Fue el debut de la abogada exitosa. Y el sueño de Claudio Bonadio: logró ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner. Mejor dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su pronunciamiento.
Bonadio dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación, mediante generosísimos contratos de futuros. Es el más técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta. Y el de mayor significación política. Por su contenido y por sus consecuencias.
Bonadio calculó que el kirchnerismo dilapidó $ 77.325.739.330 para mantener barato el dólar. O, dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor. El juez interpretó que el titular del Central Alejandro Vanoli y el resto del directorio defraudaron al Estado. Si bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar los recursos que se les habían confiado. Y explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.
Bonadio procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron. Pero también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof. No es un detalle. El cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones. Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad monetaria y cambiaria. Desde la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.
El fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso: cualquier líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.
Los voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el impeachment contra Dilma Rousseff. Les parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama. El desasosiego nubla la inteligencia. Porque lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que ocurrió en Brasilia. Rousseff fue removida por un juicio político. No penal.
Quienes votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares. En concreto: haber usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado. Los defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados, como en Brasil, por el Congreso. No por un juez penal. No se les ocurrió.
Más allá de su consistencia jurídica, el fallo del viernes es relevante para el juego del poder. Hay una curiosa simetría: el principal promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a Kicillof. Se abre también una incógnita. ¿Qué efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central? Entre los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner: Pedro Biscay, Germán Feldman y Juan Cuattromo. ¿Pedirá el kirchnerismo su remoción? Fue lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que, al final, salió absuelto. Hay una diferencia: a los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como directores. Nadie querrá abrir este debate. Podría arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el «megacanje».
Aunque siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su propia base electoral. La consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a Macri. En enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del 68%. Al mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa. ¿Adónde van los desencantados? Misterio.
El procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad. La señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales, como Lázaro Báez o Cristóbal López. La escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central. La juventud maravillosa del siglo XXI.
Varios directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a Bonadio. Para el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py. Es una percepción comprensible en gente mal acostumbrada: en octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral. El fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado. Pero que aquella vez no apeló. Dos días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.
Bonadio espera a la señora de Kirchner en otro expediente: el de la sociedad Los Sauces. Ella también prefiere otro juez. Hernán Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur, de la que había sido desplazado Bonadio. Rafecas tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la insistencia del fiscal Carlos Stornelli. En ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres correspondió al pago de sobornos.
Para aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con los sobreprecios de licitaciones amañadas. Pero Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño: el dinero sería blanco.
En tribunales adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo. Esa interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante. Dos personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron él, Cristina Kirchner, «Wado» de Pedro, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y Casanello. En una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín. Habrían sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015. Uno de los visitantes de Báez comentó: «Lázaro dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez, el juez pidió un cortado en jarrito». Quizá Macri averigüe entre sus mozos. Casanello lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp. LA NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión. Pero no obtuvo respuesta.
Según las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el sobreseimiento de Báez. Pero la difusión de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría impedido.La aparición de esas imágenes desata controversias. ¿Las lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso? ¿Negoció Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side? Elaskar y Stiuso tienen un amigo en común: Carlos Molinari, el ex candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la gestión de Eduardo Duhalde.
No son los únicos enigmas que administra Casanello. El abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde fue capturado una carta dirigida a una tal «Querida», en la que, insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena. El texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría. Chueco negó lo que había escrito. Y se quejó de que le revisaran la correspondencia.
Ironías de la historia: tal vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini. Cinosi es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez Ariel Lijo. Cinosi llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de dinero para jueces federales. Cuánto que aprender…
Algunos funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto, hace diez días. El juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de indicios contra Cristina Kirchner. Los diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez. Curioso suicidio el de Héctor Recalde y sus compañeros: admiten que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.
Esa falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a Calcaterra es Julio De Vido, que repartía los negocios. Como Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner. Bonadio lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once. En un primer momento, después de una gestión de Alfredo «Freddy» Lijo, lo había protegido. «Freddy» es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos. «Freddy», su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del procesamiento prefirió estar en Miami.
Este Lijo es el esposo de María Carla Lago, la socia de Freiler en una financiera. Freiler fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento. El denunciante, Ricardo Monner Sans, pidió que se anule la absolución. Alegó que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler. Y que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es profesor en la cátedra del acusado. El reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara Federal para sorteo. El de Freiler es un caso incómodo. Ningún juez quiere condenar a un superior.
gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.
Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.
Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.
La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.
Francisco Jueguen
Periodista de la sección Economía & Negocios de La Nación
Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.
Capítulo1
Historia del desembarco
La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
2007 es el año en el que nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.
Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.
Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.
Capítulo2
La metodología de la intervención oficial
Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.
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Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.
El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.
Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas
El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.
A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.
Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.
Acceso al dictamen de Stornelli
Manuel Garrido
Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional
Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.
La intervención del Indec, camino a la elección de CFK
A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
Capítulo3
La lucha de los trabajadores contra la mentira
La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.
Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
Alejandro Baranek
Desplazado del Indec
Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.
Las protestas por la intervención del Indec se multiplicaron durante el kirchnerismo
La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.
La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”
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La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.
Capítulo4
La Argentina sin radar
La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.
Los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras
Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.
Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos
La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.
La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.
Patricia Bullrich
Diputada nacional
Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina
La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.
Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Capítulo5
Las consecuencias de la intervención
Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.
La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.
Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
2013El Fondo sancionó al país con una moción de censura
También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.
En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.
El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.
La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.
Capítulo6
El Indec, en la actualidad
En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.
2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas
Víctor Becker
Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec
Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).
Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.
Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención
Créditos:
Producción general: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Producción periodistica: Francisco Jueguen Programación interactiva: Cristian Bertelegni, Juan Elosua (becario del programa Knight-Mozilla Opennews), Gastón de la Llana Producción de datos: Marthe Rubio, Gabriela Bouret, Romina Colman Desarrollo Multimedia: Florencia Coelho Cámara y edición de video: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Asistente de cámara: Matias Aimar y Sebastián Rodeiro Gráficos interactivos y animaciones: Gastón de la Llana Locución: Tomás Rivas Jefe de realización: Juan López Subjefa de diseño interactivo: Mariana Trigo Viera Editora a cargo: Florencia Fernández Blanco Editor responsable: Gastón Roitberg
Muy pocos dudan de que la venta de dólares a futuro con que se despidió el kirchnerismo fue ruinosa. Están hechas las cuentas, que son escalofriantes.
Mientras tanto: ¿cuánto ha costado en esfuerzos inútiles, pago de honorarios, actualizaciones e intereses la prolongada pelea con los holdouts o fondos buitre?
Lo primero que ha estado perdiendo la Argentina es la posibilidad de desendeudarse gratis. Como lo ha estado haciendo España, que estuvo en los últimos meses pagando tasas negativas a quienes querían confiarle sus ahorros.
