Argentina necesita una Política sanitaria racional

Por Roberto Borrone.

Hace exactamente 5 años, en plena pandemia de Covid-19 y cuando aún no se habían aplicado las primeras vacunas en nuestro país, con los profesores doctores Miguel Galmés y Gustavo Piantoni pronunciamos un discurso para la conmemoración del Día del Médico en la Asociación Médica Argentina (AMA). La AMA es una institución ilustre de la medicina argentina; fundada en 1891 con el foco puesto en la educación de posgrado, reúne a las sociedades médicas científicas del país. Aquel Día del Médico, la gran sala auditorio de la AMA estaba desierta y transmitía una angustiante desolación. Éramos solo cuatro colegas en el estrado, pero un gran número de profesionales estuvieron conectados virtualmente al evento. Vivíamos inmersos en una atmósfera de gran incertidumbre. La pandemia había desnudado nuestra fragilidad y la esencialidad del equipo de salud.

Puede resultar ilustrativo comparar la situación del médico de hace 5 años con la actual incorporando nuevos datos. Luego de 5 años, nos seguimos preguntando cuál debe ser el compromiso hacia los médicos de la sociedad en general y del sistema de salud en particular. Es una evidencia compartida por todos los colegas que un escenario hostil hacia el médico repercute en su labor cotidiana. A lo largo del tiempo, he visto que los problemas de los médicos en el ejercicio profesional no solo han persistido, sino que también se han profundizado. Un destacado grupo de médicos argentinos redactó sus reflexiones hace ya 16 años en un libro titulado ¿Por qué ser médico hoy? En el prólogo se destaca una cita a Jean-Paul Sartre, por cierto muy movilizadora: “Todos somos responsables de lo que no tratamos de evitar” (Libros del Zorzal, Bs. As. 2009).

Los médicos fuimos calificados durante la pandemia de Covid-19 como “trabajadores esenciales”. La sociedad potenció con su reconocimiento la dimensión de esa “esencialidad”, y esto se tradujo en los aplausos de las 21 horas. Ya en aquel momento percibíamos que había muchas posibilidades de que esa empatía con los médicos se pudiera extinguir ni bien el riesgo y el temor generado por la pandemia desaparecieran. Y así ocurrió. El regreso a la normalidad depositó a los médicos en la misma situación previa a la pandemia. Lamentablemente, regresamos al punto de partida: un sistema de salud fragmentado e inequitativo, sustentado en muchos ámbitos en el “apostolado del médico” para resolver las múltiples fisuras de un sistema al que todos señalan que transita una crisis crónica y al borde del colapso. En estos 5 años de pospandemia, los tres subsistemas de salud en la Argentina, el público, el de obras sociales y el privado, retomaron su trato hostil hacia los médicos, traducido en ingresos indignos, en un escenario laboral inadecuado e incluso con frecuentes episodios de agresiones de pacientes y familiares hacia el equipo de salud.

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En el reciente Congreso Argentino de Cardiología se dieron a conocer los resultados de una encuesta efectuada por el Foro de Sociedades Médicas Argentinas, en la cual el 64,5% de los 2.920 médicos encuestados en todo el país admitieron que padecían signos y síntomas de burnout (estado de abatimiento físico y emocional) generado por las extenuantes o inseguras condiciones de trabajo. El pluriempleo –consecuencia de las bajas remuneraciones– y “la falta de un horizonte profesional claro” fueron señalados como los principales factores generadores de ese padecimiento. Detrás de este dato de por sí alarmante por lo que implica en términos de un ejercicio de la medicina con riesgo de alejarse de los mínimos estándares de calidad y seguridad, el informe reveló otros dos datos estremecedores e inquietantes de cara al futuro de la atención de la salud en nuestro país: solo el 52% de los médicos encuestados contestó que volvería a estudiar medicina, y el 49,8% admitió que pensó en emigrar debido a las condiciones laborales adversas.

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Hoy hay que admitir que existe una señal esperanzadora: las sociedades médicas-científicas han comenzado a armonizar sus objetivos académicos, propios de sus orígenes de hace 100 años, enfocándose ahora también en la nueva realidad del escenario laboral-profesional y sus múltiples desafíos. La encuesta mencionada es un ejemplo de este cambio de perspectiva. Aún esto no ha permeado lo suficiente en la comunidad médica como para lograr una masa crítica de involucramiento de los médicos en sus asociaciones profesionales. El clima de época, impregnado de individualismo y de estigmatización de todo esbozo de solidaridad, conspira para que en este escenario de intereses cruzados los médicos dejen de ser el eslabón más frágil de la cadena.

No es bueno para la sociedad que sus médicos estén agotados y sin tiempo suficiente para actualizarse. No es bueno ser atendidos por médicos automatizados o desmoralizados. No es bueno que el médico no disponga de tiempo para escuchar al paciente en consultas de 10 minutos. Tampoco es bueno para la sociedad que haya especialidades críticas con un marcado déficit de profesionales. Los médicos están decidiendo no dedicarse a la clínica médica, la pediatría, la neonatología o la terapia intensiva (entre otras especialidades) simplemente porque la relación entre esfuerzo, riesgo y compensación es absolutamente absurda. Tampoco deciden instalarse en lugares remotos porque no existe un sistema de salud que los ampare en ese esfuerzo. Todo este panorama se mantiene inalterado.

La siguiente pregunta no ha perdido vigencia: ¿cómo es posible que el enfoque de los temas de salud sufra los vaivenes de las administraciones políticas de turno sin un plan sustentable en el tiempo? Los médicos siempre hemos estado esperando que otros resuelvan los problemas de nuestro ámbito profesional. Nos hemos encapsulado en nuestros temas técnicos y académicos. El árbol impidió ver el bosque sin percibir el incendio que avanzaba desde su periferia. Ese deterioro está amenazando seriamente la calidad del trabajo y erosionando la vocación de muchos.

Es imprescindible que los médicos, junto a todos los profesionales y actores del sistema de salud, seamos protagonistas activos de las políticas de Estado en salud por medio de nuestras instituciones. El modo de que esto se concrete (ya expresado en estas páginas) es promover la creación de una agencia nacional de salud, es decir, un ente descentralizado del Estado. Todas las instituciones de los actores del sistema de salud deberían integrar, por medio de sus representantes, esa agencia. Este organismo generaría proyectos y protocolos en forma conjunta con los ministerios de Salud (nacional y provinciales).

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Hay múltiples temas que requieren decisiones urgentes, por ejemplo: que las residencias médicas sean obligatorias como único camino formativo para lograr la habilitación para ejercer como especialista; que esas residencias se desarrollen en centros asistenciales rigurosamente acreditados; establecer cupos de vacantes en las residencias de cada especialidad de acuerdo con las necesidades del país; estimular la formación en especialidades críticas y fijar sueldos y honorarios acordes con la responsabilidad y la preparación que implica la atención de la salud. Hay dos temas importantes vinculados a la salud que han surgido en estos 5 años. Uno es la ley de calidad y seguridad sanitaria (Ley 27.797, “Ley Nicolás”), recientemente promulgada. Esta ley requiere ser reglamentada con una minuciosa redacción para no dejar espacios grises de libre interpretación. La existencia de la agencia nacional de salud hubiera ofrecido el ámbito ideal para asesorar en esa reglamentación. Hoy se impone la integración de una comisión asesora. El otro hecho disruptivo luego de la pandemia es la irrupción de la inteligencia artificial (IA) con acceso directo a su variante generativa. Un nuevo y poderoso instrumento que no estaba disponible hace 5 años. Su imprescindible regulación para su aplicación en el ámbito de la medicina sería otro objetivo central de la agencia nacional de salud.

Como conclusión, cabe reiterar: solo con racionales políticas de Estado en salud, consensuadas con todos los actores de los tres subsistemas, y que tengan garantizado su cumplimiento –independientemente de los vaivenes políticos–, lograremos dejar atrás nuestras cíclicas frustraciones.

Fuente: lanacion.com.ar, 03/12/25

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Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

«Quis custodiet ipsos custodes?»

En las últimas décadas la tecnología cambió la geometría del poder. Lo que antes exigía enormes recursos humanos y logísticos —seguir a una persona, intervenir correspondencia, mantener una red de informantes— hoy puede realizarse a escala industrial con unas pocas líneas de código y acceso a los canales globales de las telecomunicaciones. Esa transformación ha elevado la eficacia potencial de los servicios de inteligencia, pero también ha multiplicado los riesgos: la posibilidad de que el Estado —o actores privados aliados a él— transforme la vigilancia en un hábito sistémico que invade derechos, erosiona la confianza pública y corroe el tejido democrático.

La historia reciente ofrece advertencias concretas. Ya a fines del siglo XX surgieron denuncias sobre sistemas de interceptación que operaban más allá de controles nacionales y sin una supervisión democrática adecuada; el caso conocido como Echelon puso en evidencia, ante el Parlamento Europeo y la opinión pública, una red de cooperación entre los «Five Eyes» (servicios de inteligencia de Estados Unidos, Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda) que interceptaba comunicaciones comerciales y privadas a escala global. La investigación parlamentaria subrayó no sólo la existencia de capacidades técnicas, sino la dificultad institucional para auditar prácticas transnacionales de SIGINT (intelligence of signals).

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Diez años después, en 2013, las filtraciones de Edward Snowden mostraron el alcance actual de esa capacidad: programas como PRISM o XKeyscore ilustraron que la recolección masiva de metadatos y contenidos no es una ficción de película, sino una práctica sistemática, con implicaciones políticas directas —incluidas intervenciones sobre líderes y aliados internacionales— y con instrumentos que, cuando quedan sin control, afectan derechos fundamentales. Esas revelaciones provocaron debates internacionales sobre legalidad, proporcionalidad y supervisión.

Frente a esa realidad técnica y política, la comunidad internacional empezó a afirmar límites normativos: informes y resoluciones de la ONU y de relatores especiales han marcado con nitidez que la vigilancia masiva, indiscriminada o sin recursos de supervisión judicial vulnera estándares de derechos humanos y debe limitarse por ley y por controles independientes. Como subrayó un Relator de la ONU, “la vigilancia masiva y generalizada no puede justificarse en un Estado de derecho.” Ese pronunciamiento inauguró un corpus de recomendaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y derecho a reparación para víctimas de espionaje indebido.

Las respuestas normativas no son mera retórica: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y directivas conexas impusieron un marco robusto sobre el tratamiento de datos personales, incluso ante autoridades del Estado, y exigieron principios —minimización, propósito, responsabilidad— que limitan la acumulación indiscriminada de información. Aunque estas normas nacieron en el ámbito civil y comercial, imprimen un estándar conceptual útil para discutir las prácticas de inteligencia en sociedades democráticas.

