Lázaro Báez, favorecido con obras por su tío político
Por Lucia Salinas.
NEGOCIOS EN LA DÉCADA K. Es el intendente de Río Gallegos.
Lázaro Báez y el intendente Raúl Cantín, tío de la esposa del empresarios. (Opi Santa Cruz).
Todo queda en familia. El intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, tío político de Lázaro Báez, le otorgó dos obras a Austral Construcciones S.A., propiedad del empresario investigado por lavado de dinero. Según denuncian en la oposición, se omitieron los procesos licitatorios. Y más: las obras no finalizaron pese a ser cobradas.
Mientras la principal constructora de Báez acumula unos 50 cheques sin fondo por $3.081.563, para aliviar las cuentas el intendente de la capital santacruceña (tío de la esposa de Báez) le otorgó dos obras por contratación directa. Así consta en los expedientes 2726/14 y 2727/14, donde señalan que se trata de un “procedimiento de excepción” al no poder “cumplirse con los plazos previstos”.
El instrumento legal del municipio de Río Gallegos, además, justifica la entrega de las obras de señalización a Austral, diciendo que “es la única que asegura su pronta realización, considerando la especificidad y técnica que el trabajo requiere”. Las dos obras eran para la señalización horizontal de avenidas.
El beneficio otorgado a Austral fue sustentado por el municipio planteando que si bien se contaba con elementos demarcadores “los mismos no fueron recepcionados en el tiempo perentorio que requería llevar a cabo esta obra”.
La contratación para las dos obras se oficializó a través de las facturas N° 1638 del 09 de mayo de 2014 por $159.205,25 y la N° 1760 de igual fecha por $143.294,25, de acuerdo con la información revelada por Opi Santa Cruz. Ambas facturan llevan la firma de Luciana Báez, hija mayor de Lázaro, que cuenta con firma autorizada al igual que Martín Báez. El mayor de los hijos varones del empresario K, también investigado por lavado de dinero, está al frente a la constructora Kank y Costilla, que fue beneficiada con una una obra municipal -que sí fue licitada- para pavimentar 100 cuadras por $216.489.537. Este valor fue denunciado por la UCR considerando que era “una valor inflado cuando la cuadra de pavimento está $700.000”, explicó el presidente de la banca radical Pablo Fadul.
La adjudicación directa de Cantín a su sobrino político se suma a una serie de “irregularidades que venimos denunciado”, explicó el concejal Fadul. En 2014, la administración y manejo de la obra pública del intendente K terminó ante el Tribunal de Cuentas de la provincia por supuesta «malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal manejo de la obra pública».
El informe arrojó meses después la existencia de 26 cuentas bancarias en el Banco Nación, que “no cuentan con la apertura de los registros bancarios correspondientes”. La auditoría lo detectó en el arqueo de fondos y valores del Municipio. Se tratan de cuentas creadas parta percibir fondos de obras financias por el Gobierno nacional. “El dinero no está y las obras tampoco están, algunas con un incipiente inicio”, indicó a este medio el concejal de la UCR.
No es la primera vez que la familia Cantín y Báez comparten negocios. Andrea Cantín, hija del intendente, es socia de la esposa del “zar de la construcción”, Mónica Calismonte, en una empresa de turismo llamada “Escalatur S.A”. Fue también empleada de Gotti y Austral Construcciones. Además constituyó varias empresas (Alucom Austral, Alternativa y Buena Estrela S.A.), con su ex esposo Fernando Butti , ex contador de Báez y nexo en la compra de las estancias que adquirió el empresario. Butti actualmente trabaja en el Centro Coordinador de Políticas Sanitarias que dirige Rocío García, pareja de Máximo Kirchner. Todo tiene que ver con todo.
El otro hijo del tío político de Lázaro, Fernando Cantín, constituyó con Martín Báez una fiduciaria, “Edificios Northville S.A.”, y actualmente es titular de las dos petroleras del empresario K, Epsur S.A y Misahar Argentina. Además de figurar en la nómina de empleados de Austral Construcciones, la firma a la que favoreció el Intendente con la adjudicación directa de dos obras.
Cristóbal López se autodenunció para sacarle la causa Hotesur al juez Bonadio
Por Nicolás Wiñazki.
La estrategia judicial del empresario K. Presentó un pedido en una fiscalía de Bariloche para que lo investiguen. Dice que ahí está radicado uno de los hoteles K involucrado en la denuncia de lavado.
El líder del Grupo Indalo, Cristóbal López, impulsó una medida judicial para beneficiar a los Kirchner en la causa que investiga si los hoteles de la familia presidencial se usaron para lavar dinero: el empresario, involucrado en ese expediente, presentó un recurso pidiendo que el caso pase a tramitarse en un juzgado federal de Bariloche. Hoy, la causa Hotesur está bajo mando del juez Claudio Bonadio, un magistrado que la Casa Rosada considera inmanejable.
Hace pocos días, Cristóbal se autodenunció en una fiscalía de Bariloche: el llamado “zar del juego” solicitó ser investigado en la trama Hotesur pero en un juzgado federal de esa ciudad patagónica que subroga Walter López Da Silva.
Entre otros argumentos, los abogados del empresario afirmaron que es en ese distrito patagónico donde está ubicado el hotel de López llamado “El Retorno”, investigado por Bonadio debido a que la compañía mantuvo vínculos financieros con uno de los hoteles de los Kirchner, el “Alto Calafate”.
Si el plan jurídico de López progresa, la pesquisa sobre las finanzas de los hoteles K se retrasaría hasta que diferentes tribunales definan cuál es el juez que debe avanzar en la investigación.
En una coincidencia que no parece ser producto del azar, Cristóbal siguió así la misma estrategia defensiva que plantearon ante la Justicia otros socios y allegados a los Kirchner involucrados en el expediente Hotesur, como Lázaro Báez, ex administrador de los hoteles de la familia presidencial.
En abril, Báez se presentó en el juzgado de Bonadio para pedirle al juez que le conteste a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia si la causa Hotesur no debía en realidad investigarse en esos tribunales. Según el investigado, esto corresponde, entre otras cosas, porque todos los involucrados en el caso tienen domicilio en el sur patagónico.
La autodenuncia que hizo Cristóbal López es el calco de una acción que ya había realizado Báez pero en Santa Cruz. El constructor de obra pública K también se había autodenunciado en el sur buscando que sean los jueces de esa provincia los que investiguen el posible lavado de dinero en los hoteles de la familia presidencial.
Las pesquisas judiciales sobre el hotel “El Retorno”, de Cristóbal López, se iniciaron después de que Clarín publicó los lazos económicos que existían entre esa empresa y “Alto Calafate”, de los Kirchner.
Por ejemplo: como mínimo desde el 2013 hasta fines del año pasado “El Retorno” fue administrado por la misma sociedad que administra tres de los hoteles propiedad de los Kirchner.
