José Sbatella, ex titular de la UIF, denunciado por proteger a Lázaro Báez
marzo 22, 2016
El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF por proteger a Lázaro Báez
Acusa a José Sbatella de demorar la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas del empresario kirchnerista.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó hoy una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber demorado la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
Pollicita advirtió que, como agravante, durante «todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos», es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.
El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: «En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada» contra la fiscalía especializada.
La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.
El paso de Sbatella por la UIF
A lo largo de su gestión al frente de la UIF, Sbatella acumuló denuncias penales por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política en beneficio de Báez, Amado Boudou y Sergio Schoklender, entre otros. Asumió en 2010 y estuvo a cargo del organismo hasta el 11 de diciembre pasado, tras la asunción de Mauricio Macri.
El ex funcionario renunció a través de una carta en la que agradeció el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner y criticó con dureza al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014. Macri había pedido su renuncia antes de asumir.
Fuente: lanacion.com.ar, 22/03/16.
Denuncian a José Sbatella, titular de la UIF, por encubrir el Lavado de Dinero
mayo 3, 2014
Denuncian que el titular de la UIF encubrió un presunto caso de Lavado.
Por Lucio Fernández Moore.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, fue denunciado ante la Justicia por dos diputados y un senador por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de un presunto caso de lavado de dinero por parte de un hijo de un supuesto narcotraficante colombiano detenido en la Argentina y extraditado a los Estados Unidos.
La denuncia, ingresada el miércoles pasado en los tribunales federales de Comodoro Py, fue realizada por el senador y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz, junto con los diputados de UNEN Martín Lousteau y Fernando Sánchez.
El sorteo determinó que intervenga el juzgado a cargo de Julián Ercolini, quien deberá darle curso del asunto a la Fiscalía.
Los legisladores denunciaron que Sbatella encubrió una operación de “blanqueo de capitales” realizada en 2009 por poco más de un millón de dólares por parte de Mauricio Alvarez Sarría, hijo, según denunciaron, del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, extraditado el año pasado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Ambos –recordaron los legisladores– también son investigados en la Argentina por presunto narcotráfico por el juez federal Carlos Ferreiro Pella, de Lomas de Zamora.
De acuerdo con los denunciantes, Sbatella habría “cajoneado” la información sobre el “blanqueo” de divisas hecho por Alvarez Sarría durante dos años y recién se la envió a Ferreiro Pella por un pedido puntual del magistrado en 2012. Las primeras informaciones sobre las sospechosas operaciones de su padre se habían originado en 2006 a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por el ex Banco Río. Fue por unos depósitos realizados en menos de dos semanas por casi medio millón de pesos que llamaron la atención de la entidad.
La denuncia del senador Sanz y los diputados Lousteau y Sánchez también incluye la presunta “inactividad” de Sbatella sobre otro supuesto narcotraficante colombiano detenido, Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”. “La UIF sólo prestó colaboración en el caso casi un año después de la detención de ‘Mi Sangre’”, dijeron los legisladores en su denuncia. La causa contra “Mi Sangre” tramita en el juzgado federal penal 2 porteño, a cargo de Sebastián Ramos.
Además, los legisladores denunciaron supuestos beneficios en la cárcel de Ezeiza a favor de “Mi Sangre”, Alvarez Meyendorff y Roberto Segovia, detenido en la causa por tráfico de efedrina. Según los denunciantes, los presuntos narcotraficantes habrían solventado diversos gastos admitidos por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como costosos “delivery” de comida o televisores instalados en el pabellón VIP.
Otro caso agregado a la denuncia es el del presunto narco Luis Medina, asesinado junto a su novia el 29 de diciembre del año pasado en la zona sur de Rosario. Medina era investigado por su presunta vinculación con el ataque a balazos contra la casa del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, y los denunciantes le achacan a Sbatella no haberlo denunciado pese a sus antecedentes delictivos.
La denuncia también menciona los informes desfavorables hacia la UIF emitidos en por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) entre 2010 y 2014 y en los que se destacan sus “incompletos” informes, sus “severas deficiencias” en los “análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas” y en “la puesta en funcionamiento de una UIF despolitizada”, según consta en la presentación realizada en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Una de las críticas fundadas que caracterizan la gestión del licenciado Sbatella al frente de la UIF es que sus escasísimas denuncias penales contienen graves falencias técnicas, por lo que, en su gran mayoría, concluyen en una ‘declaración de incompetencia’ y/o en un irremediable ‘archivo’ de las actuaciones”, añadieron los legisladores en su denuncia.
Fuente: Clarín, 03/05/14.
José Sbatella, funcionario corrupto.
Denuncian a Sbatella por sobreprecios en la UIF
diciembre 1, 2016
Denuncian a Sbatella por obras con sobreprecios de 2.600% en la UIF
Corrupción en la era K. Se pagaron 27 millones de pesos para refaccionar cuatro oficinas alquiladas por el organismo para sólo cinco meses de uso.
Por Lucio Fernández Moores.
El ex titular de la UIF José Sbatella, en una audiencia en la que se discutió su continuidad en el organismo, en febrero de 2014.
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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ayer en los tribunales federales de Retiro al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por presunto delito en la contratación de una obra en las oficinas donde funciona el organismo con presuntos sobreprecios de hasta 2.600%.
Así lo informó el organismo conducido por Laura Alonso, a partir de una denuncia interna realizada el mes pasado por las nuevas autoridades que asumieron en reemplazo de Sbatella en la UIF con el cambio de gobierno de diciembre pasado.
José Sbatella
La denuncia penal quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, uno de los jueces objetados por el Gobierno y bajo la lupa del Consejo de la Magistratura a partir de su actuación en la denuncia que formulara el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto con un balazo en la cabeza.
