Otra mentira del relato: un 21% está alcanzado por Ganancias
Se trata de alrededor de 3 millones de trabajadores y jubilados que reciben ingresos superiores al mínimo no imponible de $15.000. Los números que maneja Economía.
Otra vez problemas con los números. Parece que para Economía los datos acerca de cuántos trabajadores y jubilados están alcanzados por el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias no son tan “reales”.
En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo “el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias está muy bien, y afecta aproximadamente al 6% u 8% de los trabajadores argentinos. Y si se toma sólo a los trabajadores registrados, esa cifra sube al 11%”.
Sin embargo, en base a una investigación encarada por Infobae, se pudo saber que en realidad un total de entre 1,5 y 2,9 millones de personas son en realidad alcanzadas. En el primero caso representa 8,5% del total de trabajadores y 14,3% de los ocupados registrados; mientras que en el segundo sube a 16,3% y 27,6%, total y en blanco, respectivamente.
Si bien en un principio el impuesto alcanzaba a los salarios superiores a $15.000, éste se ha vuelto regresivo y alcanza a:
– Transportistas con unos 313.000 trabajadores registrados (168.500 abocados al tráfico de pasajeros por buses y ferrocarril y 145.4 00 al movimiento de cargas por esos medios);
– Bancarios 103.460;
– Telecomunicaciones 73.900;
– Seguros 61.600;
– Industria plástica 47.500;
– Sector de energía eléctrica 40.000;
– Laboratorios 37.600;
– Terminales automotrices 30.000 personas, entre otras.
En tanto, dentro del sector público registrado por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones sobresalen los empleados por los organismos descentralizados con casi 136.875 personas que en promedio percibían a fines de 2013 más de $15.000; $33.000 en las empresas públicas; $20.900 en el Banco Nación; y $11.900 en el Poder Legislativo.
Así, Ganancias se ha convertido en un gravamen destinado a captar el impuesto inflacionario y debilitar el poder de compra real de los trabajadores y con aplicación discrecional, abandonando un principio básico de política tributaria.
Volverán a prorrogar el blanqueo, que sólo recaudó 1454 millones de dólares
Por Martín Kanenguiser.
El Gobierno prorrogará por séptima vez consecutiva el blanqueo de capitales, que logró captar apenas US$ 1454 millones desde su inicio a mediados de 2013, frente a la expectativa del Gobierno, que planeaba recaudar US$ 4000 millones en solo tres meses.
El 93% correspondió al Cedin, y el 7% restante, al Baade.
Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a LA NACION que la decisión de postergar el final del régimen de exteriorización de capitales «ya está tomada», por lo que habrá tiempo hasta fines de junio de este año para sumarse.
En Economía y en la AFIP se entusiasman con la posibilidad de que más contribuyentes se sumen a este perdón impositivo por las intimaciones administrativas y la denuncia penal que comenzaron a fines de 2013 por el tema de Suiza. Además, la investigación tendrá su capítulo político-electoral con arranque de la comisión legislativa, en la que se prevé citar tanto a los directivos del HSBC como a los titulares de las cuentas, pese a que varios constitucionalistas aclararon que el Congreso no tiene facultades para hacer esta tarea.
El blanqueo arrancó en junio de 2013 como una respuesta a la parálisis provocada por el propio Gobierno con el cepo cambiario, pero en el primer plazo de tres meses apenas captó US$ 341 millones. En ese momento fue lanzado en el Congreso por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el viceministro, Axel Kicillof.
En ese momento prometieron recaudar US$ 4000 millones en el período original: junio-agosto de 2013; un año más tarde, la cifra sólo se había estirado a US$ 823 millones y en enero pasado apenas superaba los US$ 1300 millones, cuando la AFIP ya había denunciado al HSBC y a los mencionados contribuyentes.
Pero lo que entusiasmó al organismo conducido por Echegaray es que en diciembre pasado la cifra blanqueada llegó a los US$ 158 millones. En enero se blanquearon US$ 42 millones y en febrero US$ 53 millones, mientras que en la primera mitad de este mes ya se blanquearon US$ 57 millones.
Cabe recordar que hace 10 días Echegaray se reunió con dos abogados del grupo HSBC, por pedido del organismo fiscal, para tratar de acordar posiciones. Pero mientras el organismo fiscal aseguró off the record que los representantes de la entidad financiera le habían hecho una primera oferta que la AFIP consideró insuficiente -cerca del 15% de los US$ 3500 millones reclamados por el Gobierno- el banco negó en forma oficial la existencia de esa propuesta.
Según la versión del organismo fiscal, el dinero estaría destinado por el banco a prestarles a empresas del sector cerealero, pero para Echegaray resultaba «insuficiente». Sin embargo, voceros del banco reiteraron que «se ha dicho que HSBC acordó repatriar fondos a la Argentina; eso es falso».
Luego de esa reunión, las partes no se volvieron a encontrar.
