Argentina: Cooperativas K lavadoras de dinero

octubre 8, 2016

Cooperativas bajo sospecha por lavado

El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos.

Por Martín Dinatale.

LA NACION

Las cooperativas y mutuales que florecieron exponencialmente durante los últimos 12 años del kirchnerismo están contra las cuerdas: el Gobierno denunció 29 operaciones sospechosas de lavado de dinero de esas entidades en las últimas semanas. Además, hay 3000 agrupaciones que están bajo sumario en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia para funcionar por habérseles detectado irregularidades.

En esta batalla frontal que el Gobierno decidió liderar contra las cooperativas y mutuales que manejan en forma irregular planes sociales y créditos del Estado apareció todo tipo de escándalos en los últimos meses.

lavado de dineroSe registraron desde cheques falsos o sin fondo hasta graves fallas de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen dudoso y personal estatal que recibía salarios sin concurrir a sus puestos de trabajo. Estas irregularidades fueron detectadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo que se encarga de su control.

«Hay una decisión política del Gobierno de dar transparencia y ejercer un fuerte control a las cooperativas y mutuales para evitar abusos y el manejo de fondos espurios», expresó a LA NACION Marcelo Collomb, el presidente del Inaes.

Esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de controlar a 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Pero, al parecer, durante el kirchnerismo los mecanismos de control fueron muy laxos o directamente inexistentes.

Desde que asumió la presidencia del Inaes, Collomb realizó un trabajo de «depuración y control a fondo», según remarcó, de todas las cooperativas, la mayoría surgidas en los últimos años del kirchnerismo. Se llevaron muchas sorpresas en medio de esa tarea.

Según explicó Collomb a LA NACION, el Inaes elevó al Banco Central y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) un total de 29 operaciones sospechosas de lavado de las cooperativas.

También existe una tarea conjunta que se realizó con el Ministerio de Justicia y con la unidad de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de esa cartera que dirige Juan Marteau.

José Sbatella

José Sbatella

Sucede que desde esa dependencia se emitió un detallado informe que LA NACION dio a conocer la semana pasada, en donde se alertó sobre el manejo irregular de fondos de mutuales y cooperativas que podría tener conexión con el financiamiento de actividades terroristas.

Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de esas cooperativas que manejaron de manera irregular los fondos y planes sociales, ya que ahora serán la UIF y el Banco Central los encargados de elevar a la Justicia esas denuncias.

lavado de dinero  31Las características de estas operaciones sospechosas de lavado son simples: no se reconocen los clientes de las cooperativas, no hay detalles del origen de los recursos que se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria.

Por otra parte, un total de 3000 sumarios en trámite a las cooperativas de trabajo se gestaron hasta ahora. En lo que va de este año ya son 150 cooperativas y mutuales investigadas por irregularidades.

Al mismo tiempo, en los últimos ocho meses se les retiró la autorización para funcionar a 228 entidades.

«Durante el último gobierno se otorgaron matrículas a cooperativas sin control alguno», reveló Collomb. Este funcionario habla con conocimiento de causa: desde el gobierno de Raúl Alfonsín que forma parte del Inaes y en los últimos 25 años vio pasar de todo por allí. Ahora está a cargo de este instituto y buscará realizar una tarea de control exhaustivo.

Por otra parte hay 50 cooperativas y mutuales que fueron denunciadas en la Justicia por el manejo irregular de fondos en el programa Fútbol para Todos y su conexión con irregularidades en la causa de la AFA.

En esa investigación el Inaes designó veedores para colaborar con la investigación judicial. La mayor parte de las irregularidades registradas en las cooperativas se dio en los grandes centros urbanos del país.

Para evitar que todo quede en la nada hacia el futuro inmediato, el Gobierno emitió recientemente el decreto 1659/2016 por el que se exigirá a las cooperativas que brinden información mensual de sus cuentas.

También modificarán la matriz de control de alertas; se pedirán balances anuales a las mutuales y cooperativas; habrá un cruce de información con la UIF y el Banco Central; se adecuará la matriz de riesgo ante nuevas operaciones sospechosas de lavado, y se capacitará al personal del Inaes para profundizar los mecanismos de control.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se determinó que en adelante, las cooperativas no estarán a cargo de programas sociales y estos planes sólo serán distribuidos, manejados y controlados por los ministerios.

El Inaes cuenta con un presupuesto anual de 880 millones de pesos, de los cuales la mitad se usa para la promoción y el desarrollo de las cooperativas.

En esta dependencia también hubo una depuración administrativa. En los últimos meses se expulsaron unos 300 de los 900 empleados de esa entidad, ya que se registró que esos empleados nunca concurrían a sus puestos de trabajo.

Maniobras generalizadas e irregulares

  • Hubo 29 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en las últimas semanas. Hay unas 3000 agrupaciones que están bajo sumarios en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia por irregularidades
  • Se detectaron cheques falsos o sin fondos, graves falencias de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen opaco y personal estatal que recibía salarios sin ir a trabajar
  • El Inaes controla 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Cuenta con un presupuesto anual de $ 880 millones, de los cuales, la mitad se usa para la promoción y desarrollo de las cooperativas
  • Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de las cooperativas bajo la lupa. La UIF y el Banco Central serán los encargados de elevar esas denuncias a la Justicia. En las operaciones no se reconocen los clientes, no hay detalles del origen de los recursos y no se advierte que hayan habido controles

Del editor: qué significa. Las cooperativas se transformaron en los últimos años en un vehículo deseado de dinero por sus controles más laxos. Ahora emergen las consecuencias.

Fuente: La Nación, 08/10/16.

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Cierran un diario y una FM de Lázaro Báez

septiembre 26, 2016

La caída del imperio de Lázaro Báez: ahora cerró su diario y su FM

Corrupción K. Los medios del empresario K ya habían reducido al mínimo su personal. Pero tras deberles tres meses de sueldo, decidió darlos de baja. Reclamo de los ex empleados.

Por Lucía Salinas.

 - nestor garcia

 

Después de casi una década el multimedio del empresario K cerró. En la calle quedaron 19 familias a quienes se les adeudaban tres meses de salario. La oferta final a un grupo de trabajadores la encabezó Roberto Saldivia, el abogado de Báez, que hace unos meses buscó minimizar la relación que los une. Según el relato de los ex empleados del diario Prensa Libre y Magna FM, «todo se hizo sin un mes de pre aviso y sin pagar lo que correspondía». Desde la empresa señalaron a Clarín que buscarán «cancelar la totalidad de la deuda».

Fue su primer y único multimedio. Muchos creyeron que buscó competir con Rudy Ulloa por la pauta oficial, pero lo cierto es que tenía dos objetivos: “limpiar” su imagen de cara a la sociedad, que ya comenzaba a notar su incremento patrimonial y que veía sus propiedades custodiadas celosamente; y, principalmente, supervisar todo lo que en la provincia se hablaba de Néstor Kirchner y de él.

