Dólar futuro: el fiscal Taiano pidió enviar a Cristina Kirchner a juicio oral
La causa investiga la venta de dólares en el mercado de futuro a un menor precio que el de mercado.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió al juez federal Claudio Bonadio que envíe a juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y a los demás procesados en la causa por venta de dólares en el mercado de futuro a menor precio que el de mercado.
Taiano, a cargo de la Fiscalía Nº 03 en lo Criminal y Correccional Federal, firmó hoy el dictamen de un centenar de carillas. Formalmente, implica que mantuvo la acusación y decidió impulsar el juicio. Luego, el juez Bonadio deberá enviar el asunto en consulta a los abogados de los acusados, quienes tienen seis días para contestar si están de acuerdo con la elevación del caso a juicio (o si por el contrario se oponen porque entienden que no hay evidencias o porque faltan medidas de prueba).
La ex mandataria ya manifestó que quiere llegar a juicio lo antes posible y que no va a interponer recursos para apelar su procesamiento, ya firme, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la causa hay una decena de procesados con procesamientos firmes, por lo que seguramente presentarán apelaciones e insistirán con pedidos de nulidad, lo que puede demorar el inicio del proceso oral.
Plazos. A mediados de diciembre, el juez Bonadio dio por finalizada la investigación de la causa contra Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro y envió el caso al fiscal Taiano para que decidiera si acusaba a la ex mandataria y pedía elevar el caso a juicio. El fiscal tenía seis días hábiles para contestar, prorrogables, lo que ocurrió dada la gravedad y complejidad del caso. En enero, con la feria judicial, el trámite quedó paralizado y se retomó en febrero.
Quiénes. Están acusados en esta causa Cristina Kirchner, Áxel Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami.
La causa. Bonadio acusó a la ex presidenta de haber ordenado una operatoria que habría significado «una pérdida de 17.000 millones de dólares» al Banco Central al indicar que se vendieran dólares en el mercado de futuros al precio del dólar oficial -$ 10-, cuando el blue operaba por encima de los $ 15 por dólar. Cuando hubo que pagar en julio de 2016 los contratos suscriptos en noviembre de 2015, el Estado tuvo que pagar a los inversores la diferencia en pesos entre el precio de venta y el que realmente tenía la divisa a esa fecha, después de la devaluación.
«Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de US$ 5000 millones a US$ 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional», sostuvo Bonadio en su fallo de diciembre.
Las gigantescas protestas anticorrupción, sin líderes ni discursos, que tienen contra las cuerdas al gobierno de Rumania
Son las mayores protestas que se han visto desde que una movilización popular derrocó al gobierno comunista de Nicolae Ceausescu en 1989.
Cientos de miles de personas continuaron se tomaron la Plaza de la Victoria de Bucarest el domingo durante el sexto día consecutivo de protestas. Foto: AP
Desde hace ya seis días, centenares de miles de personas habían estado saliendo diariamente a las calles para protestar por la intención del gobierno de descriminalizar los delitos de abusos de poder que involucraran sumas inferiores a los 200.000 lei (US$47.500).
Y ni siquiera la derogación de la polémica medida, anunciada el domingo, logró calmar las aguas.
Esa misma noche, cerca de medio millón de personas volvieron a movilizarse para demandar la renuncia del primer ministro, Sorin Grindeanu, a quien acusan de tratar de proteger así a sus aliados.
Como ya es costumbre, en la plaza de la Victoria de Bucarest no se pronunciaron discursos, pero abundaron los gritos de «¡Hotsii! ¡Hotsii!» («¡Bandidos! ¡Bandidos!»).
Mientras, un gigantesco láser proyectaba la palabra «¡Dimisión!» sobre la fachada de la propia oficina de Grindeanu, en el cargo desde el pasado 4 de enero.
Sin confianza
Antes de su derogación, las nuevas autoridades habían defendido el polémico decreto como necesario para descongestionar las cárceles y evitar el abuso de las leyes anticorrupción.
La figura de Liviu Dragnea, el líder del gobernante PSD, está en el centro de las protestas. Foto: AFP
Pero la medida claramente beneficiaba a muchos exfuncionarios y políticos, incluyendo al líder del gobernante Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, quien enfrenta cargos por fraude en perjuicio del Estado por poco más de US$25.000.
Y como explica el corresponsal de la BBC en Bucarest, Nick Thorpe, a pesar de la derogación del decreto, muchos de los manifestantes no confían en que el gobierno vaya a cumplir su palabra.
