Constitución y República

Constitución
Por Enrique Szewach

Si se repasa la lista de los países con mejor calidad de vida, se podrá comprobar que una característica común a todos ellos, es que se trata de democracias constitucionales que, por esa razón, tienen a la independencia judicial entre sus atributos centrales.

La relación entre buenas instituciones, en especial la protección a las minorías que garantiza una justicia independiente y el bienestar económico social, es bastante obvia.

El progreso económico de un país depende del capital que se esté dispuesto a invertir en él y de la calidad de los recursos humanos que  tenga o se genere.

Antes de arriesgar capital y posesiones en un país, lo primero que se quiere saber es cuales son las “reglas de juego” a las que hay que atenerse y quienes son los encargados de hacerlas cumplir y con que efectividad lo hacen.

Las reglas las establecen las sociedades a partir de sus representantes políticos que redactan y promulgan  la Constitución y las leyes. Y el control lo ejercen jueces independientes de ese poder político, precisamente para asegurar que, mayorías políticas circunstanciales, como toda mayoría política, no puedan afectar caprichosamente el derecho de las minorías.

Como la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana, la idea central es tratar de minimizar la arbitrariedad y la discrecionalidad de esas mayorías coyunturales. (De allí que cambios profundos en las reglas requieran de mayorías especiales, es decir, el consenso entre la mayoría de hoy y la minoría de hoy).

Puesto de otra manera, el riesgo de “expropiación” no puede depender de la voluntad de una mayoría coyuntural, si no del imperio de la ley. Un inversor no puede arriesgar demasiado porque hoy  “la mayoría está de acuerdo”, si piensa que, si se convirtiera en minoría, correría el riesgo de perderlo todo.

Con la “garantía” de que sea mayoría o minoría, sus bienes no corren más riesgos que los propios de cada actividad, la cantidad y calidad del capital invertido, resulta superior. Y al ser superior, mayor es la probabilidad de crecimiento y progreso.

Lo mismo ocurre con los recursos humanos.

Los mejor educados y capacitados, si hay libre movilidad, “fluyen” hacia sociedades que remuneran mejor ese trabajo y ofrecen mejor calidad de vida.

Se produce, entonces, un círculo virtuoso. Protección a las minorías, más cantidad y calidad del capital. Más cantidad y calidad de capital, mejor formación, atracción y remuneración de los recursos humanos. Mejores recursos humanos, mayor productividad del capital, más crecimiento y progreso, etc. etc.

Lo antedicho no supone que tener independencia judicial sea suficiente para vivir mejor o para evitar ciclos coyunturales adversos. Pero sin independencia judicial, la probabilidad de “vivir bien” en un país se reduce sustancialmente.

En ese sentido, la Corte Suprema con su fallo del martes pasado, le ha hecho un gran favor no sólo a la democracia constitucional argentina –ratificando su vigencia- si no también al gobierno.

En efecto, el gobierno kirchnerista con el solo hecho de  intentar abolir nuestra democracia constitucional, ya ha generado una violenta salida de capitales y se ha visto obligado a “alambrar” el circuito de pesos, restringiendo al mínimo la compra de dólares. A prohibir y controlar importaciones. A intervenir cada vez con más discrecionalidad y arbitrariedad en la actividad económica.

El resultado está a la vista, una economía “trabada”, con un crecimiento mediocre y cortoplacista. Con premios exorbitantes para los capitalistas amigos y con rentabilidad negativa o muy baja para el resto. (En especial si se corrige por riesgo de cambio en las normas. De allí la falta de inversión, por ejemplo en energía, y lo que puede pasar en minería, si la independencia judicial flaquea).

Ahora bien, si todo esto sucedió, pese a un escenario internacional muy favorable, ante la sola “amenaza” del fin de la Constitución que conocemos.

¡Imaginen ustedes la crisis económica en que hubiéramos estado inmersos hoy, si esa amenaza ya se hubiera concretado!. Si la independencia judicial hubiera claudicado.

Paradójicamente, la Corte le evitó al gobierno una crisis de la que no hubiera habido nueva moneda, ni blanqueo que lo salvara. Ahora, un ciudadano, sea inversor o trabajador siente que, ante las arbitrariedades de una mayoría transitoria, alguien podrá, eventualmente, defenderlo. No es mucho, pero no es poco.

Que la Presidenta y su gobierno insistan en querer abolir la independencia judicial es, en este marco, un inexplicable intento de suicidio político

Fuente: Perfil, 23/06/13.

¿Cuánto vale una propiedad en Damasco?

Damasco
Por Enrique Szewach

Hace rato que el gobierno está instrumentando, con la necesaria complicidad de los legisladores oficialistas, con el inexplicable apoyo , en algunos casos, de representantes de la oposición, y, en otros, con un ensordecedor silencio de la Corte Suprema, una reforma constitucional de facto, eludiendo los mecanismos que la propia Constitución, que juraron defender, establece para ser modificada.

Una vez más, como en otros negros momentos vividos por la sociedad argentina, «el fin justifica los medios».

La voluntad del voto mayoritario es interpretado como un mandato incondicional y cualquier impedimento al ejercicio irrestricto del poder, se califica como una actitud «corporativa» o antidemocrática.

Para los ideólogos de estas acciones, los mecanismos de frenos y contrapesos que la Constitución Nacional  establece para el ejercicio del poder de las mayorías electorales transitorias, no son más que rémoras anacrónicas heredadas de otro período histórico de la Argentina y el mundo. Y deben ser removidas, para que las reemplace un marco institucional que se adapte mejor a los nuevos tiempos.

