del retroceso del consumo, que ya perjudicó el empleo.
Por Francisco Jueguen.
Las heladeras no frost -las de mayor tecnología- cuestan en la Argentina casi el triple que en Chile (179% más) o el doble que en Brasil. Con las cíclicas -que todavía tienen 73% del market share local la diferencia es menor. En Chile tienen un precio 28% más económico que en cualquier comercio argentino. En comparación con Brasil, la heladera nacional es un 25% más cara.
La heladera, como toda la producción industrial nacional, sufre con los costos argentinos, pero también aparece hoy bajo la lupa del Gobierno, que exige a los empresarios más competitividad interna mientras -con algunas medidas que impulsan la transformación productiva- se bendice una mayor apertura de la economía.
La heladera, como toda la producción industrial nacional, sufre con los costos argentinos, pero también aparece hoy bajo la lupa del Gobierno.
«La pregunta no es sobre el precio final del producto, sino qué hace el Gobierno para bajar el costo argentino», cuestionó un ejecutivo de una de las firmas fabricantes de heladeras. «Nuestros costos son la mano de obra, los proveedores monopólicos, los impuestos y los fletes. Lo que gastás en fletes en la Argentina no lo gastás en ningún otro lugar», contó.
Por la caída del consumo y una entrada de más heladeras del exterior, los productores locales vieron afectado el empleo. Gafa/Electrolux redujo su plantilla en 80 empleados. Bambi tuvo suspensiones que afectaron hasta 800 trabajadores. Días atrás, el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, estuvo reunido con fabricantes de heladeras en Santa Fe (Rosario es un gran polo) y relativizó el impacto de las importaciones. «Es cierto que aumentaron [las importaciones], pero no van a cubrir más del 15% de la demanda total. Y hablamos con ellos en forma permanente», contaron en el Ministerio de Producción. «El sector tiene posibilidades, sin dudas», dijo a LA NACION para responder sobre si será una de las actividades que deberá transformarse o tendrá posibilidades de competir. «Tendrán mercado en heladeras chicas y medianas. En las grandes, doble puerta, es más difícil porque necesitan más escala. Si la demanda levanta, van a andar muy bien. Y hay segmentos donde están trabajando bien, como en las heladeras comerciales», agregaron.
Hoy hay dos grandes multinacionales con producción propia en el mercado: Mabe y Electrolux. Según un análisis de Abeceb sobre el sector, tienen 51% delmarket share. Bricket, Bambi y Pilisar (con perfil pyme) representan el 38%, y Autosal, Saiar, y Calorex (más pequeñas) completan un 11%. Hace poco, Samsumg ingresó en este sector.
Entre 2003 y 2007 el mercado fue un 50% nacional y un 50% importado. Entre 2008 y 2011, casi el 80% fue fabricación nacional. Ese porcentaje se elevó a 93% entre 2013 y 2015. Este año y 2017 no sólo son de caída del consumo (muchos compraron en cuotas y antes de la devaluación), sino de más importaciones.
En el Gobierno proyectan un mercado de 850.000 unidades en 2016 (en el sector dicen que apenas superará los 650.000). En un año la participación de productos importados, según datos oficiales, pasó de 8 al 13%. Se espera que en 2017 sea del 12%. Este año entrarán 115.000 heladeras (20% por stock de DJAI y 31% por productores locales). El resto lo trajeron los retailers. Para Producción, éste no es el problema, sino la caída del consumo, algo que -dicen- se frenó en octubre. En la industria no comparten ese veredicto aún.
179%
Precios comparativos de las heladeras en la región
Es el mayor precio final de una heladera no frost producida en la Argentina en comparación con Chile. Si se mide contra Brasil, el valor promedio local es 100% mayor. El doble.
No al 45% de Impuesto a las Ganancias: La rebelión de la oveja esquilada
Por Germán Fermo.
«En Peronia hay cinco clases sociales claramente definidas: los ricos, los medios, los pobres, los políticos, y los boludos, o sea, los que bancan con su trabajo a las otras cuatro clases.» Ciudadanos de Peronia: mi artículo de hoy está exclusivamente dedicado a los boludos que habitamos este país y que con nuestro esfuerzo cotidiano somos tributariamente esquilados para bancar al deficitario y corrupto Estado Argentino. El blanqueo que por un lado perdona a quien nunca «garpó» un sólo impuesto, sumado a la intención de taxar a quien vive «en blanco» con el 45% de Ganancias e Impuesto a la Herencia, es otro ejemplo contundente de cómo nuestro Estado se fuma sistemáticamente a quienes generan «riqueza blanca». Un clásico de Peronia: si las cuentas no cierran, esquilá a la oveja pagadora que vive legalmente.