En estos días la AFIP está concluyendo la determinación de oficio para saber con exactitud la deuda que les reclamará a los contribuyentes intimados en esta causa.
Los tributaristas consultados por LA NACION admitieron más interés en el blanqueo por el caso de Suiza. Flavia Melzi dijo que «como consecuencia de la detección de las cuentas en el exterior y la instrucción de procedimientos de determinación de oficio se evidencia un mayor interés en el blanqueo». La tributarista dijo que «si la finalidad es recaudar y propender a la regularización de las obligaciones omitidas, debiera ampliarse el plazo de las obligaciones omitidas, que se ha mantenido en abril de 2013».
Jorge Gebhardt, socio del estudio Aguirre, Saravia & Gebhardt, dijo que «algo más de interés se observó luego de los temas HSBC ventilados por la AFIP, pero ya está decayendo». La razón del bajón sería que «se rumorea en la plaza que el próximo gobierno probablemente sancione algún régimen» de blanqueo más amplio que el actual. Al respecto, para que el régimen funcione, Eugenio de Mayolas sostuvo que «se debería habilitar la posibilidad, al igual que en el blanqueo anterior, en 2009, de conservar las inversiones financieras fuera del país».
La Justicia prohíbe la pesificación de jubilaciones del exterior
Así lo dispuso la Cámara Federal de La Plata. Revés para normas de la AFIP y el BCRA que impiden recibir pensiones en la moneda de origen.
Cerca de 40.000 pensionados que quedaron afectados por los efectos del cepo y que no pueden cobrar sus jubilaciones provenientes del exterior en la moneda de origen ahora podrán hacerlo. ¿La razón? La Cámara Federal de La Plata declaró inaplicables las normas por las que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que lo impedían.
A través de un fallo, la Justicia cuestionó la pesificación sin permitir que la persona mayor luego pueda reconvertir los pesos a la moneda de origen al tipo de cambio oficial.
Según adelanta Iprofesional, el precedente se sentó se dio en el marco de la causa “Fiorino Dominga Antonia c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y otros s/ amparo Ley 16.986”.
Los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispusieron una medida cautelar mediante la cual suspendieron las normativas del fisco nacional y del BCRA que no le permitían a la jubilada italiana recibir una pensión en su moneda de origen.
En el fallo, dado a conocer por el sitio Diario Judicial, los magistrados entendieron que no había ninguna razón de peso en las resoluciones impugnadas del órgano estatal y la entidad financiera para que no recibiera su pensión en una divisa diferente al peso argentino, porque aun cuando existen algunos controles a la hora de entrar al mercado cambiario, se pueden realizar excepciones.
La Cámara Federal de La Plata destacó que “la Argentina, suscribió con Italia un Convenio de Seguridad Social que dispone que, ‘salvo lo dispuesto en este Convenio, los trabajadores que tengan derechos a prestaciones de seguridad social por parte de uno de los dos Estados Contratantes, lo recibirán íntegramente y sin ninguna limitación o restricción, cualquiera sea el lugar de residencia’”.
Más gente tendrá que pagar Bienes Personales este año
Por Ismael Bermúdez.
PRESION TRIBUTARIA RECORD. Esto pasa porque al mismo tiempo que el tope sigue fijo, suben la valuación de inmuebles, autos y otros activos.
La AFIP actualizó los valores de los autos, motos, moneda extranjera, bonos, y otros bienes y activos que deben ser tomados en cuenta por los contribuyentes para liquidar el impuesto a los Bienes Personales durante abril y mayo próximos. Pero no actualizó el mínimo o el piso a partir del cual se paga este impuesto que sigue clavado en $ 305.000 desde 2007. Las tablas con los valores actualizados se publicaron ayer en el Boletín Oficial.
En consecuencia, aunque en términos reales dispongan de los mismos o incluso de menos bienes o activos, los que ya estaban pagando deberán pagar más, con la posibilidad de pagar una alícuota superior porque las escalas del impuesto también continúan congeladas. Y más gente estará alcanzada por este tributo como consecuencia de la doble vara de ajustar las bases imponibles del impuesto y seguir dejando en la congeladora el mínimo exento y las escalas.
Además, hay fuertes distorsiones e inequidades entre los contribuyentes que tienen los mismos montos en bienes o que adquirieron inmuebles similares en años distintos. Esto pasa porque los criterios de valuación no son uniformes. Lo mismo pasa con otros impuestos, como por ejemplo con el impuesto a las Ganancias con el mínimo no imponible, demás deducciones y escalas totalmente desactualizadas. Y explica, entre otros factores, el aumento año a año de la presión impositiva.
Por todo esto, la recaudación de Bienes Personales viene batiendo récords año tras año, muy por encima de la propia inflación. En 2014 la AFIP recaudó el doble, 100% más, que en 2012 captando no una mayor “riqueza” sino la incidencia de la mayor inflación con un mínimo congelado.