El Estado, en este entorno,  es un ente superior que vela por el bienestar de los ciudadanos,  y debe tener las «manos libres» para defender el interés general.

La reforma de las instituciones judiciales que se pretende  en estos días será, casi seguramente, ley en pocos días y, salvo que haya jueces valientes y con celeridad de acción, habrá que convivir con esta situación hasta que una nueva mayoría electoral pueda revertir estas medidas.

Por lo tanto, cualquier debate conceptual resulta hoy inútil. Sólo quiero plantear aquí las consecuencias prácticas, al menos desde la economía, que está teniendo en el país, esta particular visión institucional.

Permítanme, igual, un par de reflexiones previas.

El «Estado» no es una entelequia, no está constituido por seres «superiores», sacerdotes infalibles que saben y velan por el bienestar común. Solo para dar algunos ejemplos, el Estado que debe ser «legalmente protegido» de las corporaciones e individuos, es Amado Boudou, es Julio De Vido, es Aníbal Fernandez. O ha sido Ricardo Jaime. Ellos son, o han sido, el Estado en la Argentina.

El segundo comentario que quiero hacer, también es de orden práctico. Le propongo a todo kirchnerista un test. Elijan cualquier país de los que encabezan la tabla de posiciones en el Índice de Desarrollo Humano.

Elijan cualquier país en el que quisieran vivir, si no pudieran vivir en la Argentina y chequeen si allí rige un «modelo» de equilibrio de poderes, frenos y contrapesos, e independencia de los jueces como el que aquí se pretende cambiar, o si rige el «vale todo» de las mayorías.

Si hicieran con honestidad esa prueba, toda esta discusión doctrinaria terminaría. Y este es el punto «económico» que quiero hacer.

Que los países a cuyas sociedades les va mejor en términos de calidad de vida, y progreso económico, tengan instituciones que, básicamente, incorporan límites a la discrecionalidad del Estado, e independencia de los jueces, no es casualidad.

Es causalidad.  Repito es causalidad.

Los capitales, el crédito, la inversión y, finalmente, las personas, terminan huyendo de países con gobiernos autoritarios en dónde los derechos humanos y de propiedad están difusos y sujetos a la voluntad de algunos, sin control, ni límites judiciales.

La mayoría de los países de la región, en los últimos años, debieron preocuparse por frenar el ingreso de capitales y accedieron al crédito de largo plazo a tasas mínimas.

En cambio, de la Argentina se fueron más de 85000 millones de dólares, y el acceso al crédito internacional está vedado o se logra a plazos cortos y a tasas siderales.

Y eso cuando el autoritarismo era sólo una «sospecha» más que una triste realidad.

Imaginen ahora.

Es cierto, como dice el Viceministro de Economía, que se invierte en medio de guerras civiles. Pero el punto es que la tasa de retorno que se le pide a una inversión cuya propiedad no puede ser resguardada legalmente, es muy superior a la normal.

Y para que ese «rendimiento» se de, el valor de los patrimonios, de las propiedades y del trabajo, es decir, el valor de los factores «locales» se desploma.

El «ajuste» económico contra los déspotas es siempre el bienestar y la riqueza de las personas que los soportan.

Hoy hay una brutal guerra civil en Siria, en ese contexto : ¿Cuánto vale una propiedad en Damasco?

Fuente: Perfil, 14/04/13.

Inflación y Tipo de cambio en Argentina

Anclas
Por Enrique Szewach

Toda política para reducir la inflación, necesita lo que los economistas llamamos un «ancla nominal».

En un país con las características de la Argentina, el candidato por excelencia para ser anclado es el tipo de cambio.

Esto es así por dos razones: la primera, vinculada al hecho de que, durante mucho tiempo la  Argentina exportó «lo que come», de manera que un aumento del tipo de cambio se reflejaba directamente en los precios de los alimentos.

Congelar el tipo de cambio, entonces, implicaba, congelar el precio de los alimentos, componente escencial de la canasta de consumo de la población de menores recursos.

La segunda, se vincula con la dolarización de la economía argentina, producto de décadas de abuso del impuesto inflacionario, y el consecuente deterioro del poder de compra de la moneda local y de los ahorros en pesos.

En ese contexto, la cotización del dólar se convirtió en referencia directa e inmediata del valor de los ahorros, y del poder de compra del peso.

Si bien, en los últimos años, con las prohibiciones y limitaciones para exportar carne, trigo, maíz, etc. más otras distorsiones, y la consecuente profundización de la «sojización» del comercio exterior, la influencia de la primera razón se redujo sustancialmente (Ya casi no exportamos lo que comemos), la segunda, el dólar como moneda principal de referencia, sigue vigente.

A lo primero, además, hay que agregarle el cambio estructural de la producción y venta de alimentos, en dónde la participación de las materias primas e inclusive de la producción se ha reducido sustancialmente, frente a los costos de transporte, distribución y comercialización.

Pero, resulta imposible anclar el tipo de cambio, cuando el mismo se encuentra, al menos desde las expectativas, «atrasado».

En efecto, fijar un precio del dólar a un valor percibido como bajo, si no se hace nada más, sólo lleva a pérdida de reservas del Banco Central, y no frena los precios internos, dado que la pérdida de reservas resulta una crónica anunciada de una devaluación futura.

Tampoco sirve, a estos efectos, frenar la pérdida de reservas, restringiendo el acceso al dólar, dado que, como se sabe, esta medida lleva  a la creación de un mercado alternativo que, legal o ilegal, hace surgir otro precio mayor para el dólar que se vuelve referencia y los intentos por «controlar» y anclar el otro dólar, tampoco ayudan demasiado, teniendo en cuenta que, ello implica, finalmente, también perder reservas, mientras crecen las expectativas de «unificación» al valor más alto.

