Investigarán las 123 empresas de Báez en Nevada

 

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Báez recibió de una firma inexistente de Curazao $ 254 millones

Báez recibió de una firma inexistente de Curazao $ 254 millones

Por Hugo Alconada Mon.

Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.

El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.

Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, «inhallable».

«Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial», indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.

Consultados por teléfono y por correo electrónico, desde el Registro Comercial confirmaron que esa sociedad no registra novedades «desde enero de 1989», pero pidieron 24 horas para revisar su legajo. Transcurrido ese plazo, una funcionaria del Registro llamó a LA NACION para aportar otros datos en la misma línea.

 

 

Según consta en el legajo de «J+J Holding», esa sociedad se constituyó con las características de una firma de responsabilidad limitada («Naamloze Vennootschap» o «NV», en holandés) y su último domicilio, en el número 16 de Pietermaai es, hoy, inexistente.

Pero no sólo el domicilio es inválido. La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más. Su continuadora se llama Intertrust Group, con sede central en Amsterdam, y oficinas en Curazao, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos fiscales.

Consultados por LA NACION, desde Intertrust indicaron que su antecesora dejó de prestar servicios a J+J Holding «y probablemente todos los archivos sobre esa firma han sido destruidos, dado que pasaron más de 25 años».

Y precisaron que para «reactivar» esa empresa ante el Registro de Comercio se deberían desembolsar US$ 1.027 por los «fees impagos desde 1990», además de que «un director local o representante debe ser designado».

Voceros de Báez indicaron anoche ante una consulta de LA NACION que no harían comentarios, por lo menos hasta ver publicada la información.

Austral declara millones

Pese a esas lagunas, faltantes e inconsistencias en Curazao, Austral Construcciones declaró en la nota 17, la última de su balance que cerró el 31 de diciembre de 2011, «J+J Holding NV» le pagó una fortuna durante ese año como indemnización por un supuesto «proyecto de inversión» fallido en Belice.

«Se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años» en Montevideo. Y aportó más detalles sobre la mediación y el laudo por US$ 56,3 millones con que cerró la supuesta controversia (de lo que se informa por separado).

Esos datos también aparecen cuestionables. Por un lado, desde Curazao detallaron que «J+J Holding» no informa a la Cámara de Comercio «ningún individuo vinculado a la sociedad desde el 5 de enero de 1989». LA NACION consultó entonces cómo podía contactar a esa firma. «No lo sabemos. Para nosotros, es inhallable», fue la respuesta.

Estas nuevas sombras que se ciñen sobre «J+J Holding» se suman a las que LA NACION ya reveló en mayo de 2013. Entre otras, que el fideicomiso uruguayo FITA 2009 tampoco se encontraba registrado ante el Banco Central de Uruguay (BCU) como lo impone la legislación local, según confirmaron entonces las autoridades de ese organismo oficial a este diario.

A eso suma que en el balance del ejercicio 2009 de Austral Construcciones no se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una indemnización. Pero en ese país de América Central -sobre la frontera sur de México- es donde se creó la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, el hijo del empresario kirchnerista, y por allí habrían pasado decenas de millones de euros de la Argentina y con destino a Suiza.

Nombres que se repiten

La inyección de fondos bajo sospecha se concretó gracias a la intervención de varios hombres del entorno de Báez, según reconstruyó LA NACION. Entre ellos, Claudio Bustos, Ricardo Leandro Albornoz y César Gerardo Andrés.

Bustos es un apoderado de Austral Construcciones que terminó por convertirse en un lugarteniente de Báez. Como tal, mantuvo reuniones con el «empresario» Leonardo Fariña en Río Gallegos; también, con el jefe de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, con quien discutió en julio de este año cómo solucionar los problemas de facturación trucha que la constructora afrontaba en esa ciudad. Y firmó, también, los documentos que terminaron con la inyección de $ 254 millones por la trama Curazao-Belice-Uruguay.