Peronia es un terruño fiscalmente inviable. Uno de los reclamos de quienes votamos por Cambiemos fue: por favor, suplicamos que bajen la presión fiscal, sin embargo, parecería que el gobierno se fuma a su electorado e intenta subirla en vez de bajarla, demostrando nuevamente que en Peronia la ley de gravedad es al revés. Ojalá me equivoque, pero por lo que pude leer en estos días el Gobierno planearía incrementar al 45% la alícuota más alta del Impuesto a las Ganancias aplicable a un nivel de ingresos que lejos convierte a una persona en rica. Si esta decisión la hubiese tomado el kirchnerismo, los economistas chetos del «Pro» que actualmente intentan racionalizar la medida,¿hubieran estado a favor o hubiesen exigido un achicamiento rotundo del gasto, denostando semejante decisión? Desde que soy chiquito, me cuentan que en la economía argentina hay mucho trabajo «en negro», que no tributa impuestos y por lo tanto, en el agregado del país «no se paga tanto Impuesto a las Ganancias porque hay mucho empleo en groncho sin tributar».
¿El «no» al ajuste tarifario implicará un «sí» al esquilamiento del 45%? Si este fuese el caso, hay dos formas de aumentar los ingresos fiscales. Primero: taxás aún más a las pocas ovejas que hoy están «en blanco» pagando toda clase de impuestos, compensando de esta forma, la carencia tributaria que genera el voluptuoso sector «groncho» de la economía. Segundo: dejás en paz a los que viven «en blanco», quienes soportan desde hace años una presión tributaria brutal bancando con creces a un Estado corrupto e ineficiente y vas por los que viven «en negro» taxando a estos últimos, eso sería justo. Traicionando a su propio electorado, sin embargo, parecería que el oficialismo intenta ir por lo «primero» o sea, lo más fácil, taxando nuevamente a la oveja de siempre, aquélla que trabaja y vive «en blanco». Esto lo digo además en el contexto del sinceramiento fiscal: a quien vivió en groncho toda su vida le concedés perdón a bajo costo contándome la sanata de que el mismo se hizo para financiar la «noble causa de los jubilados» bombardeándome además con propagandas berretas por TV que me imagino, se pagan con fondos públicos y al pobre imbécil que vivió en blanco toda su vida lo pensás taxar al 45%, esquilándolo sin derecho a réplica. Me sumo a mucho argentino que escucho y pregunto: yo no voté esto, es injusto y no voy a volver a hacerlo.
Un perverso cambio de signo en el gradualismo de Cambiemos. Un reclamo directamente correlacionado con el anterior se refiere a la súplica electoral de bajar nuestro agobiante gasto público, sin embargo, percibo frustradamente que intentarían subirlo. La mismísima palabra «gradualismo» parecería estar redefiniéndose perversamente en estas últimas semanas. Al principio creí entender que por gradualismo se explicaba algo así como la reducción lenta, temerosa, pero sostenida del gasto público. Pero, de acuerdo a lo que escucho, parecería que el término «gradualismo» está cambiando de signo, ahora en vez de debatir sobre reducciones lentas pero sostenidas del gasto, encuentro, por el contrario, una legión de economistas que racionalizan la necesidad de gastar aún más, ignorando que estamos como estamos precisamente, por haber gastado en exceso durante los últimos 70 años de nuestra existencia deficitaria. El gradualismo «de hoy» mutó entonces a la suba lenta y sostenida del gasto financiado de dos formas: más deuda externa y más impuestos a la pequeña proporción de este país que vive «en blanco».
Cambiemos no se anima a eliminar el componente superfluo del gasto. Obviamente que entiendo la enorme restricción social que existe en esta Peronia con 32% de pobres, aquélla a la que el peronismo quebró fiscalmente durante la gestión anterior. Pero me preocupa percibir que esta restricción tan valedera y cierta se haya convertido en una permanente excusa oficialista no sólo para «no corregir» casi ningún frente fiscal relevante sino para financiar dicha «no corrección» con más impuestos a los pocos privados que bancan actualmente semejante orgía fiscal. Y comparto con ustedes una pregunta que me carcome la capocha: ¿en la Peronia de hoy, no hay espacio para reducir ni en un solo peso el gasto ineficiente, aquél cuya reducción no afectaría a la pobreza?Si mal no recuerdo, este año el Estado giró fondos al fútbol y me pregunto: ¿cuántos ítems ineficientes «como el fútbol» habrá en el presupuesto nacional y provincial cuya eliminación no afectaría a ningún pobre?¿Me tengo que fumar el cuento chino de que en la Peronia de hoy no se puede reducir el gasto público superfluo, el relacionado a ñoquis y a «quintas» de punteros políticos que usan al Estado como fuente de financiamiento electoral?
Insisto, no me refiero a aquella parte del presupuesto cuya reducción impactaría al 32% de los muchos pobres que lamentablemente produjo el peronismo, eso a esta altura es indiscutible, lo entiendo y acepto resignadamente. ¿Pero no hay un sólo espacio para atacar la parte fiscalmente ineficiente del presupuesto así evitás rompernos la nuca con el 45%? Me pregunto si Cambiemos, una fuerza que me vendió que venía a cambiar a Peronia, no se anima a ir por los ñoquis del presupuesto nacional y provincial y, a cambio, decide utilizar como válvula de ajuste de su inoperancia política otra vez más, a la oveja de siempre, aquélla que protestará por tres días el 45% y al cuarto hará lo que hizo toda su vida: laburar honestamente 14 horas, agachando la cabeza y resignándose a ser un esclavizado y esquilado ente financiador de la corrupción y política argentina.