Lázaro Báez embargado por la Justicia. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Lázaro Báez embargado por la Justicia. 

El lugar que eligió el empresario K para defenderse de las denuncias por lavado de dinero, ya no saldrá a la calle. La empresa Alucom y Diagonal Sur, manejadas por los hijos de Báez, eran las responsables el último tiempo de hacer frente a los salarios. Bajo la dirección de Diego Navarro, mano derecha de Lázaro y uno de los pocos que semanalmente lo visitaba en el Penal de Ezeiza, el multimedio llegó a su fin.

Valuado por la Justicia en $ 10 millones después de ser allanado en la causa de la Ruta del Dinero K, el grupo Magna mantenía un pequeño staff que fue achicándose los últimos años. De unos 50 trabajadores incluyendo administrativos y maestranza, sólo quedaron 19 personas. La dirección del diario a cargo no logró obtener todos los fondos necesarios para cancelar el 100% de las deudas contraídas y al igual que otras firmas del holding, no pudo continuar con su actividad.

El ingreso al multimedio Magna en Río Gallegos. Foto Néstor García.

El ingreso al multimedio Magna en Río Gallegos.

Preso hace cinco meses por lavado de dinero y con un embargo de $ 800 millones, el imperio que Báez construyó en 12 años, no deja de derrumbarse. La Justicia ordenó embargar preventivamente 1.500 propiedades, vehículos, empresas. En este escenario, desde el Penal de Ezeiza dio la orden de que su diario y la radio se cierren. Hoy ninguno de los trabajadores pudo ingresar al edificio. Hace un mes, se enviaron telegramas para que los empleados se dieran por despedidos después de tres meses de no cobrar sus salarios, vacaciones y aguinaldos, Otro grupo que esperó la comunicación oficial del Grupo.

El viernes pasado fue la última reunión y allí se explicó que no había «más fondos», pese a recibir $ 33.800 millones del Estado nacional sólo para obras viales. Se cancelaron algunas deudas vinculadas a los haberes, pero no se cubrió la correspondientes indemnización. «Esto viene hace tiempo como también la falta de insumos en el diario, nos dijeron que era la única oferta posible o que iniciemos acciones legales y que nos íbamos sin un peso», explicó aClarín uno de los trabajadores con más antigüedad en Prensa Libre.

El diario de Báez, cuando dio la noticia de su detención.

El diario de Báez, cuando dio la noticia de su detención.

Hace una semana que el diario ya no sale a la calle. Había disminuido sustancialmente su tirada: la última vez que se comercializó no superó los 80 ejemplares y varios de ellos se regalaban en las estaciones de servicios del Grupo Austral. La principal caja del diario era la constructora que recibió durante el kirchnerismoUS$ 2.200 millones, tal como reveló Clarín.

Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

En las pocas páginas de Prensa Libre se podía ver mayoritariamente la publicidad de diferentes empresas del Grupo Báez: desde las estaciones de servicio, las firmas dedicadas al catering industrial, hasta una gomería.

Sin un Kirchner en la Casa Rosada que garantice los fondos correspondientes a los certificados de obra, los despidos fueron masivos. De Austral Construcciones se pasó de 5.000 a 30 empleados y el multimedio se redujo los últimos años de manera constante. 

Fuente: Clarín, 26/09/16.

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Néstor Kirchner, un presidente cleptómano

septiembre 22, 2016

Amo y señor del feudo santacruceño

Nuevos datos confirman que Néstor Kirchner manejó como propios entre 600 y mil millones de dólares de la provincia patagónica, que desaparecieron.

Editorial de La Nación. Jueves 22 de septiembre de 2016.

Suele decirse que el caso Skanska fue el primer escándalo del kirchnerismo, pero hubo otro anterior, tanto o más escandaloso, aunque referido exclusivamente a la provincia de Santa Cruz.

Néstor Kirchner y caja fuerteNos referimos al de los fondos que aquella provincia recibió del gobierno de Carlos Menem por regalías petroleras mal liquidadas. La suma fue de 630 millones de dólares, pero hay cálculos que la elevan a más de mil millones de esa moneda. A la historia pasaron como los «fondos de Santa Cruz«, que Néstor Kirchner envió a bancos del exterior y, como nunca hubo una rendición de cuentas real y en forma, y el dinero prácticamente se evaporó, se sospechó que el entonces gobernador Kirchner se apropió del manejo de esa fortuna y, probablemente, también de la fortuna.

Ahora las sospechas se confirmaron a partir de una investigación de Clarín acerca de cómo Kirchner transfirió esos dineros a entidades bancarias extranjeras mediante movimientos de entre uno y dos millones de dólares enviados, por lo general, a sociedades privadas de dueños desconocidos. Según la investigación, una de las financieras de la Argentina manejó parte del dinero «con una cuenta a nombre de la provincia de Santa Cruz y del propio Néstor Kirchner».

Como no podía ser de otra manera, el esquema de corrupción que puede apreciarse en este caso es el que aplicó Kirchner en sus años de gobernador y que luego trasladó al plano nacional al acceder a la presidencia, y que parte de la base de considerar lo estatal como un bien personal.

NK y BaezPor ejemplo, de acuerdo con la investigación, quien ordenaba el manejo de los fondos de Santa Cruz fue Lázaro Báez, que en aquel entonces se desempañaba como gerente departamental del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Posteriormente, Báez se convirtió en dueño de empresas de construcción que ganaban las licitaciones para obras públicas y se lanzó a comprar propiedades en toda Santa Cruz y en otras provincias, además de llevar a cabo negocios con la familia Kirchner, como alquilarles muchas habitaciones en los hoteles que poseía esa familia y que los empleados de Báez nunca ocupaban. Una típica maniobra de lavado de dinero.

En 1995, Báez y otro funcionario del Banco de Santa Cruz informaron a la empresa Kega Holding Internacional Inc., de dueños desconocidos, que podían disponer en forma «incondicional» de 17.200.000 dólares, que saldrían de una cuenta de la provincia en el Banco de Santa Cruz, pero desde la cuenta de este banco en el Citibank de Nueva York.

nestor kirchner no robamosA la luz de estos nuevos datos cobra sentido -un sentido entre cínico y aberrante, claro- el silencio que mantuvo Kirchner, mechado de mentiras y desinformación, sobre el destino de los famosos fondos luego desaparecidos, pues de aquellos cientos de millones sólo habrían quedado en Santa Cruz 30.000 dólares.

Cuando Sergio Acevedo accedió a la gobernación de la provincia patagónica tras haberse desempeñado como titular de la SIDE, mostró la voluntad de transparentar la suerte que habían corrido aquellos fondos, pero se vio frustrado al no recibir información confiable. Quienes lo sucedieron en el cargo, al que renunció para no convalidar hechos de corrupción en marcha, tampoco pudieron arrojar luz sobre la suerte que corrió la fortuna.

cristina-kirchner-02Resulta ilustrativo recordar que una actitud similar mantuvo Cristina Kirchner. Cuando inauguró una planta cementera en Pico Truncado, en 2008, efectuó una enérgica defensa del manejo de los fondos santacruceños. Según ella, parte de esos fondos se emplearon en la construcción de la cementera que inauguró. Y agregó: «Siempre me pareció muy curioso que en un país donde se habían llevado todo, donde nadie podía dar cuenta de lo que faltaba, un hombre que gobernó esta provincia y el país había ahorrado lo que otros no podían explicar». Es probable que hubiera ahorro, pero no para la provincia, que vio desaparecer la mayor parte del dinero.