Los países de la región generaron una verdadera «revolución macroeconómica» al pasar del ancla cambiaria al ancla monetaria, más relacionada con la política  antiinflacionaria del «primer mundo», al pasar a un régimen de anuncios de metas de inflación, con ajustes de la tasa de interés y con la introducción de un dólar «flotante» (dónde flotar significa no sólo «subir», sino también «bajar»).

Esto fue posible, y necesario, porque el boom de los commodities con tipo de cambio fijo y el flujo de capitales hacia la región, impedía el uso del tipo de cambio fijo como instrumento antiinflacionario. (Fijar el tipo de cambio, con precios internacionales subiendo, hubiera generado una explosión de los precios internos -¿Le suena?-)

Pero esta política requiere, ante todo, un Banco Central creíble y percibido como capaz de coordinar su política con el gobierno, sin tener que financiarlo y sdemás un tamaño razonable del mercado de crédito, para que la tasa de interés, influya.

A estas alturas, usted ya se habrá dado cuenta que, en la Argentina, con un tipo de cambio atrasado, un mercado financiero inexistente, y con un Banco Central que dice que nada tiene que ver con la inflación, las dos anclas macro posibles para encarar una baja de la tasa de inflación, no están disponibles.

¿Y entonces?. Entonces, sólo queda la vía «bruta»: mentir en el índice y tratar de congelar algunos precios directamente.

Pero esto no es «anclar» el barco, es «encallarlo». Es frenar la inversión y el empleo privado, y afectar la tasa de rentabilidad de algunos sectores.

En síntesis, por ahora, no hay política antiinflacionaria seria a la vista. Porque el tipo de cambio oficial está atrasado y no se puede «fijar» y porque la política monetaria no puede establecer metas de inflación o algo parecido, creíbles,  ya que se dedica a financiar gasto público, con emisión.

Fuente: Perfil, 31/03/13.

Más información: www.szewachnomics.com.ar

La Argentina postergada

Postergar
Por Enrique Szewach

Aquello que los argentinos llamamos “crisis económica” se ha identificado siempre con estallidos inflacionario- devaluatorios y defaults de la deuda pública.

La crisis del 2001/2002, por su particular contexto, le sumó a estos ingredientes típicos, entre otras cosas, la destrucción del sistema financiero, y de muchos patrimonios, por pasivos dolarizados y activos en pesos disfrazados de dólares y, como consecuencia, una maxi recesión y un híper desempleo.

Desde ese momento tan angustiante y dramático de la historia argentina, la definición de nuestro imaginario colectivo de una crisis, pasó a ser la del 2001/2002.

Obviamente, cualquier comparación del presente con aquéllos tristes momentos resulta favorable a nuestros días y es por ello que, sistemáticamente, el oficialismo se empeña por mostrar el éxito obtenido, siempre respecto de lo que sucedía en el país a comienzos de este siglo.

Llevado a la política, la presencia tan poderosa del fantasma del 2001/2002, destruyó la base de una democracia republicana, la posibilidad de alternancia en el poder.

El principal partido de oposición, la UCR, quedó totalmente desprestigiado por haber protagonizado aquéllos años, y muchos de sus mejores dirigentes emigraron a fuerzas nuevas, atomizadas y sin una estructura propia nacional de la envergadura necesaria.

A su vez, el mencionado relato oficial, enhebrado desde el éxito de los resultados –siempre comparando con el “subsuelo del infierno”- logró imputar, además,  la debacle de ese tiempo, a todo lo sucedido en la “nefasta década del 90”, sin distingos de cosas buenas y cosas malas y, simultánea y sorprendentemente,  aparecer como “víctimas” de esa década, y no como protagonistas.

En otras palabras, la memoria colectiva de aquéllos terribles momentos en la vida económica de los argentinos no sólo ubica al oficialismo en una posición extraordinaria, cuando se compara con el momento actual y se imputa la mejora al “modelo”, sino que, al identificar sólo “a los otros” de la política, como únicos responsables del desastre, y a todas las políticas previas como la causa de los males pasados y de los que, todavía, persisten, se reducen fuertemente las posibilidades electorales de una oposición atomizada, no sólo por las posturas individuales, sino porque, además, también fue una “alianza” quién encabezó la debacle.

Volviendo a la economía, lo que el gobierno omite describir cuando referencia al 2001/2002 es que en ese momento, “el mundo se nos había caído encima”, producto de la devaluación brasileña, la fortaleza del dólar  y el bajo precio de nuestros productos de exportación. Sumado a la necesidad de, en ese mundo, renovar una deuda acumulada, en el camino de evitar el inevitable ajuste de ese momento.

Ahora, en cambio, el mundo “nos sostiene”, con un Brasil que revaluó su moneda en todo este período –aunque en los últimos meses haya ajustado- . Un dólar débil, y precios de nuestros productos de exportación bien por encima del promedio de la década pasada.

Junto a una reducción espectacular de la deuda externa en manos privadas, mezcla de defaults, canjes,  estatizaciones de los fondos de pensión y uso de las reservas del Banco Central.

Y son estas extraordinarias condiciones externas , las que permiten, pese a tener un 25% de inflación anual, déficit fiscal creciente, con récord de presión tributaria, control previo de importaciones, control parcial de precios, ruptura de las relaciones financieras con el exterior, control de cambios, caída de la inversión, freno a la creación de empleo privado, y deterioro evidente de la infraestructura y de la provisión de bienes públicos, postergar, a la espera de las elecciones, el necesario ajuste de los desequilibrios macroeconómicos que padecemos.