También se calcula que todos los años unos 100.000 nuevos contribuyentes pasan a estar alcanzados por este tributo y para este año se estima que más de un millón de personas deberán presentar la Declaración Jurada.
Así las cosas, el mínimo de $ 305.000 es tan bajo que quienes adquirieron en los últimos años un departamento pequeño y poseen un auto de varios años de antigüedad para el Gobierno son considerados “ricos” y pagan este impuesto., con alícuotas que van del 0,5 al 1,25%.
En cambio, quienes tienen altos plazos fijos o bonos de deuda están exentos.
Andres Mir, del IARAF (Instituto de Análisis Fiscal) le dijo a Clarín que el impuesto a los bienes personales abarca “una gran cantidad de bienes”, como tenencia de dinero, inmuebles, autos, motos, participaciones societarias o bonos.
“Los inmuebles deben valuarse a su valor de escrituración o al valor del impuesto inmobiliario provincial (o ABL e, CABA) de ambos el que sea mayor. En contextos inflacionarios, para los inmuebles de mayor antigüedad, termina siendo más elevada la base imponible —que se va ajustando todos los años— que el valor de escrituración. En consecuencia cuando los gobernadores por sus propias necesidades fiscales aumentan la valuación fiscal de los inmuebles incrementan la base imponible de Bienes Personales”.
Respecto a los automotores, Mir dijo que “deben valuarse a su precio de costo menos la depreciación acumulada (20% por año) pero ese valor no puede ser inferior a la tabla de valuación que publica anualmente la AFIP”.
Por ejemplo, “un Ford Fiesta Kinetic Titanium modelo 2012 que el año pasado estaba valuado en $ 129.000, ahora es $ 157.000”.
Sin embargo, “este incremento esconde que el contribuyente a tiene un auto un año más viejo. En consecuencia su valor debería bajar y no subir. Si se considera que la pérdida de valor anual es del 20% de su valor, por ejemplo el auto que el año pasado estaba valuado a $ 129.000 este año debería valer alrededor de $ 105.000 y quedó valuado en $ 157.000. Es un incremento cercano al 50%”.
En tanto, están exentos los depósitos en moneda argentina y extranjera a plazo fijo en caja de ahorro o cuentas especiales de ahorro en entidades financieras, y los títulos y bonos del Gobierno Nacional, Provincias y Municipios.
Así, si el dinero está en una caja de seguridad o “bajo el colchón” está alcanzado por el impuesto.
Este año, se descuenta que los contribuyentes deberán declarar los dólares-ahorro adquiridos con autorización de la AFIP durante 2014, que están fuera de los bancos, al tipo de cambio de $ 8,451 por dólar y que no fueron aplicados a otras compras registradas.
Compras en el exterior: revés judicial para la AFIP
Por Silvia Stang.
Un juez obligó a apurar la devolución de los recargos a una persona que no puede compensarlos con Ganancias.
La Justicia cuestionó a la AFIP por demorar la devolución de los recargos cobrados por compras en el exterior o adquisición de moneda extranjera, y le impuso la obligación de dar respuesta inmediata a la solicitud del ciudadano que presentó una acción de amparo. Sólo con una orden judicial a su favor, varios meses después de haber presentado el formulario correspondiente, y tras haber elevado seis pedidos de pronto despacho, esta persona logró recuperar el dinero que se le había retenido en concepto de «pago a cuenta» de impuestos que él, en rigor, no paga (por no estar alcanzado).
La decisión judicial tomada en la causa «Fichter, Lautaro contra el Estado Nacional-AFIP-DGI s/amparo por mora» se conoció ahora, porque hace pocos días la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó su fallo, publicado luego por el portal Diario Judicial. Sin embargo, en ese escrito los jueces de segunda instancia hacen referencia a un «desistimiento implícito» de la apelación hecha por la AFIP contra la decisión del juez de primera instancia, quien le había dado la razón al demandante. ¿Qué ocurrió? Que, a pesar de apelar, el organismo obedeció y pagó.
Eso ocurrió luego de que el juez Pablo Cayssials, del Juzgado N° 9, hizo lugar a la acción de amparo por mora y ordenara al Estado nacional (en concreto, a la AFIP) que resolviera el expediente de Fichter en un plazo de diez días contados desde la notificación judicial.
La persona a quien le habían cobrado los recargos no es contribuyente ni de Ganancias ni de Bienes Personales. Se trata de los dos impuestos para los cuales pueden tomarse como pago a cuenta las cargas que se aplican cuando se compran bienes o servicios en el exterior o moneda extranjera para viajar (se adiciona un 35%), o dólares para ahorro (se suma un adicional de 20% a menos que, en lugar de retirar los billetes del banco, se depositan bajo determinadas condiciones). Para las situaciones en las que no existe una obligación tributaria contra la cual se puedan descargar esas «percepciones», se debe presentar el formulario 746 y pedir la devolución del dinero.
