Sudán, la guerra olvidada
abril 15, 2025
Por Adalberto Agozino.
Una cruenta guerra civil azota a la nación sudanesa desde hace dos años con su secuela de víctimas civiles, trece millones de desplazados, violaciones a los derechos humanos y atroces hambrunas ante la criminal indiferencia de las principales naciones. Mientras el mundo clama por los niños palestinos muertos y heridos nadie menciona a los niños sudaneses que mueren de hambre o son reclutados como soldados.
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La República de Sudán es uno de los cincuenta y cuatro estados que forman el continente africano. Su capital es Jartum y la ciudad más poblada es Omdurmán.
Está situado al noreste de África y comparte frontera con Egipto al norte, con el mar Rojo al noreste, con Eritrea y Etiopía al este, con Sudán del Sur al sur, con la República Centroafricana al suroeste, con Chad al oeste y con Libia al noroeste.
La población de Sudán es una combinación de africanos originarios con lengua madre nilo-sahariana y descendientes de emigrantes de la península arábiga. Debido a un proceso de arabización, común al resto del mundo musulmán, hoy en día la cultura islámica predomina en Sudán.
El país tiene una larga historia, que se remonta a la Edad Antigua, cuando se entrecruza profundamente con el pasado de Egipto, y con el periodo de dominación colonial europea hasta obtener su independencia el 1° de enero de 1956. Sudán sufrió diecisiete años de conflicto armado durante la Primera Guerra Civil Sudanesa (1955-1972), seguidos de conflictos étnicos, religiosos y económicos entre la población del norte árabe-musulmana y la población del sur animista, nilótica-cristiana y negra que desembocaron en la Segunda Guerra Civil (1983-2005).
Debido al continuo desequilibrio político y militar, se llevó a cabo un golpe de Estado en el año 1989 encabezado por el entonces brigadier Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien terminó autoproclamándose, en 1993, presidente de Sudán. La segunda guerra civil terminó tras la firma, en 2005, del Acuerdo General de Paz que supuso la redacción de una nueva constitución y le dio autonomía a lo que en aquel momento era la región sur del país. En un referéndum llevado a cabo en enero de 2011, dicha región obtuvo los votos necesarios para independizarse, hecho que concretó el 9 de julio de 2011. El nuevo Estado secesionista adoptó la denominación de República de Sudán del Sur.
Desde hace dos años este sufrido Estado africano vive una cruenta guerra civil, en la cual el país más grande de África ha quedado reducido a un campo de batalla sin reglas, sin rumbo y sin testigos. Mientras los combates entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y las milicias paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo —alias Hemedti— continúan desangrando al país, la comunidad internacional observa en silencio. El precio lo pagan, como siempre, los civiles: más de 13 millones de desplazados, 30 millones en necesidad urgente de ayuda humanitaria y regiones enteras sumidas en la hambruna y el colapso sanitario.
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Un conflicto entre generales
El conflicto sudanés no tiene matices. Dos hombres luchan por el poder absoluto en un país donde la democracia fue apenas un espejismo tras la caída de Omar al-Bashir en 2019. Lo que comenzó como una alianza militar contra el autoritarismo terminó devorándose a sí misma tras el golpe de Estado de 2021. Desde entonces, Al-Burhan y Hemedti han convertido Sudán en un tablero de guerra. Las armas sustituyeron al diálogo. Las balas, a las urnas. Y la esperanza, al miedo.
Las FAR, que nacieron como una amalgama de milicias irregulares en la región de Darfur, se consolidaron bajo el mando de Hemedti como una maquinaria autónoma y brutal, con acceso a minas de oro, rutas de contrabando y aliados externos. El ejército regular, en cambio, apuesta por una imagen institucional y el control del espacio aéreo, mientras mantiene el apoyo de países como Egipto y, recientemente, Irán.
En medio de esta pugna, el Estado sudanés se ha disuelto. Ya no existe un Gobierno funcional. No hay justicia, ni servicios, ni seguridad. Solo hay guerra, hambre y muerte.
Un país dividido
Hoy, el norte y el este del país están en manos del ejército. El oeste y el sur, especialmente la región de Darfur, están bajo dominio de las FAR. La capital, Jartum, ha sido escenario de batallas encarnizadas y, tras ser recuperada por las fuerzas de Al-Burhan, ahora es símbolo de un gobierno militar que intenta reorganizarse.
Pero la guerra está lejos de terminar. La región de Darfur se ha convertido en el nuevo epicentro de los combates. Las FAR han intensificado su ofensiva y, según datos de Naciones Unidas, solo en la última semana más de 400 personas murieron en ataques a campos de desplazados como el de Zamzam, en Darfur Norte. La estrategia es clara: consolidar un gobierno paralelo en el oeste del país, controlando cuatro de las cinco capitales de Darfur. Si El Fasher, la última ciudad en disputa, cae, Sudán quedará definitivamente partido en dos.
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Mujeres y niños, las víctimas invisibles
El 88% de los desplazados son mujeres y niños, según ACNUR. Son los rostros más invisibles de esta tragedia. Expuestas a la violencia sexual sistemática —documentada por Amnistía Internacional como crimen de lesa humanidad—, a la desnutrición y a la falta total de asistencia médica, muchas de ellas vagan sin rumbo entre fronteras o sobreviven en campos improvisados donde ya no llegan ni medicamentos ni alimentos.
La red sanitaria del país ha colapsado. Más del 70% de los hospitales no funciona. Los centros médicos son tomados por los combatientes. Médicos sin Fronteras ha denunciado el secuestro de personal sanitario por parte de las FAR para atender a sus heridos. Brotes de cólera, sarampión y difteria se extienden sin control. El sistema está tan destruido que muchas operaciones de urgencia ya no se realizan, y enfermedades tratables se convierten en sentencias de muerte.
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Indiferencia global
Pese a la magnitud de la crisis, la respuesta internacional ha sido tibia, cuando no inexistente. A dos años del inicio del conflicto, solo el 6,6% de los fondos humanitarios solicitados por Naciones Unidas ha sido cubierto. La ONU no ha conseguido aprobar un embargo de armas integral, pese a las evidencias de crímenes de guerra en ambos bandos. Las principales potencias han evacuado a su personal diplomático y cerrado embajadas, mientras los países vecinos —Egipto, Chad, Sudán del Sur— reciben a millones de refugiados con infraestructuras al límite.
“El mundo ha decidido mirar hacia otro lado”, denuncia Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional. “Vergüenza para los perpetradores, pero también para los gobiernos que permiten que esta barbarie continúe”.
España, por ejemplo, ha destinado apenas 1,5 millones de euros este año a la ayuda humanitaria en Sudán. Una cifra simbólica frente a una catástrofe humanitaria que, según la propia AECID, se ha triplicado en gravedad en los últimos doce meses.
La paz imposible
Ni Al-Burhan ni Hemedti han mostrado voluntad alguna de negociar. Las iniciativas impulsadas por Arabia Saudita, Egipto, la Unión Africana o la ONU han fracasado estrepitosamente. Las treguas duran horas, y cada nuevo intento de diálogo es desmentido a cañonazos.
La reciente conferencia organizada en Londres por la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido ni siquiera invitó a las partes en conflicto. El gesto, simbólico, refleja el grado de aislamiento en que han caído los beligerantes… y también el agotamiento de la diplomacia.
Entretanto, las FAR amenazan con lanzar una ofensiva desde Darfur hacia el norte. Atacan infraestructuras clave, como presas y aeropuertos, con drones de dudoso origen. El ejército responde con ataques aéreos masivos. Y el país se desangra.
La revolución traicionada
En 2019, Sudán fue símbolo de esperanza. Una revolución popular, liderada por jóvenes, mujeres y profesionales, tumbó a un dictador que llevaba tres décadas en el poder. Pero la transición democrática naufragó en apenas dos años, arrastrada por los mismos militares que prometieron protegerla. Hoy, aquellos manifestantes están muertos, exiliados o silenciados.
Sudán, cuna de civilizaciones antiguas, vuelve a ser rehén de sus guerras contemporáneas. Una tierra rota por la ambición de sus líderes y la indiferencia del mundo. Una típica tragedia africana sin titulares, pero con millones de víctimas.
Fuente: alternativepressagency.com, 15/04/25
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Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo
abril 15, 2025
Por Adalberto Agozino.
Un informe exclusivo de The Washington Post revela que cientos de mercenarios del autodenominado Ejército Popular Saharaui, brazo armado de los separatistas del Frente Polisario, entrenados por Irán, fueron capturados por el gobierno provisional sirio, después de haber combatido en las filas del exdictador Bashar al-Assad, durante la cruenta guerra civil de Siria.
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La caída del régimen sirio de Bashar al-Assad ha desvelado una de las redes más opacas de la geopolítica regional: la colaboración entre la República Islámica de Irán y el Frente Polisario, grupo separatista saharaui con base en los campamentos de Tinduf (Argelia). Fuentes diplomáticas y de inteligencia revelan que este vínculo va más allá del apoyo político y diplomático, incluyendo entrenamiento militar, tráfico de armas y lazos con redes yihadistas en el Sahel.
