La denuncia de Stolbizer consignó la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pues, según la diputada, Hotesur incumple sus obligaciones con la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.
Lo grave del caso no sólo es que las sospechas resultaron ciertas sino que la propia Hotesur, en un duro comunicado sin firma, confirmó el incumplimiento de los requisitos legales al tiempo que pretendió minimizarlos como «fallas formales» y «demoras», y cuestionó a Bonadio y a los medios de prensa que divulgaron el hecho. Pese a que Hotesur es una firma privada, su comunicado fue difundido por la agencia oficial Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter.
Hotesur es la empresa que controla al hotel Alto Calafate, de los Kirchner. Como reveló LA NACION en diciembre del año pasado, el pseudoempresario Lázaro Báez había alquilado centenares de habitaciones en ese y otros hoteles de la familia presidencial para empleados de sus empresas constructoras y, si bien pagó por esas prestaciones, sus empleados no se alojaron allí. Maniobras de esta clase suelen darse cuando se lava dinero.
A raíz de la denuncia de Stolbizer, el fiscal federal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción ante Bonadio, quien ordenó los allanamientos. Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, esa medida formó parte «de un golpismo activo del Poder Judicial», una expresión tan inadmisible como lamentable.
La investigación de este diario había revelado que en la IGJ, uno de los tantos organismos copados por el kirchnerismo, no sólo se encubría al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, sino también a Hotesur, sociedad anónima que adeudaba la presentación de los balances de 2011, 2012 y 2013 y el pago de tasas correspondientes, no informaba quiénes integraban su directorio desde hace años y sus directores incumplían la normativa sobre lavado de activos que dictó ese organismo, que obliga a detallar si algunos de ellos son «personas políticamente expuestas«.
Además, la firma controlante del Alto Calafate presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de haber vencido el plazo. Tras confirmarse las irregularidades, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció ayer que a Hotesur sólo se le aplicará «una multa de 3000 pesos».
Similares protecciones recibieron tres empresas de Báez: Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar, además de la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo y la deficitaria Aerolíneas Argentinas.
Como puede advertirse, existe por parte de la IGJ una clarísima voluntad de encubrir las irregularidades en que incurren las máximas autoridades nacionales y sus allegados, socios o testaferros.
A raíz de las revelaciones de este diario, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de «maniobras desestabilizadoras». En cambio, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart inició una investigación penal y allanó en diciembre del año pasado las oficinas porteñas de Báez.
En la sucesión de escándalos que constituye uno de los más genuinos legados del kirchnerismo, es fácil perder de vista cuáles revisten especial gravedad. El de Hotesur es uno de los principales y quizás uno de los más sensibles porque se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que, tras su muerte, quedó bajo control de su esposa y de los hijos del matrimonio, Florencia y Máximo. El valor de las acciones de la Presidenta en esta firma es de 9.367.528 pesos, según su declaración jurada de bienes.
Por tratarse de la cabeza del Poder Ejecutivo, lo atinente a Hotesur debería exhibir la mayor transparencia. En cambio, allí sólo hay ocultamiento y franco incumplimiento de las normas.
Es inadmisible que una sociedad que pertenece a la Presidenta y a sus hijos tenga tantos y tan graves incumplimientos y reciba una tan descarada protección por parte de organismos de control del Estado, como la IGJ, que encubre irregularidades de altos funcionarios y persigue a sociedades que el Gobierno considera enemigas.
Casos de violaciones flagrantes como el de Hotesur permiten comprender las razones de la urgencia del kirchnerismo por reformar el Código Procesal Penal.Y también permiten confirmar que el kirchnerismo sólo se concibe a sí mismo fuera del alcance de la leyes y, por lo tanto, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie. Lo demostró el senador Aníbal Fernández cuando, desde el colmo del desparpajo y la ignorancia, afirmó, refiriéndose al allanamiento, que «en ningún país serio del mundo, si es una empresa del presidente, hacen este gesto».
Una vez más, nos hallamos ante el ejercicio de un poder feudal.
Después de 30 años de democracia, y con un gobierno que en su onceava temporada ha decidido no televisar el Festival de Cosquín, sólo porque el pueblo cosquinense aprobó con el 63% de los votos la destitución de su intendente kirchnerista, hay que decir las cosas como son de una buena vez: este país no es para demócratas.
Un amante del estado de derecho, la división de poderes y toda esa paparruchada, la pasa mal pobre tipo.
Ni bien el gobierno se enteró de que la derecha imperialista cordobesa que invadió Cosquín rajó al intendente k porque tenía olor a Báez, les mandaron a decir que si este año se quieren poner el poncho y darle al bombo, se van a tener que ir a cantar a la roncha de los Buitres. A dúo con Pablito Cantor (Paul Singer).
Los ingenuos demócratas suelen decir que la cosa no se limita a votar cada dos años y que lo importante es el funcionamiento institucional y la fortaleza de los partidos políticos. En realidad, lo primero nunca lo tuvimos y lo segundo lo incendiamos en 2001. Por eso, todo esfuerzo por recuperar estructuras políticas o construirlas es, por lo menos, conmovedor.
Todo esta perorata es para explicar que Lilita, siendo adorable, rendidora y creíble, está completamente pirucha.