Ajuste que, de ninguna manera, implica una crisis del estilo del 2001/2002, por las diferencias internas y globales ya descriptas.

Pero postergar no es solucionar. Y es esa percepción de “tarde o temprano”, la que predomina sobre las decisiones de inversión, ahorro y consumo, privados, y que se refleja en  el único indicador disponible de corto plazo, la brecha cambiaria.

El relato podrá seguir comparando exitosamente «la década ganada» contra la crisis del 2001/2002, y hasta, gracias a lo comentado, lograr una buena perfomance electoral.

La realidad, en cambio, no hace comparaciones, reclama  soluciones que, por ahora, no aparecerán.

Fuente: Perfil, 17/03/13.

La inflación en Argentina

Dinero
Por Enrique Szewach

Los episodios de fuerte aceleración inflacionaria, como los que ha vivido la economía argentina en numerosas ocasiones, se caracterizan por tres aspectos claves, dos de naturaleza económica, y vinculados entre sí, y uno de naturaleza política. En rigor de verdad, esta diferenciación es meramente analítica, porque detrás de los fenómenos económicos se esconde siempre una cuestión política central.

Me explico. El primer aspecto, se relaciona con lo que los economistas llamamos la “dominancia fiscal” de la política monetaria. En castellano básico, se trata de la maquinita del Banco Central (ahora ampliada por Ciccone), financiando el gasto público. En estas circunstancias la cantidad de dinero, la oferta monetaria, es función del déficit fiscal y no de decisiones de política del Banco Central. Obviamente, que con ciertos límites, y por un cierto plazo,  la autoridad monetaria podría “esterilizar”,  es decir colocar deuda para absorber los pesos sobrantes y hacer, de todas maneras, una política monetaria prudente, pero, como señalaba en un principio, la “dominancia fiscal” es, en realidad, la “dominancia” de un objetivo político, mantener elevado el nivel de actividad y contentos a cierta base de votantes.

Una política monetaria prudente, que compensara la expansión por gasto fiscal, implicaría presiones sobre las tasas de interés y el nivel de actividad, incompatibles con la meta política de mantener votantes contentos.

Sin embargo, un fuerte aumento de la oferta monetaria, no alcanza para acelerar bruscamente la tasa de inflación, es necesario, además, que la demanda de dinero, es decir, el deseo del público de mantener pesos en sus bolsillos se desplome.

Mientras la demanda de dinero “acompañe” de alguna manera a la oferta, la tasa de inflación puede permanecer relativamente estable, aún en valores elevados.

En ese sentido, el gobierno ha incorporado importantes restricciones para sostener artificialmente la demanda de dinero, por un lado, (cepos, AFIP, prohibiciones varias, etc. que afectan, fundamentalmente a las empresas.) y, por el otro, y esto tiene que ver con lo que sigue, presiones políticas sobre “formadores de precios y salarios”, para moderar los efectos que un exceso de pesos podría generar en el mercado de bienes, servicios y cambiario, en un marco de libertad.

Para completar, estas medidas, dadas las elecciones de octubre,  también  se intenta forzar un aumento del salario real, que ya la economía no puede dar, es decir a costa, exclusivamente, de la rentabilidad empresaria.

Y reemplazar la falta de creación de empleo privado, en una economía que no se expande, y que no tiene, como se mencionó,  el impulso de la rentabilidad, con empleo público, subsidios varios, “cooperativas” de punteros, y otros mecanismos. (Recuérdese la obviedad, hay más votantes “asalariados” que “empresarios”).

Lo expuesto no pretende reducir la explicación de la inflación a una cuestión meramente monetaria, (en realidad se debería hablar en la Argentina, como en toda la región, de política monetaria-cambiaria, como una sola cosa, pero eso es tema para otra nota).

Ni ignorar otras cuestiones más estructurales que explican niveles de precios y, a veces, sus tasas de variación. Pero así como un incendio se origina, por ejemplo, por el desperfecto de un artefacto eléctrico o un escape de gas, sin oxígeno suficiente, el fuego no se expande.

Ahora bien, tanto el mantenimiento “artificial” o natural de la demanda de pesos, se relaciona con el tercer aspecto que tiene que considerarse, el “poder político”.

Dicho poder, por un lado, limita el déficit fiscal, al permitir cierto control sobre el crecimiento del gasto público y sobre la capacidad de recaudar impuestos, aún en niveles exagerados como los actuales, y además, el poder político torna parcialmente creíbles, las medidas de control y las restricciones sobre el uso alternativo de los pesos.

Veamos algunos números. Entre fines de febrero de 2012 y fines de febrero de 2013, los billetes y monedas en poder del público crecieron un 38%. Las cajas de ahorro sólo aumentaron un 27%, mientras los plazos fijos, lo hicieron un 29%.

Pero esta “brecha” está aumentando en los últimos meses  (es cierto que hay factores estacionales importantes), en dónde los billetes y monedas en poder del público crecen al triple que los plazos fijos. (Aumenta esta brecha y aumenta la otra “brecha”).

Por ahora, entonces, la demanda de dinero “acompaña”, aunque existe una incipiente tendencia a tener los fondos líquidos y fuera del sistema bancario. (¿Más economía en negro?, ¿Más “gatera” para buscar dólares?).

En síntesis, una eventual aceleración inflacionaria, por sobre los elevados valores actuales, depende básicamente de la capacidad del poder político para mantener el déficit fiscal a financiar por el Banco Central “estabilizado”, y de su capacidad para “disciplinar” a empresarios y sindicalistas, y “convencer”  a los tenedores de pesos que, pese a perder 27% anual en pesos, o –tomando el último año- 65% en dólares verdaderos, sigan demandando pesos, al ritmo de la emisión.

