La economía argentina, en dificultades
abril 15, 2012
La economía, en dificultades
Déficit, inflación, cierre de importaciones y una creciente desconfianza local e internacional encienden una luz de alerta.
Desde hace varios meses el «modelo» o mejor dicho la «novela» muestra signos de agotamiento y pérdida de sus rasgos iniciales. Los superávit gemelos, el fiscal y el de balance de pagos, han dejado de ser tales al transformarse en déficit. La actividad económica se enfría y el índice de producción industrial expone caídas desde diciembre de 2011.
La inflación parece consolidarse con riesgo de acelerarse. El Gobierno ha debido recurrir a manotazos a diversas cajas para resolver sus penurias fiscales y, finalmente, no ha tenido más remedio que avanzar sobre el Banco Central para emplear las reservas y elevar los límites admitidos de financiamiento con emisión. Ello, sin contar con la amenaza de reestatizar Repsol YPF, que ha generado duras protestas y hasta advertencias de España y de la Unión Europea, síntomas de una creciente desconfianza internacional respecto de nuestro país.
Los gobernadores enfrentan también estrecheces y ya no pueden contar con la ayuda nacional más allá de la estricta coparticipación. Las emisiones de deuda provincial están creciendo y se vuelve a acercar la posibilidad de las cuasi monedas. El saldo comercial comenzó a mermar sensiblemente al invertirse el signo de la balanza energética. Después de varias décadas, la Argentina ha vuelto a ser importadora neta de energía en montos significativos y crecientes. El retraso cambiario utilizado como ancla antiinflacionaria ha deteriorado la competitividad y, por lo tanto, ha aumentado la presión por importaciones y el desaliento a las exportaciones de manufacturas.
Como consecuencia, el superávit comercial ha caído y ya no alcanza para el pago de intereses y servicios y, menos aún, para compensar la salida de capitales. Ante esta evidencia y la pérdida de reservas, el Gobierno optó por introducir controles directos en el mercado de cambios y trabas a las importaciones.
La demanda de dólares, que en noviembre pasado amenazaba con convertirse en una verdadera corrida cambiaria, fue detenida pero a costa de hacer despegar un dólar paralelo y de provocar infinitas dificultades a productores, comerciantes y consumidores. También han ocasionado al país numerosos conflictos internacionales y una protesta formal de la Organización Mundial de Comercio, suscripta por cuarenta países. La merma de la cosecha por efecto de la sequía ha agregado otra circunstancial dificultad a la situación externa. Los buenos precios internacionales de la soja no son suficientes para compensarla.
La insuficiencia de inversiones para el incremento de la capacidad productiva y de la infraestructura ha generado finalmente rigideces en la oferta de bienes y servicios, agregando otra razón más para el aumento de precios, mientras que la creación de empleo se ha detenido, pero los reclamos por aumentos salariales exigen compensar la inflación «del supermercado» y rechazan cualquier tope oficial. La estanflación se vuelve a presentar como una realidad.
Por otro lado, el fuerte desborde del gasto público no está siendo tratado apropiadamente. La supresión de los subsidios a la energía y al transporte tuvo un alcance limitado al advertir el Gobierno la dificultad política y social de extenderlo más allá de Puerto Madero y de algunas zonas residenciales y countries del conurbano. El ahorro logrado es, por lo tanto, relativamente menor.
El exceso de empleo público y el fuerte incremento del número de jubilados y pensionados no podrá ser corregido, sino en tiempos largos. También hay y habrá dificultad para reducir la enorme diversidad y cantidad de subsidios por planes sociales, cuyos receptores los consideran como un derecho adquirido.
El aumento de impuestos y la reducción de la evasión están siendo intentados, particularmente por provincias y municipios, pero el espacio para lograrlo se reduce con el enfriamiento de la economía.
El gasto sigue creciendo a tasas nominales iguales o superiores a las de los ingresos fiscales. El déficit fiscal, luego del pago de intereses, ya supera el 3 por ciento del PBI. Si bien ésta es una relación similar y aún menor que la de muchos otros países -y la deuda pública también se expone moderada en esa misma comparación-, la ausencia de financiamiento razonable ha llevado al fisco a recurrir a la emisión y al uso de reservas. Se enciende así una luz amarilla que prontamente puede convertirse en roja.
La corrección de las dificultades económicas es posible, aunque exigiría un cambio sustancial en los principios económicos aplicados. El populismo y el cortoplacismo, que han impregnado las políticas de los últimos años, debieran ser sustituidos por criterios de racionalidad y por un estricto respeto por las normas de convivencia internacional y por la revalorización de las instituciones y de los fundamentos de la Constitución Nacional.
La recuperación de la confianza es una condición esencial para superar las dificultades ya evidentes de nuestra economía.
Fuente: La Nación, 15/04/12.
Argentina: El Gobierno asfixia la libertad de las personas y de las empresas
abril 15, 2012
Acoso estatal: la mano del Gobierno avanza sobre la economía y asfixia la libertad de las personas y de las empresas
Por Carlos Manzoni
Las medidas para obstaculizar las importaciones, las intimaciones de la AFIP, el control sobre la compra de dólares y las averiguaciones sobre los ingresos de los contribuyentes son sólo algunas de las iniciativas que coartan a los ciudadanos.
La petrolera YPF , Sebastián Eskenazi y hasta la mismísima Repsol son una metáfora a gran escala del trato que el Gobierno propina a los ciudadanos argentinos. Si la compañía más importante del país, el empresario amigo puesto allí por los mismos que hoy lo corren y una de las dos multinacionales más grandes de España son víctimas de la asfixia estatal, poco margen le queda al hombre de a pie para ilusionarse con un cese del acoso al que es sometido a diario.