El lado oscuro: tecnología en manos del poder y sus efectos sociales

No todos los abusos vienen de estados con regímenes autocráticos; en numerosos casos, democracias consolidadas han incurrido en prácticas problemáticas al invocar seguridad. Pero además existe un fenómeno contemporáneo que complica la trazabilidad del poder: la proliferación de empresas privadas que venden herramientas de intrusión —desde sistemas de interceptación hasta spyware que transforma teléfonos en micrófonos remotos— y que operan en mercados opacos. El escándalo de Pegasus puso a la vista cómo estas tecnologías, originalmente justificadas para combatir el crimen organizado o el terrorismo, terminaron siendo utilizadas para vigilar periodistas, defensores de derechos humanos y adversarios políticos en varios países. La evidencia forense y periodística sobre el uso indebido de estas herramientas provocó condenas y pedidos de regulación internacional.

El efecto social es doble: por un lado, la intrusión directa en la privacidad de sujetos y colectivos; por otro, el impacto indirecto sobre la libertad de expresión y la autonomía de la prensa. Cuando periodistas y fuentes temen que sus comunicaciones sean interceptadas, renuncian a investigar, censuran conversaciones y se reduce la transparencia sobre el ejercicio del poder. No es mera metáfora: organizaciones internacionales han documentado la paralización de investigaciones sensibles y la desmovilización de denuncias ciudadanas ante la sospecha de pinchazos o intrusiones.

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América Latina: entre la digitalización del control y la fragilidad institucional

En la región latinoamericana las tensiones son palpables. Países con instituciones robustas conviven con Estados frágiles donde la supervisión parlamentaria y judicial sobre actividades de inteligencia es limitada o está politizada. El caso mexicano, con investigaciones que vinculan el uso del spyware Pegasus a aparatos estatales para espiar políticos y periodistas, funcionó como detonante regional: mostró que el problema no era tecnológico sino institucional. El gravamen específico en Latinoamérica es la acumulación de herramientas de vigilancia en contextos donde los mecanismos de rendición de cuentas son débiles, y donde la cultura política puede tolerar el uso discrecional de la inteligencia para objetivos partidarios o empresariales.

América Latina enfrenta además un déficit de marcos legales actualizados: leyes aprobadas en décadas anteriores no contemplan la interoperabilidad digital global ni el papel de proveedores y empresas tecnológicas transnacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han insistido en la necesidad de marcos regionales que protejan a periodistas, activistas y a la sociedad civil frente al abuso de tecnologías de intrusión. La recomendación común es clara: actualizar la normativa, crear instancias independientes de control y garantizar recursos técnicos para auditorías.

Argentina: controles formales y desafíos prácticos

En Argentina el andamiaje legal de inteligencia remonta a la Ley de Inteligencia Nacional [Ley 25.520 (2001)], que establece principios y mecanismos de actuación del sistema de inteligencia. Sin embargo, la persistencia de denuncias y episodios de opacidad han mostrado la tensión entre la letra de la norma y la práctica institucional. Informes de organizaciones de la sociedad civil han criticado la eficacia real de los órganos de control —como la Comisión Bicameral— por limitaciones en acceso a información, recursos técnicos y garantías de independencia. Es decir: existe un marco formal, pero su aplicación y capacidad de fiscalización siguen siendo puntos débiles que requieren reforma profunda.

Un país que aspire a un equilibrio entre seguridad y derechos debe atender tres vertientes simultáneas: 1) legislación actualizada que defina límites claros y sanciones proporcionales; 2) organismos de control con autonomía, acceso técnico y transparencia operativa; y 3) mecanismos de reparación para víctimas de vigilancia ilícita. Sin estas piezas, la supervisión se vuelve ritual y la impunidad permanece.

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¿Cómo vigilar a quienes vigilan? Instrumentos para un control efectivo

A partir de la experiencia comparada y las recomendaciones internacionales, pueden proponerse medidas concretas:

1. Transparencia institucional y divulgación pública de algoritmos y criterios de selección: explicar qué datos se recaban, con qué criterios se priorizan objetivos y qué algoritmos automatizados son empleados. Transparencia no significa revelar operaciones sensibles, sino dar trazabilidad técnica y legal a los procesos decisionales.

2. Control judicial previo y auditoría independiente: cualquier interceptación debe requerir autorización judicial fundada y sujeta a revisiones posteriores por auditores con acceso a registros y metadatos. Las auditorías técnicas independientes (por ejemplo, por universidades o laboratorios forenses acreditados) son esenciales para comprobar el uso legítimo de herramientas.

3. Prohibición y control de transferencia de tecnologías ofensivas: limitar la compra y el uso de spyware sin mecanismos de supervisión; exigir cláusulas contractuales de responsabilidad y auditoría en los contratos con proveedores privados.

4. Capacitación técnica del poder legislativo y judicial: sin conocimiento técnico, los controles se vuelven simbólicos. Equipar a comisiones y tribunales con peritos y unidades técnicas estables es crucial.

5. Registro público de solicitudes de vigilancia y balances anuales: estadísticas desagregadas que permitan evaluar la proporcionalidad y el sesgo en la selección de objetivos.

6. Protecciones específicas para periodistas, defensores y opositores: umbrales más exigentes para autorizar intervenciones sobre actores políticamente sensibles.

Estas medidas no son una utopía; forman parte de los estándares propuestos por organismos internacionales y ya han sido esbozadas en jurisprudencia y recomendaciones de relatores de la ONU. Implementarlas exige voluntad política y litigiosidad pública —pero también cultura institucional.

Recordar para no repetir

Como advirtió Benjamin Franklin —en una frase que hoy resuena con inquietante actualidad—, quien sacrifica la libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Más contemporáneamente, los relatores de derechos humanos han insistido: la vigilancia indiscriminada erosiona la democracia misma. Estas máximas no constituyen dogma; son recordatorios prácticos de que la tecnología, por sí sola, no nos salva: somos nosotros, con instituciones fuertes y normas claras, quienes debemos decidir los límites.

Vigilancia responsable

Vigilar a los que vigilan no es una postura antipatriótica; es la condición mínima de una República que respete a sus ciudadanos. La defensa de la seguridad y la protección de los derechos no son objetivos opuestos sino complementarios: sólo una inteligencia legítima —limitada, transparente y auditada— puede preservar la seguridad sin devorar las libertades que dice proteger.

Es hora de un compromiso colectivo: parlamentos que actualicen leyes, magistrados que exijan pruebas fundadas, comisiones que cuenten con pericia técnica, periodistas que investiguen y ciudadanía informada que exija cuentas. Si algo enseñan Echelon, Snowden, Pegasus y los informes internacionales, es que el riesgo no es un futuro posible: ya está aquí. La pregunta es si permitiremos que la tecnología decida por nosotros o recuperaremos, con herramientas democráticas, el control sobre quienes nos vigilan.

Actuemos. Reformemos marcos legales, blindemos institutos de control, prohíbanse ventas opacas de tecnologías de intrusión y construyamos auditorías técnicas independientes. No hay seguridad durable sin legitimidad; no hay legitimidad sin vigilancia popular sobre la vigilancia estatal.

Fuente: Ediciones EP, 20/10/25.

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Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

La actuación policial basada en la inteligencia —conocida por sus siglas en inglés como intelligence-led policing (ILP)— no es una moda operativa: es un cambio de paradigma en la Gestión del riesgo que traslada la iniciativa desde la reacción hacia la anticipación. En esencia, plantea que la prevención eficaz de actos graves —desde redes de narcotráfico transnacional hasta celdas terroristas— depende de transformar datos en conocimiento accionable, y conocimiento en decisiones que prioricen recursos, operaciones y políticas públicas. Analizaremos por qué ese enfoque resulta hoy imprescindible, cómo se ha desarrollado internacionalmente, qué lecciones arroja su aplicación práctica y qué desafíos y oportunidades presenta para Argentina.

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El crecimiento y la convergencia de amenazas

En la última década el paisaje global delictivo ha mostrado dos tendencias persistentes y peligrosas: la expansión de mercados ilícitos —especialmente de estupefacientes sintéticos y cocaína— y la sofisticación de las organizaciones criminales transnacionales. El informe mundial sobre drogas de la ONU documenta incrementos significativos en la producción y en las rutas de salida de estupefacientes, lo que multiplica recursos, redes y violencia asociada. Al mismo tiempo, organismos internacionales de policía constatan la intensificación de modalidades delictivas como el fraude en línea, el lavado de activos y la ciberdelincuencia, fenómenos que refuerzan la capacidad operativa de las organizaciones ilícitas.

Paralelamente se observa una convergencia entre crimen organizado y terrorismo: alianzas puntuales para financiación, utilización de rutas de contrabando o tecnologías compartidas, y la imbricación funcional cuando actores violentos recurren a actividades criminales para sostenerse. En América Latina este nexo ha sido objeto de análisis y alerta por parte de organizaciones académicas y de cooperación (a nivel global UNICRI; en Argentina: ISSP, IUSE, UBA), que describen escenarios donde el intercambio entre grupos armados, carteles y actores ideológicos genera riesgos híbridos complejos.

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¿Qué es y qué aporta la ILP?

El enfoque ILP articula cuatro bloques operativos: recolección y verificación de información multisectorial; análisis sistemático para detectar patrones y actores; priorización y asignación de recursos sobre objetivos que generan mayor daño social; y toma de decisiones estratégicas y tácticas informadas por inteligencia. A diferencia de la mera vigilancia reactiva, la ILP busca reducir daños agregando valor analítico a la gestión policial: identificar ‘puntos calientes’ (hotspots), redes logísticas, eslabones financieros y vectores tecnológicos que sostienen la amenaza. Esta arquitectura convoca no sólo a unidades policiales sino a toda la comunidad de seguridad —agencias de inteligencia, organismos judiciales, fiscales, aduanas, reguladores financieros y actores privados clave— configurando una red de información y acción.

Modelos y experiencias internacionales

El ILP tiene raíces conceptuales y prácticas en el Reino Unido, donde el National Intelligence Model (NIM) formalizó procesos de priorización y flujo de inteligencia a comienzos de los 2000. Ese modelo inspiró adaptaciones en Estados Unidos —entre ellas la proliferación de fusion centers para articular información entre niveles federal, estatal y local— y en múltiples policías europeas que integraron análisis espacial y temporal en su toma de decisiones. Las experiencias muestran éxitos operacionales —reducción de delitos focales, desarticulación de células logísticas— pero también límites: carencias de gobernanza, problemas de interoperabilidad tecnológica y cuestionamientos de derechos y privacidad en contextos mal regulados.

Un ejemplo ilustrativo es el de la Policía de Kent (Reino Unido), que con un enfoque analítico logró focalizar recursos sobre actores responsables de crímenes de alto impacto y documentó reducciones apreciables en indicadores locales; sin embargo, otras experiencias —como algunas fusiones en Estados Unidos— evidenciaron riesgos de dispersión de objetivos y de información irrelevante si no existe una gobernanza clara.