Según ella, Massa, Cobos y Binner son el narcotráfico, Scioli y Macri son dos corruptos (Mauri un poco más tolerable, por ahora), los radicales son cómplices del choreo, Tumini es un ex ERP y Pino un inútil que sólo juntaría votos entre los mineros a cielo abierto. Se ve que toda esta gente de UNEN se corrompió muy rápido porque hace un añito eran fenómenos.
Si esto es cierto, quiere decir que al final el kirchnerismo no es tan malo como andan diciendo por ahí. En tal caso, ¿para qué cambiar a los narcos y corruptos del kirchnerismo por los narcos y corruptos de la oposición? Mejor narco y corrupto conocido, que narco y corrupto por conocer.
No niego que muchas de las denuncias que hace Lilita sean ciertas. Pero en política hay que tener un poco de muñeca, muñeca. De última, podría haber hecho lo que hizo sin andar regando de orín al resto de la humanidad. Sólo se salvó Altamira. Por ahora.
La insistencia de Carrió por acordar con Macri se basa en que todo vale porque «hay que salvar la República». Lamento avisar que para «salvar la República», primero debe haber una. Construir una República sería una excusa más razonable para ese acuerdo. Salvadores ya tuvimos varios y así nos fue.
En ese sentido suena mucho más lógica Margarita Stolbizer que, ante la falta de partidos políticos, trata de construir un espacio para que algún día tengamos un frente progresista. Haría falta que del otro lado se arme un frente conservador y todo estaría más claro. Pero esas son cosas para demócratas, no para nosotros.
A juzgar por la cara de alegría de mis amigos kirchneristas, la Compañera Lilita les hizo un favor de aquellos. Increíblemente, por estos días el kirchnerismo volvió a sentir que puede ganar las elecciones de 2015 que, semanas atrás, ya daban por perdidas.
Lilita ha partido hacia la estratósfera donde se va a encontrar con la otra: la Compañera Jefa que anda por ahí combatiendo a los marcianos. «Lilita al gobierno, Cristina al poder» podría ser el lema perfecto para sintetizar el actual estado de cosas. Y si a los demócratas no les gusta que se vayan a vivir a Noruega.
Por suerte para el gorilaje nacional, los kirchneristas todavía tienen un año para emputecerse solitos, como suelen hacer, y desaprovechar il bocatto di Cardinale que les entregó Carrió.
Mientras tanto, el gobierno disimula el hecho de que la Justicia le pisa los talones. El famoso Hotel Alto Calafate ya es todo un emblema. La punta del iceberg. Uno ya lo puede imaginar vacío, como en «El Resplandor» de Stanley Kubrick con la Jefa escondida en el baño y Jack Nicholson con el hacha en la mano tirando la puerta abajo. Ella también se lo está imaginando.
La oposición en pleno, consciente de que el nuevo curro del gobierno es llenar la justicia de amigos, rechazó designar al reemplazante de Eugenio Zaffaroni en la Corte hasta que haya un nuevo gobierno. Quieren evitar que les enchufen en la Corte un juez militante k, como si Zaffaroni no lo hubiera sido.
Con Zaffaroni pasa algo parecido que con Lilita. Uno lo ha bancado a muerte porque representó el cambio de la Corte Suprema menemista, una de las mejores medidas que tomó el kirchnerismo cuando todavía no sabíamos que el kirchnerismo era el kirchnerismo.
Hasta se le dejó pasar el hecho de que tenía sus departamentos alquilados a unas masajistas que daban masajes con final feliz. Si bien en cualquier democracia del mundo esto es suficiente motivo para rajarlo, acá no es tan grave. ¿Quién no le ha alquilado, alguna vez en la vida, todas sus propiedades a una red de prostitución?
Sus teorías frente al delito siempre sonaron raras, pero le das la derecha porque el tipo es abogado y uno, un simple arquitecto. Sin embargo, lo último ya es indefendible. Decir que «si no gana el kirchnerismo, la Argentina va a ser un caos», no da. Ni Alex Freyre se animó a tanto, sólo avisó que se iba a morir Pachano, cosa que evidentemente a Lilita no le importa porque quiere que el kirchnerismo pierda como sea. Pobre Pachano.
Por su parte, Alicia Kirchner, acosada por usar los aviones del Estado hasta para ir al cine, desafió al país al grito de «a nosotros sólo nos juzga el pueblo». Bastante parecido a cuando los milicos decían que a ellos sólo los juzgaba Dios.
En fin, insisto. Si no te gusta, andate a vivir a Noruega. O peleala, como hizo el querido Pepe Eliaschev.Perseguido por la Triple A durante el isabelismo, exiliado durante el Proceso, corrido por la Coordinadora cuando ésta controlaba todos los medios públicos, censurado por el kirchnerismo, se tuvo que bancar que Diana Conti renvindique al stalinismo en la cara, con sus 50 millones de muertos y que Timerman lo trate poco menos que de traidor a la Patria por deschavar que se estaba reuniendo en secreto con los iraníes para pactar que los iraníes investiguen el atentado que cometieron los iraníes.
Se fue un amigo, un miembro del Club de los Buenos y un demócrata. Una pena porque no abundan.