El jueves circuló una fuerte versión de que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto para expropiar el 50,01 de la petrolera «argentinizada» en 2008. Ese sería el golpe final con el que terminaría de configurar el «acoso», que es definido por la Real Academia Española como la acción de perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos. Esta acepción del término pinta a la perfección el método kafkiano al que son sometidos los empresarios que acuden a la Secretaría de Comercio en busca de permisos de importación; aunque la angustia persecutoria provocada desde el Estado no es exclusiva de los hombres de negocios. También la sufren el contribuyente que recibe una intimación expedida por la AFIP al azar, la jubilada que padece una inspección en su casa por haber intentado comprar dólares, los padres que son investigados por las cuotas que pagan en el colegio de sus hijos y todo el que debe justificar por qué renuncia al subsidio a los servicios públicos, entre otros casos.
Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, las acciones son típicas de un estado autoritario. «La autoridad aquí no tiene límites en la toma de decisiones y en el modo cómo se inmiscuye en las esferas de la privacidad de las personas -explica el jurista-. Hasta la forma en que lo hace es autoritaria, porque es agresiva y de imposición. Guillermo Moreno [secretario de Comercio] es el arquetipo de todo eso; toda su postura es antidemocrática.»
Alfredo no es Josef K., el personaje que Franz Kafka retrata en El proceso, pero a poco de entrar en «Morenolandia», el edificio donde funciona la Secretaría de Comercio, empieza a sentir que lo tratan como tal. Es importador textil y camina como una sombra por los pasillos en busca de precisiones sobre un cargamento de abrigos que ya zarpó de China, pero que no sabe si podrá ingresar al país. «Las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) las aprueban todas, pero después te traban igual la importación», cuenta.
Entre afiches de «Avanti morocha», y caricaturas del ex presidente Kirchner, vestido de futbolista y «metiéndole un gol» a un arco defendido por el logo de Clarín, aparecen carteles indicativos de cada oficina. «Lácteos y textiles», «Carnes», «Juguetes, calzados y acero» puede leerse en grandes puertas de vidrio, donde esperan resignados, como chicos de colegio secundario, los reclamantes.
Alfredo pasa por el 2° piso, donde no puede ingresar; llega luego a una oficina del 4° piso, donde, después de decirle que ahí es «Lealtad comercial» y no tienen nada que ver con las importaciones, lo envían al sector 1, que está en el 6°. Cuando al fin lo atienden, se asombran del reclamo y lo derivan otra vez al 2° piso. Allí donde lo enviaron hay una puerta cerrada y un vigilante que le dice: «No puede pasar. Ahí tiene un papel con el mail y teléfono para reclamar». Sentados en la escalera dos empresarios miran resignados. Otros cinco hacen fila, sin saber qué esperan. «Pasé dos horas dando vueltas y me voy con las manos vacías», se lamenta Alfredo.
Otro empresario, al borde de un ataque de nervios, quiere saber si podrá importar pintura. «¿Mandó el mail donde le dije?», le preguntan. «Sí, pero no tengo respuesta», contesta el hombre. «Bueno, siga insistiendo», remata el funcionario. «Andá con este papel, pedí que te anulen la orden y hacé el reclamo de nuevo. ¡Ojo, no digas que yo te mandé!», aconseja un señor de bigotes. «Hagan los deberes muchachos», grita otro. El cartel de entrada donde aún figura como secretario de Industria Eduardo Bianchi, tres días después de haber renunciado, debiera haberles dado a los empresarios una pista de la desidia que reina en el lugar.
Los sabuesos, presentes
Las averiguaciones e intimaciones de la AFIP son otras de las formas que toma el acoso con el que se tiene en vilo al contribuyente. Un importante tributarista opina que ese acoso estatal está dado por la imposición de trámites y por la invasión a la actividad económica. «La AFIP hace un rastreo general con un gran margen de error y envía cartas a todo el mundo -explica el contador, que pide no ser identificado-. Eso no está prohibido, pero debería ser más preciso para evitar cualquier alteración emocional de quien lo recibe, porque hay personas que se ponen muy mal con estas cosas.»
En el país hay 31 regímenes de información vigentes que obligan a diversos sujetos a suministrar datos sobre otros contribuyentes. En ocasiones estas tareas son laboriosas y requieren una estructura administrativa al servicio del organismo fiscal. Imponen multas de hasta $ 45.000 a aquellos que no informan, que pueden llegar a $ 450.000, en casos de incumplimiento reiterado.
Laura M. vive de su jubilación y no es evasora. Pero recibió una inspección impositiva en su casa. ¿Motivo? Intentó cambiar unos ahorros por US$ 2000. «El parámetro para negar la operación es azaroso -comenta el tributarista-. No existe ninguna norma que fije los límites. Eso también es maltrato estatal.»
El especialista cuenta otro caso absurdo. Un artista que tiene ingresos para justificar la compra de una gran suma de dólares recibe una negativa de la AFIP y, como no existe motivo legal para esa prohibición, lo que le dicen es que le enviarán una inspección. «Es la teoría de la amenaza, que aplica un organismo que hoy está conducido con total arbitrariedad», acota el contador.
Un empresario químico relata sus peripecias con Moreno. «Tengo que rendir cuenta de todos mis pagos a proveedores extranjeros, con anticipación de dos meses», comenta el ejecutivo. Ante la consulta de La Nacion sobre el acoso estatal, desde un banco privado ironizaron: «No, para nada. No nos dejan girar dividendos, pero eso es un detalle».
En la agencia 6 de la AFIP, en Luis María Campos 112, de Capital Federal, la dueña de una inmobiliaria se queja: «A ver si les piden todos estos datos a Boudou y sus amigos». Tramita la exención de un impuesto para que su clienta pueda vender una propiedad, pero termina enredada en los formularios que le exigen. «Falta que me pidan un ADN», dispara al partir. La Nacion trató de comunicarse con la AFIP, pero no obtuvo respuesta.
Elección restringida
Los consumidores, que se ven obligados a comprar lo que hay en las cada vez menos surtidas góndolas, también son víctimas del acoso estatal. Mucho más quienes no consiguen repuestos para sus autos o electrodomésticos, o aquellos que deben adelantar la compra en grandes cantidades de productos que saben que pronto no encontrarán, como lentes de contacto, medicamentos y pañales, entre otros.