Parece increíble, pero es así. Como Alemania ha estado cobrándoles a quienes le prestan y pagándoles así con menor gasto público a quienes le habían prestado en el pasado. Una reestructuración de la deuda con quita hecha en el mercado y con nuevos inversores ingresando y dejando sus ahorros al Estado y pagando una comisión por ello.
The Economist calculó en su última edición que el Central del Reino Unido podría seguir pagando tasas negativas hasta 2020. El FMI acaba de pedir a las más grandes economía del planeta que inviertan sobre todo en los emergentes para evitar una nueva gran recesión como la que comenzó en 2007. Fue en el documento especialmente preparado para la reunión del G-20 en China. En cambio, que Cristina Kirchner y los suyos pudieran ir a foros diciendo que habían encontrado la fórmula para no pagar las deudas ha tenido un costo monstruoso. Los repudios de las deudas terminan costando más caros que las deudas mismas.
No era una salida el cese del pago. Como no lo era tampoco entrar en un proceso de endeudamiento irresponsable al cabo del cual fuera imprescindible una reestructuración. Vale la pena recordarlo ahora que los préstamos parece que volverán azuzados por el increíblemente bajo valor de las tasas internacionales.
Las multinacionales que operan en el país primero comenzaron a hacerlo en menor cuantía, pero dejaron de hacerlo. Radicadas en muchos países, dejaron de poner dinero allí donde no pagaban las deudas y donde pronto no les permitieron llevarse las ganancias.
El conflicto con los holdouts hizo perder a la Argentina la ola de inversiones que inundó a los emergentes en los tiempos de gloria de las materias primas. Un esquema más razonable, con acceso al mercado de capitales, facilitaría inversiones en el área energética en una medida que podría hacer hasta que los ajustes tarifarios no fueran tan altos. Y vale recordar que no estar en default es imprescindible no sólo para tratar con Occidente y sus tentadores fondos de pensión. Los acuerdos con los chinos exigen lo mismo. Y estar en buenos términos con el FMI, justamente para evitar un default ante un período desfavorable. Lo dicen los acuerdos firmados por el kirchnerismo.
Pareciera que ahora algunos negocios serán más baratos hasta con los chinos. Eso puede bajar el gasto en servicios de la deuda, abaratar el costo de aumentar el capital productivo. También es mucho más probable que las filiales locales de multinacionales participen menos en la interna entre filiales para quedarse con los nuevos desarrollos.
La aprovecharon otros. Chile mejoró increíblemente su condición de exportador de carne bovina. Al igual que Brasil y Paraguay, por no mencionar los progresos de Uruguay. Ocuparon en parte los lugares que la Argentina dejó libres porque el kirchnerismo prefirió aislarse.
Pocas cosas han sido tan ridículamente costosas aquí. Sus responsables se inflamarán ahora contra la actual gestión acusándolos de la única solución posible en un juicio comercial: el que pierde, paga. El escritor mendocino Jorge Sosa, famoso por la bellísima Otoño en Mendoza, bromeaba sobre que un choque de autos es un intento de demostrar por el absurdo el principio de impenetrabilidad de la materia.
Es lo que ocurrió con el default, al que no había que llegar por el camino de no tener déficit fiscal.
Kicillof tuvo en sus manos una salida, cuando había logrado que Fábrega le girara reservas, y saludó tras una charla con los holdouts con los pulgares arriba. Cristina Kirchner prefirió seguir la batalla y le prohibió salir del conflicto. Más propaganda para soñarse eterna, que al final no funcionó. Ni para ella ni para sus imaginarios delfines.
Charlton Heston protagonizó en 1973 la fantástica película Soylent Green, aquí titulada Cuando el destino nos alcance, un policial duro, futurista y oscuro, que algunos citan como antecedente de la extraordinaria Blade Runner, del director Ridley Scott.
El personaje de Heston anda investigando otras cosas en un planeta oscurecido por la contaminación, mientras el discurso oficial dice que todo pasará, que la Tierra volverá a ser sustentable. Finalmente el investigador termina descubriendo que no es así, que hay un «relato» que miente y que esconde un futuro mucho peor.
¿Una metáfora del final del kirchnerismo? ¿Por qué no? Los dólares vendidos a futuro y a muy corto plazo crearon la ilusión de que Cristina Krichner no había devaluado, lo que terminó sucediendo durante la gestión de Mauricio Macri.
La ex presidenta y los suyos se las arreglaron vendiendo «soñar futuro» de un modo claramente dañino para los activos del Banco Central (BCRA).
Sólo en los últimos días parece que Cristina Kirchner y los funcionarios que participaron de la maniobra pueden terminar condenados por el uso de un ruinoso esquema que consistió en comprometer la venta de dólares a un tipo de cambio mucho más bajo que el del mercado.
El mecanismo incluía que el pago debía ser afrontado cuando ya estuviera el nuevo gobierno en el poder. Las autoridades que asumieran en diciembre deberían hacerse cargo de afrontar la operación de encubrimiento, emitiendo pesos a raudales, ya que esa clase de contratos se hacen y pagan en moneda local al tipo de cambio vigente, en un cóctel explosivo de emisión, inflación y caída del salario real.
Pero el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, tomó precauciones y previó el dislate, lo que ahora pone a la ex presidenta y a su equipo económico por primera vez muy cerca de una condena, a pesar de las múltiples causas que la persiguen.
No deja de ser curioso que se trate de una causa provocada por el descubrimiento de los tan visibles «futuros» o «derivados» (también conocidos como «derivativos», para los que traducen mal el inglés financiero). Se trata de sistemas complejos y muy riesgosos, desaconsejados para los que no son expertos y que se hicieron muy conocidos en los últimos años.
El caso más emblemático fue el de la crisis del sudeste asiático en la década del 90, que se desató cuando Tailandia dejó de vender reservas, lo que desató una corrida que contagió a otras economías de la región, como Corea del Sur y Hong Kong. El entonces presidente del Banco Central tailandés, al que algunos llegaron a acusar de alcohólico, confesó que lo que contaba como reservas estaba vendido a futuro y por lo tanto no podía ser usado. A partir de ese caso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron un extenso trabajo internacional que la Argentina también aplicó, diciendo qué podía llamarse reserva y qué no. Lo que estaba vendido a futuro, claramente, no debía contabilizarse.
¿Por qué Cristina Kirchner y su equipo en el Banco Central, incluido Kicillof, a quien ella consideraba un genio, se escondieron tras esa endeble cobertura? La respuesta parece ser que por un tiempo funcionó, aunque lo hizo sumando daños a la economía y manteniendo los ilusorios resultados de consumo general.