La Justicia halló serias irregularidades en la empresa de la Presidenta
Por Hugo Alconada Mon.
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El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.
Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.
La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de «hostigamiento judicial» y de «golpismo activo del Poder Judicial», términos que fueron duramente criticados.
«Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria», afirmó Capitanich, quien planteó que «la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente».
Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.
No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.
El último balance, correspondiente a 2010, se complementó con el acta de una supuesta asamblea que se celebró durante 2011 para aprobar ese ejercicio y en la que habría participado el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.
Esa acta, sin embargo, registra sus propias inconsistencias. Entre otras, se consignó el departamento «A» del 4° piso de la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires como la sede en que se celebró el encuentro. Pero para entonces ése ya había dejado de ser el domicilio donde funciona la sociedad presidencial, según informó el abogado que registra esa oficina como propia desde hace ya cuatro años.
De verificarse esa anomalía, Hotesur no sólo omitió inscribir ante la IGJ el cambio de sede social, como impone la ley, sino que habría declarado un domicilio falso ante el organismo que debe controlar las sociedades que se constituyen o fijan su sede en la ciudad de Buenos Aires.
De esos últimos movimientos societarios correspondientes a 2010 y 2011 surge además que los actuales dueños de Hotesur continúan en las sombras. Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó esa firma en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, ante la IGJ consta mucha menos información. Apenas que las acciones quedaron dentro de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010, sin detallar sus actuales titulares o sus porcentajes accionarios.
Según informó la IGJ mediante un comunicado que difundió anteayer, y Capitanich repitió dos veces durante su conferencia de prensa, «Hotesur SA se encuentra entre las sociedades activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis».
De la documentación que ahora analiza la Justicia surge que, en efecto, los responsables de Hotesur presentaron la declaración jurada que impone la ley, pero lo hicieron recién en abril de 2012 -vencido el plazo previsto-, en la que reafirmaron como su sede legal el domicilio de Lavalle 975 cuando esa oficina ya se encontraba en realidad en manos de un abogado.
La propia IGJ verificó la inconsistencia de ese domicilio cuando un año después intentó intimar a Hotesur para que pagara las tasas que adeuda desde 2009 y presentara los balances pendientes de los últimos años. Le envió una carta documento que volvió al organismo porque en esa oficina ya no funcionaba la sociedad presidencial.
Desde la IGJ, sin embargo, no ordenaron la inspección de rigor en la supuesta sede social para verificar qué ocurría. De haberse comprobado esa información inconsistente, combinado con que además ya adeudaba balances y tasas de varios años, el organismo habría quedado habilitado para pedir la cancelación judicial de su personería.
En vez de seguir ese camino -o al menos aplicar multas-, el legajo de Hotesur refleja que la IGJ no avanzó más. De hecho, esa intimación fallida por carta documento ni siquiera incluyó las firmas de los funcionarios que la dispusieron, acaso para protegerlos de eventuales represalias. Pero allí no se acaban las divergencias entre la versión oficial y lo que surge del legajo de Hotesur, en línea con lo que LA NACION comenzó a revelar en diciembre de 2013.
En su comunicado de anteayer, la IGJ también aludió a sus «competencias de fiscalización» y a un programa de «reempadronamiento y depuración societaria» que abarca a decenas de miles de firmas como Hotesur. Pero del legajo de Hotesur, sin embargo, no surge que se haya dispuesto ningún trámite de fiscalización concreto sobre la sociedad de la familia presidencial.
Denunciarán a D’Elía por amenazas
El ex funcionario kirchnerista y dirigente piquetero Luis D’Elía se sumó a la embestida de Capitanich contra la Justicia y pidió «simbólicamente» dejar «clavada en una pica la cabeza de (Claudio) Bonadio». El diputado de Unión Pro Juan Pablo Arenaza anunció ayer que el martes presentará una denuncia penal por «amenazas de muerte» contra el dirigente kirchnerista.
Desde su cuenta de Twitter, D’Elía calificó a los jueces de «mafia» y de buscar un «golpe destituyente», y vinculó a los magistrados que investigan un hotel de Cristina Kirchner con candidatos a presidente al escribir «Bonadio (Massa) y Stornelli (Macri y funcionario de Scioli). Están detrás de esta operación judicial-mediática».
En tanto, el diputado porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó a D’Elía como «un provocador que sólo aspira a generar violencia».
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Del editor: qué significa. Según cuentan en su entorno, la Presidenta está preocupada por el avance de esta causa, y por la que los fondos buitre impulsan en la justicia de Nevada.
Una ex funcionaria complicó a la IGJ y detalló irregularidades en los documentos de Hotesur
Por Hugo Alconada Mon.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.
La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.
Silvina Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.
Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur «adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos», así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.
Sólo horas después de aquella publicación, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de montar «un proceso sistemático» de «maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones».
Tras los allanamientos ordenados anteayer por Bonadio, sin embargo, surgieron los primeros indicios de que, en efecto, Hotesur no presenta sus balances desde 2010, adeuda la inscripción de los directorios correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y la inscripción del cambio de sede, ya que la empresa no funciona en el domicilio declarado de la calle Lavalle.