Sabsay señala que en ciertos casos se da una extralimitación mayor en el accionar del Estado. «En el acoso sexual, el acoso es anterior a la violación -analiza el constitucionalista-. Pero hay medidas del Gobierno que implican una violación consumada de esferas de la libertad de una persona, como cuando se traba la importación de libros y se coarta así su acceso a la cultura y la información.»
Como en el cuento de las ranas dentro de una olla con agua que se calienta poco a poco hasta cocinarlas, el ciudadano argentino parece acostumbrado a este acoso. ¿Podría reclamar legalmente? Según Sabsay, sí. La mayor parte de las medidas del Gobierno son inconstitucionales, por lo que se podría interponer un amparo legal para hacerlas cesar. «Lo que pasa es que los actores económicos prefieren negociar antes que demandar y el resto sufre una trabazón en la voluntad de defenderse, porque sabe que ya no rige el derecho.»
El politólogo Sergio Berensztein, de Poliarquía, cree que esta falta de oposición ciudadana al acoso estatal se vincula con la debilidad de los partidos políticos. «La gente quizá no sabe que puede accionar, pero los partidos deberían informar, agrupar y poner los abogados para presentar el amparo», señala.
En medio de tanto acoso estatal, esta nota fue, a su modo, también víctima: muchos de los que participaron en ella pidieron no ser nombrados, por temor a represalias. «Si sale mi nombre, después no puedo trabajar más», se sinceró uno.
Fuente: La Nación, 15/04/12.
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El engañoso fin que justifica los medios
Gran parte de las medidas que conforman el acoso estatal no gozan de sustento constitucional, por lo que los ciudadanos podrían interponer amparos tendientes a hacer cesar sus efectos. Pero en la Argentina actual, eso no ocurre, un poco por desconocimiento y otro poco por la poca confianza que se tiene en un Poder Judicial, que también es acosado por el Ejecutivo.
El constitucionalista Daniel Sabsay explica que las reglas de la Constitución Nacional se enmarcan en el principio de legalidad, sobre el que tiene que reposar todo acto gubernamental. «Además, toda decisión de autoridad debe ser razonable y tratarse de un medio que lleve a un fin justificado, si no, se entra en la arbitrariedad», comenta.
Por ejemplo, señala el jurista, para el pago de impuestos, la privacidad sobre la propiedad, debe ceder, pero eso no debe implicar una irrupción abrupta en la vida privada de una persona. Ni tampoco debe significar, como expresa un reconocido tributarista, una invasión emocional.
El politólogo Sergio Berenstein, de la consultora Poliarquía, dice que el problema es que se esgrime un fin que en su enunciado es loable, como el del reparto más equitativo de la riqueza o el desarrollo de la industria nacional, para lograr objetivos políticos de corto plazo. «El Estado se usa como un instrumento de todos, pero en el fondo lo que hay es un gobierno depredador», opina Berenstein.
El politólogo dice que hacer esa distinción entre Estado y Gobierno es crucial, porque la Presidenta se sirve de esta confusión para sostener sus medidas y cualquiera que esté en contra queda tildado de antiestatista. «El Gobierno se cree el Estado y actúa desde el Estado. Cuando Cristina dice: «Me hacen esto» expresa esa simbiosis. Eso es un error», señala Berenstein.
Fuente: La Nación, 15/04/12.
Inequidad y desigualdad no significan lo mismo
abril 15, 2012
Inequidad y desigualdad no significan lo mismo
Por Juan Carlos de Pablo
Notable cantidad de personas utiliza los términos desigualdad e inequidad como si fueran sinónimos, y dan por sentado que toda modificación de la distribución de los ingresos que disminuye la desigualdad la torna más equitativa, en tanto que toda modificación que aumenta la desigualdad la torna más inequitativa.
Al respecto entrevisté al italiano Corrado Murphy Gini (1844-1965), quien entre 1926 y 1932 dirigió el Instituto Central de Estadísticas de su país. En 1936, conmemorando el 300° aniversario de su fundación, la Universidad Harvard le otorgó un doctorado honorífico en ciencias (Paul Anthony Samuelson puntualizó la gran pifiada cometida por la referida universidad, porque en el año en que se publicó La teoría general no le otorgó un doctorado honorífico a John Maynard Keynes, sino a Dennis Holms Robertson).
-El coeficiente de Gini en distribución del ingreso, como el índice de Laspayres en tasa de inflación, son los indicadores más conocidos de sus respectivas especies. ¿En qué consistió su aporte?
-En 1905, luego de ordenar a las personas o a las familias según su nivel de ingreso (ejemplo: el 10% más rico percibe 40% del ingreso total), Max Otto Lorenz ideó una curva de concentración, para lo cual en un gráfico cuadrado, en una de sus coordenadas, midió el porcentaje acumulado de las personas o las familias, y en la otra la proporción acumulada del ingreso total que les corresponde. Si los ingresos de todos fueran iguales, la curva resultante sería la diagonal del cuadrado, de manera que la distancia que existe entre la curva observada y la diagonal indica el grado de desigualdad del ingreso.
-Insisto: ¿cuál fue su aporte?
-En 1921, transformé el gráfico en un número, que mis colegas identifican con mi apellido. Mirando el gráfico de Lorenz no siempre resulta fácil saber qué ocurrió con la distribución del ingreso comparando curvas que corresponden a distintos países, o a diferentes períodos de un mismo país, porque las curvas pueden intersectarse entre sí.
-El suyo no es el único indicador.
-Efectivamente, porque hay más de una forma de sintetizar la información. Otros indicadores muy citados fueron propuestos por Anthony Barnes Atkinson y Hans Theil. En la Universidad Nacional de La Plata Leonardo Carlos Gasparini lidera un conjunto de economistas que analizan sistemáticamente la distribución del ingreso en América latina.