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Lecciones y desafíos en el caso argentino

Argentina reúne lecciones dolorosas sobre la necesidad de inteligencia eficaz y responsable. Atentados como los de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) dejaron en evidencia fallas en coordinación, en la cadena investigativa y en mecanismos institucionales de control, con consecuencias públicas y políticas de larga duración. La investigación y las controversias alrededor de esos eventos han moldeado demandas sociales por mayor profesionalización y transparencia en los servicios de inteligencia. Más recientemente, la reestructuración del sistema nacional mediante el Decreto 614/2024 (que disolvió la AFI y reorganizó competencias bajo la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado, SIDE) plantea una oportunidad para modernizar procesos, pero exige garantías de controles legales y de respeto a derechos.

Para un país tan extenso como el nuestro, donde las rutas de narcotráfico internacionales utilizan corredores y nodos locales y donde los vacíos institucionales han sido aprovechados por actores ilícitos, la ILP no es un lujo técnico: es una herramienta operativa para romper cadenas logísticas, detectar financiamiento ilícito y prevenir atentados mediante la gestión de riesgos acumulativos.

Comunidad de Inteligencia y Cultura de Inteligencia: dos condiciones necesarias

La Comunidad de Inteligencia en el marco policial implica más que compartir bases de datos: supone acuerdos operativos, protocolos de intercambio, régimen claro de responsabilidades y mecanismos para convertir información en productos analíticos útiles para mandos y fiscales. La gobernanza interinstitucional debe contemplar interoperabilidad técnica, estándares mínimos de calidad y procedimientos de validación.

La Cultura de Inteligencia es el cambio interno que demanda la ILP: valorar el análisis frente a la impulsividad operativa; profesionalizar roles del analista; aceptar errores controlados en la experimentación táctica; y reconocer límites legales y éticos del empleo de información. Sin esa cultura —que se construye con formación, disciplina, incentivos y reglas claras— los sistemas se transforman en archivos inertes o en instrumentos de abuso. Implementar ILP exige por tanto inversión en capital humano, plataformas analíticas y, fundamentalmente, liderazgo que promueva la colaboración sostenida entre agencias y con la sociedad.

Algunas recomendaciones prácticas

1. Consolidar marcos legales y de transparencia que permitan intercambio de inteligencia con salvaguardas de derechos.

2. Implementar modelos de gobernanza interoperable —sobre la base del NIM y experiencias adaptadas localmente— que orienten prioridades nacionales frente a riesgos transnacionales.

3. Fortalecer capacidades analíticas y docentes en la policía y en agencias afines, creando carreras profesionales para analistas y canales ágiles con la fiscalía y la justicia.

4. Desarrollar unidades operativas conjuntas para desarticular nodos logísticos (finanzas, transporte, puertos) y cortar fuentes de financiamiento.

5. Establecer controles civiles y auditorías técnicas que prevengan desvíos y resguarden libertades públicas.

Un llamado a la coordinación

La complejidad y la virulencia de las amenazas no admiten fragmentación institucional ni soluciones aisladas. Argentina necesita consolidar una comunidad de inteligencia profesional, regulada y legitimada, y cultivar una cultura de inteligencia que priorice análisis riguroso, colaboración y respeto por los derechos. La ILP ofrece el andamiaje metodológico: traducir datos en decisiones; priorizar lo que verdaderamente amenaza a la seguridad nacional; y operar con eficacia y control republicano. Pero esa promesa sólo se cumple si el conjunto de actores —gobierno, agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad, justicia, organismos de control, sector privado y sociedad civil— coordina tareas, comparte riesgos y asume responsabilidades.

Hoy, la respuesta no puede limitarse a más recursos aislados; exige diseño institucional, formación profesional y voluntad política para integrar saberes y acciones. Convocamos —valorando la seguridad como bien público— a articular un compromiso nacional: modernizar los procesos de inteligencia y contrainteligencia, proteger las libertades, y coordinar con solvencia la lucha contra quienes, desde el crimen organizado o desde el terrorismo, ponen en riesgo la vida y el porvenir de los argentinos. El tiempo de la prevención inteligente es ahora.

Fuente: Ediciones EP, 26/09/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

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Las nuevas generaciones enfrentan mayores desafíos para lograr un buen Retiro

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

Las generaciones X y Z enfrentan una realidad inédita en el continente americano: las expectativas de un retiro digno se han vuelto más inciertas que nunca. La persistencia de la inflación, la volatilidad económica y la debilidad de los sistemas previsionales han erosionado la confianza en el futuro financiero. A ello se suma la necesidad urgente de proteger a la familia frente a riesgos crecientes: fallecimiento prematuro, incapacidad, enfermedades críticas o la simple posibilidad de vivir más años de los previstos sin los recursos suficientes.

La planificación financiera de largo plazo es hoy la herramienta más eficaz para afrontar este escenario, y cobra especial relevancia en países como la Argentina, donde la combinación de inflación crónica, presión fiscal elevada y falta de previsibilidad macroeconómica impone un desafío muy superior al de otros países de la región.

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La situación en Hispanoamérica y Argentina

Según investigaciones de LIMRA y nuestros propios Estudios de campo realizados en 2025, más del 89 % de los trabajadores latinoamericanos que piensan en su jubilación creen que tendrán dificultades para alcanzar un retiro adecuado. La caída de la natalidad y el aumento sostenido de la esperanza de vida complican aún más la sostenibilidad de los sistemas estatales de retiro. En Argentina, este fenómeno es particularmente evidente: la relación activos/pasivos en el sistema previsional se ha deteriorado de manera alarmante, lo que obliga a los trabajadores a buscar alternativas privadas para complementar sus ingresos futuros.

Más del 85 % de los encuestados en la región manifiesta preocupación por el desempeño económico futuro de sus países, y la Argentina es un caso paradigmático. Con un historial de crisis recurrentes, cambios regulatorios bruscos y pérdida de confianza en la moneda local, los argentinos más favorecidos económicamente recurren a seguros de vida, anualidades en moneda dura y activos internacionales como mecanismos de protección y ahorro de largo plazo. Estos instrumentos ofrecen seguridad, flexibilidad y protección frente a la depreciación de la moneda local, y constituyen una vía eficaz para preservar valor en contextos inestables.

El desafío del Retiro en Argentina

Nuestro país merece un análisis particular:

1. Alta inflación y pérdida del poder adquisitivo:

   La inflación anual en Argentina supera con frecuencia los dos dígitos, erosionando la capacidad de ahorro de los hogares. Esto hace inviable depender únicamente de instrumentos en pesos sin cláusulas de ajuste o sin exposición a monedas fuertes.

2. Fragilidad del sistema previsional público:

   El sistema estatal funciona bajo un esquema de reparto, en el que los aportes actuales financian a los jubilados presentes. La baja densidad de aportes (especialmente por la informalidad laboral, que ronda el 40 %) y la creciente longevidad hacen que las jubilaciones mínimas resulten insuficientes.

3. Voracidad fiscal y regulatoria:

   Las inversiones en inmuebles de renta o fondos locales, si bien siguen siendo opciones, se ven afectadas por altos impuestos, regulaciones cambiantes y controles de capital. Ello reduce la previsibilidad y el atractivo de estos activos como vehículos de retiro.

4. Preferencia por moneda dura y productos internacionales:

   Ante la incertidumbre, es cada vez más frecuente que los ahorros e inversiones se canalicen hacia seguros de vida con componente de ahorro, anualidades y productos en dólares, que permiten proyectar un ingreso en el futuro con mayor seguridad.

La planificación financiera bajo estándares internacionales

La calidad del proceso de planificación financiera depende no solo de los productos disponibles, sino también de la metodología con la que se diseñan las estrategias. En este sentido, resulta crucial destacar la importancia de la Norma ISO 22222 de Planificación financiera personal, que establece buenas prácticas internacionales en el asesoramiento, desde la identificación de necesidades hasta el diseño de planes y la revisión periódica. Adoptar estos estándares garantiza que el cliente reciba un servicio ético, transparente y de calidad, basado en un análisis integral de sus circunstancias.

Rol del Consultor independiente en la protección familiar

En todo el continente, y particularmente en Argentina, se observa una creciente demanda de asesoramiento profesional de calidad, con énfasis en consultores financieros independientes. Su valor radica en:

* Empatía y comprensión de las necesidades del cliente, más allá de los productos disponibles.

* Función docente, enseñando a los clientes a tomar decisiones informadas sobre seguros, inversiones y planificación patrimonial.

* Capacidad de adaptación, combinando entrevistas presenciales con encuentros virtuales, pero manteniendo la profundidad analítica que requieren las decisiones de largo plazo.

Como siempre señalamos en este sitio web Economía Personal, la educación financiera es un proceso de transferencia de conocimiento que permite a las familias apropiarse de las herramientas necesarias para proteger su futuro.

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Caso real: Familia argentina de clase media

Analicemos el caso de Jorge y Laura, ambos de 42 años, residentes en Buenos Aires, con dos hijos pequeños. Jorge trabaja en relación de dependencia en una empresa multinacional, y Laura ejerce como profesional independiente. Ambos realizan aportes al sistema previsional público, pero son conscientes de que el haber jubilatorio futuro difícilmente supere el 40 % de su ingreso actual.

─Desafíos identificados:

* Su principal activo es un departamento en el que viven, con un crédito hipotecario en pesos aún vigente (con actualización UVA).

* Carecen de seguros de vida que cubran a ambos cónyuges.

* Tienen un pequeño ahorro en dólares, pero sin una estrategia de inversión definida.

* Desean garantizar la educación universitaria de sus hijos y mantener un ingreso suficiente en el retiro.

─Plan de acción sugerido:

1. Corto plazo (1-3 años):

   * Constituir un Fondo de emergencia equivalente a seis meses de gastos en dólares.

   * Contratar un Seguros de vida universal indexado que garantice un patrimonio y cubra la educación de los hijos.

2. Mediano plazo (3-10 años):

   * Adquirir Anualidades internacionales en dólares, que mantengan un flujo futuro de ingresos.

   * Diversificar parte del ahorro en fondos globales, evitando la exposición exclusiva a la economía local.

   * Reforzar la cobertura médica privada con seguros que contemplen Enfermedades críticas.

3. Largo plazo (10 años en adelante):

   * Planificar la Sucesión de bienes mediante testamento o fideicomiso, minimizando la carga fiscal.

   * Convertir parte del capital acumulado en rentas vitalicias (annuities) para cubrir los gastos básicos durante la jubilación.

Con estas medidas, Jorge y Laura podrán transformar la incertidumbre en un plan estructurado, que no solo proteja a la familia frente a contingencias, sino que también construya un futuro sostenible.

