Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate.

Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.

El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.

Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos.

Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.

Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó «que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA», según consta en el acta del operativo cuya copia obtuvo LA NACION.

Los policías llevaban en sus manos la orden de Bonadio de llevarse todos los libros contables y societarios de Hotesur. Entre otros, los libros «diario», «inventario y balances» y «de registro de accionistas». Pero ante esa negativa, los oficiales nunca lograron acceder a esos libros.

Consultada ayer la titular del estudio jurídico, María Cruz Ceballos, reafirmó, sin embargo, que la firma Hotesur sí radicó su «sede legal» en su estudio jurídico «el 13 de diciembre de 2014», lo que afirmó que comunicaría hoy a la Justicia mediante un escrito.

«Hotesur no «funciona» en nuestro estudio, pero sí actuamos como su corresponsalía. Es decir, que a pedido de Romina [Mercado] recibimos las notificaciones que envía la IGJ para esa sociedad y las remitimos a Santa Cruz», precisó Ceballos a LA NACION.

En su estudio, sin embargo, tampoco se encuentran los libros societarios y contables de Hotesur, los que según la magistrada se encuentran en la «sede fiscal» de la sociedad. «Acá no «funciona» nada de Hotesur, sólo recibimos unas notificaciones, por una tasa y un cambio de domicilio, nada más», insistió.

N del E: Una característica típica de los Estafadores es ocultar mediante engaños su domicilio para evitar ser notificados o encontrados por la Justicia.

Para la Justicia, en tanto, el operativo fallido resultó un nuevo escollo para acceder a la documentación societaria de la empresa que pertenece a la familia de la Presidenta. Éste no es el único caso, pues hubo otros intentos previos que durante los últimos dos años tampoco arrojaron resultados.

¿Por qué? Porque Hotesur acumula varios domicilios, ya sean informados de manera formal a la IGJ o de manera pública mediante comunicados de prensa o en sus publicidades.

De esta manera, Hotesur primero operó en la ciudad de Buenos Aires, en el piso 3 del edificio de la avenida Belgrano 265. Pero en 2013 consignó mediante un comunicado que desde 2010 había trasladado su «domicilio legal» a la provincia de Santa Cruz.

Esa afirmación pública contradecía, a su vez, lo que en 2012 reportó a la IGJ, donde detalló que su sede continuaba en Buenos Aires, pero en el piso 4 de la calle Lavalle 975.

Sin embargo, cuando el juez Bonadio ordenó un operativo para obtener toda la documentación que había en ese piso del microcentro porteño, verificó que allí no había rastros de la sociedad de la familia presidencial. Al mismo tiempo, ordenó un allanamiento en la IGJ.

Por canales oficiales

Ante el revuelo público que provocaron esos operativos, Hotesur difundió otro comunicado, pero esta vez fue a través de la agencia estatal de noticias Télam y la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social Twitter, en la que sostuvo que desde noviembre su domicilio porteño se encontraba «en trámite de cancelación», con el fin de concretar su traslado, ahora sí, a Santa Cruz.

Eso, sin embargo, no ocurrió. Días antes del feriado de Navidad, se publicó en el Boletín Oficial un cambio de directorio de esa sociedad, así como se fijó otro domicilio, pero no en Santa Cruz, sino en Alem 530.

Las dudas alrededor de dónde se encuentra la verdadera sede social de Hotesur no es menor. ¿Por qué? Porque es allí donde funciona su administración y dirección de sus negocios, según surge de más de una docena de artículos de la ley 19.550 de sociedades comerciales, así como de una larga lista de resoluciones de la propia IGJ como, entre otras, la 7/2015.

A diferencia de la «sede fiscal», que rige para sus obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos tributarios, la sede social es el domicilio englobador de la sociedad.

Allí deben guardarse sus actas y celebrarse sus reuniones y asambleas. Y es allí, en suma, donde deben guardarse los secretos societarios.