-¿Por qué es un error utilizar desigualdad e inequidad como sinónimos?
-Porque se refieren a planos distintos. Igualdad y desigualdad son conceptos estadísticos; equidad e inequidad son conceptos éticos o morales. Los primeros sirven para describir una realidad, los segundos para calificarla.
-Suele considerarse que toda reducción de la desigualdad aumenta la equidad, y viceversa.
-No siempre. ¿Qué tiene de equitativo que reciban igual ingreso quienes trabajan y quienes no, quienes asumen riesgos y quienes no? El ejemplo que siempre se pone en clase consiste en pedirles a los alumnos que obtuvieron mejor calificación en un examen que en el nombre de la equidad les transfieran parte de la nota a quienes reprobaron. Sólo quienes piensan que el PBI cae del cielo sostienen que la distribución más equitativa es la igualitaria.
-También lo pensaba Jeremy Bentham.
-Pero no conozco país que justifique en sus ideas la redistribución del ingreso. Tampoco en las de Vilfredo Pareto, para quien como la comparación interpersonal de las funciones de utilidad era imposible, postuló un criterio de bienestar que prácticamente paraliza la acción pública.
-La mayoría de los estudios muestra que el coeficiente de Gini disminuye a lo largo del tiempo cuando se considera a todos los habitantes del mundo como si habitaran un solo país, pero aumenta dentro de cada país.
-Así es. Lo primero, por el avance de China y la India en las últimas décadas. Como fenómeno continental, la pobreza está hoy concentrada en Africa. Pero dentro de cada país, tengan ingresos por habitante promedio alto o bajo, existen bolsones de pobreza bien significativos.
-Don Corrado, muchas gracias.
Fuente: La Nación, 15/04/12.
Las defensas de la zona euro
abril 13, 2012
Midiendo el tamaño del las defensas de la zona euro
Por Richard Barley
España insiste en que no necesita un rescate. Pero el incremento de la rentabilidad de la deuda estatal española está consiguiendo que las herramientas de la eurozona para combatir la crisis se analicen con lupa. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera ha logrado aumentar sus poderes y se ha adelantado la entrada en vigor del nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad en un año. ¿Pero cómo funcionarán en la práctica?
La eurozona afirma que el FEEF y el MEDE juntos pueden prestar otros 700.000 millones de euros. Pero esta cantidad no está disponible inmediatamente. Al FEEF aun le quedan 248.000 millones de euros, que están disponibles hasta mediados de 2013, cuando el FEEF deje de existir. El MEDE entrará en vigor en julio de 2012. Tiene un volumen crediticio máximo de 500.000 millones de euros, pero el importe total no será accesible hasta 2014, dado que los países deben aportarle capital en un periodo de dos años. Y el MEDE, al igual que el FEEF, tendrá que pedir dinero prestado en los mercados para poder conceder fondos.
El importe de los fondos disponibles, junto al desajuste temporal, hace que la barrera sea inadecuada para hacer frente a crisis importantes. Después de todo, si se produce un desastre, los inversionistas querrán acceder al dinero inmediatamente en lugar de tener que esperar meses. RBS calcula que la cifra total de ayudas –en caso de que Italia y España la necesiten, y que Grecia, Irlanda y Portugal requieran más fondos– podría ascender a entre 1,1 billones de euros y 1,2 billones de euros (millones de millones) en los próximos tres años. Por ahora, lograr ayuda fuera de la eurozona parece improbable.
Un rescate con éxito de un país grande, por tanto, tendrá que incluir un mecanismo para preservar su acceso a la financiación de los mercados. Aquí es donde entra en juego la nueva flexibilidad del FEEF. Puede comprar bonos en el mercado primario o secundario, conceder un préstamo para recapitalizar los bancos o incluso proporcionar a los países una línea de crédito preventiva. Los planes de compra de bonos pueden hacer ganar tiempo al intentar frenar la subida de la rentabilidad, que asustaría a los inversionistas del sector privado. Mientras, las ventas del mercado primario podrían favorecerse mediante un seguro de crédito parcial provisto por el FEEF. Y las compras en el mercado secundario podrían contar con el impulso de fondos de inversión en los que los inversionistas han comprometido 60.000 millones de euros.
El problema es que estos instrumentos no se han puesto a prueba. En una fuerte pérdida de confianza de los mercados, el seguro parcial podría no suponer el incentivo suficiente para que los inversionistas compren, dados los temores de pérdidas extremadamente elevadas en un escenario de impago. Las compras del mercado secundario podrían simplemente dar a los inversionistas actuales un salida más que atraer nuevos compradores.
El mayor obstáculo podría ser que para que cualquiera de estas opciones esté disponible, un país debe pedir ayuda, y la eurozona debe estar de acuerdo a la hora de darla. Esto será un amargo trago político para ambas partes. Además corre el riesgo de que la confianza del mercado se vea mermada antes de que se entregue la ayuda. Incluso un préstamo para recapitalizar los bancos exigiría un tratamiento delicado para evitar el pánico.
Debido a los fallos de la barrera, el Banco Central Europeo podría verse de nuevo forzado a jugar el papel de bombero reacio.
Fuente: The Wall Street Journal, 12/04/12.
Detrás de la batalla por el petróleo argentino
abril 11, 2012
Detrás de la batalla por el petróleo argentino
Por Taos Turner y Matt Moffett
BUENOS AIRES — Con sus riñas internas y la participación de un monarca, la batalla entre la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner e YPF SA, la mayor energética del país, se ha vuelto lo suficientemente jugosa como para competir con cualquier telenovela latinoamericana.
Indignada por la caída de la producción de petróleo de YPF en Argentina, Kirchner envió recientemente a sus subordinados para que participaran en una reunión de la junta directiva de la empresa. Los funcionarios, sin embargo, afirman que YPF les impidió, de manera brusca, el acceso.