Esa empresa se llama Idea Sociedad Anónima y su presidente es Osvaldo Sanfelice: además de ser socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria, es empleado de Cristóbal López en una de sus varias compañías.
El fiscal Jorge Bague Creta, de Bariloche, imputó a López después de que éste se autodenunció. En un escrito que elevó al juez federal de esa ciudad, Walter López Da Silva, el fiscal explicó, entre otras cosas, que debía analizarse si Cristóbal López “pactó fraudulentamente” con Idea SA para “derivar o recibir fondos del Alto Calafate”. Para eso, según él fiscal, debe determinarse “la competencia en base” a la comisión de los probables delitos a investigar.
CFK y bolsa de dinero
El caso Hotesur empezó a investigarse después de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN). El programa PPT, de canal 13 difundió a fines del año pasado que la sociedad Hotesur, con la que los Kirchner controlan las acciones del “Alto Calafate”, había registrado ante el Estado domicilios truchos, y que adeudaba además la presentación de balances.
Desde entonces, la familia Kirchner desacreditó públicamente la denuncia, intentó enjuiciar a Bonadio en el Consejo de la Magistratura, y una sobrina de la Presidenta lo recusó, sin éxito. Ahora dos de los empresarios K más beneficiados por el Estado en la última década buscan que la causa se investigue en el sur. Fuentes del entorno de López aseguran que no tienen nada que esconder, y que el empresario no controla al juez y al fiscal de Bariloche que podrían investigarlo.
Sin límites para el nepotismo y la militancia rentada
Al crecimiento del empleo público para recompensar a militantes del kirchnerismo, se suma la tendencia a dar refugio laboral a familiares.
Entre los legados de los 12 años de gestión kirchnerista, el futuro presidente de la Nación heredará una administración pública desbordada de burócratas, entre los que se encuentra un elevado porcentaje de militantes rentados. Pero, por si esto fuese poco, el kirchnerismo no ha morigerado, sino que ha profundizado un vicio de la vieja política como el nepotismo.
Si como muestra basta un botón, puede citarse el ejemplo del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, quien les hizo un lugar en ese organismo a su pareja y a su hijo, cineasta, quienes fueron empleados para colaborar en el desarrollo del área de educación financiera de la entidad monetaria.
Vanoli defendió su decisión esgrimiendo que las dos personas designadas están «capacitadas» y cuentan con «antecedentes». No dijo, en cambio, que probablemente haya muchas otras personas igual o mejor preparadas que no tuvieron las mismas posibilidades que sus familiares.
El argumento del titular del BCRA es similar al que vienen utilizando otros funcionarios para justificar las prácticas nepotistas y que olvidan que las dependencias del Estado nacional y de los organismos oficiales descentralizados deben manejarse con criterios de transparencia mayores incluso a los de cualquier empresa privada.
El artículo 16 de la Constitución Nacional expresa que la Argentina «no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento» y que «todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad».
Pero la tentación de nuestra clase política por olvidarse de la idoneidad y llenar de militantes, parientes y amigos la función pública no ha cedido en estos últimos años, ni en el orden nacional ni en las esferas provinciales y municipales.
Tanto es así que cuando Néstor Kirchner arribó a la Casa Rosada, en 2003, había 266.165 empleados permanentes y transitorios en la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Al promediar 2014, ese número de agentes públicos era de 377.225, según datos del Indec, y para cuando concluya el mandato de Cristina Fernández de Kirchner podría tranquilamente estirarse hasta cerca de 400.000, según cálculos privados. De este modo, al cabo de 12 años de gestión nacional del kirchnerismo, la cantidad de empleados del Estado podría sufrir un aumento cercano al 50 por ciento. Y, curiosamente, el mayor incremento se habrá producido durante los dos últimos años.
El copamiento del aparato estatal es una de las formas que ha hallado el grupo gobernante para perpetuar a una militancia rentada, en la cual se destacan los adherentes a La Cámpora y otras agrupaciones partidarias, que han colonizado diversas reparticiones públicas, entre las que pueden mencionarse la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia, el Ministerio de Cultura y empresas con participación estatal mayoritaria, como Aerolíneas Argentinas.
La retirada del poder del cristinismo también ha sido cubierta con las designaciones de fiscales y jueces alineados con el kirchnerismo.
Claro que el uso político del Estado y sus derivaciones nepotistas distan de ser exclusivas del sector público nacional. El crecimiento del empleo estatal se ha verificado también en las provincias, a tal punto que, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se remontan a 2012, el número de agentes del sector público en todo el país equivalía al 21,6% de toda la población ocupada. Se trata de un porcentaje que sólo es superado por cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia. La gran diferencia es que en estas cinco naciones, el Estado cumple un papel activo y eficiente en cuestiones primordiales como la salud, la educación y la seguridad, donde la Argentina ofrece severas falencias.
Otro dato del elefantiásico crecimiento del sector público es el hecho de que, desde 2007 -año en que asumió el gobierno Cristina Kirchner- hasta la actualidad, el crecimiento del total del personal registrado en el sector público prácticamente triplicó al que se produjo en el sector privado.
El avance del populismo y el nepotismo, que en los últimos años ha encontrado sus peores expresiones en provincias como Santiago del Estero y Tucumán, de la mano de caudillos feudales como Gerardo Zamora y José Alperovich, es lamentablemente una realidad en el orden nacional y un lastre que sólo podrá superarse con una profunda renovación en la dirigencia y en la forma de hacer política. Una forma que deje atrás la irracionalidad, la demagogia y la desmesura y que, de una vez por todas, nos convierta en un país serio.
El Gobierno ha decidido tomar por asalto la Corte Suprema de Justicia. En estos casos, siempre es mejor decir las cosas como son que recurrir a parábolas elegantes. La guerra está planteada en términos muy duros de los que acaso no haya retorno, que incluyen tres pasos fundamentales que el kirchnerismo ya adoptó: admitió que estudia aumentar el número de jueces de la Corte a nueve, a doce, o a los que hagan falta, da igual; nombró como titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados a Anabel Fernández Sagasti, discípula de Máximo Kirchner y miembro de La Cámpora y, por último pero sólo por ahora, encaró una lucha frontal en contra del juez Carlos Fayt, de 97 años, una figura señera del derecho y el último de los jueces de la Corte que en 1983 nombró Raúl Alfonsín.
Hasta no hace mucho, Fayt y la Corte eran motivo de orgullo y satisfacción para el Gobierno. Su constitución fue un logro de Néstor Kirchner que puso fin a la Corte de la mayoría automática que había servido, sin pudores, a Carlos Menem. Pero ahora, el Tribunal y su decano, el juez Fayt, han tornado, por antojo y capricho de la Presidente, poco menos que en indeseables.
