Cristina Kirchner cerca de la cárcel

Cómo y cuándo son las únicas preguntas que pueden hacerse sobre el destino judicial de Cristina. Cómo y cuándo la Justicia golpeará las puertas de su casa. Ya no cabe preguntar si lo hará o no. Lo hará. El caso Báez terminará en ella. Si fuera cierto que el juez Sebastián Casanello quiere cerrar la causa con el juicio a Báez, el magistrado estaría desafiando el sentido común. Báez está siendo investigado por lavado de dinero. Cuando se compruebe ese delito, la Justicia deberá preguntarse qué dinero lavó. ¿Quién le dio el dinero que requería de un blanqueo? Generalmente, el dinero negro proviene del narcotráfico o de la corrupción. Descartado el tráfico de drogas en este caso, queda la corrupción. Se trata del mayor contratista de obras públicas de Santa Cruz, la provincia que Néstor y Cristina Kirchner gobernaron y gobiernan desde hace 25 años.

Lázaro Báez disiente de sus hijos, Martín y Leandro. Éstos lo espolean a declararse arrepentido y a dar información sobre las cuentas y las sociedades que existieron (¿existen?) entre él y los Kirchner. La primera respuesta de Lázaro fue que prefiere el silencio y dos años de cárcel antes que la delación. Uno de sus hijos, posiblemente Leandro, le hizo una pregunta sagaz: ¿y quién te dijo que serán dos años y no diez? En efecto, ¿quién le garantizaría que serían sólo dos años de prisión a cambio de nada? Cristina está en vilo. Una palabra de más de Báez podría anticipar dramáticamente su futuro.

En su declaración ante la Cámara Federal, Báez se mostró como un hombre envuelto por la nube negra de una depresión. Y dijo: yo no sé por qué estoy preso. Soy un empresario de la construcción que ganó licitaciones de obras públicas. ¿Qué hice mal? La exposición no deja de tener su razón formal. En tanto el juez Casanello no vaya más allá del presunto lavado de dinero, la culpa de Báez es confusa y difusa. ¿De dónde sacó el dinero que lavó? Su realidad cambia radicalmente si se colocan otros ingredientes al presunto lavado. Fue socio (o es) de quienes fueron presidentes de la Nación. Compartió propiedades con los Kirchner y les alquiló los hoteles a ellos. Recibió de los dos presidentes Kirchner la concesión de casi todas las obras públicas de Santa Cruz. No es un contratistas más.

¿Por qué tuvo dinero negro si el que recibió de las obras públicas fue dinero blanco? Los investigadores judiciales suponen que el dinero blanco de los sobreprecios debió pasar a negro para pagar sobornos y comisiones a funcionarios públicos. También es posible que haya tenido que devolver gran parte del dinero a sus auténticos dueños, la familia Kirchner. El dinero que recibió Báez, en síntesis, debió hacer un círculo interminable: pasar de blanco a negro y de negro a blanco. Por eso, la supuesta intención de Casanello de limitar su juicio a Báez refutaría cualquier noción de justicia. De hecho, el fiscal Guillermo Marijuan imputó en la causa de Báez a Cristina Kirchner y a Julio De Vido. Nada se explicaría sin Cristina y los Kirchner.

Una cosa es cuestionar a Casanello por lo que hace como juez. Otra cosa es la campaña que se abatió sobre él, que tiene la forma, el color y el perfume de las operaciones de los servicios de inteligencia, oficiales o residuales. La mejor muestra de que esa campaña existe fue la divulgación de una información imprecisa: se detectó, trascendió, que su celular estaba en Olivos cuando lo estaba el de Báez, en tiempos de Cristina Kirchner. Estaba en la zona de Olivos, pero todos entendieron que era la residencia presidencial. La madre de Casanello y su familia directa viven en Olivos. Inculpa más a Cristina Kirchner que el celular de Báez haya estado en Olivos; el empresario no tenía ahí otro lugar amigo que no fuera la casona presidencial. También las otras versiones (sobre supuestos pagos de Báez a Casanello) son típicas del espionaje, que desinforma con informaciones incomprobables.