La AFIP no tiene facultades para imponer nuevas cargas impositivas a los ciudadanos, ya que eso es una atribución del Poder Legislativo. Por eso, al disponerse estos sobrecargos, se establecieron también los mecanismos para el recupero.
Para los asalariados alcanzados por Ganancias, el reintegro por lo abonado durante 2014 debería llegar en los próximos días (si se hizo antes el pedido completando el formulario 572), con el cobro de los sueldos de febrero, que es el mes de la liquidación anual del impuesto.
En el caso de Fichter, además de completar y presentar en enero de 2014 el formulario 746, se habían hecho seis pedidos de pronto despacho. Pero la AFIP sólo abonó tras la orden judicial de octubre, según se relata en los expedientes de la causa, que pueden consultarse en la página de Internet del Poder Judicial.
La resolución 3420, que estableció el procedimiento para recuperar las percepciones en caso de no pagar Ganancias, no definió en qué tiempos debe el fisco cumplir con esa tarea. El juez consideró que, en caso de no existir plazos determinados para resolver un trámite, es viable el amparo por mora si «hubiere transcurrido un plazo que excediera lo razonable» sin dictamen o resolución.
Aunque el juez apeló a la irracionalidad del tiempo transcurrido sin respuesta, el peticionante había argumentado que debería tenerse en cuenta lo dispuesto por la ley de procedimiento administrativo. Allí se especifica que si las normas especiales «no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de 60 días».
La causa de este demandante fue considerada en segunda instancia, pero eso no cambió las cosas: los jueces consideraron que hubo un desistimiento implícito tras el pago de la AFIP, por lo que no se expidieron sobre la cuestión de fondo. De todas maneras, expresaron que la acción del organismo se debió «no a una conducta propia, libre y diligente», sino «al cumplimiento de un mandato judicial imperativo».
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envió a 4040 contribuyentes -a los que identificó como titulares de cuentas bancarias en Suiza no declaradas ante el fisco argentino- una intimación de cinco páginas con un amplio pedido de información sobre esos activos.
Ricardo Echegaray
El organismo que dirige Ricardo Echegaray contaría con datos de los bancos HSBC, UBS, Credit Suisse y Safra, entre otros, y pretende así dar una señal de fuerte «percepción de riesgo» a quienes busquen eludir su tarea de fiscalización. Para algunos contadores, en cambio, la intimación es sólo «un instrumento cazabobos» de dudosa legalidad.
«Según consta en las bases de datos del organismo y en información en el exterior a través de instrumentos de intercambio de información internacional suscriptos con otros países, usted operó con cuentas bancarias, de inversión, o similares en bancos radicados en la Confederación Suiza durante los años 2006 a la fecha», empieza la nota que les llega a los contribuyentes apuntados por el ente recaudador de impuestos.
Luego la carta advierte que eso «resultaría inconsistente con sus declaraciones juradas de los impuestos de ganancias y sobre los bienes personales presentadas ante la AFIP hasta el 30/9/2014», por lo que se pide la siguiente información:
– Banco de radicación de la cuenta, sucursal, tipo de cuenta, número de la cuenta, tipo de moneda, saldo al 31 de diciembre entre 2006 y 2013, y carácter invocado para operar la cuenta.
– En relación con inversiones financieras o bursátiles y de participación en trust, fideicomisos, fondos o figuras similares radicadas en la Confederación Suiza, se requiere la misma información.
– En caso de corresponder, manifieste la voluntad de acogerse al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior establecido por la ley 26.860.
– En caso de haber presentado con fecha posterior a la del lanzamiento de la presente fiscalización electrónica, declaración jurada original y/o rectificativa en los impuestos y períodos detallados a continuación: impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales desde 2006 hasta 2013.
La intención de esta fiscalización es reforzar el poco exitoso régimen de blanqueo de capitales, que sólo recaudó US$ 1108 millones -entre Cedin y Baade- hasta el jueves pasado, frente a los US$ 4000 millones previstos por el Gobierno cuando lo lanzó en julio de 2013. Del total blanqueado, el 95% corresponde a fondos en la Argentina y sólo 5% del exterior. El 92% correspondió al Cedin y el 8% restante al Baade.
A partir de la información brindada por Hervé Falciani, un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza que se apropió de datos de esa entidad y se refugió en Francia -país que firmó un convenio de intercambio de información con la Argentina- la AFIP cuenta con los datos de 3900 argentinos con cuentas no declaradas en esa plaza financiera europea. «Lo interesante es que Falciani no nos dio una simple lista, sino números de cuentas, apoderados y conversaciones telefónicas, entre otros datos, para cruzarlos. Eso nos permitió una masiva y efectiva fiscalización electrónica en todo el país», explicó una calificada fuente del organismo fiscal a LA NACION.