Educación financiera y cultura familiar

La planificación de largo plazo no es un ejercicio individual aislado: implica también transmitir valores y hábitos a las nuevas generaciones. Como enfatizo en mi ya clásico libro Manual de Economía Personal. Cómo potenciar sus ingresos e inversiones, la familia es el núcleo donde se aprenden los valores económicos fundamentales, desde el ahorro y la responsabilidad hasta la solidaridad intergeneracional. Un plan exitoso no solo asegura el retiro de los padres, sino que también enseña a los hijos a organizarse, invertir y pensar en el futuro con criterios claros.

Asumir la responsabilidad

Generar ingresos, ahorrar, invertir y planificar el retiro y la sucesión son cuestiones vitales para la protección de la familia, a lo largo de las generaciones. Cabe siempre destacar que la Familia es la base de la sociedad, porque es el primer espacio donde los individuos aprenden valores, normas, afecto y desarrollan su identidad, transmitiendo cultura y asegurando la continuidad de la especie humana. Provee apoyo, seguridad y un sentido de pertenencia, sentando las bases para adultos responsables que contribuyen al bienestar común y para el desarrollo de sociedades pacíficas y armónicas.

La situación en toda América, y en particular en Argentina, exige un cambio de mentalidad. No basta con esperar que el Estado asegure el retiro ni confiar únicamente en el salario actual. La clave está en generar múltiples fuentes de ingresos, ahorrar, invertir y planificar el retiro y la sucesión con un enfoque integral.

Los seguros de vida, las anualidades y los productos de inversión internacionales en moneda dura son hoy aliados estratégicos frente a la volatilidad regional. El asesoramiento independiente, basado en estándares como la ISO 22222, asegura que los planes respondan a las verdaderas necesidades de cada familia.

El mejor momento para comenzar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Inicie su Plan de Inversión y Protección Familiar cuanto antes, busque ayuda profesional independiente. Su mejor inversión no será un activo en particular, sino el plan integral que diseñe para proteger lo más valioso que tiene: su familia, su tiempo y sus sueños.

En última instancia, la planificación financiera de largo plazo es mucho más que un ejercicio numérico: es un acto de amor y de responsabilidad hacia la familia, hacia quienes dependen de nosotros hoy y hacia quienes seguirán nuestros pasos mañana.

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Bibliografía

* Ibáñez Padilla, Gustavo. Manual de Economía Personal. Cómo potenciar sus ingresos e inversiones. Buenos Aires: Dunken, 2013.

* Economía Personal. (http://www.economiapersonal.com.ar)

* LIMRA (2025). Estudios sobre retiro en América Latina.

* MAPFRE Economics (2023). El negocio asegurador en América Latina.

* Swiss Re Institute (2023). Mortality protection gap in Latin America.

* New York Life (2025). Wealth Watch Survey.

* Payroll Integrations (2025). Employee Financial Wellness Report.

* ISO 22222: Personal Financial Planning – Requirements for Personal Financial Planners.

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Fuente: Ediciones EP, 13/09/25.

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Las Anualidades como instrumentos de planificación financiera personal

La Libertad Financiera: Flujo de Efectivo vs. Stock de Capital en la Economía del Siglo XXI

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Nota del editor: Para profundizar en el diseño de un plan financiero personal y evitar errores comunes, conviene conocer la Norma ISO 22222, que establece estándares internacionales para la planificación financiera personal. Una brújula técnica para navegar con claridad y seguridad en este mar de decisiones económicas. Puede obtener un Diagnóstico Financiero Personal sin cargo enviando un e-mail con sus datos de contacto a: economiapersonal@gmail.com o a través del formulario de Contacto de esta web.

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¿Qué debe entenderse por dar a cada uno “Lo Suyo”?

Por Javier Casaubon.

La Argentina busca superar la impunidad y fortalecer sus instituciones con un nuevo orden basado en la justicia y la prudencia, según los principios de Tomás de Aquino. Jueces, legisladores y gobernantes deben aplicar equidad y razón al decidir sobre prisión o domiciliaria, dando a cada uno “lo suyo” para garantizar el bien común y evitar desigualdades, especialmente en casos de militares ancianos y políticos condenados.

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La necesidad de un nuevo orden institucional

La República Argentina está saliendo de un estado subjetivo de impunidad, pero si hay un retroceso y ese estado pasa a ser un estado objetivo de impunidad la cuesta arriba será muy grande y un deterioro institucional mayúsculo.

Previo a hacer una profunda orientación y direccionamiento actual de las instituciones hace falta la contemplación, trazo saliente de la personalidad de Tomás de Aquino, y paso necesario para alcanzar un acabamiento cumplido de un nuevo orden. Pero mejor que contemplar esas cosas y quedárselas uno como un conocimiento propio adquirido, es transmitir lo contemplado a otros (contemplari et contemplata aliis tradere, “contemplar y dar a los demás lo contemplado”).

La importancia de la prudencia y la justicia

Para realizar ese nuevo orden institucional hacen falta hombres de Estado que estén dispuestos a comprometerse en iluminar ese camino. Como el Aquinate enseñó es más perfecto “iluminar que solo brillar”. En estas tierras, ya lo decía Atahualpa Yupanqui “mejor que iluminar es alumbrar”. Nos están faltando esos faroles que alumbren al pueblo, que supere la dialéctica partidista o algo que no tenga olor a lo político-electoral sino más bien ese “olorcito” a pueblo y al bien común, siempre tan necesario en nuestra comunidad.

Quienes se dicen discípulos del Doctor Común y de allí que sus lectores, estudiosos y admiradores, y aún quienes estén en posesión de las líneas generales del sistema tomista, están convocados a pensar creativamente las urgentes controversias que agitan los espíritus, abrevando en las obras y en los principios del santo Doctor. Los problemas actuales habrán de resolverse de acuerdo con el espíritu de santo Tomás, cuyo sistema no es un libro cerrado, un arcón inexpugnable, o, peor todavía, un sepulcro antiguo y superado. Su filosofía fue sí un sistema coherente y vasto, pero, al mismo tiempo, flexible, abierto al progreso y por tanto expedito para nuevas formulaciones capaces de integrarse en él[1], una voz actual refrescante frente al calor político del mero momento.

La justicia según Tomás de Aquino

Por eso la pregunta filosófica contemporánea nacional para un jurista sería: ¿Qué se entiende por dar a cada uno “lo suyo” respecto de un condenado al decidir si corresponde una prisión domiciliaria o una cárcel penitenciaria?

En la Suma Teológica “se dice que es suyo –de cada persona– lo que se le debe según igualdad de proporción, y, por consiguiente, el acto propio de la justicia no es otra cosa que dar a cada uno lo suyo. Y que “la justicia es la virtud que da a cada uno lo suyo, no reivindica lo ajeno y descuida la propia utilidad para salvaguardar la común equidad”[2].

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La prudencia en la política

Especialmente en la política –cualquiera que sea nuestra concepción de ella– cuando juzgamos justificadas las medidas de un gobernante apelamos esencialmente a la idea de prudencia y razonabilidad para establecer en qué consiste lo ajustado. Los motivos de justificación de una acción determinada ponen de manifiesto, por lo tanto, la necesidad de someter incluso ese proyecto al tribunal de la razón, porque solo la razón puede establecer en qué consiste lo ajustado de una acción humana. De allí la frase: “un buen rey da órdenes razonables”.

Lo razonable en materia política es así sinónimo de prudente. Precisamente la prudencia, y no otra disposición, recurso o habilidad misteriosa es lo que permite al que gobierna señalar por antelación los medios requeridos para lograr los objetivos políticos; es decir, prever. La capacidad de previsión (evitar el efecto indeseado de que la ‘sensación subjetiva ciudadana de impunidad’ pase a ser ‘objetiva’), el sentido de la oportunidad, el discernimiento de lo conveniente (el juicio de un tribunal razonable, no fanático electoral o partidario), lo útil, necesario y la prontitud en el pronunciamiento (dada la trascendencia de causas con ancianos que se mueren en prisión o casos de corrupción pública en trámite) son aspectos de la sabiduría prudencial que le exigimos a quien manda para que sus órdenes o decisiones sean razonables; si las posee será un buen gobernante y sus medidas resultarán siempre justificadas ante los gobernados; en una palabra, su autoridad quedará legitimada en el ejercicio del poder… Esto cabe tanto para el presidente de la república como para los legisladores y los jueces de la nación.

La relevancia histórica de las decisiones

Y si, además, las acciones emprendidas por el que manda tuviesen relevancia histórica (en tanto su contenido estuviese cargado de significación ética y moral, sobre los principios de justicia, equidad y bien común) dichas acciones ingresarían al patrimonio común de la tradición, trascendiendo las circunstancias concretas que le dieron origen.

De lo expuesto se advierte que la virtud de la prudencia no es un atributo exclusivo del Príncipe (en la concepción clásica del término), sino que ésta debe colaborar estrechamente con la virtud de la justicia, más si se trata de un juez que debe determinar el modo de la prisión que debe atender al bien común más que a otro bien particular, individual, personal o electoral.

La interpretación errónea de Maquiavelo

Una gran mayoría ha interpretado equivocadamente la máxima maquiavélica que «el fin justifica los medios»; que, en nuestro caso, se traduce en que, al ver “un militar” de los ‘70 o “un corrupto” por televisión presumiblemente que a futuro sea declarado culpable, por el sólo hecho de ser ‘uniformado’ o ‘político’, sí o sí, es culpable de violar derechos humanos o se enriqueció personalmente o patrimonialmente o tuvo un privilegio gracias a su función pública y merece por ende el peor de los castigos, independientemente de los hechos, las pruebas y el derecho, cuando aquello no es lo que sostiene el cabal y verdadero realismo de Maquiavelo y un juez no puede decidir una medida tan coercitiva de restricción de la libertad por una simple información periodística o por la presión de los medios, por lo que dice el género de la opinión pública, su especie la opinión política o su subespecie la opinión jurídica.

Para evitar equívocos, tanto respecto de los octogenarios uniformados prisioneros como también respecto a que todos los políticos son “chorros” sueltos[3], cabe aclarar algo: “nunca es lícito hacer el mal para obtener un bien de cualquier especie que sea” [y que] “el problema de los fines y los medios es el problema básico de la filosofía política” [pues] “el aplicar medios intrínsecamente malos para alcanzar un fin bueno es simple necedad y desatino”[4].

La justicia como virtud práctica

Contrariamente, por la prudencia, determino lo justo en cada caso en particular, y por la justicia, soy movido a dar efectivamente a cada uno “lo suyo”, como enseña el Doctor Angélico. “El juez da a cada uno lo que es suyo, actuando como el que manda y el que dirige; porque el juez es lo justo animado y el príncipe es el guardián de lo justo…”[5]. Por la equidad equiparo situaciones iguales o análogas según la misma ley o el principio justo, ecuánime y equitativamente distributivo de igualdad ante la ley. Un “criterio de cierta equidad o proporcionalidad mínima”.