Aunque Kirchner lo manejara como propio, ese dinero pertenecía a una provincia que ya entonces tenía graves problemas, que se profundizaron durante la gestión presidencial del matrimonio Kirchner; una provincia donde el empleador casi excluyente sigue siendo el Estado; una provincia que no pudo diversificar su modesta economía y que, durante décadas, fue un feudo, y como tal lo manejaron y lo explotaron los Kirchner.

Hace seis años decíamos en esta columna que era una burla a la ciudadanía nacional y a la santacruceña que en pleno siglo XXI se hablara del misterio de lo ocurrido con alrededor de mil millones de dólares estatales. Ese misterio empieza a descorrerse y lo que se ve indigna y espanta.

Fuente: La Nación, 22/09/16. – Editorial.

cfk y nk corruptos 01

Los Papeles de Panamá: Lo que hay que saber

septiembre 9, 2016

Los Papeles de Panamá: Lo Que Usted No Sabe

Panama papersUn tesoro de documentos filtrado de un despacho de abogados de Panamá trajo el mundo offshore justo a nuestra puerta.  Los documentos publicados — unos 11.5 millones — expusieron las operaciones secretas de algunas figuras prominentes y revelaron redes de corrupción, el lavado de dinero y fraude.

Según The Economist, los documentos dan a conocer las participaciones financieras de “140 políticos y funcionarios, entre ellos 12 antiguos y actuales presidentes, monarcas y primeros ministros.”  Además, se alega que toda la riqueza ilícita adquirida por negociar con “estados rebeldes, terroristas o narcotraficantes” fue escondida detrás de sociedades anónimas.  Los asociados colaboradores de Vladimir Putin supuestamente transfirieron miles de millones al mundo offshore y el primer ministro de Islandia ya renunció a su cargo.

Todo esto dio un impacto a la comunidad internacional y consecuentemente los ojos se giraron hacia Panamá; de ahí vienen los Papeles de Panamá.  Los periodistas y eruditos tomaron la ofensa contra Panamá y lo criticaron por fomentar la evasión fiscal y lavado de dinero mediante su benigna política fiscal y sus leyes permisivas de secreto bancario.  De hecho, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, recientemente declaró que “las revelaciones sobre los Papeles de Panamá han revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en Panamá.”

Y en esto se centran las noticias.  ¿Pero es culpable Panamá?

El Compromiso de Panamá con la Transparencia Internacional

panamaLos Papeles de Panamá dejaron a un Panamá esforzándose por salvar su reputación.  El ministerio panameño de Economías y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, declaró que Panamá “está colaborando estrechamente con la OCDE” y se ha comprometido a acelerar conversaciones sobre su transparencia y cumplimiento financiero.  De La Guardia observó también que justo el año pasado en las Naciones Unidas, Panamá se comprometió a cumplir con los requisitos internacionales al respecto.  De hecho, continuó, “la comunidad internacional debería reconocer lo que Panamá ha hecho en estos últimos 18 meses.”  Sin embargo, se debería reconocer lo lejos que ha llegado Panamá desde los días oscuros de los años ochentas.

Panamá ha hecho grandes avances desde los días de Noriega y su “narco-cleptocracia” — en las palabras de John Kerry — mediante la cual convirtió esta pequeña nación centroamericana en un hervidero del lavado de dinero y narcotráfico.  Hace muy poco, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero, removió Panama de la lista gris:

El GAFI reconoce los pasos significativos que dio Panamá para mejorar  la prevención del lavado de dinero y confirma que Panamá cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso según su plan de acción de abordar las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en junio del 2014.

De hecho, un Informe del año 2015 del Departamento de Estado de EEUU sobre el lavado de dinero y delitos financieros elogió a Panamá por sus esfuerzos.  El informe concluyó que el plan actual de acción de Panama mejorará su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de dinero y creará un sistema financiero más transparente.  Hace algunos años, la OCDE removió Panama de su propia lista gris entrando así en la lista blanca por sustancialmente implementar las normas internacionales en el intercambio de información tributaria.  Además, Panamá ha firmado numerosos Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés), incluso con los Estados Unidos, y en gran medida se ha alejado de la imagen de los años 1980s.

Como parte de su compromiso, Panama inmovilizó las acciones al portador, o las acciones que esconden el beneficiario final (el verdadero dueño), y exigió que tales acciones emitidas previa a la ley fueran entregadas a un custodio autorizado.  El propósito fue para asistir las autoridades en procesar la evasión fiscal y el lavado de dinero contra los beneficiarios finales de las sociedades anónimas de Panamá.

Evidentemente, Panamá ha complacido a la comunidad internacional y está cumplimiento con su compromiso de luchar contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.   Lamentablemente, los Papeles de Panamá han tergiversado sus esfuerzos mientras provocan dudas sobre la eficacia de sus leyes vigentes al respecto — las mismas leyes consideradas pasos en la buena dirección.  Por lo tanto, la llegada de los Papeles de Panamá plantea una pregunta muy importante: ¿Se debe culpar a Panamá?  Veamos dos personas importantes involucradas en el mundo offshore: los bancos y los abogados.

Los Bancos

La apertura de una cuenta bancaria en Panamá es bastante difícil para los extranjeros.  El proceso de solicitud puede demorar desde dos semanas hasta un mes y los bancos no asumen obligación alguna de aceptar al cliente.   La solicitud misma puede llegar hasta treinta páginas y el uso de los abogados para facilitar la navegación del proceso es práctica común.  Se requiere con frecuencia una entrevista personal y los bancos mismos deberían guardar un registro actualizado de los beneficiarios finales de la empresa, si es cuenta jurídica.

De hecho, Panamá estableció la Superintendencia de Bancos de Panamá para “velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario…para mantener y profundizar la integración financiera internacional.”  Ley 2 de 2008 aclara enérgicamente lo anterior.  Por ejemplo, dicha ley establece que todos los bancos se someterán a la supervisión e inspección por la Superintendencia y deberán confirmar que cumplen con el marco legal y regulatorio establecido para combatir el lavado de dinero.  Además, los bancos deberán establecer normas y políticas que les permitirán conocer al cliente (leyes de KYC, por sus siglas en inglés).

Las leyes de “Conocer su Cliente,” o KYC, son bastante onerosas.  Por esa razón, les hago saber algunas de las muchas disposiciones pertinentes, tipificadas en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, adecuadamente llamada “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales…”  La Ley 23 es parecida a la ley bancaria de Panamá — Ley 2 de 2008 — y establece las medidas básicas de debida diligencia del cliente natural y jurídica.