La fuente confirmó que no sólo operan con información del HSBC -de hecho Echegaray en una conferencia de prensa mencionó la existencia de otras 4000 cuentas del UBS- ya que se habla también del Credit Suisse y del Safra. «Hay muchos empresarios y familias involucrados en este asunto», agregó el funcionario, sin dar más detalles.
Por esta razón, tributaristas consultados por LA NACION dijeron que predominó entre varios grandes contribuyentes cierto clima de pánico en las últimas semanas por los datos que tiene la AFIP. Sin embargo, el consejo que recibieron por parte de sus contadores es enfrentar la fiscalización con mucha calma, por el origen dudoso de la información de Falciani. «A mi criterio este pedido de información tiene un vicio de nulidad porque fue obtenido en forma ilegítima y compromete a la administración tributaria en el futuro», consideró César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Otro especialista, que prefirió hablar en off the record, expresó que «a los clientes se les sugieren dos caminos: o que nieguen todo, porque no están obligados a declarar en contra de sí mismos, o que entren al blanqueo actual, pero eso engorroso, porque deben cerrar sus cuentas afuera y encima la UIF los va a denunciar por operaciones sospechosas». Una tercera opción es «sacar la ciudadanía panameña para quedar fuera del radar de la AFIP», indicó.
Un colega, que también prefirió hablar en forma anónima, indicó que «hasta que entre en vigencia el convenio para evitar la doble imposición entre Suiza y Argentina, el pedido de información debe ser recabado una vez agotadas las instancias administrativas por medio de un juez. No se ve cómo un juez podría dar curso legal con información tan endeble jurídicamente». El convenio, que recién fue aprobado por el Congreso argentino, pero debe ser ratificado por el Parlamento suizo, regiría en 2015 o 2016 y permitirá que no intervenga un juez, sino que los fiscos intercambien datos de contribuyentes de ambos países, aunque no en forma automática, sino caso por caso.
Información polémica
– Gran parte de los datos de argentinos con cuentas en Suiza a los que accedió la AFIP provienen de un ex ejecutivo del HSBC que se apropió ilegalmente de la información y se fugó a Francia.
– Algunos tributaristas dicen que el pedido de la AFIP es cuestionable porque los datos fueron obtenidos ilegítimamente.
Por cada $100.- de renta que genera una Ha., el estado se queda con $81,70.-
El Centro de Investigaciones Sociales y económicas de Fundación Libertad, elaboró un informe revelador sobre la insostenible presión fiscal sobre el sector agrícola.
Tras la publicación del último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en donde se estimó que la participación del Estado en la renta agropecuaria ascendió en el mes de septiembre a 81,7%, las miradas se focalizaron en el sector agropecuario. Es por ello que resulta imprescindible analizar cuál es la contribución de este sector a los ingresos públicos.
En los últimos diez años, los derechos de exportación han crecido ininterrumpidamente con excepciones puntuales como en los años 2009 y 2013. En este último año, el salto devaluatorio de enero permitió que los derechos de exportación crecieron 86.5% respecto a un año atrás.
En tanto, las liquidaciones agrícolas en dólares pasaron de caer en torno a 40% en agosto y septiembre a crecer 21% en octubre, especialmente por el repunte en las últimas dos semanas del mes.
En lo que va del año, las retenciones acumulan un alza de 49.4% respecto al mismo período de un año atrás, resultado que se vincula casi exclusivamente a la devaluación del tipo de cambio oficial, ya que la caída del valor internacional de las principales commodities agrícolas repercutió en menores precios. Este número representa aproximadamente el 8% de la recaudación tributaria total. Por cierto, a lo largo de la última década los derechos de exportación han mantenido una participación promedio del 9% en los ingresos tributarios. En otras palabras 9 de cada 100 pesos que recauda el Estado Nacional provienen de los impuestos a las exportaciones.
Si se desagregaran las partidas de los derechos de exportación, los productos del reino animal y vegetal, sumado a las grasas y aceites animales o vegetales y productos de su desdoblamiento alcanzaron en el año 2013 los $21.764 millones, o lo que es lo mismo, el 39,24% de los derechos de exportación. La participación de los productos del campo dio un salto del 8% en el año 2010 al pasar del 35% al 43%. Si bien se mantuvo en estos niveles por los siguientes dos años, en el 2012 cayó levemente hasta alcanzar los valores actuales.
En síntesis, el Estado hoy se queda con el 81,7% de la renta agrícola. Es decir, por cada $100 de renta que genera una hectárea promedio en Argentina, $81,7 van a las arcas públicas en concepto de retenciones, impuestos como el de Ganancias y sobre los créditos y débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) y el IVA, además del Impuesto Inmobiliario Rural, que es provincial y uno de los más costosos.