Uno de los caminos para crear una nueva vacante en la Corte será el juicio político a Fayt, (es el principal candidato, pero no el único) tarea que tendrá a su cargo Fernández Sagasti porque para eso fue nombrada. Echar a un juez de la Corte por juicio político es muy difícil. Sólo tres motivos pueden justificar una medida tan grave: mal desempeño de sus funciones, delito en el ejercicio de su cargo o crímenes comunes. Fayt no da el physique du rol en ningún caso. Por eso los pregoneros del Gobierno han elaborado una campaña que consiste en poner en duda la idoneidad del juez, dada su alta edad y su capacidad para desempeñar el cargo. Han pedido un certificado de lucidez y otro de capacidad, lo que condena a Fayt a ser protagonista de un drama “ibseniano”: un hombre honesto que se transforma en un molesto enemigo del pueblo para el poder absolutista y arbitrario. Lejos de Ibsen, el juez, que tiene el cuero duro, aseguró que está espléndido, en plenitud, y prometió resistir.
Hace sesenta y ocho años, Juan Domingo Perón hizo lo mismo. Cumplido el primer año de su mandato, creyó muy oportuno ejercer el poder absoluto, encargó al diputado Rodolfo Decker, jefe del bloque, que iniciara el juicio político a la Corte y en poco tiempo se deshizo de los cinco jueces. Lo gracioso es que, la excusa para enjuiciar a la Corte fue su adhesión al gobierno que surgió del golpe del 4 de junio de 1943, golpe al que había adherido Perón y que fue el punto de partida de su vida política.
Menem hizo lo mismo en 1990, cuando también creyó necesario ejercer el poder absoluto para llevar adelante su plan de Gobierno, y amplió de cinco a nueve el número de jueces por una ley votada el 16 de abril a mano alzada por el Congreso.
El peronismo debería explicar y explicarse su ambición de eternizarse en el poder y de ejercerlo de modo absolutista con el argumento de que sólo el tiempo y la ausencia de garantías constitucionales o de organismos de control, le permite llevar adelante su plan de gobierno, cualquiera que sea. Así es como el sistema democrático argentino pervive en el desequilibrio entre presidentes que se van antes de tiempo y presidentes que se quedan más de lo debido. Con gente así, poco se puede hacer. Los largos gobiernos, no importa su ideología, han dejado poco a cada uno de sus países: Stalin en la URSS, Franco en España, Castro en Cuba, el último de Gaulle de la V República francesa, por mencionar sólo algunos. La excepción es Franklin D. Roosevelt, que gobernó doce años, desarrolló la economía de Estados Unidos, lo salvó de una crisis y lo enfrentó en una guerra victoriosa contra el totalitarismo nazi. Sólo que en Estados Unidos se aterraron y, pese a lo exitoso del gobierno de Roosevelt, a su muerte limitaron el ejercicio de la Presidencia a sólo dos períodos de cuatro años.
¿Qué lleva a la Presidente a pretender arrasar con la Corte y nombrar a jueces amigos a sólo siete meses de dejar la Casa Rosada en manos de un nuevo gobernante? No puede ser un deseo inconfesado de buscar protección judicial a futuro, porque el énfasis con el que se ha afirmado su honestidad y la de su familia, despeja toda duda pese a las investigaciones judiciales en marcha.
¿Será parte de la guerra desatada contra la Corte, en especial contra su titular Ricardo Lorenzetti, cuya primera batalla expresó la Presidente el 1° de marzo, durante su mensaje de apertura de sesiones del Congreso, en medio de la exaltación desconcertada provocada por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman?
La Presidente dijo entonces que había un partido judicial y que los jueces se proponían gobernar, más que administrar justicia. Al día siguiente el titular de la Corte le contestó que los jueces están para imponer límites al poder, realidad que a la Presidente no le hace mucha gracia. El último acto de la batalla estalló el martes cuando, luego de que Lorenzetti presentara su renuncia como titular del Tribunal, sus pares lo ratificaron. En clara crítica al juez, al que el Gobierno presiona desde diferentes frentes y con distintas estrategias, la Presidente dijo: “El único control es el del pueblo”, sin notar que la Corte se ocupa en realidad del control de constitucionalidad de los actos de gobierno y de las leyes. Nadie va a pedir un control de lucidez o idoneidad de la Presidente por su gazapo de primero superior, fruto seguro de la emoción con la que dejó inaugurados en la Rosada los cuadros de Kirchner y de Hugo Chávez, pero ese clima de guerra entre el Gobierno y la Corte no augura nada bueno para los agitados meses por venir.
La toma por asalto de la Corte tiene, todavía, futuro incierto. Una cosa es segura: el próximo gobierno, aún cuando comparta algunos postulados del kirchnerismo, deberá dar no sólo la batalla económica que le planteará la crisis económica que todos avizoran pero pocos anuncian, sino que deberá ingeniárselas para que la sociedad recupere su fe en las instituciones, desde el Congreso hasta el INDEC, que fueron lastimadas por el kirchnerismo. Por lo demás, los embates contra la Corte pueden provocar temor, incerteza, indignación, recelo, desconfianza, escepticismo, aprensión. Lo único que no pueden provocar, es sorpresa.
El orden del día ya está organizado. Si no aparece alguna resistencia inesperada, hoy el Banco Central aprobará la venta del banco Finansur, de la familia Sánchez Córdova, a Cristóbal López. Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.
Para consumar estas apropiaciones, el oficialismo demuestra una urgencia casi tan llamativa como la que exhibe para colonizar los tribunales y controlar la Corte. Son procesos complementarios. La vertiginosa acumulación patrimonial que se verificó durante los últimos doce años debe contar con seguro de impunidad.
López ingresó a Finansur en 2012, cuando adquirió el 70% de las acciones, a pesar de que una norma del Banco Central, que data de los años 80, prohíbe vender sin autorización más del 20% de una entidad financiera. Además de Jorge Sánchez Córdova y su familia, también se deshicieron de sus acciones Marcelo Figueiras y Jorge Demaría. Figueiras es el dueño de laboratorios Richmond, que, como López, tiene vinculaciones estrechísimas con el kirchnerismo, en especial con Amado Boudou.
Si hoy se aprueba el cambio de dueños, el socio mayoritario de Finansur sería López, a través de Indalo SA. Sánchez Córdova conservaría el 26% de las acciones y es posible que siga administrando el banco; Demaría quedaría con 4%. No habría que descartar que los socios minoritarios cedan el resto de sus tenencias a López.
La aprobación de esta venta estuvo demorada por varias razones. La más importante es que algunos directores del Central se han resistido a entregar un banco a un empresario de casinos. Tienen razón. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que no se autorice a ejercer la actividad bancaria a quienes administran juegos de azar. Esa advertencia fue más explícita en el caso de la Argentina: el negocio de las apuestas es el primero al que el GAFI pretende excluir, por tratarse de una actividad de riesgo para el blanqueo de activos procedentes del terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.
