La AFIP aportó más pruebas que comprometen a Echegaray
Por Daniel Santoro.
La ruta del dinero K: Protegió a Austral Construcciones cuando estaba al frente del ente recaudador en un caso de facturas apócrifas.
Ricardo Echegaray, actual presidente de la AGN, en la cumbre del PJ, el mes pasado.
La AFIP entregó al juez Sebastián Casanello un duro informe sobre cómo se protegió con una serie de maniobras a Austral Construcciones de Lázaro Báez en el caso de las facturas truchas de Bahía Blanca, lo que complica la situación del ex titular de ese organismo fiscal y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, en la causa de la ruta del dinero K. Echegaray debe declarar como imputado en la causa el 3 de mayo próximo. Casanello considera la multimillonaria evasión impositiva de las empresas de Báez como el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero.
La principal acusación contra el ex titular de la AFIP consiste en haber disuelto la regional Bahía Blanca de la DGI para frenar una investigación sobre la entrega de facturas apócrifas por lo menos por 16 millones de pesos del 2012. Las facturas truchas son generalmente usadas para tapar agujeros contables producto del pago de sobornos provenientes de contratos de obra pública, entre otras maniobras.
Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.
La disolución de la delegación Bahía Blanca, entre otras maniobras evitó que entonces el juez en lo penal económico Javier López Biscayart procesara a Báez en una denuncia de la diputada de la CC-ARI Elisa Carrió. López Biscayart solo pudo hacerle pagar multas menores a Austral. La AFIP bajo el control de Echegaray omitió darle a ese juez informes con los verdaderos números de la evasión.
El informe, según revelaron fuentes judiciales, puntualiza que Constructora Patagónica Argentina le entregó facturas por casi 16 millones de pesos a Austral y que está era casi su única clienta. Más adelante afirma que tras el desplazamiento de 36 inspectores de la delegación Bahía Blanca se entregó “información sesgada, parcializada y subjetiva” a la Justicia. Por ejemplo, también puntualiza que el Grupo Penta –uno de los emisores de esas facturas- le entregó facturas por otros 13 millones a Austral. El informe complica a Echegaray y también al ex jefe de la DGI Angel Toninelli, quien viajó en aviones de Top Air con su hijo y con Martín Báez, uno de los procesados en la causa de la ruta del dinero K.
“Se está también ante un entramado para general costos falsos a Austral”, dice el informe de la AFIP que analiza Casanello para indagar a Echegaray cuya renuncia a la AGN es pedida por el Gobierno y Cambiemos por esta y otras causas judiciales. Con facturas falsas de Constructora Patagónica, Austral pudo inflar sus costos en no menos de 7 millones de pesos.
Otras de las acciones por acción u omisión que deberá explicar Echegaray es por qué la dirección Microcentro de la DGI validó en el 2008 “una indemnización” de 56 millones de dólares que le pagó una empresa fantasma de Curazao a Austral por un hotel que no se construyó en una isla del Caribe frente a Belice. Se trata del proyecto del hotel de Cayo Chapel donde Austral afirmó que invirtió 100 millones de dólares. Llamativamente, Máximo Kirchner presidió una consultora que se llama Chapel y que terminó dando de baja.
El informe también advierte que nunca se había fiscalizado a Terrafari SA y a Austral Agro, entre otras irregularidades y apunta al escribano de la familia Kirchner, Ricardo Albornoz. En sus conclusiones, asegura que el Grupo Pena “fue constituido al solo efecto de generar facturación falsa”, al igual que el Grupo Suris. Este está investigado en Bahía Blanca por lavado, fue amigo de Fariña y novio de la vedette Mónica Farro.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso un nuevo mecanismo de sanciones, con limitaciones al uso de la CUIT para los contribuyentes a quienes les detecte incumplimientos o inconsistencias económicas. La resolución 3832 deja sin efecto una normativa de 2012 que le permitía al organismo cancelar la clave de identificación fiscal y que, por tanto, dejaba al contribuyente sin operar.
La decisión de terminar con ese mecanismo -que fue cuestionado en la Justicia- había sido anticipada por el titular de la AFIP, Alberto Abad, en una entrevista con LA NACION el mes pasado. «Entendemos que cuando uno inactiva [la CUIT] le elimina al contribuyente la posibilidad de operar, y así se lo manda a una morgue tributaria, no se los deja operar ni en la página de la AFIP», dijo el funcionario, que agregó que se estaba trabajando en el caso de 412.000 contribuyentes que fueron encontrados con su clave cancelada.