La economía Argentina registra en la actualidad, la mayor presión tributaria de América latina, por encima incluso de los países más desarrollados. Con una estructura regresiva, donde el mayor peso de la recaudación sobre los impuestos que paga toda la población, y sobre los sectores más dinámicos y competitivas de la economía. Esto demuestra que el sistema tributario argentino requiere un análisis profundo y una reforma impositiva integral, para lograr un Estado que deje de «reprimir” al sector privado y permita fomentar las bases de un desarrollo económico duradero.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había ayer un clima de euforia porque desde 2017 podrá acceder a cuentas bancarias de argentinos en más de 50 países en forma automática.
El paso se dio a partir de la firma que rubricó el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, ante el Foro de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que se desarrolló en Berlín.
Entre los países que firmaron -y que le entregarán información en dos años al fisco argentino- están Alemania, España, Reino Unido, Francia, Grecia, la India, Colombia, Italia, México, Sudáfrica, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda. Con este último, la AFIP precisó que la Argentina firmará próximamente un convenio bilateral de intercambio de información en materia tributaria.
Además, el pacto multilateral también lo suscribieron Anguila, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Chipre, Corea, Croacia, Curazao, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hungría, Isla de Man, islas Caimán, islas Feroe, islas Turcas y Caicos, islas Vírgenes Británicas, islas Mauricius, Islandia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Montserrat, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Seychelles y Suecia.
«Con más de la mitad de los países que adhirieron, la Argentina ya tiene un acuerdo bilateral tributario o aduanero», indicó Echegaray, quien viajó acompañado por el subdirector de fiscalizaciones de la AFIP, Horacio Curien.
Además, el funcionario subrayó la importancia de que este acuerdo es impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el marco de esta organización, ya se había firmado un convenio de intercambio tributario multilateral.
«El nuevo estándar global está referido al intercambio de información bajo modalidad automática relativa a cuentas financieras. Es así como los países obtendrán información de sus entidades financieras [bancos, sociedades de bolsa y ciertas aseguradoras] referidas a cuentas de titularidad de sujetos no residentes y las intercambiarán en provecho mutuo», detalló la AFIP en un comunicado.
Ahora, la AFIP contará con datos de los argentinos en forma automática, a diferencia de acuerdos como el que tiene con Uruguay, que funciona caso por caso.
En el caso del convenio con Suiza, por ahora tampoco es automático, por lo menos hasta que ese país europeo adopte esa estrategia en términos globales, algo que podría ocurrir en un par de años.
Los huesos más duros de roer para la AFIP son EE.UU. -aunque 400 entidades argentinas se anotaron ante el IRS por la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Fatca, según su sigla en inglés)- y Panamá, que podría ser colocada en una lista gris. «Colombia ya lo hizo el mes pasado», advirtieron en el organismo tributario, al subrayar que el gobierno centroamericano no muestra ninguna voluntad de cooperación.
Advertencia de tributaristas
El tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, advirtió a LA NACION que «el radar del intercambio no se limita a la titularidad de las cuentas, sino que también se informa los apoderados o beneficiarios finales de las respectivas cuentas; en este sentido, aquellas cuentas con estructuras societarias o trust no quedan fuera del intercambio porque el mismo llega hasta el verdadero titular que maneja la cuenta».
Jorge Gebhardht subrayó que «significativos países aún no forman parte de este acuerdo, como Suiza y Uruguay». Sin embargo, aclaró: «Para los contribuyentes cumplidores, no hay duda de que les generará un nuevo costo administrativo al tener que contestar engorrosos e interminables requerimientos de inspección y, a los incumplidores, la publicidad dada a los pasos que se siguen les den una pauta de a dónde no dirigir su inversión». En tanto, Andrés Edelstein, socio de PWC, dijo: «El objetivo y el mecanismo resultan muy similares a los de Fatca y que ya le está permitiendo intercambiar este tipo de información con diversos países a Estados Unidos».
Fuente: La Nación, 30/10/14.
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Cincuenta países firmarán acuerdo sobre intercambio de información fiscal
Por Harriet Torry.
miércoles, 29 de octubre de 2014 13:47 EDT
BERLÍN (EFE Dow Jones) — Las autoridades de 50 países firmarán el miércoles un acuerdo multilateral sobre el intercambio automático de información fiscal en Berlín, un acuerdo que forma parte de un plan multianual diseñado por los países más afectados por la austeridad, como Reino Unido, Francia y Alemania, de combatir la evasión de impuestos por parte de las compañías y los individuos.
La reunión se celebra en Berlín bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para mejorar el intercambio de información fiscal.
El secretario general de la OCDE y los ministros de Finanzas de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España celebrarán una rueda de prensa para hablar del acuerdo el miércoles.
fuente:
La AFIP busca saber quiénes compraron dólares en la Bolsa
Por Gustavo Bazzan.
Ayer sus inspectores se presentaron en las principales sociedades de Bolsa y pidieron los listados de los clientes que realizaron operaciones. Hubo incertidumbre en el mercado por el mayor control.
