1. Contra 300 años de teoría económica. La ruta del dinero K no solo terminó con Lázaro Báez tras las rejas, sino que también, de acuerdo al escrito de Casanello, hizo algo que parecía imposible: contradecir a siglos de teoría económica. Es que, al analizar el patrimonio del dueño de Austral Construcciones, el magistrado hace un raconto detallado de los ingresos y egresos del empresario y, apelando a la ironía, descubre lo que denomina como una “incompatibilidad observada entre ingresos, riqueza y consumo manifestados”.

Casanello explica a modo de ejemplo que por cada peso que “embolsó” Lázaro Báez en 2013, gastó $4,33. Pero lejos de empobrecerse, el empresario aumentó su patrimonio, es decir se volvió más rico. “La teoría económica revela que este indicador (ingresos-gastos) debe ser positivo y menor a uno en el mediano plazo. Si fuera superior a la unidad indicaría que el individuo se encuentra en una situación en la cual se gasta más que lo que ingresa”, explica el fallo.

“No se desconoce que el consumo también es función de la riqueza del agente en cuestión; ergo, el aumento tendencial del ratio mencionado conjuntamente con el incremento declarado de su riqueza se convierte en un cóctel que trescientos años de teoría económica no pueden dar cuenta”, satiriza el magistrado. En otras palabras, los números no cierran.

2. Radiografía de la obra pública K. A pesar de las asimetrías territoriales y poblacionales, la provincia de Santa Cruz se convirtió, según marca Casanello en su escrito de 122 páginas, en una provincia casi o tanto más relevante que Buenos Aires, concentrando el 11% del total de la obra pública nacional. Según una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia de los Kirchner “concentraría el 11,6% de la obra pública nacional vigente, solamente superada por la provincia de Buenos Aires (14,0%), aunque el orden se invertiría si el porcentaje se basa en el total ejecutado, con un 11,2 en la provincia sureña y un 11% en territorio bonaerense”. Otro récord de la década pasada.

La frialdad de los números es abrumadora. De 83 obras, 51 serían de los Báez por un total de 16.386 millones de pesos. De ellas, hay registradas 23 obras con plazos incumplidos y una demora de pago de certificados de obra de solo 34 días, cuando para otras empresas constructoras fue de 231 días.

Y concluye: “Existió concentración de obras en el grupo económico vinculado a Lázaro Báez (…) existieron incumplimientos reiterados de los plazos de obra (…) existió una desigualdad en el plazo insumido para el pago de los certificados entre las diferentes empresas contratistas, privilegiándose a las empresas del grupo Báez”.

3. El rol de Fabián Rossi. El ex marido de Iliana Calabró -que también fue procesado y se le trabó un embargo por 100 millones de pesos- ocupa varios párrafos aparte en el fallo del juez Sebastián Casanello. “El Rossi”, como se hizo conocido en el programa de Marcelo Tinelli, se despegó del rol que le atribuían en la estructura de la Rosadita, como un supuesto armador de sociedades en paraísos fiscales. «Afirmó que lo que hizo allí fue trabajar con empresas de la “moda” –Cardón, Paruolo, Old Bridge; etc.- y diseñadores –con quienes también manifestó haber trabajado en Colombia e Italia-, organizando desfiles y otros eventos comerciales”, explica el fallo.

Pero eso no es todo. Al tener que explicar por qué aparecía contando dólares en un video de SGI en Puerto Madero, Rossi se amparó en “su forma de ser” y explicó que solo intentó ayudar a los que estaban en la oficina. Así lo describió Casanello. “Con relación a las imágenes que lo captaron contando dinero, refirió que su forma de ser lo impulsó a colaborar con sus compañeros de tesorería en dicha tarea. Que sin perjuicio de ello, desconocía la propiedad, origen y destino de aquel dinero; indicando también que no se extrañaba de ver grandes cantidades de dinero”.