Se supone que Mauricio Macri no tiene ningún interés concreto en apartar a Casanello de la causa. Gran parte de los servicios de inteligencia están, a su vez, fuera de control, y hay viejos espías que se quedaron sin trabajo con la caída del kirchnerismo. La estrategia de golpear sobre Casanello consistiría, según fuentes judiciales, en poner la causa de Báez en un laberinto sin fin de sorteos y recusaciones en la búsqueda de su prescripción. El problema de los que conspiran es que casi todos los sectores de la Justicia con poder son conscientes de la campaña contra Casanello, estén de acuerdo o no con sus decisiones. La mayoría de los jueces (incluida la Corte Suprema) comprendió, además, que una nueva era de impunidad provocaría la decepción social y una crítica colectiva a la Justicia como institución reguladora de la moral pública.

No es el único infortunio de Cristina. El juez Claudio Bonadio secuestró documentos importantes en su allanamiento a la empresa Indalo, la casa matriz de todas las empresas de Cristóbal López. El juez estaba buscando pruebas para la causa de la empresa Los Sauces, propiedad de los Kirchner y dueña de ocho edificios en varios lugares del país, que eran alquilados exclusivamente a López y Báez. La suerte de Cristina es esquiva. Esta causa, que también investiga el delito de lavado de dinero, está en manos del juez Bonadio, implacable con Cristina, y del fiscal Carlos Rívolo, otro magistrado que enfrentó al cristinismo en sus tiempos de gloria. Le tocó probar que Boudou se quedó con Ciccone sin pagar nada.

Mariana Zuvic, santacruceña y dirigente del partido de Elisa Carrió, denunció que Indalo, empresa de Cristóbal López, es en realidad propiedad de Cristina Kirchner. Dio una prueba de peso: después de la muerte de Néstor Kirchner, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y, por lo tanto, sobrina del ex matrimonio presidencial, fue nombrada miembro del directorio de Indalo. La información fue corroborada por otras fuentes con acceso a las empresas de López. ¿Mercado está ahí sólo para cobrar un sueldo o es la representante de confianza de accionistas importantes del conglomerado? La respuesta podría definir el destino de Cristina.

The Orphic Egg, sketched from ancient sources in Jacob Bryant, A New System, London, 1774.

Miguel Pichetto, Diego Bossio, Sergio Massa y muchos gobernadores e intendentes jóvenes dicen que ese pasado no puede ser el futuro del peronismo. Cristina insiste: quiere ser presente y futuro. Se propuso acabar cuanto antes con Macri y terminar, así, con sus desastres judiciales. Su carta en Facebook fue amarga y resentida, pero dijo cosas muy graves. Escribió que las decisiones de Macri son como el huevo de la serpiente. Así se llamó una película de Ingmar Bergman en la que describió magistralmente los inicios del nazismo en Alemania. Días antes, Guillermo Moreno había dicho que el ex dictador Videla fue mejor que Macri. Semejantes comparaciones sólo pueden salir de mentes aterrorizadas por el previsible curso del destino.

Fuente: La Nación, 12/06/16.

Cristina Kirchner viola la ley al cobrar dos pensiones presidenciales

Por Daniel Santoro.

Cuando el 13 de abril pasado Cristina Kirchner se sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados en la causa dólar futuro se le hizo las preguntas de rigor y se la consultó sobre sus condiciones de vida. Dijo que sus ingresos “son las normales. Vivo de mi pensión de ex presidenta y la de mi ex marido”. Contestó al juez Claudio Bonadio, que esos ingresos le permitían cubrir sus “necesidades básicas”. Se estima que la pensión de un ex presidente rondaría “los 130 mil pesos mensuales”.

En febrero empezó a cobrar la pensión no contributiva que cobran todos los ex presidentes. Y sus dichos ante Bonadio sobre el cobro de la pensión como viuda de Néstor Kirchner están confirmados en el expediente número 041-27-10433615-4-026-1 que se puede ver en la página web de la ANSES. El ex presidente falleció el 27 de octubre del 2010.

El trámite por el cobro de la pensión se inició en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que dirigía Carlos Zannini. El 29 de octubre de ese mes, el trámite, pasó a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (no contributivas) y el 21 de diciembre de 2010 ya estaba aprobado en tiempo récord.

La pensión de Cristina se resolvió así en menos de dos meses, mientras que una pensión para cualquier ciudadano común “demanda por lo menos 6 meses”, contó a Clarín el abogado experto en temas previsionales Julián Despoulis Netri. En Argentina existen alrededor de 1,2 millones de pensionados cuyos trámites tardaron en promedio ese tiempo.

Entonces, hasta -por lo menos- el mes pasado, Cristina cobraba la jubilación como ex presidenta y la pensión como viuda de un ex presidente.