La investigación judicial, sin embargo, no sólo apunta a investigar el supuesto incumplimiento formal de las normas registrales, sino que busca verificar la consistencia de la información económica que surja de los balances, comparada con la de la facturación y las declaraciones impositivas de la empresa, ante posibles prácticas de lavado de activos, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
En esa línea, el fiscal federal que interviene en la investigación, Carlos Stornelli, había impulsado la acción y el pedido diversas medidas de prueba, que llevaron a los allanamientos de la sede de la IGJ y del domicilio declarado por Hotesur en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, como así a requerirle documentación sobre esa sociedad a la AFIP.
La pesquisa de Bonadio y Stornelli, sin embargo, no es la única en marcha sobre Hotesur. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart investiga una eventual evasión cuando una firma del empresario Lázaro Báez, Valle Mitre, administró los hoteles presidenciales como el Alto Calafate.
Fuente: La Nación, 22/11/14.
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Tras los allanamientos, el juez avanza con la causa por la empresa de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Una investigación judicial clave.Claudio Bonadio le tomó declaración a una ex funcionaria de la Inspección General de Justicia. Declaró que ella misma comprobó las irregularidades de la compañía de la Presidenta.
La causa Hotesur acaba de empezar. El juez Claudio Bonadio recién tomó las primeras medidas de prueba, y ya es cuestionado por los dirigentes oficialistas que responden a la principal investigada en el expediente, la presidenta Cristina Kirchner. Más allá de ese embestida de la dirigencia K sobre la Justicia, la pesquisa sigue avanzando.
Ayer declaró la primera testigo, Silvina Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia, supo Clarín en base a fuentes judiciales.
En los próximos días, el juez y el fiscal Carlos Stornelli terminarán el análisis de la documentación que se recolectó en los allanamientos y operativos que se hicieron, el jueves, en la sede registrada de Hotesur; en la AFIP y en la IGJ.
La causa Hotesur busca determinar si esa empresa hotelera de la Presidenta funciona de modo irregular gracias a protección que podría recibir desde los organismos gubernamentales encargados de controlarla.
La sociedad Hotesur es dueña del hotel más grande de los Kirchner, el Alto Calafate.
Hasta fines del año pasado, ese negocio era administrado por el socio de la Presidenta, Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y la Argentina.
Gracias a los allanamientos que fueron cuestionados por los funcionarios K, la Justicia pudo comprobar que Hotesur no funciona en el domicilio que registró como sede ante la IGJ, la calle Lavalle 975, piso cuarto departamento cinco. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con oficinas vacías y en alquiler.
Esa era una de las irregularidades sobre la empresa K que fueron difundidas por el programa PPT, de Jorge Lanata, y también por Clarín: Hotesur no solo no funciona donde registró su sede, sino que además adeuda la presentación de sus últimos balances; no actualizó la renovación de sus autoridades y ni siquiera pagó las tasas de los impuestos de la IGJ.
Sobre esas cuestiones declaró ayer la primera testigo del caso, Silvina Martínez.
Fue convocada en su calidad de ex directora del registro de sociedades comerciales de la IGJ; y como especialista en derecho empresarial.
Según pudo saber Clarín en base a fuentes del caso, Martínez enumeró en el juzgado de Bonadío las obligaciones que deben cumplir las sociedades comerciales con la IGJ; y también aportó información sobre el tema respecto a Hotesur.
Martínez declaró que, según su información y experiencia de una década en la IGJ, esa empresa de los Kirchner incumplía con todas las normas que suele tomar ese organismo para analizar si el funcionamiento de una sociedad comercial se desarrolla dentro del marco legal.
La testigo aseguró que Hotesur presentó ante la IGJ una declaración jurada sobre la actualización de sus datos, pero lo hizo fuera del plazo establecido por el organismo: el vencimiento de ese trámite fue noviembre del 2011, pero la firma lo registró en abril del 2012 y con una sede en la que no funciona, la de la calle Lavalle.
Martínez también le contó al juez que había podido comprobar en la web de la IGJ que Hotesur tampoco había pagado las tasas que le debía al organismo: gracias al análisis de documentación sobre ese punto, la testigo contó que la empresa de los Kirchner debía la presentación de sus últimos balances contables.
La conclusión de Martínez fue sintética y contundente: «La IGJ debería haber cancelado la sociedad por su inactividad». Este caso acaba de empezar.
Allanan Hotesur, la empresa que administra los hoteles de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. También hay operativos en la AFIP y la IGJ. Lo decidió el juez Bonadio tras una denuncia de Stolbizer, por irregularidades en la firma.
El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron allanar esta mañana la sede de la empresa, Hotesur, la firma con la que la familia presidencial maneja su hotel más grande, el Alto Calafate. (Juan José Traverso)
Acaba de iniciarse una causa judicial que investigará si una de las empresas de Cristina Kirchner funciona de modo irregular. Se trata de Hotesur, la firma con la que la familia presidencial maneja su hotel más grande, el Alto Calafate.
El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron allanar esta mañana la sede de la empresa, ubicada en Lavalle 975; y también se están realizando procedimientos similares en la Inspección General de Justicia (IGJ).