La OA, a partir de la información recolectada por las máximas autoridades de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, pidió investigar a Sbatella por la presunta comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
De acuerdo con la denuncia, Sbatella contrató a la empresa Bebanato S.A. a través de la licitación 2 de 2014 a cambio de 27 millones de pesos para «la adecuación física, sanitaria, termomecánica, instalación de red eléctrica, red de datos, voz y seguridad» en los pisos 8 y 9 alquilados para el funcionamiento de la UIF.
Las obras -inconclusas, según la denuncia- debían estar terminadas el 6 de mayo de este año pero el contrato de alquiler vencia en setiembre de este mismo año, es decir que se las hizo para sólo cinco meses de uso.
El contrato por el alquiler de cuatro unidades funcionales del edificio ubicado en Cerrito al 200, en pleno centro porteño, era a cambio de 120 mil pesos mensuales y no preveía el reintegro de dinero por las mejoras realizadas con los fondos públicos,
De acuerdo con lo informado por la OA, «los precios contratados fueron injustificadamente superiores a los de mercado, llegándose al 2.671,22% de sobreprecio». En la investigación interna dentro de las órbitas de la UIF y la OA también trabajó la Sindicatura General de la Nación.
La denuncia también alcanza a un convenio realizado en ese marco con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para auditar las obras de refacción en el edificio pero ésta «no estimó el costo de las contrataciones pese a haber cobrado por el trabajo», según informó la OA.
De acuerdo con la UIF y la OA, la UNLP «no detalló las horas destinadas al trabajo en su cotización y, pese a ello, percibió honorarios por un supuesto asesoramiento para el cumplimiento de las tareas y en el informe que presentaran, dicho asesoramiento no se incluyó».
Sbatella está procesado en otra causa por abuso de autoridad y violación de secretos y ayer la Cámara Federal penal porteña rechazó un recurso de su defensa y confirmó que debe ir a juicio oral y público (ver aparte).
El ex funcionario también es investigado por el presunto ocultamiento de reportes de operaciones sospechosas bancarias de acusados en la llamada «ruta del dinero K» y además afronta una denuncia por ususrpación del cargo luego del cambio de gobierno.
Fuente: Clarín, 01/12/16.
Notas anteriores:
José Sbatella, ex titular de la UIF, denunciado por proteger a Lázaro Báez
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José Sbattella, al servicio de la impunidad K
febrero 26, 2015
Sbattella, al servicio de la impunidad
Editorial del diario La Nación, 26/02/15.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Fuente: La Nación, 26/02/15.
Más información:
Argentina no investiga el Lavado de Dinero
Sbatella
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Hernán Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, preso por defraudación bancaria
septiembre 23, 2017
Un banquero que protegió el kirchnerismo, preso y condenado en EE.UU.
Se trata de Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del JP Morgan. Fue sentenciado por robo y defraudación bancaria. 
Hernán Arbizu
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Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del banco JP Morgan acusado por estafa y protegido por kirchnerismo, fue condenado el lunes pasado por un juez de Nueva York a la pena de 2 años y un día de prisión por los delitos de fraude, robo y defraudación bancaria y sustracción de identidad agravada.
Arbizu fue uno de los aliados más inesperados del gobierno de Cristina Kirchner. Llegó a participar de programas como 678, dar entrevistas a Luis D’ Elía y participar de numerosos actos K, buscando protección política para evitar ser enviado a los Estados Unidos, cuya Justicia había pedido su extradición en 2008.
Arbizu, argentino, de padre militar y oriundo de zona norte, había sido ejecutivo de la filial local del JP Morgan. Entre 2006 y 2008 trabajó en Nueva York, donde su propio empleador lo denunció por fraude bancario y desfalco en Estados Unidos a través de ocho maniobras de transferencia electrónica de fondos por hasta 5 millones de dólares. El modus operandi era sencillo: Arbizu sacaba sumas millonarias de cuentas de determinados clientes para reemplazar faltantes en cuentas de otros, a los que había estafado previamente. El primer desfalco, de 2,8 millones de dólares, lo denunció un empresario de Asunción.
Cuando estalló el escándalo y Arbizu tenía indicios de que la justicia estadounidense ordenaría su detención, Arbizu armó una estrategia jurídica pero a la vez política y mediática. Volvió al país y se presentó ante la justicia local alegando que sus actividades en Nueva York eran supuestamente ilícitas aquí. Como una especie de “arrepentido” y ante el juez federal Sergio Torres, confesó buena parte de la maniobra por la que se lo buscaba. Pero le agregó otros condimentos para buscar protección política del kirchnerismo.
Así empezó un raid por medios de comunicación y por juzgados federales con una serie de denuncias sobre lavado de dinero, fuga de capitales y otras maniobras de distintos nombres del mundo empresario, político y social de la Argentina. Nombres que, casualmente, eran en muchos casos blanco de las campañas del kirchnerismo en su construcción dialéctica de los enemigos del proyecto nacional y popular. Obviamente, aunque Arbizu llegó a hablar de una lista de 500 clientes del banco, en sus denuncias siempre ocupaban un lugar central los directivos del Grupo Clarín.
La estrategia de Arbizu tuvo poco sustento judicial –de hecho nunca logró demostrar la veracidad de las listas de clientes que mencionaba- pero fue muy útil a funcionarios kirchneristas como José Sbatella, ex titular de la UIF, que se sumaba a sus denuncias y las amplificaba. De hecho, el gobierno de Cristina Kirchner nunca concedió la extradición de Arbizu porque lo consideró un aliado, e incluso lo hizo declarar ante la bicameral que investiga de lavado de dinero y fuga de capitales.
