Competencia multa con 91 millones a CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell por el negocio de derivados
La CNMC les acusa de «concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes».
Por Íñigo de Barrón.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.
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Madrid — La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a las cuatro entidades financieras más relevantes «por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en “condiciones de mercado”. CaixaBank es la más castigada con 31,8 millones de euros, después está el Santander, con 23,9 millones, el BBVA, con 19,8 millones, y el Sabadell, con 15,5 millones. El organismo que preside José María Marín Quemada ha sancionado con el 10% de la cifra total de negocios al considerarse muy grave. . El expediente se abrió en abril de 2016 contra las cuatro entidades y desde entonces se han mantenido las investigaciones.
Estos derivados eran utilizados como instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés asociado a créditos sindicados para la financiación de proyectos, según la CNMC. «La investigación ha puesto de manifiesto que las entidades de crédito se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando a la vez la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado», dice la nota de la Comisión.
La conducta acreditada en la Resolución supone una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea durante al menos diez años (2006 hasta 2016).
Los hechos se investigaron a raíz de una denuncia presentada por una empresa dedicada a la promoción, construcción y explotación de parques e infraestructuras eólicas. Además, durante la investigación «se tuvo acceso a la documentación aportada por otras 22 empresas, correspondiente a 43 operaciones de derivados asociados a créditos sindicados contratados entre 2006 y 2016 para la financiación de proyectos (project finance)». En estos casos, se utiliza los créditos sindicados cuando una empresa necesita un préstamo para financiar un proyecto o una inversión y como los bancos tienen límites de lo que pueden prestar, por la diversificación de sus riesgos de cartera, necesitan compartirlo.
En consecuencia, la CNMC conmina a las empresas para que en el futuro se abstengan de realizar conductas como la acreditada. La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación.
Los bancos recurrirán la multa
Los bancos afectados prevén recurrir la decisión de Competencia. En concreto, desde BBVA indicaron que están «estudiando la resolución que nos acaba de ser notificada», para agregar que «en una primera lectura creemos que es jurídicamente errónea y nuestros servicios jurídicos están analizando los recursos frente a la misma».
Por su parte, fuentes oficiales de Banco Santander señalaron que la entidad va a recurrir la resolución de la CNMC. La entidad entiende que la actuación de los bancos fue correcta y adecuada a los estándares de mercado en este tipo de financiación. Mientras, el Sabadell apuntó que están estudiando la decisión de la Comisión y que no descartan recurrir la sanción.
En los sindicados, por definición, se defienden las entidades, las condiciones que se ofrecen son las mismas ya que se trata de préstamos que conceden un grupo de bancos. Además, fuentes financieras explicaron que hay un informe del Banco de España que mantiene la misma tesis que ellos defiende.
Las comisiones ya suponen casi el 33% de los ingresos de la banca en España
El Santander, Caixabank, el Sabadell y Bankinter ya consiguen compensar la caída de los ingresos hipotecarios con la facturación por servicios.
La banca está recurriendo cada vez más al cobro de comisiones por servicios para tratar de amortiguar la caída de ingresos por la concesión de crédito derivada de los bajos tipos de interés. Las ocho entidades cotizadas de nuestro país facturaron el año pasado solo en España un total de 8.839 millones de euros por esta vía, un 11% más que en 2016. Así, esos ingresos ya suponen el 32,6% de la facturación recurrente (margen de intereses más comisiones), 2,1 puntos más que en el ejercicio anterior, lo que da una idea de cuánto están explotando este negocio.
Los tipos de interés próximos al cero o incluso en negativo -el Euribor sigue en el -0,19%- ha abaratado los préstamos y por tanto el margen de intereses del sector, que es la diferencia entre lo que los bancos cobran por sus créditos y lo que pagan por los depósitos, continúa cayendo en casi todas las entidades. Para tratar de compensar esa caída de la facturación básica, los bancos redujeron primero la remuneración de los depósitos al máximo, y luego compensaron al aplicar una política de recorte de costes que continúa con el cierre de oficinas y los despidos masivos de empleados.
Eso no ha sido suficiente, y la mayor facturación por comisiones y servicios se ha convertido en otra vía para mejorar la rentabilidad. Aunque en ejercicios anteriores ya se observó tímidamente esta tendencia, 2017 fue el año en que los ingresos por este concepto de la banca en España más se incrementó. Las cuenta de Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, el Sabadell, Bankinter, Unicaja y Liberbank registraron en ese ejercicio 876 millones de euros más en comisiones netas. Y en algunos casos los crecimientos fueron superiores al 10% e incluso cercanos al 20%.
Caixabank fue la entidad que más elevó sus ingresos por servicios, en concreto un 19,5% o en 409 millones, hasta los 2.499 millones de euros. Cabe recordar que el grupo presidido por Jordi Gual es especialista en productos distintos de los bancarios como los fondos de inversión y de pensiones y los seguros de vida. De hecho, su aseguradora Vidacaixa es ya la primera del país en ese ramo y la entidad es un referente por su capacidad de distribución de estos productos, al contar con la red de sucursales más extensa del país, lo que le asegura una mayor capacidad de generar comisiones.
La venta de fondos de inversión, clave
De hecho, según explican desde una de esas ocho entidades, 2017 fue un muy buen ejercicio en cuanto a la facturación por comisiones precisamente por la mayor tendencia de los ahorradores españoles a invertir su dinero en esos activos de más riesgo y en detrimento de los depósitos. El año pasado los fondos de inversión incrementaron su patrimonio un 11,7% o en 27.489 millones de euros, hasta los 263.207 millones, según datos de Inverco.
Ese incremento se produjo además no tanto por la revalorización de las carteras como por las suscripciones netas, que aumentaron un 55%, a 21.410 millones de euros. Además, el número de partícipes creció casi un 25%, a 10,3 millones de inversores. Y en un mercado tan bancarizado como el español, ese crecimiento lo acaparan sobre todo los bancos, lo que se traduce en más comisiones a su favor.
Junto con la gestión de activos y patrimonios, la partida de facturación por comisiones de los bancos incluye otros cargos como el uso de tarjetas de crédito, el mantenimiento de cuentas corrientes, la concesión de terminales de venta (tpv) a empresas y comercios, el servicio de cambio de divisas y las reclamaciones por descubiertos y posiciones deudoras, entre otros conceptos.
El Santander fue el año pasado el segundo banco que más incrementó su facturación por comisiones en España, un 16,1%, y le siguieron Bankinter (+11,7%) y el Sabadell (+10,3%). Estos tres grupos y Caixabank son los únicos que gracias a los ingresos por servicios ya compensan la caída del margen de intereses, así que sus ingresos recurrentes ya crecen. Además, en el caso del Santander y el Sabadell les permite incluso elevar ya el margen bruto, que incluye también los resultados derivados de la compraventa de deuda, que tras años aportando enormes ingresos ahora caen bruscamente.
Diversificación de ingresos
Tanto el Banco de España como el BCE no dejan de reiterar a las entidades que el cobro por servicios debe ser una vía para mejorar la rentabilidad ante un contexto de tipos bajos prolongado. En buena parte de los ocho bancos estos ingresos ya suponen casi el 30% del negocio básico, lo supera en Liberbank, Bankia y Caixabank y en el caso del Santander llega ya hasta el 41,5% de sus ingresos típicos solo en España.