Un hecho providencial despejó esa renuencia a desobedecer el consejo del GAFI. El miércoles de la semana pasada, Axel Kicillof promovió como directores del Central a tres de sus discípulos: Mariano Beltrami, Alejandro Formento y Bárbara Domatto Conti. Así, el ministro logró dominar la mayoría del directorio. Esos tres jóvenes, que todavía no obtuvieron el acuerdo del Senado, estrenarían el cargo entregando el banco a López. Un homenaje ideológico a su gurú: ahora que tiene su propia fuente de crédito, Cristóbal podrá dejar de financiarse con la AFIP, como ha venido haciendo. Con Kicillof el Estado siempre gana.
No debería sorprender que en el Central sean distraídos con las recomendaciones regulatorias. El encargado de esos detalles es Hugo Carlos Álvarez, a quien Martín Redrado nombró síndico. Álvarez es el contador de Osvaldo Sanfelice, quien fue socio de Cristóbal López en Talares de Posadas, y también su empleado en Álcalis de la Patagonia. Sanfelice es un nudo central en el entramado de negocios de la familia Kirchner. Socio de Máximo en la célebre inmobiliaria de Río Gallegos, fue también director de Hotesur y ocupó durante años una oficina en la petrolera de Cristóbal, Oil M&S. Allí lo había destacado Néstor Kirchner para asegurarse de que López y su mano derecha, Fabián De Souza, no le retacearan información.
Es comprensible que, para el escalafón kirchnerista, quien lleva la contabilidad de un jerarca como Sanfelice merezca la sindicatura del Central. Por si le faltaban antecedentes, Álvarez es socio de Víctor Manzanares, el contador de Néstor y Cristina Kirchner, en cuyo peritaje se basó el juez Norberto Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilícito. Hay que entender estas designaciones: son una nueva forma de declarar que la pretendida independencia del Central respecto del Poder Ejecutivo -o, en este caso, de la familia de su titular- es una rémora del neoliberalismo.
La demora en la aprobación del cambio de manos de Finansur no se debe sólo a la tímida resistencia de algunos directores. Fue el propio López quien pidió que se pusiera en pausa el trámite cuando su incursión empresarial en los Estados Unidos presentó algunos percances. El rey de las tragamonedas, Federico Achával y Ricardo Benedicto se asociaron en Florida a Dania Entertainment Center (DEC) para administrar la sala de juegos Dania Casino & Jai Alai. Al frente de DEC figuraban Harris Friedman, Louis Birdman, Bart Seidler y Eval Levy, quienes pertenecen a una red de testaferros profesionales investigados por la justicia y el periodismo.
Apenas comenzó a explotar ese casino norteamericano, López debió cerrarlo, acusado de evasión impositiva. Y, al descubrirse la red de testaferros, tuvo que comprar su parte a Friedman y sus amigos y transferirla a otra empresa de juegos de Miami. Si estos avatares hubieran encontrado a López como accionista de un banco, se hubiera configurado un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Por eso él solicitó al Gobierno que detuviera la asignación de Finansur. Aun así, todavía queda por aclarar la denuncia de los holdouts: ¿a quién pertenece la sociedad Val de Loire, radicada en Delaware, que Achával reconoció como socia del hipódromo de Palermo?
Con la intención de evitar este tipo de preguntas, López rodeó a sus empresas de un anillo defensivo integrado por C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y Minuto Uno, entre otros medios. Ahora se prepara para adquirir, a través de la firma Telepiú, la licencia de uno de los canales de Televisión Codificada Aérea que concursa la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
También en este rubro López compite con prerrogativas inusuales: a instancias de su titular, Martín Sabbatella, pero con la negativa de los directores de la oposición, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, la Afsca asignó a López o a quien le compre esa frecuencia -por si debe deshacerse de ella para adecuarse a la ley de medios- 35 puntos de ventaja en el concurso.
López ha delegado el manejo de sus empresas periodísticas en De Souza, el mismo ejecutivo que administraba Oil M&S, bajo la mirada de «Bochi» Sanfelice. Es habitual que, cuando le plantean dificultades por esa área de negocios, Cristóbal se excuse: «No traigan problemas, porque todo esto se maneja desde Olivos.. Yo sólo atajo penales». El pretexto coincide con un dato: De Souza debe realizar visitas periódicas a la residencia presidencial para rendir cuentas de la marcha de su «monopolio».
Es muy entendible que un equipo político que armó esta arquitectura de negocios esté desvelado por el comportamiento de la Justicia cuando la Presidenta se haya alejado del poder. En los tribunales se realizan gestiones vertiginosas para cerrar expedientes inquietantes. La última demostración la ofreció el juez Luis Rodríguez, quien cerró la investigación de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, sospechoso de encubrimiento por haber pedido a Oyarbide que no allanara la financiera Propyme. Ayer en los tribunales federales se informaba que el fiscal Ramiro González era sometido a un durísimo acoso oficial para que no apele esta medida.
La expresión más elocuente de este avance kirchnerista sobre el Poder Judicial es el intento de ocupar la Corte antes de dejar la Casa Rosada. La diputada María del Carmen Bianchi formuló una solicitud insólita: que se pongan en consideración de la Comisión de Juicio Político «los rumores» sobre que el ministro Carlos Fayt no podría ejercer su cargo por razones de salud.
Para perfeccionar el método, Aníbal Fernández exigió ayer que Fayt demuestre su idoneidad hablando con el periodismo a primera hora. Es curioso: mientras proponía esa extravagancia, Fernández reprochó a su colega Sergio Massa no saber nada de leyes. El jefe de Gabinete sigue disimulando que ha cursado la carrera de Derecho. A pesar de que todas las mañanas hace lo que le pidió a Fayt.
Fernández reconoció, además, que el Gobierno pretende agrandar la Corte para negociar con la oposición una nueva integración. Hace 24 días, él mismo había dicho que «prima facie hay que descartar la ampliación» del tribunal. Pero ayer aconsejó que en poco tiempo debe estar compuesto por nueve jueces. Fue una irreverencia: quien decidió que sólo debía tener cinco miembros es Cristina Kirchner. Para ratificar sus condiciones de jurista, Fernández dijo «sentir» cuál debía ser el nuevo formato. Se ve que por la vía de ese sentimiento entró a su «secunda facie».
Lázaro Báez y sus empresas, en posición privilegiada
Por Mariela Arias.
Lázaro Báez. Foto: Archivo
RÍO GALLEGOS – Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional invirtió en Santa Cruz miles de millones en obra pública. Sobre esos fondos, el empresario hoy investigado por presunto lavado de dinero, Lázaro Báez, y sus empresas constructoras se llevaron el mayor porcentaje.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, las inversiones que beneficiaron a la provincia estuvieron enfocadas en obras viales, en especial en el asfalto, y obras sobre las rutas nacionales 40 y 3, el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y la usina termoeléctrica; equipamientos en infraestructura urbana y la extensión del sistema interconectado nacional desde Puerto Madryn, en Chubut, hacia Santa Cruz.
