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De manera acertada se eliminó una de las peores provisiones contenidas en el proyecto original de la mal llamada «Ley de Reactivación Económica”: la creación de un impuesto para quienes realicen retiros en efectivo por encima de $ 4.000 en un mes. Los partidarios de esta propuesta nos dicen que esto ayudaría, entre otros objetivos, a combatir la corrupción y a bancarizar a los más pobres.

Hace un par de semanas en la Conferencia Monetaria Anual del Instituto Cato, Lawrence White –académico de dicho instituto y profesor de Economía de George Mason University– realizó una presentación acerca de lo que él denomina “La guerra contra el efectivo (cash)”, que es importante para entender por qué no convienen algunas propuestas destinadas a castigar o desalentar el uso de efectivo.

White dice que “el razonamiento económico estándar nos dice que mejorar las vidas de las personas significa agregar opciones atractivas, no remover lo que la gente actualmente considera como sus opciones más ventajosas. Quitarles a las personas sus mejores opciones (incluyendo las opciones de medio de pago) rara vez es una forma de enriquecerlas o mejorar su situación desde su perspectiva”.

El economista alemán Norbert Haring dice que la Better Than Cash Alliance y otros organismos que promueven políticas coercitivas para supuestamente lograr la “inclusión financiera” de hecho acaban “respaldando la exclusión financiera de los pobres al prevenir que utilicen su método preferido y muchas veces único de pago”. Esto sucedió hace un año en la India, donde se retiraron repentinamente de circulación dos billetes que constituían el 86% del stock de billetes en circulación. Esto derivó en grandes problemas para la mitad de los indios que no están bancarizados y suelen recibir su sueldo en efectivo y los agricultores no fueron capaces de vender sus productos. “Una política aparentemente diseñada con la intención de infligir pérdidas sobre los evasores de impuestos y criminales impuso un severo daño colateral a usuarios honestos de la moneda”, explicó White.

Desde hace algunos años, el Banco Central del Ecuador emprendió una costosa campaña para alentarnos a utilizar el dinero electrónico. Los argumentos varían según la coyuntura del momento, pero generalmente las autoridades del Gobierno anterior y de este se refieren de forma negativa a la prevalencia del uso del efectivo en una economía. Pero ¿realmente es eso algo negativo?

El problema con esta guerra, indica White, es que al igual que con otras guerras, como aquella contra las drogas, se socavan libertades civiles tradicionales –en este caso la privacidad financiera– y se criminalizan, espían y procesan actividades privadas sin víctimas.

White señala que esta guerra se fundamenta en una culpabilidad por asociación: los criminales usan efectivo para mantenerse fuera del radar, entonces cualquiera que usa efectivo podría ser un criminal. Aunque es cierto que los criminales se valen de transacciones en efectivo para delinquir, también es cierto que muchos ciudadanos respetuosos de la ley lo utilizan para actividades perfectamente legales.

La prosperidad y el progreso se trata acerca de ampliar las opciones, no de limitarlas. Nada impide que los medios de pagos virtuales coexistan con el efectivo. Si los usuarios encuentran que los primeros les resultan más convenientes, estos crecerán sin necesidad de una intervención estatal.

—Este artículo fue originalmente publicado en El Universo (Ecuador) el 1 de diciembre de 2017.

—Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).