«Temen que la nueva legislación, prometida por el primer ministro cuando abolió del decreto de la discordia, pueda contener algunos de los mismos elementos bajo diferente forma», explicó Thorpe.
Los críticos de la iniciativa afirman que la misma buscaba beneficiar a políticos y exfuncionarios acusados de corrupción. Foto: BBC
«Queremos que se vayan. No basta con que la derogación (del decreto). Hicieron algo muy malo y los queremos fuera», le dijo también a la BBC una de las manifestantes del domingo.
«Estamos determinados a resistir y a seguir luchando hasta que el gobierno renuncie. Han perdido toda credibilidad y no sólo con el pueblo de Rumania, así que es hora de que se vayan», agregó otro.
«Momento único»
Las masivas protestas, que no tienen líderes visibles, parecen haberse organizado espontáneamente a través de las redes sociales.
«Sinceramente creo que se trata de un momento único para mi país», le dijo a la BBC Sorin, un antiguo líder estudiantil de 38 años.
Las de la última semana son las mayores protestas en Rumania desde la caída del comunismo en 1989. Foto: EPA
«Somos una nueva generación, empujada por sentimientos nacionales, que estamos luchando por nuestros derechos», aseguró el joven, que ahora trabaja en finanzas.
Pero no todos están de acuerdo con la idea de que lo que se vive en Rumania es una simple batalla entre funcionarios corruptos y una sociedad que lucha contra la corrupción.
«¿Quién está organizando todo esto? Es difícil de decir pero espero que las instituciones estatales tengan esta información», le dijo a una televisora local Liviu Dragnea.
«Pero me reprocho a mí mismo el no haber comprendido que este es un plan mucho mejor organizado que un simple movimiento espontáneo», aseguró el líder del gobernante PSD, quien está inhabilitado para ejercer cargos públicos.
«República de fiscales»
El aliado del PSD en la coalición de gobierno, Calin Tariceanu, líder de la Alianza de Liberales y Demócratas, también sostiene que la situación es más complicada.
«Lamento decirlo, pero en Rumania el poder judicialno es independiente», le dijo a la BBC el ex primer ministro, quien actualmente se desempeña como presidente del Senado.
Muchos manifestantes exigen la renuncia del primer ministro, Sorin Grindeanu. Foto: Reuters
Y, según Tariceanu, los fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) se han aliado con los miembros de los servicios secretos y algunos jueces para violar las libertades civiles de una forma no vista desde la época del comunismo.
«La DNA y los servicios de inteligencia se han convertido en instituciones que no respetan el marco legal, son corruptas y son empleadas para sacar ventaja en las batallas políticas de Rumania», afirmó el político.
Y algo parecido le dijo a la BBC Adrian Nastase, ex primer ministro Social Demócrata que ha sido sentenciado dos veces a prisión por corrupción y chantaje luego de investigaciones de la agencia anticorrupción.
Las manifestaciones parecen ser espontáneas, pero el gobierno sospecha. Foto: EPA
Según Nastase, bajo el mantra de la lucha contra la corrupción, la Dirección Nacional Anticorrupción se ha convertido en un «superpoder» y Rumania en una «república de fiscales».
Y, en respuesta, el gobierno Social Demócrata, que llegó al poder hace nada más un mes, simplemente estaría tratando de «recalibrar las relaciones entre las instituciones del Estado».
¿Amenaza abortada?
Todo esto, sin embargo, es categóricamente negado por la directora de la DNA, Laura Kovesi, quien le dijo a la BBC que su oficina ha investigado tanto a funcionarios de gobierno como figuras de la oposición.
«Los casos iniciados por la DNA son además vistos, verificados y revisados por los jueces. Y los jueces en Rumania son imparciales», aseguró también Kovesi.
Según Laura Kovesi, la iniciativa gubernamental implicaría un serio retroceso para la lucha contra la corrupción en Rumania.. Foto: AP
Y, según la funcionaria, los planes del gobierno no sólo habrían limitado drásticamente las capacidades de la agencia a su cargo, sino también obligado a la liberación de cientos de políticos, alcaldes, jueces, funcionarios de aduana y jefes de empresas e instituciones estatales ya condenados por corrupción; además de descarrilar buena parte de los 2.151 casos que están siendo investigados.
Por lo pronto, sin embargo, esta amenaza parece haberse disipado.
Y lo que queda por verse es el impacto que podrían tener las protestas sobre la continuidad del gobierno de Grindeanu.
«Este es un país en el que las protestas callejeras ya han logrado derrocar gobiernos en el pasado», recordó el corresponsal de la BBC en Bucarest, Nick Thorpe.