La Ley 24.018 creó la pensión no contributiva para los ex presidentes, vicepresidentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su artículo 5 la ley dice que “la percepción de la asignación ordenada en el artículo 1 de esa ley, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal” (Ver recuadro). En febrero de este año, Cristina empezó a cobrar esa pensión no contributiva cuando ya hacía cinco años que venía cobrando la pensión de Néstor. Antes esta situación, Cristina tiene que “optar” por la pensión no contributiva o por la pensión para no incurrir en un delito, explicó el abogado Despoulis Netri. Además, según el letrado “debería devolver la plata que cobró de la ANSES por la pensión de Néstor desde febrero hasta ahora”. Por su parte, el abogado Guillermo Jáuregui -uno de los mayores expertos en temas previsionales- dijo que “es evidente que es incompatible” el cobro de las dos pensiones a la vez por parte de la ex presidenta. “El espíritu de la ley 24.018 es claro en cuanto a que no puede cobrar dos pensiones a la vez”, subrayó. En cambio, un tercer abogado que pidió mantener su nombre en el anonimato afirmó que “el artículo cuarto de esa ley le da el derecho de cobrar la pensión de un ex presidenta a su viuda”. “Entonces, Cristina tiene derecho a cobrar aunque ella haya pasado luego a cobrar esta asignación especial que otorga el ministerio de Desarrollo Social”, agregó.

De todos modos, la ex presidenta no “vive” de sus jubilaciones, como le dijo al juez Bonadio. En su última declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción en el 2015 afirmó que su fortuna alcanzaba a unos 77 millones de pesos, tasando sus bienes a valor fiscal y no de mercado. Esa declaración se refiere a su riqueza del año 2015.

En la parte referida a sus entradas de dinero, la ex presidenta aseguró que recibió más de 7 millones de pesos pesos en el 2015. En otras palabras, los grandes ingresos de Cristina provienen de los alquileres de sus bienes inmuebles y de sus plazos fijos, no de sus pensiones.

Fuente: Clarín, 07/06/16.

El Juez Bonadio confirmado en la causa del dólar futuro

Bonadio seguirá juzgando a Cristina por el dólar futuro

Por Hernán Cappiello.

La Cámara de Casación rechazó un pedido para apartar al juez; de este modo quedó vigente el procesamiento.

El juez federal Claudio Bonadio seguirá investigando a Cristina Kirchner por el caso del dólar futuro . La Cámara de Casación finalmente rechazó ayer el pedido para apartar al juez que había realizado Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Nación procesado por el magistrado.

La decisión es clave porque si la Casación hubiera apartado a Bonadio de la causa, el procesamiento de Cristina Kirchner por haber ordenado vender dólar futuro a un precio menor que el de mercado, hubiera sido declarado nulo de manera casi automática.

A pesar de que Bonadio fue confirmado mediante esta decisión, aún queda por resolver un planteo similar contra el juez efectuado por Cristina Kirchner .

Bonadio ya rechazó la recusación de la ex presidenta, pero ella apeló ante la Cámara Federal. Además, recusó a los camaristas de la Sala II del tribunal que debía intervenir. Por eso primero los jueces de la Sala I de la Cámara Federal deben resolver si dejan a sus pares de la Sala II o no. Los jueces que queden resolverán luego si Bonadio puede o no seguir con el caso, lo que lleva implícito si el procesamiento de Cristina Kirchner sobrevive o no.

El fallo de ayer que rechaza la recusación del juez Bonadio fue firmado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Llegar a esta sentencia, sencilla y de rutina para la mayoría de los tribunales no fue fácil y llevó casi tres semanas, debido a las disidencias entre Ana María Figueroa, más cercana al kirchnerismo, y sus colegas Hornos y Borinsky, más alejados del gobierno anterior.

Jueza Ana María Figueroa, cercana al kirchnerismo.

La presidenta de la Sala es la que tiene la potestad de determinar los tiempos con que son tratados los casos y la oportunidad en que son resueltos. Fue Figueroa quien entendió que no era el momento de resolver el asunto. Sus colegas estuvieron insistiéndole dos y tres veces por semana, desde mediados de mes para que los convoque y se trate el asunto.

La jueza se mantuvo firme hasta que ayer Hornos y Borinsky volvieron a la carga, pues no se rechazaba al recurso ni se lo admitía y se comenzaba a analizar el caso.

Hubo cruces fuertes entre los jueces hasta que ayer hubo sentencia, dos a uno: Hornos y Borinsky por rechazar el cuestionamiento de Biscay contra Bonadio, y Figueroa, en minoría, que se pronunció por convocar a una audiencia para estudiar el asunto.

Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky votaron por «declarar inadmisible» el recurso de Casación presentado por Biscay, mientras que Figueroa opinó en sentido contrario.

«La defensa no ha logrado demostrar fundadamente que en el caso se encuentre comprometida una cuestión de índole federal como para habilitar la intervención de este tribunal», sostuvieron los magistrados que integraron la mayoría del tribunal.

Es que los jueces de Casación resuelven cuándo está en juego un caos equiparable a sentencia definitiva o cuándo está en juego la violación de un derecho constitucional.

«El apartamiento de un magistrado del conocimiento de una causa no puede reposar en una mera sospecha de parcialidad pues las causales de recusación deben ser evaluadas con el máximo de ponderación y prudencia, desde que no puede erigirse en el medio para que varíe a gusto del recusante la radicación de la causa en desmedro de la garantía del juez natural y de la correcta administración de justicia», remarcaron.

«Los motivos esgrimidos por la parte en su presentación no alcanzan para sustentar el pedido de recusación intentado y sólo revelan una disconformidad con las decisiones adoptadas por el magistrado», sostuvieron Hornos y Borinsky.

Figueroa se diferenció al sostener que «la recusación es un instituto para atender las razones personales entre el imputado y el juez acerca de la imparcialidad del juzgador y/o el temor de parcialidad que el magistrado provoca, lo que debe analizarse en cada caso por encontrarse consagrado por la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

La jueza Ana María Figueroa no se privó de chicanear a sus colegas. Les dijo que en esta sala eran subrogantes (suplentes) y que efectivamente hay antecedentes de casos similares que fueron resueltos de este modo por la misma sala pero con otra integración, con la firma de otros magistrados.

El movimiento constante del juez en la causa

Claudio Bonadio

Juez federal

26 de febrero

Citación a Cristina

El magistrado llamó a declaración indagatoria a la ex presidenta, como sospechosa de fraude por la venta de dólar futuro

13 de abril

Declaración indagatoria

El juez recibió a Cristina, quien presentó un escrito, no aceptó preguntas y lo recusó

21 de abril

Rechazo a la recusación

Por considerarla carente del «mínimo sostén jurídico», Bonadio rechazó la recusación que planteó Cristina. La ex presidenta apeló y definirá la Cámara Federal

14 de mayo

Procesamiento y embargo

Bonadio consideró a Cristina responsable de las maniobras de venta de dólares a futuro y la embargó por $ 15 millones

27 de mayo

Confirmado en la causa

Aunque todavía debe definirse el planteo de recusación que hizo Cristina, ayer la Cámara de Casación rechazó otro pedido similar, que había hecho Pedro Biscay, uno de los procesados en la causa junto con la ex mandataria

Fuente: La Nación, 28/05/16.

La justificación de un periodista K a la corrupción

Fuente: Clarín, 26/05/16.

Cristina Kirchner y la autoría mediata

Hace más de tres años, en enero de 2013, cuando Cristina Kirchner estaba yendo por todo, escribí una nota en la que advertía que nuestros influyentes vecinos de Brasil utilizaban una tesis jurídica muy novedosa para juzgar casos de corrupción que podía causarle problemas a la entonces presidente una vez que perdiera el poder.

En aquel momento, esa tesis, creada por el alemán Claus Roxin, se utilizaba en nuestro país, pero solo para juzgar a militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Por ejemplo, había servido para condenar a reclusión perpetua al ex dictador Jorge Rafael Videla en una megacausa en Córdoba.

Ahora, la tesis de Roxin ha sido uno de los argumentos utilizados por el juez Claudio Bonadio para procesar y embargar a la ex presidenta Kirchner en la causa por la masiva venta —fraudulenta, según el magistrado— de contratos de dólar futuro a la que apeló el Banco Central en los últimos meses de 2015.

Tres años atrás, ocurría que la justicia brasileña había apelado a la “teoría del dominio del hecho” para condenar por corrupción a casi 11 años de cárcel a José Dirceu, la ex mano derecha de Luis Inácio Lula da Silva. Dirceu acaba de ser condenado ahora por otros delitos de corrupción a 23 años de cárcel. Un destino amargo para una persona muy inteligente, que es un emblema de la izquierda brasileña.

En sus buenos tiempos, “Zé” Dirceu decía de sí mismo: “Lula es el corazón, yo soy la razón”. Una frase bastante acertada.