Cada vez que el gobierno kirchnerista necesitó desviar la atención de las investigaciones en su contra acudió a los servicios de Arbizu. Cuando en 2013, Periodismo para Todos reveló la trama de la “ruta del dinero K”, Arbizu volvió a recorrer medios oficiales y paraoficiales acusando a Clarín de lavado de dinero.
Claro que a partir de 2015 la estrategia distractiva se fue haciendo más difícil. En junio del año pasado, Arbizu sorprendió anunciando a través de su abogado Pablo Argibay Molina que había aceptado su extradición, por lo que viajó a Estados Unidos el 22 de junio escoltado por dos agentes del FBI, para ser detenido apenas pisara suelo norteamericano. La explicación no es extraña: este tipo de negociaciones judiciales que incluyen el reconocimiento de delitos por los imputados a cambio de reducción de penas son usuales en el sistema judicial norteamericano.
En efecto, el 15 de diciembre pasado, Arbizu –asistido por sus abogados Guy Lewis y Jeffrey Forman- se declaró culpable voluntariamente ante el juez Lewis Kaplan. Y esta semana, Kaplan dio el veredicto: una sentencia de 24 meses y un día de prisión efectiva.
Fuente: Clarín, 22/09/17.
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Argentina: Cooperativas K lavadoras de dinero
octubre 8, 2016
Cooperativas bajo sospecha por lavado
El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos.
LA NACION
Las cooperativas y mutuales que florecieron exponencialmente durante los últimos 12 años del kirchnerismo están contra las cuerdas: el Gobierno denunció 29 operaciones sospechosas de lavado de dinero de esas entidades en las últimas semanas. Además, hay 3000 agrupaciones que están bajo sumario en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia para funcionar por habérseles detectado irregularidades.
En esta batalla frontal que el Gobierno decidió liderar contra las cooperativas y mutuales que manejan en forma irregular planes sociales y créditos del Estado apareció todo tipo de escándalos en los últimos meses.
Se registraron desde cheques falsos o sin fondo hasta graves fallas de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen dudoso y personal estatal que recibía salarios sin concurrir a sus puestos de trabajo. Estas irregularidades fueron detectadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo que se encarga de su control.
«Hay una decisión política del Gobierno de dar transparencia y ejercer un fuerte control a las cooperativas y mutuales para evitar abusos y el manejo de fondos espurios», expresó a LA NACION Marcelo Collomb, el presidente del Inaes.
Esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de controlar a 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Pero, al parecer, durante el kirchnerismo los mecanismos de control fueron muy laxos o directamente inexistentes.
Desde que asumió la presidencia del Inaes, Collomb realizó un trabajo de «depuración y control a fondo», según remarcó, de todas las cooperativas, la mayoría surgidas en los últimos años del kirchnerismo. Se llevaron muchas sorpresas en medio de esa tarea.
Según explicó Collomb a LA NACION, el Inaes elevó al Banco Central y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) un total de 29 operaciones sospechosas de lavado de las cooperativas.
También existe una tarea conjunta que se realizó con el Ministerio de Justicia y con la unidad de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de esa cartera que dirige Juan Marteau.
José Sbatella
Sucede que desde esa dependencia se emitió un detallado informe que LA NACION dio a conocer la semana pasada, en donde se alertó sobre el manejo irregular de fondos de mutuales y cooperativas que podría tener conexión con el financiamiento de actividades terroristas.
Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de esas cooperativas que manejaron de manera irregular los fondos y planes sociales, ya que ahora serán la UIF y el Banco Central los encargados de elevar a la Justicia esas denuncias.
Las características de estas operaciones sospechosas de lavado son simples: no se reconocen los clientes de las cooperativas, no hay detalles del origen de los recursos que se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria.
Por otra parte, un total de 3000 sumarios en trámite a las cooperativas de trabajo se gestaron hasta ahora. En lo que va de este año ya son 150 cooperativas y mutuales investigadas por irregularidades.
Al mismo tiempo, en los últimos ocho meses se les retiró la autorización para funcionar a 228 entidades.
«Durante el último gobierno se otorgaron matrículas a cooperativas sin control alguno», reveló Collomb. Este funcionario habla con conocimiento de causa: desde el gobierno de Raúl Alfonsín que forma parte del Inaes y en los últimos 25 años vio pasar de todo por allí. Ahora está a cargo de este instituto y buscará realizar una tarea de control exhaustivo.
Por otra parte hay 50 cooperativas y mutuales que fueron denunciadas en la Justicia por el manejo irregular de fondos en el programa Fútbol para Todos y su conexión con irregularidades en la causa de la AFA.
En esa investigación el Inaes designó veedores para colaborar con la investigación judicial. La mayor parte de las irregularidades registradas en las cooperativas se dio en los grandes centros urbanos del país.
Para evitar que todo quede en la nada hacia el futuro inmediato, el Gobierno emitió recientemente el decreto 1659/2016 por el que se exigirá a las cooperativas que brinden información mensual de sus cuentas.
También modificarán la matriz de control de alertas; se pedirán balances anuales a las mutuales y cooperativas; habrá un cruce de información con la UIF y el Banco Central; se adecuará la matriz de riesgo ante nuevas operaciones sospechosas de lavado, y se capacitará al personal del Inaes para profundizar los mecanismos de control.
A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se determinó que en adelante, las cooperativas no estarán a cargo de programas sociales y estos planes sólo serán distribuidos, manejados y controlados por los ministerios.
El Inaes cuenta con un presupuesto anual de 880 millones de pesos, de los cuales la mitad se usa para la promoción y el desarrollo de las cooperativas.
En esta dependencia también hubo una depuración administrativa. En los últimos meses se expulsaron unos 300 de los 900 empleados de esa entidad, ya que se registró que esos empleados nunca concurrían a sus puestos de trabajo.