En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas
La unidad antilavado halló millonarias «transferencias sin justificación» y depósitos «sin sustento».
Por Lucía Salinas.
Un informe de la UIF puso bajo sospecha los movimientos bancarios de Los Sauces SA. Foto Archivo. .
Un “entramado societario y bancario” fue la definición que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) utilizó al momento realizar el informe N° 0100/2016, un documento clave en la causa Los Sauces SA por la que Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo serán indagados elos primeros días de marzo. Los principales delitos de los que sospechas el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo son el lavado de activos y el cohecho. Los movimientos bancarios de la inmobiliaria incluyen desde transferencias «sin justificación» por $ 50 millones firmadas por el diputado nacional, depósitos en efectivo “sin sustento”, extracciones por $ 3,9 millones sin «documentación respaldatoria», señala el informe.
Los Kirchner y una red de movimientos bancarios bajo sospecha. .
Es una red de cuentas, bancos y operaciones que tienen como principal firmante y responsable a Máximo Kirchner que el 6 de marzo, por primera vez, declarará en una causa y lo hará ante el juez Bonadio. Su grado de responsabilidad como administrador de Los Sauces SA y a su vez, de la cuenta “Sucesión Néstor Kirchner”, lo complica ante la Justicia. Según detectó la UIF, la Sucesión y la inmobiliaria tuvieron movimientos bancarios «sin justificación» y ambas recibieron depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $ 25 millones desde 2009 a 2015.
La documentación oficial concluyó que existió un “entramado societario y bancario” que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor Kirchner -en su momento- y que continuó con la Sucesión que administra el líder de La Cámpora. Los fondos que se movieron “podrían proceder de los ilícitos investigados” no sólo en Los Sauces SA, sino también en Hotesur SA (causa por lavado de dinero), menciona el informe.
Los 4,6 millones de dolares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
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En primer lugar, el organismo antilavado señala que hay una evolución de los movimientos de las cuentas que pertenecen a la inmobiliaria que fueron transferidos a las cuentas que Florencia Kirchner tiene en el Banco Galicia ( U$S 4.664.000 y U$S 1.032.144 y $ 53.280). “Previo paso por cuentas de otros socios y de la Sucesión Néstor Kirchner”. Respecto al hijo de Cristina, se indicó que realizó «la mayoría de las transferencias”.
Como administrador de Los Sauces SA y de la Sucesión NK, Máximo Kirchner realizó distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas, “sin justificación alguna”. De esto, seguramente, el diputado nacional deberá dar explicaciones ante el Juez.
Máximo Kirchner realizó la mayoría de las operaciones bancarias sospechadas por la UIF. .
Máximo Kirchner movió desde la cuenta de la Sucesión K $ 10.366.914 y $ 3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los Sauces SA. También, calificados de “llamativos” se registraron depósitos en efectivo por $ 4 millones “y un débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”. La UIF señaló que se desconoce “cuáles es el origen y/o a la actividad que generó” dicho dinero, pero además que esta extracción de dinero se hizo “sin el comprobante que respalda al mismo”.
Entre las transferencias realizadas por el diputado por Santa Cruz, hubo una de casi $ 4 millones de una cuenta a otra de Los Sauces SA (una abierta en el banco Santa Cruz y la segunda en el Nación). “Nada de esto tiene justificación”, reitera el informe.
El juez Claudio Bonadio pidió la indagatoria de Cristina Kirchner y sus hijos. .
Los movimientos bajo investigación incluyen transferencias de Los Sauces SA a la cuenta de la Sucesión y de esta última por $ 32.270.000 a una cuenta que tienen en cotitularidad la ex Presidenta con sus dos hijos en el Banco Nación (N° 4331412615), que a su vez, recibió otro giro por $ 14.390.000. De esta cuenta familiar, la UIF detectó que los Kirchner movieron $ 80 millones a otra que tienen de forma conjunta en el Banco Galicia, con un dato: $ 55 millones finalizaron en la cuenta en dólares de Florencia, dinero que se encuentra embargado por la Justicia.
La Justicia sospecha no sólo de estos movimientos de dinero como una manera de «eludir los embargos judiciales», sino también del origen del dinero que figura en las cuentas de la inmobiliaria que tuvo dos inquilinos privilegiados: Báez y López (fueron el 86 % de la facturación), tal como reveló Clarín. «En las cuentas hubo más dinero del que cobraban en concpeto de alquiler a dos empresarios beneficiados por obra pública», indicó una fuente judicial.