Esa tesis de Roxin introdujo el concepto de la «autoría mediata» y la figura del «hombre (o la mujer) de atrás del escritorio«, que no estuvo presente en la escena del crimen, pero que desde su posición de poder impartió las órdenes que permitieron que se cometiera el delito; sin su decisiva intervención, ese delito no habría podido realizarse.

Es decir que ya no es necesario, según Roxin, encontrar pruebas directas, concretas, irrefutables, fuera de toda duda razonable, sobre los acusados, quienes, de acuerdo con su tesis, resultan en última instancia los principales responsables de los delitos cometidos. Y son condenados a una pena similar a la de quienes cometieron efectivamente esos crímenes, los autores materiales. No es necesario que, por ejemplo, Videla hubiera secuestrado, torturado o matado a una persona; la tesis de Roxin permitió condenarlo por su «rol decisivo en una organización delictiva».

En el caso de Cristina, Bonadio señaló que el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, autorizó las ventas de dólar futuro —que implicaron pérdidas al país por más de 70 mil millones de pesos— con el conocimiento y la aprobación —o, directamente, la orden— de la ex presidente, a quien obedecía casi a ciegas.

La tesis es similar al popular «no podía no saber» que en Italia guió los procesos judiciales por diversos casos de corrupción, conocidos como Mani pulite (Manos limpias), que descabezaron al poder político del país.

En la región, la tesis también se aplicó para la extradición y condena del ex presidente peruano Alberto Fujimori por diversos delitos.

La tesis de Roxin tiene sus detractores, que señalan que, de esta manera, el derecho penal entra en un terreno muy resbaladizo, muy sensible a los deseos e intereses del poder político de turno y a los humores de la opinión pública.

Sin embargo, sus defensores sostienen que es una manera moderna de sancionar delitos complejos, cometidos por una red de personas, con un vértice de poder muy evidente, concreto y efectivo.

En el caso argentino, era lo que sostenían los juristas y periodistas kirchneristas durante las condenas por violaciones a los derechos humanos. Se supone que no habrán cambiado de opinión solo porque esta tesis sirve ahora para condenar a Cristina en delitos de corrupción.

—Ceferino Reato, Editor ejecutivo de Fortuna, su último libro es la edición definitiva de “Disposición Final”.

Fuente: perfil.com, 20/05/16.

Autoría mediata

Es autor mediato quien causa un resultado sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución. El autor no realiza directa y personalmente el delito, se sirve de otra persona inconsciente de la trascendencia penal que tiene su acto.

El criterio que se sigue en esta figura es que se deja de imputar el hecho al que lo ejecuta materialmente para pasar a la persona de atrás. Este criterio es el del dominio del hecho, ya que quién domina la acción es el autor mediato (persona de atrás), quien domina la voluntad de quien actúa.

Quien comete el resultado lesivo realiza una conducta humana y nunca puede ser utilizado como mero objeto porque si no estaríamos hablando de una vis absoluta.

En relación con los supuestos de autoría mediata podemos distinguir dos:

• Por una parte puede suceder que el autor inmediato actúe sin antijuridicidad porque:
  • Puede ocurrir que el instrumento actúe de manera atípica.
  • Que el autor inmediato actúe sin dolo o que en él no concurran los elementos subjetivos del injusto.
  • Por último, puede concurrir alguna causa de justificación.
• Por otra parte, puede ocurrir que el instrumento sea un inimputable para la realización del hecho o que actúe por miedo insuperable o error de prohibición.

Límites de la autoría mediata

El principal límite de la autoría mediata se establece cuando el ejecutor directo no haya perdido el dominio del hecho.

En el caso de los delitos especiales podemos hablar de autoría mediata cuando el hombre de atrás es un sujeto cualificado que utiliza a otro que no lo es como instrumento.

En los delitos de propia mano nunca puede darse.

Fuente: Wikipedia, 2016. Derecho español.

La Justicia tras los K

Ricardo Echegaray era en su gobierno el poderoso jefe de la agencia impositiva. Ayer tuvo su primera cita ante el juez Sebastián Casanello, en una declaración indagatoria (por lo general, previa al procesamiento) por la investigación de la ruta del dinero K. Casanello investiga si Echegaray benefició a Lázaro Báez durante su gestión al frente de la AFIP. En otra investigación, Echegaray es investigado por haber autorizado que el empresario Cristóbal López demorara el pago de 8000 millones de pesos en impuestos a las naftas, que es una retención en nombre del Estado. También Echegaray está siendo investigado por los beneficios impositivos que le otorgó a la empresa Ciccone cuando ésta ya estaba en manos de los amigos de Boudou. Boudou no era entonces, cuando sucedieron las tropelías de los hoteles y las de Ciccone (la empresa argentina con más capacidad para fabricar billetes), lo que es ahora, un exiliado del peronismo y hasta del kirchnerismo. Era el funcionario consentido de la persona más poderosa, Cristina Kirchner.