Claro que se requería también mantener en niveles altos la inflación y la emisión, un déficit fiscal en crecimiento, una industria planchada y el empleo en peligro. Nada apto para una nueva gestión, que parece no haber tenido más remedio que cortar con el artificio y poner a sus mayores responsables en el duro camino en que parece haberlos alcanzado el destino, como mencionaba la película de Heston.
Es cierto que nunca pareció estar tan cerca un final trágico para quienes no hace mucho se sentían eternos e invencibles.
No parece el final optimista de la versión más conocida de Blade Runner, que por cierto a Scott no le gustó y por esto editó una propia, más oscura y realista.
Mucho más dramática y cercana al final de Soylent Green, en la que Heston demuestra ser algo más que un galán recio y un gran actor anticipando que el destino fatalmente matará al relato, como está ocurriendo ahora.
El 7% que no aceptó los canjes de 2005 y 2010 (93.000 millones de dólares nominales) fueron u$s 6.500 millones nominales. De esos u$s 6.500 millones nominales, u$s 2.000 millones no litigaron. Quedan entonces u$s 4.500 millones nominales que cobrarán, por el acuerdo al cual estaría llegando el gobierno con los holdouts, u$s 10.000 millones cash.
Tratemos ahora de hace un cálculo aproximado a mano alzada de las ganancias que los litigantes contra Argentina podrían haber hecho luego de más de una década de litigio.
El juicio más grande es el de Paul Singer (NML) y otros -entre los cuales está Marc Brodsky de Aurelius- por un total de u$s 428 millones nominales. Estos u$s 428 millones nominales, luego del fallo de Griesa y la Cámara de Apelaciones de New York de octubre de 2012, eran u$s 1.300 millones cash. Esos u$s 1.300 millones cash pasaron a ser u$s 1.500 millones cash en julio de 2014 y hoy son aproximadamente u$s 1.800 millones cash.
De los u$s 428 millones nominales, Singer tiene el 52% = u$s 223 millones y, según Axel Kicillof, Singer pagó por ellos u$s 48,7 millones -cash- (48.7/223=22%). El fallo de Griesa a julio de 2014 eran, según Kicillof, u$s 832 millones cash que hoy son mínimo u$s 900 millones cash, o sea, 900/48.7=ganancia de 1.748% en dólares en 13 años, que es igual a una ganancia de 25% anual promedio en dólares durante 13 años.
Sí, el kirchnerismo les hizo ganar a los Buitres más de 1.700%… en dólares.
Este cálculo es bajo el supuesto de que Singer compró los bonos aproximadamente en 2002, que es lo que decía el gobierno kirchnerista (que los había comprado en default y para litigar). Si no fuera así y los compró antes, las ganancias serian inferiores, pero no mucho. Seguiría siendo cierto que son extraordinarias. Tanto que al kirchnerismo le preocupaba las ganancias extraordinarias del agro.
La tirria K con los Buitres parece más un fenómeno de proyección. Los kirchneristas no toleraban las ganancias de los buitres porque no “toleraban” cómo ellos mismo se enriquecían robando a mano alzada.
Las aseguradoras, en rebeldía, no venderán sus bonos en dólares
Hoy debían deshacerse del 25% de esos títulos, por decisión del Gobierno; recurrirán a la Justicia.
Por Martín Kanenguiser.
Las aseguradoras privadas y cooperativas decidieron resistir en bloque y no se desprenderán del 25% de los títulos en dólares que debían vender hasta hoy por disposición del Gobierno, al considerar que, de hacerlo, sufrirían un fuerte perjuicio patrimonial y que es una norma ilegal.
Así lo expresaron a LA NACION tres calificadas fuentes del sector asegurador, que indicaron que, pese a las fuertes presiones oficiales, las compañías «no venderán» la mitad de la cartera y, tras haber recurrido por la vía administrativa a la Superintendencia de Seguros, irán a la justicia en lo contencioso administrativo para pedir amparos.
Las asociaciones que analizaron la cuestión son la Asociación Argentina de Seguros, Aseguradores Argentinos, Avira, UART, Adira (que agrupa a las firmas de las provincias) y la de mutuales y cooperativas. Todas ya optaron por presentar recursos administrativos ante el organismo que maneja Juan Bontempo por la Resolución 39.517, que las obliga a deshacerse antes de fin de año de todos los títulos en dólares, con el objeto de bajar la cotización del dólar paralelo y el «contado con liqui». Hasta tal punto llegó el fanatismo del Gobierno que les exigió a las empresas que vendan los bonos en pesos atados a la cotización del dólar que les había pedido que suscribieran hace sólo dos semanas, como a otras empresas del sector privado.
La decisión adoptada en los últimos días fue unánime, según las fuentes. «No se venderán los títulos porque nadie puede obligar a las empresas a asumir pérdidas que pongan en riesgo a los asegurados», indicó uno de los ejecutivos. Incluso la empresa Provincia Seguros, del oficialista Grupo Bapro, se sumó al reclamo.
Es que si se produjera un quebranto, cualquier persona podría ir contra la compañía que decidió aceptar esta decisión administrativa de un gobierno que en un mes dejará el poder. «Ningún directivo de una aseguradora se va a jugar a firmar algo que después pueda generar un juicio por parte de un asegurado», confió otra de las fuentes.
Desde la Superintendencia les aseguran a las empresas que están «atados de pies y manos» por la orden del Ministerio de Economía, que maneja Axel Kicillof, en esta batalla contra el dólar -que en realidad tiene sus raíces en otro lado- y por lo tanto ya les anticiparon que rechazarán todos los recursos administrativos presentados. Además, la Superintendencia comenzó a «enviar inspectores para revisar cualquier cosa, a modo de presión», explicó la fuente.
Ante este panorama, las empresas en forma individual -ya no las cámaras- se presentarán en el fuero en lo contencioso administrativo para pedir medidas cautelares, al considerar que la mencionada resolución es ilegal porque violaría el artículo 35° de la ley de seguros, que les otorga libertad para invertir en cualquier activo. Además, también se contradice con el inciso K instaurado por el propio Gobierno, que las obliga a colocar parte de su dinero en bonos públicos en dólares.
De hecho, en agosto pasado, Bontempo defendió esta estrategia: «No se puede hablar de que el organismo regulador afecta la solvencia por el inciso K», aseguró.
Aunque no prosperen estos recursos judiciales, las empresas creen que pueden ganar tiempo suficiente hasta el cambio de gobierno. A fin de noviembre las firmas deberían vender el 50% de los bonos, y al 31 de diciembre, el total de su cartera en moneda extranjera, salvo una porción destinada a atender pasivos previos, según la medida conocida la semana pasada por el Boletín Oficial.
«Hay compañías que tienen hasta US$ 700 millones en bonos, es un disparate que nos obliguen a vender los títulos porque además no hay activos alternativos en pesos que puedan amortizar semejante pérdida patrimonial, por más que la Superintendencia asegure lo contrario», explicó una de las fuentes.
LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Bontempo, santacruceño casado con la diputada Juliana Di Tullio. Fue ministro de Economía de esa provincia y vicesuperintendente en la gestión de Francisco de Vedia, hasta asumir su cargo hace cuatro años.
Se trata de un «pingüino de pura cepa», que logró reinventarse tras mantener duros cruces con los ruralistas en el paro de 2008 y con los maestros de su provincia. Ahora, le toca una nueva batalla.
Es un comentario muy extendido en el mercado que Cristina Kirchner intervino directamente para que el Banco Central autorice la inusual y polémica compra del Banco Finansur por parte del empresario del juego Cristóbal López. Así se consolida el poder económico del empresario kirchnerista.
Según el trascendido, la Presidenta dio instrucciones a cuatro funcionarios para llevar adelante la transacción: Axel Kicillof, Enrique Vanoli, José Sbatella y Carlos Zannini. Ninguno de los cuatro podría haber destrabado por decisión propia una operación que favorece a López, frenada, encima, durante tres años en el Central.
Durante ese período los funcionarios del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras se opusieron en forma sistemática porque –decían– existe una evidente incompatibilidad entre ser banquero y a la vez empresario del juego.
El operativo avanzó para que las actuales autoridades de Superintendencia omitieran los informes y documentos que desaconsejaban la transacción.
Los últimos cambios en el directorio del Central –por decreto de la Presidenta– contribuyeron a aceitar la movida. Hubo, también, una orden para que la Unidad de Información Financiera emitiera un dictamen que ablandara la intransigencia de los funcionarios de línea de la entidad.
El informe de José Sbatella fue forzado con el objetivo de vencer las últimas resistencias que existían en el área de Legales del BCRA. Varios funcionarios exigieron ese documento para “deslindar responsabilidades” y cubrirse de futuros sumarios o eventuales acciones judiciales por una decisión que no compartían. Consideraron imprescindible esa cobertura, porque era evidente que a lo largo de los últimos tres años se opusieron sistemáticamente a la aprobación de compra del banco por parte de Cristóbal López.
La resistencia obedeció a que juzgaban incompatible que el máximo empresario del juego de la Argentina esté autorizado a operar en el sistema financiero local. “Eso facilita movimientos cruzados”, dicen en el mercado.
Según fuentes del propio BCRA, no existe en el sistema financiero internacional antecedentes de un caso semejante.
En la mayoría de los países no hay regulaciones especificas, pero en los sistema bancarios desarrollados existen códigos de conducta para evitar que se mezcle el negocios del juego con los de la banca. Las resistencias internacionales obedece a un temor: que la convivencia entre la banca y los negocios del juego faciliten eventuales acciones ilegales de lavado de dinero.
La decisión de vulnerar los reparos domésticos e impulsar el beneficio a Cristóbal López, impactó en el sistema bancario local. Hubo encuentros entre directivos donde se trató la anomalía.
En la extranjera Asociación de Bancos Argentinos que lidera Claudio Cesario y en la ADEBA de Jorge Brito cayó por sorpresa el cambio de posición del BCRA y la habilitación al “zar del juego.”
Un calificado vocero de los banqueros explicó: “Esto no ocurre en ningún sistema y va a generar problemas con el GAFI.”
El “cristinismo” tuvo una larga pelea con el organismo mundial que controla las operaciones oscuras: una paciente negociación de Julio Alak permitió zanjarla después de años de idas y vueltas. Ahora la Casa Rosada intentó una tibia consulta al GAFI para cubrir las formas.
Kicillof dejó trascender –por la cadena de medios oficialistas– que el Grupo de Acción Financiera Internacional había bendecido a Cristóbal López. Pero según fuentes de ABA y ADEBA ese promocionado apoyo del GAFI nunca existió.
En el G7, las naciones industrializadas que manejan el GAFI, se censura la vinculación de empresarios del juego con la banca. El punto es que se presume que a través de ese mecanismo es posible “legalizar” fondos de cualquier origen.
El país es miembro del GAFI. Pero Cristina adecúa las normas a su conveniencia: Argentina también es el único país del mundo que tiene abierto un blanqueo de capitales desde hace dos años, cosa que afuera llaman “una posible puerta de entrada a dineros del narcotráfico y de la corrupción”.
A Kicillof se le atribuye un papel activo para facilitar el ingreso al negocio financiero del empresario del juego vinculado a la familia presidencial.
Dicen que operó para despejar las últimas resistencias en la Superintendencia de Bancos y trabajó ahí con sus hombres de confianza: Germán Feldman y Pedro Biscay. Más aún: que su principal acción fue la orden taxativa que dio a los tres directores que impuso en el BCRA para que aprueben a libro cerrado los beneficios al “rey de las tragamonedas”.
De hecho, Cristina le facilitó las cosas al nombrar al trio por decreto: así, Kicillof tomó el control de la cúpula.
En su primera reunión de directorio, y sin poder leer ni evaluar el expediente interno, los recién llegados –Alejandro Formento, Mariano Beltrani y Bárbara Domatto Conti– votaron a favor de la operación que López esperaba.
De esta manera forzaron un giro en el Central. Hasta ese momento, los integrantes del directorio, incluso los llegados de Santa Cruz, siempre habían frenado las aspiraciones de López. Se ampararon en las dudas legales que alimentaba la línea del BCRA contra la “operación Finansur”. Ninguno quería quedar pegado.
Kicillof se siente fuerte y por eso se animó a involucrarse en una movida complicada. El miércoles, Cristina lo premió con un sonoro apoyo público.
Pero el martes, y en privado, ocurrió algo más trascendente: un encuentro de la Presidenta y Daniel Scioli, donde se habló del futuro político del ministro en un eventual nuevo gobierno del FPV.
La nueva directora del BCRA aún no se recibió, practica surf y toca el charango
Protegida de Kicillof: Bárbara Domatto Conti está en comisión, a la espera de que el Senado apruebe su pliego.
>>> Importante: Lea esta Nota hasta el Final, incluidos los Anexos. <<<
Una de las tres personas que el ministro de Economía Axel Kicillof eligió para ocupar un asiento en el directorio del Banco Central aún no obtuvo su título universitario. Se trata de Bárbara Domatto Conti, quien según expresó en el Curriculum Vitae que ya está en la comisión de acuerdos del Senado, aún adeuda la Tesis para obtener el título de Actuaria en Economía. La información fue revelada por el sitio TN.com.
Domatto Conti, que fue nombrada directora «en comisión» hasta que obtenga el aval del Senado, tiene 28 años, concurre a diario al BCRA y que ya va todos los días al banco.