Albornoz es, en tanto, el escribano de confianza de Báez. Como tal rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero antes figuró como socio en Valle Mitre, la gerenciadora del hotel Alto Calafate de los Kirchner, aunque Báez terminó por reconocer la administradora como propia ante la Justicia.

Gens, por último, es un contador de máxima confianza del empresario patagónico. Se encargó de elaborar el balance de Austral Construcciones bajo sospecha.

Y también supervisó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, que ahora investigan el juez federal Claudio Bonadio y su colega del fuero Penal Tributario, Javier López Biscayart.

Para Báez, el ingreso de esos $ 254 millones permitió que Austral cerrara su balance sin declarar pérdidas y así avanzar junto al Banco Nación con el polémico fideicomiso que negoció Fariña, hasta acumular deudas con la entidad por alrededor de $ 314,8 millones, según consta en los registros oficiales del Banco Central (BCRA).

Los números de la constructora creada 17 días antes de que Kirchner ingresara en la Casa Rosada parecen confirmar, además, la frase que lanzó Fariña sobre las empresas de Báez por televisión (antes de desdecirse y terminar igual en prisión): «Técnicamente, ellos pierden plata; pero la ganan con la negra».

En mayo de 2013, cuando este diario reveló los primeros datos de esta operación, junto al empresario habían indicado que el balance de 2011 de Austral Construcciones, era «privada y confidencial», aun cuando debía presentarlo ante la Inspección General de Justicia.

Ante la consulta específica, esos voceros explicaron entonces que ese fideicomiso «fue hecho para inversiones en áreas petroleras», aunque ese destino contradecía el destino declarado en el propio balance. También indicaron que esa indemnización por $ 254,3 millones se utilizó para la explotación petrolera en la zona de Laguna Figueroa, provincia de Santa Cruz..

Del editor: qué significa. La contabilidad creativa llegó con Báez a su paroxismo. No se pueden entender sus negocios si no es bajo la lógica del lavado de dinero.

Fuente: La Nación, 11/01/15.
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Un ingreso demorado al balance contable

Los $ 254 millones no fueron consignados en 2009, sino recién dos años después

El controvertido aporte de $ 254.399.692, que en teoría llegó del Caribe para Austral Construcciones, figura en el balance de esa empresa del período que terminó el 31 de diciembre de 2011 y que debió presentarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), donde impera un «cepo» informativo.

En la copia de ese balance, que de todos modos obtuvo LA NACION, esa inyección de fondos se anotó en el rubro «otros ingresos extraordinarios», y se le asignó una nota explicativa que lleva el número 17.

En esa nota, los contadores indicaron que «se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años en la ciudad de Montevideo», Uruguay.

«Dicha indemnización -continúa la nota- corresponde al incumplimiento por parte del citado fideicomiso de los compromisos asumidos respecto del Proyecto de Inversión en Chapel Island, Belice, cuya participación por parte de la empresa fuera decidida y comunicada al citado fideicomiso por nota de fecha 19 de octubre de 2009 y aprobada por acta de directorio del 11 de septiembre de 2009».

Ese supuesto proyecto de inversión, no obstante, no se consignó en el balance de la propia Austral Construcciones que cerró el 31 de diciembre de 2009, según verificó LA NACION. Por el contrario, en ese balance, sólo se aludió a otro fideicomiso, Northville, al que se giró $ 22,7 millones entre 2008 y 2009, pero no mencionó dato alguno sobre Chapel Island, FITA I o J+J Holding.

Según se indica sobre el cierre de la nota 17 del balance de 2011, sin embargo, algo salió mal: «Luego del acuerdo de mediación de fecha 7 de enero de 2011 que fuera incumplido por el fideicomiso, se sometió el diferendo al Laudo Arbitral por ante el Instituto Argentino de Mediación, Conciliación y Arbitraje [Ianca], laudo que con fecha 25 de febrero de 2011 resultó favorable a nuestra empresa en contra del citado fideicomiso».