En medio de fulminantes ataques del gobierno contra YPF, en la que la española Repsol YPF SA tiene una participación mayoritaria, el rey Juan Carlos llamó personalmente a Kirchner para pedirle que no fuera tan dura con la compañía, según una fuente cercana. El conflicto ha repercutido en la acción de Repsol, que el 2 de abril se desplomó 15% luego de que un gobernador provincial dijera que revocaría los derechos de uno de los mayores yacimientos petrolíferos de la empresa.
Nadie sabe cómo terminará el guión. Kirchner ha dicho que utilizará «todas las armas que da la Constitución» para conseguir una mayor producción de YPF, a la que culpa de la creciente dependencia del país de la energía importada. Sin embargo, los debates al interior del gobierno sobre una serie de opciones de reestructuración son acalorados y van desde la completa nacionalización de YPF hasta una alianza con una firma del sector privado para lanzar una oferta hostil de adquisición, según una fuente cercana.
Muchos de los posibles caminos están repletos de riesgos jurídicos y económicos para Kirchner. Aunque la campaña contra YPF le está proporcionando a Kirchner un impulso político con su base de izquierda, al mismo tiempo plantea dudas a largo plazo sobre el clima de inversión y la política energética argentina.
«El impacto sobre el clima de inversión es extremadamente negativo», dice Warren Levy, fundador y presidente de Estrella, una de las empresas de servicios petroleros de mayor crecimiento en Sudamérica. «Las empresas petroleras se sienten mucho más cómodas con riesgos técnicos que políticos o fiscales», añade.
Algunos ejecutivos de la industria creen que el gobierno de Kirchner ha alentado a los líderes provinciales para despojar a YPF de sus concesiones petroleras como una estrategia para bajar el precio de las acciones de la compañía. La reducción de la capitalización de mercado de YPF disminuiría la indemnización que el gobierno tendría que pagar a Repsol YPF en caso de una nacionalización. El valor de mercado de YPF ha caído a la mitad, a cerca de US$9.000 millones, desde los US$17.500 millones de hace un año, sobre la base de sus ADR que cotizan en Nueva York. [Nota de GIP: Esta maniobra es claramente ILEGAL]
Tanto voceros de YPF como del gobierno argentino declinaron comentar para esta nota. Pero en respuesta a las quejas del gobierno sobre sus inversiones, YPF ha resaltado que invirtió US$3.000 millones el año pasado, casi 55% más que en 2010, y tiene la intención de aumentar tal monto en 2012.
El eje central de la disputa es que, después de una década de crecimiento económico acelerado en Argentina, la lánguida producción energética no ha logrado satisfacer la rápida expansión de la demanda. Aunque el consumo de petróleo y gas aumentó 38% y 25%, respectivamente, entre 2003 y 2010, la producción de crudo descendió 12% y la de gas 2,3% en el mismo período, según un informe de Barclays Capital. Argentina ha tenido que depender cada vez más de costosas importaciones. La balanza comercial de energía pasó de un superávit de unos US$2.000 millones en 2010 a un déficit de unos US$3.000 millones en 2011.
El gobierno ha culpado directamente a YPF por la caída de la producción, a la que acusa de no haber invertido lo suficiente.
«En estos tres años no han perforado ni un solo pozo nuevo», dice Martín Buzzi, gobernador kirchnerista de la provincia de Chubut, sobre la revocación de varias concesiones de YPF el mes pasado.
YPF y otras empresas privadas de energía sostienen que, para encontrar el culpable, el gobierno sólo tiene que mirarse al espejo.
Las compañías de energía señalan que las políticas oficiales —como los altos impuestos, los precios máximos sobre las tarifas de energía para los hogares y los cambios imprevistos de las reglas de juego, como la suspensión de las exenciones tributarias sobre el gasto en producción— desalientan la inversión.
«Es una calamidad», dice la senadora María Eugenia Estenssoro, una crítica de la política del gobierno que forma parte de la comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado. «Perdimos nuestra independencia energética», observa.
Fuente: The Wall Street Journal, 10/04/12.
Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI
abril 9, 2012
Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las exigencias establecidas en las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que fueron emitidas el 16 de febrero pasado.
Además de los funcionarios extranjeros, domésticos y representantes de organizaciones internacionales, la Resolución No. 52, la UIF señala que “resulta conveniente considerar como “Persona Expuesta Políticamente” a las autoridades y representantes legales de organizaciones empresariales: cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa, exceptuando a aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria”.
La lista de PEPs también incluye a empleados con categoría de director general o nacional de la Administración Pública, bancos y entidades financieras del sistema oficial, empresas y sociedades del Estado; y a funcionarios públicos provinciales, municipales y autoridades universitarias, entre otros.
En particular, la resolución de la UIF determina «llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial» y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.
Según el Artículo 3, “Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.
De igual forma, la Resolución exige que los sujetos obligados realicen “un seguimiento más exhaustivo de la relación, reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones y efectuar un monitoreo continuo de la relación comercial” con PEPs.
Listado de PEPs
A continuación, presentamos el Artículo 1 de la resolución en el que se específica quienes deben ser considerados personas expuestas políticamente por los sujetos obligados argentinos:
“Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:
1. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
2. Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3. Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
4. Embajadores y cónsules.
5. Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
6. Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7. Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2. Los Senadores y Diputados de la Nación;
3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7. Los interventores federales;
8. El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10. Los Embajadores y Cónsules;
11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
14. Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
15. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;
16. El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
17. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;
18. Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
19. Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
20. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1. Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2. Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
5. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
6. Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican”.
Fuente: Lavadodinero.com, 09/04/12.
La opinión de Guillermo Calvo sobre Argentina
abril 9, 2012
Guillermo Calvo: «Se van a ir los ahorros»
Por Jorge Oviedo
NUEVA YORK – Es el economista argentino con más prestigio internacional. Profesor de Economía y Asuntos Públicos Internacionales y director del Programa de Administración de Política Económica de la Universidad de Columbia, su currículum es amplísimo. En la Argentina, trabajó en el Banco Central, luego se graduó en Yale y enseñó en grandes universidades norteamericanas, como la propia Columbia, Pennsylvania y Maryland. Fue asesor del FMI y de varios gobiernos de América latina y de economías en transición. También se desempeñó como economista jefe del BID, presidió la International Economic Association y ha recibido numerosos premios.