Asimismo, se requirió información a la AFIP mediante una orden de presentación a la que asistieron cinco agentes de la policía Metropolitana y testigos, según informó el organismo que conduce Ricardo Echegaray.
«En este momento, AFIP está haciendo entrega de toda la información requerida por el Juzgado Federal Nº 11 de Comodoro Py, a cargo del Dr. Bonadío, con la intervención de la Fiscalía Nº 4 a cargo del fiscal Carlos Stornelli.y la AFIP», señalaron a través de un comunicado.
“No se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual», señaló Stolbizer en su denuncia,
AFIP aclaró que «generalmente este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que la Justicia haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso«.
El programa Periodismo Para Todos (PPT) y Clarín habían informado que Hotesur no funciona en su sede registrada ante el Estado; tampoco presentó sus últimos balances; no informó sobre la renovación de sus autoridades; e incluso adeuda las tasas que deben pagar las firmas comerciales en la IGJ. Son los requisitos básicos que deben cumplir las empresas comerciales para funcionar de acuerdo a las normas gubernamentales.
Báez puso una cuenta suiza a nombre de una fundación
Por Daniel Santoro.
Saludos. Martín Báez recibe la semana pasada de parte del director de Vialidad Nacional un contrato por 200 millones de pesos para que Austral construya pavimentos./opi santa cruz
El dueño de Austral Construcciones y socio de la presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez, puso una de sus cuentas bancarias en Suiza a nombre de una fundación trucha. En esta sociedad sin fines de lucro, él figura como presidente y sus cuatro hijos Martín Antonio (33 años), Leandro Antonio (23), Luciana Sabrina (34) y Melina Soledad (22 años) como directores.
La cuenta de la fundación en un banco suizo, cuya denominación se desconoce hasta ahora, está bloqueada por la justicia suiza junto a otras dos que figuran a nombre de compañías de cartón y todas tienen en total 22 millones de dólares. El embargo judicial también incluye cajas de seguridad a nombre de los imputados y “voluminosa documentación”. Las cajas de seguridad se usan para guardar documentos sensibles o piedras preciosas.
Estos nuevos datos están contenidos en dos fallos de la justicia suiza a los que accedió Clarín en exclusiva. Estos también dicen que en la cuenta a nombre de la Fundación entraron 15 millones de dólares entre enero y febrero del 2012 “a través de pequeñas transferencias”. Generalmente, las operaciones de lavado de dinero se realizan con cuenta gotas para no levantar sospechas.
Como la causa suiza está bajo secreto de sumario, esos fallos de carácter público omiten los nombres de los imputados y solo los identifican con letras. Por ejemplo, uno de los fallos dice que el fiscal suizo ordenó la inmovilización de estos fondos “incluyendo las cajas de seguridad de (C) y sus hijos (F, H, I y J)”. Con esas letras se refiere a Báez y sus cuatro hijos.
El fallo que rechazó el pedido de los abogados de Báez de levantar el bloqueo precisa también que hay un “administrador” que podría ser la empresa de fondos fiduciarios Helvetic Services Group que maneja el enigmático cordobés Néstor Ramos.
Hasta ahora solo está imputado Martín, el hijo varón mayor, en la causa por lavado de dinero que investiga el juez federal Sebastián Casanello en Argentina. En este expediente, la diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, entregará hoy la copia de los dos fallos y pedirá una serie de pruebas.
Ocaña adelantó a Clarín que le solicitará al juez que certifique si Báez declaró estas cuentas a la AFIP y si éste organismo ya abrió, como corresponde, un sumario administrativo para averiguar si hubo, además, evasión fiscal. La legisladora porteña, junto al diputado radical Manuel Garrido, fueron los denunciantes originales de la causa abierta en Suiza.
El programa de TV de Jorge Lanata reveló el año pasado que Martín Báez abrió una cuenta a nombre de la empresa de Belice llamada Teegan donde hubo, por lo menos, un depósito de US$ 1,5 millones en Lombard Odier de Lugano.
Clarín, por su parte, reveló que hay en Suiza dos cuentas a nombre de las empresas fantasma uruguaya Debruk y de la panameña Resen Corp que son parte de la ruta del dinero K. Están en los bancos Schroder & Co Bank AG de Zurich y en el AGI Private Bank de Zurich, respectivamente, pero no se sabe quién las maneja por el secreto bancario. Una tercera la controla el financista histórico y dueño de Invernest Ernesto Clarens, está en el banco Pictet & Cie de Ginebra y a nombre de la empresa norteamericana Kerry Consultants.
El ex dueño de SGI “La Rosadita” tuvo movimientos financieros con la cuenta de Debruk desde sus cuentas en el Ocean Bank de Miami y en el JP Morgan de Nueva York.
Los fallos hablan de “tres cuentas” bloqueadas. Una es la de Teegan de Martín Báez, otra de la fundación descubierta ahora y la tercera podría ser una de las tres a nombres de Debruk, Resen o Kerry.
En medios judiciales, llamó la atención que los fallos suizos reproducen argumentos del abogado de Báez, Mauricie Harari -uno de los más costosos de Suiza- afirmando que el juez Casanello “probablemente” no hará un segundo pedido de intercambio de información sobre el caso Báez luego de que fracasara el año pasado el primero. Sin embargo, el juez insistió este año con ese pedido de cooperación judicial clave para que estos datos puedan eventualmente entrar al expediente argentino.