Los bancos deberán establecer un perfil financiero del cliente (o del beneficiario final) al abrir la cuenta bancaria y tomarán medidas para verificar e identificar la fuente de fondos.   En el caso de personas jurídicas, los bancos deberán identificar y solicitar las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de las personas jurídicas, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores, apoderados, firmantes y representantes legales de dichas personas jurídicas.  En otras palabras, si el cliente es una persona natural o persona jurídica, el beneficiario final deberá ser identificado.  Si no es posible, pues, el banco se comprometerá a abstenerse de operaciones y relaciones en caso de que persista la duda sobre la identidad del cliente o beneficiario final.  Las personas que cumplen funciones públicas de alto nivel, incluyendo sus asociados, se someten a un escrutinio más fuerte.

Además de determinar y verificar la identidad del cliente, los bancos deberán para todas las personas conocer la naturaleza del negocio del cliente y, de manera estilo Patriot Act, examinar constantemente la relación comercial con especial atención en transacciones equivalente o más de $10,000.00.  Sin embargo, los bancos jamás conocerán al cliente tan profundo como los abogados.  De hecho, contratar a un abogado es por lo general el primer paso en abrir la cuenta bancaria ya que el abogado estámejor preparado que el cliente para navegar en el laberinto de documentos involucrados en el proceso.  Por lo tanto, la verificación de la identidad del cliente comienza con los abogados — a ellos les corresponde esa obligación.

Los Abogados

Como ya se mencionó, la primera línea de defensa en la lucha mundial contra el lavado de dinero y la evasión fiscal empieza con los abogados.  Por un lado, los clientes tendrán muchas más probabilidades de ser mas transparente con su abogado que con su banquero.  Por otro lado, el privilegio entre abogado y cliente fomenta dicha transparencia entre las partes y, según la ley, protege la confianza del cliente.

Los abogados, entonces, se encuentran en una situación única de tener tanto acceso a información muy personal como información inculpatoria.  En consecuencia, son muchos más versados en verificar la verdadera identidad del cliente.  Ésta es la razón por la que el abogado es un actor clave en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Los abogados de Panamá, al igual que los abogados de los Estados Unidos, deberán velar por el imperio de la ley y ejercer conforme al Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

Las infracciones al Código de Ética serán objeto de investigación rigurosa del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Panamá y la disciplina es administrada por la Corte Suprema.  Los abogados también se someten a las metidas básicas de debida diligencia y normas de KYC que aplican a los bancos detallado en Ley 23 de abril 27 de 2015 (vea arriba).  Sin embargo, a diferencia de lo que aplica a los bancos, los abogados y sus firmas se someten a obligaciones más rigurosas de KYC.

Por lo general, la Ley 2 del 1 de febrero del 2011, la cual “regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas,” obliga a que los abogados hagan efectivamente eso: conocer a su cliente.  Los agentes registrados (o residentes), los cuales son los abogados o sus firmas mismas, deberán tomar las medidas necesarias para identificar y verificar la identidad del cliente o beneficiario final para “contribuir a la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquiera otra actividad ilícita.”  Además, los agentes residentes se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.

Específicamente, la ley profundiza con gran detalle las medidas aceptables de cumplimento y a raíz de esto lo que sigue son unas disposiciones pertinentes: Los abogados, como agentes registrados, deberán identificar al cliente y verificar su identidad con base en documentos, datos o información obtenida de fuentes confiables e independientes.  Además, cuando el cliente actúe en nombre de un tercero, o sea una corporación misma, el abogado tendrá que proporcionar evidencia satisfactoria de la identidad de tanto el tercero como el cliente, incluyendo, pero no limitativo: (1) referencias bancarias y comerciales; (2) copias de un documento de identidad personal nacional y/o pasaporte; (3) y copias de la misma de todos accionistas — en el caso de corporación — que sean propietarias directas o indirectas de, por lo menos, un 25% de su capital.   Por encima, cuando los certificados de acciones que representan el título de propiedad estén emitidos al portador, el abogado tendrá que verificar la identidad de los que posean dichas acciones, y presentar evidencia satisfactoria de su identidad.  Los abogados deberán mantener actualizados toda la información y documentos obtenidos y cualquier cambio al título de propiedad de la corporación requerirá un nuevo conocimiento a su cliente.

Hasta que se identifique al cliente y el período de debida diligencia se finalice, los agentes residentes deberán abstenerse de la presentación del servicio al cliente.  Además, los agentes residentes deberán establecer y mantener políticas y procedimientos al respecto, y ciertos empleados deberán capacitarse en cómo implementar dichas políticas de conozca a su cliente, así como el mantenimiento de registros.  Como sea necesario, las autoridades competentes, como el Ministerio Público y el Órgano Judicial, podrán solicitar la entrega de información sobre el cliente y exigir cualquier documento o registro que les facilite la lucha contra el lavado de dinero.

La lista continúa.

Conclusión

No cabe ninguna duda de que las instituciones financieras y los abogados son actores claves en lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.  Como ya se mencionó, Panamá ya cuenta con el marco legal y regulatorio para cumplir con su compromiso de adherirse a los estándares internacionales de transparencia bancaria.  A este respecto, las leyes y normas de Panamá son mucho más fuertes que las de otras partes del mundo.  Veamos brevemente el caso de los Estados Unidos:

DelawareDurante los años setenta y ochenta, Delaware se aprovechó del apogeo de la globalización para anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con elementos de confidencialidad.  A pesar de poner un poco de order en su casa, los Estados Unidos aún sigue siendo conocido como el paraíso fiscal más grande del mundo.  La Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), una coalición independiente de investigadores quienes analizan y explican los efectos dañinos de la evasión fiscal, la competencia fiscal y los paraísos fiscales, no ve con buenos ojos a los Estados Unidos en este campo. En su índice de secreto financiero de 2015, lo cual clasifica a los países según su nivel de secreto financiero y escala de operaciones offshore, los Estados Unidos ocupa el tercer lugar, después de Suiza y Hong Kong.  Panama, en cambio, ocupa cómodamente el décimo tercero lugar, mucho después de los Estados Unidos, y países como Alemania y Japón — sorprendentemente — se les considera mucho más “secreto” que Panamá.

Aún, los Papeles de Panamá muestran una imagen sombría del mundo offshore en Panamá. No obstante, el sistema panameño no es el coche de huida para las finanzas de los ladrones y quienes los rodean.  Panamá ha realizado un esfuerzo concertado para combatir los delitos financieros de nivel local, nacional e internacional, y sobre todo tiene en su lugar los mecanismos de prevenir lo mismo.  Al final, serán los bancos y abogados quienes se encargan de cumplir con las normas y leyes al respecto — a ellos les corresponde la obligación.  No obstante, los abogados son humanos y algunos tal vez consideren que la ética y el imperio de la ley impiden sus propios intereses.