Los gobernadores que sucedieron a Kirchner en la provincia recibieron, además, $ 1560 millones para obras de gas natural; $ 646 millones para gastos en recursos hídricos y saneamiento; $ 443 millones para viviendas; $ 180 millones para generación eléctrica; $ 87 millones para escuelas y universidades, y $ 258 millones para la segunda etapa del puerto de Caleta Paula, según informes oficiales publicados en la página del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2013.
Las enormes extensiones de la provincia y la baja densidad poblacional -recién en el Censo de 2010 se logró superar 1 habitante por km2- explican la necesidad de obras de gran envergadura para llevar los servicios básicos. Sólo 16 municipios y cinco comisiones de fomento pueblan la provincia y se encuentran dispersos a cientos de kilómetros entre sí.
En material vial, en la última década, el asfalto de la ruta nacional 40 fue la vedette de la provincia: además de comunicar las localidades cordilleranas promete convertirse en un futuro corredor turístico. Sin embargo, la obra aún no está concluida: están pendientes más de 150 km entre Gobernador Gregores y Tres Lagos.
Según informes publicados por este diario, hubo tramos que alcanzaron 3 millones de pesos el kilómetro. En tanto, la ruta nacional 3, la columna vertebral costera que garantiza la comunicación del país desde Buenos Aires hacia el Sur, fue remozada, arreglada y asfaltada en varios de sus tramos, y se han realizado autovías de ingreso en las ciudades de Río Gallegos y la demorada autovía que unirá dos provincias, entre las ciudades de Caleta Olivia-Radatilly, que vinculará Santa Cruz con Chubut.
Sin embargo, la obra pública nunca estuvo exenta de críticas en la provincia. La Unión Cívica Radical ha presentado pedidos de informes en materia de obra pública, entre los que sobresalen el realizado por la diputada Estela Maris Bubola, que denunció que desde 2007 se gastaron más de $ 1200 millones para tapar canteras en toda la provincia. Incluso causó cismas políticos: en marzo de 2006, la negativa del ex gobernador Sergio Acevedo de pagar un adelanto financiero del 25% del costo de obra a las empresas constructoras con fondos provinciales, equivalente a 30 millones de dólares, terminó con su renuncia a la gobernación.
Desde 2008, la Nación cambió el circuito de la obra pública en Santa Cruz: los fondos se manejaron en forma directa entre los entes: la licitación, el control y la certificación de la obra los hace la provincia, pero el pago a las empresas se realiza desde los entes nacionales. Desde que en 2013 el empresario Lázaro Báez quedó en el centro de la escena por su presunta participación en una trama de lavado de dinero, la justicia federal instruye aquí una causa por presunto sobreprecio y cartelización en la obra pública a partir de los cuantiosos fondos nacionales que se derivaron hacia la cuna del kirchnerismo.
La causa se inició por una denuncia de la dirigente del ARI-CC Mariana Zuvic, pero ante la imposibilidad de constituirse en querellante no tiene acceso. Según explicaron desde el sector, la causa está por lo menos demorada. Por tratarse de delitos federales la causa alcanzará a los fondos que fueron derivados a la provincia desde la Nación destinados a la obra pública a partir de 2003.
Del análisis posterior también surgirá qué porcentaje de esos fondos quedó en manos de Báez y las empresas vinculadas con él.
(IN) JUSTICIA. Es la sexta vez que el fiscal K evita la declaración indagatoria por haber difundido datos de una causa que investigaba.
Rebelde. El titular de la fiscalía antilavado Procelac, Carlos Gonella. Procesado en otra causa, ahora el juez Bonadrio pidió su juicio político./Telam.
El fiscal especial antilavado, Carlos Gonella, no se presentó a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo investiga por supuesta violación de secretos junto a otro fiscal del fuero Penal Económico, Emilio Guerberoff.
Es la sexta vez que no se presenta ante el llamado del juez federal Claudio Bonadio.
Gonella es un funcionario de extrema confianza de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y está procesado además en la causa de la «la ruta del dinero K» por haber intentado favorecer al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
A Gonella y Guerberoff se los acusa de haber revelado datos sobre una investigación de Lavado de dinero respecto de varias personas vinculadas a una banda de narcotraficantes.
El fiscal intentó -hasta ahora sin éxito- acabar con la investigación de Bonadio. Pero la sala II de la Cámara Federal rechazó su pedido para apartar al juez, y en febrero la Sala IV de la Cámara de Casación le negó el recurso de queja con el que buscó revertir esa decisión. Gonella también reclamó la nulidad del llamado a indagatoria, pero sus pedidos no prosperaron. La de mañana es la sexta convocatoria de Bonadio para que dé explicaciones por la supuesta difusión de datos contenidos en un expediente en el que se investigan los vínculos de una organización de traficantes y en el que aparecía mencionada una jueza de instrucción, la doctora María Gabriela Lanz
Hotesur: una nueva maniobra para apartar al juez Bonadio
En la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hay una causa que investiga hechos similares, y Lázaro Báez –uno de los imputados– quiere que el proceso siga allá.
Alto Calafate. El hotel más grande de la firma Hotesur.
Por Nicolás Pizzi.
El juez Claudio Bonadio sabe que no puede respirar tranquilo. Cuando empezaba a recibir señales positivas desde la Cámara de Casación, donde todavía se libra una batalla por su recusación, se dio cuenta de que hay otra maniobra en danza para apartarlo del caso Hotesur, la investigación que tiene en vilo a la presidenta Cristina Kirchner por sus negocios hoteleros.
El primer indicio lo aportó el empresario kirchnerista Lázaro Báez. El miércoles, a través de sus abogados, se presentó ante Bonadio y le pidió que responda un oficio de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con competencia sobre el juzgado federal de Río Gallegos.
Ese tribunal había advertido, a mediados de marzo, que hay otra causa radicada en la capital santacruceña donde se investigan hechos similares. “Enviaron una certificación por una posible conexidad pero no dieron datos de la causa”, detalló anoche una fuente judicial, aunque rechazó cualquier especulación sobre el verdadero objetivo del pedido.
Casi al mismo tiempo que comenzaba a desmoronarse la recusación contra Bonadio en la Cámara de Casación, los abogados de Báez se presentaron en su juzgado y le pidieron que conteste, de manera “urgente”, aquel oficio de la Cámara de Comodoro Rivadavia, donde está pendiente un recurso presentado por esa misma defensa en el marco de una denuncia que había realizado el propio Báez.
“Esta parte tiene legítimo interés en que aquel pedido de informes recibido por V.S. sea contestado en forma urgente a fin de que este recurso de apelación quede en condiciones de ser resuelto”, dice el escrito al que accedió Clarín.
El tribunal de Comodoro Rivadavia le pidió a Bonadio que “explicite la razones por las cuales (el expediente Hotesur) se encuentra tramitando” en la ciudad de Buenos Aires. “Tal oficio aún no ha sido contestado por V.S.”, se quejó uno de los abogados de Báez, Gabriel Gandolfo. En Tribunales advirtieron que “la demora tiene que ver con el trámite de la recusación”.