Maniobras generalizadas e irregulares
- Hubo 29 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en las últimas semanas. Hay unas 3000 agrupaciones que están bajo sumarios en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia por irregularidades
- Se detectaron cheques falsos o sin fondos, graves falencias de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen opaco y personal estatal que recibía salarios sin ir a trabajar
- El Inaes controla 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Cuenta con un presupuesto anual de $ 880 millones, de los cuales, la mitad se usa para la promoción y desarrollo de las cooperativas
- Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de las cooperativas bajo la lupa. La UIF y el Banco Central serán los encargados de elevar esas denuncias a la Justicia. En las operaciones no se reconocen los clientes, no hay detalles del origen de los recursos y no se advierte que hayan habido controles
Del editor: qué significa. Las cooperativas se transformaron en los últimos años en un vehículo deseado de dinero por sus controles más laxos. Ahora emergen las consecuencias.
Fuente: La Nación, 08/10/16.
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El colapso del Latrocinio K
abril 6, 2016
La investigación muestra una enorme montaña de pruebas
Por Nicolás Wiñazki.
El video de La Rosadita coronó una causa que ya tenía pruebas concretas sobre la familia Báez.
Detención. El contador de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin, anoche en Palermo.
¿Existió una relación entre Leonardo Fariña, la familia Báez y sus empresas? Sí. ¿Manejaba Lázaro Báez y sus empresas un caudal de dinero tal que podría haberse llevado al exterior mediante maniobras realizadas en la financiera SGI por Federico Elaskar y Fariña? Sí. ¿Existieron los vuelos con bolsos con dinero K que llegaban del sur a Buenos Aires, y viceversa? Sí. ¿La financiera SGI tenía la capacidad para armar sociedades anónimas en países del extranjero y abrir cuentas de banco para depositar fondos que salían de la Argentina por fuera del circuito legal? Sí. ¿Lázaro Báez se apropió de SGI después de que trabajaron allí su ex dueño Elaskar y Fariña? Sí. ¿Hay transferencias de fondos en bancos del exterior realizadas por Báez, operatorias que serían habituales para él? Sí. ¿Hubo o hay dinero de Báez en bancos de Suiza? Si.
Esas preguntas y esas respuestas, palabras más, palabras menos, se hizo y respondió de ese modo el fiscal del caso de “La Ruta del Dinero K”, Guillermo Marijuán, en un dictamen sobre el tema que elevó al juez Sebastián Casanello pidiendo declaraciones indagatorias de Báez, sus hijos, y sus empleados jerárquicos de sus empresas, como el contador Daniel Pérez Gadín, ex administrador del Alto Calafate, de los Kirchner.
Casanello estudió el video difundido por Telenoche en el que se vio por primera vez al hijo de Báez, Martín; a Pérez Gadín; y a otros empleados de SGI, como Fabián Rossi, contando multimillones de dólares, euros y pesos.
Fue una imagen que coronó una investigación que ya tenía pruebas concretas y absolutamente comprometedoras sobre los Báez.
El constructor era en 2003 un gerente del Banco de Santa Cruz, uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner.
Pocos días antes de que su viejo compañero de aventuras políticas y financieras asumiera la Presidencia de la Nación, Báez fundó su compañía constructora Austral Construcciones.
Hoy, los Báez tienen una fortuna extraordinaria: Lázaro se transformó en uno de los empresarios más ricos del país; es el más grande terrateniente de la Patagonia; tiene dos aviones privados (uno se le prendió fuego); cientos de autos, buena parte de ellos de alta gama; firmas dedicas a la industria del agro y hasta concesionarias de automóviles.
Báez ganó miles de millones de pesos en contratos estatales del Estado K, y él mismo ayudó después a acrecentar la fortuna del matrimonio Kirchner: le alquiló sus hoteles por fondos inéditos para el mercado; le alquila aun hoy decenas de casas a los K; construyó un condominio con los santacruceños que fueron Presidentes, y más.
El fiscal Marijuán recolectó una enorme cantidad de pruebas, de todo tipo, que indican cómo el flujo de dinero de los Báez se movió por la Argentina y salió al mundo sin control estatal.
El propio Banco Central de la República Argentina supo antes de que Báez operar en SGI que esa financiera era una “cueva”. Incluso fue inspeccionada en forma personal por expertos de la entidad.
La financiera después conocida como “La Rosadita” siguió funcionando.
Marijuán y Casanello dieron cómo válidas las pruebas que había encontrado el fiscal José María Campagnolli, cruciales para avanzar en la causa: junto a su equipo, descubrieron cómo la plata que Elaskar había contado que había salido desde SGI a cuentas de los Báez en Suiza había vuelto al país en forma de bonos de la deuda Argentina. Son sumas que alcanzan los 50 millones de euros.
El Gobierno de los Kirchner, probó Marijuán, desoyó reportes de operaciones sospechosas emitidos por diferentes bancos sobre movimientos de dinero posiblemente irregulares de Báez. A eso se sumó la comprobación de que una financiera históricamente vinculada a los Kirchner y a Báez, llamada Invernes, había intercambiado con constructoras de Báez facturas “truchas”, sin comprobante alguno, por $ 466.573.261,15.
El total del dinero que manejó Báez que entidades financieras alertaron a la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue gestionada por José Sbatella, sobrepasa los 900 millones de pesos.
Un porcentaje aun no estipulado de las obras públicas que debían realizar los Báez quedaron en la nada, construidas a medias, y muchas de ellas recibieron además más dinero público que por el que habían ganada las licitaciones.
Báez está preso. Sus finanzas son simbióticas, y crecieron a la par de la de los Kirchner.
Ayer, cuando entraba a su lugar de detención, un grupo de gente lo insultó, hizo alusiones a su posible accionar delictivo. Algunos pidieron que devuelva el dinero que ganó gracias al Estado.