Y en esto deberían de haberse centrado los Papeles de Panamá.  En su lugar, obviamente influido por el sensacionalismo, los Papeles de Panamá plantean dudas sobre la integridad de todo el país nada más por las acciones de un solo despacho de abogados.  En realidad, la cultura y práctica del secreto financiero de Panamá no tienen nada que ver con la situación.  Al contrario, fue la cultura y práctica de un despacho de abogados que vulneró la ley los responsables por dicha situación.

¿Se debe culpar a Panamá?

Fuente: boletinprotecciondeactivos.com, 10/05/16.

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Piden la destitución del juez federal Daniel Rafecas

septiembre 8, 2016

Caso Nisman: en una solicitada piden la destitución del juez Rafecas

Familiares de víctimas del atentado de la AMIA cuestionan su decisión de no haber hecho lugar a la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal contra la ex presidenta y otros funcionarios.

El juez federal Daniel Rafecas ingresa a los Tribunales de Comodoro Py (Argentina. Foto Pedro Lázaro-Fernández)

El juez federal Daniel Rafecas ingresa a los Tribunales de Comodoro Py.

justicia corruptaBUENOS AIRES — Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, dirigentes y referentes de la comunidad judía publicaron una solicitada para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas.

“El juez Rafecas debe ser removido”, se titula el texto que apunta a la negativa del magistrado para hacer lugar la denuncia de Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, por presunto encubrimiento de los imputados, tras el cuestioando Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.

Entre los firmantes se encuentran los diputados Elisa Carrió y Waldo Wolff, los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez, la ex vicejefa de gobierno porteña, Cecilia Felgueras y el ex representante ante las Naciones Unidas Emilio Cárdenas, entre otros.

EL TEXTO COMPLETO

“Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013.

Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo record. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas.

La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr. Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de éste último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia.

justicia corruptaHa llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la Amia, constituye también otro delito de lesa humanidad.

Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA [NdR: en rigor, fue la DAIA], el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro ‘temor de parcialidad’, Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su ‘meritoria’ desestimación del pedido del Fiscal Nisman.

asesinato politicoAnte reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria”.

Fuente: Clarín, 08/09/16.

todos somos nisman

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Brasil preserva su democracia

septiembre 2, 2016

Editorial: Brasil muestra un alto respeto por la ley y la democracia

Con la remoción por juicio político de Dilma Rousseff, el país mostró un impresionante respeto por la ley y la democracia.

Dilma Rousseff habla a sus seguidores en Brasilia.
Dilma Rousseff habla a sus seguidores en Brasilia.

La última década ha sido difícil para la democracia en América Latina, pero el país más grande de la región parece estar emergiendo con sus instituciones políticas intactas. El Senado de Brasil votó el miércoles la remoción de la presidenta Dilma Rousseff, culminando así un juicio político sobrio y respetuoso de la ley.

brasil banderaEn abril, la Cámara Baja de Brasil había destituido a la reelecta presidenta, del Partido de los Trabajadores, acusándola de haber autorizado gastos públicos sin la aprobación del Congreso y de haber utilizado una contabilidad engañosa para ocultar préstamos ilegales de bancos estatales. Esto puede no sonar como los “altos crímenes y delitos” requeridos por la Constitución de EE.UU. para realizar un juicio político a un presidente.

Sin embargo, las leyes que Rousseff violó fueron aprobadas después de que el endeudamiento del gobierno con fondos de bancos estatales y el gasto deficitario llevaran a Brasil a la hiperinflación de la década de los 80 y principios de los 90. Los brasileños toman estas leyes en serio, y millones de estadounidenses probablemente se preguntarán por qué no pueden acusar a los políticos de Washington por delitos fiscales similares.

Rousseff pidió un informe presupuestario de expertos no partidistas. El reporte de 224 páginas, presentado en junio, concluyó que Rousseff había violado las leyes de presupuesto y por poco la culpa personalmente de los préstamos de los bancos estatales. El presidente del Supremo Tribunal, quien fuera nominado por el predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, y quien se inclina políticamente a la izquierda, presidió el juicio.

El proceso de tres semanas fue televisado desde la mañana hasta la noche. El lunes, Rousseff dispuso de tiempo ilimitado para defenderse. La suspendida mandataria dijo que las acusaciones fueron políticas y que su destitución sería antidemocrática. El juicio a un líder elegido democráticamente es inherentemente político, pero el proceso en este caso ha sido riguroso y transparente.

Rousseff también tenía el peso de ser impopular, pero eso es el resultado de su propia mala gestión económica, vinculada a su vez con las acusaciones en su contra. La economía ha estado en una recesión prolongada. Alberto Ramos, de Goldman Sachs, dice que el PIB per cápita se contrajo 9,7% desde el segundo trimestre de 2014, una pérdida acumulativa de riqueza mayor que la sufrida durante lo que los brasileños llaman la “década perdida” de los 80. La inflación anual en julio fue de 8,7%.

Los populistas le echan la culpa a la caída de los precios del petróleo, pero las exportaciones de bienes de Brasil, incluido el crudo, fueron sólo 10,5% del PIB en 2014. El verdadero problema es el programa izquierdista de política fiscal, la laxa política monetaria, el aumento del proteccionismo, un complejo sistema tributario y un enorme estado regulador. Cuando la economía se derrumbó, Rousseff violó las leyes de presupuesto para salvar su presidencia.

petrolao 03La mandataria también fue perjudicada por los escándalos de corrupción, incluyendo las acusaciones contra Lula da Silva. Rousseff agravó el problema cuando trató de incorporar al ex presidente a su gobierno para protegerlo de acciones judiciales.

Al final, el Senado votó 61-20 para condenarla, y la mayoría de tres cuartas partes del cuerpo legislativo sugiere algo parecido a un consenso nacional para destituirla. El vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ocupó transitoriamente la presidencia durante el juicio, terminará el mandato de Rousseff, que se extiende hasta 2018. Si Temer es prudente, va a aprovechar este momento de estabilidad institucional para llevar nuevamente al país en la dirección económica correcta.

Fuente: The Wall Street Journal, 01/09/16. Editorial.

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La insolvencia fraudulenta

agosto 25, 2016

¿Qué es la insolvencia fraudulenta?

La insolvencia es un estado de cesación de pagos del deudor sin que sea necesaria la declaración judicial en concurso o quiebra. Es una acción para disminuir, por medio del fraude, el patrimonio para no cumplir con las obligaciones tributarias y previsionales (…) La figura es la provocación de la insolvencia, pero el dolo aparece cuando ella se provoca al tomar conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial para cobrar las obligaciones tributarias y previsionales, las que no se pagan por ese obrar. (…) El «momento de conocimiento de iniciación» será: a) en los procedimiento administrativos, con el acta que notifica la iniciación de verificación; b) en las ejecuciones fiscales, en la oportunidad de la emisión de boleta de deuda; y c) en los juicios ordinarios, con el traslado de la demanda si no hay una actuación anterior verificable como cartas documento o intimaciones fehacientes.