Hasta ahora se ha podido.

Fuente: Ámbito Financiero, 14/03/13.

Argentina: Estancada, pero en un buen nivel

Estancamiento
Por Enrique Szewach

Como usted ya sabe, la producción de una empresa, suponiendo, por supuesto, que no hay dificultades para conseguir insumos, depende de sus máquinas, de sus recursos humanos, y de la productividad con que ambos factores se combinan. Lo mismo sucede en un país.

Para aumentar la producción, o se aumentan los recursos humanos dedicados al trabajo,.o se aumenta el stock de maquinarias y equipos, o se mejora la productividad de lo existente. (O una combinación de todo lo anterior).

La economía argentina ha dejado de crecer, al menos a las tasas a las que lo venía haciendo hasta el 2011. Afortunadamente, este “parate” se ha dado muy cerca del máximo de nuestra capacidad productiva y no en los “pisos” de las crisis que supimos conseguir. Esta es una gran ventaja.

No es lo mismo, por ejemplo, que la producción de autos no crezca cuando se producen 800.000 autos por año, a que se paralice, cuando la producción es de 200.000.

En otras palabras, es cierto que, en promedio, el PBI de la Argentina de principios del 2013, se parece mucho al de la Argentina del 2011, pero no es menos cierto que dicho PBI  es 50% mayor que el del 2001.

Retomo, para producir más, hace falta más inversión, más recursos humanos empleados, o mejorar la productividad.

La inversión está relativamente paralizada. Entre la mala praxis cambiaria, los manejos arbitrarios de precios, la crisis energética, las restricciones a importar y exportar, el aumento de la presión impositiva, etc. etc., sólo invierten las empresas que reciben algún regalo muy grande, o tienen ya mucho capital hundido y les resulta marginalmente más costoso dejar de invertir que hacerlo, o los que tienen mercados cautivos, o los que tienen que invertir relativamente poco, respecto del capital, y pueden recuperar muy rápido su inversión –el sector agrícola por ejemplo-, o las que ven la oportunidad de “comprar mercado barato”, apostando a que las cosas mejorarán.

El empleo privado, por su parte, también ha dejado de crecer, influido por los incrementos de costos laborales, la competencia desleal del empleo público, los cambios regulatorios, y el aumento de la conflictividad gremial.

Finalmente, la productividad de la economía argentina, de por sí bastante baja, ha estado cayendo en el contexto del crecimiento del manejo de recursos productivos por parte del sector público a costa del sector privado. Sumado al deterioro de la infraestructura en general, la caída en la calidad de la educación, los piquetes, los feriados, etc. etc.

En síntesis, esta economía no crece, o crece muy poquito, porque no aumenta la inversión, no aumenta el empleo, no aumenta la productividad, los tres factores que hacen que una economía produzca más que antes.

Si la oferta no crece, todo intento por “alentar la demanda agregada”, se traduce en mayores importaciones, o en mayor presión sobre los precios.

Como no puede haber mayores importaciones, por todo lo que ya discutimos en torno a la combinación nefasta de una fracasada política energética y la mala praxis cambiaria, gran parte de los esfuerzos del gobierno por alentar la demanda con gasto público y déficit fiscal, se “filtra” hacia precios y no hacia cantidades.

Los intentos de “acordar” precios, aún si fueran exitosos, solo logran desalentar aún más la oferta, a menos que los precios se hubieran acordado en un nivel más alto que el previo. Y si se prolongan demasiado, como puede ser el caso, pueden surgir mercados poco transparentes –más bien opacos- que se suman a la ya opacidad de todo el manejo económico, sin reglas, ni normas escritas, y con manejo descontrolado de los recursos. (Dicho sea de paso, sólo como simple ejemplo, y para no olvidar, reconocido por un juez “amigo”, dos personas de antecedentes como mínimo cuestionables, manejaron fondos públicos por 1100 millones de pesos, sin control, sin rendición de cuentas, sin pagos de impuestos, sin balances).

Por lo tanto, algo más del sector agrícola, por mejor cosecha respecto del año pasado.

Algo más del energético, porque le empiezan a reconocer precios.

Algo más de la producción destinada a Brasil.

Estancados, pero en un buen nivel.

¿Y la “fiesta” electoral?

La fiesta electoral es más demanda pero no más oferta, y es financiada con impuestos e inflación.

Por lo tanto es un “pase de manos” orientado a tratar de conservar a los “votantes a favor” y mantener disciplinado al peronismo.

Fuente: Perfil, 17/02/13.

El alto costo de los subsidios en Argentina

Subsidios
Por Enrique Szewach

Como ya le mencioné, al punto de ser más pesado de lo que indica la balanza, que no es poco, la palabra «gratis», en economía, no existe, siempre alguien paga.

Simplificando, o lo paga el consumidor, a través del sistema de precios, o se paga en forma indirecta, mediante la recaudación impositiva, transformada luego en subsidio, transferencia, etc.

Lo más eficiente, desde el punto de vista económico y de asignación de recursos,  es que predomine el sistema de precios (lo que obliga a un buen marco regulatorio y de defensa de la competencia en sentido amplio) y que los impuestos se limiten a financiar bienes públicos (como la justicia o la seguridad), u obras de infraestructura y que, como política social,  se subsidie solo a aquéllas personas cuyos ingresos les impide pagar los precios plenos de bienes y servicios determinados, considerados esenciales para la calidad de vida.