Según un informe publicado por The Washington Post, las nuevas autoridades sirias han detenido a centenares de combatientes del Polisario en Alepo y otras regiones del país. Estos milicianos, afirman fuentes occidentales, fueron enviados a Siria por Irán y Argelia, con pasaportes argelinos, y recibieron instrucción en técnicas de combate urbano y uso de drones, en colaboración con asesores militares iraníes.
La información ha sido confirmada por el Frente de Salvación Nacional de Siria, cuyos portavoces señalan que al menos 200 militantes del Polisario fueron desplegados en zonas sensibles como Daraa y Sweida, en bases militares controladas por Teherán. En paralelo, documentos obtenidos en antiguos centros de inteligencia sirios revelan la existencia de entrenamientos conjuntos entre el Polisario y la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza clave en la estrategia militar exterior de Irán.
Respecto a Siria, las relaciones entre la dinastía Al-Assad y el Polisario se remontan a 1978. Desde entonces, Damasco ha brindado apoyo diplomático y logístico a la milicia saharaui. Siria, bajo la dictadura de Bashard al-Assad, era además uno de las pocos estados en el mundo que reconocía a la inexistente República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Los vínculos con Teherán
Marruecos ya había roto relaciones con Irán en 2018, tras denunciar que la milicia libanesa Hezbollah, aliada de Teherán, estaba entrenando a combatientes saharauis en los campamentos de Tinduf. El ministro de Exteriores, Nasser Burita, aseguró contar con “pruebas concluyentes” de que diplomáticos iraníes en Argel actuaban como intermediarios entre Hezbollah y el Polisario, facilitando envíos de armas —incluidos misiles SAM-9 y Strela-3— y cursos de táctica de guerra.
La conexión entre el régimen iraní y la causa saharaui no es nueva, pero sí ha adquirido una dimensión más peligrosa en el contexto actual de tensiones en el norte de África. El rearme del Polisario, sus ataques esporádicos contra posiciones marroquíes en el Sáhara y su papel en zonas de conflicto internacional, han desdibujado las fronteras entre insurgencia local y terrorismo internacional.
Del separatismo al yihadismo
El Frente Polisario asesino a 289 ciudadanos españoles durante las décadas de los años 70 y 80. Los pescadores españoles que faenaban en la zona de El Aaiún o los trabajadores que picaban piedras en las minas de fosfato de Fosbucraá fueron aniquilados en masa. Barcos con toda la tripulación pasada a machete, secuestros, torturas físicas y psicológicas o fusilamientos con ráfagas de ametralladora eran algunas de las desastrosas “postales” que dejaron los terroristas separatistas que nunca fueron debidamente investigadas ni sancionadas, según afirma la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE).
Su autodenominado Ejército Popular Saharaui no duda en reclutar y entrenar niños soldados entre la población de los campamentos de Tinduf, tal como pudo comprobar con sus propios ojos, el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, señor Staffan de Mistura.
Uno de los casos más paradigmáticos, registrados recientemente, es el de Adnan Abu Walid al-Sahraoui, antiguo miembro del Polisario y fundador del grupo Estado Islámico en el Gran Sáhara. Desde 2015, al-Sahraoui lideró ataques en Mali, Burkina Faso y Níger, incluidos atentados contra tropas francesas, nigerinas y estadounidenses. Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura antes de su muerte en 2021.
Fuentes marroquíes y europeas han advertido que los campamentos de Tinduf se han convertido en un “caldo de cultivo” para la radicalización. El propio Mohamed Lamin Buhali, exministro de Defensa de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), admitió en una entrevista al diario ABC la presencia de al menos 25 saharauis en las filas de Al Qaeda y otros grupos salafistas en el Sahel.
Un informe del Instituto Flamenco para la Paz, una prestigiosa institución financiada por la Unión Europea, vincula además al Polisario con el tráfico de armas procedentes del colapso del régimen de Muhammad Gadafi en Libia. Fusiles, lanzacohetes y otros pertrechos fueron redistribuidos por miembros del grupo saharaui, algunos de los cuales combatieron como mercenarios en la guerra civil libia.
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El Congreso de EE UU considera designar al Polisario como grupo terrorista
La escalada de denuncias ha llevado a sectores del Congreso estadounidense a considerar la clasificación oficial del Frente Polisario como organización terrorista extranjera. Joe Wilson, congresista republicano y miembro del Comité de Relaciones Exteriores, ha promovido un proyecto de ley que respalda exclusivamente el plan de autonomía marroquí y denuncia la “conexión directa” del Polisario con Irán y grupos radicales.
“El verdadero camino hacia la paz en la región pasa por una autonomía real bajo soberanía marroquí”, declaró Wilson tras reunirse con el ministro marroquí Nasser Bourita. Según el congresista, el Polisario “amenaza la seguridad del norte de África y de aliados estratégicos como España y Francia”.
España y Europa en alerta
El Ministerio de Defensa español ha advertido en varias ocasiones sobre el riesgo de atentados y secuestros en la región de Tinduf y otras zonas del Sahel. En 2011, tres cooperantes europeos —la madrileña Ainhoa Fernández Rincón, el mallorquín Eric Gonyalons y la italiana Rossella Urru— fueron secuestrados en Rabuni, sede administrativa del Polisario en Argelia, por elementos del grupo en colaboración con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Fueron liberados tras el pago de un rescate que no fue oficialmente cuantificado.
Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya había advertido en 2008 sobre el desvío sistemático de ayuda humanitaria en Tinduf, en colaboración entre altos cargos del Polisario y autoridades argelinas, lo que refleja la economía paralela en que se sustenta parte de la estructura saharaui.
Mauritania sufre la presión separatista
Mauritania, vecina de la zona en conflicto, ha recibido también presiones directas por parte del Polisario. El 23 de noviembre de 2023 se presentó en Nuakchot, una delegación del Frente Polisario encabezada por Mohamed Salem Ould Salek entregó al presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani una carta del secretario general del Polisario, Brahim Ghali, en la que advertía que la estabilidad regional dependía del “respeto a las fronteras”. Fuentes diplomáticas interpretan esta misiva como una amenaza velada en caso de que Nuakchot refuerce sus lazos con Rabat.
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¿Hacia una redefinición internacional del Polisario?
El Frente Polisario ha evolucionado, según múltiples informes, desde un movimiento de liberación nacional hacia un grupo terrorista internacional con ramificaciones en el crimen organizado, el yihadismo y las alianzas geopolíticas más controvertidas del mundo árabe. Sus vínculos con Irán, Hezbollah y grupos salafistas en el Sahel ponen en cuestión su legitimidad como representante de la minoría saharaui retenida en Tinduf.
La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y Naciones Unidas, enfrenta ahora el desafío de revisar su postura ante un grupo terrorista que, bajo el amparo de una falsa causa identitaria, participa activamente en redes de desestabilización regional. En este escenario, ignorar la evidencia ya no es una opción.
Fuente: alternativepressagency.com, 14/04/25
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Tensiones en el Sahel
abril 10, 2025
Por Adalberto Agozino.
La influencia de Argelia sobre la estratégica región del Sahel se ve desafiada por la Alianza de Estados del Sahel que amenaza consolidar un nuevo espacio de poder basado en su alianza con el Reino de Marruecos y con Rusia.
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La estabilidad de la estratégica región del Sahel vuelve a tambalearse. A medida que se consolida la Alianza de Estados del Sahel —una coalición militar, formada en septiembre de 2024, e integrada por Mali, Burkina Faso y Níger—, Argelia observa con creciente preocupación el auge de una estructura que desafía su histórica influencia regional y que se alinea progresivamente con otros actores como son Rabat y Moscú.
Las tensiones entre Argel y sus vecinos del sur no son nuevas, pero sí lo es la velocidad con la que estos tres países han buscado romper con los marcos tradicionales de cooperación regional, especialmente con organismos como la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), en los que Argelia mantenía una interlocución indirecta. El reciente fortalecimiento de esta alianza militar, acompañado de un discurso soberanista y antioccidental, plantea nuevos interrogantes sobre el futuro geopolítico de la región.
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Un liderazgo cuestionado
Argelia ha desempeñado históricamente un papel clave en los equilibrios del norte de África y el Sahel, apostando por una diplomacia de no injerencia y mediación. La aparición de un bloque cohesionado, con vocación de autonomía militar y respaldo externo, supone un desafío directo a esa postura.
Las autoridades argelinas temen que la alianza del Sahel se convierta en un instrumento de presión regional que limite su margen de maniobra, y sobre todo, que abra la puerta a una creciente presencia militar extranjera, especialmente de Rusia, actor con el que Argel mantiene una compleja relación estratégica y que es su principal proveedor de armamentos.