(Fuente: GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana C., Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Ed. Lexis Nexis, 9na. Ed., Buenos Aires, 2005 p. 893).


Para analizar: ¿Constituye este caso -abajo detallado- una insolvencia fraudulenta?

Cristina cedió bienes a sus hijos tres días después de su procesamiento

Lo hizo tres días después de que fue procesada en la causa del dólar futuro; las propiedades quedaron a nombre de Máximo y Florencia.

Por Mariela Arias y Maia Jastreblansky.
Cristina Kirchner cedió inmuebles a sus hijos en medio de la tormenta judicial
Cristina Kirchner cedió inmuebles a sus hijos en medio de la tormenta judicial.

Ocurrió tres días después de su primer procesamiento y un mes y medio antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos. El lunes 16 de mayo pasado, Cristina Kirchner cedió a sus hijos inmuebles que formaban parte de su patrimonio. Lo hizo en medio de sus visitas a Buenos Aires y cuando el frente judicial en su contra avanzaba sin pausa. Así surge de por lo menos tres informes de dominio del registro oficial de Santa Cruz a los que accedió LA NACION.

La ex presidenta mencionó la cesión de bienes a Máximo y Florencia Kirchner en uno de los descargos que hizo este año a través de Facebook. «El 50% de los activos financieros, los bienes muebles y los inmuebles que me correspondieran en concepto de bienes gananciales en la sucesión de Néstor Carlos Kirchner fueron cedidos legítima y legalmente a mis hijos, dentro del expediente sucesorio», dijo.

Hace unos días, la diputada Margarita Stolbizer presentó un escrito en la Justicia en el que acusó a la ex presidenta de «insolvencia fraudulenta», es decir, de desprenderse de sus activos para preservar su patrimonio de medidas judiciales. Ahora se conoce la fecha en la que, por lo menos tres de esas propiedades fueron registradas a nombre de los hijos: fue en la tercera semana de mayo, mientras Cristina apelaba el procesamiento que había ordenado el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro. Los documentos a los que accedió LA NACION también muestran que hubo inconsistencias en las declaraciones juradas de los Kirchner: hay inmuebles que fueron declarados como propiedad de Néstor, pero que siempre estuvieron a nombre de Cristina

La información surgió luego de que LA NACION accedió a la nomenclatura catastral de inmuebles de los Kirchner y solicitó información al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz. Este organismo dio como respuesta informes de dominio sobre tres terrenos.

El primero de los informes está referido a un predio de 4,4 hectáreas en El Calafate (de nominación catastral «fracción CLIX») que los Kirchner compraron en 2007 por $ 264.638, es decir, a $ 6 el metro cuadrado. En el Registro de la Propiedad Inmueble el primer asiento de esa propiedad indica que el lote fue adquirido a nombre de Cristina Kirchner, a pesar de que en las declaraciones juradas siempre fue declarado como de Néstor (y desde 2011, como «herencia»). El asiento N° 2 es el de mayo de este año: allí se registra el 50% del lote a nombre de Máximo y el otro 50%, a nombre de Florencia. Y se agrega: «Inscripción de inmueble por adjudicación en sucesión: autos caratulados Kirchner Néstor Carlos s/ sucesión».

El segundo de los documentos es sobre una parcela de 1,8 hectáreas, la «manzana 192 B», también en El Calafate. En este caso es Néstor Kirchner quien figura como comprador inicial, en 2007. Lo adquirió por $ 136.935, es decir, a $ 7,5 el metro cuadrado, el valor fiscal de la tierra en Santa Cruz en aquel momento. Fue parte de la compra de más de 200.000 metros cuadrados que los Kirchner realizaron en la década pasada.

En este inmueble, Cristina nunca llegó a figurar como titular en el Registro de la Propiedad: el primer asiento es de 2007 y el siguiente es recién de mayo de este año, cuando fue anotado a nombre de los dos ex hijos presidenciales en partes iguales.

El último informe de dominio es sobre un predio de 3,6 hectáreas que fue inscripto a nombre de Cristina Kirchner en febrero de 2007, cuando aún era primera dama. El último asiento se registró el 16 de mayo de 2016, cuando se inscribe la titularidad de predio a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Se trata de la «quinta 10 A», adquirida a 150.000 pesos. Sobre ese lote fue ampliado el hotel boutique Los Sauces, un complejo que mantiene la fachada típica de casa de campo patagónica, aunque en su interior guarda una decoración temática y refinada y suites distribuidas en cuidados jardines internos.

En este último caso, de nuevo aparece una contradicción con las declaraciones juradas: a la Oficina Anticorrupción el ex matrimonio presidencial le informó que la «quinta 10 A» pertenecía a Néstor Kirchner y no a su esposa, como figura en los registros oficiales.

La herencia

Según se desprende de los documentos oficiales a los que accedió LA NACION, Cristina nunca llegó a registrar el 50% de esos inmuebles en los seis años que transcurrieron desde la muerte del ex presidente. Abogados consultados por este medio explicaron que en todas las sucesiones, cuando los bienes de uno u otro cónyuge son gananciales (es decir, adquiridos durante el matrimonio), los jueces ordenan inscribirlos «en la proporción que marca la ley». Esta composición significa un 50% para el cónyuge superviviente y el otro 50% para los hijos en partes iguales.

Con estos porcentajes, de hecho, fue que Cristina informó los bienes heredados en sus declaraciones juradas a partir de 2011. También Máximo declaró un 25% de los activos que eran de su padre en sus presentaciones como diputado nacional. Los documentos muestran, sin embargo, que nunca llegaron a ser inscriptos de este modo ante el Registro de la Propiedad Inmueble.

Según fuentes especializadas, los Kirchner pudieron haber realizado este año un «adelanto de herencia» y un «acuerdo privado de partición de bienes», con lo que quedaron las propiedades en titularidad de los hijos. La inscripción oficial fue realizada pasados más de cinco años de la muerte del ex mandatario y a pocas semanas de que se dispuso la inhibición de bienes de Cristina Kirchner.

Alerta en la Justicia

La cesión de inmuebles no fue el único movimiento que hizo Cristina Kirchner este año. También le transfirió el dinero de sus plazos fijos a Florencia Kirchner. Son los US$ 5,6 millones que fueron encontrados en una caja de seguridad y en una caja de ahorro en el Banco Galicia y que quedaron embargados por el juez Julián Ercolini en la causa Hotesur.

Cristina reconoció que dolarizó esos fondos y se los cedió a su hija a principios de año. Pero la Justicia ya advirtió que esto puede significar un intento de la ex presidenta de insolventarse.