.

La ex presidenta tiene problemas políticos, en el peronismo sobre todo, porque nadie ignora que sus cuestiones con la Justicia se agravarán irremediablemente. Su situación está, por ahora, en manos de dos jueces, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. La investigación de Casanello no ha llegado todavía a ella y se limita al supuesto lavado de dinero por parte de Báez. Podría llegar a Cristina, pero eso sucedería en una etapa posterior, si se comprobara que el dinero de Báez no se puede justificar sin la complicidad de los pagos del Estado.

Bonadio la persigue judicialmente por dos causas: la venta de dólar futuro cuando su gobierno ya no tenía futuro y el presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces. Por el primer caso ya la procesó. Los Sauces es una empresa dueña de ocho edificios en la Capital, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, que eran alquilados exclusivamente a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Los alquilaban realmente o hacían como que los alquilaban? La pregunta surge de una comprobación: esa empresa pasó de no tener actividades a que sus socios retiraran adelantos de dividendos por 20 millones de pesos en apenas dos años. En el momento de esas increíbles ganancias los socios eran Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, aunque ésta se sumó al paquete accionario sólo como heredera de las acciones de su padre. Máximo, en cambio, tenía el 10 por ciento de las acciones cuando sus padres eran los dueños del 90 por ciento restante. Por eso, el fiscal Carlos Rívolo imputó ante Bonadio a Cristina y Máximo Kirchner por cohecho (coimas) y no a Florencia.

Ercolini tiene la causa Hotesur, que es otro caso de lavado de dinero, pero esta vez en hoteles de la familia Kirchner. La investigación de Hotesur llevó al primer juez que tuvo el caso, Bonadio, a espectaculares allanamientos en El Calafate cuando Cristina era todavía presidenta. Bonadio se hizo acompañar por la Policía Metropolitana, autorizada especialmente por el entonces opositor Mauricio Macri. Cristina no se enteró de los allanamientos hasta que Bonadio aterrizó en El Calafate. La entonces presidenta, que no sabía hacia dónde iba Bonadio, ordenó que la Gendarmería impidiera a sangre y fuego el acceso a su residencia del juez y la policía. Bonadio no iba a su casa, sino a sus hoteles. La sala de la Cámara Federal cuestionada por kirchnerista (la que integran los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) apartó luego a Bonadio de la causa Hotesur.

Ercolini tiene también la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Germán Moldes, que fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, acaba de reclamar que se reabra la denuncia del fiscal muerto. «Si se supone que Nisman fue víctima de un crimen, y por eso el caso de su muerte pasó a la justicia federal, corresponde reabrir su denuncia para investigar incluso si en esa acusación hay huellas de los posibles asesinos», dijo. Moldes afirmó que él cree que Nisman fue asesinado. El caso Nisman podría estallar en los pies de Cristina Kirchner, si se reabriera la denuncia del fiscal muerto o si se comprobara que no se suicidó.

Como se ve, hay varios casos de lavado de dinero (Hotesur, Los Sauces, los bienes de Báez) y distintos jueces. Cristina Kirchner ha pedido que las causas de Hotesur y Los Sauces se concentren en las manos del juez Ercolini. Para ella, cualquier otro juez es mejor que Bonadio. Sin embargo, la mayoría de los jueces federales sostiene dos ideas. Una: todas las causas por lavado terminarán unificándose en una sola. La otra: es mejor que sea más tarde que más temprano. La posibilidad de crear una megacausa por lavado de dinero conlleva el riesgo de que el trabajo sea de un tamaño desmesurado para un solo juez. La idea que prevalece es que cada juez vaya avanzando con su investigación y la termine. Al final, con todas las investigaciones concluidas, todas las causas deberán unificarse.