La banca española, en este sentido, parece estar haciendo sus deberes. Además, partía de una situación bien distinta a la del resto del sector en Europa. Mientras en España el margen de intereses supone el 65% de los ingresos de explotación, como en el caso de Alemania, ese peso se reduce al 56% en la banca italiana, al 54% en la británica y al 51% en la francesa, según un informe de BBVA Research.
En esos países los ingresos por comisiones tenían tradicionalmente un peso cercano o superior a un tercio de la facturación total. Las entidades de nuestro país, pese a su dependencia del negocio crediticio minorista, se han ido situando ya en esos niveles.
Esto es clave para la sostenibilidad de las cuentas de los bancos, pues aquellas más dependientes de las comisiones son más resistentes que si el peso recae en el margen de intermediación. Un informe de Goldman Sachs sobre la banca española apunta a que la facturación por comisiones de las entidades seguirá creciendo en 2018 y 2019, un 6% y un 2% respectivamente.
La crisis catalana llega a los bares y pierden 71 millones en octubre
Por Raquel Villaécija.
El impacto de las tensiones políticas en Cataluña ha llegado ya a los bares. Sólo en el mes de octubre el sector de la restauración ha perdido más de 70 millones de euros en ventas y las cadenas han registrado un descenso en el número de visitantes por primera vez desde la salida de la crisis, según datos de la consultora NPD Group.
La inestabilidad nos disuade a la hora decidir si nos quedamos en casa o salimos a cenar o a comer fuera. Si «se toma como referencia el comportamiento objetivo del sector en el mes de octubre y se compara con el crecimiento del trimestre anterior, lo que se aprecia es una caída en las ventas valorada en 71 millones», señala Vicente Montesinos, de NPD. «A nivel nacional veníamos de una tendencia buena, con una recuperación en 2015 tras siete años de caídas», explica el especialista.
La consultora ha analizado los datos aportados por las diferentes cadenas de implantación nacional con las que trabaja y constata que en un mes se ha dado la vuelta al calcetín: si el trimestre anterior el sector crecía a un ritmo del 2,6% (en septiembre lo hizo un 2,3%), en octubre, cuando el conflicto catalán vivió su punto álgido, el avance fue nulo (0,1%).
Hay dos puntos y medio porcentuales de diferencia y es el primer trimestre con ventas planas desde 2015, a pesar de que el calor nos ha estado acompañando hasta hace bien poco, un factor que siempre incentiva a salir. Además, «octubre es el primer mes desde la salida de la crisis en el que cayó el número de visitas en los establecimientos», es decir, que la gente pisa menos los bares que antes de que estallara la tensión.
Este impacto, explica Montesinos, se concentra sobre todo en el noreste del país y sólo incluye el gasto nacional (que supone el 83% del total), no el del turismo. Si se contara éste último, «podría sumar más pérdidas aún», señala.
Aumenta la distancia con Madrid
En concreto, NPD Group ha medido las ventas de las cadenas en las diferentes regiones y ha apreciado «una mancha más centralizada en Cataluña». Montesinos explica que la velocidad a la que crece el sector en Madrid y Barcelona (tomando como referencia la misma superficie de establecimientos con respecto al año pasado, sin incluir nuevas aperturas) no suele ser muy grande. Antes había una distancia de un punto entre ambas ciudades a favor de la capital; ahora hay seis.
«Si incluyes las nuevas aperturas el efecto es aún mayor, pues en Cataluña ha habido menos que en Madrid por las trabas administrativas a los empresarios que querían abrir algún local», explica Montesinos, para quien esto «es la culminación de toda una serie de problemas y medidas proteccionistas» que ya disuadían al sector a la hora de instalarse en Cataluña.
La inestabilidad agranda cada vez más la bola de nieve: primero fue el turismo (con una caída de los visitantes foráneos del 5% en Cataluña mientras que sí crecieron las llegadas en el conjunto de España) y después, el comercio. Las ventas minoristas en la región cedieron casi un 4% en el mes de octubre comparado con el mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sector había sido muy cauteloso a la hora de valorar el impacto del problema catalán en el consumo, pues advertían de que, como las altas temperaturas también han afectado negativamente a las ventas, es difícil valorar qué parte del daño viene de la inestabilidad política.
Sin embargo, es evidente que ésta afecta a la confianza del consumidor, como de hecho refleja el índice del CIS que mide la predisposición que tenemos a gastar. En octubre cedió 3,6 puntos y alcanzó la cifra más baja desde el pasado mes de enero.
También la incertidumbre ha hizo mella en los depósitos de hogares y empresas residentes en España, que cayeron un 1,25% en octubre respecto al mes anterior, coincidiendo con el periodo de mayor tensión, en un contexto en el que los bajos tipos de interés llevaron a las entidades a ofrecer bajas rentabilidades a cambio de estos productos.
CNMV multa a bancos, empresas e individuos por casi €9 millones
Por Sergio Antequera.
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Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo a lo expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Empresas como Credit Suisse AG, XYZ Heritage Foundation y Auriga Global Investors, SV, SA forman parte de las entidades implicadas en dichas sanciones. Por su parte, empresarios españoles anteriormente sentenciados a cárcel por lavado de dinero fueron mencionados en las resoluciones del CNMV, el cual es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad de España.
El BOE publicado el pasado 16 de noviembre presenta las resoluciones y sus respectivos sancionados, incluyendo monto de la multa, razón y fecha:
Resolución para Credit Suisse AG, sucursal en España
– Multa: €1.2 millones
– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en Instituciones de Inversiones Colectivas (IIC) extranjeras, en el ámbito de la gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversión.
– Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Julius Baer, AV, SA
– Multa: €1 millón
– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en IIC extranjeras, en el ámbito del asesoramiento en materia de inversiones
– Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017.
Resolución para XYZ Heritage Foundation
– Multa: €200.000
– Razón: incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, S.A
– Fecha: 30 de ctubre de 2017
Resolución para Julio Torres Vérez y Francisco Garriga Miró
1) Julio Torres Vérez:
-Multa: €28.350
-Razón: uso de información privilegiada en relación con operaciones sobre acciones de Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A.
-Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017
2) Francisco Garriga Miró:
– Multa: €4.4 millones
– Razón: uso de información privilegiada en relación con operaciones sobre acciones de Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A. Del mismo modo, fue sentenciado en 2014 a dos años de cárcel por lavado de dinero referentes a la compra de acciones de Parquesol en 2006, junto a su socio José Luis Zanetty, el cual recibió cuatro años de prisión.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Auriga Global Investors, SV, SA
– Multa: €150.000
– Razones:
A) Ausencia de separación efectiva entre los instrumentos financieros de la empresa y los de sus clientes y por la utilización indebida de instrumentos financieros de sus clientes – €75.000
B) Llevanza de los registros de operaciones con vicios esenciales – €75.000
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Sergio Turrión Barbado; Mercados y Gestión de Valores, AV, SA y Rafael Collada Barreno
1) Sergio Turrión Barbado:
– Multa: €100.000
– Razón: comunicar a don Rafael Collada Barreno información privilegiada relativa a las acciones de Vueling Airlines
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
2) Mercados y Gestión de Valores, AV, SA:
– Multa: €200.000 y una sanción de suspensión de la condición de miembro de la Bolsa de Madrid, como mercado secundario oficial, por un plazo de seis meses.