Otro detalle llamativo de su declaración, que figura en el fallo, es que nunca supo que Martín Báez era el hijo de Lázaro Báez. Parecería difícil de creer, pero así lo declaró. “En torno Martín Báez afirmó que si bien lo vio circunstancialmente dos o tres veces en S.G.I., jamás los unió vinculación alguna. Que cuando se lo presentaron en la financiera lo nombraron simplemente como ‘Martín’, por lo cual desconoció su nombre completo hasta que la causa tomó estado público”.

4. La conexión de Bahía Blanca. Casanello retoma la denuncia de Margarita Stolbizer para desmenuzar el mecanismo por el cual Austral Construcciones se apoyó en empresas fantasmas que funcionaron como usinas de facturas truchas para evadir impuestos. Además, marca que la “grotesca operatoria” fue detectada por inspectores de la AFIP-DGI de Bahía Blanca, sin embargo “estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca”.

Otro detalle: el juez afirma que hubo 28 comunicaciones telefónicas de un celular de Báez con gente de su entorno que, en función del impacto de las antenas de sus celulares, se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Cuándo fueron realizadas? Entre el 30 de octubre del año 2012 al 28 de diciembre del mismo año, que coincide con la fecha del video de La Rosadita.

Además, marca otra situación insólita: en ese mismo periodo de tiempo hay un viaje del jefe de la DGI a Río Gallegos, a bordo de la aeronave que pertenece a Lázaro Báez. “Nos encontramos ante una defraudación tributaria en perjuicio del Estado que, inevitablemente, debió ser perpetrada con la anuencia y complicidad de los más altos estrados de la Administración Federal de Ingresos Públicos”, sentencia.

5. Compañeros de vuelo. Martín Báez viajó el 2 de noviembre de 2012 desde Río Gallegos a San Fernando en el  Lear Jet LV-ZSZ, uno los aviones privados de la empresa Top Air, de su padre. Ese mismo día, por la tarde, se encontró con Pérez Gadín y fueron inmortalizados contando dólares, fumando habanos y tomando Whisky en SGI, la financiera de Puerto Madero apodada “La Rosadita”.

Pero no voló solo. “Lo acompañaron el ex director de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ángel Rubén Toninelli, y su hijo Federico Toninelli, quien ejercería la profesión de manera ‘independiente’”, detalla el escrito judicial. El mandamás de la DGI había arribado a Santa Cruz un día antes en otro vuelo, acompañados por personaje más del entramado de la ruta del dinero K: Jorge López Geraldi, Ingeniero Jefe de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz.

En otras palabras: las personas que debían controlar a Lázaro Báez (sus impuestos y sus obras) viajaban en sus aviones. Un caso que suena similar al de Ricardo Jaime y sus vuelos privados pagados por empresarios a los que él, como secretario de Transporte, debía auditar.

“El traslado de Toninelli hasta Río Gallegos, presumiblemente para reunirse con Lázaro Báez, obedece a la necesidad de garantizar esa impunidad”, resalta Casanello, sobre la causa de facturas truchas y evasión en Bahía Blanca.

6. ¿Qué era La Rosadita? Otro de los puntos claves del fallo de procesamiento de Lázaro Báez con prisión preventiva es la descripción en detalle de cómo funcionaba la financiera SGI. Dice Casanello: “Todos los servicios financieros que allí se brindaban estaban atravesados por un mismo vector: la disimulación del dinero operado, lo que evitaba rastrear su origen. Depósitos de cheques de pago diferido cuyos montos eran retirados por ventanilla a las cuarenta y ocho horas, operaciones de compra y venta de divisas por fuera del control estatal –pues no se encontraban habilitados para ello-, operaciones de bolsa con dinero ajeno –careciendo también de autorización-, mutuos que encubrían operaciones propias del sistema bancario –de nuevo, sin habilitación para operar como entidad financiera-”.