«De resultas del cual -concluye la nota- se fijó una indemnización por la suma de US$ 56.350.000. Asimismo existe pendiente de concreción la obligación asumida por la empresa con el citado fideicomiso respecto a la no participación futura en el citado proyecto, por ninguna vía, ni asociada o vinculada a empresas del país ni del exterior, tema que se debería ver concretado en el ejercicio 2012″.

Fuente: La Nación, 11/01/15.
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Argentina: Los jueces y la noción de guerra

Los jueces y la noción de guerra

Por Vicente Massot y Agustín Monteverde.

No se requiere ser un contertulio habitual de Miguel Ángel Pichetto para tomar conocimiento de que, en el transcurso de estos años, la cámara alta del Congreso Nacional ha desarrollado una suerte de doctrina propia respecto del desafuero de sus integrantes. A diferencia de la enarbolada por sus primos hermanos de la cámara baja, los senadores consideran que sólo es pertinente dejar a la intemperie a uno de sus pares si éste tuviese una condena firme. Por eso Carlos Menem no ha perdido todavía sus fueros y, por la misma razón, Cristina Fernández podrá dormir tranquila, consciente de que —cualquiera que sean sus diferencias con la bancada del PJ— de momento no le soltarán la mano.

Algo que —no se necesita recordarlo— sabía de antemano el juez Claudio Bonadío cuando decidió lo que es de todos conocido. El magistrado no llegó ayer a Comodoro Py y no es un novato en las lides de la política. Peronista confeso y conocido de Pichetto, no se le escapaba que su pedido iba a dormir el sueño de los justos. ¿Por qué, entonces, no se adelantó un par de días, cuando la viuda de Néstor Kirchner aún no había asumido su cargo y carecía de los fueros que ahora la dejan a cubierto de las inclemencias de la cárcel?  Las conjeturas que se pueden tejer sobre el particular resultan innumerables. Al mismo tiempo, son hoy irrelevantes.

A veces la espectacularidad de una medida, de un determinado acontecimiento o de un escándalo nos hacen perder de vista que los mismos —con toda la importancia que acrediten— son parte de fenómenos, menos rutilantes quizá, pero de mayor trascendencia. La diligencia hecha por Bonadío y la posibilidad —poco probable en el corto plazo— de que la ex–presidente siga los pasos de algunos de sus más conspicuos colaboradores, ha sido, sin duda, la noticia del año. Dicho lo cual, cuanto no debe perderse de vista es algo de más calado que la suerte que eventualmente pueda correr Cristina Fernández. Nos referimos al proceso que viene desarrollándose en estas playas, similar en punto a su naturaleza al Mani Pulite de los italianos y al Lava Jato desenvuelto, sin solución de continuidad, en la vecina República del Brasil.

Nunca antes, en un país tan poco transparente como el nuestro, unos jueces federales que, a su vez, son parte del problema, se habían  involucrado de tal manera en investigar a fondo el sistema de corrupción montado por un gobierno reciente. Nunca antes, en el marco de la democracia, habían sido procesados y detenidos ex–funcionarios, sindicalistas de horca y cuchillo, empresarios de nota, y militantes, como en los pasados dos años. Que Amado Boudou, Carlos Zanini, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, el Caballo Suárez, el Pata Medina, Luis D’Elía y Miguel Esteche se hallen tras la rejas, era algo literalmente impensable poco tiempo atrás. Para no hablar de Héctor Timerman —que cumple arresto domiciliario— y de lo que pueda ocurrir con la otrora presidente, su hijo Máximo, Cristóbal López, Aníbal Fernández y demás figuras del universo K.