En su oficina de Columbia, recibió a LA NACIÓN y describió su visión de la economía actual, con un mundo con menor crecimiento y lento movimiento de las exportaciones, que generará un marco menos favorable para la Argentina y que también complica la recuperación norteamericana. En nuestro país, sostiene, no hay suficiente inversión para seguir creciendo a tasas altas, algunas políticas son «irracionales», y cree que la apropiación de las reservas del Banco Central generará más inflación y caída de depósitos. Y dice del gobierno nacional: «Están yendo para atrás».
«No tengo nada de confianza en que China pueda seguir creciendo».
-¿Cómo ve la economía internacional?
-Veo a Estados Unidos recuperándose, lentamente, pero no el empleo. Luego de las crisis financieras, el empleo se mueve mucho más lentamente que luego de otra clase de crisis. El producto ha vuelto a donde estaba, pero el desempleo todavía queda bien alto. En términos del crecimiento es medio complicado. Las exportaciones han quedado planchadas. Y en Europa también. Las familias y empresas pequeñas están altamente endeudadas y no tienen acceso al crédito. Pero mientras no venga un shock medio raro, aquí las condiciones son más o menos favorables. En Europa no me preocupa Grecia, que es 2% del producto europeo y Portugal tampoco.
-España es otra cosa…
-Claro, pero mirando toda la región, también se ve que no ha podido exportar. Las exportaciones están planchadas. El resto del mundo no ha sido una salida para Europa. La recesión ha creado una situación de mayor incertidumbre, sin proyectos de inversión y los bancos que se habían metido bastante con los activos tóxicos están muy débiles. No están prestando. La política monetaria no está siendo efectiva, porque el Banco Central Europeo les presta a los bancos, y los bancos ponen la plata en el BCE. El temor ahora es que, para mi gusto, esto crea una situación de doble recesión. Cuán profunda sea, es difícil saberlo.
-¿Y China?
–No tengo nada de confianza en que China pueda seguir creciendo. Las exportaciones son 30 por ciento del PBI, y la economía es muy abierta. Pero las exportaciones se están secando debido a que van básicamente a Europa y a Estados Unidos. Lo que sería bueno para ellos y para el mundo sería que aumenten el consumo. El problema es que tienen una red de comercialización pésima. Yo lo pienso como una manzana podrida que tiene una cáscara muy sana. Ahí en la cáscara es donde han estado produciendo. Adentro no tienen nada, es una economía totalmente primitiva. Si China no mantiene el sistema, en el Sur vamos a sufrir. No es seguro por el momento, pero está medio en la cuerda floja. Los chinos consideran que tasas de crecimiento de menos del 6 por ciento les traen problemas políticos internos serios.
-Como en la Argentina…
-Sí, yo no sé cómo van a mantener esas tasas (de crecimiento). Porque la inversión en la Argentina es muy baja. Se han favorecido mucho por los términos de intercambio. Pero eso llegó hasta donde llegó. Lo que hasta hoy vimos fue el empujón de la suba. Pero al final, estas cosas dependen de la tasa de inversión. Hasta donde yo puedo saberlo, por lo que uno habla con potenciales inversores, casi que inversión es mala palabra por la inseguridad regulatoria. No se sabe qué van a cambiar.
-Hubo muchos cambios en los últimos tiempos.
-Y ahora con las importaciones, esa forma arbitraria de manejar las cosas… crean más incertidumbre a los ojos del inversor.
-También se prohíbe remitir utilidades.
-Entonces los inversores, si tienen que elegir, van a Brasil. Es un mercado mucho más grande. Y parece ser un sistema más confiable. No están cambiando las reglas todos los días, no están mintiendo sobre los datos. Me parece una manera muy infantil de manejar las cosas (en la Argentina), medio que se hacen daño a ellos mismos, una cosa casi irracional. Creo que no se dieron cuenta todavía de la suerte que tuvieron. Pero ahora la situación fiscal es más complicada. Están haciendo ajustes con los subsidios. Eso va a pegar. Cuando la gente empiece a pagar tasas más altas de servicios públicos, eso reduce el ingreso disponible. Tal vez por eso están contando con el crecimiento. Pero se ve un poco difícil. El mundo no está creciendo. Y existe también el riesgo, que no hay que descontarlo del todo, de una crisis bancaria en Europa.
-Un escenario mucho menos favorable…
-Hay un crecimiento bajo en el mundo, que se va a transmitir a nuestras costas. Producimos materias primas. Con eso, lo único que podemos hacer es alimentar a un mundo que esté creciendo y produciendo manufacturas. Pero no podemos retroalimentarnos porque no tenemos una industria pujante.
– Van a cambiar la carta orgánica del BCRA para que participe más en la economía real.
-Y que baje las tasas de interés. Ahora vamos a tener inflación.
– ¿Se van a licuar los ahorros?
-Los ahorristas argentinos ya lo aprendieron. Se van a ir los ahorros. Están yendo para atrás. Pero la señal es que van a meter mano en lo que sea. Y en el momento que les vaya mal, yo creo que va a ser serio, porque si cometen errores cuando les va bien, cuando les vaya mal, no sé qué es lo que va a pasar. Da la sensación de que se están preparando para meterle mano a lo que hay: YPF en este caso, los fondos de pensión en su momento, las reservas del BCRA… No sé qué quieren hacer con el BCRA dando crédito, porque el BCRA lo único que puede hacer, pobre, es producir papel de colores. Y eso no va muy lejos. Es una manera de hacer política totalmente heterodoxa. Bueno, si les sale bien, vamos a aprender algo. Yo voy a tener algo más que decir acá [en Columbia].
Fuente: La Nación, 09/04/12.