«La derogación del régimen de cancelación de la CUIT es una medida acertada y necesaria para no impedir el desarrollo de las actividades económicas de los contribuyentes, aun en infracción», opinó el tributarista César Litvin.
«Antes se producía la muerte comercial y no se podía hacer nada; ahora el organismo va en una línea de no ser tan rígido con el contribuyente», analizó Guillermo Poch, socio de Impuestos & Legales de la consultora BDO.
La recaudación de febrero
La recaudación tributaria de febrero alcanzó los $ 134.803 millones, 26,5% más que en igual mes de 2015, por el crecimiento en los ingresos por derecho a las importaciones, impuesto a las transacciones bancarias y las contribuciones a la seguridad social.
«Esta recaudación refleja los cambios en la estructura impositiva, con menor presión tributaria y una mayor cantidad de devoluciones, para ir sacando el pasivo que tiene el organismo», dijo ayer Abad.
El fisco obtuvo menos ingresos por el cobro de derechos a la exportación, que en febrero mostraron un alza de 4% al sumar algo más de $ 3500 millones. Como contrapartida, los ingresos por derechos a la importación aumentaron 66 por ciento, al totalizar $ 3700 millones, debido a la mayor actividad y el salto en la cotización del dólar.
A un mes del cambio de Gobierno, la AFIP lanza otra moratoria
Ya había hecho otra en la primera mitad del año. Las facilidades de pago abarcan las deudas de seguridad social y multas por servicio aduanero.
Administrador. Ricardo Echegaray titular de la AFIP. Aseguran que si Scioli es Presidente seguirá en el cargo.
A un mes del cambio de Gobierno, la AFIP lanzó la segunda moratoria del año. La entidad que lidera Ricardo Echegaray presentó hoy una nueva moratoria para deudas impositivas, aduaneras y recursos de la seguridad social, entre otras, que ofrecerá planes de pagos de hasta 10 años.
El ente recaudador había lanzado la anterior moratoria entre marzo y junio. En ese momento, buscaba facilitar el pago de deudas contraídas hasta el 28 de febrero pasado. Ahora, hay hasta fin de mes para formalizar la adhesión a estas nuevas facilidades de pago.
Según la Resolución General 3806 publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata de «un régimen especial de facilidades de pago destinado a los contribuyentes y responsables, para la cancelación de Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, Multas aplicadas y/o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero» y otros «ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora» de la AFIP.
La norma establece que los planes de pagos tendrán una extensión máxima de 120 cuotas «mensuales, iguales y consecutiva», cada una de las cuáles no podrá ser menor a los 150 pesos, con un interés mensual de 1,35 por ciento.
Dentro de la moratoria, los contribuyentes podrán incluir deudas vigentes hasta el 30 de septiembre de este año.
La AFIP excluyó de la posibilidad de adherirse al plan de pagos a los deudores de aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, de las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y de los aportes y contribuciones con destino al Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y Trabajadores de Casas Particulares, entre otros.
Además, tampoco podrán acogerse a la nueva moratoria los contribuyentes o responsables querellados o denunciados penalmente por la AFIP o la antigua DGI, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente.
También la Resolución de la AFIP ofrece la posibilidad de reformular planes de pagos vigentes que los contribuyentes hayan acordado previamente con esa dependencia.
La adhesión al régimen, que deberá hacerse a través de la página web de la AFIP, podrá formalizarse hasta el 30 de noviembre, para lo cual cada contribuyente tendrá que tener presentada la declaración jurada correspondiente con la deuda consolidada.
Según los considerandos de la norma publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno busca «instrumentar medidas contracíclicas conducentes al desarrollo estructural de las empresas, a la generación de empleo, al mantenimiento de las fuentes de trabajo y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno».
Según informó la AFIP en su momento, a la moratoria lanzada en marzo, y prorrogada por un mes en mayo, tuvo la adhesión de más de 60.000 contribuyentes, por un monto total de 33 mil millones de pesos.
El jefe de los recaudadores dejó trascender a través de sus voceros que se irá del organismo si Cambiemos gana en segunda vuelta. Scioli le había ofrecido continuidad.
Ricardo Echegaray dejaría su puesto si Mauricio Macri le gana el ballotage a Daniel Scioli y llega a la presidencia. Así deslizaron allegados suyos mientras el jefe de la AFIP anunciaba la marcha de la recuadación que arrojó un 28,5% en octubre en comparación con un año atrás.