Su experiencia laboral es escasa: trabajó en el banco Santander Río entre 2007 y 2012 como asistente de operaciones y project manager dentro de las gerencias de operaciones y de banca mayorista. A partir de 2012, de la mano de Kicillof, ingresó en el ministerio de Economía como economista en la subsecretaría de Programación Económica. Se ganó la confianza del ministro por su asistencia en la negociación del acuerdo de repago de la deuda con el Club de París que el gobierno firmó en marzo del año pasado.
También en su CV afirma que trabajó como «asesora de director» del Banco Central entre septiembre de 2013 y mayo de 2014. «Sin embargo, en el banco dicen que no cumplió esa función»dice el artículo de TN.com. «Con Juan Carlos Fábrega todavía al frente de la entidad, el ministro de Economía la mandó como «oyente» a la mesa de dinero para aprender la operatoria cotidiana».
En su CV de tres hojas, Domatto Conti también disfruta de la práctica del surf, del teatro stand up y de tocar el charango, según ella misma explica en su perfil en el sitio LinkedIn.
El Senado le dará entrada al pliego de esta directora del BCRA en la sesión del 21 de este mes. Domatto Conti deberá pasar por una audiencia pública en el marco de la Comisión de Acuerdos de la cámara alta, que por dictamen debe aprobar o rechazar su nombramiento, por ahora «en comisión de servicio». De rechazarla o no conseguir el oficialismo los votos para aprobarla, el gobierno puede retirar su pliego pero puede seguir trabajando como directora «en comisión». En el sitio del BCRA, ya figura su nombre en el directorio pero sin su foto ni antecedentes como los otros integrantes.
Fuente: Clarín, 13/05/15.
Nota Aclaratoria: No podemos espantarnos de este caso de falta de idoneidad cuando tenemos una Presidenta que dice ser Abogada a pesar de no poseer Título universitario.
Universidad rimolo otorga titulo de abogada a Kris
CFK la abogada que nunca fue
Cristina Kirchner, quien asegura haberse recibido en la Universidad Nacional de La Plata, a pesar de que todas las pruebas indican que jamás terminó esa carrera.
En realidad, no hacen falta demasiados documentos ni fuentes de información para detectar que la Presidenta no tiene real conocimiento de lo que es el Derecho. Sus propios discursos muestran su paupérrimo conocimiento ad hoc. Cristina ha llegado a ruborizar a propios y ajenos cuando llegó al extremo de confundir el término «sindicación» con «sindicalización». Lo hizo en media docena de oportunidades, en el marco de la trunca denuncia contra Papel Prensa por cadena nacional.
JUSTIFICA SU PATRIMONIO DICIENDO QUE ES ABOGADA
Por ese y otros motivos, ante la imposibilidad de mostrar título o certificado analítico alguno, la Presidenta optó por refrendar el decreto 2810/09A, que permite a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a poner su firma sin que a esta anteceda su calificación profesional.
Teniendo en cuenta que oportunamente se ha descalificado a Juan Carlos Blumberg por haber ostentado un título de ingeniero que en realidad no poseía y que algo similar se hizo con la figura de Jorge Telerman, Cristina debería sufrir el mismo escarnio público que estos debieron tolerar en su momento.
Sin embargo, ello no ocurre; no solo porque la Justicia no se atreve a avanzar contra ningún funcionario relevante del poder de turno, sino porque ningún referente de la oposición se ha animado a embanderarse en esa empresa, que develaría la más grande de las estafas al pueblo argentino.
Se ofreció toda la evidencia de este escándalo a Elisa Carrió, a través de algunos de sus referentes más cercanos; pero la líder de Coalición Cívica consideró que el tema no tenía relevancia tal como para prestarle su atención.
La trama comenzó en agosto del año 2004, cuando un importante ministro —enojado porque fue dejado afuera de un importante negocio oficial— se despachó ante tres periodistas de TDP respecto a la corrupción del kirchnerismo y lanzó al final una dura advertencia: «Que no me rompan las pelotas porque si no cuento que Cristina es abogada trucha».
Las dudas que Cristina nunca aclaró sobre su carrera de «exitosa abogada»
Incógnitas sobre su título y silencio de la Universidad de La Plata. Perfil.com accedió a sus matrículas en Santa Cruz.
El silenciado tema lo resucitó la propia Presidenta en la fatídica noche de Harvard. «Fui una exitosa abogada», dijo para justificar su crecimiento patrimonial. Es que la graduación de Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se mantuvo como un secreto de Estado y no fue hasta 2007, y por orden judicial, que la UNLP difundió un documento que probara la titulación de la entonces senadora.
Perfil.com accedió a dos documentos que pondrían fin a las sospechas que generó aquel secretismo ordenado desde la Rosasa. Cristina Elisabet Fernández figura en el padrón de letrados de la Justicia de Santa Cruz con la matricula 10.433.615, inscrita el 12 de febrero de 1980 (Tomo II Folio 160) y graduada el 1º de octubre de 1979.
El expediente de Cristina en Río Gallegos está custodiado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La Corte santacruceña, controlada por los Kirchner desde 1991, nunca dio en mano esa carpeta. Al no haber un colegio de abogados en Santa Cruz -la única provincia sin abogacía colegiada en todo el país-, los letrados titulados deben ser aprobados por el TSJ.
A su vez, fuentes judiciales de Santa Cruz informaron a este portal que la Jefa de Estado también se inscribió el 7 de octubre de 1985 ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Tomo 57 Folio 322) para poder ejercer como apoderada legal también en los fueros federales.
De todos modos, la revista Noticias precisó que la Presidenta tuvo un rol secundario en el estudio jurídico de Néstor Kirchner y el abogado Domingo Ortiz de Zárate. Sólo realizó un puñado de defensas a inicios de los ’80. En 1987 Néstor Kirchner se convirtió en intendente de Río Gallegos y el matrimonio abandonó para siempre la abogacía.
No obstante, de la Asociación de Abogados de Río Gallegos indicaron a este medio que la Presidenta no canceló su matricula ni que tampoco posee observaciones en su expediente a 25 años de abandonar la profesión.
Silencio y sospechas
Durante la campaña presidencial de 2007, el portal Tribuna de Periodistas puso en duda que Cristina hubiera acabado la carrera. De hecho, el apoderado legal de ese sitio, Fabián Bergenfeld, denunció a la entonces Primera Dama por «usurpación de título y honores» al negarle la Universidad de La Plata el título o analítico de materias que probaran la graduación de Cristina.
La querella recayó, cuándo no, en el juzgado de Norberto Oyarbide. En una medida hoy impensada, el polémico magistrado federal ordenó a la UNLP que hiciera una copia del certificado de estudios acabados. El tema comenzó a circular en los medios y el nerviosismo en la Rosada obligó a que la universidad diera a conocer ese documento, también por un pedido del entonces periodista de Noticias, Darío Gallo.