“Para Argelia, lo que está en juego es su papel como potencia estabilizadora en el continente”, señala un experto en política africana del Instituto Elcano. “Pero los nuevos equilibrios regionales obligan a redefinir prioridades y alianzas”.
La estrategia del Sahel
Desde los golpes de Estado que sacudieron a Mali, Burkina Faso y Níger, sus juntas militares han promovido un discurso de ruptura con el modelo poscolonial impuesto por Occidente. La creación de una alianza militar conjunta responde tanto a razones de seguridad —frente a la amenaza yihadista— como a una narrativa política de soberanía.
La alianza ha dado pasos firmes hacia la integración: ejercicios militares conjuntos, retirada de acuerdos de defensa con Francia y acercamiento explícito a Moscú. Esta nueva arquitectura regional sitúa a la coalición como un bloque alternativo que desafía la hegemonía diplomática tradicional de Argel.
Especialmente, desde que los miembros del Ejército de Malí han comenzado a recibir entrenamiento militar por parte de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. El Reino magrebí es el tradicional rival geopolítico de Argel en el Norte de África, desde la Guerra de las Arenas de 1963.
Argelia cerró su frontera terrestre en 1994, suspendió unilateralmente sus suministros de gas a través de la gasoducto Magreb – Europa en octubre de 2021 y cerró su espacio aéreo a los aviones marroquíes en septiembre de 2021 tras la ruptura de las relaciones diplomáticas. Desde entonces, los medios de comunicación estatales argelinos han intensificado su retórica antimarroquí, difundiendo a menudo información errónea y hostil.
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El papel de Moscú
En este tablero en transformación, Rusia gana protagonismo. Con vínculos históricos con Argelia, el Kremlin ha reforzado su presencia en África a través de acuerdos militares, venta de armas y la actuación —más o menos oficial— de compañías de servicios militares como el grupo Wagner, recientemente rebautizado con el curioso nombre de “África Corps”.
Para los países del Sahel, el respaldo ruso ofrece una vía de apoyo militar sin las condiciones políticas que suelen imponer los países occidentales. Para Moscú, se trata de ampliar su radio de influencia en un continente donde los recursos naturales y las alianzas estratégicas cotizan al alza.
Sin embargo, este giro hacia Moscú también podría generar fricciones con Argelia. Aunque ambos países han mantenido una relación sólida, el desequilibrio que provocaría un apoyo ruso excesivo a la Alianza del Sahel podría tensar sus vínculos históricos.
¿Una nueva guerra fría regional?
El avance de este bloque militar, en un contexto de debilitamiento de las estructuras multilaterales africanas, plantea dudas sobre la posibilidad de una escalada de tensiones regionales. Si bien una confrontación directa entre Argelia y la Alianza del Sahel parece improbable en el corto plazo, los desacuerdos podrían derivar en conflictos diplomáticos, o incluso, en una competencia armamentística con respaldo externo.
En paralelo, la Unión Africana observa con inquietud la deriva de una región clave en términos de seguridad y recursos. Mientras tanto, Argelia se enfrenta al dilema de mantener su tradicional política exterior de autonomía o redefinir su papel en un continente donde los equilibrios de poder ya no son los de antaño.
El principal perjudicada por este clima de tensiones en el Sahel, es Argel, porque a sus conflictos con Marruecos por el Sáhara, ahora suma un clima prebélico con sus vecinos del Sur y un serio diferendo con su principal aliado internacional: Rusia.
En esta forma, el conflicto abierto en el Sahel no hace más que aumentar el aislamiento internacional de Argelia.
Fuente: alternativepressagency.com, 09/04/25
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¿Un humorista político al poder en el Perú?
marzo 20, 2025
Por Adalberto Agozino.
Por décadas, Carlos Álvarez ha sido un referente del humor político en el Perú, utilizando la parodia como un medio de crítica social. Sin embargo, hoy su nombre resuena en el escenario político de manera diferente: como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2026
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En el mundo están de moda los outsiders de la política como presidentes. Desde Donald Trump, pasando por Volodimir Zelensky hasta llegar a Javier Milei sobran los ejemplos de figuras externas a la política que se convierten de un día a otro en presidentes de sus países.
Ante el descredito y la corrupción de los políticos convencionales cada vez más los electorales de muchos países ponen sus ojos, y sus esperanzas, en figurar nuevas con un alto nivel de popularidad que invocan soluciones innovadoras y algo radicales para solucionar los problemas que lastran a sus sociedades desde hace décadas.
Precisamente es la distancia de estos líder con la cultura y los procedimientos de la dirigencia convencional lo que los convierte en una opción atractiva para el electorado que busca un cambio real de las reglas de juego político.
Perú, con su convulsionada vida institucional no podía escapar a esta tendencia. Un célebre cómico popular Carlos Álvarez amenaza con dar la sorpresa en las elecciones presidenciales de 2026. Su afiliación, el 12 de julio de 2024 (fecha límite para que los ciudadanos interesados en ser candidatos en los próximos comicios generales se afiliaran a un partido), al partido “País para Todos” ha marcado el inicio de una posible carrera política, desatando un intenso debate sobre sus verdaderas intenciones y posibilidades de triunfo.
El partido País para Todos fue fundado por el alcalde de la provincia de Huaraz (2011 – 2014), Vladimir Meza. Esta agrupación obtuvo su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 2 de agosto de 2024, convirtiéndose en el partido número 34 habilitado para participar en las Elecciones Generales de 2026, actualmente cuenta con 70 comités provinciales en 23 departamentos del Perú.
Un Candidato Outsider
A sus 61 años, el comediante ha decidido incursionar en la política con la premisa de que “antes que humorista, soy ciudadano“. En reiteradas ocasiones ha manifestado su preocupación por la inseguridad ciudadana y la crisis política del país. Sus críticas a los líderes tradicionales, a quienes califica de “impresentables”, lo han acercado a un electorado desencantado con la clase política convencional.
Su estilo directo y su presencia en redes sociales le han permitido consolidar una imagen de opositor al sistema, similar a la de otros outsiders políticos en la región. Incluso ha sido comparado con el presidente de Ucrania por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Mientras que el excanciller peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackay le ha dicho a Alternative Press que Álvarez tiene gran potencial entre el electorado de centroderecha del Perú.
Principales Propuestas y Posturas
Si bien Álvarez aún no ha presentado un plan de gobierno detallado, ha esbozado algunas de sus principales propuestas:
- Lucha contra la inseguridad ciudadana: Es su bandera más fuerte. Ha propuesto medidas drásticas, como la salida del Perú del Pacto de San José de Costa Rica para poder aplicar la pena de muerte a delincuentes reincidentes.
- Reforma del Estado: Busca recuperar la “dignidad de la Presidencia y del Congreso”, aunque no ha precisado cómo lograrlo.
- Crítica a la migración irregular: Ha manifestado su preocupación sobre el impacto de la migración extranjera en el aumento de la delincuencia.
Estas posiciones han generado tanto apoyo como críticas. Su simpatía por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, famoso por sus medidas severas contra la delincuencia, lo ha alineado con sectores que claman por una mano dura en el Perú.
¿Tiene Posibilidades de Ser Presidente?
El escenario electoral de 2026 aún es incierto, pero las encuestas privadas han identificado a Álvarez como un posible candidato con opciones. La desafección hacia la clase política tradicional podría beneficiarlo, como ha ocurrido en elecciones previas con candidatos ajenos al sistema político.
Sin embargo, su falta de experiencia en gestión pública podría jugarle en contra. Además, sus propuestas extremas podrían polarizar a la opinión pública, alejando a votantes moderados. Su desempeño en debates y su capacidad para articular un plan de gobierno serán claves para determinar su viabilidad como candidato serio.
A menos de dos años para las elecciones, Carlos Álvarez enfrenta el reto de demostrar que puede trascender la comedia y consolidarse como una alternativa política real. La pregunta sigue abierta: ¿Es la risa el mejor camino hacia la presidencia?
Fuente: alternativepressagency.com, 20/03/25
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Siria, el conflicto sin fin
marzo 10, 2025
Por Adalberto Agozino.
El conflicto en Siria, que comenzó hace más de una década, sigue devastando al país. La situación actual es una combinación de violencia sectaria, inestabilidad política y una nueva y alarmante crisis humanitaria que incrementan las cada vez más frecuentes violaciones a los derechos humanos.
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Los combates y la violencia sectaria
Mientras que la atención mundial se centra en los conflictos de Ucrania y Gaza, desde diciembre de 2024, Siria se ha convertido en el epicentro de intensos enfrentamientos armados entre las nuevas autoridades lideradas por Ahmed Al-Sharaa y las fuerzas leales al derrocado Bashar al-Assad. La costa siria y las regiones de Latakia y Tartús han sido particularmente afectadas por una ola de represión contra la minoría alauita, resultando en la ejecución de más de 745 civiles de la minoría alauita a manos de las fuerzas de seguridad y combatientes progubernamentales.