A las sospechas se suman una serie de plazos fijos a nombre de Néstor Kirchner, en el Banco Santa Cruz, y que tras su fallecimiento integraron la sucesión. Según los análisis realizados por la UIF la tasa de interés “fue por lo menos 500% superior a la del mercado”. Sólo entre 2008 y 2009 los plazos fijos de Kirchner obtuvieron intereses de $ 3.648.558 y U$S 1.162.601.
«Empezá a buscar todas las causas que le armamos», los audios que complicarían a Cristina Kirchner
Marijuan presentó ayer una denuncia para que se investigue si la ex presidenta incurrió en «abuso de autoridad» y promovió denuncias falsas contra el ex espía Antonio Stiuso.
El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó ayer una denuncia para que se investigue si la ex presidenta Cristina Kirchner incurrió en «abuso de autoridad» y promovió denuncias falsas contra el ex espía Antonio Stiuso.
Marijuan le presentó la denuncia al juez federal Ariel Lijo , quien el lunes la enviará a la Cámara Federal para que se sortee cuál es el juzgado que debe intervenir en la investigación contra la ex jefa de Estado, informaron fuentes judiciales.
El fiscal realizó la denuncia luego de acceder a la transcripción de una escucha telefónica en la que el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli , habla con la ex mandataria sobre las causas abiertas contra Stiuso.
CFK y Oscar Parrilli
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«Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Stiuso», le dijo supuestamente la ex presidenta a Parrilli en una conversación del 11 de julio de 2016, día en que el diario LA NACION publicó una entrevista en la que el espía que había sido removido de la AFI dijo que Cristina Fernández de Kirchner era «una mujer loca».
«La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado (en este caso, sorteado. N. del E.) adopte al respecto», sostuvo Marijuan en su dictamen.
Los diálogos a los que se refiere Marijuan surgieron de la causa a cargo del juez Lijo en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi.
Acusado de ser el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez e investigado por tráfico de efedrina, Pérez Corradi fue detenido a mitad del año pasado después de estar 4 años prófugo.
El diálogo polémico
Según publicó Infobae, el siguiente sería el diálogo que mantuvieron Parrilliy Cristinael 11 de julio de 2016:
-Hola
-¿Quién habla?
– Yo
– ¿Quién es yo?
– Yo, pelotudo. Empezá a buscar todas las causas que le armamos.No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?
Una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación de octubre de 2008 salvó a Cristina Kirchner de estar hoy presa. Siete años antes, en 2001, el también ex presidente Carlos Menem fue preso por los mismos delitos por los que ayer procesaron a la viuda de Kirchner: asociación ilícita y administración fraudulenta.
La decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación moral y penal que se haya hecho contra la ex presidenta. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación.
Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz. Basta un solo ejemplo para mostrar el tamaño de la maniobra: Báez creó la empresa constructora en 2003 (antes era empleado de banco) y recibió en obras públicas en Santa Cruz tanto dinero como el que le tocó a la provincia de Buenos Aires o como el que recibieron 11 provincias juntas. De Vido y López fueron los principales operadores de esa maniobra que estafó al Estado en nombre de los Kirchner.
Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba. Hotesur está en el despacho del mismo juez Ercolini. El expediente de Los Sauces lo investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Justicia Legítima no anda cerca de ahí.
En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidenta. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel. La primera denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y De Vido, entre varios más, fue de Elisa Carrió, en 2008. Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer.
Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión sólo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones.
Báez está preso porque tiene recursos suficientes como para fugarse y porque, además, se subió a un avión sin plan de vuelo. En cambio, Cristina se enoja con los jueces, los insulta o los recusa, pero siempre está quince minutos antes en las audiencias cuando la citan en los tribunales. Al haber perdido el poder, perdió también la posibilidad de entorpecer la investigación judicial. De hecho, los jueces señalan que ahora pueden avanzar en la investigación de la corrupciónporque el Estado les envía en el acto los documentos y las pruebas que solicitan. Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas.
Ercolini aporta un dato muy llamativo entre sus múltiples y variadas argumentaciones: Báez era el único empresario de obras públicas del país al que el Estado no le debía ni un peso el 11 de diciembre de 2015, un día después de que asumió Mauricio Macri. El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces «la encartada» a la ex presidenta (ese apelativo debe dolerle más que la sentencia) y desliza, prudente, que Báez es «al menos su socio comercial», según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido «al menos», porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro.