Por cierto, Mauricio Macri ya había hecho público el pedido de que Echagaray abandone el cargo que vence en diciembre de 2016. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente de Cambienos ayer dijo en una entrevista televisiva que tanto Echegaray como Gils Carbó tenían el ciclo cumplido.
En la rueda de prensa, mientras Echegaray presentaba los datos de la recaudación aprovechó para hacer campaña al elogiar las promesas de Scioli en materia económica y deslizó críticas al candidato opositor.
«Me siento orgulloso de acompañar este modelo, que fue exitoso», afirmó para señalar que «muchos piensan que la solución viene del financiamiento internacional», en obvia alusión al líder del PRO. «Las políticas activas se tienen que llevar adelante con prudencia», agregó Echagaray y luego dejó su vaticinio de cara a la segunda vuelta del 22 de noviembre: «Argentina dará un salto adelante y no al vacío», concluyó con otro slogan de campaña.
Un grupo bodeguero le ganó un juicio a la AFIP y pagará menos Ganancias
La compañía solicitó que el organismo recaudador reconociera el impacto que la inflación tiene en su facturación, ya que incrementaba el monto que debía tributar.
Por Andrés Sanguinetti.
Un grupo bodeguero le ganó un juicio a la AFIP y pagará menos Ganancias.
Un tradicional grupo bodeguero argentino le acaba de ganar un juicio a la AFIP, vinculado al polémico «ajuste por inflación» en las declaraciones del impuesto a las Ganancias. Se trata de la Bodega Esmeralda, de la familia Catena que había presentado una medida cautelar ante la Justicia de Córdoba, donde tiene su sede fiscal pese a contar con viñedos en Mendoza, para que el organismo recaudador de impuestos a cargo de Ricardo Echegaray acepte reconocer el impacto de la inflación en la facturación de la compañía.
Así, la empresa pagará Ganancias sobre un rentabilidad real y no ficticia. Gracias al fallo, la bodega estará protegida por lo menos hasta febrero del año próximo, fecha en la cual vence la cautelar aceptada por la Justicia y momento en el cual se deberá resolver la causa de fondo.
La demanda se había iniciado en agosto del año pasado, y Bodegas Esmeralda había extendido la demanda también contra el Estado nacional. Su argumento se basa en sostener la inconstitucionalidad de la ley 24.073, que desde la declaración de la Emergencia Económica, en 2001, prohibe todo tipo de actualización por considerarla indexatoria.
Según el planteo de los abogados de la bodega del holding vitivinícola de Nicolás Catena, el no reconocimiento del impacto inflacionario en la facturación hacía que el pago de Ganancias consumiera una porción elevada de su renta neta anual. De hecho, cuando presentó la causa ante la justicia, la bodega estimó que «al no aplicarse el índice de suba de precios desde la salida de la convertibilidad, la sociedad tuvo que absorber un impuesto ilegítimo en exceso a ingresar de $ 41 millones».
Según sus cálculos, esto representa el 144,45% del impuesto a las Ganancias ajustado por inflación, el 85,5% del resultado impositivo ajustado por inflación y el 67,1% del resultado contable también ajustado.
El Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba a cargo de Inés Palacios de Rolón, resolvió a favor de Bodegas Esmeralda, obligando a la AFIP a que, desde ahora, le reconozca el ajuste por inflación en la declaración de Impuesto a las Ganancias de la compañía, a partir del ejercicio fiscal cerrado al 31 de marzo de 2015.
La causa «Bodegas Esmeralda S.A. c/ Estado Nacional- AFIP-DGI s/Acción meramente declarativa de Inconstitucionalidad (Expte. N´ 29682/2015)», afirma que de acuerdo a las pericias contables que el grupo Catena presentó como pruebas, ajustando por inflación absorbe el 47,38% del resultado impositivo y el 47,99% de las utilidades contables.
Pero, sin el ajuste, y por el peso de Ganancias cuya tasa máxima es del 35%. en el ejercicio fiscal 2015, el gravamen insume más de $ 113 millones. Si, como sostiene ahora la Justicia, se aplica el mecanismo de actualización, el monto baja a $ 83 millones. Es decir, una diferencia de $ 29 millones. Según un documento presentado por Bodegas Esmeralda, esto «sostiene una absorción sustancial de la renta de la empresa actora que se impugna por confiscatoriedad».
De este modo, la AFIP deberá aceptar que la bodega presente su declaración jurada de Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo pasado tomando como índice de ajuste el Indice de Precios Mayoristas (IPIM) publicado por el Indec, y a partir de ese cálculo abonar el monto del impuesto a las ganancias así determinado».