Esta es la segunda presentación del empresario kirchnerista en la causa Hotesur. La primera había sido para designar a sus abogados luego de enterarse “por los medios” de las acusaciones en su contra.
Otro argumento para quitarle la causa a Bonadio sería que las personas investigadas en el caso Hotesur tienen domicilio fiscal en el Sur. De hecho, la empresa que administra el hotel Alto Calafate tiene su domicilio fiscal en avenida Néstor Carlos Kirchner 496, en Río Gallegos, donde también funciona otra de las empresas de Máximo Kirchner. Sin embargo, en Comodoro Py desestimaron ese planteo: “Lo que vale es el domicilio legal de la empresa. Además los contratos se hicieron en esta ciudad”.
Bonadio ya fue recusado por la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, quien objetó su falta de parcialidad y argumentó que el juez tomó la causa como “un elemento de presión” por “su comprometida situación ante el Consejo de la Magistratura”. Pero esa maniobra está por caerse en la Sala I de Casación, donde dos de los jueces, Luis María Cabral y Gustavo Hornos, ya tendrían resuelto votar a favor del magistrado.
Si se confirma ese escenario, el nuevo plan sería trasladar la causa a Río Gallegos, donde la Justicia es más cercana al kirchnerismo.
Báez ya planteó cuestiones de competencia en otras causas. Cuando estalló el escándalo de la “ruta del dinero K”, logró que la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, archivara una denuncia por la supuesta tenencia de armas. En cambio, fracasó al intentar llevar al Sur la investigación principal derivada del programa Periodismo Para Todos (PPT).
El kirchnerismo sigue tejiendo la red de protección judicial. El caso Nisman se diluye. Las causas por corrupción se demoran. Pero el enigma del espía prófugo Stiuso conmueve al poder.
Por Eduardo van der Kooy.
La ingeniería judicial de Cristina Fernández funciona. No todas las piezas encajan a la perfección pero parece enhebrar una red de protección envidiable para un Gobierno que se retira, que hace doce años que está en el poder y no se ha privado de cometer tropelías políticas y actos de indecencia pública.
Habría en la Presidenta habilidades para usufructuar facetas de un sistema judicial que moldeó en sus épocas de auge. Pero hallaría también cierto clima propicio para hacerlo. Existe una sociedad que oscila entre el hartazgo y cierta permisividad e indiferencia ante la esterilidad para modificar el estado de las cosas. Frente a situaciones similares –incluso de menor gravedad– se advertirían en países vecinos otras conductas sociales. Michelle Bachelet inició su segundo mandato en Chile hace un año con el 62% de los votos. Atraviesa un problema de corrupción (tráfico de influencias) en el cual están implicados su hijo y su nuera. Su hijo renunció de inmediato al cargo que tenía en el Palacio de la Moneda. La imagen de la mandataria está hoy por debajo del 25%. Dilma Rousseff arrancó su reelección en enero, al mismo tiempo que estalló el escándalo en la estatal Petrobras. Un gigantesco circuito de coimas para la financiación de la política. La investigación progresa aceleradamente en la Justicia. El tesorero del oficialista PT acaba de ser detenido. Su popularidad se desplomó al 15% y soporta recurrentes protestas callejeras. Cristina, en cambio, capea la muerte aún misteriosa del fiscal Alberto Nisman, que la pretendió investigar por presunto encubrimiento terrorista. Se enfrenta a un sector del Poder Judicial que querría indagarla en causas de corrupción. Logró sobrellevar la multitudinaria Marcha del Silencio en febrero. Ningún encuestador se atreve a afirmar que su imagen positiva esté ahora muy por debajo del 40%.
Aquella denuncia de Nisman está destinada al olvido. La apelación de Germán Moldes contra el rechazo en segunda instancia judicial, luego de un proceso calibrado, cayó en manos del fiscal general K, Javier De Luca. Difícilmente llegue a la Sala I de Casación que salió sorteada. La muerte del fiscal se convierte en tragedia de enredos donde suceden cuestiones asombrosas. Entre tantas: la fiscal Viviana Fein, a tres meses de producido el drama, ordenó una pericia en el GPS del automóvil que usaba Nisman y no figuraba a su nombre. Sorpresa: en el vehículo no se halló tal instrumental.
Otro de los eslabones de esa historia también va quedando a la deriva. La Cámara de Casación debía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del Memorádum de Entendimiento con Irán votada por la Sala I de la Cámara Federal. Dos de los tres magistrados aplazaron la decisión con excusas burocráticas. El tercero en disidencia, Juan Carlos Gemignani, los tildó de impertinentes.
La misma Casación que intervendría en la denuncia de Nisman debe definir la suerte de Claudio Bonadio. El juez sustancia una causa de corrupción –la empresa Hotesur que administra una cadena hotelera en El Calafate– que involucra a la familia presidencial. Bonadio fue recusado por la sobrina de Cristina. El kirchnerismo tiene asegurado el voto de Ana María Figueroa, ligada a Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico. No así el de Luis Cabral. Le faltaría Gustavo Hornos para apartar a aquel juez díscolo y enviar la causa al destierro. Ese funcionario judicial estuvo vinculado a Javier Fernández, el gran gestor del Gobierno en la Justicia antes de que se produjera la ruptura presidencial con sus socios de la ex SIDE. Las líneas en ese mundo nunca resultan rectas.
Fernández respondió siempre a las directivas de Jaime Stiuso, el espía que el Gobierno pretende ligar con la muerte de Nisman. Pero ahora anda suelto y hace lo que puede. Es auditor en la AGN que conduce Leandro Despouy. Votó junto a sus tres colegas K para que no se evaluara un informe sobre anomalías en el manejo de dinero de Fútbol Para Todos. Ese giro de Fernández podría ser un anticipo, tal vez, del sentido del voto de Hornos sobre Bonadio.
Stiuso sigue siendo un enigma y un desvelo para Cristina. El espía conoce como nadie los enjuagues kirchneristas de la década. No sólo por el ataque a la AMIA y el pacto con Irán. También por la circulación de dinero negro, los negociados, aprietes (a políticos, empresarios, periodistas y particulares) y hasta muertes. Semejante poder le fue concedido por Néstor Kirchner.
Stiuso fue determinante para la denuncia que hizo Nisman antes de morir. Le suministró parte de las pistas dispensadas por la CIA y el Mossad israelí. El nuevo jefe de la Inteligencia, Oscar Parrilli, lo citó a declarar el pasado 6 de abril por presuntas fallas en su investigación del atentado contra la AMIA. Jamás se presentó. El kirchnerismo empieza a estremecerse ante la posibilidad de alguna ingrata sorpresa.