En un país de 185.000 kilómetros cuadrados, sus veinticuatro millones de habitantes están distribuidos en varias comunidades -los suníesson la mayoría, pero también están presentes los kurdos, cristinos, drusos, etc.-. Los alauitas, componen el 9% de la población, pero estuvieron fuertemente representados en el aparato militar y de seguridad del clan Al-Assad, que durante más de medio siglo, primero con Hafez y luego con Bashar, gobernó el país en forma dictatorial bajo un régimen policial.
Los ataques de venganza han dejado un saldo de más de 1.018 muertos, incluyendo 273 combatientes leales al exdictador Bashar Al-Assad y miembros de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha calificado estos eventos como “masacres sectarias” y ha denunciado la existencia de ejecuciones sumarias, saqueos y torturas a civiles alauitas.
En paralelo, el Ejército sirio ha llevado a cabo operativos militares para sofocar los levantamientos insurgentes en la costa, cerrando rutas y arrestando a presuntos responsables de los enfrentamientos. Sin embargo, la seguridad en estas regiones sigue siendo precaria.
Grupos en lucha: Una guerra fragmentada
Siria sigue dividida entre múltiples facciones armadas, cada una con diferentes alianzas e intereses:
- Gobierno de Ahmed Al-Sharaa: Instalado en diciembre de 2024 tras derrocar a Bashar al-Assad, su administración está respaldada por grupos islamistas como Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Sin embargo, enfrenta resistencia de los sectores alauitas y otras minorías.
- Fuerzas leales a Bashar Al-Assad: Aunque el exdictador fue depuesto, grupos armados leales a su régimen continúan operando en la costa siria y en algunas regiones montañosas, llevando a cabo ataques contra las nuevas autoridades.
- Milicias kurdas: las fuerzas de la minoría kurda en Siria controlan el noreste del país y mantienen una relación tensa con el gobierno de Damasco y las fuerzas turcas.
- ISIS y otros grupos extremistas: A pesar de su debilitamiento, las milicias yihadistas del Estado Islámico (ISIS o Daesh) siguen activas en ciertas regiones, operando como una insurgencia clandestina.
Siria al borde del colapso
El conflicto desatado con la Primavera Árabe de 2011 ha dejado un impacto devastador en la población, 618.000 personas murieron y otras 113.000 figuran como desaparecidas. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que Siria ha retrocedido cuatro décadas en términos de progreso económico y social. A este ritmo, la recuperación total podría demandar hasta 55 años. Es decir, que solo alcanzará el nivel de PBI previo al estallido del conflicto en 2080.
- Pobreza extrema: desde el comienzo de la violencia la pobreza pasó del 33% al 90% de los y la pobreza extrema de 11 al 66% en pobreza extrema.
- Desplazamiento masivo: Un total de 4,8 millones de ciudadanos sirios han huido del país, especialmente a países limítrofes, mientras que otros viven en condiciones precarias dentro de Siria. Una cuarta parte de la población se encuentra desempleada, es decir, que la desocupación se triplicó a causa del conflicto. Tres de cada cuatro personas dependen de ayuda humanitaria y necesitan de asistencia para satisfacer sus necesidades básicas en materia de salud, alimentación, acceso al agua potable, energía y vivienda.
- Infraestructura destruida: Según algunas estimaciones, los daños ocasionados por el conflicto ascienden a 800.000 millones de dólares. La guerra ha dañado gravemente la red de salud, educación y energía. La producción eléctrica ha caído un 80% y la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Casi un tercio de las viviendas fueron destruidas o gravemente dañadas. Las carencias de vivienda afectan a 5,7 millones de sirios.
- Educación en crisis: Entre el 40% y 50% de los niños no asisten a la escuela.
Respuesta internacional y desafíos futuros
Las violaciones a los derechos humanos se han convertido en algo frecuente en Siria desde el comienzo de la Primavera Árabe, en 2011, pero se han incrementado desde la toma del poder por las fuerzas islamistas de Ahmed Al-Sharaa, que en pocos meses han acumulado 9.000 presos políticos, muchos de ellos con paradero desconocido.
La comunidad internacional ha condenado las violaciones de derechos humanos en Siria, pero las acciones concretas siguen siendo limitadas. Naciones Unidas ha instado a todas las partes a respetar el derecho internacional y a permitir el acceso humanitario, mientras que la Comisión de Investigación de la ONU para Siria ha pedido investigaciones sobre las recientes masacres.
A nivel diplomático, Rusia sigue apoyando al régimen de Damasco, mientras que Turquía respalda a los insurgentes en el norte. Irán ha desplegado milicias para ayudar a estabilizar el gobierno de Al-Sharaa, mientras que Estados Unidos mantiene una presencia limitada en apoyo a las fuerzas kurdas.
El conflicto sirio sigue sin una solución clara. Con un país fragmentado, una población empobrecida y la presencia de múltiples actores armados, la estabilidad parece lejana. Mientras tanto, los sirios continúan sufriendo las consecuencias de una guerra que parece no tener fin, ante la indiferencia de la comunidad internacional.
Fuente: alternativepressagency.com, 09/03/25
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febrero 6, 2025
Por Adalberto Agozino.
El anciano presidente del Brasil, que enfrenta los problemas del deterioro de su liderazgo político y una salud deteriorada por los años de dura militancia política, debe decidir si está en condiciones de competir por un cuarto periodo presidencial que culminaría a los 84 años.
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¿Un nuevo período?
A medida que Brasil se acerca a las elecciones presidenciales de 2026, la figura de Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a estar en el centro del debate político. Con una trayectoria marcada por la resiliencia y el liderazgo, Lula se posiciona nuevamente como el principal candidato de la izquierda. Sin embargo, su avanzada edad y su precario estado de salud plantea dudas sobre su capacidad para enfrentar una nueva campaña y, eventualmente, un cuarto mandato presidencial.
Un liderazgo consolidado, pero con desafíos
Desde que asumió su tercer mandato en 2023, Lula ha buscado reposicionar a Brasil en el escenario internacional, reforzar el Mercosur y recuperar la confianza de sectores estratégicos de la economía. Su agenda ha estado marcada por la diplomacia climática, la lucha contra la pobreza y la reactivación de proyectos de infraestructura. A pesar de las dificultades económicas y la fragmentación política en el Congreso, Lula mantiene un respaldo significativo entre los votantes de izquierda y sectores moderados.
No obstante, el avance de figuras de derecha como Tarcisio de Freitas y Eduardo Bolsonaro ha cambiado el panorama electoral. Aunque las encuestas indican que Lula sigue siendo el favorito, su margen de ventaja se ha reducido en los últimos meses, y su índice de aprobación ha caído por debajo del 50%.
La salud de Lula: una variable clave en la contienda
Uno de los factores que más incertidumbre genera en torno a la candidatura de Lula es su estado de salud. A sus 79 años, el mandatario arrastra un largo historial de problemas de salud. En 2011 fue diagnosticado con un cáncer de laringe que superó con un tratamiento de radiación y quimioterapia. En septiembre de 2022 padeció una cirugía invasiva para colocarle una prótesis de cadera. El 19 de octubre sufrió una caída en la bañera mientras tomaba una ducha que obligo a que se le practicaran varias intervenciones para eliminar una hemorragia intracraneal. El accidente reavivó el debate sobre su capacidad para afrontar los próximos años de gobierno y, en particular, una exigente campaña electoral. Además, Lula padeció 580 días de cárcel antes de poder retornar a la actividad pública.
Si bien los médicos han asegurado que Lula no sufrió secuelas neurológicas, el episodio, en ese momento alimentó comparaciones con líderes de edad avanzada, como Joe Biden, cuyo estado físico era un tema recurrente en la política estadounidense. En Brasil, sectores de la oposición han comenzado a cuestionar si el mandatario podrá completar su mandato con plenitud y si será el mejor candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para 2026.
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La incertidumbre en el PT
A pesar de la determinación del oficialismo en mantener a Lula como su candidato principal, dentro del PT han surgido debates sobre una posible alternativa en caso de que su salud no le permita competir. Entre los nombres que han cobrado fuerza están el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodríguez, aunque ninguno cuenta con el carisma ni la popularidad de Lula.
Haddad, antiguo alcalde e São Paulo, reciclado como ministro de Hacienda de Brasil, es el funcionario con mayor índice de deseaprobación, debido al mal desempeño de la economía brasileña (pese a que Lula hizo campaña prometiendo picaña para todos, el real perdió un 25% de valor frente al dólar en 2024).
El pobre desempeño del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales de 2024 agrega otro factor de preocupación para la izquierda, que sin Lula carece de un sucesor natural.
El propio presidente ha insinuado que consideraría hacerse a un lado si fuera necesario, pero hasta el momento su discurso sigue enfocado en la continuidad de su proyecto. “Si mi candidatura es la única opción para evitar el retorno de la extrema derecha, estaré listo para la batalla”, ha afirmado en recientes declaraciones.