Llamativamente, Harari es el mismo abogado que defendió al secretario privado de Carlos Menem, Ramón Hernández, quien manejaba en el 2001 una cuenta en Suiza a nombre de la fundación Red Spark con 6 millones de dólares. En el mercado financiero negro, se usan fundaciones fantasma para pagar menos impuestos al Fisco suizo.
Cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, por consejo de su ministro de Justicia Gustavo Beliz, contrató a un abogado suizo para que pida se levante el secretario bancario sobre la cuenta de Hernández. El final fue oscuro: Kirchner echó a Beliz luego de que éste denunciara a la SIDE y la Justicia suiza cerró la causa contra el secretario de Menem. ¿Con Báez pasará lo mismo que con Ramoncito?
Los fondos buitre apoyan el pedido de Casanello a la justicia de EE.UU.
Por Silvia Pisani.
WASHINGTON.- Los llamados «fondos buitre» no esperaron para usar en su favor la decisión del juez Sebastián Casanello de dirigirse a la justicia de Estados Unidos para «pedir pruebas e información» sobre supuestas actividades financieras del empresario Lázaro Báez y de otros miembros de la pretendida «ruta del dinero K».
En una rápida reacción, lo primero que hicieron fue asegurar que un giro de esa naturaleza no sólo «avala y respalda» las investigaciones que se siguen en Nevada sobre supuesto dinero de corrupción, sino que «demuestra que son necesarias» ante la «lentitud» con que operan los tribunales argentinos.
Junto con eso, la otra reacción que tuvo el fondo NML, del financista Paul Singer, fue contratar a un perito argentino para que detalle, en una nueva presentación, el largo listado de «causas dormidas» que «no sólo involucran al ex presidente Néstor Kirchner», sino -dice- «al propio Báez» y a muchos otros integrantes del entorno presidencial.
La presentación lleva la firma del estudio de abogados que representa a Singer en Nevada, así como del abogado argentino Pablo Maggio, quien reconoce haber sido «contratado como experto en asuntos de ley penal» de nuestro país para que atestigüe sobre el estado de esas causas en los tribunales argentinos.
La reacción se sube al pedido de Casanello para intentar poner freno, así, a los intentos de los abogados que defienden a Báez y al empresario kirchnerista Cristóbal López de que se ignoren las denuncias de los buitres, que califican de «fabulaciones e inventos» orquestados para desacreditar al gobierno argentino y obligarlo a negociar.
De acuerdo con la documentación a la que accedió LA NACION, el perito argentino contratado por Singer recuerda que, en contra de lo que sostuvieron los abogados de ambas partes, tanto Báez como López «sí tienen» numerosas «causas formales» en que se los investiga por supuesta corrupción en la Argentina.
«No se trata de causas que respondan a ningún interés político, como sugieren los imputados, sino a la obligación legal de los fiscales de denunciar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad», sostuvo Maggio. El abogado refutó la pretensión de que el grueso de las investigaciones se centraran exclusivamente en el ex presidente Kirchner y que, por tanto, con su muerte, hubiesen quedado extinguidas. «Lejos de eso, están todavía en trámite y en ellas se incluye a los señores Báez y López», agregó.
Enumera luego un largo listado de causas y recuerda que, entre otras, son investigados por asociación ilícita, fraude contra la administración pública, lavado de dinero, transferencia de fondos en forma irregular hacia el exterior y evasión tributaria, según los casos.
Lo que sí advierte el perito Maggio a los jueces norteamericanos es que, si bien hay causas abiertas en los tribunales de nuestro país, «avanzan de forma extremadamente lenta debido a la ineficiencia de los tribunales argentinos para analizar la información recibida». Quienes aquí siguen el largo litigio de los fondos buitre califican lo ocurrido como la primera reacción palpable al pedido de información cursado días atrás por el juez Casanello.
Tal como informó LA NACION, en un giro inédito, el magistrado firmó varios exhortos dirigidos a la justicia de este país en los que pide información sobre los personajes clave de la pretendida «ruta del dinero K». Nunca antes el juez había pedido información a los tribunales de Nevada, donde los buitres montaron una trinchera legal con un doble propósito: identificar eventualmente fondos públicos argentinos para intentar embargarlos y, con eso, cobrarse la acreencia que tienen en nuestro país, así como presionar al Gobierno para que negocie ese pago.
Además de Báez, Casanello está interesado también en las actividades de López y de un nutrido elenco de supuestos integrantes de esa ruta, Entre ellos, el ex dueño de la financiera SGI Federico Elaskar, del pretendido «lavador» Leonardo Fariña y del empresario Carlos Molinari.
No está claro aún cuál será la respuesta de los Estados Unidos a ese requerimiento. Por lo pronto, los holdouts no esperaron para usarla en su favor con el argumento de que la apelación de Casanello muestra que las actuaciones de Nevada «son justificadas y necesarias».
En busca de pruebas
El juez Sebastián Casanello envió la semana pasada varios exhortos para reclamar información de la llamada ruta del dinero a los Estados Unidos.