– Razón: adquirir acciones de Vueling Airlines, S.A. para sus carteras gestionadas, disponiendo de información privilegiada sobre la citada sociedad cotizada.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
3) Rafael Collada Barreno – consejero delegado de Mercados y Gestión de Valores, AV, SA:
– Multa: €100.000
– Razón: adquirir acciones de Vueling Airlines, S.A. para sus carteras gestionadas, disponiendo de información privilegiada sobre la citada sociedad cotizada.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA; Verónica Arranz Sánchez; Jesús Pérez Pérez y Daniel Puerta Arranz
A) No contar con una Unidad de Cumplimiento Normativo que desarrolle su actividad bajo el principio de independencia con respecto a las áreas que desarrollan actividades de prestación de servicios de inversión – €60.000.
B) No contar con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes – €45.000.
C) Carecer de un registro de recomendaciones que cumpla con las obligaciones de integridad, facilidad de acceso y reconstrucción así como de imposibilidad de manipulación – €60.000.
D) No haber informado a sus clientes adecuadamente sobre los conceptos por los que les ha cobrado la comisión de asesoramiento, de manera no ocasional o aislada – €200.000.
– Razón: No contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas.
– Razón: No contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas.
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
4) Daniel Puerta Arranz – apoderado general de Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA:
– Multa: €70.000
– Razón: no contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes
– Fecha: 30 de octubre de 2017.
Resolución para Auriga Global Investors, SV, SA
– Multa: €1 millón.
– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en fondos clónicos e IIC extranjeras, en el ámbito de la gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversiones
El mayor temor de los españoles que tienen una segunda residencia es que ésta sea okupada en algún momento por las turbas que alienta la ultra izquierda, y a las que siempre han defendido con devoción la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la de la capital de España, Manuela Carmena. Ya es hora de detener este movimiento contra la propiedad privada y contra la libertad de las personas. Con determinación. Con urgencia. Modificando las leyes precisas para poner coto a este asalto diario a los derechos fundamentales consentido hasta ahora por los gobiernos de turno.
¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? En términos inmobiliarios, el viejo dilema tiene un nuevo recorrido. Tras las locuras acometidas por tirios y troyanos en los años previos a la crisis, un factor concreto sobrealimenta la escasez y correspondiente sobreprecio de la vivienda: muchas de ellas están vacías. Determinado sector minoritario de la sociedad ha decidido que eso es excusa suficiente para inventarse su propio mercado, donde el coste de la vida tiende a cero. Se hacen llamar okupas, así, con ka, como ya admite la RAE. Paradójicamente, el mayor temor de los españoles que poseen una segunda vivienda es que ésta sea okupada, por encima de sufrir un robo o daños materiales, según una encuesta del Instituto Sondea para Securitas Direct. Un estado de ánimo poco propicio para un mercado efectivo.
La portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso, Ana Zurita, aporta datos que refrendan este temor. «Según el Banco de España, el 29,1% de la población española tiene segunda vivienda. De este porcentaje, el 23,7% son familias por debajo del percentil del 40% de renta y el 34%, jubilados: no son palacios, sino casas rurales o apartamentos de playa comprados con los ahorros de toda una vida. Y los últimos datos que llegan de los juzgados indican que los delitos de ocupación ilegal han aumentado un 92% el último año. Da la impresión de que en este país algunos piensan que la propiedad no es un derecho».
Caridad Velarde, profesora de Derecho de la Universidad de Navarra, matiza que el fenómeno se bifurca en «tres posibles situaciones: por necesidad, por ideología o por interés económico espurio». El último caso es el más sangrante. «Las mafias se benefician de la necesidad urgente de vivienda y de la desprotección de sectores vulnerables, como el de los extranjeros que no conocen el idioma o la legislación». En ese caso, «hay quien hace pasar por suyos pisos que no lo son y se los arriendan a terceras personas que actúan de buena fe».
Más compleja, por sus implicaciones sociales, resulta la okupación ideológica. En The City Is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe from the 1970s to the Present, Bart van der Steen sitúa su origen en la Nueva Izquierda surgida de Mayo de 1968. Tras ese pistoletazo de salida, «a principios de los 70, los okupas europeos pelearon y ganaron el control de cientos de casas comunales, en las que organizaron formas colectivas de vida». Desde entonces, van y vienen, tomando mayor protagonismo cuando las crisis les permiten ocupar el espacio que deja la desilusión de los ciudadanos ante las instituciones.
APOYO DE LOS POPULISTAS
España llegó tarde a este fenómeno. Miguel Martínez López sostiene en El movimiento de okupaciones que «se ha producido de forma continuada desde principios de la década de 1980». Pese a su heterogeneidad, subraya tres características comunes: «Los principios libertarios compartidos por la mayoría y la confrontación reiterada con las autoridades locales, las eventuales coordinaciones de experiencias en cada ciudad y las redes de relación creadas, así como la influencia recibida de otros nuevos movimientos sociales próximos y su implicación en ellos».
La actualidad muestra ejemplos muy claros de esa vinculación con otros agentes. En marzo, El Confidencial Autonómico publicó un artículo sobre el despliegue por las marquesinas de Madrid de unos carteles titulados «Los Madriles. Atlas de iniciativas sociales», en el que buena parte de los lugares señalados eran casas okupadas. Detrás de esta iniciativa estaba Intermediæ, un proyecto del Matadero de Madrid, que pertenece al Área de Artes, Deporte y Turismo del Ayuntamiento, cuyos escudo y logo aparecían en los carteles. Zurita denuncia que «los llamados ayuntamientos del cambio no solo no buscan soluciones, sino que además permiten y alientan el fenómeno de la ocupación haciendo la vista gorda, como sucede en Barcelona, o fomentando situaciones como la del Patio Maravillas, en Madrid».
Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, desmiente «que este proceso sea generalizado; es verdad que existe un fenómeno de okupación y que hay grupos que podríamos denominar mafias, pero hay que señalar que afectan fundamentalmente a viviendas desocupadas propiedad de bancos y de grandes tenedores inmobiliarios, como fondos de inversión, socimis o parques públicos desocupados. Aunque a veces, desgraciadamente, sí que actúan sobre propiedades de particulares, no es lo más frecuente». López sigue la línea del Ayuntamiento de subrayar la distinción «entre los diferentes modelos de mafias de la ocupación y las familias que buscan desesperadamente una solución habitacional, sin justificarlas pero entendiéndolo», y culpar al capital. «También existen procesos de ocupación mafiosa inducidos por inversores, para conseguir rebajas en las viviendas que comercializan las entidades financieras».
Según Zurita, «la ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y prolifera en otros colectivos, generando problemas y dificultando una política eficaz». En este sentido, pone el ejemplo de la regularización en septiembre de 2016 por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) de 88 viviendas sociales ocupadas, mientras que «la propia alcaldesa» ha reconocido que «más de 400 viviendas puestas a disposición por los bancos no podían ser adjudicadas por estar ocupadas».