“El servicio de SGI era básicamente de intermediación; realizaba a nombre propio -hasta donde aguantaba su perfil patrimonial- pero con dinero de terceros, operaciones en entidades bancarias, y delegaba el excedente – aquello que su perfil patrimonial ya no toleraba- en otras cuevas con mayor volumen de operaciones.

7. Los clientes de la cueva VIP.  El secreto y pasar desapercibido en el mundo de las finanzas tiene su precio. En La Rosadita, lo sabían por eso su perfil de clientes era particular. “El cliente que entraba a SGI podía realizar prácticamente cualquier operación de espaldas a los controles estatales. Claro que ello llevaba aparejado un costo mayor que el ofrecido por las entidades que sí eran fiscalizadas”, explica el escrito de procesamiento

–¿Por qué realizar operaciones en una cueva, a una tasa mucho mayor, en lugar de acudir a una entidad autorizada?– se pregunta el magistrado.

Las respuestas son variadas pero todas tienen un denominador común. “La necesidad de no dejar registro del dinero manejado”. Borrar cualquier rastro. “En el mejor de los casos, ello obedece a una intención de no revelar el verdadero caudal de un negocio legítimo a fin de evitar parcialmente el pago de tributos –lo que igualmente constituye un delito, que dependiendo de su magnitud puede ser gravísimo-. En el peor, a que el dinero proviene de una variada gama de actividades delictivas. A mayor riesgo, mayor ganancia”.

La decisión de Bonadio sobre si procesa a Cristina gira sobre valorar la prueba reunida en la causa en cuanto a si se violó la carta orgánica del Banco Central, si la venta del dólar futuro fue ilegal y si se trata de una decisión política no judiciable.

Se trata de un tema complejo y vidrioso pero que dejó al Estado un quebranto de entre 50 mil y 75 mil millones de pesos. En tribunales se hace una comparación sencilla para explicarlo. Sería como si un consorcio vota un reglamento y elige un administrador. Pero luego el presidente cambia por propia decisión el reglamento varias veces y echa a tres administradores hasta que consigue a uno que cumple con una orden que le hizo perder plata al consorcio. En tribunales trascendió que Bonadio estaría estudiando que Cristina hizo renunciar a tres presidentes del Banco Central durante su gestión: Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont y Juan Carlos Fábrega antes de ponerlo a Vanoli y que cada renuncia llevó a una modificación de la carta orgánica según sus deseos.

Por esta razón, en la parte técnica de su defensa, Cristina hizo suyos “todos y cada uno de los argumentos” de Kicillof y de Vanoli quienes “han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del BCRA”. Este y otros párrafos demuestran que hubo una coordinación técnica entre las defensas y que Cristina nombró a su abogado a último momento solo como un gesto de rebeldía.

Entonces, el debate se centra en si la carta orgánica permite al Banco Central vender dólares a futuro y en qué condiciones. De acuerdo, varios de los testimonios tomados a los ex presidentes del BCRA Redrado, Fábrega y el también actual ministro de Economía Alfonso Prat Gay, entre otros, el Banco Central podía hacerlo pero “a precio de mercado”. “La cuestión es que en la época del cepo cambio no funcionaba el mercado, no había oferta y demanda y, por lo tanto, el precio fijado era una decisión arbitraria del vendedor”, contó una fuente judicial.

– ¿Bonadio investigará también si hubo entrega de información privilegiada?

— Lo está viendo porque en la lista de compradores aparecen asesores de Scioli pero no es su eje- contestó la fuente. Pero el magistrado se inclinaría a pensar que la culpa por el negocio seguro e inmediato que hicieron los compradores fue el Banco Central. Y de una reunión, en particular, en la que participó Kicillof como delegado del Ministerio de Economía con voz pero sin voto. Dicen en Comodoro Py que Bonadio se guarda una carta en la manga sobre los argumentos que usaría para un eventual y primer procesamiento de Cristina. Por lo pronto, la ex presidenta usó un arma de doble filo: se negó a responder preguntas y así se perdió una posiblidad de saber hacia donde apunta el juez.