Un electorado polarizado y un escenario abierto
Las encuestas más recientes muestran que, a pesar de su desgaste, Lula sigue siendo el candidato con mayor intención de voto. En un eventual enfrentamiento con cualquier candidato de la derecha, el líder del PT obtendría entre un 43% y 45% de apoyo, frente a un rango del 26% al 35% de sus posibles rivales.
Sin embargo, la caída en su popularidad y la incertidumbre sobre su estado físico podrían influir en los próximos meses. La oposición, por su parte, aún no ha logrado consolidar un candidato fuerte que pueda unificar al espectro conservador. Jair Bolsonaro, es el único político que podría tener posibilidades frente a Lula, aunque actualmente está inhabilitado para competir, recordemos que también Lula estuvo inhabilitado hasta poco antes de convertirse en candidato nuevamente.
Hacia 2026
La candidatura de Lula da Silva en 2026 es, hasta el momento, el escenario más probable para el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, su salud será un factor determinante en su viabilidad política. Con un electorado dividido y una derecha en proceso de reorganización, las elecciones de 2026 se perfilan como una de las más inciertas de la historia reciente de Brasil.
El futuro político del país dependerá no solo de la capacidad de Lula para mantenerse en la contienda, sino también de la habilidad de la oposición para presentar una alternativa convincente. Mientras tanto, la salud del mandatario sigue siendo un tema de debate que podría redefinir el panorama electoral en los próximos meses. Si por su avanzada edad o por problemas de salud Lula da Silva no se postulase, la derecha tendría una buena oportunidad de volver al poder.
También la posibilidad de que se levante la inhabilitación de Jair Bolsonaro es otro tema de especulaciones en este complejo panorama electoral.
Fuente: alternativepressagency.com, 04/02/25
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Bolivia enfrenta un complejo panorama electoral para las elecciones presidenciales de este año
enero 31, 2025
Por Adalberto Agozino.
Bolivia enfrenta un confuso panorama político de cara a los próximos comicios presidenciales de este año en virtud del enfrentamiento entre el presidente Luis Arce y el expresidente y líder cocalero Evo Morales.
La República Plurinacional de Bolivia se encuentra en la antesala de unas elecciones presidenciales que prometen ser las más disputadas de los últimos años. Programadas para el 17 de agosto de 2025, estas elecciones determinarán al presidente, vicepresidente y los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el período 2025 – 2030.
El escenario político se encuentra marcado por la división dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), la emergencia de nuevos bloques opositores y un contexto de crisis económica y política que añade incertidumbre al proceso.
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La fractura en el MAS y la pugna Arce – Morales
El partido oficial, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), se encuentra dividido en dos facciones irreconciliables: la liderada por el actual presidente Luis Arce y la encabezada por el expresidente Evo Morales. La disputa no es producto de diferencias ideológicas o políticas sino que tiene su origen en la intención de Morales de volver a postularse, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado su inhabilitación por haber cumplido tres mandatos.
Las aspiraciones del líder cocalero chocan con la intención del actual presidente Luis Arce de ir por la reelección. Recordemos que Arce, antiguo ministro de Economía de los gobiernos de Evo Morales, llegó a la presidencia gracias al apoyo de su actual rival.
Morales, sin embargo, ha buscado otras alternativas para asegurar su participación en la contienda. Sus seguidores han anunciado que se encuentran en búsqueda de una sigla partidaria alternativa para postularlo, mientras el MAS, bajo el control de Arce, prevé definir su binomio presidencial en un congreso programado para finales de marzo.
Mientras tanto, Evo Morales enfrenta un proceso judicial por presunto Abuso a una menor y Tráfico de personas, con una orden de detención en su contra. A pesar de estos obstáculos legales, sus seguidores lo han proclamado como “único candidato legítimo” de la izquierda, lo que genera un ambiente de tensión y posibles desafíos legales en los próximos meses.
La oposición y el intento de unidad
Por el lado de la oposición, tras el fracaso en 2020 para articular un frente común contra el MAS, varios partidos y líderes locales han decidido formar alianzas para evitar la dispersión del voto. En diciembre de 2024, se consolidó el “Bloque Unido de Oposición”, conformado por figuras como el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
A este bloque se sumaron agrupaciones menores como Cambio 25, liderado por Vicente Cuellar, y el Frente Revolucionario de Izquierda. No obstante, persisten diferencias entre los líderes opositores, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de una candidatura única para enfrentar al MAS.
Entre los otros postulantes se encuentran Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba; Branko Marinković, exministro de Economía y Finanzas; y Chi Hyun Chung, un pastor evangélico y médico que ha ganado notoriedad en elecciones pasadas con un discurso conservador.
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Un contexto económico y social complejo
El panorama electoral boliviano está marcado por una crisis económica agravada por la escasez de dólares, el aumento del endeudamiento y la caída de reservas internacionales. Esto ha generado un descontento creciente en la población, que podría influir en la orientación del voto.
Además, el polémico intento de golpe de Estado de junio de 2024, liderado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, ha dejado secuelas en la estabilidad institucional del país.
En el plano social, las protestas de sectores afines a Morales y la creciente polarización entre oficialismo y oposición podrían derivar en episodios de conflicto durante la campaña electoral. Las denuncias de persecución política y la injerencia del gobierno en el poder judicial son otras variables que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral.
El panorama 2025
Las elecciones de 2025 en Bolivia se perfilan como una contienda clave para el futuro del país. Con el partido oficial, el MAS, dividido, la oposición de centroderecha tiene una posibilidad única para derrotar al oficialismo pero para ello deberá consensuar una candidatura común que evite la dispersión del voto antiMAS. Una tarea nada sencilla. Todo ello deberá realizarse en un contexto económico complejo e incierto. El panorama político boliviano se presenta, por lo tanto, altamente competitivo y cargado de incertidumbre. Habrá que estar atentos a la definición de candidaturas en los próximos meses porque será un momento determinante para conocer el rumbo que tomará país del altiplano en los próximos cinco años.
Fuente: alternativepressagency.com, 31/01/25
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Erdogan construye una esfera de influencia en África
enero 28, 2025
Por Adalberto Agozino.
En las últimas dos décadas, Turquía ha intensificado significativamente su presencia en África, consolidándose como un actor clave en la esfera geopolítica del continente. Esta estrategia abarca no solo el comercio y la inversión, sino también la cooperación militar, cultural y humanitaria, lo que evidencia el interés de Ankara por diversificar sus relaciones internacionales y ampliar su influencia global.
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Un Auge Económico Sin Precedentes
Desde 2003, el comercio bilateral entre Turquía y los países africanos ha experimentado un crecimiento vertiginoso. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, el volumen comercial pasó de 5.400 millones de dólares, en 2003, a cerca de 45.000 millones en 2023. Este incremento refleja una estrategia económica que no solo busca nuevos mercados para las exportaciones turcas, sino también asegurar el acceso a recursos energéticos y materias primas clave para su industria.
Entre los principales socios comerciales de Turquía en África destacan Argelia, Egipto, Sudáfrica, Nigeria y Etiopía. La participación de empresas turcas en proyectos de infraestructura también es significativa, con inversiones en aeropuertos, carreteras y desarrollos urbanos. Además, Turkish Airlines ha ampliado sus rutas en África, conectando más de sesenta ciudades africanas con el resto del mundo, lo que no solo impulsa el turismo y el comercio, sino también fortalece los lazos culturales.
La Dimensión Militar: Un Pilar Estratégico
La política africana de Turquía también incluye una creciente cooperación en defensa y seguridad. La base militar turca en Mogadiscio, Somalia, es la mayor de Turquía fuera de su territorio, “Camp Turksom”, de 400 hectáreaas. Simboliza la creciente importancia de Turquía y su compromiso con la estabilidad en el Cuerno de África. Precisamente, en 2024, el presidente Recep Tayyip Erdogan tuvo una decisiva intervención para evitar el estallido de un conflicto armado entre Etiopía y Somalia.
La base de turca en Mogadiscio permite a Ankara proyectar su poder naval sobre zonas claves del mar Rojo y el océano Índico. En esa base, Turquía adiestra a soldados somalíes y brinda apoyo logístico en la lucha contra grupos extremistas. Somalia es el principal socio estratégico de Ankara en el continente africano.
Además, Ankara ha firmado acuerdos militares con más de veinticinco países africanos, incluidos Marruecos, Nigeria, Mali y Senegal. Estos pactos incluyen la venta de drones Bayraktar TB2, reconocidos por su efectividad en conflictos como los de Libia, Siria, Nagorno-Karabaj y Ucrania, y el adiestramiento de fuerzas armadas locales. Los drones turcos son más económicos y fáciles de operar que los similares estadounidenses e israelíes. Entre los países africanos que cuentan con este equipamiento en sus arsenales se cuentan Somalia, Togo, Níger, Nigeria y Etiopía.
Entre 2020 y 2021, las exportaciones de armas turcas a África aumentaron de 83 millones de dólares a 460 millones, consolidando a Turquía como un nuevo proveedor militar del continente, aunque, por el momento, la cuota turca en el mercado de armas africanos es tan solo del 0,5%.