La radiografía de Ercolini, que tiene un sesgo y un destino puramente judicial, es también la descripción de una hipocresía. Cuando dice que Cristina «actuó de forma delictual» y que administró los bienes del Estado en provecho propio, refuta de manera contundente el relato kirchnerista. ¿En qué covacha de la historia queda el discurso del progresismo latinoamericano cuando lo que vemos es una voracidad sin límites para enriquecer a una dinastía gobernante? ¿A qué se reducen las menciones de los Kirchner a los pobres y a los trabajadores cuando gran parte de los recursos del Estado se distribuyeron entre funcionarios y empresarios amigos? Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidenta.
La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria.
Corresponde, entonces, preguntarse qué sentido tienen los fueros de los legisladores. El diputado de Pro Waldo Wolff presentó hace ya varios meses un proyecto para modificar la ley de fueros; según la propuesta de Wolff, ningún legislador tendría fueros por delitos cometidos antes de haber asumido en el Parlamento. Es el caso de Cristina. De Vido ya tiene fueros y los tendrá hasta 2019; sus delitos son también previos a su condición de legislador. Podría profundizarse aún más el proyecto de Wolff para que ley les quite los fueros a los delitos penales. Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los «encartados» recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad.
Se concretó la jugada K en la Casación, aunque ratifican la audiencia por Nisman
El futuro de la denuncia contra Cristina por el encubrimiento del atentado. A instancias del presidente del tribunal, el kirchnerista Alejandro Slokar, y con los votos de todos los camaristas desplazaron a los jueces Hornos y Borinsky de la sala I. Sin embargo seguirían a cargo de ese caso.
Por Claudio Savoia.
El edificio de los tribunales federales de la calle Comodoro Py, en cuyo primer piso funciona la Cámara de Casación, durante el operativo de seguridad que el 25 noviembre pasado se desplegó por la llegada de Cristina Kirchner.
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La montaña rusa de maniobras y emociones en la que se deslizan los nueve jueces de la Cámara de Casación Penal -envueltos en una vergonzosa guerra interna- tuvo esta mañana un nuevo giro: tras la sorpresiva convocatoria a un acuerdo general para elegir las autoridades del tribunal y de cada una de las cuatro salas que lo integran, que el presidente de la Casación Alejandro Slokar convocó de ayer para hoy, esta mañana a las 10 la sala de acuerdos estaba desierta. Pero una hora y media después, pese a que había audiencias programadas, el acuerdo se hizo igual. Y la anunciada maniobra K se concretó: con el voto de todos los camaristas excepto los de ellos dos, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fueron desplazados de sus subrogancias (suplencias) en la sala I, que tiene en sus manos la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner y otras causas calientes por corrupción, como Hotesur, Los Sauces y dólar futuro. Como parte de la negociación política, sus lugares serán ocupados por Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci, quien también fue votada como presidenta de la Casación para el 2017. En un comunicado, la Cámara comunicó que las audiencias programadas consolidan la integración de las salas y no podría haber cambios, en clara alusión al caso Nisman.
Pese al escándalo desatado ayer por la jugada de Slokar -contradiciendo la orden que él mismo había dispuesto y que fuentes de su despacho compartieron la semana pasada con este diario- la polémica maniobra se concretó puntillosamente según lo anticipado por Clarín: aunque Gemignani debía ser el próximo presidente del tibunal, se excusó por «motivos académicos», que sin embargo no le impidieron aceptar nuevas subrogaciones para el año próximo. Un dato clave: el camarista está investigado por el juez Rodolfo Canicoba Corral -de grandes servicios al kirchnerismo- por haber detenido a una funcionaria de la Casación que no cumplió una orden suya. La marcha de ese expediente preocupa mucho al juez.
El explosivo plenario de esta mañana alimenta todas las especulaciones sobre supuestas negociaciones entre bambalinas de las que habrían participado varios de los camaristas. Según pudo saber este diario, además de la zigzagueante conducta de Gemignani, la doctora Catucci aceptó subrogar en la sala I en reemplazo de Hornos, pese a que los presidentes siempre subrogan en las salas que ellos integran. La jueza integra la sala III, pero ahora sus colegas la votaron para sumarse a la I, donde entonces tampoco será «juez natural» en las causas que entienda.
Bajo un clima de máxima tensión, Slokar dirigió el acuerdo general con mano de hierro, y secundado por los votos de Catucci, Gemignani, Riggi, Figueroa, Pedro David y Angela Ledesma, presentó un informe sobre el plazo en el que cada uno de los jueces viene cubriendo subrogancias. Esa estadística es encabezada con comodidad por Hornos y Borinsky, lo que explicaría que sus colegas ya no quieran darles más tiempo. Según supo este diario, los jueces desplazados habrían pedido entonces que se incorporara también una estadística cualitativa respecto a la cantidad de causas y temas resueltos, que también puntean por lejos. ¿La respuesta? No. Tampoco se permitió a los disidentes incorporar sus reservas y argumentos al acta final. Asunto terminado.