La oficina allanada

Hotesur en la Capital

 

La dirección declarada por la empresa Hotesur ante la IGJ (Av. Leandro N. Alem 530, piso 3) no funciona como sede de la empresa. Así salió a la luz en un operativo ordenado por el juez Claudio Bonadio cuando tenía a su cargo la causa. Se indicó que la oficina recibe correspondencia, pero no funciona como sede de la empresa..

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadio hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

En ese expediente, que se inició un año antes que la causa de Bonadio, los expertos de la AFIP presentaron tres informes -uno de avance, otro complementario y el final-, basados en la contabilidad de las empresas de Báez. Es decir, analizaron la verdad «formal» -si lo declarado estaba en regla con los tributos-, pero no «material» de la operatoria.

Pese a eso, desde la AFIP confirmaron varios puntos. El primero, que entre los Kirchner y Báez intermedió la firma gerenciadora Valle Mitre, que en los papeles se vincula al empresario. El segundo, que siete de sus empresas firmaron convenios: La Estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto Construcciones, Alucom Austral, Badial y Austral Construcciones.

Sin embargo, algunas de esas empresas, según la AFIP, no alquilaron habitaciones de hotel, sino que sellaron otro tipo de acuerdos, como Alucom, para la prestación de supuestos «servicios de asesoramiento» para «promoción y marketing» o la constructora Badial, para desarrollar un presunto «emprendimiento hotelero», que no especificó. O Austral Construcciones, que firmó un contrato para «el desarrollo de un complejo turístico» sin precisar cuál.

Otros convenios sí dijo que se ciñeron a las habitaciones del hotel. Como los firmados por las constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, con 16 y 20 habitaciones por mes. O las estaciones de servicio La Estación y Don Francisco, ambas de Río Gallegos -a 300 kilómetros de El Calafate-, para usar un salón del hotel durante seis días al mes durante un período de cinco meses, «espacios comunes» y cuatro habitaciones por mes.

Por último, destacó López Biscayart al derivar copias de su expediente al fuero federal, «hay un contrato suscripto con Austral Construcciones el 27 de agosto de 2009 que se relaciona con la prestación de servicios de consultoría integral en materia hotelera y gastronómica, pero que, además, prevé la posibilidad de que se solicite al consultor -Valle Mitre SA- «la utilización de un máximo de 500 noches de hotel por parte de los empleados y/o sujetos designados por el cliente, en los establecimientos hoteleros gerenciados y/o de propiedad de la consultora»».

El propio López Biscayart aclaró, no obstante, que «en ese convenio no se deja constancia de que Valle Mitre SA detenta la titularidad de la explotación del hotel Alto Calafate y si bien incluye la provisión de habitaciones en hoteles gerenciados por la firma, no se menciona expresamente la utilización del hotel Alto Calafate». Es decir, que esas reservas podrían darse en los otros establecimientos de los Kirchner que operaba la gerenciadora, ya fuera Las Dunas o Los Sauces.

Según los técnicos de la AFIP, las siete empresas de Báez «que contrataron los servicios de Valle Mitre SA estarían adeudando intereses resarcitorios y además deberán aplicarse las multas correspondientes por no practicar las retenciones» por los impuestos.

Desde la AFIP determinaron entonces ajustes en el impuesto a las ganancias por más de $ 190.000 entre 2010 y 2011, y le impugnaron créditos fiscales por $ 570.000 durante ese mismo período, que el grupo Báez protestó, pero al final optó por pagar.

Sin embargo, sin opción de avanzar por la vía tributaria porque ninguna empresa superaba el umbral legal de los $ 400.000, López Biscayart cerró ese expediente. Pero el 27 de mayo pasado derivó las copias al fuero federal, donde por sorteo se giró al juez Sergio Torres y al fiscal Carlos Rívolo, que ahora evalúan los pasos por seguir. Por ejemplo, sobre otra operatoria cuestionada: el ingreso de $ 254 millones en las cuentas de Austral Construcciones provenientes de dos sociedades que en Curazao figuran como disueltas.