Turquía ofrece ayuda y cooperación sin poner condiciones relacionadas con la legalidad de los gobiernos o su respeto por los derechos humanos, una estrategia que encuentra terreno fértil entre los gobiernos de facto africanos usualmente bajo sanciones económicas o en aislamiento diplomático.
Turquía ha adoptado cada vez más discursos anticolonialistas (y, en particular, antifranceses), presentándose como un socio diferente que comparte tanto intereses como vínculos religiosos, culturales e históricos con los países de mayoría musulmana de África.
En Libia, Erdogan mantiene mercenarios kurdos y sirios apoyando al Gobierno del Acuerdo Nacional de Trípoli en su lucha contra el general Jalifa Haftar apoyado por Egipto y Emiratos Árabes Unidos.
Ankara ha puesto el foco en los países del Sahel, especialmente en Mali, Níger y Burkina Faso, incrementando notablemente los flujos comerciales, logrando además crear la imagen de socio comercial fiable y sin condicionantes políticos a través de generosas donaciones de ayuda humanitaria, proyectos sanitarios y otorgamiento de becas.
Por un acuerdo con Niamey, Ankara apoya a las fuerzas nigerianas en su lucha contra Boko Haram y otros grupos terroristas, además de asegurar las fronteras del país con los vecinos Mali y Burkina Faso.
Uno de los acuerdos mas controvertidos es al tratado secreto firmado con el gobierno de facto de Níger, en 2020, que contiene cláusulas para la adquisición de armamentos turcos como para el adiestramiento de unidades militares. La agencia de inteligencia turca (MIT) ha instalado en Níger su centro regional de operaciones. En julio de 2024 visitó Níger una delegación de la MIT encabezada por el jefe del organismo Ibrahim Kalin, en dicha oportunidad se firmaron acuerdos de cooperación en ese campo.
Además de contrarrestar las actividades de las organizaciones yihadistas que operan en el Sahel, la inteligencia turca se ocupa de apoyar a las empresas de su país para obtener acuerdos beneficiosos que permitan adquirir recursos naturales como madera, oro, uranio y petróleo y fomentar la venta de productos de defensa.
En Burkina Faso, las exportaciones de material bélico han pasado en los últimos tres años de doscientos mil dólares a siete millones.
El Poder Blando como herramienta diplomática
El “poder blando” también juega un papel crucial en la estrategia de Turquía en África. A través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), con 22 oficinas en el continente, el gobierno turco ha financiado proyectos de salud, educación y abastecimiento de agua en varios países africanos. Además, la Fundación Maarif administra más de 140 instituciones educativas en el continente, con el objetivo de formar nuevas generaciones que vean a Turquía como un aliado estratégico. Miles de graduados africanos estudiaron en el país del Bósforo en el marco del programa de becas Türkiye.
Por otra parte, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha aprovechado los lazos religiosos y culturales compartidos con los países de mayoría musulmana en África. Este enfoque ha permitido a Turquía construir relaciones cercanas con gobiernos y comunidades locales, consolidando su imagen de socio confiable y respetuoso de las particularidades africanas.
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Rivalidades Globales
La creciente influencia de Turquía en África no ha pasado desapercibida para otras potencias globales como China, Rusia, Francia y Estados Unidos. La activa presencia de Ankara ha encontrado receptividad en un continente donde muchos gobiernos buscan diversificar sus alianzas para reducir la dependencia de las potencias tradicionales.
No obstante, este ascenso también plantea desafíos. La participación de Turquía en conflictos como el de Sudán y su apoyo a gobiernos cuestionados por la comunidad internacional han generado críticas. Además, la venta de drones a países involucrados en conflictos internos, como Etiopía, ha suscitado preocupaciones sobre el impacto de estas armas en la población civil.
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Una asociación estratégica
A pesar de las controversias, la relación entre Turquía y África parece encaminada a fortalecerse. Con 44 embajadas turcas en un continente que alberga a 54 países, y más de 36 embajadas africanas en Ankara. Turquía, además, ha enviado agregados militares a 19 países africanos, incluidos Marruecos, Nigeria, Etiopía, Ghana, Mali, Argelia, Yibuti, Senegal, Kenia y Sudáfrica. Como puede apreciarse la diplomacia bilateral turca está en su punto más alto. Además, las frecuentes visitas de Estado de Erdogan a África, quien ha estado en 31 países del continente, subrayan la importancia estratégica que Turquía otorga a estas relaciones.
En un mundo cada vez más multipolar, Turquía se posiciona como un nuevo actor clave en África, ofreciendo un modelo alternativo de cooperación basado en el respeto mutuo y los beneficios compartidos. Si bien enfrenta retos significativos, su éxito en el continente podría redefinir su papel en la arena internacional, consolidándose como un puente entre Europa, Asia y África.
Con esta estrategia, el presidente Erdogan aspira a crear una esfera de influencia turca en África para cumplir con su aspiración de convertir al siglo XXI en “El siglo de Turquía”, colocando a su país en la lista de las diez naciones con mayor desarrollo económico y presencia global.
Fuente: alternativepressagency.com, 24/01/25
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diciembre 12, 2024
Por Adalberto Agozino.
La creación de un Foro Económico Parlamentario es un paso más en la integración política y económica del Reino de Marruecos con los países de América Latina, tomando como punto de partida a Panamá.
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En un mundo donde las relaciones internacionales se configuran como una herramienta clave para el desarrollo económico y cultural, El Reino de Marruecos ha puesto su mirada en América Latina como un socio estratégico de futuro. Recientemente, en un acto significativo celebrado en la ciudad de Panamá, se firmó la declaración conjunta para la creación del Foro Económico Parlamentario Marruecos – América Latina – Caribe. Este evento representa un paso firme en el propósito marroquí de estrechar lazos con la región.
Un Foro que Conecta Dos Continentes
La firma, que tuvo lugar en la Biblioteca Rey Mohammed VI de la capital panameña, reunió a líderes de los parlamentos más influyentes de América Latina y el Caribe, como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Parlamento del Mercosur (Parlasur) y el Parlamento Andino. Este gesto destaca el interés mutuo de Marruecos y América Latina en establecer un marco de cooperación institucional permanente, basado en el respeto mutuo y la concertación.
El objetivo del foro es claro: fortalecer las relaciones estratégicas entre ambas regiones, promoviendo el diálogo parlamentario interregional, la cooperación económica y el desarrollo conjunto. Para Marruecos, este es un paso natural en su papel como puerta de entrada a África y como puente hacia el mundo árabe, reforzando su posición geoestratégica.
Panamá: La Entrada de Marruecos a América Latina
Panamá, conocido como un centro logístico global gracias al Canal de Panamá, se presenta como un socio clave en esta iniciativa. Sus prometedoras infraestructuras y su ubicación estratégica convierten al país centroamericano en una plataforma ideal para conectar Marruecos con el resto del continente latinoamericano. Esta cooperación no solo tiene implicaciones económicas, sino que también fomenta un intercambio cultural y social que fortalece los lazos entre las naciones del Sur.
La Iniciativa Atlántica: Una Visión de Conectividad Global
Dentro de esta estrategia, destaca la Iniciativa Atlántica de Marruecos, un proyecto impulsado por Su Majestad el Rey Mohammed VI, que pretende facilitar el acceso de los países del Norte de África y el Sahel al océano Atlántico, utilizando la costa atlántica marroquí como un hub logístico que conecte África con América Latina y el Caribe. Este ambicioso plan subraya la visión de Marruecos de convertirse en un nexo crucial para el comercio y el desarrollo intercontinental.
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Un Futuro Prometedor para la Cooperación Sur-Sur
La creación del Foro Económico Parlamentario Marruecos-América Latina-Caribe es un recordatorio del potencial de la cooperación entre los países del Sur. Más allá de las oportunidades económicas, este esfuerzo simboliza un compromiso con el entendimiento cultural y el desarrollo sostenible. Marruecos, con su enfoque proactivo, está posicionándose como un socio clave para América Latina, mientras que países como Panamá abren las puertas para una colaboración más profunda y fructífera.
En un mundo donde las alianzas estratégicas redefinen las fronteras del progreso, el Reino de Marruecos y América Latina están escribiendo juntos un nuevo capítulo en las relaciones internacionales, con Panamá como el punto de partida de esta ambiciosa historia de integración y cooperación global.
Fuente: alternativepressagency.com – 09/12/24
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La Caída del Muro de Berlín y su impacto en América Latina.
octubre 31, 2024
Por Adalberto C. Agozino.
En América Latina, la Caída del Muro de Berlín fue acompañada por la implantación del Consenso de Washington, un cambio en el relato de las izquierdas y finalmente, en la implantación de gobierno populistas que invocaban el “socialismo del siglo XXI”.