Casanello y Marijuán están convencidos de que Báez será el primer condenado por lavado de dinero de la Argentina que proviene del empresariado, de una burguesía que creció gracias al poder. Él, y los Kirchner, ya no lo tienen.
Fuente: clarin.com, 06/04/16.
El manto de complicidad que ocultó la corrupción Kirchnerista
marzo 21, 2016
La red que ocultó la corrupción de los K
Por Eduardo Van der Kooy.
Se desmorona el sistema económico ilegal que armó el kirchnerismo. Esa maniobra fue posible por la cobertura en organismos del Estado. La AFIP de Echegaray jugó un papel clave.
Néstor Kirchner teorizó en vida sobre la importancia de construir un poder económico para no resignar influencia política cuando llega el momento del regreso al llano. Tuvo en la cabeza los recorridos de Felipe Gonzalez y de José María Aznar, antiguos líderes del socialismo y el Partido Popular en España. Cristina Fernández se acostumbró siempre a escuchar y compartir ese razonamiento del ex presidente.
Tal teoría ha comenzado a desmembrarse prematuramente en la práctica. Quizá porque aquella construcción resultó rústica e improvisada. Poseía además una perversa dependencia: era ineludible el manejo de los resortes del Estado. Kirchner habría sentado las bases hasta que murió, con la acumulación incesante de capital. El diseño posterior quedó en las manos solitarias de Cristina. También menos duchas. A 100 días de haber salido del Gobierno, el soporte económico del kirchnerismo ingresó en una crisis severa. Se han agrietado sus dos vigas maestras: la de Cristóbal López, forzado a dividir sus empresas ante apremios de todo tipo, y la de Lázaro Báez, envuelto en un bochorno que regresa como una marea. Mucho más por las revelaciones periodísticas que por la acción de la Justicia.
Kirchner suponía que el control de todo resultaba imprescindible como precondición del éxito. Esa tarea lo encontró en el primer tercio del camino cuando sobrevino el infarto fatal. Cristina se hizo cargo del resto. “Vamos por todo”, alardeó en el 2011 al obtener la reelección con el 54% de los votos.
El escándalo de Lázaro Báez posee ahora múltiples aristas conflictivas. El empresario K fue alejado del círculo de los Kirchner. Cristina lo borró de Hotesur, la sociedad encargada de administrar la cadena de hoteles familiares en El Calafate. Existe allí sospecha por lavado de dinero que investigó al juez Claudio Bonadio, que durmió Daniel Rafecas y que recién llegó al escritorio de Julián Ercolini. Máximo Kirchner también resolvió apartarlo de sus negocios inmobiliarios. Alicia, la gobernadora de Santa Cruz, le declaró la guerra por el abandono de la obra pública en la provincia y el aparente vaciamiento de sus empresas.
Este pleito sucede cuando las imágenes periodísticas de la semana pasada repusieron la existencia de millonarios fondos clandestinos en dólares que nadie sabe todavía dónde fueron a parar. Ni a quiénes pertenecen. En una época en que los dólares eran restringidos en la Argentina. ¿Sólo ganancias del empresario o dinero de la familia de los ex presidentes? Conviene tener presente un número. Entre el 2004 y el 2015 Báez recibió más de $ 20 mil millones para obras en Santa Cruz. Que nunca ejecutó o dejó por la mitad.
Para incubar semejante descontrol e impunidad hizo falta alguna red de protección en el Estado. La hubo. La AFIP de Ricardo Echegaray –ahora titular de la Auditoria General de la Nación– jugó un papel clave. El empresario K, por ejemplo, recurrió a facturas falsas para evadir impuestos. No bien empezó a ser descubierto, el entonces jefe de los recaudadores desactivó la oficina en Bahía Blanca, donde habían surgido las evidencias. Echegaray fue también quien permitió a Cristóbal López acumular en los últimos cuatro años una deuda tributaria de $ 8.000 millones. Con ese monto, que aún está lejos de saldar, expandió su grupo empresario. Contó con una cobertura discrecional de la AFIP bajo la apariencia de la legalidad. Una jueza, María Straccia, presumió insolvencia fraudulenta y ordenó allanar varias empresas de López.
Habría habido en ese derrotero del dinero K otras complicidades. La IGJ (Inspección General de Justicia) que regenteó el dirigente camporista Julián Alvarez, nunca registró las recurrentes operaciones financieras e inmobiliarias de Báez. Tampoco el Banco Central, bajo la tutela de Alejandro Vanoli, reparó en los créditos millonarios y las reestructuraciones de deuda que el Banco Nación concedió al empresario patagónico. La UIF (Unidad de Información Financiera) que dirigió José Sbatella, jamás indagó sobre los giros al exterior que realizaba Báez, al parecer de dinero cuya escala previa era La Rosadita. La cueva financiera en la cual surgieron las imágenes del escándalo.
La Cancillería de Héctor Timerman también habría tenido su lugar en la trama. Al menos, existen dos casos en los cuales la impericia o la intencionalidad diplomática habrían atentado contra las investigaciones judiciales. Una por la compra de un campo en Uruguay que Báez realizó a través de Leonardo Fariña, ahora preso por evadir impuestos. La Justicia uruguaya se quejó siempre por la demora argentina para contestar los exhortos en los cuales se solicitaba información sobre el empresario K. Esos trámites pasaban de ida y vuelta por Relaciones Exteriores. Varias veces estuvieron mal confeccionados. En una ocasión fue remitido a la sede del Mercosur en lugar del Palacio de Justicia de Montevideo. El otro caso tendría vínculo con una cuenta del empresario K en Suiza de US$ 22 millones que fue bloqueada en 2013, cuando aquí se conocieron las sospechas sobre lavado de dinero. También la Justicia helvética rechazó un exhorto y demandó el envió de la constancia del delito precedente –para corroborar el lavado– que nunca le llegó. Esa cuenta habría sido desbloqueada a mediados del 2015. Nadie conoce dónde fueron a parar los fondos.