Por supuesto, esta regla tiene cierta flexibilidad derivada de las condiciones y preferencias de cada sociedad, la que determina, en cada momento, la combinación entre precios, impuestos y endeudamiento (que no es otra cosa que impuestos futuros).

El gobierno kirchnerista, amplió exageradamente, el conjunto de bienes y servicios a ser financiados con impuestos en lugar de precios.

Asimismo, obligó a muchos productores privados a subsidiar directamente, vía la fijación de precios máximos, prohibiciones de exportar, retenciones y otros mecanismos, al resto de los productores y/o consumidores. Tal el caso de la cadena energética, algunos alimentos, y otros productos o servicios.

El resultado de esta política está hoy a la vista.

El sistema de subsidios a los precios de bienes y servicios está en crisis. El gasto en este rubro, prácticamente se cuadruplicó, en términos de PBI, en seis años, lo que explica parte del récord de presión impositiva actual, al punto que ahora hay que recurrir, además, al impuesto inflacionario y al endeudamiento en el mercado local, para seguir sosteniendo este mecanismo.

A su vez, resulta indiscutido el deterioro en la calidad en el sistema de transporte, de energía eléctrica, de infraestructura en general.

El anuncio de los aumentos en los precios del transporte colectivo y de trenes  de estos días, se inscribe, entonces, en la necesidad de remontar este incordio o, mejor dicho, dejar de profundizarlo.

Por otra parte, el intento de obligar a los privados a subsidiar a otros privados llevó a un desplome de la oferta de aquéllos bienes sometidos a dicho sistema, obligando, en el caso energético, a importar lo que antes exportábamos, y a empezar a reconocer, aunque sea marginalmente, nuevos precios para revertir, en el largo plazo, el fracaso de este esquema.

Lo mismo sucede en el caso de algunos alimentos, en dónde, finalmente, hubo que reconocer precios superiores aún a los internacionales, tratando de recuperar la oferta local.

Respecto de los productos de consumo masivo, los controles de precios y el aumento de la presión impositiva, incrementaron la concentración de la industria, en contra de las pymes.

En síntesis, todo este esquema de precios artificiales, subsidios cruzados, controles y prohibiciones ha fracasado.

Ahora se intenta volver desde ahí. Pero claro, como no se puede hablar de la «herencia recibida» y, como arreglar semejante desastre rápidamente, implicaría un shock complejo de instrumentar y explicar, se avanza tímidamente, con marchas  contramarchas y con serios problemas de credibilidad para sostener y defender, con los mismos actores, los cambios.

En este contexto, no deja de llamar la atención que el gobierno porteño haya querido «imitar» el desastre nacional, en el esquema armado para financiar el traspaso del subterráneo a la jurisdicción local.

Es cierto que, al no tener el control de la Legislatura, hubo que negociar lo posible, y no necesariamente lo mejor, y no es menos cierto que pagar el costo político de blanquear el verdadero precio del viaje en subterráneo, sin saber los verdaderos costos, tampoco era aconsejable.

Pero insistir con estos mecanismos de subsidios cruzados, habiendo información, a través de la asistencia social de la ciudad, y tecnología, mediante la tarjeta SUBE,  para subsidiar sólo a quienes lo necesitan, implica consolidar un esquema que es un evidente desastre.

Al menos, se debió dar el debate necesario para corregir estas distorsiones en un futuro cercano, resaltando la transitoriedad del mecanismo actual.

La aritmética, en ese sentido, resulta contundente. Multiplicar un fracaso, no ha dado nunca como resultado, un éxito.

Fuente: Perfil, 23/12/12.

Argentina: La inflación en la era K

Desinflar
Por Enrique Szewach

El año que está terminando puso más en evidencia el problema  inflacionario que vive la economía argentina.

Si bien es cierto que las mediciones de los centros de estadística provincial “no alineados” y el Índice Congreso, que promedia estimaciones privadas, muestran una tasa de variación de los precios al consumidor, no muy diferente a la del 2011 –una velocidad crucero en torno al 2% mensual-, no es menos cierto que dicha tasa de inflación “estable” se verifica en un año de fuerte desaceleración de la actividad económica.

En efecto, después de un bienio de crecimiento a tasas chinas, el 2012 presenta estancamiento, o un incremento muy leve del producto, sin que la tasa de inflación se haya enterado del freno de la demanda.

Cabe destacar, además, que este aumento de precios “estable”, se verifica con la presencia de fuertes subsidios a las tarifas de servicios públicos, con controles y restricciones en algunos mercados de alimentos, y con un tipo de cambio nominal que, al menos hasta el mes pasado, sigue actuando más como freno que como acelerador.

Los argumentos para explicar este fenómeno, son variados.

Los “monetaristas” apuntan a la política del Banco Central que, al verse obligado a financiar el déficit fiscal con la expropiada Ciccone, introduce más pesos que los que la gente quiere tener, lo que hace que se vuelquen a la demanda de bienes y servicios, porque «la plata quema».

Otros, los “aperturistas”, ponen el énfasis en el mecanismo elegido por el gobierno para enfrentar la falta de ingreso de dólares, causada por la sequía, por el desplome de la inversión extranjera directa, por la falta de acceso al crédito internacional, y por el mecanismo del “sapo cambiario” (recuerde que a la Presidenta no le gusta que lo llamen “cepo”) que, al restringir el acceso a dólares para atesoramiento, también impide el ingreso de dólares por “desatesoramiento”.