Prueba de la rapidez con la que se propaga la moda de la ocupación ilegal es la proliferación de páginas web con toda la información necesaria para vulnerar la propiedad ajena aprovechando los resquicios legales y minimizando los riesgos judiciales. En wwww.okupatutambien.net, por ejemplo, se ofrece un Manual de okupación en un PDF de más de 100 páginas y esmerada presentación para «acercar la okupación a toda persona interesada en salir del mercado inmobiliario y disfrutar de un espacio digno sin pagar ni un duro a quienes tratan de robarnos la vida cada día».
Velarde admite que estas actitudes «han proliferado con la crisis y en ella han obtenido alguna forma de justificación», pero recuerda que, al final, perjudican «a los titulares de los edificios okupados, sean públicos o privados, y también a los vecinos, que sufren en algunas ocasiones situaciones de insalubridad e inseguridad, con la agravante de que no cuentan con vía alguna para solicitar el desalojo». Además, la okupación conlleva una «posible bajada del valor de sus viviendas, así como la dificultad para venderlas o alquilarlas».
Desde la inmobiliaria Testa Residencial apuntan al principal problema de fondo: la inseguridad jurídica. En este sentido, Zurita sostiene que «los estados de temor y de inseguridad afectan siempre negativamente a la economía». Por no hablar del dinero extra que tienen que pagar las comunidades de vecinos, ya que «entre el 40% y el 60% realizan conexiones fraudulentas de servicios de agua y luz», o los costes adicionales para los contribuyentes («Más policías, servicios, limpieza…») para cubrir las «bajas condiciones de habitabilidad y el riesgo en el conjunto vecinal por actitudes de delincuencia, ocupaciones conflictivas y aumento de la inseguridad». Además, «la okupación hace inviable la gestión de una política de vivienda, la distorsiona». Según Zurita, los allanamientos suponen la inmovilización de entre un 5% y un 20% de la vivienda pública. «Hay muchas personas esperando a que se les adjudique un piso y sin duda es un agravio comparativo que no se pueda acceder a ella porque está ocupada».
López, en cambio, considera que la okupación no redunda en la escasez de oferta de viviendas. «Los patrimonios de las entidades financieras, que son los mayores tenedores de viviendas vacías en este momento, no están en el mercado por razones operativas o estratégicas de sus propietarios, no por temor a una ocupación ilegal, que se evitaría en cualquier caso si tuvieran precios ajustados y se alquilaran».
Desde Testa instan a quienes simpatizan con el movimiento okupa a «que se planteen qué ocurriría si alguien le arrebatara un bien de su propiedad o de un familiar», y los abogados de Legalitas proponen un caso concreto: «Tenemos un apartamento en la playa y un verano nos lo encontramos tomado por desconocidos». ¡Horror! Lo primero que tendríamos que hacer es «presentar una denuncia y, muy importante, solicitar como medida cautelar que se proceda al inmediato desalojo». Después solo queda «poner la situación en manos de un abogado experto que nos acompañe en todo el proceso».
Pero, ¿no se puede prevenir antes que curar? En Legalitas explican que «no se pueden tomar medidas preventivas jurídicas, ya que lamentablemente la ley no prevé ninguna», y desde Testa se lamentan de que «el propietario tiene poco margen de maniobra más allá de tomar medidas de seguridad en la vivienda y, en casos extremos, desmantelarla, aunque esto último va en detrimento de su patrimonio».
En nuestra aterradora hipótesis, ya hemos presentado la denuncia. ¿Ahora qué? Paciencia, mucha paciencia… Juan Carlos Amaro, profesor de Esade, es tajante: «La legislación española no facilita el desalojo. Si se inicia un procedimiento penal por delito de usurpación, ha de realizarse sobre un inmueble que no sea morada y que el juez aprecie indicios de delito. En este sentido, la jurisprudencia solo considera punibles las okupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho por su titular. En definitiva: un procedimiento tedioso, largo y no siempre exitoso». La posibilidad de ir por lo civil tampoco mejora el panorama. «Al no existir una figura específica, suele derivar en un procedimiento de desahucio por precario, que conlleva un plazo para obtención de sentencia de más de un año».
Velarde matiza que la vía penal «es más rápida, pero en ocasiones no es fácil determinar quién realizó el allanamiento propiamente dicho y distinguirlo de quien ocupa la vivienda en ese momento, por lo que en muchas ocasiones no se llega hasta el final del proceso y, cuando se llega, no se imponen sanciones». Y en el campo de lo civil, «se trata como un desahucio más, lo que supone gastos para quien reclama, contratación de abogado y procurador, así como largos que ralentizan la recuperación». Por su parte, López no cree «que la legislación española sea, en absoluto, permisiva con las situaciones de ocupación; en algunos juzgados, por acumulación de casos u otras causas, puedan demorarse algo los procesos, pero suelen ser bastante rápidos y suele haber condena».
LEGISLACIÓN POCO EUROPEA
Velarde, sin embargo, recuerda que «también en esto hemos ido por detrás de otros países europeos. En Inglaterra se considera delito y conlleva sanciones específicas; en Francia no es delito, pero la policía puede desalojar al ocupante ilegal en 48 horas; en Alemania, en 24, si bien se sanciona al propietario que tiene esa vivienda vacía». Desde Testa insisten en que «en la mayoría de los países desarrollados la ausencia de título de una vivienda permite la entrada inmediata de la policía» y piden que «se produzcan modificaciones para agilizar los procedimientos judiciales», empezando con el cese por las administraciones públicas, sobre todo locales, de cierta «ayuda institucional» a la okupación, «especialmente a través de las solicitudes de suspensiones de alzamientos judiciales».
La principal ofensiva hasta el momento en este sentido llegó el mes pasado en forma de moción en el Congreso, con el voto a favor de PP y Ciudadanos, que se traducirá en una futura ley, si el Gobierno se pone en marcha. Zurita explica que la nueva norma supondrá «la agilización del procedimiento de recuperación de la propiedad, un tratamiento excepcional cuando se detecte que en el inmueble ocupado se realizan actividades delictivas independientes de la ocupación en sí y el endurecimiento de las penas». Además, se proponen medidas «para asegurar la protección de las familias vulnerables trabajando las condiciones de los deudores hipotecarios y con el Plan de Vivienda».
Desde el Ayuntamiento de Madrid, López acusa a PP y Ciudadanos de «poner por delante los intereses de las grandes corporaciones y poderes económicos frente a las necesidades de las personas y familias tomadas de una en una». Para él, «debería haber una legislación que obligara a los grandes tenedores de viviendas vacías a ponerlas en el mercado en un tiempo razonable, o que se desincentivara que los pisos, bienes escasos y necesarios, estuvieran vacíos demasiado tiempo, especialmente los patrimonios de los grandes operadores y entidades financieras».
Quizá con un poco más de análisis racional y trabajo se acabe con el penúltimo resabio de ese prohibido prohibir de mayo del 68 al que algunos apelan para saltarse el orden legal y montar donde les parezca oportuno la República Independiente de su Casa. El anuncio de Ikea se ha convertido en toda una profecía. Si la gallina no quiere poner huevos a mi conveniencia, se la cocina y listos. Después, cuando llega el hambre y no hay huevos (en todos los sentidos), que lo arreglen los de siempre…
El ‘Catexit’ y sus efectos en el sector asegurador
Por José Luis Latorre.
Ante todo, debo indicar que este artículo de opinión no es ningún manifiesto político en ningún sentido y sí una reflexión sobre la situación que el sector asegurador se podría encontrar ante un determinado escenario político.