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Contenido:
La Caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, marco en el mundo el fin de la Guerra Fría y abrió la esperanza de una era de paz con el fin de las guerras por procuración, el desmantelamiento del Pacto de Varsovia y el retiro de las fuerzas soviéticas de sus bases en Europa Oriental. Por fin, el mundo dejaba de estar con el dedo en el gatillo nuclear.
La reunificación alemana y el desmantelamiento de la Unión Soviética en quince estados independientes cambio radicalmente el escenario internacional.
En Harvard, Francis Fukuyama, inspirándose en el idealismo alemán de Friedrich Hegel, llegó a afirmar que la historia humana como lucha entre ideologías había concluido, para dar paso a un mundo basado en la política y la economía de libre mercado. Fukuyama adquirió notoriedad con su impactante artículo, en Foreign Affair, sobre “El fin de la Historia”.
El Consenso de Washington
En América Latina, la Caída del Muro y el fin de la Guerra Fría tuvieron efectos diversos sobre la economía, la política y el debate ideológico en los diversos países de la región.
Desde el derrumbe de la caída de la Bolsa de Nueva York, en 1929, la mayoría de los países de América Latina adoptaron una estrategia de desarrollo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Esta estrategia demandaba un marcado intervencionismo estatal en la economía.
Tal modelo económico comenzó a tornarse inviable en la denominada “década perdida” de los años ochenta en América Latina. Caracterizada por las restricciones de crédito externo para los países latinoamericanos impuestas por la deuda y el decrecimiento económico.
Lo que llevó, hacia el final de la década, al abandono de las estrategias estatistas y reguladoras para adoptar políticas liberales propiciadas por los organismos financieros mundiales: el FMI, el Banco Mundial, el BID y el gobierno de los Estados Unidos.
El economista estadounidense John Williamson, desde el Instituto Peterson, denominó a este proceso como el “Consenso de Washington”, una política que propiciaba la estabilización macroeconómica, la liberación del comercio internacional, reducción del Estado, reforma tributaria, privatización de las empresas estatales, seguridad jurídica para los derechos de propiedad y la expansión de las fuerzas de mercado dentro de la economía interna.
Este proceso fue acompañado por la implementación de proyectos de integración económica regional que se estaban negociando desde hacía algunos años: el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino y el Mercosur.
En 1994, durante la Cumbre de las Américas, en Miami, veinticinco jefes de Estado del Hemisferio se comprometieron a crear para el 2005 un área de libre comercio (el ALCA) que abarcaría desde el Yukón, en Canadá, hasta Tierra del Fuego, en Argentina.
El ALCA debía comenzar a funcionar a partir de la IV Cumbre de las Américas, realizada en ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en 2005, pero en esa reunión entró en crisis debido a los cuestionamientos de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, al punto que el tratado nunca llegó a ser aplicado.
En esa Cumbre, el presidente argentino Néstor Kirchner, luego de organizar una “contracumbre”, llamó al presidente estadounidense George W. Bush en una reunión personal, “presidente hegemónico”.
Por el contrario, el 1° de enero de 1994, los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México suscribieron el Tratado de Libre Comercio, que supuso la desaparición de barreras comerciales y de inversiones entre los tres países, y se contrajo el compromiso de eliminar progresivamente los aranceles agrícolas entre Canadá y los Estados Unidos hasta su desaparición en 1998 y en el 2008 para México.
Pese a la aplicación de estas políticas, la participación de América Latina en el comercio mundial nunca logró superar la barrera del cuatro por ciento.
Podría decirse que en América Latina la caída del Muro sepultó al Estado de Bienestar, las políticas liberales llevaron a la desregulación de los mercados laborales y a la descapitalización de los servicios de salud, educación y vivienda social.
Una década más tarde, según datos del BID y de la CEPAL alrededor de doscientos millones de los 446 millones de habitantes de la región eran pobres y el 20% vivía por debajo de la línea de pobreza extrema.
En la segunda mitad de la década de los noventa, América Latina se vio sacudida por las crisis económica. En 1994, México, el alumno más brillante y aventajado de las instituciones financieras internacionales entró en la llamada “Crisis del Tequila” que sembró pánico entre los inversores internacionales quienes orientaron sus créditos hacia mercados potencialmente más seguros y prometedores en Europa Oriental y Rusia, aprovechando la ventana de oportunidad que allí abrió la Caída del Muro.
Las crisis siguieron con Brasil y la “Crisis Caipiriña”, también en 1994. La Argentina logró prolongar cierta estabilidad económica hasta el “corralito financiero” que terminó con la paridad cambiaria entre el peso y el dólar (la “convertibilidad” del ministro de economía argentino Domingo F. Cavallo, también autor del “corralito”) y provocó la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001.
Al momento de la Caída del Muro, en América Latina gobernaba un conjunto de presidentes que adhirieron e implementaron el Consenso de Washington y que tras unos años de gobierno exitosos, cuando cesaron las inversiones extranjeras, no pudieron sortear las crisis e incluso terminaron siendo procesados por corrupción y hasta encarcelados: Carlos Salinas de Gortari (01/12/1988 – 30/11/1994) en México, Alberto Fujimori (28/07/1990 – 21/11/2000) y Alejandro Toledo (28/07/2001 – 28/07/2006) en Perú; y Carlos S. Menem (09/07/1989 – 10/12/1999) y Fernando de la Rúa (10/12/1999 – 20/12/2001) en Argentina.
La crisis de los satélites soviéticos
La Caída del Muro de Berlín aceleró un proceso que se inició en 1985, cuando Mijaíl Gorbachov se convirtió en secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y lanzó sus políticas de Perestroika y Glasnost (reforma y transparencia).
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Estas políticas fueron acompañadas de un drástico recorte en los fondos que el Kremlin destinaba a través de su Departamento Internacional al apoyo de los gobiernos y movimientos insurreccionales en el Tercer Mundo.
Es importante considerar cuál era la posición de Gorbachov con respecto a América Latina, tal como se la expresó, el 2 de diciembre de 1989, al presidente estadounidense George Bush, durante la cumbre que mantuvieron en La Valeta, Malta, tal como consta en el Archivo Digital del Wilson Institute, publicado por Juan Bautista “Tata” Yofre, en su libro: Fue Cuba. Veamos los extractos más significativos de lo declarado por el secretario general del PCUS: “Ahora, en Centroamérica -dice Gorbachov-. Vemos cómo se percibe la situación en América Latina. Pero no está muy claro para nosotros. Qué quieres de Nicaragua? Hay pluralismo político en ese país, allí hay más partidos que en los Estados Unidos. Y los sandinistas, ¿qué clase de marxistas son? Esto es ridículo. ¿Dónde están las raíces del problema? En el centro están las cuestiones económicas y sociales. ¿Por qué los Estados Unidos no las ven? Usted dice que el problema principal en Nicaragua es la cuestión del poder. Bueno, habrá elecciones allí. Que las Naciones Unidas las supervisen. Hablando francamente, no es asunto nuestro.”
“En Cuba. Cuba nació sin nuestra ayuda. Más bien, fueron los Estados Unidos quienes jugaron algún papel en eso. Cuando nació la nueva Cuba, lo aprendimos de los periódicos. Pero no toquemos la historia. La cuestión ahora es cómo mejorar la situación actual. Hay un método simple y bien probado: uno tiene que hablar directamente con Castro. Debe aprender: nadie puede dominarse ante Castro. También tiene sus propias ideas sobre nuestra perestroika. Quiero enfatizar de nuevo: no estamos persiguiendo metas en Centroamérica. No queremos adquirir bases o bastiones allí. Usted debe estar seguro sobre esto.” […]
“La Unión Soviética no tiene planes con respecto a las esferas de influencia en América Latina. Esto fue y seguirá siendo el caso. Este continente está ahora en movimiento. Lo sabe mejor que yo. Estoy de acuerdo con usted: la tendencia general es positiva, democrática; Las dictaduras cederán paso a las formas democráticas, aunque se trate de democracias jóvenes, recién formadas, con la pesada carga del pasado, y su camino será difícil. Nosotros simpatizamos con estos procesos. No pretendemos interferir con lo que está sucediendo. En cuanto a Cuba, tenemos ciertas relaciones establecidas con ella; Se remontan a un cierto período de la historia caracterizado por bloqueos económicos, etc. Ahora nos gustaría transferir gradualmente nuestras relaciones económicas a una vía normal. No hay que olvidar que Cuba es un país soberano con su propio gobierno, sus propias ambiciones y percepciones. No nos toca a nosotros enseñar a Cuba. Que hagan lo que quieran”, agregó Gorbachov.
Esta declaración dejó a los Estados Unidos con la manos libres para actuar en Centroamérica. El 20 de diciembre de ese mismo año, 27.000 hombres de las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron la “Operación Causa Justa”, la invasión de Panamá. Las fuerzas militares panameñas fueron desmanteladas y el dictador general Manuel Antonio Noriega se rindió dos semanas después y fue arrestado. Algo más de quinientos soldados y civiles panameños murieron durante el conflicto. En 1992, Noriega fue juzgado en los Estados Unidos por narcotraficante y condenado a una pena de 40 años de reclusión, bajo la acusación de estar relacionado con el Cartel de Medellín.