El certificado generó algunos comentarios en esas redacciones: la línea escrita a máquina en la que figura su fecha de nacimiento y número de matrícula pareciera estar borroneada, al igual que el espacio reservado para la fecha de expedición del título. En ese certificado aparece el 1º de octubre de 1979 como fecha de terminación de la carrera. Ese día, de todos formas, coincide con el padrón del TSJ de Santa Cruz que accedió en exclusiva Perfil.com.
Esta semana este portal solicitó a la UNLP que le brindara otro documento o listado de egresados donde figurara la Presidenta, pero se lo negaron. Eso sí, el vocero de la UNLP, Gonzalo Albina, aclaró a este medio que los títulos de abogados de Cristina y Néstor Kirchner están guardados en el propio archivo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y no bajo llave en una caja fuerte en un banco de La Plata, tal como se rumoreó a mediados de 2007.
Materias libres. En 1979, la carrera de Abogacía en la kirchnerizada UNLP se realizaba por «cursos de promoción sin examen», no con materias a cursar de forma presencial dado que no había aulas suficientes para todos los estudiantes. Los Kirchner migraron a Santa Cruz en 1976 y entonces Cristina no había terminado la carrera. Él, sí.
En esa primera etapa de estudios, Cristina conoció a Carlos Betini, hoy embajador en España (su padre, entonces Fiscal Federal de La Plata fue desaparecido en 1977), el diputado Carlos «Cuto» Moreno y supieron por primera vez del militante Carlos Kunkel.
Una abogada que en 1979 compartió el Pensionado María Auxiliadora en La Plata con María Cristina Kirchner, la desconocida hermana menor de Néstor y Alicia, contó a Perfil.com que a mediados de ese año María Cristina «Macri» Kirchner le confió que la novia de su hermano, Cristina Elisabet, «le faltaban varias materias para terminar la carrera, lo dijo en plural».
Según relató la letrada a este portal, la hermana menor de Néstor Kirchner -mientras estudiaba Bioquímica- le contó que «Cristina no tenía ganas de terminar su carrera y fue su hermana Giselle la que insistió para que culminara los estudios». ¿Y cómo hizo la Jefa de Estado para terminar Abogacía el 1 de octubre de 1979 si para mediados de ese año «le faltaban materias»?
«No es imposible, pero es muy raro que haya aprobado todas esas asignaturas en tan poco tiempo», estimó la fuente, quien pidió mantener su nombre en resguardo para no dañar su «buena relación» con «Macri».
Al parecer, Cristina habría viajado varias veces desde Río Gallegos a La Plata entre 1977 y 1979 -en el medio nació Máximo Kirchner- para rendir las asignaturas que adeudaba. No obstante, la ex compañera de «Macri» aseguró que la menor de los Kirchner en el pensionado nunca habló de los viajes de Cristina para dar los exámenes. Al igual que el título, la matrícula y el exponencial crecimiento de su fortuna, se trata de informaciones que la Presidenta nunca aclaró hasta el día de hoy.
Más evidencias:
1. No está inscripta en el colegio público de Abogados
Cristina «no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás.
2. No está inscripta como abogada responsablemente autónoma ni como monotributista
No está inscripta como abogada responsablemente autónoma ni como monotributista, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar».
3. Datos falsos
En la página del Colegio Público de Abogados de esa localidad, se podrá ver que el dato es falso.
Por las dudas, consultamos en su momento para saber si alguna vez Cristina Kirchner había sido registrada allí como abogada y por algún motivo su nombre fue luego retirado de la lista. La respuesta fue concluyente: no, nunca estuvo anotada.
Se rastreo en Comodoro Rivadavia a través de la consulta a otros estudios jurídicos y/o supuestos clientes que podría haber atendido. Toda pesquisa dio negativo.
Entonces, ¿a quién corresponde el tomo y folio que se arroga Cristina? Corresponde a una abogada de esa zona llamada Silvina García, dato sencillo de verificar por cualquiera que consulte al Colegio Público de esa localidad. No es la única falsificación que se llevó adelante para intentar cubrir la falta de titulación de Cristina.
4. Ficha falsa de entrega de título
También se «truchó» la supuesta ficha de entrega de título de la Universidad de La Plata, tal cual puede verse a continuación.
Amén de que la fecha de pago y «remision al caligrafo» que muestra el documento es de un día feriado —12 de octubre—, donde no funcionaron las oficinas administrativas de esa casa de estudios, claramente se observa cómo se han borroneado los datos de su verdadero titular, Valentín Olmos, y se pusieron encima los de la hoy Presidenta de la Nación.
La fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior (19 de Febrero de 1953 es la fecha de nacimiento de CK pero abajo se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989) y la matrícula que es el DNI de la Primera Dama está tipeada sobre otro número matrícula, que también está claramente borroneada.
Para poder probar la adulteración del documento debimos contratar —y costear— un perito calígrafo, quien no dejó de sorprenderse por lo burdo del “truchaje”.
¿Tan complicado era averiguar a quién pertenece la matrícula que se arroga la Presidenta? Para nada, solo hay que dirigirse a la calle Juan Monje Ortega 2839, en la provincia de Salta y hablar con el propio Olmos quien confirmará la adulteración de la que fue víctima.
6. No hay constancia de existencia de ningún titulo
Como puede verse, el fraude es totalmente verificable. Lamentablemente, la única persona que podría desactivarlo es Cristina Kirchner mostrando su título o certificado analítico, cosa que jamás hará porque carece de ambos elementos.
Y allí aparece una duda esencial: ¿Nadie se preguntó por qué una persona como ella, que gusta ostentar como pocos, jamás hizo lo que haría cualquier abogado: colgar su título en una pared?
Las fuentes que consultamos los colegas que nos abocamos a investigar la supuesta titulación de Cristina fueron más de 30. Algunas hablaron a micrófono abierto y otras no se animaron, pero todos admitieron sus dudas respecto a que la hoy mandataria tenga un título profesional.
El ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold; el abogado Domingo Zárate —ex socio de Néstor—; el periodista Daniel Gatti; el abogado Rafael Flores, el referente radical Jorge Vanossi, y muchos otros, son los que desconfían de Cristina. Este último fue incluso profesor de la Presidenta en la Universidad de La Plata y jura no recordar que se haya recibido. ¿Hace falta más evidencia?
Las dudas se acumulan sin cesar y empiezan a incomodar al poder. Por caso, ¿por qué la Universidad de La Plata insiste en no dar copias del analítico de Cristina o su diploma? Una veintena de veces pedimos copia de ambos documentos, pero la Facultad siempre se negó a entregarlos. Eso sí, una fuente de esa casa de estudios admitió en una de esas oportunidades que no existía ni título ni analítico. Esa grabación se presentó como prueba en el juicio iniciado por Christian Sanz junto al abogado Fabián Bergenfeld.