Definición clásica de la justicia

Pero, ¿qué es “lo suyo”?

Ulpiano fue el acuñador de la definición de Justicia que ha atravesado los siglos transportada por la barca del pensamiento cristiano, hasta llegar hasta nuestros días, cuando dijo que la Justicia consiste en “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”. Existe una gratuita y vacía negación en la argumentación de algunos positivistas, incluso desarrollado por Kelsen, que, impugnando la concepción tradicional de la Justicia y la clásica definición de Ulpiano y de Aquino, hasta ahora, sin duda, no superada, afirman que la Justicia nos dice que hay que dar a cada cual lo suyo, no obstante no explica qué es lo suyo de cada cual.

Si bien a simple lectura del texto parece un juego de palabras, no lo es, porque tenemos que saber qué es lo suyo de cada uno, para poder dárselo (al homicida: la condena en prisión, por ejemplo, hecho que parece bastante evidente; pero qué es “lo suyo” para un imputado de un hurto de un celular: ¿una sanción de tareas comunitarias, una multa, una reparación integral del perjuicio, una conciliación con la víctima?; o ¿qué es “lo suyo” para alguien que participó o no de un delito de lesa humanidad o “lo suyo” en un caso de corrupción pública u otros ejemplos civiles o privados como el incumplimiento de un contrato o el no pago de un alquiler, la no devolución de la cosa prestada, etc.?). Y es entonces cuando estos autores sindican la Justicia como un ideal alcanzable por la razón y no por las relaciones sociales, simplemente una fórmula vacía, que no logra explicar cuál es la pauta que debemos seguir para poder determinar “lo suyo” de cada uno.

Los cuatro planos de la justicia

Pues bien, fíjese que si nos detuviéramos en este concepto, en un plano general y abstracto, posiblemente nos veríamos abocados a un callejón sin salida, porque para poder determinar qué es “lo suyo” de cada uno no basta con colocarse en un terreno meramente teórico o especulativo, sino que es necesario descender a la aplicación de la Justicia en las relaciones sociales en que ésta recae. Y es allí entonces donde surge en forma bastante clara la respuesta a esta objeción, que, volvemos a decirlo, creemos que tal vez no tendría una respuesta sencilla si nos limitáramos a los conceptos generales de Justicia.

Fuente: totalnewsagency.com, 01/08/25

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Residencias médicas, cruciales para la calidad del sistema de salud

Por Roberto Borrone.

En materia sanitaria lo más importante es el recurso humano; no hay otra forma de reconocerlo que cuidar su formación y remunerar su trabajo adecuadamente

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Estamos inmersos en un debate sobre diferentes aspectos de las residencias médicas. Un buen punto de partida sería la definición oficial de lo que significa una residencia: “Las residencias de salud son un sistema de formación integral de posgrado para el graduado reciente en las disciplinas que integran el equipo de salud, que se desarrolla mediante el otorgamiento de becas de formación, cuyo objeto es completar su formación, ejercitándose en el desempeño responsable, eficiente y ético de las disciplinas correspondientes, mediante la adjudicación y ejecución personal supervisada de actos de progresiva complejidad y responsabilidad” (ley 22.127/1979).

Al reclamo de mejora salarial de los residentes se sumó una nueva reglamentación para las residencias que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Un aspecto central de la resolución ministerial fue reinstalar la “beca de formación” como figura de la relación contractual de los residentes. Se establecen dos tipos de becas (a elección del residente): “la beca Ministerio” y “la beca Institución” según el empleador directo que elija tener el residente, mediante un convenio que se renueva anualmente. Es decir que en la residencia médica “queda excluida cualquier configuración o encuadre en el régimen de empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicios”. “El residente resulta responsable, sea por acción u omisión, por el adecuado cumplimiento de las funciones que se le asignaran en dicho ámbito”. En cuanto a los aportes, en la “beca Ministerio”, el residente, reconociendo el carácter de beca de formación que reviste la residencia, opta voluntariamente por que se le apliquen los aportes previstos en el régimen previsional, así como la incorporación a la obra social de los trabajadores del Estado nacional.

En esta modalidad de “beca Ministerio” no hay posibilidad de que se sumen eventuales importes adicionales o bonificaciones por parte de la institución donde realice su formación. En la otra alternativa, la beca Institución, “el residente firma contrato directo con el hospital en el que se forma y cobra la beca sin descuentos de aportes y cargas sociales. Los seguros (ART, responsabilidad profesional y salud) son cubiertos por esa misma entidad, pudiendo recibir bonos adicionales si así lo dispone la institución”. La institución formadora recibe del ministerio el monto base de la beca.

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Se estableció una carga horaria “de hasta 45 horas semanales, con al menos la realización de una guardia semanal de hasta 24 horas corridas y no más de 8 guardias mensuales, que serán alternadas a razón de una guardia en día hábil y otra en fin de semana. En la jornada subsiguiente a la realización de una guardia, el residente cumplirá la mitad de la jornada de la formación”. En cuanto a licencias, se establece “una licencia anual ordinaria de 3 semanas, no pudiendo superar la misma 2 semanas consecutivas; una licencia por maternidad de 90 días no pudiendo ser inferior a 10 días previos al parto; una licencia por paternidad de 3 días corridos y licencia por matrimonio de 12 días corridos” (Boletín Oficial resolución 2109/2025 del MSN Anexo 1).

Esta resolución generó una polarización de opiniones: por un lado, quienes opinan que “es un intento de precarización laboral” (asociaciones médicas, asambleas de residentes y referentes como el director del Hospital de Clínicas –UBA–, profesor Marcelo Melo, y por otro lado el doctor Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que representa a las empresas del sector de la salud privada, al expresar que la residencia “no representa un trabajo, sino un espacio de formación acompañada por especialistas de planta” y que se trata de becas de aprendizaje “sin relación laboral”. Sociedades médicas científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitieron comunicados muy contundentes que destacan la importancia de ofrecer a los residentes la mejor formación y las mejores condiciones laborales posibles.

En síntesis, los residentes son médicos habilitados para ejercer la profesión, realizan en forma autónoma las actividades asistenciales permitidas y tienen total responsabilidad legal por su actividad. Quizá dos preguntas ayuden a aclarar esta controversia: ¿las instituciones con residencias podrían desarrollar a pleno su actividad sin los residentes? ¿Nos conviene como sociedad mejorar las condiciones de actividad de los residentes, o ahuyentar a los recién egresados y que no realicen una residencia? Más allá de este debate, importa reflexionar sobre el rol que tienen las residencias médicas para garantizar una atención de calidad. Cabe un interrogante preocupante: los médicos que egresan de nuestras facultades ¿están en condiciones de ejercer en forma autónoma ?

Las residencias médicas deberían ser obligatorias como único trayecto formativo para lograr la certificación de la especialidad a ejercer. Aquí, el primer problema: ¿cuántos médicos deciden no efectuar una residencia médica? Ellos se sumergen en el mercado laboral ni bien egresan de la facultad, dado que en nuestro país los títulos universitarios son habilitantes (a diferencia de muchos países cuyos títulos certifican la formación académica pero no permiten ejercer hasta haber aprobado un riguroso examen de idoneidad).

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Todos los médicos que egresan de las universidades argentinas deberían tener asegurada una vacante en una residencia, adjudicados la especialidad y el sitio de formación según el orden de mérito determinado por el examen de ingreso y el promedio general de la carrera. Es unánime la opinión respecto de que no existe ningún plan de formación de posgrado en medicina mejor que una residencia acreditada. Aquí, otro interrogante: ¿ cualquier residencia garantiza per se calidad formativa? No. Se han efectuado importantes avances en materia de acreditación de instituciones, pero aún persisten residencias “fuera del radar” que son un claro ejemplo de la desnaturalización del espíritu de una residencia, para simplemente usar al residente como “mano de obra barata”, dejándolo actuar sin ningún tipo de supervisión ni planificación.

Otro aspecto que requiere una oferta inteligente de cupos de residencia es fomentar, mediante incentivos adecuados, la elección de especialidades críticas por parte de nuestros jóvenes colegas recién egresados. Debe existir un equilibrio entre la oferta de especialidades básicas (clínica médica, medicina general y de familia, pediatría, cuidados intensivos) y el resto de las especialidades. Ciertas jurisdicciones, como Mendoza, planificaron inteligentemente estos aspectos y pusieron el foco en la posresidencia con la incorporación a la carrera sanitaria.

Fue un acierto del Ministerio de Salud de la Nación otorgar un puntaje adicional a los postulantes a residencias que efectuaron sus estudios de grado en universidades argentinas. Una medida complementaria podría ser fijar cupos a los egresados extranjeros en especialidades consideradas críticas para el país. Una noticia reciente es la investigación por presunto fraude en el último examen unificado de residencias respecto del puntaje obtenido por unos 200 aspirantes. La detección de esta irregularidad habla del destacado celo profesional del área técnica del Ministerio de Salud. También es positiva la preocupación de las autoridades por lograr una gestión transparente en las instituciones de salud. No debemos perder de vista lo que con mucho acierto señaló el profesor Luis Sarotto (Htal. de Clínicas, UBA) respecto de los mayores costos operativos de los hospitales que, además de la función asistencial, tienen a su cargo la formación de profesionales que luego se dispersan en todo el país. Un aspecto que no puede quedar fuera de este análisis es que las residencias no deben ser el “parche” que cubra el déficit de profesionales de planta, porque un aspecto esencial de la residencia es la supervisión de los residentes. Acierta Ignacio Katz en que “las residencias constituyen una de las bases estratégicas de las políticas de salud pública”. La creación de una Agencia Nacional de Salud integrada por representantes del equipo de salud y de los financiadores permitiría, junto al Cofesa (ministros provinciales) y la rectoría del ministerio nacional, adoptar políticas de Estado en salud consensuadas y sustentables.

En materia de salud nada hay más importante que el recurso humano. No hay otra forma de reconocer esto que cuidar su formación y remunerar su trabajo en relación con la responsabilidad que su tarea implica. Hay que propiciar su bienestar laboral para optimizar la seguridad de los pacientes. Aun una mirada egoísta nos debería convencer de esto, ya que, inexorablemente, todos somos potenciales pacientes.