¿Existió una relación entre Leonardo Fariña, la familia Báez y sus empresas? Sí. ¿Manejaba Lázaro Báez y sus empresas un caudal de dinero tal que podría haberse llevado al exterior mediante maniobras realizadas en la financiera SGI por Federico Elaskar y Fariña? Sí. ¿Existieron los vuelos con bolsos con dinero K que llegaban del sur a Buenos Aires, y viceversa? Sí. ¿La financiera SGI tenía la capacidad para armar sociedades anónimas en países del extranjero y abrir cuentas de banco para depositar fondos que salían de la Argentina por fuera del circuito legal? Sí. ¿Lázaro Báez se apropió de SGI después de que trabajaron allí su ex dueño Elaskar y Fariña? Sí. ¿Hay transferencias  de fondos en bancos del exterior realizadas por Báez, operatorias que serían habituales para él? Sí. ¿Hubo o hay dinero de Báez en bancos de Suiza? Si.

Esas preguntas y esas respuestas, palabras más, palabras menos, se hizo y respondió de ese modo el fiscal del caso de “La Ruta del Dinero K”, Guillermo Marijuán, en un dictamen sobre el tema que elevó al juez Sebastián Casanello pidiendo declaraciones indagatorias de Báez, sus hijos, y sus empleados jerárquicos de sus empresas, como el contador Daniel Pérez Gadín, ex administrador del Alto Calafate, de los Kirchner.

Casanello estudió el video difundido por Telenoche en el que se vio por primera vez al hijo de Báez, Martín; a Pérez Gadín; y a otros empleados de SGI, como Fabián Rossi, contando multimillones de dólares, euros y pesos.

Fue una imagen que coronó una investigación que ya tenía pruebas concretas y absolutamente comprometedoras sobre los Báez.

El constructor era en 2003 un gerente del Banco de Santa Cruz, uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner.

Pocos días antes de que su viejo compañero de aventuras políticas y financieras asumiera la Presidencia de la Nación, Báez fundó su compañía constructora  Austral Construcciones.

Hoy, los Báez tienen una fortuna extraordinaria: Lázaro se transformó en uno de los empresarios más ricos del país; es el más grande terrateniente de la Patagonia; tiene dos aviones privados (uno se le prendió fuego); cientos de autos, buena parte de ellos de alta gama; firmas dedicas a la industria del agro y hasta concesionarias de automóviles.

Báez ganó miles de millones de pesos en contratos estatales del Estado K, y él mismo ayudó después a acrecentar la fortuna del matrimonio Kirchner: le alquiló sus hoteles por fondos inéditos para el mercado; le alquila aun hoy decenas de casas a los K; construyó un  condominio con los santacruceños que fueron Presidentes, y más.

El fiscal Marijuán recolectó una enorme cantidad de pruebas, de todo tipo, que indican cómo el flujo de dinero de los Báez se movió por la Argentina y salió al mundo sin control estatal.

El propio Banco Central de la República Argentina supo antes de que Báez operar en SGI que esa financiera era una “cueva”. Incluso fue inspeccionada en forma personal por expertos de la entidad.

La financiera después conocida como “La Rosadita” siguió funcionando.

Marijuán y Casanello dieron cómo válidas las pruebas que había encontrado el fiscal José María Campagnolli, cruciales para avanzar en la causa: junto a su equipo, descubrieron cómo la plata que Elaskar había contado que había salido desde SGI a cuentas de los Báez en Suiza había vuelto al país en forma de bonos de la deuda Argentina. Son sumas que alcanzan los 50 millones de euros.

El Gobierno de los Kirchner, probó Marijuán, desoyó reportes de operaciones sospechosas emitidos por diferentes bancos sobre movimientos de dinero posiblemente irregulares de Báez. A eso se sumó la comprobación de que una financiera históricamente vinculada a los Kirchner y a Báez, llamada Invernes, había intercambiado con constructoras de Báez facturas “truchas”, sin comprobante alguno, por $ 466.573.261,15.