Tras la última batalla, digna de la popular serie Game of Thrones, la sala I del tribunal quedará igual hasta el 31 de diciembre, y desde entonces Hornos y Borinsky serán reemplazados por Catucci y Riggi. En un comunicado que el tribunal acaba de difundir, «se ratifica el consolidado criterio vigente en punto a que el tribunal integrado al momento de fijar la audiencia de informes debe resolver el recurso atinente a esa convocatoria, cualquiera fuese la subsiguiente composición». El párrafo intentaría despejar las dudas respecto a un cambio de fecha para la cita, como el que ya solicitó el fiscal Javier De Luca. En el Consejo de la Magistratura le aseguran a Clarín que, pase lo que pase, Hornos y Borinsky seguirán entendiendo en la decisión por abrir o no la denuncia de Nisman contra Cristina. Habría que ver.
Un alto funcionario de ese organismo recordó que la comisión de Selección del Consejo «puede estar de acuerdo o no» con la lista de subrogancias que le envían las cámaras para cubrir entre sus jueces los lugares vacantes. «Hay una discusión sobre el régimen legal vigente después de que se declaró inconstitucional la ley que impulsó el kirchnerismo para cubrir las vacancias. Para mí, por ejemplo, no hay ninguna ley vigente, y es el Consejo quien debe resolver en cada caso». Fuentes de la Magistratura también confirmaron a este diario que se están reuniendo los antecedentes y se está analizando la vigencia o no de una resolución de la Casación de 2011, en la que la Cámara estableció su propio sistema de subrogaciones.
Por lo pronto, ambos magistrados ya no van a intervenir en otros expedientes hirvientes contra el kirchnerismo: Los Sauces, Hotesur y dólar futuro son sólo tres de los más taquilleros.
Siguen rechinando los sables en los atildados despachos de magistrados y funcionarios judiciales.
Denuncian a Sbatella por obras con sobreprecios de 2.600% en la UIF
Corrupción en la era K. Se pagaron 27 millones de pesos para refaccionar cuatro oficinas alquiladas por el organismo para sólo cinco meses de uso.
Por Lucio Fernández Moores.
El ex titular de la UIF José Sbatella, en una audiencia en la que se discutió su continuidad en el organismo, en febrero de 2014.
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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ayer en los tribunales federales de Retiro al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por presunto delito en la contratación de una obra en las oficinas donde funciona el organismo con presuntos sobreprecios de hasta 2.600%.
Así lo informó el organismo conducido por Laura Alonso, a partir de una denuncia interna realizada el mes pasado por las nuevas autoridades que asumieron en reemplazo de Sbatella en la UIF con el cambio de gobierno de diciembre pasado.
José Sbatella
La denuncia penal quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, uno de los jueces objetados por el Gobierno y bajo la lupa del Consejo de la Magistratura a partir de su actuación en la denuncia que formulara el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto con un balazo en la cabeza.
La OA, a partir de la información recolectada por las máximas autoridades de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, pidió investigar a Sbatella por la presunta comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
De acuerdo con la denuncia, Sbatella contrató a la empresa Bebanato S.A. a través de la licitación 2 de 2014 a cambio de 27 millones de pesos para «la adecuación física, sanitaria, termomecánica, instalación de red eléctrica, red de datos, voz y seguridad» en los pisos 8 y 9 alquilados para el funcionamiento de la UIF.
Las obras -inconclusas, según la denuncia- debían estar terminadas el 6 de mayo de este año pero el contrato de alquiler vencia en setiembre de este mismo año, es decir que se las hizo para sólo cinco meses de uso.
El contrato por el alquiler de cuatro unidades funcionales del edificio ubicado en Cerrito al 200, en pleno centro porteño, era a cambio de 120 mil pesos mensuales y no preveía el reintegro de dinero por las mejoras realizadas con los fondos públicos,
De acuerdo con lo informado por la OA, «los precios contratados fueron injustificadamente superiores a los de mercado, llegándose al 2.671,22% de sobreprecio». En la investigación interna dentro de las órbitas de la UIF y la OA también trabajó la Sindicatura General de la Nación.
La denuncia también alcanza a un convenio realizado en ese marco con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para auditar las obras de refacción en el edificio pero ésta «no estimó el costo de las contrataciones pese a haber cobrado por el trabajo», según informó la OA.