El terremoto —si cabe denominarlo así— excede con creces el destino de  Cristina Fernández. Aunque permanezca en libertad —el escenario, dicho sea de paso, más favorable al macrismo— igual en la Argentina algo cambió para siempre. Montar una asociación ilícita desde el poder, de la forma que lo hizo el kirchnerismo, difícilmente pueda repetirse.      La cadena delictiva que tenía su cabeza en el matrimonio santacruceño y se extendía hasta su chofer particular no sólo ha quedado al descubierto sino que la mayoría de sus integrantes tendrán que dar explicaciones y, casi con seguridad, penar sus culpas en prisión. Que la impunidad de las clases gobernantes —no así la corrupción— se ha quebrado en la Argentina,   es más que una sensación.  Representa una realidad.

Los argumentos expuestos en el pronunciamiento del juez Bonadío, con el propósito de respaldar la acusación de traición a la Patria, fulminada contra Cristina Fernández, y su decisión de dictarle la prisión preventiva y solicitar, por lógica consecuencia, su desafuero, han levantado no sólo críticas provenientes de las filas kirchneristas —que eran de esperar— sino también de sectores nada favorables o complacientes con la administración derrotada en octubre de 2015.

Si se dejan de lado las quejas y acusaciones de los imputados, convencidos de que el estado de derecho ha desaparecido y que ellos resultan las víctimas propiciatorias de un titiritero perverso —Mauricio Macri— cuyas órdenes acata sin pestañar su títere por excelencia —Claudio Bonadio— las impugnaciones no ideológicas se centran en la presunta discrecionalidad de este magistrado.

Conviene ir por partes. El supuesto delito de traición y la prisión preventiva son figuras jurídicas de suyo controvertidas. Pero no han sido sacadas de la galera o inventadas de   la nada. Quien repase desapasionadamente el artículo 319 del Código Procesal Penal caerá en    la cuenta de cuán amplias y subjetivas son las prerrogativas del juez a la hora de justificar una medida por el estilo. Deberá atender a las características del hecho, a la magnitud de la pena que pueda aplicar, a la reincidencia —si la hubiese— y a las condiciones personales del imputado, para estimar la posibilidad de fuga o de obstrucción de justicia. Ello sin contar la vuelta de tuerca que al tema le ha dado la así denominada doctrina Irurzún, de reciente data.

Bonadio da por probado que hubo un pacto espurio con Irán y lo ha considerado una traición a la Patria. Si quedase demostrado que, al margen de sus implicancias económicas, ese tratado implicaba dejar fuera de la lista de Interpol a los funcionarios persas acusados de participar, directa o indirectamente, en el atentado a la AMIA, el cargo hecho a Cristina Fernández  y a los demás implicados, no parece gratuito. Tampoco lo es traer al ruedo la existencia de una guerra.

El mayor del Ejército Argentino, Guillermo Mac Hannaford, en plena contienda del Chaco —donde cruzaron enemistades Bolivia y Paraguay, en 1936— fue acusado de traición a la Patria, procesado y degradado por haber revelado secretos militares a los guaraníes. Que se sepa, nuestro país no intervino en esa guerra. En el mismo orden de cosas, suponer que un acto como la voladura de la mutual judía puede calificarse de terrorista y dar así por clausurada la posibilidad de definirlo como un hecho bélico, es no entender la dimensión de la guerra y la enemistad en el tercer milenio.

Si Irán efectivamente estuvo detrás del atentado a la AMIA, el dato terrorista pasa a ser un simple medio, inscripto en el marco estratégico superior de una guerra. Las guerras,     en nuestro tiempo, no siempre se declaran ni requieren de ejércitos convencionales dispuestos a dar batalla con banderas desplegadas al viento.

Lo que en las semanas por venir deberá evaluar la cámara correspondiente —a la que apelarán, si no lo han hecho ya, los acusados— es si considera o no consistente la categoría bélica y el cargo de traición a la Patria derivado del hecho de que el kirchnerismo habría favorecido la situación jurídica internacional de los responsables del atentado a la AMIA.       Los jueces actuantes, quizá sin cabal conocimiento de la naturaleza del problema, tendrán que resolver sobre una cuestión metajurídica: la guerra.  Tarea nada fácil, por cierto.

Fuente: Massot / Monteverde & Asoc., 12/12/17.