Con menos dólares para financiar importaciones, y el fracaso de la política energética, que obliga, al menos por ahora, a destinar más dólares para importar combustibles esenciales, se han restringido todas las otras importaciones. Una economía más cerrada que lo habitual, combinada con la pesificación forzada y la tasa de interés negativa, han convertido al mercado interno en un “coto de caza” para las empresas locales que ya no sólo afecta el nivel de los precios (La Argentina es muy cara en los productos protegidos), si no también la tasa de variación. Los precios pueden subir. como piso, la tasa de devaluación.

Finalmente, están aquéllos que sostienen que la «puja distributiva» derivada del estancamiento económico, ya nos ha llevado a la etapa en que la inflación se ha vuelto “inercial” y que, independientemente de lo que pase con la política monetaria o la competencia, los precios se elevan todos los meses en función de lo que ha pasado el mes anterior.

Al parecer, el gobierno adscribe a esta última tesis, de allí que ha desenpolvado el plan de desinflación 20/20 que había sugerido instrumentar durante la campaña electoral del 2011.

En efecto, se ha convocado a algunos empresarios y cámaras y a ciertos sindicalistas, a un intento de “pacto social” para moderar los aumentos de salarios y precios el próximo año, sugiriendo un techo a las paritarias del 20% y un compromiso de aumento de precios de magnitud similar.

Pero sucede que las políticas de ataque a la inflación inercial, son siempre complementarias, de cambios en la política monetaria y fiscal.

O, dicho de otra manera, si el gobierno pretende seguir con la misma política «en todo lo demás», y encima, «levar anclas» reduciendo subsidios y acelerando la tasa de devaluación,  resultará difícil convencer a los formadores de salarios y precios, que la inflación futura será inferior a la pasada.

Y mucho menos cuando los formadores de salarios  compiten entre sí en una lucha de poder interno.

El gobierno puede elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para generar un aumento de salarios “subsidiado”, que no se traslade a los costos de las empresas, pero, insisto, sin desandar el resto de la política económica, parece difícil imaginar una tasa de inflación decreciente, porque todos los actores tendrían que coincidir en el diagnóstico  y “acatar” la pauta oficial sin pensar que están perdiendo.

La buena señal es que la inflación, que hasta ahora fue parte del programa, está empezando a preocupar al gobierno, pasando de solución a problema.

Sin embargo, por el momento, sólo trata de sustituir un verdadero programa antiinflacionario, por un aumento salarial subsidiado y un acuerdo de precios.

Como en muchas otras cosas, una nueva dosis de voluntarismo.

Muy  poco para pensar en el éxito.

Fuente: Perfil, 16/12/12.

Argentina, Griesa y Moyano

Refranes
Por Enrique Szewach

Pese a su impronta nacional y popular, el gobierno argentino desconoció dos apotegmas clásicos de la literatura gauchesca.

Uno, recuerda aquello de que «no hay tiento que no se corte, plazo que no se cumpla, y deuda que no se pague». El otro, aconseja «hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse…».

Y estos olvidos se han puesto de manifiesto, ahora, con el dilema generado por la forma en que un Juez de Distrito de Estados Unidos, «clarificó» su sentencia de febrero pasado. Ya le había contado, desde esta columna, que lo que estaba en discusión, en esta etapa, no era si la Argentina le tenía que pagar o no, a tenedores de bonos de deuda en default, lo que debía definirse era el «como» y ese momento llegó.

Obviamente, el gobierno de los Kirchner no es directamente responsable, ni del endeudamiento original, ni del default posterior. Le tocó el trabajo sucio de solucionar el problema, en compañía del resto de los políticos que apoyaron sus decisiones.

Si lo que se hizo, y si la estrategia de negar unilateralmente la existencia de la deuda en default fue lo mejor, se definirá en las próximas semanas o meses. Por el momento, eso es tema de abogados y jueces, no de políticos, o economistas.

En todo caso, los políticos, como en el endeudamiento, o el default del 2001, tendrán la responsabilidad de decidir, dado el resultado de la gestión judicial, y las alternativas técnicas que se presenten, si las hay, qué es lo que más le conviene a los argentinos, para su presente y su futuro. Lo discutiremos en su momento, con los fallos firmes.

Sin embargo, sólo arriesgo, por ahora, que lo menos sensato, desde mi humilde punto de vista, sería intentar desconocer las decisiones del juez, en lugar de, como debió hacerse en el caso de la Fragata Libertad, depositar la garantía, y seguir adelante, agotando todas las instancias judiciales disponibles.

Dicho esto, quiero volver al tema de la semana, que no fue, precisamente, el de un fallo judicial, más anunciado que el soterramiento del Sarmiento, si no el paro general convocado por el ahora rubio Moyano y cía.

Y este fue el tema central, porque explicitó una de las cuestiones de fondo de lo que le sucede a la economía argentina: La explosión del gasto público financiada con récord de presión impositiva e impuesto inflacionario, ya no es un «activo» del gobierno, si no un «pasivo».

De la misma manera que ya se había transformado en un pasivo destruir el mercado de la energía, que llevó a las restricciones a las importaciones, para conseguir los dólares necesarios para pagarle a los de afuera, lo que no queremos pagarle a los de adentro, por el petróleo y el gas.

Y de la misma manera que será, en un futuro no tan lejano, un pasivo, la «pesificación forzada» de los ahorros de los argentinos, que, por ahora, resulta benigna, en la medida que le pone un piso al consumo de bienes durables y aumenta la oferta de fondos prestables a muy corto plazo.

Y esto me lleva, de nuevo, al problema de la deuda externa. Desendeudarse pagando es una cosa. Desendeudarse desconociendo a los acreedores es otra.