Los que votamos a Cambiemos también existimos. Queda claro que los combos de políticas populistas del oficialismo intentan seducir a una enorme porción de la sociedad que inherentemente no los quiere, es más, quizá no importa el tamaño del esfuerzo, nunca los votarían. Pero el oficialismo debería tener también muy en cuenta que mucha clase media que los votó y a la que ahora intenta taxar ferozmente (además de Ganancias, no actualización de los límites del Monotributo, por ejemplo), tampoco lo hizo convencida y si a esa porción de la clase media le seguís mojando la oreja con más impuestos, el mapa electoral podría complicarse en más de lo esperado: los que no te votaron quizá nunca lo hagan y quienes sí lo hicimos, quizá dejemos de hacerlo. Con un Impuesto a las Ganancias del 45% les confieso que en las próximas elecciones me voy a preguntar: ¿qué sanata de cambio estoy votando? Voté a un gobierno que me llena de excusas frente a su «no cambio» y por otro lado intenta racionalizar que taxarte al 45% está bien porque en Peronia se pagan pocos impuestos en el agregado y entonces los que viven «en blanco» deben compensar por los que viven «en negro». O que en Peronia debemos converger tributariamente a Noruega aun cuando el Estado me brinde calidad de servicios como en Uganda.
La rebelión de la oveja esquilada. Con todo respeto muchachos de Cambiemos, no los votamos para esto. Qué tal si intentan al menos, un verdadero esfuerzo hacia la eficientización del gasto, o sea, aquella parte del presupuesto que podría ser reducida sin implicancias sociales, pero que obviamente requeriría de enormes costos políticos. ¿Los ñoquis, no son pobres, son ñoquis, que tal si en vez de castigar a la clase media que «vive en blanco» no reducen esa enorme porción del gasto?¿Si no hacen nada de esto, por cuánto más tiempo nos van a poder mirar a la cara y autodenominarse «Cambiemos«? En las elecciones legislativas del año próximo se me va a hacer muy difícil votarlos ¿Y saben qué?: no creo ser el único, creo que este articulo representa a mucho argentino boludo que votó cambio y sin embargo observa: más gasto, más déficit, más deuda, más impuestos y también, más piKetes. Ese argentino que los votó se siente hoy en día, una irrelevante y miserable oveja esquilada. Me despido de esta nota con un sincero abrazo a todas las ovejas de Peronia, aquéllas que mañana mismo en lugar de hacer piKetes y Kilombo, iremos a trabajar honestamente, donando la mitad de nuestro día al corrupto Estado argentino, ese que ni siquiera te brinda seguridad y justicia y ese al que el 50% de carga tributaria ya le parece poco. Cambiemos: ¿no está siendo hora de cambiar algo en serio y dejar la zaraza para otra elección?
Que Martín Lousteau pueda ocupar el lugar que ocupa en la política argentina demuestra muy tristemente la desidia de nuestra ciudadanía en la elección de los candidatos. Lousteau fue el responsable de la circular 125, que tuvo al país en vilo durante cuatro meses, y que, gracias a la valiente intervención del ingeniero Julio Cobos, evitó que el país se incendiara. Muy suelto de cuerpo, el candidato aseguró que había escrito ese soberano disparate porque era algo menos malo de lo que proponía Guillermo Moreno, reconociendo implícitamente que la 125 era para salir del paso, perdurar en el cargo, y a los argentinos que vivimos de la producción agrícola, que Dios nos ayude. Hacer lo menos malo no resiste ningún análisis. Ante una situación así sólo le quedaba renunciar al cargo. No lo hizo. Con la 125 en los períodos 2009, 2012 y 2013/14, hubiéramos tenido retenciones de casi el 50%. No se puede poner un impuesto como el planteado sin tener en cuenta los costos de producción. Un producto cuyo valor es de 350 dólares tiene un costo de producción que dejará al productor afrontar o no las retenciones. Pero si vale 550 dólares, sin duda, los costos serán mucho mayores, y si además tengo que soportar mas impuestos seguro es inviable.
A los destinatarios de ese misil, que hubiera terminado con la producción agrícola, sólo nos queda decir: gracias Cobos.
Ing. Agr. Ricardo J. Villar
DNI 7.594.230
Fuente: Cartas de Lectores. La Nación, 05/05/15.
Guillermo Moreno y Martín Losteau, funcionarios kirchneristas.
Nuestro país está viviendo un sórdido pero fundamental enfrentamiento. Es un combate por todo o nada, a triunfar o sucumbir que, sin embargo, no es percibido en toda su magnitud por gran parte de la dirigencia y mucho menos por la población de a pie.