Ese criterio quedó expuesto por la sala descalificada de la Cámara Federal cuando ordenó que la causa Hotesur saliera del juzgado de Daniel Rafecas y fuera al de Ercolini porque éste tiene una vieja causa por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, presentada por Elisa Carrió. Los dos jueces cuestionados, Ballestero y Freiler, votaron para la unificación de causas. El voto disidente fue el de Eduardo Farah, juez titular de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, que la integran también Martín Irurzún y Horacio Cattani. Farah es juez subrogante en la otra sala, la que no tiene prestigio ni respeto. Farah expresó con su voto la opinión mayoritaria de la Justicia, que promueve que cada juez haga su investigación por ahora, contra la opinión de los que le hicieron más favores al kirchnerismo, que proponen la unificación de las causas para que todo naufrague en un océano de papeles.

Ver: El camarista Eduardo Freiler compró una millonaria mansión

A pesar de lo que parece, la situación de Boudou podría estar más comprometida (o, tal vez, más concluida) que la de Cristina Kirchner. La acumulación de causas es un hecho evidente. Salvo en los casos de los recibos truchos de hoteles, en todas las otras causas (Ciccone, el contrato con el gobierno de Formosa, la adulteración de compra de autos) actuó la misma banda de amigos. La suerte parece estar echada para Boudou y su situación terminará de resolverla el juez Ariel Lijo, que lo procesó por el caso Ciccone cuando Cristina amenazaba con destruir al juez que se animara a procesar a su vice. Lijo cuenta ahora con la confianza de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, ha sido un consejero oportuno de Casanello cuando éste decidió detener a Báez y allanar sus propiedades, y tiene el respaldo de la Corte Suprema.

Las grandes causas de Boudou se complementaron con las causas por pequeñeces, que, sin embargo, no son pequeñas por el enorme peso de su simbología. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ex vicepresidente por las facturas falsas del hotel de París. La denuncia cayó en el juzgado de Bonadio. Boudou no tiene suerte. Cristina está tratando también de soltarse de las manos de Bonadio. Ya no puede protegerlo. El destino de Boudou se encoge dramáticamente.

Fuente: La Nación, 18/05/16.

Cristina y la causa del dólar futuro

La letra chica del fallo contra Cristina

Por Carlos Pagni.

Fue el debut de la abogada exitosa. Y el sueño de Claudio Bonadio: logró ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner. Mejor dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su pronunciamiento.

Bonadio dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación, mediante generosísimos contratos de futuros. Es el más técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta. Y el de mayor significación política. Por su contenido y por sus consecuencias.

Bonadio calculó que el kirchnerismo dilapidó $ 77.325.739.330 para mantener barato el dólar. O, dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor. El juez interpretó que el titular del Central Alejandro Vanoli y el resto del directorio defraudaron al Estado. Si bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar los recursos que se les habían confiado. Y explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.

Bonadio procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron. Pero también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof. No es un detalle. El cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones. Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad monetaria y cambiaria. Desde la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.

El fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso: cualquier líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.

Los voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el impeachment contra Dilma Rousseff. Les parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama. El desasosiego nubla la inteligencia. Porque lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que ocurrió en Brasilia. Rousseff fue removida por un juicio político. No penal.

Quienes votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares. En concreto: haber usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado. Los defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados, como en Brasil, por el Congreso. No por un juez penal. No se les ocurrió.

Más allá de su consistencia jurídica, el fallo del viernes es relevante para el juego del poder. Hay una curiosa simetría: el principal promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a Kicillof. Se abre también una incógnita. ¿Qué efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central? Entre los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner: Pedro Biscay, Germán Feldman y Juan Cuattromo. ¿Pedirá el kirchnerismo su remoción? Fue lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que, al final, salió absuelto. Hay una diferencia: a los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como directores. Nadie querrá abrir este debate. Podría arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el «megacanje».

Aunque siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su propia base electoral. La consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a Macri. En enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del 68%. Al mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa. ¿Adónde van los desencantados? Misterio.

El procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad. La señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales, como Lázaro Báez o Cristóbal López. La escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central. La juventud maravillosa del siglo XXI.

Varios directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a Bonadio. Para el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py. Es una percepción comprensible en gente mal acostumbrada: en octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral. El fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado. Pero que aquella vez no apeló. Dos días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.

Bonadio espera a la señora de Kirchner en otro expediente: el de la sociedad Los Sauces. Ella también prefiere otro juez. Hernán Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur, de la que había sido desplazado Bonadio. Rafecas tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la insistencia del fiscal Carlos Stornelli. En ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres correspondió al pago de sobornos.

Para aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con los sobreprecios de licitaciones amañadas. Pero Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño: el dinero sería blanco.