El total del dinero que manejó Báez que entidades financieras alertaron a la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue gestionada por José Sbatella, sobrepasa los 900 millones de pesos.

Un porcentaje aun no estipulado de las obras públicas que debían realizar los Báez quedaron en la nada, construidas a medias, y muchas de ellas recibieron además más dinero público que por el que habían ganada las licitaciones.

Báez está preso. Sus finanzas son simbióticas, y crecieron a la par de la de los Kirchner.

Ayer, cuando entraba a su lugar de detención, un grupo de gente lo insultó, hizo alusiones a su posible accionar delictivo. Algunos pidieron que devuelva el dinero que ganó gracias al Estado.

Casanello y Marijuán están convencidos de que Báez será el primer condenado por lavado de dinero de la Argentina que proviene del empresariado, de una burguesía que creció gracias al poder. Él, y los Kirchner, ya no lo tienen.

El principal problema de la Argentina es la Justicia. En realidad, la ausencia de ella. A la Justicia, o a su ausencia, remiten muchas de las faltas que a diario sufre nuestra población. Cuando el Estado apela juicios que ya sabe perdidos a jubilados que morirán antes de poder cobrarlos, es justicia lo que falta. Cuando un empresario puede crecer postergando 8.000 millones de pesos de impuestos y usa ese dinero para comprar empresas, mientras la AFIP cae sobre el pobre tipo que se atrasó con el monotributo, es la Justicia la que no funciona. La Justicia tiene que ver con el trabajo, la educación, las relaciones personales y, sobre todo, con el sistema de valores que rige la convivencia. No puede dar todo lo mismo y -como lo definió Ulpiano en el siglo III D. C- justicia es dar a cada uno lo suyo. Nuestro sistema judicial es viejo, venal y corrupto. Un juez puede condenar a un detenido sin haberlo visto jamas, o puede venderle su libertad a sola firma.

“Cada mil personas que hoy están cometiendo un delito, sólo tres van a ir a la cárcel”, dijo Mauricio Macri durante su campaña presidencial. Según un informe del Ministerio de Justicia conocido en 2008, ese año hubo 1.300.000 hechos delictivos, y la cantidad de sentencias condenatorias (prisión efectiva, condicional, multas, etc.) fue de 30.000, esto es un 2,3 por ciento del total.

Un informe del 2011 de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) asegura que las condenas en el fuero penal fueron del 2,12%. A la vez, el 73 por ciento de la población carcelaria está formado por presos sin condena firme; y según el portal Chequeado.com el 45% de los presos de la provincia de Buenos Aires, pasados los tres años de detención nunca llegó a juicio. Y no se trata sólo de la presencia de filósofos dandys del Derecho Penal a lo Zaffaroni, también es ésta una historia de abulia, burocracia, y marañas legales. El lenguaje de la calle lo aclara :“Acá nadie va en cana”.

La corrupción -ergo la impunidad, o sea la falta de justicia- estuvo ausente en la campaña de Cambiemos, al menos en el discurso macrista. Allí se impuso el pensamiento que Jaime Durán Barba expresó en INFOBAE después del triunfo: “Sólo el 14% de la gente quiere a Cristina Kirchner presa, el 86% no” (…) “Ni un minuto con el pasado”, insistió Durán Barba ante Macri en los días previos al discurso de apertura de sesiones en el Congreso.

En estos días, el murmullo popular es insistente: ¿alguien irá preso? El caso Báez se ha transformado en la estrella del minuto a minuto: cualquier televidente observa incluso a los programas de la tarde estirando el tema. La evasión de Cristóbal López o las sociedades de Jorge Rial corren en el mismo sentido. ¿Y si quienes votaron en octubre lo hicieron asqueados de la corrupción y esperan en verdad un cambio?