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Florencia Kirchner, sospechada de Lavado de dinero

Lavado de Dinero K

Cristina Kirchner jefa de una Asociación ilícita

La más grave impugnación

Por Joaquín Morales Solá.

Una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación de octubre de 2008 salvó a Cristina Kirchner de estar hoy presa. Siete años antes, en 2001, el también ex presidente Carlos Menem fue preso por los mismos delitos por los que ayer procesaron a la viuda de Kirchner: asociación ilícita y administración fraudulenta.

La decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación moral y penal que se haya hecho contra la ex presidenta. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación.

Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz. Basta un solo ejemplo para mostrar el tamaño de la maniobra: Báez creó la empresa constructora en 2003 (antes era empleado de banco) y recibió en obras públicas en Santa Cruz tanto dinero como el que le tocó a la provincia de Buenos Aires o como el que recibieron 11 provincias juntas. De Vido y López fueron los principales operadores de esa maniobra que estafó al Estado en nombre de los Kirchner.

Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba. Hotesur está en el despacho del mismo juez Ercolini. El expediente de Los Sauces lo investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Justicia Legítima no anda cerca de ahí.

En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidenta. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel. La primera denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y De Vido, entre varios más, fue de Elisa Carrió, en 2008. Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer.

Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión sólo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones.

Báez está preso porque tiene recursos suficientes como para fugarse y porque, además, se subió a un avión sin plan de vuelo. En cambio, Cristina se enoja con los jueces, los insulta o los recusa, pero siempre está quince minutos antes en las audiencias cuando la citan en los tribunales. Al haber perdido el poder, perdió también la posibilidad de entorpecer la investigación judicial. De hecho, los jueces señalan que ahora pueden avanzar en la investigación de la corrupciónporque el Estado les envía en el acto los documentos y las pruebas que solicitan. Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas.

Ercolini aporta un dato muy llamativo entre sus múltiples y variadas argumentaciones: Báez era el único empresario de obras públicas del país al que el Estado no le debía ni un peso el 11 de diciembre de 2015, un día después de que asumió Mauricio Macri. El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces «la encartada» a la ex presidenta (ese apelativo debe dolerle más que la sentencia) y desliza, prudente, que Báez es «al menos su socio comercial», según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido «al menos», porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro.

La radiografía de Ercolini, que tiene un sesgo y un destino puramente judicial, es también la descripción de una hipocresía. Cuando dice que Cristina «actuó de forma delictual» y que administró los bienes del Estado en provecho propio, refuta de manera contundente el relato kirchnerista. ¿En qué covacha de la historia queda el discurso del progresismo latinoamericano cuando lo que vemos es una voracidad sin límites para enriquecer a una dinastía gobernante? ¿A qué se reducen las menciones de los Kirchner a los pobres y a los trabajadores cuando gran parte de los recursos del Estado se distribuyeron entre funcionarios y empresarios amigos? Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidenta.

La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria.

Corresponde, entonces, preguntarse qué sentido tienen los fueros de los legisladores. El diputado de Pro Waldo Wolff presentó hace ya varios meses un proyecto para modificar la ley de fueros; según la propuesta de Wolff, ningún legislador tendría fueros por delitos cometidos antes de haber asumido en el Parlamento. Es el caso de Cristina. De Vido ya tiene fueros y los tendrá hasta 2019; sus delitos son también previos a su condición de legislador. Podría profundizarse aún más el proyecto de Wolff para que ley les quite los fueros a los delitos penales. Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los «encartados» recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad.

Fuente: La Nación, 25/12/16.

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Procesaron a Cristina Kirchner por asociación ilícita

El juez Ercolini procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y le trabó un embargo por 10.000 millones de pesos

Es en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral; también procesó a Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros.

El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos.

También procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido , al ex secretario de Obras Públicas José López y al detenido empresario Lázaro Báez , entre otros, según una resolución firmada hoy.