Hasta la fecha se ha hablado de repercusiones para la Banca de un posible ‘Catexit’. Mi objetivo con este artículo es establecer el escenario que debería afrontar el sector asegurador ante una situación de independencia de Catalunya y la creación de una “nueva república catalana” con el fin de abrir el debate, ya que lo que en estas líneas avanzo puede ser más amplio y complejo.
El presidente de la Generalitat de Catalunya ha declarado la independencia, ¿y ahora qué puede pasar en el sector asegurador?
Para el sector asegurador se nos plantea el siguiente escenario:
En primer lugar, tenemos la automática salida de la Unión Europea (UE), por lo que, en caso de no poder llegar a un acuerdo con la UE, las leyes comunitarias dejarían de aplicarse y el Gobierno de la “nueva república catalana” debería replicar legislación europea y propia (Ley de contrato de seguro, Ley de ordenación de Seguro Privado o como las quieran denominar). Esto haría que existiese un vacío legal o inseguridad jurídica, ya que la tramitación legislativa requiere su tiempo.
Los “pasaportes comunitarios” dejarían de estar disponibles automáticamente, por lo que las entidades radicadas en Catalunya no podrían trabajar en el espacio de la UE, incluyendo España, lo que probablemente haría que las aseguradoras movieran el domicilio social y, consecuentemente, en una situación de nuevo estado, la fiscal. Es probable que ello llevaría aparejado que, de una forma proporcional, también se mudarían sus servicios centrales, provocando deslocalizaciones y movimientos de empleados. Del mismo modo, los órganos de UE, como la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) dejarían de tener competencia sobre asuntos catalanes y se deberían establecer acuerdos de cooperación entre EIOPA y los reguladores de la “nueva república catalana”.
¿Puede haber opciones para mantener las relaciones tras el ‘Catexit’?
Una vez que se haya hecho efectiva la salida de la UE, la autoridad aseguradora de la “nueva república catalana” deberá plantearse las diferentes posibilidades que tiene enfrente en el ámbito regulatorio:
PAÍS NO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE
Aislarse del mundo, apoyada por los sectores más radicales del independentismo catalán.
El primer objetivo sensato, que no se prevé nada fácil, ni rápido, sería conseguir el reconocimiento internacional de naturaleza jurídica propia y, una vez superado, después de meses o años, esta situación tendría varias opciones posibles:
PAÍS RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE
Firma de nuevos acuerdos bilaterales, manteniendo el libre comercio y/o establecimiento sin pertenecer al bloque europeo, similar a lo que el Gobierno canadiense está negociando.
Unirse a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), podría acceder a través de acuerdos bilaterales tipo Suiza.
La reintegración al Espacio Económico Europeo y la adhesión a la AELC, como el caso de Noruega, Liechtenstein e Islandia, como nuevo estado adherido.
Integración en la UE. Se trata de la más remota e improbable, al menos durante mucho tiempo, ya que, además del reconocimiento internacional, debe tener la unanimidad de los estados miembros, existiendo el derecho de veto por cualquiera de ellos.
Pero junto a estas cuestiones futuribles, la independencia sí tendrá consecuencias inmediatas que afecta a:
EMPRESAS:
Para las Reaseguradoras el efecto será pequeño, por el carácter transfronterizo del Reaseguro. En todo caso, la autoridad supervisora de la “nueva república catalana” debería establecer los criterios de solvencia y que fueran equivalentes a los de la UE y que esta los homologase, etc.
Las Aseguradoras en territorio catalán que quieran seguir operando en la UE, deberían trasladar domicilio social, fiscal y posiblemente operativo dentro del territorio comunitario. Este último punto es importante porque difícilmente sería aceptable que entidades que trabajen en esa “España sin Catalunya” puedan hacerlo desde un territorio foráneo. También parece razonable pensar que deberán crear filiales participadas para trabajar en la “nueva república catalana” y dotarlas de solvencia para cubrir los riesgos, eso significara nuevos desembolsos de capital para dotarlas de solvencia.
Para los Agentes y Corredores/Corredurías y Agencias de Suscripción: en el caso de los primeros, el problema, salvo casos muy aislados, es menor, por el carácter territorial limitado que estos profesionales acostumbran a tener, pero en algún caso deberían de crear empresas filiales o participadas, ya sean personas físicas o jurídicas.
Para los corredores supervisados por la Dirección General de Política Financiera y Seguros del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, ya que el ámbito de actuación se le supone mayoritariamente territorial en el ámbito catalán, deberían renunciar al negocio de fuera de Catalunya o ver si les resulta económicamente favorable crear filiales o participadas en el territorio español, ya que, recuerdo, el pasaporte comunitario esta desactivado.
En el caso de los Corredores con ámbito estatal, al igual que las Aseguradoras, deberían trasladar domicilio social, fiscal y operativo y estimar la creación de filiales en uno u otro “país”.
La Agencias de Suscripción se encontrarían en la misma situación que las Corredurías o corredores.
POSIBLES VACÍOS:
Esa “nueva república catalana” debería decidir si crear, por ejemplo, su Consorcio de Compensación de Seguros, su Pool Medioambiental o su Pool Atómico , si lo asumen las aseguradoras locales o simplemente se deja sin coberturas al asegurado y consumidor final de terrorismo, inundaciones… También cabe otra pregunta: ¿la “nueva república catalana” también optará por crear su propio Agroseguro?
Para el Consumidor:
Estos vacíos que acabo de comentar supondrá un impacto para el consumidor, para el ciudadano. Así, la desaparición de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros supondrá que las grandes catástrofes, inundaciones, terrorismo debería de ser asumida por las aseguradoras directamente o bien el Gobierno del nuevo país debería constituir algún organismo similar tan típicamente español. De igual forma se puede decir de la desaparición de Agroseguro –con el impacto que supone en la cobertura de los riesgos del sector agropecuario–, del Pool de Riesgos Medioambientales y del Atómico. Finalmente, también dejará de ser efectivo Ofesauto y el propio baremo de daños personales en accidentes de circulación.
En estos momentos recuerdo una serie de televisión que los guionistas no sabían cómo acabarla por lo complicado del guión que se había ido creando a lo largo de los capítulos y que la acabaron despertando los protagonistas como si hubiese sido todo un sueño o una pesadilla, que cada uno escoja su opción, la mía la tengo clara.
La firma alude a la situación de incertidumbre política y jurídica en Catalunya para mudar la sede de su hólding.
Por Agustí Sala.
Imagen del recinto de Codorniu. .
Nuevo mazazo empresarial al ‘procés‘. Codorníu también trasladará su sede social de Catalunya a otra zona de España, en concreto a La Rioja. El paso dado por la empresa de la familia Raventós tiene un profundo simbolismo ya que es la más antigua de España, con orígenes en 1551 y con forma de sociedad mercantil desde el siglo XIX.
La firma no ha esperado al final del cruce de cartas entre el ‘president’ Carles Puigdemont y el del Gobierno, Mariano Rajoy, para optar por la mudanza de su hólding, Unideco, de la que penden sociedades como Codorniu,Raimat, Bodegas Bilbaínas, cuya sede está en Haro (La Rioja) o Legaris, con sede en la denominación de origen (DO) Ribera de Duero.
«Ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Catalunya y con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes», las embelmáticas bodegas, cuya sede más emblemática se encuentra en la mansión didseñada por Josep Puig i Cadafalch en Sant Sadurní d’Anoia ha decidido sumarse a las compañías que ven en una posible declaración unilateral de independencia (DUI) una amenaza para sus intereses.
Sin consecuencias económicas
El consejo de administración de Unideco, S.A., empresa hólding del grupo Codorníu Raventós, ha aclarado que mantiene la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados en sus actuales centros de trabajo. La compañía más antigua del sector, con sede actualmente en Sant Sadurní de Noia, el corazón dela comarca vitivinícola del Penedès, asegura que la medida de trasladar la sede no tendrá consecuencias económicas en Catalunya.
A este cambio de domicilio social de la compañía presidida por María del Mar Raventós puede sumarse en breve la de su principal competidora, Freixenet. Sobre si esta continuará en Catalunya, su presidente (y de la Cámara de Comercio de España), Josep Lluís Bonet, ha indicado que ha convocado un consejo de administración para final de mes en el que «este tema está encima de la mesa». Una de las hipótesis que se baraja es Cantabria, si bien la empresa cuenta con bodegas en varias denominaciones de origen (DO) españolas.
La industria farmacéutica se prepara para una posible salida de Cataluña
Genera el 7% del PIB catalán y da empleo a 42.000 trabajadores.
Por Alberto Vigario.
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Las multinacionales farmacéuticas asentadas en España tienen la mayoría de sus fábricas en Cataluña. Hasta ahora, ninguna de estas compañías había tomado una postura oficial sobre qué harían si se daba una declaración de independencia por parte de la Generalitat. Pero en los últimos días, algunos laboratorios ya han empezado a reconocer que cuentan con un plan de salida si se produce una secesión de España.
Así, las multinacionales Boehringer Ingelheim y Bayer, ambas alemanas, admitieron recientemente que tomarán las medidas necesarias para proteger sus negocios si cambian las reglas y leyes actuales en Cataluña.
«Bayer, como cualquier otra compañía, precisa de un marco político, económico y jurídico estable que asegure el normal desarrollo de su actividad. Ante la situación en Cataluña, la compañía confía en que se alcance una solución que permita mantener estas condiciones», aseguró la compañía.
La dueña de la aspirina había aparecido hace días en las quinielas de empresas que tendían previsto salir con una declaración de independencia, aunque no se había manifestado aún de manera oficial. Bayer tiene su sede central en España en Sant Joan Despí (Barcelona), donde cuenta con 850 empleados. Su mayor planta de producción la tiene en Asturias, donde fabrica el ácido acetilsalicílico para todo el mundo.
Por su parte, la farmacéutica Boehringer Ingelheim también aseguró que tomarán «las necesarias iniciativas para asegurar la continuidad del negocio». De todas formas, la filial española con sede y dos fábricas en Sant Cugat del Vallés aclaró que «no van a especular sobre posibles cambios» y que «la posición de BI España sobre la situación actual en Cataluña se basa en el respeto a la legislación actual».
Oryzon, la primera
Aparte de las multinacionales, de momento han sido Oryzon -que fue la primera- y el grupo Indukern (dueño del mayor laboratorio de genéricos en Cataluña, Kern Pharma) las únicas compañías del sector que se han mudado de Barcelona. Mientras, entre los otros grandes laboratorios catalanes, Almirall, Esteve y Ferrer guardan silencio y Grifols ha comunicado que, de momento, se queda.
No se trata de un sector cualquiera. En Cataluña, el 7% del PIB ya corresponde a la actividad que generan las empresas de las ciencias de la vida y la salud, que a su vez dan empleo a un total de 42.133 trabajadores (cifras de 2014). Además, según el último informe de la patronal biotecnológica Asebio, la región lidera este sector en España. El negocio de las ciencias de la vida y la salud cuenta en Cataluña con 734 empresas, de las cuales 221 son biotecnológicas, 46 farmacéuticas, 94 de tecnologías médicas innovadoras, 208 proveedoras e ingenierías, 139 de servicios profesionales y consultoría y 26 entidades de inversión activas.
Cambio de las inversiones
Sin embargo, hace años que la región catalana ha dejado de ser el foco principal de las inversiones en investigación de la industria farmacéutica presente en nuestro país, algo que había sucedido siempre en España. Desde 2015, la Comunidad de Madrid supera a Cataluña como el destino principal en España del gasto en I+D que las farmacéuticas realizan cada año tanto dentro de sus instalaciones, como en sus colaboraciones con hospitales y otros centros de investigación.
Apenas tres años antes, en 2012, Cataluña superaba ampliamente a Madrid en este reparto, al ser destinataria del 52% de las inversiones internas de los laboratorios, seguida de Madrid, con apenas el 35%. Desde entonces, año a año, la región catalana ha ido perdiendo peso en el porcentaje hasta ser superada por la comunidad madrileña.
Distribución geográfica
Otro aspecto destacado en los últimos años ha sido el cambio de tendencia en la distribución geográfica de los laboratorios farmacéuticos a lo largo y ancho de nuestro país. Si históricamente, Cataluña era la región que concentraba la mayor parte de este sector, el número ha pasado a igualarse en la actualidad.
Así, de las 183 compañías farmacéuticas presentes en España -asociadas a la patronal Farmaindustria- en 2015, un total de 86 tenían su sede en Cataluña y 85 estaban en Madrid. Hace apenas seis años, en 2010, la diferencia era aún muy notable: 99 laboratorios estaban radicados en Cataluña por 76 en la Comunidad de Madrid.
Las notarías no dan abasto: las pymes también huyen en masa de Cataluña
El desafío independentista dispara el éxodo empresarial | EFE .
Desde el referéndum ilegal del 1-O, el fuerte repunte del riesgo político en Cataluña ha empujado a decenas de grandes empresas a plantear el posible traslado de su sede social a otras comunidades autónomas. Gas Natural, CaixaBank, Sabadell… son algunas de las compañías que han movido ficha, siguiendo los pasos de Grifols o NH Hoteles.
Pero la deslocalización no es, en absoluto, un asunto limitado a las empresas de mayor tamaño. No en vano, las estadísticas de movimientos empresariales que recopila la consultora Informa nos recuerdan que, desde el auge del «proceso independentista», la región ha vivido la salida neta de casi 1.100 sociedades, muchas de ellas pequeñas o medianas.
El proceso de deslocalización es más sencillo en el caso de las pymes, por su menor tamaño y estructura. Al tener un accionariado más concentrado, apenas deben completar tres trámites. El primero de ellos es presencial y requiere acudir a una notaría para comunicar el cambio de domicilio social. El segundo y el tercero son procedimientos digitales, que apenas requieren una conexión a internet. Se trata de la inscripción del cambio en el Registro Mercantil y en la Agencia Tributaria.
Por lo general, el coste que acarrean estas decisiones oscila entre 400 y 500 euros. La notaría acarrea un desembolso estimado en 200 euros, mientras que los trámites digitales se pueden realizar por menos de 100 euros cada uno. Eso sí: para activar el proceso, toca celebrar antes una Junta General Universal en la que se decida proceder a trasladar la sede a otra región.