Argentina: El Estado bobo
abril 9, 2012
Bobos
Por Enrique Szewach
La investigación judicial, y su versión político/ periodística, en torno al llamado «caso Ciccone«, han puesto al descubierto muchas facetas de lo que sucede hoy, y desde hace tiempo, en la economía argentina.
En primer lugar, se investiga un caso de, al menos, tráfico de influencias.
Si se habla de tráfico de influencias, se habla de un sistema en dónde la relación con un funcionario público resulta más importante para el negocio, o la supervivencia de una empresa, que su capacidad tecnológica, competitiva, o eficiencia, etc.
Es decir, si alguien quiere hacer negocios con este Estado argentino, necesita un amigo.
Surge, asimismo, el hecho de que la AFIP mostró, para este caso, un comportamiento discrecional y permisivo, similar al exhibido con clubes de fútbol, y otros «amigos», y muy diferente al tratamiento para con la mayoría de los contribuyentes.
La otra cuestión que se ha ratificado, a partir de las denuncias del Vicepresidente de la Nación, es el pésimo concepto que se tiene, desde el poder y desde el llano, acerca de la independencia y la neutralidad de los jueces.
Todos los casos que involucran al Estado o sus funcionarios, son sospechados de ser influidos o controlados por el Ejecutivo, cuando los fallos son a favor. O influidos o controlados por ¨las mafias¨, cuando salen en contra.
Una situación muy poco favorable para brindarle seguridad jurídica a un inversor importante, o a las empresas obligadas, por nuestro gobierno, a recurrir a la justicia local, si quieren cobrar los fallos a favor en el CIADI, por ejemplo. Ni que hablar, de jubilados intentando regularizar, la mala liquidación de sus haberes.
Otro aspecto clave que ha quedado al descubierto, es que, en medio de la batalla internacional y local contra el lavado de dinero, y la batería de documentación que cualquiera de nosotros tiene que presentar ante la mínima transacción que supera la ¨normalidad¨, hubo ciudadanos argentinos que levantaron la quiebra de una empresa importante, compraron, transfirieron, etc. ,movieron dinero desde paraísos fiscales y con conocimiento de los bancos, sin explicar el origen de los fondos, ni la composición accionaria de las empresas involucradas. Es más, aún hoy se ignora quiénes son los dueños de la empresa que va a imprimir billetes de curso legal en la Argentina. (Ni que hablar de los injustificados patrimonios y gastos de los funcionarios y sus amigos).
También el caso explicitó, por las denuncias cruzadas que originó, la cantidad de compras y contratos que realizan el Estado Nacional y los estados provinciales, sin que medien licitaciones transparentes y amplias.
Por último, y no por ello menos importante, el Estado argentino no muestra capacidad de poder imprimir los billetes necesarios para el normal desenvolvimiento de su economía.
Esto se debe a dos razones. La primera y central, la inflación. A tasas de inflación superiores al 20% anual, por muchos años, o se eleva la denominación de los billetes, o se requiere emitir cada vez más.
La segunda que, como siempre, el Estado no previno ampliar la capacidad productiva y tecnológica de la Casa de la Moneda, ni tiene los fondos para hacerlo, y se ve obligado a recurrir a empresas de otros estados o a contratar a terceros.
Es el mismo estado que no invierte en ferrocarriles y mata gente, o que despilfarra recursos públicos en carreras de TC y que ahora pretende invertir en exploración y explotación petrolera.
En otras palabras, el mismo Estado que es incapaz de imprimir papelitos de colores, quiere producir combustibles. El mismo Estado que desde hace años tiene una empresa propia para explorar petróleo en el mar argentino, pero que, en lugar de ello, se dedica a importar gas oil, y gas licuado en, otra vez, negocios sin licitación, y con escasa transparencia.
En síntesis, el caso Ciccone no hace más que ratificar la particular relación que tienen o que tienen que tener los empresarios con los funcionarios en la Argentina para hacer negocios. El extraño funcionamiento del Poder Judicial. La turbia situación patrimonial y relación de esos funcionarios, con sus amigos. El tratamiento diferencial y discrecional que reciben algunos contribuyentes y ciudadanos por parte de organismos de control o de recaudación. Y, finalmente, las consecuencias de la alta inflación y la imprevisión e incapacidad inversora de un Estado que se dice «activo» y no «bobo».
Los bobos, al parecer, somos los que lo financian.
Fuente: Perfil, 07/04/12.
Más información: www.szewachnomics.com.ar
Argentina: El fracaso del intervencionismo
abril 7, 2012
El fracaso del intervencionismo
Por Jorge Srodek
El mercado de la carne, afectado por los controles. Foto: Archivo En los últimos diez años el gobierno nacional no ha sabido, o no ha querido, llevar adelante una política agropecuaria que genere los incentivos necesarios para aprovechar las oportunidades de producción agroalimentaria que el mundo ofrece. El sector agropecuario y de la agroindustria ha retrocedido peligrosamente en materia productiva, a punto tal que están naufragando sin rumbo. Los productores no pueden seguir transitando cosechas en total incertidumbre bajo la constante amenaza de una nueva intervención del Gobierno que, arbitrariamente, destruye la confianza en los mercados.
No sólo han faltado incentivos, sino que intencionalmente se desalentó la producción de ciertos productos. Un ejemplo es la nefasta intervención en el mercado de la carne. Cuatro años de intervención llevaron a una pérdida estimada del 30 por ciento del stock ganadero nacional. Precios máximos, listas de precios y todo tipo de controles derivaron en la pérdida de casi quince mil puestos de trabajo en la industria cárnica. Los precios deprimidos tornaron inviable la actividad y dieron lugar a la liquidación de vientres, la caída de la oferta y la inevitable suba de los precios.
Los argentinos se encuentran en el período de menor consumo de carne per cápita de la historia. Con las exportaciones prácticamente cerradas, Brasil, Uruguay e incluso Paraguay se han quedado con gran parte de nuestros mercados externos.