Echegaray tiene tarea. El titular de la AFIP, en una presentación reciente sobre la recaudación, deberá ahora cruzar información del mercado/ARCHIVO CLARIN
Desde que la presidenta Cristina Kirchner exaltó públicamente el tema el martes pasado, las operaciones de “dólar bolsa y dólar contado con liqui” se convirtieron en la nueva obsesión policíaco-cambiaria del Gobierno. Las pruebas: ayer los inspectores de la AFIP estuvieron pidiendo información en varias de las principales sociedad de Bolsa del mercado. Concretamente, se llevaron listados de los clientes que habían operado “contado con liqui” para sacar dólares del país. Analizarán la documentación para, eventualmente, penalizar al cliente o a la firma bursátil si no cumplió con los requisitos exigibles para este tipo de operatoria. También hicieron lo mismo con las operaciones de ‘dólar bolsa’.
Según pudo saber Clarín los inspectores recopilaron documentación de Allaria Ledesma, Facimex Valores, Macro Securities, TPCG Valores, Puente Hermanos, Global Equity, INTL Cibsa y Galicia Valores. Son las sociedades de Bolsa más grandes del mercado.
Los agentes de la AFIP se llevaron copias de los libros donde las financieras registran cada operación que concretan. La entidad que dirige Ricardo Echegaray busca rastrear al identidad de cada empresa que compró divisas en los últimos tres meses y constatar si las mismas tienen fondos declarados que justifiquen los volúmenes de dinero invertidos en operaciones de “contado con liqui”.
La razzia había comenzado el miércoles, con las inspecciones que se realizaron en los archivos de Mariva Bursátil y Balanz Capital, que concluyeron con la suspensión de la primera.
En verdad, el barullo viene de la semana pasada, cuando los importadores hicieron sonar las alarmas, denunciando que el Banco Central sugería que si querían dólares pasaran por ese mercado paralelo pero legal, en lugar de pedir divisas de las reservas. Todo el mundo se volcó a esos mercados y esto llevó a una fuerte suba de las cotizaciones de los dólares alternativos (ya que no ilegales). Se recuerda: son operaciones totalmente lícitas, que se utilizan para comprar o vender dólares al precio que fija el mercado.
En los hechos, el contado con liqui y el dólar Bolsa se convirtieron en un versión paralela del Mercado Unico y Libre de Cambios, que es por donde circulan las divisas del comercio exterior. El “MULC blue” movió este año, según cifras difundidas públicamente por Cristina, cerca de 37.000 mil millones de dólares.
Es una autopista por la que entran y sacan dólares la mayoría de las compañías. Hay que recordar que son divisas que no afectan el stock de reservas del Banco Central. Se trata de negocios que se articulan con dólares que ya están en manos del sector privado.
Ayer, por presión oficial y por la presencia de los inspectores de la AFIP, el mercado se restringió. Algunas entidades se abstenían de realizar operaciones que implicarán tanto tomar divisas del exterior (dólar cable) como girar bonos al exterior (contado con liqui).
El mercado sigue con atención los nuevos nombramientos en el Banco Central. Particularmente el del flamante director Pedro Biscay, quien públicamente se manifestó contra la convalidación del “contado con liqui”, por considerar que es una operatoria que burla la normativa cambiaria.
(ver aparte).
Lo concreto es que todo indica que Kicillof quiere a todos los organismos con competencia en el mercado financiero y en el control del dinero en general (Banco Central, Comisión Nacional de Valores, AFIP, UIF y hasta la Procelac) coordinando esfuerzos para al menos depurar la plaza cambiaria y apartar a quienes no tengan el dinero absolutamente limpio. Tarea difícil, si se tiene en cuenta que el 40 por ciento de la economía está en negro y las restricciones al acceso al dólar empuja a muchos actores económicos a buscar vías alternativas para hacerse de moneda dura. Ya sea para mantener en pie una actividad económica como para defender el valor del ahorro.
Un Estado policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados. Así, un Estado policial es inherentemente antidemocrático. Es similar a la ley marcial.
Literatura
En la literatura, el mejor ejemplo de Estado policial es el que se plantea en la novela de George Orwell1984, que describe un régimen totalitario que utiliza la excusa de guerra constante para permitir que la policía y las cámaras de seguridad controlen a toda la población.
Otro ejemplo de estado policial es el presentado en la novela gráfica V for Vendetta, escrita por Alan Moore, claramente influida por la obra de Orwell. Allí se presenta un gobierno británico que controla a la población mediante una estricta vigilancia utilizando prácticamente los mismos métodos que en 1984. En V for Vendetta se tratan elementos fundamentales como la constitución de la autoridad, la eliminación de las oposiciones y diferencias y la manipulación mediática.