La bodega logró también que el fallo le impida a la AFIP «iniciar y/o de proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la diferencia de impuesto que a su criterio pueda resultar, trabar por sí y/o demandar judicialmente medidas cautelares de cualquier tipo en resguardo de ese supuesto crédito».
El fallo también se refiere a varios artículos de la ley de Ganancias para criticar la prohibición a ajustar por inflación. Se trata de los vinculados con los bienes inmuebles (58); acciones o cuotas parte (61); construcciones afectadas a inversiones (83). También a los artículos 89 y 94, que admiten «actualizaciones en base a variaciones de precios nivel general que suministre el Instituto de Estadísticas y Censos».
La AFIP denunció a los empresarios argentinos y podrían zafar de la extradición
CORRUPCIÓN EN LA FIFA. El organismo estatal hizo una presentación contra «hombres del fútbol». Así, podrían evitar las detenciones y ser llevados a un Triibunal de los EE.UU.
Acusador/Cómplice. Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.
La AFIP denunció a sociedades argentinas involucradas en el caso FIFA. Desde el organismo recaudador informaron que es contra «hombres de negocios del fútbol y sociedades» argentinas, involucrados en el ilícito que envuelve a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó una denuncia penal contra «hombres de negocios del fútbol y sociedades» argentinas, involucrados en el ilícito mundial que envuelve a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
Fuentes de los tribunales federales analizaban como una estrategia funcional a los empresarios denunciados esta denuncia, pues de avanzar una investigación local podrían evitar su extradición y posterior declaración ante la justicia norteamericana.
La denuncia de AFIP se hizo efectiva en la justicia penal tributaria. Además, dio a conocer una misiva del titular del organismo, Ricardo Echegaray, que habría sido enviada hace más de 20 días a Joseph Blatter, donde le reclamaba la falta de una respuesta de la FIFA a la denuncia de la AFIP realizada hace un año, sobre paraísos futbolísticos utilizados para triangular las transferencias de jugadores.
Al mismo tiempo, los abogados de los tres empresarios pidieron su exención de prisión, un recurso legal para evitar que sus defendidos sean encarcelados mientras transcurra el proceso judicial.
“El único análisis que hace la Justicia argentina en función del pedido de los EE.UU. es que el delito por el que se solicita la extradición sea un delito tipificado tanto en la Justicia estadounidense como en la Argentina, que cumpla un año de pena, que no esté prescripto el hecho y que no se vaya imponer una pena de muerte; esas son las condiciones básicas para la extradición», advirtió el juez en diálogo con una emisora de radio.
La Cancillería argentina informó que Estados Unidos pidió el miércoles, a las 17.30, “el arresto provisional para fines de extradición” de los tres argentinos “haciendo referencia al Tratado de Extradición vigente” entre ambos países. La solicitud fue entregada por el Gobierno argentino al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a las 20.30.
En la madrugada de ayer, las autoridades se presentaron vestidos de civil a un hotel de Zurich para detener, sin previo aviso, a varios dirigentes de la FIFA que estaban reunidos en esa ciudad, donde mañana se debe elegir al presidente del organismo que rige el fútbol mundial y donde Joseph Blatter, que inicialmente no está entre los acusados, busca un quinto mandato con el jordano Ali bin al Hussein como rival.
La AFIP protegió a Lázaro Báez en el caso de las facturas falsas
Por Hugo Alconada Mon.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.
La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.
Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.
La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió «anulado» y se consignó sobre el encabezado la leyenda «=Sin enviar=».
Consultados ayer por LA NACION, voceros del titular de la AFIP indicaron que «no está remitido el requerimiento a Austral Construcciones», por lo que calificaron de «falso» que se haya frenado la intimación. «Los requerimientos fueron enviados a los proveedores, y Austral Construcciones no era proveedor», argumentaron.
Cerca de Báez, en tanto, indicaron que el empresario contrató «de buena fe» a las firmas bahienses, que «deberán hacerse cargo si no estaban en regla», y que siempre que la AFIP le pidió alguna documentación Báez «se presentó y explicó cómo operaron y operan sus empresas».
¿Qué estaba por reclamarle a Báez la Regional de Bahía Blanca ya en 2011? Que en un plazo de 10 días le presentara todos los papeles de su vínculo con Constructora Patagónica Argentina SA, cuyos dueños admitieron a LA NACION que arrastran problemas impositivos, pero que atribuyen a facturas que ignoraban que eran falsas del segundo grupo de empresas bajo sospecha, propiedad del bahiense Silvio Ficcadenti.
