Una vez más, el mensaje de la presidenta de la Nación con motivo de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso se transformó en un acto de campaña, plagado de omisiones y falsedades y no exento de un tono amenazante hacia el Poder Judicial. Por si le faltaba un condimento a un discurso impropio para la ocasión, la titular del Poder Ejecutivo ni siquiera reparó en que, según lo dispuesto por la Constitución Nacional, debía anunciar formalmente que dejaba inauguradas las sesiones y no lo hizo.

Como de costumbre, Cristina Fernández de Kirchner habló prolongadamente. Esta vez, a lo largo de tres horas y cuarenta minutos. Sin embargo, durante tan extensa alocución, la jefa del Estado ni siquiera se ocupó de tres de las cuestiones que más preocupan a la sociedad argentina: la inseguridad, el narcotráfico y la inflación.

Se trata de un dato que, desde luego, no constituye una novedad. El término «inseguridad» tampoco fue mencionado por la Presidenta en sus mensajes ante la Asamblea Legislativa de los años 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014. Sólo fue citado cuatro veces en su discurso de 2008 y dos en el de 2011. La palabra «inflación» apenas fue mencionada dos veces en el mensaje presidencial de anteayer, sin un análisis serio de este grave problema que acosa a los argentinos, especialmente a los más pobres, y una vez en 2012. Entretanto, el término «corrupción» no estuvo en la boca de la Presidenta ni una sola vez en los ocho mensajes con los cuales abrió los sucesivos períodos legislativos.

El último mensaje presidencial se caracterizó por la autorreferencialidad y la ausencia de autocrítica. Fue un típico discurso anclado en el pasado, que rara vez dio cuenta de nuestro presente y casi nunca del futuro. La excepción estuvo dada por su admisión de que no dejará un país cómodo para los dirigentes, una confirmación elíptica de que quien la suceda en la Casa Rosada recibirá varias bombas de tiempo.

La reiterada estrategia discursiva presidencial de comparar las distintas variables socioeconómicas de la actualidad con 2003, cuando la Argentina comenzaba a salir de una de las peores crisis de su historia, sirvió para intentar ocultar el agotamiento del modelo productivo durante la gestión de Cristina Kirchner. Particularmente, en el período iniciado por la Presidenta en diciembre de 2011, signado por un retroceso de la inversión productiva y de la creación de puestos de trabajo en el sector privado, fenómenos potenciados por el excesivo intervencionismo estatal, las restricciones en el comercio exterior, el aumento exorbitante de la presión tributaria, el crecimiento de la inflación y la instrumentación del cepo cambiario.

Nada dijo la primera mandataria acerca de un déficit fiscal que, en el último año, alcanzó un récord de 185.490 millones de pesos, cuando el presupuesto 2014 contemplaba un superávit de 830 millones. Tampoco expresó la Presidenta que sin la ayuda que el Tesoro Nacional recibió del Banco Central y de la Anses ese rojo hubiese llegado hasta los 306.000 millones de pesos, que equivaldrían al 6% del PBI.

En cualquier país serio, como el que se propuso en su campaña presidencial Néstor Kirchner allá por 2003, un jefe de Estado debería rendir cuentas acerca de por qué se generó semejante desfase con respecto al presupuesto aprobado por el Congreso.

Tampoco hubo ninguna explicación presidencial sobre el sideral aumento de la emisión monetaria, que ascendió en 2014 a unos 161.500 millones de pesos, duplicando prácticamente la del año anterior.

La Presidenta se jactó de que las reservas del Banco Central se han ubicado en estos días en torno de los 31.400 millones de dólares, a pesar de nueve corridas financieras. No aclaró que esa cifra es posible merced a un dibujo contable, sin el cual las reservas de libre disponibilidad apenas llegarían a la mitad.

Al hablar de la política de desendeudamiento de su gobierno, omitió el creciente endeudamiento del Banco Central con el sector financiero, cuyo stock de títulos pasó de 115.000 millones de pesos a 330.000 millones en el último año, ni mencionó la creciente deuda del Tesoro con la entidad monetaria.

Del mismo modo, se vanaglorió de que los bonos reestructurados de nuestro país ya cotizan por sobre su valor nominal, para lo cual citó un artículo del periodista del Financial Times Joseph Cotterill, quien, poco después de la alusión presidencial, dejó en ridículo a la primera mandataria argentina al aclarar que esa mejora se explicaba por el hecho de que los inversores descuentan que ella se irá en diciembre próximo y que la próxima administración nacional buscará solucionar el problema de la deuda en default.