De acuerdo con la UIF y la OA, la UNLP «no detalló las horas destinadas al trabajo en su cotización y, pese a ello, percibió honorarios por un supuesto asesoramiento para el cumplimiento de las tareas y en el informe que presentaran, dicho asesoramiento no se incluyó».
Sbatella está procesado en otra causa por abuso de autoridad y violación de secretos y ayer la Cámara Federal penal porteña rechazó un recurso de su defensa y confirmó que debe ir a juicio oral y público (ver aparte).
El ex funcionario también es investigado por el presunto ocultamiento de reportes de operaciones sospechosas bancarias de acusados en la llamada «ruta del dinero K» y además afronta una denuncia por ususrpación del cargo luego del cambio de gobierno.
Los hoteles de Cristina: cerrados, deteriorados o semivacíos
Clarín recorrió Los Sauces, Las Dunas y Alto Calafate, bajo la lupa judicial por lavado y coimas.
Por Lucía Salinas.
El hotel Alto Calafate investigado por lavado de dinero, propiedad de la familia Kirchner.
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Cerrado con cadena y candado, con basura acumulada en sus jardines,el hotel exclusivo de Cristina Kirchner, Los Sauces, no está incluido en la oferta hotelera de esta temorada. Las Dunas que alguna vez perteneció a Lázaro Báez, esperaba el fin de semana 30 turistas extranjeros y el poco movimiento en sus instalaciones es notorio. El más polémico de los hoteles K, el Alto Calafate refleja un marcado deterioro en sus instalaciones y hasta hace poco, reconoció el personal del lugar, no superaban el30 % de ocupación. Alquileres millonarios que con la ex Presidenta fuera del poder y con causas judiciales por delante, parecen no ser prioridad en los negocios privados con los que la familia Kirchner cuenta.
El Calafate tiene su ritmo propio y el turismo es el motor, con una nueva temporada en puerta los hoteles de Cristina Kirchner son parte de la oferta de alojamiento, con una particularidad:no conocen la ocupación plena.Fueron denunciados por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sospechados de ser usados «para el cobro de retornos» de empresarios amigos. La ex Presidenta aclaró que no se dedica al rubro hotelero, sino al inmobiliario.
Esta temporada sólodos de los cuatro hoteles de la ex Presidenta abrieron sus puertas.El más llamativo de todos por su exclusividad y concepto es Los Sauces. La Casa patagónica cuenta con 42 suites cuya decoración tuvieron la constante supervisión de la ex Presidenta. La ampliación del lugar se hizo sobre un terreno de Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
El hotel boutique desde su inauguración -hasta hace dos meses- fue administrado por Panatel de Silvana Relats (por U$S 50 mil mensuales) y cuya constructora familiar JCR, fue la segunda firma más beneficiada con contratos viales durante el kirchnerismo con U$S 1.600 millones.
Sin una empresa que lo administre el hotel tiene su acceso principal, una tranquera de madera cerrada con cadena y candado.En el interior del vistoso predio con un césped prolijamente cortado, las casas de madera como una muestra clara de su cierre, tienen las cortinas blancas de tela bajas. El viento no contribuye y en sus jardines la basura continúa acumulándose. Por primera vez permanece cerrado y alojarse allí costaba U$S 400 por noche.
Por la costanera «Presidente Néstor Kirchner» se llega a Las Dunas, una hostería que perteneció a Báez -preso hace siete meses- y que después vendió a Kirchner. Dejó atrás las sencillas instalaciones de doce habitaciones, para convertirse en un hotel cuatro estrellas con 40 habitaciones cuyo principal atractivo, es la vista: el Lago Argentino. «Es en dimensiones similar a otros hoteles que tienen unas 100 habitaciones, no está bien distribuido y no se aprovechó la superficie«, reconoció un trabajador de la obra.
Un gran edificio de color marrón claro y sin el estilo patagónico en su exterior que siempre le gustó a la ex Presidenta, no ofrece calidez en sus instalaciones ni ambientes. Cuenta con un gran comedor en la planta baja que prácticamente no se usa. A la tarde se preparan las mesas para la cena en el segundo piso, «comen poco acá los turistas, hoy (por el sábado) estamos esperando que lleguen al menos 30 turistas«, reconoció una de las responsables del lugar.
La base de hormigón de la ampliación del lugar la hizo Austral pero la obra la finalizó la firma de Pablo Grippo, arquitecto de Los Sauces. El empresario K pagó $3,2 millones en concepto de “alquiler” entre 2010 y 2011 a la ex Mandataria.
Alojarse en Las Dunas -administrado por Idea SA de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) cuesta de $ 2.300 a $ 4.313.