«Horas extra» en las notarías
Fuentes consultadas por Libre Mercado apuntan que las notarías de Barcelona y otras ciudades catalanas han decidido ampliar sus horarios de trabajo y abrir en fin de semana. Y es que el 1-O se ha traducido en un fuerte repunte de la incertidumbre política y económica, lo que a su vez ha empujado a muchos empresarios catalanes a trasladar su sede social a otras comunidades autónomas.
Pero el fenómeno se repite también en las comunidades autónomas que reciben a aquellas empresas que optan por abandonar Cataluña. De modo que las «horas extra» también han aumentado en comunidades como Madrid, la región que está saliendo más beneficiada de estos movimientos.
«Ante un problema de seguridad jurídica, las empresas tienen claro que deben acelerar los trámites para aprobar el cambio de sede. El reguero empezó a crecer el martes 3 de octubre y se ha agudizado mucho. Este fin de semana ha sido de fuerte trabajo en las notarías, por el miedo a que se proclame la independencia«, explicó José María Gay de Liébana en Antena 3.
Las empresas mueven también su sede fiscal por temor a la Hacienda catalana
Compañías y bancos han decidido dar un paso más tras cambiar el domicilio social y blindarse de todas las incertidumbres.
Sucursal del banco de Sabadell en Barcelona. .
La fuga de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña sigue ante el desafío independentista. Sin embargo, muchas compañías han decidido dar un paso más y blindarse de todas las incertidumbres, entre ellas, la posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda reclamarles impuestos que abonan a la Hacienda estatal. Para hacer frente a esa posibilidad, han decidido cambiar su domicilio fiscal. CaixaBank y Banco Sabadell ya lo han hecho.
Decenas de compañías catalanas han aprobado ya en sus consejos el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma ante el contexto de inestabilidad política que atraviesa Cataluña. Sin embargo, algunas han decidido llevarse también el domicilio fiscal ante la posibilidad de que, si finalmente se producía una declaración de independencia —que finalmente quedó en suspenso—, la Hacienda catalana les pudiera reclamar tributos estatales como el de Sociedades. Eso les dejaría en una delicada situación: tendrían que abonarlo dos veces o elegir entre una Administración u otra.
Ese cambio de domicilio, no obstante, no es tan sencillo como el del traslado de sede social. Fuentes consultadas explican que requiere que en ese domicilio haya al menos “una dirección efectiva del negocio”. De momento, tanto CaixaBank como Banco Sabadell ya han trasladado tanto su domicilio social como el fiscal, según confirmaron ayer ambas entidades. En el caso de CaixaBank, fuentes del banco que ahora tiene sede en Valencia explicaron que se optó por ese doble cambio para buscar una “protección global” de los clientes, depositantes y accionistas.
Ese mismo argumento expuso Banco Sabadell. Fuentes de la entidad añadieron que la decisión también obedeció a evitar una eventual doble imposición en caso de que se aplicara la ley de ruptura aprobada por el Parlament y la Generalitat exigiera a las empresas que abonaran impuestos estatales como el de Sociedades a la Hacienda catalana. Gas Natural Fenosa, otra de las primeras empresas en aprobar su traslado, todavía no ha movido su domicilio fiscal.
Poco impacto económico
Varios despachos de abogados explicaron que otras empresas están siguiendo el camino de los dos grandes bancos. Sin embargo, ese paso no se reflejará en el Registro Mercantil, puesto que debe comunicarse a la autoridad fiscal autonómica. Ahora, explican estas fuentes, están tratando de ver qué departamentos o directivos desplazan a esas sedes para que el cambio de domicilio fiscal pueda ser efectivo. De entrada, es probable que los consejos de administración y las juntas de accionistas se realicen en las nuevas ubicaciones.
Con las reglas de juego actuales, el impacto para las arcas autonómicas es mínimo (siempre que no haya traslado de empleados), puesto que el cambio solo afecta a algunos impuestos autonómicos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otra cosa es que el Gobierno de la Generalitat declarara la independencia efectiva y reclamara impuestos estatales como el de Sociedades a empresas con sede en Barcelona. Según las últimas balanzas fiscales de la Generalitat, de Cataluña procede el 19,1% de la recaudación de Sociedades del conjunto de España. En total, 4.547 millones de euros. El traslado del domicilio fiscal busca, precisamente, blindarse ante este escenario hipotético.
El reguero de empresas que cambiaron su sede social siguió ayer. Otras dos empresas cotizadas decidieron en consejo de administración extraordinario cambiar su sede a Madrid. En concreto, lo hicieron la aseguradora Catalana Occidente y las filiales españolas del grupo de viajes online Edreams Odigeo, con sede en Luxemburgo, según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También la multinacional química Indukern, la gestora de fondos EDM y la firma Sanantur anunciaron su marcha.
¿Por qué se marchan las grandes empresas de Cataluña?
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Fuga empresarial en Cataluña. El desafío secesionista y la probabilidad de que la Generalitat, el Gobierno de la región, declarara la independencia unilateral de España forzó a las grandes empresas, sobre todo a la banca y a las entidades cotizadas, a poner en marcha planes de contingencia para garantizar la viabilidad de su negocio, que básicamente radica en el cambio de sede social fuera de territorio catalán.
El 5 de octubre, Banco Sabadell (cuarta entidad financiera española por valor de activos) fue la primera gran cotizada en anunciar que trasladaba su domicilio social a Alicante, ciudad situada al sur de Cataluña, tras varias jornadas sufriendo importantes castigos en Bolsa. Pero su anuncio no fue el único. CaixaBank (tercer banco de España por activos) hizo lo propio unos días más tarde, eligiendo como destino Valencia, también al sur de la región. Los siguientes días otras empresas de diversos sectores también hicieron efectivo el traslado de su sede social: Gas Natural, Mediolanum, Arquia Banca, Dogi, Service Point, Oryzon, Eurona y Colonial, entre otras. El día 10 de octubre, otros grandes grupos, como el de infraestructuras Abertis, de telecomunicaciones Cellnex o el editorial y audiovisual Planeta también anunciaron que estaban estudiando su salida de Cataluña, aunque todavía no habían tomado una decisión en firme. Su traslado dependía de la declaración que hiciera el presidente catalán Carles Puigdemont sobre la independencia en su anunciada comparecencia de ese día. En una intervención parlamentaria un tanto desconcertante, Puigdemont finalmente declaró la independencia para, menos de un minuto después, ponerla en suspenso durante unas semanas. Esto no paró el goteo de salidas de empresas, el día 11, al cierre de este artículo, el grupo Planeta confirmó su marcha definitiva a Madrid. Pero, ¿por qué se produce esta fuga ahora?
Según los expertos, en una primera fase, las compañías han preferido no significarse políticamente, sobre todo en lo que refiere a los grandes grupos, ya que independientemente de dónde tengan su sede, su negocio no es local y dependen del resto del territorio nacional o internacional. Y no es la primera vez que desde el resto de España se plantea algún tipo de boicot a sus productos o servicios. Por tanto, han preferido mostrar su opinión a través de diferentes patronales. Por ejemplo, Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, ha calificado de “disparate” la evolución del desafío soberanista. Ha insistido en que “los empresarios españoles y también los catalanes están horrorizados con la deriva de los gobernantes de Cataluña”. Según el Círculo de Empresarios, el coste de la independencia para Cataluña se fijaría entre el 20% y el 30% de su Producto Interior Bruto (PIB). Desde esta institución, se ha exigido “una respuesta firme de los poderes públicos”, así como han hecho “un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña para frenar cuanto antes esta evolución de los hechos, que a todos perjudica”.