Sólo como una broma de mal gusto podrían ser tomadas las expresiones de la Presidenta sobre una supuesta «desaceleración de los precios internos» y acerca de las bondades del programa Precios Cuidados, cuando el alza del costo de vida promedió en 2014 el 38%, de acuerdo con las estadísticas privadas relevadas por los bloques opositores del Congreso de la Nación.

El discurso presidencial, por supuesto, no citó cifras de pobreza, que desde hace más de un año no es medida oficialmente, y estuvo lleno de elevadísimos porcentajes de aumentos nominales de tres o cuatro dígitos registrados desde 2003 hasta hoy, que distarían de ser tales si se descontara la abultada inflación del mismo período. Los errores técnicos de la exposición presidencial fueron tan evidentes como el hecho de que, al hablar del ingreso de los habitantes, mencionó el sexto, el séptimo y el octavo quintil, cuando sólo puede haber cinco quintiles, que equivalen a dividir a la población en cinco partes.

Uno de los pocos anuncios económicos pasó por la reestatización de los trenes, pese a que, en rigor, éstos son estatales desde hace más de una década. Lo que efectivamente se buscará es quitarles a empresas privadas el gerenciamiento de determinadas líneas ferroviarias que le fue concedido por el Estado. Según la Presidenta, esa decisión no es el producto de su afán estatista, sino de la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir el gasto. Si ése fuera su objetivo, habría que señalar que se acordó algo tarde, ya que la discrecionalidad y la falta de controles son responsabilidad del Gobierno, que congeló las tarifas e hizo que el sistema dependiera de una maraña de subsidios, que muchas veces escondieron negocios nada transparentes.

La primera mandataria instó a quienes la escuchaban a despojarse de cualquier corsé intelectual. Queda claro, sin embargo, que para ella todo lo que gestione el Estado será mejor administrado que lo que gerencie el sector privado. Una falacia con sobrados antecedentes.

Ciertas comparaciones pueden resultar odiosas. Sin embargo, resulta inevitable confrontar la omisión de Cristina Kirchner sobre el grave problema inflacionario con la firme decisión del flamante presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien al asumir su mandato anunció que una de las prioridades de su gestión será la lucha contra la inflación, a pesar de que ésta no llega a los dos dígitos. También el nuevo mandatario de Uruguay hizo una enérgica reivindicación del apego a la Constitución y un llamado al diálogo y a la unidad nacional.

A diferencia de Tabaré Vázquez, Cristina Kirchner volvió a profundizar anteayer las grietas que separan a los argentinos y nuevamente puso de manifiesto su particular visión sobre el principio de división de poderes. No sólo acusó una vez más a jueces y fiscales de integrar un «partido judicial», sino que, además, les endilgó haberse «independizado de la Constitución y de las leyes». Se trata de un ataque al Poder Judicial que debe interpretarse como una nueva presión frente a las investigaciones sobre corrupción pública que pesan sobre la propia Presidenta y algunos de sus funcionarios. También, como la tradicional resistencia del kirchnerismo al control de constitucionalidad de las leyes por la Justicia.

Llamó la atención su enojo a la hora de analizar el atentado contra la AMIA, olvidando que el kirchnerismo gobernó en 12 de los 21 años que han pasado desde aquella tragedia que aún sigue sin esclarecerse. Y en forma tan elíptica como irresponsable, dejó flotando su idea de que la voladura de la embajada de Israel, producida en 1992, pudo haber sido un autoatentado, al tiempo que pareció dudar de la responsabilidad de Irán en ambas masacres.

No menos estupor provocaron los cuestionamientos públicos de la primera mandataria al desaparecido fiscal Alberto Nisman, tras la aparición de un escrito de éste con elogios al Gobierno, que data de una fecha anterior a la firma del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de la Argentina e Irán. Una actitud presidencial tan deleznable como inapropiada frente a alguien que está muerto e imposibilitado de defenderse.

En síntesis, la Presidenta perdió una magnífica oportunidad para despedirse, en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, con algo de grandeza. En cambio, optó por una arenga populista en la que, por sobre su obligación de efectuar una seria rendición de cuentas y de proponer políticas públicas, puso cuestiones de índole absolutamente personal, que desnudaron su nulo apego por los principios republicanos, además de convertir un acontecimiento institucional en un acto partidario.

Fuente: La Nación, 03/03/15.

Ayer Cristina Kirchner lanzó su gobierno a la carrera electoral. Su discurso ante el Congreso fue el de un líder caudillesco que aspira a emocionar a sus seguidores con la promesa del poder, más allá de cualquier adversidad.