En la resolución dictada hoy por Ercolini, que consta de 794 hojas, también se ordenó el procesamiento y embargo de la misma cantidad de dinero a Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor, quien trabajó para De Vido como Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernos kirchneristas.

También fueron procesados Raúl Osvaldo Daruich, Héctor René Jesús Garro y Raúl Pavesi, que trabajaron en Vialidad, además de Mauricio Collareda (estuvo al frente del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur), Carlos Villafañe (anterior autoridad del organismo vial en Santa Cruz) y Raúl Villafañe, ex director de Vialidad Provincial durante el último período de la gestión de Daniel Peralta.

Todos ellos fueron procesados por considerarlos «prima facie» partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y se le ordenó el embargo de 2.500.000 de pesos.

La resolución de Ercolini

Denuncian a Sbatella por sobreprecios en la UIF

Por Lucio Fernández Moores.

Los hoteles de Cristina: Empresas fantasma

Los hoteles de Cristina: cerrados, deteriorados o semivacíos

Clarín recorrió Los Sauces, Las Dunas y Alto Calafate, bajo la lupa judicial por lavado y coimas.

Por Lucía Salinas.

El hotel Alto Calafate investigado por lavado de dinero, propiedad de la familia Kirchner. 

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Cerrado con cadena y candado, con basura acumulada en sus jardines, el hotel exclusivo de Cristina Kirchner, Los Sauces, no está incluido en la oferta hotelera de esta temorada. Las Dunas que alguna vez perteneció a Lázaro Báez, esperaba el fin de semana 30 turistas extranjeros y el poco movimiento en sus instalaciones es notorio. El más polémico de los hoteles K, el Alto Calafate refleja un marcado deterioro en sus instalaciones y hasta hace poco, reconoció el personal del lugar, no superaban el 30 % de ocupación. Alquileres millonarios que con la ex Presidenta fuera del poder y con causas judiciales por delante, parecen no ser prioridad en los negocios privados con los que la familia Kirchner cuenta.

El Calafate tiene su ritmo propio y el turismo es el motor, con una nueva temporada en puerta los hoteles de Cristina Kirchner son parte de la oferta de alojamiento, con una particularidad: no conocen la ocupación plena. Fueron denunciados por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sospechados de ser usados «para el cobro de retornos» de empresarios amigos. La ex Presidenta aclaró que no se dedica al rubro hotelero, sino al inmobiliario.

Esta temporada sólo dos de los cuatro hoteles de la ex Presidenta abrieron sus puertas. El más llamativo de todos por su exclusividad y concepto es Los Sauces. La Casa patagónica cuenta con 42 suites cuya decoración tuvieron la constante supervisión de la ex Presidenta. La ampliación del lugar se hizo sobre un terreno de Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

El hotel boutique desde su inauguración -hasta hace dos meses- fue administrado por Panatel de Silvana Relats (por U$S 50 mil mensuales) y cuya constructora familiar JCR, fue la segunda firma más beneficiada con contratos viales durante el kirchnerismo con U$S 1.600 millones.

Sin una empresa que lo administre el hotel tiene su acceso principal, una tranquera de madera cerrada con cadena y candado. En el interior del vistoso predio con un césped prolijamente cortado, las casas de madera como una muestra clara de su cierre, tienen las cortinas blancas de tela bajas. El viento no contribuye y en sus jardines la basura continúa acumulándose. Por primera vez permanece cerrado y alojarse allí costaba U$S 400 por noche.

Por la costanera «Presidente Néstor Kirchner» se llega a Las Dunas, una hostería que perteneció a Báez -preso hace siete meses- y que después vendió a Kirchner. Dejó atrás las sencillas instalaciones de doce habitaciones, para convertirse en un hotel cuatro estrellas con 40 habitaciones cuyo principal atractivo, es la vista: el Lago Argentino. «Es en dimensiones similar a otros hoteles que tienen unas 100 habitaciones, no está bien distribuido y no se aprovechó la superficie«, reconoció un trabajador de la obra.