Sobre Sebastián Casanello, que actúa desde el comienzo en la causa de la ruta del dinero K, también caen las sombras. El juez tomó declaración a todos los imputados por la compra de un campo en Mendoza. Procesó a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por maniobras de lavado de dinero. Pero dictó la falta de mérito a Báez. Curioso. Luego de las imágenes del escándalo resolvió citar para mediados de abril, entre otros, a Martín Báez, el hijo del empresario que supervisó el conteo de millones. Y le prohibió salir del país. Tardó casi 48 horas en disponer lo mismo para Lázaro. Casanello estaría abatido por el baile que le toca. Estaba esperanzado en manipular, como lo hizo hasta ahora, los tiempos de la causa. Se le hará difícil.
Martín está buscando el socorro de Máximo. Pero el hijo de la Presidenta hasta ahora no habría respondido. Allí radica el otro problema serio del kirchnerismo: al desmoronamiento del sistema económico se añadiría una ausencia de conducción política eficaz. La intransigencia y el distanciamiento de Cristina han terminado por aislar a los suyos. El peronismo tradicional está lentamente haciendo rancho aparte. El FpV se fracturó en febrero. Seis legisladores leales a la ex presidenta votaron el miércoles en Diputados a favor del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri propone con los fondos buitre.
Entre los halcones camporistas quedó incluso un regusto amargo. Todos fueron muy duros contra la iniciativa macrista. Axel Kiccillof, en ese sentido, portó la lanza. Hablaron de capitulación, de entrega de la soberanía y de una mala negociación con los holdouts. Escucharon con enardecimiento contenido una de las mejores piezas de la larga madrugada. Correspondió al jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri. El cordobés fue y vino con su oratoria hasta que fulminó al ultrakirchnerismo: “Ustedes hablan a veces como el Che Guevara pero viven como Isidoro Cañones”, ironizó. Los camporistas aguardaban el desquite con el cierre de Máximo. Pero nada ocurrió. A contramano de sus compañeros, el hijo de Cristina hizo críticas al acuerdo pero en un contexto de moderación. Con más soltura de la que era dable esperar.
Aquellos halcones quedaron desconcertados y conjeturaron sobre las razones del tono empleado por Máximo. Algunos macristas adelantaron su interpretación: al joven diputado le tocó exponer cuando ya había recrudecido el escándalo sobre Báez por las imágenes divulgadas. Esos dirigentes, de haber sido otro el sesgo del discurso del hijo de Cristina, estaban dispuestos a enrostrárselas en medio del recinto.
El aparente giro de Máximo pudo responder también a otras razones. Conocía a esa altura que el acuerdo con los fondos buitre sería aprobado en Diputados por una mayoría superior a la calculada. Así fue: 165 votos contra 87. Pudo haber pesado además una cuestión que desvelaría a él mismo y a su madre: el cariz que va tomando en Brasil el caso de corrupción –pago de coimas a través de la petrolera estatal, Petrobras– que conmueve a Dilma Roussef y a Lula.
Ese asunto empieza a salpicar fuera de las fronteras. Aquí sonó varias veces el nombre del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero cayó en las últimas horas la primera denuncia concreta. La hizo la legisladora porteña Graciela Ocaña ante el juez Marcelo Martínez en Giorgi. ¿En qué consiste? En un anticipo de fondos que en el 2009 la constructora Odebretch hizo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, para obras nunca hechas de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El dinero se habría girado a través de una sociedad (Prinbot Corporation) radicada en Uruguay, fundada en el 2007 y dada de baja el año pasado. Jaime la habría utilizado con frecuencia. El presidente de Odebretch está detenido en San Pablo y se le fijó una prisión de 19 años y medio.
La teoría golpista de Dilma y de Lula, acicateada por cierto desborde judicial, no alcanzaría para disimular la dimensión sistémica de los delitos cometidos. Algo parecido le sucede al kirchnerismo con el lavado de dinero y otras yerbas. Ambos casos derrumbarían un mito modelado por el relato de ellos: que la corrupción sería sólo inherente al neoliberalismo. Es, por lo visto, inherente a cualquiera.
La FinCen dejó de enviar información financiera por filtraciones del caso Nisman
marzo 6, 2016
EE.UU. interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman
La divulgación de detalles de la cuenta que tenía el ex fiscal fue considerado como «un incidente serio» por la unidad antilavado estadounidense, que sancionó a la UIF.
El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.
Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.
El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.
Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como «secreta» llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.
Abierta en Nueva York en 2002, Nisman acumuló en esa cuenta más de US$ 660.000 con aportes de varios depositantes; entre ellos, el financista Sebastián Stefanini, de-saparecido desde 2014, en tanto que el informático Diego Lagormarsino se sumó luego como cotitular.
La entrega de esos y otros datos al juez Canicoba Corral y su posterior filtración se produjo, además, pese a una orden explícita del Departamento de Justicia, que ante una consulta desde Buenos Aires había indicado que no autorizaba la judicialización del informe de FinCen, según confirmaría, varios meses después, en septiembre pasado, la Cancillería argentina.
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Departamento de Justicia «contestó por correo electrónico que no se brindaba la autorización para aportar la información de FinCen» en Tribunales. Mucho menos, a la prensa. Pero ya era tarde. Los datos se habían hecho públicos, al igual que múltiples datos sobre su vida privada.