El argumento fue esquemático, como corresponde a una campaña. Recitó un rosario de cifras para demostrar que ha sido fiel a sus tres axiomas principales: que los pobres, por definición, tienen razón respecto de los ricos; que lo estatal, por definición, es mejor que lo privado, y que lo nacional, por definición, supera a lo extranjero. En otras palabras, reclamó la exclusividad del populismo. Para demostrar que esas consignas tendrán éxito recurrió a la profecía.

Dijo que percibe una atmósfera promisoria, como la del Bicentenario. La comparación es razonable. En aquel momento, el kirchnerismo venía de una derrota electoral. Pero hay diferencias importantes. En 2010 la economía se recuperaba de una caída abismal. Y el Tesoro acababa de apropiarse de las AFJP. Ahora la actividad está planchada y las cuentas tienen un déficit de 190.000 millones de pesos. El optimismo de los que miran la economía se debe a que, como tuiteó el corresponsal del Financial Times para refutar a la Presidenta, los mercados festejan que, en poco tiempo, ella se irá.

Cristina Kirchner debe demostrar que esa salida no representa un fin de ciclo. La necesidad de ganar las elecciones es más perentoria cuanto mayor es el riesgo judicial. Sólo el poder otorga impunidad, dijo Yabrán.

No debe sorprender, entonces, que ella dedicara el centro del discurso a la Justicia. Sobre todo a la denuncia de Alberto Nisman, punto de partida de una crisis que la tuvo sin oxígeno.

Ante el Congreso desplegó otra vez su teoría sobre el atentado contra la AMIA, e incluyó el de la embajada de Israel. La explicación derivó en severos ataques a la Corte Suprema y al Estado de Israel.

La Presidenta pidió que los carteles que muchos legisladores colocaron para exigir justicia para las víctimas de la mutual judía se orientaran hacia otro sector del recinto. Se refería a Ricardo Lorenzetti, cuyo rostro era enfocado por la TV. El reproche fue por la demora en el juicio por encubrimiento contra Carlos Menem y el juez Juan Galeano, entre otros. Tal vez jugó con fuego. Lorenzetti podría reivindicarse reabriendo el caso en que el juez Gabriel Cavallo absolvió a Galeano por peculado durante el proceso AMIA. En noviembre, la Procuración, a cargo de Alejandra Gils Carbó, enjuiciará de nuevo a Galeano. Si la Corte aceptara, avalaría la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta, que es materia de un libro reciente de los penalistas Morgenstern y Orce. Ese respaldo estimularía otras revisiones. Entre ellas, la del sobreseimiento por enriquecimiento ilícito con que Norberto Oyarbide benefició al matrimonio Kirchner.

El reproche a Israel es más conocido: ¿por qué no se interesa en saber quién voló su embajada en 1992? Es una pregunta capciosa. La Presidenta inscribió ese ataque y el de la AMIA en el contexto de la negociación de Oslo entre Israel y Palestina. Recordó que esas tratativas llevaron a un fanático israelí a asesinar a Yitzhak Rabin. ¿Las dos masacres de Buenos Aires tuvieron la misma inspiración? ¿Habrá que penar a fundamentalistas islámicos? ¿O hubo extremistas israelíes?

Estas incógnitas, que están al filo de la teoría del autoatentado, tan habitual en el discurso antisemita, asomaron detrás del planteo de la Presidenta. Ella las completó con una improcedente indicación al juez Rodolfo Canicoba Corral: que pregunte al ex embajador Yitzhak Avirán por qué declaró, en enero del año pasado, que «la mayoría de los responsables del atentado contra la AMIA ya están en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros». Israel aclaró entonces que Avirán había dicho «una tontería». Pero la señora de Kirchner quiere hacer notar que un diplomático israelí desmiente que los autores de la AMIA sean los iraníes buscados por Interpol.

La Presidenta compartió estas especulaciones, anteayer al mediodía, con Guillermo Karcher, el secretario del papa Francisco, a quien le gustaría recibir este año en el país. No fue casual: en 1992, Karcher fue testigo del estallido de la embajada, porque vivía en la parroquia Mater Admirabilis.

Las cavilaciones de Cristina Kirchner, extrañísimas en quien durante varios años acusó a Irán, son una gran contribución a la seducción que ejerce la acusación de Nisman. Porque el texto que presentó el fiscal muerto debe su fuerza persuasiva no a su calidad jurídica, sino a que llena un vacío historiográfico. Buena parte de la opinión pública creyó en Nisman porque el Gobierno jamás pudo explicar su catastrófico acuerdo con Irán.