Según los fondos buitre denunciantes, el giro del magistrado «avala y respalda» las investigaciones que se siguen en Nevada.
El fondo NML, de Paul Singer, contrató a un perito argentino para que detalle el largo listado de «causas dormidas» en los tribunales nacionales contra el ex presidente Néstor Kirchner.
Denuncian penalmente a Cristina por irregularidades en sus hoteles
A LA JUSTICIA.Stolbizer quiere que se investigue a la Presidenta y a algunos de sus funcionarios por el presunto delito de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La diputada Margarita Stolbizer presentó esta mañana una denuncia penal para que la Justicia investigue la presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los hechos a los que Stolbizer se refiere surgen del cotejo de información oficial y pública, que involucran de manera directa a la Sra. Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al Ministro de Justicia Julio Alak, junto con otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La denuncia ha quedado radicada en el Juzgado Federal Nº 11 cuyo titular es el Dr. Claudio Bonadio. El Fiscal a cargo será el Dr. Carlos Stornelli.
La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. Para la diputada, existen sospechas de que es un alojamiento “fantasma” que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez.
Además, indica que dicha sociedad adeuda la presentación en la Inspección General de Justicia (IGJ) de balances desde 2011, no se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades.
“Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner”, indicó Stolbizer tras su presentación.
Hotesur adeuda presentación de balances, conformación societaria y tasas, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013. La ley impone que las sociedades deben presentar sus balances en IGJ para que los terceros puedan conocer la realidad de la empresa (Si tiene deudas, cuanto tiene de deudas, cuanto tiene de activos, que negocios hicieron durante el ejercicio, que piensan hacer el ejercicio que viene, que pagaron, etc.)
Para la diputada del GEN, Margarita Stolbizer: La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llegó hasta la cúspide misma del poder.
“La consecuencia de este incumplimiento por parte de la sociedad de la Presidenta de la Nación y la complicidad de la IGJ, resulta crucial: si la Justicia le requiriere datos sobre Hotesur, la IGJ no posee los balances y el directorio -al menos en su registro formal- sería el de 2008, adeudándose nómina de Directorio 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. La sociedad de la Presidenta no fue sancionada por la IGJ (como si ocurre con otras sociedades); ni siquiera se dio inicio a la ejecución de las tasas adeudadas”, detalló la diputada del GEN.
La amenaza oculta de Elaskar: “Tengo papeles de Máximo”
PorNicolás Wiñazki .
Investigación.El financista de Lázaro Báez y ex dueño de la financiera SGI se lo dijo dos veces al autor de esta nota.
El caso de “La Ruta del Dinero K” ya se había masificado cuando Federico Elaskar aseguró que su financiera había trabajado para el hijo de la presidenta Cristina Kirchner. “Tengo papeles de Máximo”, soltó de manera no inocente en el último encuentro de una larga serie de reuniones que mantuvo con el autor de esta nota. Fue el 16 de abril de 2013 en el departamento 3 A del cuarto piso de la torre ubicada en Juana Manso 590, Puerto Madero. Justo enfrente de ese complejo están las oficinas de SGI, la financiera de Elaskar que terminó en manos del grupo empresario de Lázaro Báez, el socio de los Kirchner.
“Me fui enfrente, no quiero ir por allá, hay guardia y me andan buscando a mi”, le explicó Elaskar a este cronista vía Whatsapp. Ya en la reunión cara a cara, volvió sobre su confesión impactante:
–Sí, tengo papeles de Máximo Kirchner, ya te dije, pero no me pidas más detalles–, afirmó el financista mientras daba vueltas nervioso por un piso semivacío, decorado de modo impersonal. También contestó la pregunta obvia del periodista:
–No puedo darte los papeles de Máximo ahora. Están guardados en una baulera lejos de acá.
Al día siguiente, el 17 de abril, Elaskar le dio una entrevista a América TV en la que cambió por completo lo que había dicho el domingo anterior en el programa “Periodismo para Todos” (PPT), de Jorge Lanata.
El 14 de abril de ese año, canal 13 pasó al aire la confesión del financista: detalló la operatoria que usó desde SGI para sacar del país de modo ilegal alrededor de 55 millones de euros que pertenecían a la familia Báez. Tres días después, ya con una causa judicial en trámite en la que estaba imputado por lavado de dinero, Elaskar intentó desmentirse a sí mismo. Era tarde. Hoy está procesado.
Federico Elaskar tiene 30 años, estudió finanzas en Estados Unidos, y tenía un sueño hasta que se vinculó con el valijero Leonardo Fariña y el mundo del poder K: “Yo iba a tener un banco”, se lamentó varias veces ante quien esto escribe, aludiendo al futuro trunco que había tenido su financiera.
Su padre, Marcelo Elaskar, había fundado las dos empresas de limpieza más grandes del país, Vademecum y Vadelux, que llegaron a tener 10 mil empleados.
A pesar de que aún es joven, Elaskar tuvo una vida agitada, en la que mezcló su pasión por los autos de alta gama, las fiestas y la economía con el submundo de la corrupción K. Solía vestirse con camisas Ralph Lauren y mocasines Louis Vuitton. Era dueño de terrenos en countries, pisos en edificios de lujo, manejó y chocó varios Porsche y BMW.
