[De Out of Step: The Autobiography of an Individualist]
Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez. Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra medida en la historia de este país ha causado una indiferencia de principios comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la moralidad.
Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada.
Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios sociales”. Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un sentimiento de seguridad económica. Cuando falla una economía en general, la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio. El político sirve con gusto para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la opinión pública están las acciones del poder político en el fondo del mal económico, como los privilegios de monopolio, las guerras y los propios impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se produce el acuerdo. Así ha resultado que el área del poder político ha invadido cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra justificación para los impuestos. La actual filosofía tiende hacia la identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo como unidad esencial y la sustitución de un total metafísico y por tanto la eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales específicos, sino como un medio necesario para un mejoramiento social no especificado.
Ambos postulados de los impuestos son en realidad idénticos en que derivan de la aceptación de un derecho prioritario del estado a los productos del trabajo, pero a afectos del análisis es mejor tratarlos por separado.
Los impuestos para servicios sociales dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere un quid pro quo, una relación de justicia. Pero la condición esencial de los intercambios, que es que deben realizarse voluntariamente, está ausente en los impuestos: su mismo uso de la compulsión elimina a los impuestos del campo del comercio y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a deudas pagadas a una organización voluntaria por esos servicios como cabe esperar de ser miembros, porque no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio podemos denegarnos un beneficio, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. La sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque queramos: nos viene impuesto.
En relación con los servicios sociales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.
Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pueblo fronterizo, la necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?
No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.
En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor, la competencia. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella. En una polis libre de coacción política se aplicaría un acuerdo así y en algunos casos históricos de poder político débil descubrimos que la renta inmobiliaria se usó de esta forma social.
Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de acomodamiento nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: la apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables. Son nuestras mores.
Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, conscientes de una iniquidad? Están las facilidades de las calles, mantenerlas limpias y luminosas, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y el coste debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, la tarifa por hora, para el mismo tipo de trabajo, es el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por dólar invertido, en Main Street que en Broadway. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tempo es más lento, trabajan menos y ganan menos. Pero cuando oponemos a nuestras mayores ganancias el coste de rentas e impuestos de la gran ciudad, ¿tenemos más satisfacciones? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.
Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿a dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios sociales para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.
Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios sociales pagados por la producción, Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo está claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios sociales que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esta gente recibe por sus molestias el vacuo placer de escribir a sus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas.
Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que el trabajador social universitario les diera proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, la de 1930. Así que se califica a sí misma como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.
En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo. No preocupa el control de la producción o los medios de adquirir la propiedad, sino sólo su distribución. Por lo tanto, estrictamente hablando, la doctrina no es socialista y sus defensores normalmente se apresuran a negar esa acusación. Lo que proponen, según dicen, es una reforma, no una revolución, como los niños cuyas inocentes hogueras incendian el bosque.
La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener los servicios sociales de una comunidad no tendrían financiación (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las sinecuras de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico.
Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Tom, Dick y Harry se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Tom, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Dick y Harry de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia no la ha hecho a su costa: tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Tom de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Dick y Harry en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Tom. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.
Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la escolarización gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a la marina mercante y proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.
El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra.
La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea nuestro ingreso de mil dólares al año o al día, el impuesto en una barra de pan es el mismo: la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una pipa de tabaco, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su puro. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.
Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.
Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de justicia. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.
Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del estado) es evidentemente justo que el estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La renta de monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el estado lo apoya: un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.
Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas. ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿O el mercader de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.
Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: todo impuesto se basa en la coacción.
Publicado el 15 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