Tanto en esta tercera e incipiente pesquisa como en la que instruyó Bonadio y ahora quedó en las manos de su colega Daniel Rafecas el desafío es cruzar el análisis técnico formal con lo que pasó en realidad, según indicó a LA NACION un experto con décadas de investigaciones judiciales sobre sus espaldas.

«En definitiva, si no se investiga más allá de la formalidad de los papeles es como que [desde la AFIP] sólo vieron desde que estaba facturado y declarado. De ese modo, podría avalarse una factura que diga que se vendió el Obelisco: la factura está bien [cumple con los requisitos formales, se hicieron las retenciones, etcétera] y se constata que se pagó… pero es una estupidez lo que dice [que se vendió el Obelisco]. Ahí está el tema.»

La causa Hotesur se encuentra hoy, más que nunca, en el centro de las miradas. El juez federal que estaba a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, fue apartado por decisión de la Cámara Federal, a raíz del pedido de la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, actual presidenta y directora titular del directorio de Hotesur. Junto a la Presidenta, la mujer se encuentra investigada en la Justicia por supuesto lavado de dinero.

El llamado «caso Hotesur» empezó a ser investigado judicialmente el año pasado a raíz de una denuncia penal que radicó en noviembre la diputada Margarita Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur S.A., que maneja el Hotel Alto Calafate. El caso recayó en el juzgado de Bonadio que empezó a investigar las supuestas anomalías registrales.

La Presidenta es accionista de Hotesur. En diciembre, desplazó a tres figuras que la vinculaban con el polémico empresario Lázaro Báez y al consejero inmobiliario de su marido, al tiempo que sumó a toda su familia al negocio hotelero en El Calafate. Además, la sociedad, eje de una investigación judicial, empezó a brindar un nuevo domicilio.

En los registros internos de la Inspección General de Justicio figuraba que Hotesur adeudaba sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio correspondía a una asamblea celebrada en noviembre de 2008.

El hotel de lujo Alto Calafate es el que utilizó el empresario allegado a los Kirchner, Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico firmó acuerdos confidenciales y retroactivos con los que garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.

Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por una sobrina -la fiscal Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner- y un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos.

Después de la muerte de Kirchner, Hotesur quedó bajo el control de Cristina y sus dos hijos, Máximo y Florencia. Cuando terminaba 2014, las oficinas de Hotesur fueron allanadas por orden de Bonadio.

En junio de este año, Stolbizer se presentó como querellante ante Bonadio y amplió ante el juez el pedido de investigación sobre el patrimonio de la Presidenta. En el escrito presentado hizo referencia a las declaraciones juradas de Cristina Kirchner en las que supuestamente se registraba una serie de irregularidades que fueron enumeradas por la diputada, mediante el cotejo de las diversas presentaciones efectuadas en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP desde el año 2010.

Días atrás, un grupo de funcionarios judiciales, enviados desde Buenos Aires por el juez Bonadio, allanó el juzgado federal de Río Gallegos para buscar documentos sensibles vinculados con los negocios familiares de los Kirchner. La jueza local, que no tenía muchas alternativas, cumplió con el encargo. Fue así como los policías se presentaron en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, a reclamar la documentación. El hijo de la Presidenta no estaba, pero los empleados cumplieron con los pedidos. Ellos tampoco tenían chances de negarse: si no entregaban los papeles, las autoridades estaban habilitadas para allanar y llevárselos por la fuerza.

LA CAUSA QUE MÁS INQUIETA AL PODER

El caso

Bonadio investiga supuestas irregularidades societarias y un presunto lavado de dinero entre los hoteles de los Kirchner y empresas de Lázaro Báez, que les pagó por habitaciones que no usó

Los investigados

El caso apunta contra la Presidenta, Máximo Kirchner y otros miembros de su entorno más cercano. También contra Báez.