Las afirmaciones de Gorbachov al presidente George Bush se cumplieron aún después de la disolución de la Unión Soviética. El presidente Boris Yeltsin retiró las tropas rusas estacionadas en Cuba, en 1993, y luego cerró la base de recolección de información rusa de Lourdes, en la Isla.
Con el retiro de los soviéticos de América Latina, diversos grupos guerrilleros perdieron su acceso a campos de entrenamiento militar, su abastecimiento de armamentos y los recursos económicos con que financiaban sus acciones.
Por lo cual debieron acogerse a “procesos de paz y reinserción social y política”. En El Salvador, por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmó el 16 de enero de 1992, los Acuerdos de Paz de Chapultepec que pusieron fin a doce años de guerra civil.
En Chile, el Partido Comunista organizó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en 1983, para llevar adelante la lucha armada contra la dictadura militar del general Augusto Pinochet Ugarte. El FPMR privado del apoyo soviético, gradualmente se atomizó en diversos grupúsculos terroristas tras el retorno de la democracia en Chile, con el triunfo de la Alianza Democrática, en 1990, que llevó a la presidencia al democristiano Patricio Aylwyn. Sus últimas operaciones de cierta envergadura fueron el asesinato del senador de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán Errázuriz, el 1° de abril de 1991 y el secuestro, el 9 de septiembre de 1991, de Cristián Edwards del Río, uno de los hijos del dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman.
Los grupos terroristas que decidieron continuar con “la lucha armada” pasaron a financiarse con el cobro de “impuestos revolucionarios”, o sea extorsionando a las empresas y pobladores; los secuestros extorsivos o directamente involucrándose en actividades vinculadas con el narcotráfico. Primero vendiendo protección a las organizaciones del narcotráfico, sicariato y finalmente encargándose directamente de la producción, tráfico y comercialización de las drogas.
Esto ocurrió en Colombia con las FARC y el ELN, en Perú con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, entre otros.
Fidel Castro, en Cuba, privado de la cuantiosa ayuda económica de los soviéticos y tras la pérdida de sus intercambios económicos a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica del desaparecido Bloque Socialista, se vio obligado, en 1990, a implantar lo que se denominó como el “Período Especial en Tiempos de Paz” que provocó una brusca reducción en el PBI cubano del 40% en cuatro años.
La Isla, privada del petróleo soviético, debió volver a la tracción a sangre, se implantó un severo racionamiento de alimentos, productos de primera necesidad y hasta ropa a través de “libretas de abastecimientos”.
Los Estados Unidos, ansiosos por terminar con el comunismo en Cuba endurecieron sus sanciones económicas a través de las leyes Torricello (1992) y Helms – Burton (1996), esperando que en la Isla ocurriera algo similar a lo acontecido en Rusia.
No obstante, los hermanos Castro resistieron hasta hoy a costa de los terribles padecimientos extremos del pueblo cubano.
En Nicaragua, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega en la presidencia, sin el apoyo soviético y de los países de Bloque Socialista (especialmente de la asistencia de inteligencia que le brindaba el HVA –Hauptverwaltung Aufklärung o Directorio Principal de Inteligencia, es decir, el servicio de inteligencia exterior- de la desaparecida República Democrática Alemana) y de Cuba para hacer frente a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y los ataques guerrilleros de “los Contras”; se vio obligado a convocar a elecciones libres, en 1999.
En esas elecciones, la candidata de la Unión Nacional Opositora, Violeta Chamorro derrotó a Daniel Ortega por el 54,7% de los votos contra el 40,8% obtenido por el candidato sandinista.
El discurso de las izquierdas latinoamericanas
Si para los gobiernos comunista y los grupos insurreccionales de América Latina la Caída del Muro resultó una tragedia difícil de superar para las izquierdas de la región el efecto fue devastador que las sumió en un reflujo de masas que duraría más de una década.
Por un lado, perdieron los apoyos materiales que recibían del Departamento Internacional del PCUS desde Moscú en forma de dinero, participación en eventos internacionales, cursos de adoctrinamiento político, material de propaganda, apoyo político y diplomático, etc.
Por otra parte, el Departamento Internacional conducía a todos los partidos comunistas y grupos afines en todo el mundo fijando la interpretación oficial de la situación internacional y la de cada país en función de sus relaciones con Moscú. Esto reforzaba el “centralismo democrático” y a las conducciones, que se habían constituido con el beneplácito del PCUS, dentro de cada partido evitando la formación de líneas internas y camarillas.
Cuando desapareció la URSS, en 1991, brotaron como hongos las disputas internas y muchos dirigentes aprovecharon la oportunidad para apropiarse de fondos y bienes de los partidos comunistas. Muchos de estos partidos desaparecieron o quedaron reducidos a simples “sellos de goma”, carentes de militantes, recursos o votos.
Finalmente, lo más grave para las izquierdas fue la pérdida del “relato”. El discurso políticos que propiciaba al “modelo soviético”, como el camino histórico hacia una sociedad más justa, sin clases sociales y se explotación, se derrumbó irremediablemente con la imagen de miles de alemanes orientales huyendo de su “paraíso socialista” para arrojarse gustosos en los brazos de los explotadores capitalistas como si estos fueran sus salvadores.
La impactante revelación de la vida de privaciones y persecución política por la que atravesaba la población de estos regímenes políticos eliminó cualquier posibilidad seria de reivindicar a la Revolución de Octubre, al movimiento bolchevique y a sus sucesores soviéticos.
Frente a esta situación, las izquierdas debieron elaborar otro relato, una otra utopía que permitiera atraer a nuevos conversos para la revolución.
Para ello, las izquierdas apelaron a otros argumentos ideológicos en una acción aparentemente divergente, pero cuya finalidad era siempre la misma: posibilitar que una “vanguardia esclarecida” condujera la lucha política hacia la construcción de un “gobierno popular” (integrado precisamente por esos jóvenes dirigentes idealistas dotados de las ideas correctas) capaz de instalar un “socialismo del siglo XXI”, tal como lo denominaría el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías.
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Este socialismo del siglo XXI, según los países cambiaría de ingredientes, pero en general adhirió a los siguientes: la defensa de los derechos humanos; la reivindicación del indigenismo o de las culturas originarias; la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático; las políticas de género, la promoción del matrimonio gay y el derecho al aborto; la protección de los migrantes irregulares, la lucha contra todas las formas de discriminación, etc.
La reivindicación de los derechos de los denominados “pueblos originarios”, adquirió especial relevancia al celebrarse, en 1992, el Quinto Centenario del descubrimiento de América o de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente.
La celebración llevó a reflotar la Leyenda Negra contra la colonización española del nuevo continente, generó propuestas tan disparatadas como la de demandar indemnizaciones por el oro y la plata que España se llevó de América.
En este orden de propuestas bizarras, en 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró: “Envié una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos.”
Como tanto el rey como el Papa se negaron a aceptar el insólito requerimiento del presidente mexicano. En 2024, el gobierno de México decidió excluir al Rey de España, Felipe VI, de la ceremonia de asunción de la presidencia del país por parte de Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO.
En 2013, la entonces presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó retirar la estatua de Cristóbal Colón, donada por la comunidad italiana de Buenos Aires, con motivo del Centenario de la Independencia argentina, en 1910, situada a espaldas de la Casa Rosada mirando hacia el Río de la Plata.
En su reemplazó, ordenó colocar una estatua de la guerrillera boliviana Juana Azurduy, quien peleo contra la dominación española a comienzos del siglo XVIII.
Balance Final
La Caída del Muro de Berlín en América Latina posibilitó la implantación del Consenso de Washington, la instalación de gobiernos liberales que más tarde o más temprano terminaron fracasando en medio de la crisis económica y serias acusaciones de corrupción. El saldo positivo de la década de los noventa fueron los procesos de integración económica como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y el Mercosur creado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y al que se agregó más tarde Venezuela y otros países asociados como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
En ese contexto, las izquierdas de la región abandonaron el relato de la “defensa de la patria del socialismo” ante el derrumbe inocultable del camino soviético al socialismo pasando a un discurso que propicia un socialismo del siglo XXI basado en nuevos argumentos: la defensa de los derechos humanos, el indigenismo, las políticas de género y la defensa del medio ambiente.
Un discurso claramente antiliberal, anticapitalista y muy emparentado con la cultura woke.
El fracaso de los gobierno liberales también permitió el acceso al poder de líderes populistas como Hugo Chaves Frías, en Venezuela, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; Luis Inacio “Lula” da Silva en Brasil; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y más tarde Andrés Manuela López Obrador en México; Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile.
Tal como puede apreciarse, la Caída del Muro de Berlín dio paso a grandes transformaciones en América Latina.
Fuente: alternativepressagency.com, 31/10/24
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