Fuente: lanacion.com.ar, 23/07/25

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Obligaciones Negociables en Argentina: Una alternativa de Alto Riesgo

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

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Promesas de rentabilidad, sombras de incertidumbre

Las Obligaciones Negociables (ON) en Argentina son, para muchos inversores minoristas, una fuente de rendimientos tentadores. Prometen intereses en dólares que duplican o triplican los rendimientos que ofrecen los bancos en plazos fijos tradicionales. Pero, como en todo en economía, nada es gratis. Y en este caso, lo que muchos inversores no perciben con claridad es que esos retornos aparentemente elevados son directamente proporcionales al riesgo que asumen. En los últimos años, una serie de defaults corporativos han encendido todas las luces de alarma. Invertir en ON en el mercado argentino puede ser rentable, sí, pero también puede ser un verdadero campo minado si no se cuenta con la información adecuada y el asesoramiento correcto.

¿Qué son las Obligaciones Negociables?

Las ON son títulos de deuda emitidos por empresas para financiarse. Es decir, cuando un inversor compra una ON, le está prestando dinero a una compañía que promete devolverlo en el futuro con intereses. Se trata de un instrumento legalmente regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y puede estar nominado en pesos o en moneda extranjera, generalmente dólares. La ventaja, en teoría, es que permite a las empresas obtener financiamiento fuera del sistema bancario, mientras que los inversores obtienen un rendimiento potencialmente mayor que en otros instrumentos de renta fija.

Pero hay un detalle clave: las ON no cuentan con garantías estatales ni están cubiertas por un seguro de depósitos, como ocurre con los plazos fijos bancarios. Es decir, si la empresa no paga, el inversor puede perder todo o parte de su capital. Además suelen tener muy escasa liquidez (algo muchas veces dejado de lado en el análisis).

Argentina: tierra fértil para los riesgos

La historia económica argentina está plagada de crisis: defaults soberanos, cepos cambiarios, devaluaciones abruptas, inflación crónica, cambios regulatorios intempestivos y populismo económico. Este contexto afecta profundamente la capacidad de las empresas para planificar, crecer y -sobre todo- pagar sus deudas.

Muchas de las empresas que emiten ON lo hacen porque no logran financiamiento bancario, ya sea por falta de garantías, historial crediticio deficiente o simplemente por operar en sectores de alto riesgo. La alternativa es salir a buscar fondos al mercado, tentando a los inversores con tasas atractivas.

Sin embargo, como reza el principio legal romano siempre vigente: Caveat emptor, o en castellano: «Que el comprador se cuide». Este principio cobra vital importancia en el mundo de las finanzas: el inversor debe entender que la responsabilidad última de la decisión recae sobre él.

Defaults recientes: la lista crece

El mercado argentino ha sido testigo, solo en los últimos dos años, de una preocupante seguidilla de incumplimientos en ON emitidas por empresas de renombre:

–Celulosa Argentina anunció que no pagaría capital ni intereses de sus ON con vencimiento en mayo.

–Grupo Albanesi, a través de sus subsidiarias GEMSA y Central Térmica Roca, cayó en default por no pagar intereses de su bono en dólares al 11% anual con vencimiento en 2031.

–Petrolera Aconcagua Energía declaró que no podía cumplir con el pago de un bono por US$20 millones. Su intento por colocar deuda en Nueva York fracasó ante las exigencias de tasas superiores al 12%.

-También se sumaron incumplimientos de Los Grobo, Agrofina y Surcos, todos nombres reconocidos en el ámbito agroindustrial.

Lo preocupante no es solo la cantidad de empresas que incumplen, sino la lógica detrás de estos defaults. En muchos casos, las compañías prefieren incumplir estratégicamente, porque el ‘castigo de mercado’ en una economía acostumbrada al impago no parece tan grave.

En países con mercados desarrollados, caer en default puede significar la muerte financiera para una empresa. En Argentina, en cambio, existe la cultura de “Qué le hace una mancha más al tigre”. Esto genera un clima de inestabilidad en el que incluso empresas solventes especulan con el incumplimiento como forma de reestructurar su Flujo de Caja.

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Riesgo de contraparte y Conflictos de interés

Un aspecto poco mencionado, pero clave para el pequeño y mediano inversor, es el conflicto de interés en la cadena de distribución financiera. Muchas ON son colocadas por bancos o agentes de bolsa que también tienen intereses comerciales con las empresas emisoras. ¿Cuál es el incentivo de estos intermediarios? Vender el producto. No necesariamente advertir al cliente sobre los riesgos asociados.

Aquí es donde entra en juego la necesidad de contar con asesores financieros independientes, que no cobren comisiones de la empresa emisora y que realmente trabajen alineados con los intereses del cliente. En un ecosistema como el argentino, donde los defaults son moneda corriente, esta precaución puede marcar la diferencia entre proteger el capital o perderlo.

¿Cómo puede protegerse el inversor?

-Estudiar los prospectos de emisión: allí se detallan los términos del bono, tasas, plazos, cláusulas de incumplimiento y plazos de gracia. Es fundamental leer -y entender- estos documentos.

-Analizar la salud financiera de la empresa emisora: ingresos, endeudamiento, margen operativo, historial de pagos anteriores y exposición a regulaciones gubernamentales.

-Diversificar: no poner todos los huevos en la misma canasta. Invertir en distintas empresas, sectores y monedas puede mitigar riesgos.

-Recurrir a asesores idóneos: no basta con “consultar al contador”. Se recomienda buscar profesionales certificados y ajenos a la empresa emisora.

-No dejarse tentar por la tasa: una ON que paga 11% en dólares puede parecer una joya, pero tal vez lo hace porque nadie más le presta. Las tasas altas casi siempre esconden problemas financieros graves o inminentes.

Educación Financiera: la mejor inversión

En un entorno volátil como el argentino, la educación financiera no es un lujo, es una necesidad urgente. Comprender conceptos como riesgo de crédito, liquidez, conflicto de interés, y estructuras de deuda puede ser la barrera que proteja al pequeño inversor de una catástrofe personal.

Al final del día, las ON no son intrínsecamente malas. Pueden ser útiles en ciertas estrategias, y algunas emisoras cumplen y pagan en tiempo y forma. Pero para invertir con responsabilidad, es indispensable hacerlo con conocimiento y asesoramiento. Como afirma Warren Buffett: «El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo».

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La decisión es suya, pero no está solo

Invertir en Obligaciones Negociables en Argentina es como navegar en aguas turbias: el viento puede ser favorable, pero también hay tormentas frecuentes. El inversor debe aprender a distinguir entre oportunidades y trampas, entre promesas seductoras y realidades riesgosas. El principio de Caveat Emptor  sigue tan vigente como siempre: quien compra, debe protegerse.

Y en ese cuidado, la información, la educación y el asesoramiento independiente son los mejores aliados. Porque, en finanzas, como en la vida, lo barato puede salir caro… y lo caro puede no valer nada si termina en default.

En este contexto, es clave mencionar la existencia de estándares internacionales que orientan al inversor hacia decisiones más seguras y responsables. Tal es el caso de la Norma ISO 22222, que establece un marco globalmente reconocido para la Planificación Financiera Personal. Esta norma internacional no solo promueve buenas prácticas, sino que define principios fundamentales como:

–El deber fiduciario del asesor hacia el cliente.

–La identificación clara de objetivos y tolerancia al riesgo.

–La transparencia en los costos y la ausencia de conflictos de interés.

–El seguimiento y ajuste del Plan Financiero a lo largo del tiempo.

Conocer y aplicar los lineamientos de la ISO 22222 puede marcar una diferencia enorme entre improvisar y actuar con estrategia. Porque una inversión no debe ser una jugada de azar, sino parte de un plan financiero bien estructurado, alineado con los objetivos personales, la etapa de vida del inversor y su capacidad de asumir riesgos.

En definitiva, si va a invertir en instrumentos complejos como las ON argentinas, hágalo con responsabilidad y conocimiento. No compre promesas: compre decisiones informadas.

Y recuerde siempre: el que no sabe lo que está haciendo no está inviertiendo, está especulando.

Fuente: Ediciones EP, 19/06/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

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Otra empresa argentina en default: Celulosa anuncia que no podrá pagar su deuda

Por Natacha Esquivel.

• El grupo eléctrico Albanesi fue el primero en advertir que tenía problemas.
• Ahora se suma otra compañía con capitales argentinos, liderada por José Urtubey.
• Culpa al tipo de cambio alto, al «carry trade» y la caída de la actividad.

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Así como el año pasado fueron las compañías agroindustriales las que anunciaron una seguidilla de defaults –Red Surcos, Agrofina, Los Grobo– esta semana el grupo energético Albanesi, con sus filiales Generación Mediterránea y Central Térmica Roca, fue el primero en revelar problemas financieros para hacer frente al pago de su deuda. Y este miércoles le siguió Celulosa Argentina, empresa en la que participa José Urtubey.

Hace un mes, la compañía agroindustrial había contratado a una consultora para que evaluara los pasos a seguir: si reestructuraba deuda o incorporaba algún socio que inyectara capital para mejorar su liquidez. La decisión que tomaron fue dejar de pagar la deuda.

«La Compañía informa que no podrá afrontar el pago de las obligaciones negociables que vencen durante el mes de mayo, como así tampoco los cheques de pago diferido«, indicó en una nota a la Comisión de Valores la empresa propiedad del Grupo Tapebicuá, que tiene entre sus accionistas a Urtubey y el empresario norteamericano Douglas Albrecht y José Collado.

Entre abril y junio la firma tenía que pagar el equivalente a US$ 25 millones en pagarés bursátiles, cheques propios y ON.

Tras el anuncio, la acción de Celulosa es la que más cae en el día en la Bolsa porteña, con una baja de 10%, a $ 353,50.

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La consultora que habían contratado es VALO Columbus y, según Celulosa, «continuará trabajando en comunicación directa con los acreedores como lo viene haciendo hasta la fecha, como así también en la incorporación de nuevos socios».

«La compañía informa adicionalmente que todos los recursos disponibles se van a utilizar estratégicamente para asegurar la operación y la continuidad laboral priorizando el normal abastecimiento de nuestros clientes», aseguró.

Los negocios de Celulosa abarcan el rubro forestal, procesamiento de madera y producción de papel. Para explicar por qué no consigue generar la caja suficiente para pagar su deuda, enumeró:

• Caída en el nivel de ventas superior al 30% en el mercado doméstico, que se está recuperando pero frágilmente.

• Incremento de los costos fijos medidos en dólares, producto de una apreciación significativa del tipo de cambio, que también reduce el margen en la exportación.

• Un costo del capital medido en dólares que ronda entre el 35% y el 45% (contracara del “carry trade”) que financió el estiramiento de los plazos de pago (provocando un incremento del capital de trabajo de manera relevante).

• El incremento de la percepción de riesgo sistémico en el mercado financiero por los problemas de Los Grobo y Red Surcos,i y la demora en la firma del acuerdo con el FMI.

«Como resultado de todo ello, la mayoría de los acreedores de corto plazo procedieron a acelerar el reclamo de cancelación de sus posiciones, generando una presión adicional sobre la caja y la estructura financiera de la compañía», explicó.