El fiscal Gerardo Pollicita, que interviene en Hotesur, alertó en ese entonces acerca de presuntas pruebas que mostrarían que la ex presidenta quiso sustraer los fondos del control de la Justicia y que, para eso, se los traspasó a su heredera. «Resulta determinante la fecha de apertura de las cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner -3 de marzo de 2016-, esto es sólo cuatro días hábiles posteriores a que su madre fuera convocada por el juez Bonadio a prestar declaración indagatoria en la causa dólar futuro», dijo en su resolución el fiscal.

Ahora se conoce que el desprendimiento de bienes inmuebles fue sólo tres días después de su procesamiento.

Fuente: La Nación, 25/08/16.

insolvencia fraudulenta

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La casa de Cristina Kirchner, bajo sospecha de Lavado de dinero

agosto 23, 2016

Lavado de dinero: la casa de Cristina Kirchner, bajo sospecha

Causa Los Sauces. Es la vivienda donde se aloja la ex presidente cuando está en Río Gallegos.

Por  Lucía Salinas.

La casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA. Foto Emmanuel Fernandez.

La casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.

lavado de dineroEs la única propiedad que no fue allanada cuando el juez Claudio Bonadio ordenó más de doce procedimientos en Santa Cruz en el marco de la causa Los Sauces SA. Se trata del chalet de dos plantas donde vive Cristina Kirchner cada vez que llega a Río Gallegos. La adquisición de la propiedad es sospechada de ser parte de una presunta maniobra de lavado de dinero y a raíz de esto, el fiscal Carlos Rívolo pide que sea investigada la compra-venta de la casa, operación en la que intervino Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner), a quien el fiscal imputó.

La propiedad ubicada en Mascarello 441 es propiedad de la empresa Los Sauces SA, investigada por el juez Claudio Bonadio por «presunto cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos». La primera inconsistencia que la Justicia detectó en relación a este inmueble, es la diferencia entre el valor de compra inicial y el de venta. Además, no coincidirían algunas fechas claves en los documentos y en las declaraciones juradas.

Osvaldo Sanfelice y su socio Máximo Kirchner saliendo del Mausoleo que construyó Lázaro Báez.

Osvaldo Sanfelice y su socio Máximo Kirchner saliendo del Mausoleo que construyó Lázaro Báez.

La casa donde descansa la ex Presidenta cada vez que va a Río Gallegos, fue adquirida por Los Sauces SA después de que se la vendiera Negocios Patagónicos SA (NAPA), propiedad de un hombre histórico del entorno de los Kirchner: Osvaldo «Bochi» Sanfelice. Ahora el fiscal Rívolo lo imputó y pidió que sea investigado por las «inconsistencias» que surgen sobre la compra-venta del chalet y por otras irregularidades en la contabilidad de Idea SA, también de su propiedad y responsable de administrar tres hoteles de Cristina Kirchner: La Aldea, Las Dunas y el Alto Calafate (ese último investigado por lavado de dinero).

Según señaló el portal Infobae la decisión del Fiscal fue impulsada después de recibir un informe de operaciones sospechosas por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre estas empresas de Sanfelice. Se detectaron algunos movimientos de NAPA vinculados a la casa de la ex Mandataria, que generaron sospechas. Esto fue confirmado por fuentes allegadas a la causa a Clarín que remarcaron que hay «operaciones que no concuerdan».

¿Cómo fue la operatoria que investiga la Justicia? En “el asiento 9 de la propiedad conocida como Mascarello 441, indica que la casa fue adquirida por la empresa NAPA el 21 de octubre de 2011 y la compra se efectuó por $ 200.000, según consta en la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.

Parte de los allanamientos en el Sur por la causa Los Sauces SA. Foto Emmanuel Fernández.

Parte de los allanamientos en el Sur por la causa Los Sauces SA.

«Pero la vivienda en realidad, habría sido adquirida en agosto de 2010 por un valor de $964.320«, indica la presentación que dio origen a la causa Los Sauces SA. En el Registro de la Propiedad Inmueble, la documentación oficial señala que la compra del chalet se anotó dos años después.

Al año siguiente, el asiento 12 del Registro de la propiedad, indica que Los Sauces SA compró la casa de la calle Mascarello 441 por 250.000 dólares (una diferencia muy superior al costo inicial) según se registró ante Escribana Pública el 22 de noviembre de 2012.

«La escribana interviniente en dicha operación simulada es Norma Abuin y se realizó mediante escritura, esta operación sin embargo no pasó desapercibida para la UIF, quien realizo una investigación y por eso denunciamos esta operación que involucraban a Máximo Kirchner y a Osvaldo Sanfelice«, dijo a Clarín Silvina Martínez abogada de la diputada nacional.

La denuncia explica que en 2010 Los Sauces SA, empiezan a pagar impuestos a las ganancias por una propiedad que habrían adquirido ese año por más de 900.000 pesos. Sin embargo, dos años después “falsificaría un documento público para hacer constar que el inmueble habría sido adquirido en 2012 a una empresa vinculada a los Kirchner y que se habría pagado 250.000 dólares por dicha propiedad de 892 metros cuadrados”, indicó Stolbizer.

Fuente: Clarín, 23/08/16.

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Latrocinio K: Más bolsas llenas de dólares

agosto 4, 2016

Hallaron medio millón de dólares en la casa del ex jefe de la Aduana de Buenos Aires

Investigación de Clarín. Eduardo Bernardi, muy cercano a Ricardo Echegaray, tenía que controlar todo el área metropolitana. La justicia allanó su vivienda y encontró el dinero y documentación de firmas sospechadas de contrabando.

Por Matías Longoni.

Edificio de la Aduana.

Edificio de la Aduana. Buenos Aires.

En varios de los documentos que se filtraron desde la organización de Negro y Tata Paolantonio, los hermanos que se dedicaban a traer mercadería prohibida desde China, se repetía un apodo que llamaba la atención de los investigadores: “Pekerman”, como el entrenador de fútbol. A manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que investiga dichas maniobras, también llegó un número de celular que pertenecía a ese personaje. Grande fue la sorpresa cuando se supo quién usaba ese teléfono: el contador Eduardo Alfredo Bernardi, nada menos que el jefe de la Aduana de Buenos Aires durante la extensa gestión de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP.

dolares-03A partir de ese dato, en las últimas horas la justicia ordenó una serie de allanamientos al domicilio de Bernardi y de otros funcionarios de ese organismo que posiblemente estuvieran implicados en estas maniobras de contrabando a gran escala. Cuando las fuerzas de Gendarmería ingresaron a la casa del alto jerarca aduanero se encontraron con una sorpresa todavía mayor: en un armario de la vivienda encontraron una bolsa plástica que contenía casi medio millón de dólares. Y sobre el escritorio de Bernardi también se hallaron documentos y permisos de embarques vinculados a varias de las empresas investigadas.