Canicoba lo incorporó al expediente, por lo que Sara Garfunkel y Sandra Nisman plantearon su nulidad, que rechazaron tanto Canicoba Corral como la Cámara Federal porteña. Ahora, el abogado de los familiares de Nisman, Pablo Lanusse, apelará ante la Casación, el máximo tribunal penal del país.
Ya con Sbattella fuera de la UIF -e investigado por la Justicia por la presunta manipulación política del organismo-, su reemplazante al frente de la unidad antilavado, Mariano Federici, intenta ahora restablecer el intercambio de información. Para eso viajará este lunes a Washington.
Federici buscará así avanzar las conversaciones para, una vez más, reactivar el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). El primer contacto se produjo durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, si todo marcha bien, podría restablecerse en tres meses, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION. De ser así, la Argentina habrá pasado un año sin recibir datos de inteligencia financiera de Estados Unidos para sus investigaciones sobre lavado y crimen organizado.
En la capital estadounidense lo esperarán las autoridades de la FinCen, que encabeza Jennifer Shasky Calvery, quien dejó atrás 15 años en el Departamento de Justicia y pasó al del Tesoro en septiembre de 2012 para tomar las riendas del organismo.
Según el Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, por sus siglas en inglés) que el Departamento de Estado difundió este miércoles, FinCen evalúa ahora sus «próximos pasos» ante la «seria ofensa» cometida por el gobierno argentino.
Las nuevas autoridades de la UIF, por su parte, intentan ahora determinar cómo fue la filtración. Y al final del proceso no descartan radicar una denuncia contra Sbattella -u otros ex funcionarios- por la presunta violación del secreto que impone la legislación.
Cuando faltan días para el arribo a Buenos Aires del presidente Barack Obama, sin embargo, la desconfianza excede a la UIF. Según ese informe del Departamento de Estado, se centra en la capacidad real que muestra el Estado argentino para aplicar las leyes, combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Entre otras causas, por la «corrupción institucionalizada».
Información sensible
Alberto Nisman
Ex fiscal de la Causa AMIA
La FinCen hizo llegar a Buenos Aires información de una cuenta no declarada en el banco Merrill Lynch a nombre del ex fiscal; su madre, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra.
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Junto con Juan Martín Mena (ex número dos de la AFI) llevó los datos confidenciales de la FinCen al juez Rodolfo Canicoba Corral y, casi en simultáneo, los difundió la agencia Télam.
Fuente: La Nación, 06/03/16.
Cristina Kirchner será indagada por fraude
febrero 27, 2016
Cristina Kirchner será indagada como sospechosa de fraude
La citó Bonadio por la venta de dólar a futuro, que provocó un quebranto al BCRA de $ 7500 millones; será la primera vez que deberá presentarse en tribunales; también serán interrogados Kicillof y Vanoli
A sólo dos meses y medio de haber dejado el poder, la ex presidenta Cristina Kirchner fue citada por la Justicia a prestar declaración indagatoria como sospechosa de fraude por indicar al Banco Central la venta de dólares en el mercado de futuros a un precio que hizo perder dinero al Estado en su administración y en la de su sucesor, Mauricio Macri.
La citación a la ex presidenta fue dispuesta por el juez Claudio Bonadio, que entendió que, más allá de la autarquía que rige las decisiones del Banco Central, fue ella quien dispuso la operatoria. Bonadio es uno de los jueces federales más activos contra el kirchnerismo y responsable de haber allanado meses atrás las oficinas de Máximo Kirchner en un caso de lavado de dinero contra su madre.
Es la primera citación como imputada que recibe Cristina Kirchner desde que dejó el cargo, pero no es la única acusación que enfrenta, pues es investigada en el caso Hotesur por sus negocios hoteleros y sus vínculos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
La denuncia que motivó la citación fue presentada por los jefes legislativos de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, pero la inspiró Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda. La ex presidenta deberá responder por el delito de administración fraudulenta por abuso de confianza, pues hay un perjuicio para el Estado.
Además de Cristina Kirchner, citada para el 13 de abril, deberán declarar el ex ministro de Economía Axel Kicillof el 12 de abril, el ex secretario de Finanzas Pablo López el 8 de abril, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli el 7 de abril, el ex vicepresidente del Banco Miguel Ángel Pesce el 6 de abril, y los ex directores Alejandro Formento, Sebastián Aguilera, Pedro Biscay, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Barbara Domato Conti y Flavia Madorrán en días sucesivos desde el 28 de marzo.
La citación a indagatoria a Cristina Kirchner implica una aceleración de las causas contra el kirchnerismo en tribunales. Hasta ahora los jueces federales venían profundizando sus casos contra los ex funcionarios en problemas, como Amado Boudou y Ricardo Jaime, pero ir contra la ex presidenta de este modo encendió una luz de alarma. Es que -analizaron algunos funcionarios judiciales en Comodoro Py 2002- se trata de un caso difícil de entender para el común de la gente y una medida que tensa el clima político en momentos en que el Gobierno busca la gobernabilidad dialogando con el peronismo en el Congreso. Una citación a indagatoria, sumada a la inflación creciente y el malestar de organizaciones sociales kirchneristas, puede generar una situación de inestabilidad no deseada por el Gobierno, analizan. De hecho el kirchnerismo ayer denunció una persecución política y anunció que el día de la indagatoria marchará en defensa de su jefa política.
Lejos de ese análisis, Bonadio decidió la indagatoria de Cristina Kirchner, como lo hizo en otras causas contra el propio Vanoli, Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi (ambos condenados por la tragedia de Once).
El juez basó su citación en los testimonios de Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado, del ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, de Lucas Llach y Horacio Liendo, entre otros. Bonadio entendió que la decisión de vender dólar a futuro en condiciones desfavorables fue de la ex presidenta porque razonó que así como la salida de Redrado o Fábrega del Banco Central fueron una decisión presidencial, lo fueron estas operaciones. Entre 2005 y 2014 el Banco Central las realizó legalmente, a veces ganando y otras perdiendo, hasta las efectuadas entre septiembre y noviembre de 2015, donde hubo un quebranto.