¿Podrá aceptar el presidente que no sólo triunfó por sí mismo sino como símbolo de un cambio del estado de cosas? ¿Y si todos estamos aún esperando que el nuevo gobierno haga de una vez, por primera vez, justicia? La Justicia se aplica en el presente pero garantiza el futuro. El mensaje del Estado a la población es claro: hay reglas que no debemos romper, hacerlo trae consecuencias de las que no se puede escapar. Lola, mi hija menor, tiene once años: tengo que poder decirle que la policía está ahí para protegerla, que los jueces son justos, que ante la ley somos todos iguales y que si tiene razón pelee por ella porque vive en un país donde van a defenderla.

¿Y, Lanata, va a ir alguien en cana?, me preguntan en la calle todo el tiempo.

Nunca sé que responder.

Podrá bajar alguna vez la inflación, podrá recuperarse el empleo, llegarán inversiones y, ojalá, Argentina comience a ser un país estable. Pero sin Justicia no hay futuro.

Con la intervención de la petrolera Oil M&S, consecuencia de la deuda de  $ 8.000 millones que tiene con la AFIP, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se presentaron hoy en concurso de acreedores, según confirmaron desde la empresa a Clarín. El objetivo es «reordenar la empresa» con un complejo frente judicial. La escisión empresarial quedó suspendida por una medida judicial y el Grupo Indalo -que engloba las empresas de empresario K- afronta una fuerte crisis en la que deben sostener 29.000 puestos de trabajo y pagar a la AFIP lo que no tributaron en combustible estos años.

López y De Sousa buscan mantener la calma en medio de las denuncias que los colocaron en el centro de la polémica por quedarse con el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraban a los consumidores cuando vendían nafta durante estos años y utilizar esas sumas para financiarse. El avance de las investigaciones y la determinación de la AFIP para cobrarle a la firma los $ 8.000 millones que acumuló tras una moratoria obtenida por la gestión kirchnerista, como reveló La Nación, ejerce presión en el Grupo.

Ahora, con la presencia de un interventor veedor que «no ejecuta, solo ve e informa», como aseguraron desde la empresa, llamó a un concurso de acreedores ante el Juzgado de Comodoro Rivadavia para presentar un plan de pagos para arribar a un acuerdo financiero.

Buscando desvincularse de las denuncias, Oil M&S sostiene que todo se trata de una «persecusión política» y una «maniobra del Gobierno para tapar otros problemas graves que tienen», señalaron a Clarín.  Ayer  el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo.

En consecuencia, ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio. Con la figura del veedor, en el entorno de López se defendieron: «Va a ser mejor, así ven que nada de lo que se realiza es ilegal».

La petrolera fue la empresa utilizada para incrementar la deuda con la AFIP por miles de millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Ricardo Echegaray frente al organismo recaudador. La nueva gestión reclama el pago de la deuda generada casi en su totalidad por no tributar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966), y el juez federal dispuso que se cancele la deuda para que puedan continuar operando.

El juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S, donde se desempeña Romina Mercado presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, y Oil M&S SA «se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo», considerando que «el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal».

Al respecto, desde Indalo señalaron que «quieren despejar dudas sobre la división y que vean que no había nada extraño ahí». La marca del grupo iba a quedar en manos de Cristóbal López que buscaba crecer en el rubro inmobiliario, en la construcción y en la prestación de servicios a través de la firma de maquinaria pesada que tiene en el sur. Además se expandir Alcalis de la Patagonia, empresa en la que está contratado Osvaldo Sanfelic, socio de Máximo Kirchner.

Los medios de comunicación y las petroleras iban a quedar para Fabián De Sousa. Todo está suspendido por ahora y la mayor presión es el pago de los $ 8.000 millones a la AFIP. «Tenemos que resolver estos problemas en un mes como mucho y esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder continuar con la futura expansión de las compañías y volver a operar», dijo a Clarín un asesor de López.