Los fiscales de la unidad AMIA que reemplazan a Nisman han vuelto a citarlo para esta semana. Pero ninguna autoridad sabe a dónde enviarle la citación. El Gobierno está desconcertado. Ni siquiera lo declaró en rebeldía. Stiuso sería técnicamente un prófugo. Que incluso posee causas judiciales promovidas por el poder. Desapareció entre brumas después de declarar ante la fiscal Fein por la muerte de Nisman. ¿No puede rastrearlo la Agencia Federal de Inteligencia? ¿O es que los nuevos ojeadores designados en esa organización –varios camporistas– no son tan eficaces como los antiguos? ¿En que ocupa su tiempo el equipo de Inteligencia que responde al general César Milani? El espía circula por Estados Unidos y habría estado recorriendo el espinel de la CIA. Fuentes diplomáticas aseguran que Stiuso pensaría gestionar su condición de asilado político. Lo fundamentaría en su “temor razonable” a una persecución. Estaría ordenando sus argumentos para presentar la declaración jurada que exige la normativa estadounidense. Información no le falta.
La onda expansiva, de concretarse el objetivo, podría ser quizás letal para el Gobierno. Stiuso se desempeñó muchos años como director de Operaciones de la ex SIDE. Ese departamento posee delegados en las principales embajadas argentinas en el mundo. La desesperación indujo a Parrilli a pedirle a Héctor Timerman un relevamiento del personal en aquellas sedes diplomáticas. ¿Podría activar Stiuso, ahora o más adelante, esa maquinaria de espías en contra del Gobierno?
El interrogante derrama angustia en el poder. Hay quienes conjeturan que podría abrirse un canal de negociación con el espía huido. Se disparan también otras preguntas. ¿Responde el creciente enojo de Cristina con Estados Unidos sólo a una razón geopolítica? ¿O está alimentada –sobre todo– por estas peripecias domésticas? ¿Fueron sus inusitadas críticas a Barack Obama en la cumbre de Panamá, en medio del histórico deshielo con Cuba, acicateadas por su anacrónico antiimperialismo o por la sospecha de que en algún pliegue del poder de esa nación se cobijaría Stiuso?
El Gobierno, más allá de esa desventura, tendría una pizca de fortuna. La oposición permanece ajena a las andanzas del Gobierno y del Estado porque debe lidiar con una campaña electoral que no le resulta fácil. Más que la campaña, el armado de alguna alternativa de poder que concite la atención de una mayoría que reniega de la sucesión kirchnerista. Por ese motivo, funcionan sin repercusión muchas cocinas con mal olor en la Justicia. La semana pasada la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carlos Gonella por supuesta protección a Lázaro Báez. Gonella es un fiscal que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Está a cargo de la Procelac, la unidad que debe investigar el lavado de dinero. Nunca se ocupó del empresario patagónico pese a que el juez Sebastián Casanello tramita una causa en la que está implicado. Otra extravagancia judicial del ciclo kirchnerista: el fiscal quedó procesado por encubrir a Báez; éste fue citado a declarar sólo una vez y lo hizo por escrito. En lugar de apurar las diligencias, Casanello optó por nuevas pericias que dilatarán todo.
Tampoco la oposición está atendiendo otras maniobras K que no tendrían vínculo con la corrupción. Sí, con las elecciones cruciales que se avecinan. Ha sido integrada la terna para el Juzgado Federal 3 de La Plata. Allí filtró Ernesto Kreplak, un funcionario ligado a Julián Alvarez, el camporista secretario de Justicia. Kreplak tuvo participación en la suspensión y el fracasado enjuiciamiento al fiscal José María Campagnoli. También ordenó encapsular información sobre el escándalo Ciccone. ¿Cuál podría ser la importancia de ese deslizamiento discreto? La intención no sería anclarlo en aquel juzgado. Pasaría al electoral número 1 para reemplazar a Leonardo Durán, cuya designación fue objetada por la Cámara Federal de La Plata. Desde ese lugar poseerá competencia electoral sobre Buenos Aires. La provincia representa el 38% del padrón nacional. Allí podría definirse la elección de octubre.
Tantas previsiones indicarían varias cosas. Que Cristina pretende una despedida sin alteraciones personales ni políticas. Que desea retener una considerable cuota de poder para terciar en el turno que viene. Que aspiraría incluso a una victoria, aunque su heredero fuera irremediablemente Daniel Scioli.
Hay un rasgo constitutivo del kirchnerismo: su relación con el tiempo. Como toda variante populista, sacraliza el presente e ignora lo que está por venir. La predilección por el consumo en detrimento del ahorro, o el menosprecio por la inversión en favor del gasto, son sólo algunas manifestaciones de esa escala de valores. Hay un campo, sin embargo, en el que esta regla no se verifica: la política judicial. La prevención frente a lo que pueda ocurrir en los tribunales inspira en Cristina Kirchner una inesperada obsesión frente al mañana. Es una inquietud que desborda la función pública y se infiltra en el terreno familiar. Ella teme que Máximo, su hijo, atraviese alguna desagradable peripecia por las investigaciones sobre la desprolija economía familiar. Es imposible entender la conducta del Gobierno si se deja de lado esta preocupación: su hiperactividad institucional es un intento desesperado por modelar el futuro.
En esta batalla por la seguridad jurídica del propio clan, la Presidenta sufrió anteayer una derrota. En cinco líneas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazaron el recurso extraordinario que había planteado el ex juez Juan José Galeano para que no se reabriera una causa en la que había sido sobreseído por el ex juez Gabriel Cavallo. A Galeano se lo había acusado de pagar 400.000 dólares a Carlos Telleldín, para que modifique una declaración sobre el destino de la camioneta que se habría utilizado para la voladura de la AMIA. Galeano será juzgado de nuevo.
Con su pronunciamiento, la Corte tomó posición en un debate con consecuencias inquietantes. Convalidó la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta o írrita. Esa teoría sostiene que los procesos penales que se declararon concluidos pueden reabrirse si se demuestra que el juez no tuvo voluntad o fue impedido de investigar. En el contexto actual, la discusión abre interrogantes muy concretos. Por ejemplo, ¿la señora de Kirchner podría ser enjuiciada de nuevo por enriquecimiento ilícito? Ella, igual que su esposo, fue absuelta por Norberto Oyarbide de ese delito. Ambos habían sido acusados porque, entre 2003 y 2009, multiplicaron su patrimonio en un 572 por ciento. Sin embargo, Oyarbide cerró la causa con extraordinaria rapidez, considerando la opinión del cuerpo contable de la Corte y de un perito ofrecido por los Kirchner: su propio contador.
El juez Julián Ercolini también había sobreseído a los Kirchner por la misma falta. El fiscal, Eduardo Taiano, no apeló el pronunciamiento porque, según trascendió, habrían secuestrado a su hijo para que no lo hiciera. Hay más ejemplos: Claudio Bonadio sobreseyó a los secretarios privados de la Presidenta, que se enriquecieron más de 60 veces en sólo cinco años. Y el fiscal Guillermo Marijuan no pidió que se revise la sentencia.