Perfil.com fue víctima de la misma negativa por parte de esa facultad: «Esta semana este portal solicitó a la UNLP que le brindara otro documento o listado de egresados donde figurara la Presidenta, pero se lo negaron». Tampoco quiso «colaborar» con la investigación el Ministerio de Educación, como se ve en el siguiente documento:
En la nota de perfil aparece un dato revelador: «Una abogada que en 1979 compartió el Pensionado María Auxiliadora en La Plata con María Cristina Kirchner, la desconocida hermana menor de Néstor y Alicia, contó a Perfil.com que a mediados de ese año María Cristina ‘Macri’ Kirchner le confió que la novia de su hermano, Cristina Elisabet, ‘le faltaban varias materias para terminar la carrera, lo dijo en plural'».
«No es imposible, pero es muy raro que haya aprobado todas esas asignaturas en tan poco tiempo», estimó la fuente, quien pidió mantener su nombre en resguardo para no dañar su «buena relación» con «Macri». Siempre de acuerdo a lo publicado por Perfil.com. http://www.perfil.com/contenidos/2007/10/01/noticia_0051.html
Para terminar, quiero aportar dos reflexiones: primero, la mayoría de las mentiras detectadas en torno a la titulación de Cristina provienen de afirmaciones del propio Gobierno; segundo, en 2007 ofrecimos desde TDP 10 mil dólares a quien pudiera aportar una foto de graduación de Cristina.
El plan de De Vido para conseguirle un título
A falta de un título genuino, Cristina se planifico conseguir un título «honoris causa» en la universidad más antigua del planeta, la de Bologna. Así al menos lo ha referido diario La Nación el sábado 21 de mayo de 2011, al asegurar que «el Gobierno ha ido a pedir un doctorado honoris causa para su jefa».
El autor de la movida sería Julio De Vido, «quien buscó el auxilio de Telecom Italia, propietaria de Telecom Argentina», según consigna el matutino.
Son interesantes los motivos que enumera La Nación a la hora de explicar semejante decisión oficial: «Los esfuerzos de Cristina Kirchner por envolver su gestión en una aureola intelectual son conocidos. Sus discursos siempre tienen una pretensión teórica, y ella misma, rodeada de ‘cuadros técnicos universitarios’, se define hegeliana.
Con la campaña, llegó la hora de conseguir un reconocimiento a ese aporte conceptual.»
Elocuencia aparte.
Febrero de 2013 – La escritora y periodista platense, Graciela Brunetti, se mete de lleno con uno de los grandes misterios de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su título universitario. (Ahora es Nuestra la Ciudad):
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Cuarta parte de la entrevista en Ahora es Nuestra la Ciudad con la escritora y periodista Graciela Brunetti del 8 de febrero del 2013:
Concluyendo
En cualquier otro lugar del mundo, una trama como la relatada habría generado un escándalo de tal magnitud que hubiera puesto en jaque a cualquier gobernante de turno. En la Argentina, como siempre, ocurre todo lo contrario. Ni la sociedad, ni la política, ni la Justicia, parecen interesados en develar cuestiones de esta índole y gravedad.
Eso habla de la idiosincracia del argentino medio, pero sobre todo explica el por qué de la decadencia del país, donde ciertos ilícitos son bien vistos y permitidos en el marco de lo que se denomina «viveza criolla».
Dentro de esa denominación, se suele encuadrar como «picardías» a diversos actos ilícitos, muchos de los cuales no solo están reñidos con la ética y la moral,sino que se encuentran debidamente configurados en el Código Penal vernáculo.
¿Está bien hacer apología de lo ilegal, con el nombre que a ello se quiera denominar? ¿Es un buen ejemplo para las generaciones venideras?
Es una inevitable contradicción aplaudir esos cuestionables actos y al mismo tiempo protestar por la corrupción que corroe a la Argentina. En realidad, es lo que explica esa misma corrupción. Mal que le pese a quien le pese.
Si alguna habilidad política tiene el actual gobierno, es que sus juglares principales han logrado llevar el debate de los temas importantes que hoy predominan en la sociedad argentina, al terreno que más les conviene, planteando las preguntas equivocadas, o falsos dilemas. Así ha pasado, por ejemplo, con la denuncia del fiscal Nisman o con su propia muerte.
En lugar de estar discutiendo lo que se infiere de las escuchas telefónicas conocidas, o de las investigaciones periodísticas internacionales, en torno a triangulaciones y movimientos de bienes y fondos entre la Argentina, Venezuela, e Irán, la denuncia fue “archivada” y ahora estamos discutiendo quienes han sido los supuestos autores intelectuales de la denuncia falsa contra el inocente gobierno argentino. (Cuando, por no investigarse, no se sabe aún, cuan falsa es la denuncia. La justicia ha determinado que “no hay delito”, no que los elementos presentados no sean ciertos). Lo mismo sucede con la propia muerte del fiscal.
La Presidenta dijo “no tener pruebas, pero no tener dudas” de que se trataba de un asesinato. Pero, desde ese momento, nunca más se expresaron las “dudas” y tampoco se han presentado las pruebas que ratifiquen o rectifiquen la hipótesis del suicidio o del asesinato. ¡Y hasta se ha llegado a sospechar de la madre del fiscal!
Salvando las distancias, y sobre un tema muy menor en comparación con lo arriba comentado, algo similar ha sucedido con el debate sobre la existencia o inexistencia del cepo cambiario o las consecuencias de su eliminación.
Resulta curioso, un día se lo acusa a Macri de “irresponsable” por querer levantar el cepo inmediatamente, si llega a la Presidencia. Al otro día, se dice que el cepo no existe. ¿Cómo puede alguien ser calificado de irresponsable por querer eliminar algo que no existe?
Lo cierto es que el Ministro de Economía ha logrado poner a todos “a la defensiva”, pidiendo explicaciones sobre cómo van a levantar el cepo, y administrar las reservas, si llegaran al poder.
Pero esa es la discusión que al Ministro y al oficialismo le conviene.
Como ya le conté, las restricciones existentes en el mercado de cambios, tanto para exportadores, importadores, empresas que quieren girar dividendos, o particulares o empresas que quieren ahorrar en moneda extranjera, viajar, etc. se introdujeron para no reconocer el verdadero precio del dólar, en un contexto de descontrol fiscal financiado por el Banco Central, con emisión de pesos.
Es decir, para evitar que la inundación de pesos, que se generaba y la huida del dinero que la alta inflación provoca, se reflejara en el precio del dólar oficial, en una pérdida de depósitos o en la desaparición de las reservas, hubo que recurrir a las restricciones, prohibiciones, limitaciones mencionadas. (100 pesos de octubre del 2011 equivalen, en poder de compra local, a 33 pesos de hoy, aproximadamente).
Pero la introducción del cepo, no evitó la pérdida de reservas, sólo la hizo más lenta. (Cayeron 16.000 millones de dólares).