El trigo, cultivo emblemático si los hay, es otra víctima de las intervenciones. Van seis campañas consecutivas donde el precio del cultivo ha sido manipulado por el Gobierno con el pretexto de mantener el kilo de pan en $ 2,50. Sin embargo, el kilo de pan cuesta no menos de 8 pesos dejando en evidencia que el trigo sólo representa el 13% del valor total. Nadie ha dado una explicación de por qué el trigo argentino vale 50% menos que el trigo uruguayo de casi idéntica calidad. Hay un 23% de diferencia en el precio que se explica por las retenciones, pero queda un 27% del precio en el camino sin justificación alguna.
Alguien debería explicar a dónde va este dinero y por qué el propio Gobierno permite semejante abuso. Los productores aún tienen en su poder trigo y maíz de la última cosecha sin poder vender.
Desde la lechería, pasando por las frutas hasta la yerba mate y prácticamente todas las producciones agropecuarias (regionales), están sometidas a la intervención oficial obteniendo como resultado la caída de la productividad.
La única excepción es la soja (el bendito yuyo). Este es el único cultivo cuyo valor es semejante al del resto del mundo. En este contexto es casi irremediable la «sojización» de nuestra pampa húmeda, ya que el yuyo es el único cultivo que el productor sabe el día que lo siembra, a cuánto y cuándo lo va a poder vender.
Todo en materia de mercados agropecuarios es un embrollo. No hay posibilidad de desarrollar una actividad agropecuaria sustentable si los mercados no funcionan «normalmente», es decir, con previsibilidad y transparencia.
El campo no puede contribuir realmente al crecimiento del país si el productor no logra planificar los gastos de la próxima campaña. Tal vez, si el gobierno nacional dejara de considerar al sector agropecuario como una caja de donde obtener financiamiento y pensara en términos del potencial que el sector tiene, las cosas serían muy distintas.
Reglas claras
Frente a este panorama, el productor agropecuario no encuentra consuelo. Lo cierto es que el problema es de origen político y también lo es su solución, por lo que todo el arco político debe trabajar mancomunadamente para torcer el rumbo que el gobierno nacional ha marcado. Los problemas que han generado las malas políticas del gobierno son de tal complejidad que sería imposible abordarlos en éste artículo.
Los reclamos del sector agropecuario son muchos y han ido variando a medida que el Gobierno profundizaba sus errores, pero uno se ha sostenido en el tiempo y es bandera de todos los productores: el reclamo por reglas claras y mayor previsibilidad.
Fuente: La Nación, 07/04/12.
El dólar en alza
abril 6, 2012
Las actas de la Fed restaurarían la primacía del dólar
Por Nicholas Hastings
LONDRES (Dow Jones) — Los alcistas del dólar deberían frotarse las manos con regocijo.
Las actas del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal -que parecieron descartar los comentarios expansionistas del presidente de la Fed, Ben Bernanke- están ayudando a la moneda estadounidense de dos maneras.
Están incrementando los diferenciales de rendimientos a su favor y recortando gran parte del apetito por el riesgo que había golpeado al dólar frente a otras monedas de mayores rendimientos.
Mientras los mercados financieros se reevaluaban tras la publicación de las actas, incluso el yen -que en algún momento fuera un refugio- se vio afectado frente al dólar.
Al menos parte de la escalada inmediata del dólar se produjo por el efecto sorpresa. El presidente de la Fed pasó gran parte de la semana pasada convenciendo a los inversionistas de que a pesar de la fortaleza de la economía estadounidense, la Fed no estaba convencida sobre la recuperación del mercado laboral y seguía alerta para lanzar una relajación cuantitativa adicional cuando se acabaran las últimas dosis este verano.
Los comentarios de Bernanke fueron considerados prueba de la nueva transparencia de la Fed, por cuanto ayudaron a alinear la posición del mercado con la visión del mundo de la Fed.
Luego aparecieron las actas y sugirieron que la Fed en su conjunto tiene una postura mucho más restrictiva y no está considerando una flexibilización adicional, a menos a que se produzca una desaceleración significativa de la economía y que la inflación caiga por debajo del 2%. En febrero, los precios al consumidor subieron un 2,9%.
No sorprende que los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos se dispararan, con un alza de 10 puntos base de la nota a 10 años en un determinado momento, y que el propio dólar subiera de manera generalizada.
Por supuesto, los expansionistas de la Fed, entre ellos Bernanke, aún podrían tener algo más para decir, especialmente si nuevos datos económicos sugieren que la recuperación está comenzando a perder fuerza.
No obstante, por el momento el dólar probablemente encuentre soporte debido a que los diferenciales de rendimientos frente a la mayoría de las otras monedas importantes siguen estando a su favor.
La cuestión es que es posible que las actas también hagan que el dólar luzca más atractivo frente a otras divisas de mayor rendimiento.
Al descartar la posibilidad de una flexibilización cuantitativa, o QE por sus siglas en inglés, las actas del Comité también redujeron el apetito de los inversionistas mundiales por el riesgo.
Esto no solo significa que más inversionistas estadounidenses repatriarán fondos desde el exterior en favor de la seguridad de sus mercados internos, sino que los fondos tenderán a reducir sus exposiciones en activos más riesgosos.
El dólar australiano, por ejemplo, se vio duramente afectado el miércoles cuando el país informó que su déficit comercial se había reducido.
En circunstancias normales, esa noticia podría haber generado una venta ligera en lugar del fuerte revés que enfrentó la moneda, debido a que los inversionistas usaron la noticia como una excusa para reducir el riesgo.
Las operaciones con dólares sobre una base diaria ahora podrían verse aún más influenciadas por los datos económicos, dado el predominio de las expectativas del mercado sobre los rendimientos.
No obstante, es más que probable que la moneda estadounidense seguirá escalando en el más largo plazo ahora que las actas de la Fed sugieren que por el momento no hay muchas probabilidades de una flexibilización cuantitativa adicional.
Fuente: The Wall Street Journal, 04/04/12.