Un gran edificio de color marrón claro y sin el estilo patagónico en su exterior que siempre le gustó a la ex Presidenta, no ofrece calidez en sus instalaciones ni ambientes. Cuenta con un gran comedor en la planta baja que prácticamente no se usa. A la tarde se preparan las mesas para la cena en el segundo piso, «comen poco acá los turistas, hoy (por el sábado) estamos esperando que lleguen al menos 30 turistas«, reconoció una de las responsables del lugar.

La base de hormigón de la ampliación del lugar la hizo Austral pero la obra la finalizó la firma de Pablo Grippo, arquitecto de Los Sauces. El empresario K pagó $3,2 millones en concepto de “alquiler” entre 2010 y 2011 a la ex Mandataria.

Alojarse en Las Dunas -administrado por Idea SA de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) cuesta de $ 2.300 a $ 4.313.

El más imponente de los hoteles K se encuentra al ingresar a la villa turística. A mano izquierda sobre el cerro e iluminado en tonos azules de noche se erige el Alto Calafate, investigado por lavado de dinero.Famoso por sus contratos con Aerolíneas Argentinas (U$S 5 millones desde 2007 a 2015) y por las habitaciones que alquiló Báez por $ 14 millones.

La expectativa que despierta el edificio de madera a la vista y grandes ventanales que permiten disfrutar del lago, choca con la realidad. Con un marcado deterioro se observa en el exterior paredes despintadas, madera corroída. Al ingresar, por una puerta lateral ya que la principal -una doble de vidrio con madera- está cerrada, se encuentra el lobby. Allí hay sólo un local que expone algunos souvenirs y lleva el registro de las ventas con una computadora de «Conectar Igualdad», las que repartía la ANSES durante el gobierno K.

El hotel de cuatro estrellas refleja su desmejoramiento en las habitaciones: paredes con empapelado roto en algunos sectores, sumado a alfombras manchadas. Los servicios son deficientes, la señal de televisión se corta y la imagen se ve lluviosa, «es por el viento, siempre se ve así», explicaron desde el área de mantenimiento. Internet es un servicio con interrupciones constantes.

Sin mayor revestimiento acústico, todo es perceptible: los ruidos de los pasillos como las conversaciones de las habitaciones lindantes. Allí el promedio de noches que se alojan los turistas no supera las dos noches, contó el personal del hotel. «Hasta hace poco la ocupación no superaba el 30 %, ahora esperamos dos contingentes de italianos», contó una de las empleadas con más de ocho años allí.

La consulta es inevitable y muchos llegan preguntando si es el hotel de Cristina Kirchner, «curiosos hay siempre, a nosotros nos paga el sueldo Idea SA que son los que manejan el hotel», dijo una de las mozas del restaurante del lugar «Barlovento». El trato es amable pese a las dificultades que produce un edificio con bajo mantenimiento, que ofrece dos piletas con poca circulación de aire.

 La habitación más económica en el Alto Calafate cuesta $ 3.911 y la más costosa $ 6.652. El Alto Calafate marcó una época en los negocios de la familia Kirchner y sus administradores se esperanzan con llenar el hotel los próximos meses.

Fuente: Clarín, 21/11/16.

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Néstor Kirchner, un presidente cleptómano

Suele decirse que el caso Skanska fue el primer escándalo del kirchnerismo, pero hubo otro anterior, tanto o más escandaloso, aunque referido exclusivamente a la provincia de Santa Cruz.

Nos referimos al de los fondos que aquella provincia recibió del gobierno de Carlos Menem por regalías petroleras mal liquidadas. La suma fue de 630 millones de dólares, pero hay cálculos que la elevan a más de mil millones de esa moneda. A la historia pasaron como los «fondos de Santa Cruz«, que Néstor Kirchner envió a bancos del exterior y, como nunca hubo una rendición de cuentas real y en forma, y el dinero prácticamente se evaporó, se sospechó que el entonces gobernador Kirchner se apropió del manejo de esa fortuna y, probablemente, también de la fortuna.