Hasta que llegó la orden de paralizar la intimación, los sabuesos de la AFIP en esa ciudad habían detectado que Austral había utilizado facturas truchas, durante años y por decenas de millones de pesos, emitidas por tres grupos de empresas locales, según reveló LA NACION en octubre pasado tras una investigación que se extendió por diez meses.
Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la AFIP, que optó por concentrar sus pesquisas sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre Austral.
Un día después de que LA NACION revelara esa operatoria, Echegaray dio una conferencia de prensa en Buenos Aires con el titular de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha. Confirmó que esos tres grupos empresarios de Bahía se encontraban bajo fiscalización y dijo que al menos una de las firmas, Calvento SA, de Ficcadenti, era «una usina de facturas falsas».
Vínculos con Cristina
Durante esa conferencia de prensa, del lunes 21 de octubre, Echegaray buscó además separar a la Presidenta de Báez. Remarcó que no eran socios. Pero un día después, y ante nuevas revelaciones, admitió que tienen «vínculos comerciales».
Echegaray también negó que la AFIP diera protección especial a Báez y criticó a los medios por concentrar su atención en el empresario. «Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Báez», planteó.
Los nuevos documentos que obtuvo LA NACION muestran, sin embargo, que esa protección -que en el caso de Gotti Hermanos, otra constructora vinculada a Báez, ya había provocado antes el desplazamiento de varios funcionarios en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires- tomó formas concretas en Bahía Blanca desde al menos marzo de 2011. Así consta en el requerimiento que nunca se envió a Austral, encabezado con el logo de la AFIP y la leyenda «2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad y de los Trabajadores».
¿Qué habían logrado verificar los sabuesos hasta que los frenaron? Que Constructora Patagónica Argentina mostraba «ventas y costos similares y superiores a 10 millones de pesos en el período fiscal 2010. [Pero] No presenta Sicore (por el sistema que controla las retenciones). Se solicita verificar los libros del impuesto al Valor Agregado», expuso Scafetto en otro documento interno.
Ante la Justicia, Báez ya fijó su posición sobre los indicios que llegan desde Bahía Blanca. En un escrito que presentó a fines de 2014 ante el juez Sebastián Casanello en la causa por supuesto lavado de activos, negó todas las imputaciones y hasta refutó a Echegaray, al negar que Calvento SA fuera una usina de facturas truchas.
Austral, afirmó Báez, no recibió «ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas» que sea apócrifa. Para eso defendió sus relaciones con Constructora Patagónica, Terrafaris, Grupo Penta y Calvento.
El empresario calló, sin embargo, sobre el vuelo de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio pasado. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que se acogió Penta.
En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y Filipini ya fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una «asociación ilícita fiscal».
Pero la operatoria continúa. En la Regional Bahía Blanca fotocopiaron todas las actuaciones y las enviaron con destino desconocido. Y Filipini se encuentra a un paso de otro ascenso: asumiría al frente de la Dirección Regional Neuquén.
Expediente comprometedor
La intimación «anulada» que nunca llegó a Austral Construcciones
Ante la sospecha de que hizo uso de facturas falsas, a través de una firma de Bahía Blanca, la AFIP ordenó una intimación a Lázaro Báez.
Esa intimación, sin embargo, nunca fue enviada; fue retenida en la seccional bahiense de la AFIP y luego se archivó como «anulada».
La hipocresía es moneda corriente y eso ya no es primicia. Esta inadecuada postura cívica aparece, también, en el terreno de la tan mentada «conciencia tributaria». Algunos han tenido hasta el atrevimiento de definirla con cierto sesgo académico, diciendo que es la «interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos están insertados».
Es un verdadero disparate igualar dos términos que claramente se contradicen. Abonar impuestos no es un acto voluntario, porque la palabra impuesto se refiere a lo forzado, a lo obligado. Si fuera un gesto auténtico, espontaneo, vinculado al deseo genuino, en todo caso, sería una donación.
Como suele pasar en diferentes órdenes de la vida cotidiana, este tipo de justificación retorcida no deja de ser un mero ardid, casi un consuelo, que intenta convertir en aceptable algo que es intrínsecamente malo. Existen, al menos, cuatro grupos bien definidos que utilizan este recurso argumental y pretenden transformarlo en un axioma indiscutible, en un mandato bíblico.