Su vida viró al drama cuando el entorno de Lázaro Báez le reclamó por un faltante de millones de euros que había manejado junto a Fariña. Perdió SGI y se fue del país amenazado. Fue por eso que habló como habló con PPT.
Después dio vuelta su versión para estar en paz con el Gobierno. Lo hizo tras de hablar con abogados vinculados a la SIDE, confirmaron investigadores judiciales.
El juez Sebastián Casanello, que instruye la causa de “La Ruta del Dinero K”, jamás se interesó en conocer qué cosas le había dicho Elaskar a los periodistas que lo frecuentaron durante el mes anterior a que diera el reportaje para PPT. Entre muchos otros dichos del financista que las autoridades desconocen está la frase con la que se empezó esta nota: “Tengo papeles sobre Máximo”.
Descubren nuevos giros en Suiza de la ruta del dinero K
Por Daniel Santoro.
Investigación.Los fondos fueron enviados en 2011 desde cuentas controladas por empresas fantasma de Uruguay y Panamá al ex dueño de “La Rosadita” cuando operaba para Lázaro Báez.
El ex dueño de SGI «La Rosadita». Federico Elaskar ayudó a Leonardo Fariña a manejar millones de dólares de Lázaro Báez.
Dos de las cinco cuentas del entorno de Lázaro Báez detectadas en Suiza y Liechtenstein son administradas por empresas fantasma de Uruguay y Panamá para ocultar a sus verdaderos dueños. Se trata de cuentas que figuran a nombre de la uruguaya Debruk y de la panameña Resen Corp. A principios de 2011, a través de esas dos cuentas se giraron y recibieron decenas de miles dólares a otra cuenta de Federico Elaskar, el ex titular de la financiera SGI “La Rosadita”.
Estas dos cuentas se suman a los asientos bancarios de Lázaro y Martín Báez y de su financista histórico y dueño de Invernest Ernesto Clarens que Clarín reveló el 26 de octubre en exclusiva. El dueño de Austral Construcciones tiene 22 millones de dólares congelados en Suiza por orden de la justicia helvética, que lo investiga por lavado de dinero.
Báez contrató al estudio jurídico del ex juez Morise Harari, uno de los más caros de ese país, para recuperar la plata y evitar que se ordene levantar el secreto bancario de sus cuentas y mandar la información a Buenos Aires al juez federal Sebastián Casanello, quien ya procesó a Elasksar y a Fariña por lavado de dinero. El magistrado argentino necesita una respuesta suiza a su pedido de cooperación para avanzar sobre Báez y su entorno.
Estos nuevos giros ahora descubiertos son por cifras que van desde 60 mil a 200 mil dólares. Las cuentas desde donde salieron completan una parte de la red de cuentas bancarias secretas de la ruta del dinero K en el exterior.
La fecha de las operaciones es clave. Se trata del momento en que Elaskar y su entonces socio y ex esposo de Karina Jelinek, Leonardo Fariña, manejaban plata del empresario K. Según dijeron Elaskar y Fariña, en los primeros seis meses de ese año sacaron 55 millones de euros del país.
“La Rosadita” fue el eje por el cual salieron esos millones de euros hacia Uruguay y Panamá. Cuando Báez descubrió “faltantes” de dinero, su entorno compró SGI.
Fuentes judiciales revelaron a Clarín en exclusiva que Debruk tiene una cuenta en el Schroder & Co Bank AG de Zurich, desde donde salieron giros a una cuenta de Elaskar en el JP Morgan de Nueva York. El nombre del dueño de Debruk se mantiene resguardado por el secreto bancario de Suiza, pero esa empresa fantasma uruguaya no es desconocida por la Argentina.
En el informe sobre lavado de dinero de la comisión bicameral que presidió Elisa Carrió en 2001 aparece Debruk como una de las cientos de firmas de cáscara creadas y administradas por el estudio uruguayo Vignoli-Laffite-Lublinerman. En Suiza, Debruk fijó domicilio en Plaza Independencia 808 departamento 1101 de Montevideo, sede de ese estudio.
El otro antecedente de Debruk es la cuenta que tenía en el Connecticut Bank of Commerce de Stanford, que había dado como domicilio el estudio de abogados Fox Moran & Camerini LLP de Nueva York. Lo raro es que ese banco quebró en 2004 y los dueños de Debruk nunca fueron a retirar un saldo de 5.717 dólares que le quedaban en su cuenta. ¿No habrán querido dar la cara y llenar todos los papeles necesarios para retirar la plata?
La otra cuenta desde la que se giró dinero a Elaskar está a nombre de Resen Corp, una empresa de cartón panameña, en el AGI Private Bank de Zurich. En el Registro Público de Comercio de ese país, este diario descubrió que Resen es una empresa creada en 2006 y administrada por el estudio Icaza Gonzalez Ruiz & Aleman del país centroamericano.
En el registro figura como presidente de Resen Alfredo Venancio Díaz López para ocultar al verdadero propietario, que es quien tiene la firma autorizada para mover la cuenta en Suiza.
Sobre esas cuestiones declaró ayer la primera testigo del caso, Silvina Martínez.