Esta revelación sobre la identidad de “Pekerman” podría resultar un dato sustantivo para la investigación judicial sobre las actividades de una serie de sociedades que en los últimos años, y en coincidencia con el cerrojo a las importaciones establecido desde la AFIP de Echegaray, ingresaron al país varios miles de contenedores cargados con telas, electrónicos, repuestos y chucherías de origen chino, que luego inundaban las calles de Buenos Aires. Hasta el momento, Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales habían dictado una inhibición de bienes y la prohibición de salir del país para un centenar de personas físicas y jurídicas posiblemente implicadas, incluyendo a los hermanos Paolantonio. La nueva tanda de allanamientos apunta a una segunda etapa de la investigación, que es definir la posible complicidad de funcionarios de la Aduana en este tipo de ilícitos.

Bernardi, de 55 años, ingresó a trabajar en la Aduana muy joven, en 1979, y el 23 de agosto de 2011 recibió una medalla por sus primeros 30 años de servicios. Para ese entonces ya era Director de la Aduana Buenos Aires, es decir el máximo responsable de controlar los puertos y depósitos fiscales de todo el área metropolitana, incluyendo el estratégico aeropuerto internacional de Ezeiza. Fue Echegaray quien le asignó ese cargo en 2006. Según varios testimonios, era uno de los hombres de máxima confianza del poderosos funcionario K, quien tomó el control de la Aduana en 2004 y lo retuvo hasta fines del gobierno de Cristina.

Cultor de un muy bajo perfil, Bernardi recién perdió su importante cuota de poder en mayo pasado, por decisión del nuevo titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión. Mucho tiempo antes, a fines de los noventa, también había sido degradado en medio de un escándalo. Enrique Piana, el empresario que dirigió las maniobras de la Mafia del Oro, lo mencionó con nombre y apellido al reconocer que había pagado 50 mil dólares mensuales de coima a miembros de la Policía Aduanera para que le permitieron sacar las exportaciones truchas de oro y luego cobrar los reembolsos. En 2002, sin embargo, el contador pudo retomar su carrera en las áreas de control aduanero.

En planillas de Excel que muestran la contabilidad casera de algunas operaciones concretadas en 2014 por los hermanos Paolantonio, el extraño “Pekerman” estaba incluido en una columna a la que se le asignaban gastos de 1.500 dólares por cada contenedor sacado del puerto de Buenos Aires. En otras columnas aparecían montos más pequeños de dinero presuntamente destinados a sobornar a empleados de Valoración, Prohibición y otras áreas específicas de la Aduana.

Además de la bolsa con casi medio millón de dólares, en el domicilio del ex jefe de la Aduana de Buenos Aires se secuestró una serie de documentos, incluidos permisos de embarque, vinculados con empresas que aparecen mencionadas en la causa que lleva adelante Aguinsky, como las marplatenses Indu Toys SA y Stock Toys, o las pertenecientes a ciudadanos chinos como Kim Yi Yung y Oh Jon. Sobre el escritorio del funcionario ligado a Echegaray también había papeles que hacían referencia a Las Cortaderas, una de las sociedades importadoras utilizadas por Negro y Tata Paolantonio.

Fuente: Clarín, 03/08/16.

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Latam pagó coimas a Ricardo Jaime

julio 26, 2016

Latam aceptó una multa millonaria en EE.UU. por un pago al testaferro de Jaime que nunca pudo explicar

Por Diego Cabot.

Para entrar al mercado argentino le entregó US$ 1,15 millones a Manuel Vázquez, hoy con prisión domiciliaria, por una consultoría que nunca existió.

Pasaron más de 10 años, pero finalmente Latam, continuadora de LAN, aceptó pagar 21,5 millones de dólares en Estados Unidos por un pago realizado a fines de 2006 a Manuel Vázquez, asesor y lobbista del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

coimaLas sospechas de aquel sugestivo pago por 1,15 millones de dólares es que terminaron en manos de los funcionarios que negociaron el ingreso de la compañía aérea.

Todo sucedió a fines de 2006, cuando la compañía aérea ya operaba hacía un año en el país. En octubre de aquel año, Vázquez envió a Ramírez un contrato por el cual una empresa del grupo chileno con sede en Estados Unidos, Atlantic Aviation Investment contrataba Controles y Auditorías Especiales de Argentina (Caesa) para hacer un informe sobre «las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible».

El negociador por la compañía chilena fue Ernesto Ramírez, un ejecutivo de la empresa que reside en Miami y que fue el encargado de manejar la llegada de la aerolínea chilena a la Argentina en 2005, tras la caída de Southern Winds después de los escándalos de la valija con droga encontrada en Madrid. Incluso fue uno de los que acompañaron al actual presidente chileno, Sebastián Piñera, entonces directivo de la aerolínea, a presentar el proyecto LAN Argentina a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en marzo de 2005.

En el artículo 5 del acuerdo se refieren a la remuneración que recibirá Caesa y que llega, según el detalle que el propio Ramírez realiza en un mail, a 1.150.000 dólares divididos en tres cuotas de 300.000 y una de 250.000. La duración de la prestación del plazo se estableció en 90 días, tiempo en el que debería estar cancelada la totalidad del contrato.

El 27 de octubre de ese año, Caesa envió la primera factura a la compañía por 300.000 dólares identificada con el número 27. Luego llegó la 30 y la 31. Al pie del documento la empresa describió los datos para hacer los depósitos: Wachovia Bank, 3442 Orange Avenue NE, Roanoke, cuenta 8779 – 9038, cuyos titulares son Manuel Vázquez y Marta Domínguez (esposa de Vázquez). Se facturaban «servicios de consultoría prestados según contrato firmado entre las dos empresas».

Meses antes, en agosto, un largo decreto, el 1012, firmado por el presidente Néstor Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país.

La norma utilizó 3200 palabras para prorrogar la emergencia aerocomercial y autorizar un aumento de las bandas tarifarias. El artículo 10, en apenas 18 vocablos, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. Sucede que el Código Aeronáutico establece que la mayoría accionaria de las empresas aéreas debe estar en manos de socios argentinos. Esa limitación fue cambiada en 1994, con la apertura económica, pero en 2000, con la crisis de Aerolíneas Argentinas se volvió a implantar el viejo sistema del código.

Cuando LAN llegó al país, en 2005, dos abogados, Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, fueron los socios mayoritarios de la empresa. Pero a medida que había que aportar capital para expandir el negocio, la restricción complicó la operación. Finalmente, el artículo 10 del decreto 1012 volvió a la apertura de 1994.

Meses más tarde, una compañía de LAN contrataba los servicios de Caesa por un poco más de un millón de dólares.

jaime y vazquezDiez años después, Jaime está preso en el penal de Ezeiza y Vázquez tiene prisión domiciliaria. Se los imputa de haber facturado coimas para la compra de material rodante a Estaña y Portugal. La empresa que facturó las coimas fue Caesa, la misma que facturó a auditoría a Lan. Las facturas cuestionadas 39, 40 y 41, vecinas de aquellas que terminaron por implicar a Lan en una investigación que se cerró con el pago de 21,5 millones de dólares en Estados Unidos.

Fuente: lanacion.com.ar, 26/07/16.

jaime preso 2016

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ricardo jaime con cristina kirchner, de vido y zanini

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