Por un lado están, los recaudadores, los que trabajando de esto preservan la gestión de los organismos de recolección compulsiva de gravámenes. La medida de su eficiencia está directamente relacionada con el monto percibido. Por eso, en las campañas de difusión masiva apelan a esta consigna por ser la menos antipática. «La gente debe pagar sus impuestos porque es el único modo de que el Estado funcione y cuantas más personas lo hagan mucho mejor será para la sociedad», sostienen. A veces inclusive recurren al ruin artilugio del «sorteo» como dispositivo para que unos ciudadanos sean delatores del resto, denunciando así a los que no cumplen.
Otro sector que opera en idéntica dirección es el de la parasitaria estructura estatal. Todos los que viven del Estado, saben que la sangre que fluye por esas venas se nutre de impuestos, emisión monetaria y endeudamiento. En tiempos en el que los dos últimos no son una posibilidad relevante, los impuestos, es decir el dinero detraído de la sociedad en forma coercitiva, posibilita la existencia del empleo estatal y de su cuantía depende, en buena medida, que sus remuneraciones puedan ser mejoradas.
Un tercer espacio lo ocupan los que no pagan casi ningún impuesto o, al menos, no perciben hacerlo. Son trabajadores, subsidiados o desocupados. Sus ingresos son bajos y no son alcanzados por algunos de los voraces impuestos diseñados especialmente para escarmentar a los segmentos más elevados. Ellos reclaman conciencia tributaria como fórmula para aliviar su rencor contra los que más producen. Pretenden igualdad y creen que un sistema tributario que les quita demasiado a los que más disponen, los nivela rápidamente. No saben como aumentar sus propios ingresos y se creen víctimas de este mundo cruel. Este perverso esquema es positivo porque les quita a los demás, a quienes culpan por tener más que ellos.
El último grupo está compuesto por los que pagan MUCHO en impuestos. No contribuyen por convicción, sino porque su actividad no les permite escapatoria. La administración ya ha encontrado el modo eficiente de tenerlos de rehenes. Como no pueden evadir, no admiten ser los únicos tontos y quieren compañía ante semejante abuso. Rendidos frente a la impotencia de estar atrapados por el régimen, apelan desesperadamente a este recurso dialéctico tan pobre como inmoral. En esto, se parecen al grupo anterior. Sus motivaciones surgen del resentimiento y eso no habla bien de ellos. Las garras del sistema los han cooptado y no desean sentirse tan estúpidos, por eso acusan al resto, para que reciban el mismo castigo.
Pagar impuestos no es un acto voluntario. El impuesto implica que el Estado detrae, por la fuerza, una parte demasiado relevante del esfuerzo personal. Nadie paga con satisfacción y alegría. En todo caso lo hace porque no puede evitarlo, porque el esquema se ha diseñado para que no se lleve el producto deseado sin ese «peaje» o bien porque no pagarlo implica un riesgo legal trascendente que se traduce en multas costosas o inclusive prisión.
Esta afirmación general puede verificarse empíricamente a diario. Quien intente refutarla puede dar testimonio personal de ello y hacer hoy mismo el ejercicio pidiendo que le aumenten el precio de un bien y le carguen impuestos no cobrados o hasta dejando un extra, ya no como propina para el individuo que le facilita el producto, sino directamente para el Estado.
Es más, si un individuo cree tan férreamente en la bondad de los impuestos podría pedir a los gobiernos, en cualquiera de sus jurisdicciones, que le facilite un número de cuenta bancaria para depositar allí dinero propio como donación para los «loables» fines para los cuales el Estado destina el dinero.
Después de todo este individuo que defiende la idea de «conciencia tributaria» cree que lo recaudado como tributo no termina en manos del aparato político, la corrupción o el despilfarro tradicional. El recita, a viva voz, que todo eso es para la salud, la educación y la seguridad. Pues bueno, que deposite masivamente sus recursos propios allí, en vez de utilizarlo para su entretenimiento o el consumo suntuario de innecesarios bienes. La inconsistencia ideológica es tan evidente que no admite casi ningún argumento serio que pueda ser tenido en cuenta con cierta sensatez.
Si finalmente se opta por pagar impuestos, asumiéndolo como el «mal menor», si se lo hace porque no se ha encontrado un mejor modo de financiar las «supuestas» necesidades que permiten vivir en comunidad, al menos sería saludable evitarse los retorcidos planteos intelectuales que pretenden justificarlo. No es razonable intentar convertir lo malvado en bondadoso. En todo caso, un poco de resignación ciudadana, puede servir como transición, pero solo para intentar ser más creativos y seguir buscando mecanismos que permitan sustituir este atropello cotidiano por algo superador. Mientras tanto, sería muy conveniente asumir que cuando se habla de impuestos no se dispone de buenas razones que lo respalden. El desafío es pensar como se abandona el pretexto de la conciencia tributaria.