El más imponente de los hoteles K se encuentra al ingresar a la villa turística. A mano izquierda sobre el cerro e iluminado en tonos azules de noche se erige el Alto Calafate, investigado por lavado de dinero.Famoso por sus contratos con Aerolíneas Argentinas (U$S 5 millones desde 2007 a 2015) y por las habitaciones que alquiló Báez por $ 14 millones.
La expectativa que despierta el edificio de madera a la vista y grandes ventanales que permiten disfrutar del lago, choca con la realidad. Con un marcado deterioro se observa en el exterior paredes despintadas, madera corroída. Al ingresar, por una puerta lateral ya que la principal -una doble de vidrio con madera- está cerrada, se encuentra el lobby. Allí hay sólo un local que expone algunos souvenirs y lleva el registro de las ventas con una computadora de «Conectar Igualdad»,las que repartía la ANSES durante el gobierno K.
El hotel de cuatro estrellas refleja su desmejoramiento en las habitaciones: paredes conempapelado roto en algunos sectores, sumado a alfombras manchadas. Los servicios son deficientes, la señal de televisión se corta y la imagen se ve lluviosa, «es por el viento, siempre se ve así», explicaron desde el área de mantenimiento. Internet es un servicio con interrupciones constantes.
Sin mayor revestimiento acústico, todo es perceptible: los ruidos de los pasillos como las conversaciones de las habitaciones lindantes. Allí el promedio de noches que se alojan los turistas no supera las dos noches, contó el personal del hotel. «Hasta hace poco la ocupación no superaba el 30 %, ahora esperamos dos contingentes de italianos», contó una de las empleadas con más de ocho años allí.
La consulta es inevitable y muchos llegan preguntando si es el hotel de Cristina Kirchner, «curiosos hay siempre,a nosotros nos paga el sueldo Idea SA que son los que manejan el hotel», dijo una de las mozas del restaurante del lugar «Barlovento». El trato es amable pese a las dificultades que produce un edificio con bajo mantenimiento, que ofrece dos piletas con poca circulación de aire.
La habitación más económica en el Alto Calafate cuesta $ 3.911 y la más costosa $ 6.652. El Alto Calafate marcó una época en los negocios de la familia Kirchner y sus administradores se esperanzan con llenar el hotel los próximos meses.
En esta foto importa lo que no se ve. Detrás del escudo del Servicio Penitenciario Nacional y de los policías se esconde Lázaro Báez, que a su vez oculta a una ex presidenta en apuros que, de igual modo, mantiene bajo siete llaves secretos inconfesables. De ver la luz, sumirían al país en la vergüenza tanto como habilitarían la posibilidad de un destino. Al registrar la escena así, el reportero gráfico capturó mucho más que una nueva visita del detenido empresario kirchnerista a los tribunales de Comodoro Py. Perdió al hombre, pero graficó de algún modo la cadena de ocultamientos que hasta aquí se ha mantenido gracias a una impunidad que empieza a resquebrajarse. Una vez más, Báez se negó a declarar. ¿Qué falta hace, a estas alturas? Gracias al periodismo, y a algunos jueces y fiscales, se ha visto suficiente. Sólo hace falta pelar la cebolla judicial. Tirando del hilo del expediente se llega al verdadero negocio de Báez. Y a la ex presidenta y sus secretos inconfesables.
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Un nuevo editorial del periodista habla sobre la expresidente y dice: “Cristina miente cuando dice que el gobierno la quiere proscribir, Cristina miente cuando dice que es una perseguida política. Administración infiel que tiene una pena que va de 2 a 6 años. Es por la causa de dólar futuro que lleva el doctor Claudio Bonadío quien ya la procesó, asociación ilícita que tiene una pena de 5 a 10 años, Malversación de fondos ( 2 a 10 años), abuso de autoridad (1 mes a 2 años); lavado de dinero (3 a 10 años) y asociación ilícita nuevamente ( de 5 a 10 años)”… y siguió.
Un nuevo editorial del periodista habla sobre la expresidente y dice: “Cristina miente cuando dice que el gobierno la quiere proscribir, Cristina miente cuando dice que es una perseguida política. Administración infiel que tiene una pena que va de 2 a 6 años. Es por la causa de dólar futuro que lleva el doctor Claudio Bonadío quien ya la procesó, asociación ilícita que tiene una pena de 5 a 10 años, Malversación de fondos ( 2 a 10 años), abuso de autoridad (1 mes a 2 años); lavado de dinero (3 a 10 años) y asociación ilícita nuevamente ( de 5 a 10 años)”… y siguió.