Además, el mercado marginal que se crea al introducir las restricciones y la “brecha de precios” resultante, influye sobre la tasa de inflación, frena el ingreso de capitales para financiar inversiones y pagos, desploma las transacciones inmobiliarias.
Como hubo que racionar importaciones, se estancó la producción.
Con producción estancada se frenó la creación de empleo privado. Y el precio “artificial” del dólar oficial, en el contexto de descontrol fiscal y monetario inflacionario, generó atraso cambiario, desalentando las exportaciones en el marco de un escenario global, con baja de precios de los commodities y fortaleza del dólar.
Todas las economías de las regiones argentinas están destruidas y la economía ahora sí, vive la “paz de los cementerios”.
Por lo tanto, no son los economistas de la oposición los que tienen que explicar cómo levantarían el cepo. Son los economistas del oficialismo, los que tienen que explicar cómo, en este escenario internacional y regional, con la continuidad de estas políticas, descontrol fiscal financiado con emisión y deuda, estos precios de la energía, esta tasa de inversión y el cepo, van a poder lograr que la economía salga del estancamiento actual y vuelva a crecer.
Los irresponsables no son los que quieren levantar el cepo. Los irresponsables son los que lo impusieron, a costa de hipotecar el futuro.
Lógica de mercado: ¿Por qué a la Argentina le cuesta más endeudarse que a Kenya?
El Gobierno colocó deuda en dólares con una tasa del 8,9%, elevada en el contexto internacional, y por encima de países de Sudamérica y hasta de África del este
Por Juan Pablo De Santis.
La lógica de mercado hace que el título de este artículo sea una paradoja financiera. Kenya, una de las economías de frontera del este de África, ha sido en la última década uno de los países inestables de su región. Hace siete años esta nación atravesada por los conflictos étnicos quedó al borde de una guerra civil luego de una elección presidencial denunciada por fraude.
En 2007 los dos principales candidatos a la presidencia iniciaron una batalla política que desencadenó en más episodios de violencia con un saldo de más de 1500 muertos, que se frenaron luego de una mediación de las Naciones Unidas. La elección del 2013 contribuyó a bajar la tensión en el país y a dar un salto institucional.
Kenya aprovechó una industria del gas y el petróleo naciente para atraer nuevas inversiones, ordenó sus cuentas y logró mejorar su calificación de deuda.
El Fondo Monetario Internacional estima que este año la economía keniata crecerá 6,9% y el año entrante un 7,2%. Aunque nada cambió sustancialmente para sus habitantes: sigue integrando el club de las 20 economías menos desarrolladas del mundo, posee uno de los niveles de ingreso más bajos, el gobierno financia el déficit fiscal con deuda e inflación y la expectativa de vida son 62 años (14 años menos que un argentino, según el Banco Mundial).
Entre finales del año pasado y ayer, la Argentina también salió a buscar deuda. Colocó 1737 millones de dólares en Bonar 2024, pero debió convalidar una tasa de hasta 8,9%, un costo sensiblemente superior al que aceptó la economía africana que se montó al boom de inversiones energéticas.
El costo del dinero
Al momento de realizar una emisión, la tasa de interés refleja el costo de prestar dinero que a su vez pondera el riesgo de la operación. La lógica del mercado para asignar la probabilidad de cumplimiento reside en la disciplina financiera del deudor, el escenario que tenga para mostrar al mundo y en la confianza que inspire a los prestamistas. Así se desprende de una serie de entrevistas que LA NACION condujo con analistas económicos.
¿Por qué un inversor internacional confiaría más en la capacidad de pago de Kenya? Quizás porque el país africano demostró tener los fondos para pagar un vencimiento de deuda y, en caso de no tenerlos, podría volver a acudir a prestamista de última instancia.
Salvando el océano de distancia con África del este, las dificultades fiscales y el conflicto abierto con los fondos buitre dificultan (y mucho) el acceso de la Argentina deuda internacional. En consecuencia, para obtener dinero debe convalidar tasas mucho más altas, incluso respecto a sus vecinos regionales.
Para Ramiro Castañeira, economista jefe de Econométrica, la disputa legal con NML Capital es un problema mayor de financiamiento. «En Nueva York hay un juez que pone el ojo sobre cualquier banco que pueda ayudar al país a emitir sin primero pagar la sentencia», dice.
En los pronósticos de Econométrica, los inversores comienzan a descontar el fin de ciclo político. «No hay dudas de los desequilibrios que acumuló la Argentina en los últimos años, pero tampoco son muy diferentes a los de otros países de la región. Eso también convalida una tasa más alta, pero la imposibilidad de colocar deuda en el exterior complica aún más», concluye Castañeira.
En tanto a las perspectivas futuras, la Argentina ofrece un cuadro de PBI estancado, inflación elevada y dudas (desde leves hasta graves) en el mercado sobre cómo se conseguirán fondos para pagar deuda en moneda extranjera. El Banco Central mantiene reservas por 31.427 millones de dólares y sólo durante este año deberá destinar cerca de la mitad a pagar vencimientos del Estado nacional.
La clave son las perspectivas futuras. El precio de los bonos argentinos es alto en dólares en relación a la situación que enfrenta el país. Para Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, la llegada de un nuevo gobierno tiene un correlato positivo para los inversores.
«El espejo de las cotizaciones no refleja la situación actual y anticipa [vía precios] la expectativa de que la situación con holdouts se resolverá y que la Argentina deberá retornar tarde o temprano al mercado», dice Baer y agrega que «los compradores de deuda aprovechan un interés alto cuando especulan sobre lo que puede suceder a futuro».
Vecinos de Sudamérica
En términos de peso sobre el PBI, Argentina se encuentra desendeudada en comparación a la década del ’90 y sus desequilibrios no son tan distantes al cuadro de situación regional.
Sin embargo, otros países Sudamericanos -con los cuales se comparten condiciones económicas más similares- han convalidado tasas de interés bastante menores a la de la deuda Argentina. En las últimas emisiones internacionales de bonos a 10 años, Colombia pagó 5% en 2015; Paraguay, 4,6% (2014); Brasil, 5% (2014); Chile, 3,12% (2014); Uruguay, 4,5% (2013) y Bolivia, 5,9% (2013).
A diferencia de la Argentina, este último grupo de países -cada uno de diferente modo- ha ensayado acercamientos a inversores financieros, no impartieron restricciones severas al movimiento de dólares y ejercieron un manejo más prudente de sus cuentas.
La caída de los precios de materias primas y la posibilidad de una suba de la tasa de interés en Estados Unidos fogonean las primeras líneas de un epílogo para el apogeo de los comodities de la región, al cual la Argentina también se deberá acoplar.
En fin, la asignación de riesgo a la deuda de un país es una ecuación imperfecta, complejísima y sujeta al error, que navega entre los datos del presente y los pronósticos. Así las tasas de interés no sólo definen a qué precio entrar al mercado de deuda, sino que también la capacidad de volver a este.