La Justicia rechazó la acusación de la AFIP a Despegar
Por Hugo Alconada Mon.
La denuncia fue espectacular y ruidosa, con fotos y declaraciones incluidas del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. La empresa Despegar.com, se anunció, evadía el impuesto a las ganancias por montos millonarios. Y se ordenó la clausura preventiva de sus oficinas. Pero ahora, 14 meses después, la Justicia exoneró a la firma, cerró la causa y criticó en durísimos términos a la AFIP, que en silencio consintió el fallo.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, el 17 de marzo pasado, pero recién quedó firme este mes, cuando la AFIP decidió no apelar el sobreseimiento -al igual que la Fiscalía- y sólo recurrió ante la cámara porque el magistrado también le impuso al organismo tributario que afronte las costas del juicio.
López Biscayart tomó esa decisión después de criticar en duros términos a la AFIP por denunciar que Despegar.com había montado una «planificación de acciones fiscales nocivas» por el equivalente a «sumas varias veces millonarias», pero que luego, y según cálculos de la propia AFIP, no fue así.
«Corresponde poner de relieve la desmedida diferencia entre la magnitud del hecho denunciado [por la AFIP] y los exiguos resultados de la labor final de fiscalización, concluyendo un ajuste técnico de mínima significancia», remarcó el juez.
Eso, añadió, generó «un dispendio jurisdiccional innecesario y que, por lo tanto, determina la imposición de las costas de este proceso a la parte querellante [por la AFIP], puesto que en modo alguno puede considerarse razonable que pudiera tener derecho a formular la desproporcionada presentación» con la que comenzó el expediente penal.
El contrapunto comenzó en febrero del año pasado, cuando el organismo recaudador clausuró las oficinas de Despegar.com y suspendió su habilitación para operar en el mercado local, después de acusarla en público de evadir impuestos en la Argentina a través de una sociedad en Delaware, Estados Unidos.
«Las empresas que desarrollan su actividad en la Argentina deben saber que tienen que pagar los impuestos en nuestro país», afirmó entonces Echegaray.
«En el ámbito del G-20, las principales potencias del mundo están planificando qué hacer con las grandes multinacionales que esconden sus activos en sociedades offshore, nosotros hacemos acciones concretas contra aquellos que realizan planificaciones fiscales nocivas.»
Dentro del expediente penal, sin embargo, la AFIP completó un análisis que determinó que no existió tal evasión por «sumas millonarias», como había anunciado a la prensa.
Por el contrario, los expertos de la AFIP estimaron los montos por los que Despegar.com debería ajustar sus declaraciones impositivas, que accedió a rectificarlas. Y a partir de allí se determinó que el monto máximo que el organismo tributario podía reclamarle a la firma ascendería a 300.000 pesos durante 2009, poco más de $ 296.000 por el año fiscal siguiente y otros $ 246.000 durante 2011. Es decir, todos debajo del monto mínimo que establece la ley para abrir una investigación penal por evasión simple, que desde 2011 es de 400.000 pesos.
Sobreseído
Ante las conclusiones de la propia AFIP, López Biscayart dispuso sobreseer al único ejecutivo de Despegar.com que había sido imputado «porque los hechos no encuadran en una figura legal, con expresa mención de que la formación de la presente causa a este respecto en nada ha afectado el buen nombre y honor de que hubiera gozado».
Sin embargo, el magistrado incluyó un segundo punto en su resolución y decidió «imponer las costas del proceso a la parte querellante», en alusión a la AFIP, que sólo decidió apelar esa decisión judicial.
Líder del mercado de turismo online, Despegar.com -con ventas durante 2011 por 184 millones de pesos- atribuyó la clausura que había dispuesto la AFIP sin una orden judicial a restricciones impuestas por el Gobierno.
«La empresa presume que probablemente esta acción sea parte de un esfuerzo más por intentar restringir las opciones de compra de viajes al exterior y que estas medidas se puedan extender al resto de las agencias de viaje», indicaron entonces a este diario desde Despegar.com sólo horas después de aquel operativo.
Sin entrar en esas hipótesis, López Biscayart ordenó archivar la causa.
Miguel Bein, Marina del Poggetto y Martín Vauthier.
Ilustración: Horacio Cardo.