Hay muchos temas pendientes en el frente externo, no sólo el de los bonistas que no entraron al canje voluntario. Está la deuda con los Estados miembros del Club de París o los fallos no cumplidos con el tribunal arbitral del Banco Mundial.

El gobierno ha obligado a los argentinos a realizar un enorme esfuerzo para cancelar deuda externa y reemplazarla por deuda interna. Esfuerzo derivado de no pagar sólo intereses, si no también el capital que va venciendo. Ese esfuerzo sólo tiene sentido, si eso le permite, tanto al Estado como a las empresas del país, financiar inversión necesaria con fondos a tasas bajas y plazos largos.

Pero si el mercado internacional de capitales está cerrado para la Argentina, pese a su solvencia financiera, solvencia conseguida, insisto, con ajuste interno, entonces ese ajuste resulta inútil e insensato y también se transforma en un pasivo importante, porque obliga al financiamiento en el reducido mercado local, o al uso de la emisión del Banco Central.

Y el uso de la emisión del Banco Central impide una política antiinflacionaria coherente, que incluya otra política cambiaria, lo que obliga, a su vez, a mantener las restricciones al movimiento de capitales, otro pasivo de la política actual del gobierno.

Como puede apreciarse, recordando al famoso filósofo tucumano, «Todo tiene que ver con todo».

Fuente: Perfil, 25/11/12.

La farsa del Estatismo K

Estatismo
Por Enrique Szewach

En sus últimas intervenciones públicas,  la Presidenta de la Nación hizo una encendida defensa del papel del Estado durante sus gobiernos.

En particular, le atribuyó a un supuesto cambio de paradigma sobre la actividad estatal, la bonanza económica y no sólo económica, de estos años.

Resulta innegable, en especial partiendo del piso de la crisis terminal post convertibilidad del 2001/2002, que la economía argentina ha crecido fuertemente, bajando el desempleo, y mejorando, ciertamente, los ingresos reales de la población, en promedio.

No es menos cierto, sin embargo, que el escenario de bonanza predominó, salvo contadas excepciones, en todos los países de la región.

La Argentina creció y se recuperó en estos años, con mucho más Estado, interviniendo, regulando, brindando servicios directos a través de empresas públicas, o cuasi públicas –con el Estado determinando inversiones, tarifas, etc.- y con políticas macro, autodefinidas como “heterodoxas”. Pero, también crecieron Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, con enfoques diferentes respecto del Estado, y su papel en la economía, y con políticas macro que el relato argentino definiría como “ortodoxas”.

Dicho de otra manera, si todos crecieron, independientemente de las políticas aplicadas, no resulta tan fácil atribuírle al estatismo, la causa central de la bonanza local.

Es más, si algo ha caracterizado a nuestra política económica, como rasgo diferencial del resto de la región “ortodoxa”, ha sido una elevada tasa de inflación, que este año se convirtió en “estanflación” por el contexto de alta inflación y escaso o nulo crecimiento observado.

Dada la experiencia latinoamericana, algún “malintencionado” podría argumentar que el crecimiento argentino de estos años se logró “a pesar del estatismo y de la heterodoxia”, y que sin ese entorno nos hubiera ido como al resto de los países vecinos, a los que le fue bien en la década, pero con menos problemas hacia delante y con baja inflación.

Que el Estado sea más grande y que la Argentina haya crecido, no necesariamente indica una relación causal entre ambas cosas.

De todas maneras, lo anterior resulta difícil de demostrar, sin complejas técnicas econométricas.

Pero lo que sí puede evaluarse, “a simple vista” , es cómo le fue al estatismo en su papel central e indelegable, respecto de brindar elementos que mejoran la calidad de vida de la población, en materia de infraestructura, vivienda, educación, salud, etc.

Es decir, más que discutir el papel del estatismo en el crecimiento económico, mirar como se ha desempeñado el Estado argentino, en dónde está su responsabilidad primaria.

Un reciente estudio de la Fundación FIEL, “Eficiencia.gob.ar”, puede ayudar a esta mirada. (Hay muchos otros estudios, aunque con otros enfoques, que ratifican las conclusiones).

Sólo algunos ejemplos taquigráficos.

El gasto público se incrementó unos 16 puntos de PBI, entre 2003 y 2011. El empleo público creció en 9 años un 46%. En el 2012, el sector público emplea a 3,3 millones de trabajadores (uno de cada cinco ocupados).

No existe, entonces, un problema, de “poca gente” y poca plata, para brindar servicios. Tampoco hay un problema, en promedio, de bajos salarios relativos, los asalariados del sector público en las provincias ganan más que individuos con características similares en el sector privado.

Pese a esto, el déficit habitacional volvió a crecer y se mantiene un elevado stock de viviendas sin terminar.

En educación, los resultados de las pruebas PISA, muestran que uno de cada dos estudiantes de la escuela secundaria de nuestro país, no puede realizar tareas básicas en lectura, matemática y ciencia, y la Argentina se encuentra entre los países que más redujeron su puntaje promedio en mediciones del año 2000 y la del 2009.

El 50% de las rutas nacionales se encuentran en estado malo o regular.

En salud, hay provincias que gastan, por habitante sin cobertura médica, el doble o el triple de lo que costaría un seguro médico que cubriera el plan mínimo obligatorio..

En síntesis, en materia macroeconómica, el estatismo K. no muestra desempeños mucho mejores que la “ortodoxia” latinoamericana, en general.

Mientras que, en materia de bienes públicos propiamente dichos, la calidad no ha mejorado sustancialmente, pese al aumento del gasto y del empleo.

Sugiero, humildemente, revisar el relato sobre las bondades del estatismo K.

Fuente: Perfil, 18/11/12.

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