Pero a medida que avanzaba el proceso, con la celebración del referéndum ilegal fijado para el 1 de octubre, la preocupación empresarial crecía. Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, fue uno de los primeros empresarios en romper el silencio. Reconoció que, “como español y como persona, estoy muy preocupado y asustado. Ésa es la palabra. Hay un gravísimo problema en España y hay que reconocerlo”. En este clima de crispación y tensión empresarial, el detonante de la fuga fue el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de proclamar la independencia unilateral. A partir de ese momento, las empresas empezaron a poner en marcha sus planes de contingencia por si llegaba esta situación. Y más allá de lo que muchos puedan pensar, no se trata de un gesto a favor o en contra del proceso, sino de una cuestión legal que podría poner en jaque la continuidad del negocio.
Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que si Cataluña fuese un Estado independiente, los bancos con sede social en territorio catalán “perderían el acceso a los recursos del Banco Central Europeo (BCE)”. Sin embargo, los usuarios son los que se llevarían la peor parte: “Pasarían a ser clientes de entidades fuera de la Unión Europea”. En opinión de este experto, eso supone, automáticamente, perder, por ejemplo, la garantía de depósitos y “estar fuera de la red de seguridad creada en la UE para proteger a los clientes”. El riesgo desaparece en el mismo momento en el que se produce un cambio de sede hacia un territorio fuera de Cataluña. Éste es, en opinión del experto, el motivo por el que tanto Banco Sabadell como CaixaBank se han visto obligados a cambiar su domicilio social.
“No se trata de un hecho esporádico ni aislado”, según apunta el exministro de Justicia y abogado Alberto Ruiz-Gallardón en declaraciones al diario económico Expansión. Es más, asegura que estos movimientos son “una posibilidad que ya estaba analizada; las decisiones que se han tomado en los últimos días no son objeto de improvisación” por parte de las empresas. En su opinión, “detrás de todo esto, lo que hay es un debilitamiento muy fuerte de Cataluña como tiempo y espacio de localización de inversiones”. Si bien considera que la vuelta de la confianza llevará tiempo, también se muestra convencido de que el proceso es reversible. “A mí nada me gustaría más que los secesionistas renunciasen a su proyecto de ruptura y que, como consecuencia de eso, esas grandes empresas catalanas, que nos dan servicio a todos los españoles, pudiesen volver tranquilamente a Cataluña”. Sin embargo, si se compara con lo que ha ocurrido en otros países, no está tan claro que eso vaya a ocurrir. En Canadá, cuando se puso en marcha el plan nacionalista de Quebec, que concluyó con dos referéndums en 1980 y 1995, ante una posible ruptura, Royal Bank of Canada y Bank of Montreal abandonaron el territorio, pero nunca regresaron, pese a la vuelta a la calma de las aspiraciones independentistas.
Impacto legal y económico
Pero más allá de los bancos, fuentes jurídicas apuntan a que el desafío catalán tiene otro tipo de impacto legal en todo tipo de compañías. Por un lado, las cotizadas, que se rigen por las normas europeas, no sólo españolas, por lo que una posible declaración de independencia unilateral pondría en situación de riesgo a los inversores. Por otro, cualquier compañía con sede en Cataluña se enfrenta a la pérdida de los acuerdos para evitar la doble imposición de impuestos cuando hacen negocios dentro del mercado comunitario. Por tanto, la factura para las compañías podría ser demasiado alta, eso, sin contar con las leyes que ha aprobado la Generalitat y que chocan con la normativa española (y de la UE), con lo que podrían enfrentarse a sanciones en el futuro. Otra incógnita regulatoria que ha pesado en la decisión de las empresas de abandonar Cataluña es el llamamiento de la Generalitat para que las sociedades paguen impuestos ante la Hacienda autonómica, en lugar de ante la española.
Ante tanta incertidumbre legal, la única solución de muchas empresas es el cambio de domicilio social, antes de que se produzca una hipotética declaración de independencia, ya que, una vez formulada, independientemente de si es efectiva o no, se perdería la protección de las entidades europeas y españolas. En un comunicado de prensa, CaixaBank explicaba el motivo de su traslado de sede: “La decisión tiene como objetivo proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados de la entidad, garantizando la permanencia de la entidad en la zona euro bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE)”. Según la entidad, “la continuidad en la zona euro garantiza a CaixaBank seguir contando con óptimas condiciones de financiación para, a su vez, mantener el flujo de crédito a familias y empresas en Cataluña y en el resto de España así como preservar la integridad de los depósitos de sus clientes. El traslado del domicilio social no comporta movimiento de empleados, por cuanto la entidad cuenta con sedes corporativas y operativas en diversas ciudades de España”.
Para que se haya producido esta fuga de empresas en tiempo récord, ha sido necesaria la aprobación, por parte del Gobierno español, de un Real Decreto para facilitar el cambio de sede. Aunque en 2015 ya se hizo una reforma que permitía a las empresas trasladar su sede social sin la necesidad de convocar junta, siempre que sus estatutos no dijeran expresamente lo contrario. El 6 de octubre de 2017, el Estado aprobó una norma para facilitar aún más esta decisión, permitiendo que el consejo de administración pueda adoptar un acuerdo de mudanza del domicilio social y hacerlo efectivo en 24 horas. Desde el bufete Dentons explican que “El efecto práctico de esta disposición transitoria única es que, a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, los órganos de administración de todas las sociedades españolas pasarán a tener la facultad de cambiar el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional, sin necesidad de convocar junta general y con independencia de lo que en ese momento establezcan sus estatutos sociales”. No obstante, añaden que “esta medida no impediría en un futuro que la junta general revocara dicha decisión mediante la adopción de una modificación estatutaria que devolviera a la junta general la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.
Más incertidumbre
Y por último, está la incertidumbre de si, llegado el caso, el Gobierno español decide o no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, algo que se está estudiando en estos momentos: “Si una Comunidad Autónoma [región con un alto grado de autonomía] no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en repetidas ocasiones que recurrirá a esta fórmula si se declara la independencia unilateral, el problema es que, hasta ahora, en España nunca se ha utilizado este artículo. En opinión de José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, su aplicación “no es automática: exige un procedimiento de relativa complejidad en el que la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado debe pedir documentación a la Comunidad”. Por tanto, para una empresa sería muy difícil calcular el tiempo que tendría que estar radicada en un territorio que ha declarado la independencia ilegalmente hasta que se recupere la situación de legalidad. Tampoco está claro el alcance de su aplicación y, por tanto, las consecuencias para un negocio. Según Vera Santos, la Carta Magna permite adoptar “las medidas necesarias”, pero en esa definición cabe un amplio abanico de actuaciones: “Desde cerrar TV3 [la televisión pública catalana] a asumir el control de la comunidad manteniendo las competencias autonómicas a suspender la autonomía de forma completa”. Y, como bien es conocido entre las comunidades inversoras, el dinero huye de todo tipo de riesgo, sobre todo, del político.