Celulosa aclara que el Grupo Tapebicuá inyectó US$ 7,4 millones en la empresa y que está «haciendo sus mejores esfuerzos para mejorar la situación operativa y financiera». El lunes, los controlantes vendieron acciones de Celulosa en el mercado para obtener fondos y redujeron a 46,79% su participación directa e indirecta.

Por qué Celulosa fue a default

Las luces de alerta sobre Celulosa empezaron el año pasado. En septiembre, Tapebicuá decidió cerrar el aserradero San Charbel en Garruchos, Corrientes, lo que implicó el despido de más de 70 trabajadores.

En diciembre, la calificadora de riesgo FIX ya había escrito que la empresa presentaba una concentración de vencimientos de pagarés bursátiles y cheques propios entre enero y febrero, así como pagos por Obligaciones Negociables. «Los compromisos superan los niveles de la caja y las líneas bancarias disponibles, lo que expone a Celulosa a un elevado riesgo de refinanciación. En diciembre, la compañía utilizó parte de las líneas bancarias para los pagos de las Obligaciones Negociables amortizables, «lo que restó flexibilidad financiera», había dicho FIX.

La deuda financiera de la empresa se ubicó en US$ 164 millones a noviembre de 2024, y está compuesta 35% por Obligaciones Negociables, 9% por créditos de compañías relacionadas; 24% por préstamos del Rabobank y el restante 32% corresponde a instituciones financieras (acá están los pagarés bursátiles y cheques que tampoco pagarán).

En abril, Moody’s bajó las calificaciones de emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera de Celulosa a B.ar desde BBB-.ar, y también la de emisor en moneda local de corto plazo.

El Grupo opera en papel tissue, papeles para packaging, para impresión y escritura, pasta celulósica, forestal, madera y distribución. Celulosa Argentina es dueña de una planta de fabricación de pulpa y dos de papel, ubicadas en las localidades de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires).

Fuente: clarin.com, 07/05/25

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Un modelo racional para la Salud Pública como política de Estado

Por Roberto Borrone.

Es un imperativo ético ante la sociedad, cualquiera sea el signo de la administración política de turno en las distintas jurisdicciones del país, lograr un sistema sanitario con sus tres requisitos básicos: equidad, calidad y accesibilidad

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Equidad, calidad y accesibilidad son los tres rasgos esenciales exigibles a un sistema público de salud. La mirada crítica no debe ser un impedimento para analizar y destacar lo que funciona bien (sin desconocer aspectos a corregir). Ante las turbulencias políticas propias de una democracia, y más allá de circunstanciales resultados electorales, que la consecuencia no sea deteriorar lo que debe ser preservado.

El acceso a servicios de salud de calidad en un marco de equidad como el que ofrece actualmente la salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es una realidad concreta e innegable cualquiera sea el color político con el que se lo analice. Vale la pena estudiar el modelo aplicado para que otras jurisdicciones puedan replicar sus aspectos positivos y eventualmente corregir los negativos (siempre los hay), o para preservar el modelo en el hipotético caso de futuros cambios en la administración política de la ciudad. ¿Por qué cambiar lo que funciona bien? Detrás de este modelo de salud pública en la CABA hay claramente una estrategia sanitaria minuciosamente planificada (algo absolutamente infrecuente en nuestro país). Lo destacable del modelo para intentar replicarlo es que depende mucho más de la filosofía organizacional que de los recursos disponibles (aclaración importante cuando se toma a la CABA como referencia de algo).

Para dimensionar en términos estadísticos la magnitud del sistema público de salud de la CABA basta mencionar que se efectúan cien mil prestaciones por día y que un millón de personas se atienden en este sistema (de ellas entre el 30 y el 40% tienen algún tipo de cobertura de salud). El equipo de salud está integrado por 40.000 trabajadores que desarrollan su tarea en más de 80 efectores (instituciones del sistema).

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La organización de la salud pública de la CABA responde a conceptos y criterios sanitarios en los que coinciden los expertos más destacados del tema. El concepto fundamental es haber diseñado redes integradas de cuidados progresivos con dos aspectos distintivos: la coordinación y la garantía de la continuidad de las prestaciones. Técnicamente, el corazón del sistema se basa en la integración de la estrategia sanitaria con la estrategia informática (tecnologías de la información). La estrategia sanitaria consiste en que la atención de la salud está organizada en centros de complejidad creciente de acuerdo con lo que requiera cada paciente. La base de la planificación ha sido poner el foco en la atención primaria de la salud mediante centros estratégicamente ubicados en la geografía de la CABA. Existen 49 Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y 14 Centros Médicos Barriales (CMB) gracias a los cuales el sistema público de salud de la CABA busca la proximidad con los potenciales usuarios y, paralelamente, descongestiona la demanda en la red de hospitales públicos. De esta forma el vecino resuelve en la cercanía de su hogar un importante porcentaje de los motivos de consulta habituales (80%) y además tiene acceso a prestaciones de prevención y promoción de la salud. Este primer nivel constituye la puerta de entrada al sistema de salud pública de la CABA. El siguiente, denominado “nivel y medio”, ofrece una mayor complejidad para la atención descentralizada exclusivamente ambulatoria. Lo constituyen los Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia (Cemar), adonde son derivados los pacientes, de acuerdo con su patología, desde los centros del primer nivel.

El siguiente nivel (segundo) lo constituyen los 14 hospitales generales de agudos y 2 hospitales pediátricos para los pacientes que requieren observación o internación. En este nivel la novedad estratégica es que el funcionamiento responde al concepto de hospitales de cuidados progresivos con una mejor integración y armonización de las especialidades. Para patologías muy específicas el sistema cuenta con 18 hospitales especializados. El tercer nivel de la red se enfoca las internaciones crónicas –internaciones de larga estancia–, ya sea por el tipo de patología del paciente (como la recuperación de afecciones neurológicas), o en el caso de los pacientes que por su contexto familiar y social requieren un lugar de por vida.

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En los 34 hospitales se está desarrollando, mediante obras de infraestructura, una división funcional entre las áreas de atención ambulatoria (“de alto tránsito”) y las áreas de internación, cirugía y terapia intensiva (“de bajo tránsito”). Otro aspecto importante de la organización es la rehabilitación temprana de los pacientes. Una característica distintiva de la estrategia sanitaria es garantizar la continuidad de la atención de cada paciente mediante la trazabilidad de la historia clínica. La historia clínica electrónica es un instrumento esencial para lograr dicha trazabilidad. Los servicios de apoyo (laboratorio, imágenes, hemoterapia) han sido articulados y coordinados para lograr interoperabilidad. Aquí cumplirán un rol esencial los servicios de informática con software específicos, por ejemplo, para diagnóstico por imágenes. El centro regional de hemoterapia (en ejecución) centralizará y coordinará todo el procesamiento de sangre y hemoderivados del sistema. Esto optimizará aún más la eficiencia.

Toda esta planificación obedece a un aspecto conceptual que ha sido enfatizado por el ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós: tener una dinámica de red vs. una dinámica de prestador único. El Sistema de Atención Medica de Emergencias (SAME) es un verdadero estandarte del sistema público de salud de la CABA, reconocido por su eficiencia por todo el abanico de expertos en la materia y fundamentalmente por la comunidad.

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Como todo sistema complejo, tiene varios aspectos por mejorar. El que más se señala es al aspecto salarial del equipo de salud y, desde la perspectiva del usuario, un tema a perfeccionar es el sistema de turnos programados (a pesar de que en éste aspecto se han enfocado importantes recursos técnicos-informáticos). Un instrumento tecnológico incorporado para aumentar la agilidad y eficiencia es el servicio de telemedicina con teleconsultas que incluyen al SAME.

Información recientemente publicada por Clarín señala que se ha incrementado notoriamente el número de pacientes que son intervenidos quirúrgicamente en los hospitales públicos de la CABA. Los hospitales porteños realizaron más de 50.000 operaciones en 2024. Esto representa un aumento del 30 % comparando estas cifras con las correspondientes al año anterior. Según dicha información, para enfrentar esa mayor demanda se ampliaron los horarios de quirófano y se fortaleció el equipamiento quirúrgico. El análisis sociológico de esa demanda aumentada indica que hay sectores medios de la sociedad que han migrado desde el ámbito privado de atención de la salud hacia la salud pública de financiación estatal. Según el Ministerio de Salud de la CABA, el porcentaje de atención ambulatoria de personas que declaran no residir en la CABA es del 36 %. Respecto de los extranjeros sin DNI argentino, el registro es inferior al 1% y en su mayoría corresponde a atenciones por guardia.

Estos datos nos llevan a reflexionar sobre el rol de Estado en temas básicos como la salud. Desde esa perspectiva son sumamente interesantes los resultados de un trabajo del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) publicado por La Nación recientemente. Dicho trabajo de campo pone en evidencia que un porcentaje muy importante de la opinión pública (79% de los consultados) desea un Estado que brinde más servicios de salud, educación y obras públicas. Cuando el informe se enfoca en el “intervencionismo estatal”, el 90% de los consultados consideran que el Estado debe involucrarse en salud, educación, pobreza y seguridad. “La gente quiere un Estado mejor pero no prescindir de él”, es una de las conclusiones del informe según explican los sociólogos e investigadores Silvina Ramos y Luis Costa.

El modelo de salud pública de la CABA muestra virtudes indudables de planificación y ejecución, apuntalado asistencialmente por un equipo de profesionales de la salud de excepcional nivel. Es un imperativo ético ante la sociedad, cualquiera sea el signo de la administración política de turno en las distintas jurisdicciones del país, lograr una salud pública con sus tres requisitos básicos: equidad, calidad y accesibilidad.

Fuente: lanacion.com.ar, 06/05/25

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El futuro de la India

Mariano Caucino: “El gobierno indio busca alcanzar el tercer puesto en las economías al finalizar esta década”

En entrevista con el embajador argentino en India, Mariano Caucino, se analizó la relación creciente entre Nueva Delhi y Argentina, el liderazgo del premier Modi y las tensiones con las superpotencias.

Por Federico Poli.

Mariano Agustín Caucino (Buenos Aires, 1976) es un abogado, historiador y diplomático argentino. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (2001), se ha dedicado al estudio de las relaciones internacionales.

Se desempeñó como embajador de Argentina en Costa Rica (2016-2017) y ante el Estado de Israel (2017-2019). En 2024 fue designado embajador en India.

Anteriormente, fue fundador y director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y profesor de Política Exterior e Historia Contemporánea. Asimismo, es habitual columnista en medios en Argentina, Latinoamérica, EE.UU. e Israel sobre asuntos globales y política internacional.