Es comprensible que alguien tan acostumbrado a la clemencia como Cristina Kirchner, ante la primera pregunta incómoda, denuncie la formación de un partido judicial. Ayer, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, acusados de proteger a Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia presidencial a quien se investiga por la sospecha de lavado de dinero. Gonella y Orsi pertenecen a Justicia Legítima, la agrupación de miembros del Poder Judicial adictos al Poder Ejecutivo.
El cambio de vida de los funcionarios ha sido tan asombroso que modificó su noción de precios y valores. Sin ir más lejos, la señora de Kirchner se vanaglorió anteayer de que la tarjeta Argenta, con la que su gobierno subsidia el consumo popular, incluya a una de las peleterías más lujosas de Buenos Aires, Charles Calfún, de la que ella misma es desde hace años apreciadísima clienta. Estos desatinos estimulan a quienes pretenden que se revisen las fuentes de tanta prosperidad individual. Pero esa aspiración opaca causas más relevantes: ¿podría revertirse en el futuro la decisión del juez Daniel Rafecas, convalidada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de no investigar la denuncia por encubrimiento de los criminales de la AMIA, que formuló contra Cristina Kirchner el fiscal Alberto Nisman? Es una incógnita prematura. Hay que esperar a que se pronuncie el fiscal de Casación Javier de Luca, a quien llegará la apelación de su colega Germán Moldes. Según Moldes, la Cámara demoró el envío para que el caso le tocara a De Luca, otro militante de Justicia Legítima. Moldes, y tal vez los camaristas, presumen que De Luca es otro Gonella.
La doctrina de la cosa juzgada írrita ha sido muy debatida en los últimos meses. Una de las razones fue la publicación del libro del penalista Federico Morgenstern, Cosa juzgada fraudulenta. Morgenstern defiende la posibilidad de que se vuelva a tratar un expediente cuando se demuestra que fue cerrado al cabo de un «juicio farsesco».
La sanción del nuevo Código de Procedimientos agitó más la discusión. El kirchnerismo logró que se establezca, en el artículo 5, que sólo se puede revisar una sentencia definitiva si es a favor del condenado. Durante el tratamiento parlamentario de la reforma, Juan Martín Mena, entonces subsecretario de Política Criminal y ahora de la ex SIDE, defendió la cláusula porque «es muy peligroso que los procesos terminados puedan reabrirse». En cambio, el camarista de Casación Mariano Borinsky apuntó que la advertencia es redundante, porque el Código actual ya la garantiza. Según Borinsky, el artículo induce a una mala interpretación: que no pueda juzgarse por segunda vez un caso que fue saldado mediante un fraude. El senador Ernesto Sanz y las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso se alinearon con esta posición.
Los juristas cercanos al Gobierno creen que sólo debería aceptarse el criterio de la cosa juzgada fraudulenta en causas de derechos humanos. Morgenstern los objeta recordando que la Corte Interamericana ordenó que se vuelva a investigar el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, que perseguía a los delincuentes de la «aduana paralela». El CELS, una organización kirchnerista, abogó por reabrir la causa, basándose, entre otras razones, en un peritaje de Alejandro Rua, entusiasta defensor de funcionarios.
De cinco a nueve
El riesgo que supone la tesis habilitada por la Corte agrega urgencia a la principal gestión que Carlos Zannini lleva a cabo en estos días: la ampliación del número de miembros de la Corte, de cinco a nueve. Aníbal Fernández dijo que no se estaba considerando esa posibilidad. Hizo bien. La divulgación prematura frustraría la iniciativa.
Zannini pretende abrir la discusión después de octubre, cuando se sepa quién será el próximo presidente. Presume que el nuevo mandatario estará interesado en contar con juristas de confianza en el máximo tribunal. Por lo tanto, convalidaría una ley para cambiar la composición. El segundo paso sería pactar la designación de los nuevos magistrados. Zannini calcula que, presionando más a Carlos Fayt, se podrían poner sobre la mesa seis butacas.
El modo de repartirlas es todavía brumoso. El kirchnerismo pretende dos lugares. El peronismo federal, otros dos. Es un actor clave: Zannini negocia que ese bloque habilite los dos tercios necesarios para las designaciones. Cree que una forma de sumarlo es garantizar a Adolfo Rodríguez Saá una sentencia favorable a San Luis en la querella por la coparticipación. Las otras dos posiciones serían ofrecidas a quien gane las elecciones.
El kirchnerismo no consiguió ayer el número para designar a Roberto Carlés en la Corte. Pero tampoco retiró el pliego. Tal vez pretenda relanzarlo en octubre. Carlés sigue siendo promovido como «el juez del Papa». La caracterización se debe a un malentendido. Este abogado se acercó a Jorge Bergoglio de la mano de una amiga común, la fallecida Alicia Oliveira. Francisco vio con buenos ojos a Carlés. Pero todo cambió cuando advirtió que, como buen discípulo de Raúl Zaffaroni, el abogado estaba a favor de la despenalización del aborto. Pícaros, los kirchneristas insisten: «A Carlés lo mandaron desde Roma».
El verdadero candidato de la Casa Rosada para ocupar la Corte es otro: el propio Zannini. Originalidad cero. En Santa Cruz, este cordobés empezó siendo ministro de Kirchner y, en 1999, fue transferido al Superior Tribunal, donde ejerció la presidencia.
El Gobierno espera que la jugada de Zannini, hoy observada como un asalto a la Justicia para garantizar la impunidad de la Presidenta y su familia, sea vista en octubre como un pacto de gobernabilidad con el luminoso líder que emerja de las urnas.
Siempre habrá otro modo de analizar los hechos. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner se quejó de que el Poder Judicial se hubiera administrado siempre «con un toma y daca». Estaba defendiendo en el recinto de la Cámara alta su proyecto de reducción del número de miembros de la Corte, de 9 a 5. Esa noche prometió: «Se cierra un ciclo para este gobierno y para los que vengan, de cómo se deben manejar las instituciones». En esa época todavía no pensaba en el futuro.
Entre los legados de los 12 años de gestión kirchnerista, el futuro presidente de la Nación heredará una administración pública desbordada de burócratas, entre los que se encuentra un elevado porcentaje de militantes rentados. Pero, por si esto fuese poco, el kirchnerismo no ha morigerado, sino que ha profundizado un vicio de la vieja política como el nepotismo.
Pero la tentación de nuestra clase política por olvidarse de la idoneidad y llenar de militantes, parientes y amigos la función pública no ha cedido en estos últimos años, ni en el orden nacional ni en las esferas provinciales y municipales.
Claro que el uso político del Estado y sus derivaciones nepotistas distan de ser exclusivas del sector público nacional. El crecimiento del empleo estatal se ha verificado también en las provincias, a tal punto que, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se remontan a 2012, el número de agentes del sector público en todo el país equivalía al 21,6% de toda la población ocupada. Se trata de un porcentaje que sólo es superado por cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia. La gran diferencia es que en estas cinco naciones, el Estado cumple un papel activo y eficiente en cuestiones primordiales como la salud, la educación y la seguridad, donde la Argentina ofrece severas falencias.