En tribunales adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo. Esa interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante. Dos personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron él, Cristina Kirchner, «Wado» de Pedro, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y Casanello. En una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín. Habrían sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015. Uno de los visitantes de Báez comentó: «Lázaro dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez, el juez pidió un cortado en jarrito». Quizá Macri averigüe entre sus mozos. Casanello lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp. LA NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión. Pero no obtuvo respuesta.

Según las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el sobreseimiento de Báez. Pero la difusión de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría impedido. La aparición de esas imágenes desata controversias. ¿Las lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso? ¿Negoció Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side? Elaskar y Stiuso tienen un amigo en común: Carlos Molinari, el ex candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la gestión de Eduardo Duhalde.

No son los únicos enigmas que administra Casanello. El abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde fue capturado una carta dirigida a una tal «Querida», en la que, insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena. El texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría. Chueco negó lo que había escrito. Y se quejó de que le revisaran la correspondencia.

Ironías de la historia: tal vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini. Cinosi es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez Ariel Lijo. Cinosi llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de dinero para jueces federales. Cuánto que aprender…

Algunos funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto, hace diez días. El juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de indicios contra Cristina Kirchner. Los diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez. Curioso suicidio el de Héctor Recalde y sus compañeros: admiten que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.

Esa falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a Calcaterra es Julio De Vido, que repartía los negocios. Como Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner. Bonadio lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once. En un primer momento, después de una gestión de Alfredo «Freddy» Lijo, lo había protegido. «Freddy» es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos. «Freddy», su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del procesamiento prefirió estar en Miami.

Este Lijo es el esposo de María Carla Lago, la socia de Freiler en una financiera. Freiler fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento. El denunciante, Ricardo Monner Sans, pidió que se anule la absolución. Alegó que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler. Y que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es profesor en la cátedra del acusado. El reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara Federal para sorteo. El de Freiler es un caso incómodo. Ningún juez quiere condenar a un superior.

Fuente: La Nación, 16/06/16.

Lázaro levántate y garpa

.

La destrucción del INDEC en la era K

«Kirchner quiere tu cabeza»

gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.

Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.

Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.

La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.

Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.

La metodología de la intervención oficial

Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.

►

►

Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.

Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.

Acceso al dictamen de Stornelli

Manuel Garrido

Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional 

Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.

La intervención del Indec, camino a la elección de CFK

A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.

Graciela Bevacqua

Ex Directora del IPC 

La lucha de los trabajadores contra la mentira

La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.

Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.

Marcela Almeida

Ex coordinadora del IPC Nacional 

Alejandro Baranek

Desplazado del Indec 

Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.

Las protestas por la intervención del Indec se multiplicaron durante el kirchnerismo

La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.

Marcela Almeida

Ex coordinadora del IPC Nacional 

La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.

La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”

►

La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.

Patricia Bullrich

Diputada nacional 

Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.

Jorge Todesca

Economista y director de la consultora Finsoport 

La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina

La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.

Cynthia Pok

Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec 

Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.

Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.

Nicolás Salvatore

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Cynthia Pok

Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec 

La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas

La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.

Lucas Llach

Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) 

En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.

Nicolás Salvatore

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.

El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.

La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.

El Indec, en la actualidad

En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.

2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas

Víctor Becker

Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec 

Fuente: La Nación, 2016.

.

Cristina Kirchner procesada por el latrocinio del dólar futuro

Cristina Kirchner fue procesada en la causa dólar futuro

Para el juez Bonadio, laws operaciones implicaron un fraude a las arcas pública; también están procesados Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.

Un mes después de haberla indagado, el juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro.

Según Bonadio, las operaciones que llevó adelante el Banco Central no hubieran podido concretarse sin una decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo de Cristina Kirchner.

De acuerdo al juez, las operaciones implicaron un fraude a las arcas públicas porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Junto con la ex presidenta fue procesado también el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Desde la defensa esgrimieron que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente y que el perjuicio económico lo provocó la gestión de Mauricio Macri al devaluar. Además, cuestionaron a Bonadio. Lo acusaron de parcial y lo recusaron, pero la Cámara Federal lo confirmó en la causa.

Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril. Su presencia como imputada funcionó como su relanzamiento político, con un multitudinario acto en las puertas de Comodoro Py.

Fuente: lanacion.com.ar, 13/05/16

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones:

Fuente: perfil.com, 13/05/16.

« Página anterior — Página siguiente »