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Caucino habló de cómo India se convirtió en uno de los principales socios comerciales de Argentina y explicó la relación llena de idas y vueltas que mantiene Nueva Delhi con Estados Unidos, China y Gran Bretaña.

—¿Nos puede contextualizar qué significa la India hoy en el mundo?

—La India hoy es el país más poblado del mundo. A partir del año 2023, India superó a la República Popular China y, con más de 1.430 millones de habitantes, se convirtió en la nación más poblada de la Tierra, ligeramente superior a la China. Es la 5ª potencia económica mundial y tiene una tasa de crecimiento muy elevada, del orden del 7%-8% en la última década. En ese contexto, el primer ministro Modi tiene el objetivo de alcanzar el tercer puesto en las economías globales al finalizar la década en curso. A su vez, India es la mayor democracia del mundo y tiene una participación en el escenario global y en la política internacional un peso cada vez mayor, acorde a esa realidad geopolítica.

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—¿Cuál fue la historia que lleva a India a este presente y a proyectarla hacia un ascenso imparable?

—En realidad, lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 200 años es una particularidad, en el sentido de que dos países con poblaciones gigantescas, como China y la India, habían visto disminuida su participación en la economía global, hasta principios del siglo XIX. En un punto, podría decirse que el ascenso de los países asiáticos, en este caso de China y de India, a las posiciones que exhiben hoy, en realidad, es una suerte de corrección histórica.

“En cierta forma, antes de la Revolución Industrial, todos los países tenían un tamaño de su economía sobre la economía mundial acorde relativamente a su población. China y la India escaparon de la Revolución Industrial, por distintas razones. En el caso de China, por el período de lo que ellos conocen como el “siglo de humillación”, que siguió a las guerras del opio, y en el caso de India, como consecuencia de un período colonial muy extendido que fue verdaderamente dramático para el país y que cimentó gran parte de la expansión del imperio británico.

”Usted sabe que a partir del año 1947, la India consiguió su independencia, con una lucha verdaderamente heroica, pero muy dolorosa, y con un proceso de partición enormemente traumático. En las primeras tres o cuatro décadas de su existencia como nación independiente, India tuvo un modelo económico que, si bien no llegó a ser socialista, podríamos decir que era bastante socializante, tal como ellos mismos admiten, y existía una gran intervención estatal.

”En los años 90, comenzó un proceso de apertura y de desregulación económica, que fue profundizado por los distintos gobiernos que sucedieron al del primer ministro Rao, cuyo ministro de Finanzas era Manmohan Singh, que, después, fue primer ministro. Y ya en la última década, bajo el liderazgo del primer ministro Modi, ha alcanzado un desarrollo que la ubica dentro de las grandes naciones del mundo.

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—Destaca que compartimos con India valores que la acercan a Occidente, como la cuestión de la democracia, de ser una un país asiático con la democracia más grande del mundo, y que eso lo diferencia de China, la otra gran potencia de esa región. ¿Usted cree que esa característica, de la defensa de ciertos valores compartidos con Occidente le da a la India un lugar distintivo en el tablero geopolítico?

—Es indudable que el sistema político que tiene la India es un sistema democrático con un gobierno parlamentario, al estilo británico. Un jefe de Estado que es el presidente, pero con una figura central en el gobierno, que es el primer ministro, que surge del Parlamento. Además, el sistema judicial prácticamente copiado del sistema británico le otorga al país un tipo de gobierno asimilable al de muchos países occidentales. A su vez, es un país que tiene prensa libre. Y, si bien, por supuesto, los indios se quejan de que la democracia no es perfecta, es un sistema semejante al que puede haber en Occidente.

”Usted sabe que el dato central de la política internacional hoy es la confrontación estratégica entre los EE.UU. y China. Eso hace que, en esa confrontación con Occidente en general, los países occidentales encuentren en un país como la India o en otros de Asia, como Japón, aliados naturales. Eso es el resultante de una realidad objetiva en la cual China, por su propia expansión y por ser el segundo país más importante del mundo, naturalmente ha generado un aparato productivo y económico que ha tenido un correlato geopolítico despertando inquietud en la potencia establecida, que son los EE.UU. Por lo tanto, los países con los que tienen más afinidad en sus políticas, como Japón o la India, tienen una relación objetivamente importante con EE.UU. y con Occidente en general.

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—En el año 2023 India condujo el G20 y realizó en Nueva Delhi el encuentro anual donde el primer ministro Modi presentó el cambio de nombre oficial de India a Bharat. ¿Cómo es su liderazgo del país? ¿Apela al nacionalismo indio?

—El dato del nacionalismo es un elemento que recorre la política internacional actualmente, no solamente en la India. En realidad, si uno analiza la historia de la humanidad, al menos la historia reciente de los últimos siglos, va a ver que el mundo oscila permanentemente entre etapas en las que hay una mayor tendencia hacia la globalización y momentos en que hay tendencias hacia un repliegue nacionalista.

”En muchos países hay una suerte de reverdecer del nacionalismo. Ello explica, entre otras cosas, algunas de las redenominaciones de algunas ciudades o de distintas situaciones. Por ejemplo, la ciudad de Calcuta hoy es Kolkata, y hay tantas otras. Pero la realidad es que el liderazgo de Modi, que llegó al poder en el año 2014 y ha logrado un tercer mandato este año, lo coloca indudablemente entre los tres grandes líderes de la India independiente, junto a figuras de la talla histórica de, en primer lugar, Nehru y, en segundo lugar, Indira Gandhi.

”Las reformas promercado desde los 90 son las que han permitido que el país se eleve a través de un proceso de desregulación económica. Los indios lo califican como desmontar lo que ellos llaman “Licence Raj”, un sistema en el cual las operaciones económicas tenían que estar sujetas a aprobaciones y permisos por parte del gobierno. Le llaman el reino de los permisos, que es lo que, jugando con las palabras, había sustituido al llamado “British Raj”, como se conoce el período británico.

—Supe por un artículo suyo que India nos apoyó en la Guerra de Malvinas, a pesar de su relación histórica con Gran Bretaña, o tal vez explicado por su relación histórica con Gran Bretaña. Al margen de esa particularidad de la historia, ¿cómo ve la relación bilateral a nivel político y económico de Argentina con India?

—La relación bilateral entre Argentina e India es enormemente positiva. Es una relación que tiene un grado de complementariedad muy importante y que ha llegado al punto en el que, en los últimos años, India se convirtió en uno de los seis primeros socios comerciales en Argentina. La Argentina, actualmente, es el primer proveedor de aceite de soja y el tercero de girasol, en una relación comercial que ronda los 5 mil millones de dólares, con una balanza comercial muy favorable a la Argentina.

”Más allá del comercio, es una relación que tiene algunos puntos estratégicos y de mutuo beneficio para los dos países. Por ejemplo, en materia nuclear, la Argentina ha construido una instalación nuclear en Bombay con fines medicinales. En materia de energía, hay una propuesta argentina que hizo el presidente de YPF, Horacio Marín, de proveer gas licuado para la India. Es un país que tiene una demanda energética casi ilimitada como consecuencia de su crecimiento exponencial.

”Y en materia de litio, la India tiene inversiones importantes en algunas provincias, como Catamarca, por ejemplo, donde el gobernador Jalil le ha dado un gran impulso a esta actividad y en el cual la India tiene una vocación de diversificar su provisión de litio y otro tipo de insumos para la apuesta de los vehículos eléctricos, y a los efectos de no depender en la importación de países con los que de pronto tiene relaciones complicadas. De modo tal que definiría la relación en lo económico y en lo estratégico como una relación muy importante y creciente para la Argentina. Tanto con la India, como con otros países de Asia. Siempre hay que tener presente que en el mundo actual el 60% de la humanidad vive en Asia. El 40% del producto bruto global se explica por Asia. Estos son elementos que a veces nosotros, en Occidente, tendemos a olvidar por una visión tal vez excesivamente centrada en nosotros mismos.

”Con respecto a lo otro, no es mi rol hablar sobre la relación con otros Estados, pero es evidente que la relación de la India con el Reino Unido tiene la complejidad derivada del hecho traumático de la era colonial. Al mismo tiempo, también los indios reconocen de ese legado un idioma que les permitió unificar un país, que tiene una cantidad de lenguas ilimitada, una diversidad geográfica y cultural enorme. También, el idioma inglés les permitió tener una vinculación con el mundo. Por otro lado, el sistema político e institucional que han heredado del sistema británico les ha dado ventajas, evidentemente. Pero el pasado colonial es un dato enormemente traumático y en un punto reafirma la política exterior de la India desde sus inicios: la búsqueda de una autonomía estratégica.

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—Solamente hay cuatro países que aterrizaron en la Luna: Estados Unidos, Rusia, China y, en 2023, India. Recurriendo a usted, no como embajador, sino como profesor de Historia, ¿cómo ha sido la relación con esas potencias?

—Yo estoy abocado a la relación de la Argentina con la India, pero si me pregunta le diría que es evidente que existe una relación compleja entre India y China. Tienen un problema de bordes no resuelto. Además, como es sabido, tiene un problema, diría estructural, con Pakistán, un país muy cercano a China y con el cual tiene un conflicto permanente.

”Por otro lado, en los comienzos de la vida independiente de la India, bajo el liderazgo de Nehru, junto al mariscal Tito, al coronel Nasser y a otros líderes, crearon el movimiento No Alineados, en la idea de que se podía lograr algún tipo de acercamiento, pero finalmente tuvo lugar la guerra del año 1962, en la que India perdió generando un importante trauma.

”Usted sabe que en Occidente es olvidada esa guerra porque se produjo en el mismo momento que tuvo lugar la crisis de los misiles. Hábilmente el liderazgo chino de entonces aprovechó esas circunstancias. Finalmente, quien ayudó a India en ese momento fueron los EE.UU. y no el movimiento de los No Alineados. Eso hizo que los indios tuvieran que acercarse a los norteamericanos en una relación que fue compleja ya que, en la década siguiente, cuando la India contribuyó al surgimiento de Bangladesh con la división de Pakistán, los EE.UU. se alejaron. Fue entonces cuando quien asistió a la India fue la Unión Soviética, iniciando una relación que, desde el punto de vista militar, continúa en alguna medida, hasta nuestros días.

”No obstante eso, en los últimos veinte años la India se ha convertido en un aliado muy importante para los EE.UU. Existe una comunidad de intereses entre las potencias occidentales con Japón, la India y países como Australia.

Para resumir, podría decirse que hoy la India tiene una gran relación con Estados Unidos; que conserva una relación, a pesar de ello, muy funcional con Rusia; que tiene una relación complicada con Pakistán y China; y que tiene un sistema de relaciones, de alianzas de seguridad y defensa muy importantes con países como Australia, Japón y otros en el Indo-Pacífico.

Fuente: foropatriotico.com.ar, 04/05/25

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