Con los informes técnicos en la mano, Bonadio afirmó que las operaciones del dólar futuro provocaron un quebranto de 7575 millones de pesos para el Banco Central en diciembre de 2015 y enero de 2016. Y que el Banco Central tiene que pagar por las operaciones abiertas desde febrero a junio próximos 39.879 millones de pesos. Ya pagó 1552 millones de pesos por operaciones realizadas entre septiembre y diciembre de 2015, y por los contratos activos de enero a junio de este año tuvo un saldo negativo de 27.724 millones de pesos. Todas las operaciones abiertas por dólar futuro entre septiembre y noviembre del año pasado fueron por 17.000 millones de dólares.
Más claramente el juez dijo que toda la emisión monetaria del 31 de diciembre al 24 de febrero se destinó a pagar el quebranto de las operaciones de dólar futuro concretadas por el BCRA.
La denuncia cuestiona que Vanoli, y el directorio del Banco Central, vendió dólares a futuro a un precio menor del que podría haber obtenido en el mercado. La ley lo obliga a vender a un precio de mercado. Los futuros cambiarios son contratos en los que un vendedor -en este caso el BCRA- se compromete a desprenderse de una cantidad de dólares a un precio predeterminado en una fecha futura. El Banco Central vendió moneda a futuro a 10,65 pesos cuando en el mercado de Nueva York el valor era de 14 o 15 pesos. En consecuencia, un inversionista podría haber comprado a 10 pesos y vendido a 14 pesos, con lo que habría obtenido una ganancia especulativa instantánea a costa del patrimonio del Banco Central. Estas operaciones se realizan sin la entrega física de los dólares: se liquida en pesos la diferencia entre el precio de cotización y el del contrato.
Prat-Gay, cuando declaró como testigo, dijo que todo el directorio del Banco Central tomó la decisión de aplicar esta política, lo que le dio base a Bonadio a citarlos a todos como sospechosos.
Kirchneristas en apuros
Seis ex funcionarios procesados por presuntas irregularidades
Daniel Gollán
Ex Ministro de Salud
Procesado por irregularidades en el plan Qunita
Aníbal Fernández
Ex Jefe de Gabinete
Procesado por las licitaciones del plan Qunita
Guillermo Moreno
Ex Secretario de Comercio
Procesado por el cotillón anti-Clarín
Juan Manzur
Ex Ministro de Salud
Procesado por el manejo del plan Qunita
Amado Boudou
Ex vicepresidente
Procesado por la apropiación de Ciccone
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Procesado por revelar datos secretos
Fuente: La Nación, 27/02/16.
CFK: 8 años como Presidenta y al menos 50 causas abiertas
Así figura en un registro de la Justicia. En siete de ellas se la investiga específicamente.
Por María Eugenia Duffard.
Fue la Presidenta de la Nación durante ocho años, tiempo suficiente, en Argentina, para acumular denuncias. En el caso de Cristina Kirchner y según el sistema electrónico de registro de la Justicia Federal, son al menos 50 las denuncias que se convirtieron en causas penales que aún están en trámite. A la ex mandataria la investigan, en la mayoría de los casos, por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y también enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este sistema de registro online es al que se refirió hace pocos días el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando advirtió que están trabajando para que sea más específico y abierto a toda la sociedad. Es que el registro electrónico, advierten en los tribunales de Comodoro Py, es solo indicativo y no exhaustivo. Así, por ejemplo, hay causas que aún figuran como abiertas pero que ya fueron desestimadas o archivadas y otras que no aparecen y están en trámite. Según pudo averiguar Clarín de la consulta a fuentes judiciales y el análisis del listado, la ex presidente está implicada en al menos 50 causas, pero son al menos siete en las que se la investiga específicamente y no como responsable última, por la investidura del cargo que ocupó entre 2007 y 2015.
Así, además de la investigación a cargo del juez federal Claudio Bonadio en la que ayer la llamó a indagatoria por la venta de dólar futuro, Cristina figura implicada en otras cuatro causas en ese juzgado. Pero la del dólar futuro no es la más famosa de las investigaciones que involucran a la ex mandataria en los tribunales federales. Quienes tienen los expedientes más complicados para Cristina son los jueces Julián Ercolini y Daniel Rafecas, del Criminal y Correccional Federal 10 y 3 respectivamente. Son ellos quienes la investigan por asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros cargos. Todo por la intrincada causa Hotesur. También Sergio Torres, del Federal 12, tiene dos causas sensibles para Cristina que apuntan a su patrimonio. En una se investiga si la Presidenta omitió declarar parte de lo que heredó tras la muerte de su esposo como denunció Margarita Stolbizer y otra en la que se averigua sobre el valor de sus joyas por denuncia de Graciela Ocaña. Cuando esta semana Rafecas se declaró incompetente en parte de esa investigación en la que había avanzado Bonadio hasta que fue recusado, aludió a otra causa a cargo de Ercolini desde 2008. Se trata de aquella originada por una denuncia de Elisa Carrió en la que se acusó a Néstor y Cristina Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats de asociación ilícita y lavado de dinero. Según Rafecas, es Ercolini quien debe incorporar como nuevos hechos en esa investigación, las presuntas maniobras de lavado con los hoteles de los Kirchner que figuraban en la causa Hotesur. Pero Rafecas se quedó con una parte de ese expediente e investiga a Cristina por irregularidades en el legajo de su empresa ante la Inspección General de Justicia y por inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2011 y 2012.
Fuente: Clarín, 27/02/16.