Consideraciones
Similar a la perspectiva de Orwell, los libertarios asumen que un Estado policial es consecuencia natural del control que todo Estado, ya sea liberal, nacional o socialista, ejerce sobre la población ubicada en el territorio sobre el que tiene jurisdicción, y que la diferencia radica sólo en el grado de invasión a las libertades, donde además esto es difícil de definir, puesto que todos los Estados vigilan secretamente a toda su población -o públicamente pero bajo el convencimiento y aprobación civil de que están siendo protegidos por su propio bien- en la medida de sus recursos o de los intereses que protegen. Y precisamente debido al hecho de que es secreto o maquillado, no se conocen completamente la magnitud del hecho ni las intenciones reales detrás de todo el aparato de vigilancia.
El Fisco aspira de los bolsillos $ 50.000 millones al año
Por Ismael Bermúdez
Movilización y paro. La CGT opositora protestó contra Ganancias en julio de 2013 en la Plaza de Mayo. Todo siguió igual. Ya prepara otra huelga. / DYN
Para justificar su decisión de no modificar el impuesto a las Ganancias, el Gobierno sostiene que el tributo sólo alcanza a una baja proporción de los trabajadores, que estima en un 10% sobre unos 10 millones de asalariados en blanco: esto es poco más de 1 millón de trabajadores. Sin embargo, esto representa una enorme masa de ingresos para el Fisco: según estimaciones privadas, lo que recauda anualmente la AFIP sobre esa masa de sueldos ronda la friolera de los $ 50.000 millones.
La cifra de recaudación fue estimada por el experto en temas tributarios Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dado que la AFIP no publica más de forma discriminada cuánto de la recaudación total de Ganancias corresponde a lo que pagan asalariados y jubilados, cuanto a los autónomos y cuánto a las empresas.
Del cálculo de Argañaraz surge que el millón de trabajadores alcanzados por el impuesto paga mensualmente, en promedio, unos $ 4.000. Si esto se multiplica por 13 (los sueldos mensuales más el aguinaldo) se llega a los 52.000 millones de pesos de recaudación global por la llamada “cuarta categoría”.
Esto explica por qué aun siendo “pocos” los trabajadores alcanzados por Ganancias, -como insiste el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich- el Gobierno se niega a instrumentar cualquier cambio en el impuesto que pueda afectar ese volumen de recaudación aportado por los trabajadores.
Si realmente fuera poco significativo el impacto, no habría razón para rechazar los reclamos de los gremios que piden que se reduzca o directamente se elimine esta fuerte presión fiscal sobre los asalariados. En otras palabras, no porque sean “pocos” trabajadores sino porque los descuentos dejan una suculenta recaudación es que el Gobierno se niega a modificar el tributo que daría un alivio a los que viven de sus sueldos.
Además, los sindicalistas destacan que el concepto oficial de “pocos” es por lo menos relativo: en algunas actividades como bancarios, petroleros, camioneros y portuarios llega casi al 100% la proporción de trabajadores que paga Ganancias. En el sector de Seguros es del 40% y en el sector público del 17%, según informaron los dirigentes a Clarín.
Según CIFRA, un centro de estudios que pertenece a la CTA oficialista que encabeza Hugo Yasky, el impacto de Ganancias sobre el sueldo es muy significativo: a un trabajador sin cargas de familia (por lo general es el caso de un soltero) con un sueldo neto de $ 17.558 mensuales, le descuentan por este impuesto en el año $ 28.504. Esta cifra equivale a más de un sueldo y medio.
Y además tributa la tasa máxima del 35%.
Si el minino no imponible y las escalas se hubieran ajustado por la inflación a los niveles de 2001 ese mismo trabajador debería tributar menos de $ 5.000 anuales, con la tasa del 9%. Este ejemplo permite ver que el peso de Ganancias sobre el salario se triplicó en estos años.
Actualmente pagan los que ganaban en 2013 más de $ 15.000 mensuales de sueldo bruto o más de $ 12.450 netos.
Por no actualizar el minino no imponible y las escalas del impuesto según la inflación real, los trabajadores y jubilados alcanzados por Ganancias soportan alícuotas del 31 o 35%, las mismas que paga una gran empresa o una persona rica. En cambio, la inmensa mayoría debería estar incluida en la escala más baja, del 9%.
Las escalas sobre las que se aplican las alícuotas están congeladas desde el año 2000 cuando se implementó la reforma del entonces ministro de Economía, José Machinea. Eso lleva a que la mayoría de los trabajadores tribute sobre las alícuotas más elevadas, lo que agrava la pérdida salarial.
Algunos expertos sostienen que “el salario no es Ganancia” y que los ingresos, que tienen un carácter alimentario, no deberían estar alcanzados por este impuesto.
Por otro lado, los mismos analistas señalan una contradicción oficial, dado que el Gobierno habla de políticas anticíclicas, ya que debería aflojar el peso de Ganancias sobre asalariados y jubilados para inducirlos a destinar más dinero al consumo. Esto tendría un impacto positivo sobre la actividad económica y también sobre la recaudación de la AFIP por mayores ingresos provenientes del IVA y de otros impuestos.