Como cada marzo en Argentina volvió a arrancar el “debate” sobre el impuesto a las ganancias a las personas físicas, punto principal del planteo del Paro Nacional del miércoles, en cuyo contexto Luis Barrionuevo se refirió tristemente a Axel Kicillof como “el rusito”. El “debate” vuelve a centrarse entre: la justicia distributiva del impuesto que plantea el Gobierno sin tratar de corregir los problemas de diseño del esquema actual y el planteo de los sindicatos que directamente pretende eliminar el impuesto, por considerarlo injusto, aduciendo que el “salario no es ganancia”.
Antes de abordar las particularidades del esquema actual vale recordar que este impuesto, también llamado “a los Ingresos”, es la base de los sistemas impositivos de los países desarrollados. Tomando datos de la OCDE, y con una presión tributaria similar en torno al treinta y pico del PIB, el “impuesto al ingreso de las personas” representa un 8,6% del PIB, bien por encima del 3% del PIB que alcanzó en la Argentina en 2014. Al respecto, dos miradas.
En términos teóricos, el impuesto a los ingresos es más eficiente. En primer lugar, la alícuota crece en línea con el poder adquisitivo: quienes más ganan más tributan, exactamente al revés que en el IVA. [Nota de Economía Personal: la escala progresiva es un gran engaño de los Tributaristas, un impuesto equitativo debe ser proporcional no progresivo. ¡Hay que estudiar Matemática!] En segundo lugar, el impuesto carece de las características distorsivas de otros como Ingresos Brutos y Derechos de Exportación, que no tienen en cuenta el resultado de cada ejercicio, o el Impuesto a los Débitos y Créditos, que desalienta la bancarización. En tercer lugar, el impuesto a las personas físicas es más eficiente que el que recae sobre las empresas, dado que resulta más difícil de eludir, y a la vez no afecta decisiones de inversión. Estas ventajas hacen que las propuestas de “eliminar el impuesto para todos los trabajadores” se choquen de lleno con el objetivo de pensar en avanzar hacia un esquema tributario progresivo, eficiente y equitativo en línea con los de las economías avanzadas.
Sin embargo, no resulta razonable forzar el esquema actual sin atender a los serios problemas que presenta. No es razonable un esquema donde los sectores alcanzados por el impuesto pierdan el 20% del aumento nominal en los salarios como ocurriría este año. O dicho de otro modo, y considerando una paritaria promedio del 32% en 2015, que el Estado se quede con 7 p.p. del aumento. Es menos razonable aún que existan tres niveles de mínimo no imponible que estén fijados en función de los ingresos de 2013, independientemente de los salarios actuales (los que cobraban entonces hasta $15.000 mensuales bruto, los que cobraban entre esa cifra y $25.000 mensuales y los que cobraban por encima).
Esta situación genera inequidades que conducen a situaciones extremas donde dos personas que hoy cobran un sueldo bruto de $25.000 mensual tributarían cero si en 2013 cobraban $15.000, y 17% si cobraban $15.001, una ridiculez impresentable tanto para la ortodoxia como para la heterodoxia. En el primer caso, con la “reforma” de 2013, la alícuota efectiva cayó de 7% a 0%, mientras que en el segundo caso aumentó de 7% a 17% del salario, una diferencia de $46.000 anuales, sólo por haber cobrado $1 más por mes en promedio durante los primeros ocho meses de 2013. Para los sueldos más altos, las diferencias son menores, aunque no por ello menos costosas. Una persona que ganaría en 2015, después de paritarias, un sueldo bruto de $43.000 por mes, tributaría una alícuota promedio de 26,7% ($135.000 anuales), casi 10 veces más alta que la de 2001 después de la suba de impuestos. Esto, sin tener en cuenta el incentivo a comprar dólares (ahorro o turismo) al BCRA dado que el pago de la percepción les permite recuperar parte del impuesto pagado.
Que el impuesto alcance sólo al 10% de los trabajadores, no es un argumento válido para sostener un esquema equivocado y que genera inequidades crecientes por la inflación al interior de la masa salarial. Pero tampoco, se puede prometer la eliminación del impuesto, sólo porque resulte políticamente redituable, y si este fuera el caso habría que tener en cuenta no sólo a los asalariados sino también a los autónomos, que desde 1992 cuando se creó la deducción especial de cuarta categoría vienen discriminados en relación a los asalariados. Al fin de cuentas, la corrección de este problema va a requerir unificar el mínimo no imponible, readaptar la escala para definir alícuotas razonables y progresivas en función de los ingresos, y buscar mecanismos de actualización de las escalas para mantenerlas estables en el tiempo. Y esto, en el marco de una discusión más amplia sobre el sistema tributario que necesita el país para financiar el desarrollo, nuestra agenda de los próximos 15 años.