Ayer, la Presidenta volvió a demostrar que no puede hacerlo. Así como adujo que no podía acordar con los holdouts por la cláusula RUFO, pero también porque el reclamo es inaceptable, alegó que pactó con Mahmoud Ahmadinejad para sentar a los acusados ante el juez, pero también porque duda de que ellos sean los culpables.

Nisman cubrió la falta de una justificación razonable con una narración verosímil. Aun cuando desde el punto de vista penal sea inconsistente. La señora de Kirchner avanzó ayer sobre otra fragilidad de su denuncia: recordó que, como sostuvo Daniel Rafecas al descartar la investigación, el propio Nisman, para la misma fecha, había redactado y firmado un escrito con argumentos inversos a los de su imputación. En ese texto, dirigido al Poder Ejecutivo para gestionar sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad, elogió la política presidencial frente al atentado. Y admitió que el memorándum con Irán era una pasable alternativa frente a la parálisis del proceso.

Como está muerto, será difícil desentrañar por qué Nisman presentó el escrito acusatorio y guardó el otro en la caja fuerte de la fiscalía. Cristina Kirchner, que nunca se inhibe ante una ventaja, acusó por duplicidad a alguien que ya no puede defenderse. Al ensañarse, debilitó la calidad de su argumento.

Nisman no puede justificarse. Pero la señora de Kirchner esbozó una explicación. Como los atentados de 1992 y 1994, también la acusación del fiscal fue parte de una jugada internacional: en este caso, las negociaciones entre Irán y las potencias occidentales. ¿También la muerte de Nisman se inserta en esta trama? La Presidenta no lo dijo.

Las referencias judiciales de ayer fueron tan relevantes como las omisiones. No habló de un golpe judicial. Y aclaró que el «partido de los jueces» estaba integrado sólo por algunos. Esta moderación confirma que los tribunales de Comodoro Py y la Casa Rosada están embarcados en una negociación. En ella intervienen jueces y fiscales, cuyo interlocutor principal es Aníbal Fernández, coordinado con Carlos Zannini y Wado de Pedro. El desenlace de estas tratativas se verificará en dos procedimientos. ¿Claudio Bonadio citará a Máximo Kirchner en la causa Hotesur? ¿La Cámara Federal rechazará la negativa de Rafecas a investigar a la Presidenta?

Las conversaciones también se explican por el eclipse de Antonio Stiuso y de sus gestores judiciales. En Tribunales miran con detenimiento la formación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Ya hay candidatos para comandarla. El más inquieto es Marcelo Saín, quien, respaldado por el CELS, defendió en el Congreso la eliminación del servicio secreto de la Policía Federal. ¿Qué dirá Aníbal Fernández?

Sin un alto el fuego en la Justicia, no hay plan electoral. Y ayer quedó demostrado que la señora de Kirchner apuesta a ganar las elecciones. Su estrategia es dedicarse sólo a quienes esperan salvatajes del Estado. Aquellos que, al revés, creen que sus vidas mejorarían si el Estado los deja de asfixiar, no son parte del programa. Después de presentar una piñata de subsidios, la Presidenta invocó a Perón y anunció que se hará cargo de los ferrocarriles operados por privados.

Como el ascenso de Aníbal Fernández y la incorporación de Wado de Pedro al gabinete, la apuesta ferroviaria fue pensada mirando a la provincia de Buenos Aires. Fortalece a Florencio Randazzo, clave en el trato con intendentes del conurbano, frente a Daniel Scioli, siempre en penitencia.

Sin embargo, la incógnita principal es otra: ¿qué papel jugará Cristina Kirchner? Ella advirtió a sus íntimos que, si no consigue un candidato competitivo, se postulará. ¿Gobernadora bonaerense? ¿Diputada nacional? Ayer, refiriéndose a Gerardo Morales, dijo: «Déjenlo. Yo también querré hablar cuando esté allí». ¿Fue un lapsus o una pista?

El tono proselitista coincidió con el lenguaje. Así como confirmó sus dificultades con el inglés, ella demostró su evolución con el lunfardo. Habló de «mangos» y de que «a las minas nos gustan las pilchas». Y, en un giro comentadísimo, dijo al ministro de Economía: «Axel no te distraigas. Néstor nunca se distraía». Después confesó que Florencia, su hija, le hizo notar esa característica del ex presidente. La observación, trivial, ilumina la peripecia del Gobierno. Si Moyano, los Eskenazi, Báez, Massa, Nisman o Stiuso se convirtieron en problemas, fue porque la Presidenta cayó en demasiadas distracciones.

Fuente: La Nación, 02/03/15.