Ahora las sospechas se confirmaron a partir de una investigación de Clarín acerca de cómo Kirchner transfirió esos dineros a entidades bancarias extranjeras mediante movimientos de entre uno y dos millones de dólares enviados, por lo general, a sociedades privadas de dueños desconocidos. Según la investigación, una de las financieras de la Argentina manejó parte del dinero «con una cuenta a nombre de la provincia de Santa Cruz y del propio Néstor Kirchner».

Como no podía ser de otra manera, el esquema de corrupción que puede apreciarse en este caso es el que aplicó Kirchner en sus años de gobernador y que luego trasladó al plano nacional al acceder a la presidencia, y que parte de la base de considerar lo estatal como un bien personal.

Por ejemplo, de acuerdo con la investigación, quien ordenaba el manejo de los fondos de Santa Cruz fue Lázaro Báez, que en aquel entonces se desempañaba como gerente departamental del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Posteriormente, Báez se convirtió en dueño de empresas de construcción que ganaban las licitaciones para obras públicas y se lanzó a comprar propiedades en toda Santa Cruz y en otras provincias, además de llevar a cabo negocios con la familia Kirchner, como alquilarles muchas habitaciones en los hoteles que poseía esa familia y que los empleados de Báez nunca ocupaban. Una típica maniobra de lavado de dinero.

En 1995, Báez y otro funcionario del Banco de Santa Cruz informaron a la empresa Kega Holding Internacional Inc., de dueños desconocidos, que podían disponer en forma «incondicional» de 17.200.000 dólares, que saldrían de una cuenta de la provincia en el Banco de Santa Cruz, pero desde la cuenta de este banco en el Citibank de Nueva York.

A la luz de estos nuevos datos cobra sentido -un sentido entre cínico y aberrante, claro- el silencio que mantuvo Kirchner, mechado de mentiras y desinformación, sobre el destino de los famosos fondos luego desaparecidos, pues de aquellos cientos de millones sólo habrían quedado en Santa Cruz 30.000 dólares.

Cuando Sergio Acevedo accedió a la gobernación de la provincia patagónica tras haberse desempeñado como titular de la SIDE, mostró la voluntad de transparentar la suerte que habían corrido aquellos fondos, pero se vio frustrado al no recibir información confiable. Quienes lo sucedieron en el cargo, al que renunció para no convalidar hechos de corrupción en marcha, tampoco pudieron arrojar luz sobre la suerte que corrió la fortuna.

Resulta ilustrativo recordar que una actitud similar mantuvo Cristina Kirchner. Cuando inauguró una planta cementera en Pico Truncado, en 2008, efectuó una enérgica defensa del manejo de los fondos santacruceños. Según ella, parte de esos fondos se emplearon en la construcción de la cementera que inauguró. Y agregó: «Siempre me pareció muy curioso que en un país donde se habían llevado todo, donde nadie podía dar cuenta de lo que faltaba, un hombre que gobernó esta provincia y el país había ahorrado lo que otros no podían explicar». Es probable que hubiera ahorro, pero no para la provincia, que vio desaparecer la mayor parte del dinero.

Aunque Kirchner lo manejara como propio, ese dinero pertenecía a una provincia que ya entonces tenía graves problemas, que se profundizaron durante la gestión presidencial del matrimonio Kirchner; una provincia donde el empleador casi excluyente sigue siendo el Estado; una provincia que no pudo diversificar su modesta economía y que, durante décadas, fue un feudo, y como tal lo manejaron y lo explotaron los Kirchner.

Hace seis años decíamos en esta columna que era una burla a la ciudadanía nacional y a la santacruceña que en pleno siglo XXI se hablara del misterio de lo ocurrido con alrededor de mil millones de dólares estatales. Ese misterio empieza a descorrerse y lo que se ve indigna y espanta.

Fuente: La Nación, 22/09/16. – Editorial.

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