España: multa a bancos, empresas e individuos por 9 millones de euros

noviembre 20, 2017

CNMV multa a bancos, empresas e individuos por casi €9 millones

Por Sergio Antequera.

 

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Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo a lo expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

lavado de dineroEmpresas como Credit Suisse AG, XYZ Heritage Foundation y Auriga Global Investors, SV, SA forman parte de las entidades implicadas en dichas sanciones. Por su parte, empresarios españoles anteriormente sentenciados a cárcel por lavado de dinero fueron mencionados en las resoluciones del CNMV, el cual es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad de España.

El BOE publicado el pasado 16 de noviembre presenta las resoluciones y sus respectivos sancionados, incluyendo monto de la multa, razón y fecha:

Resolución para Credit Suisse AG, sucursal en España

– Multa: €1.2 millones

– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en Instituciones de Inversiones Colectivas (IIC) extranjeras, en el ámbito de la gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversión.

– Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017.

Resolución para Julius Baer, AV, SA

– Multa: €1 millón

– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en IIC extranjeras, en el ámbito del asesoramiento en materia de inversiones

– Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017.

Resolución para XYZ Heritage Foundation

– Multa: €200.000

– Razón: incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, S.A

– Fecha: 30 de ctubre de 2017

Resolución para Julio Torres Vérez y Francisco Garriga Miró

1) Julio Torres Vérez:

-Multa: €28.350

-Razón: uso de información privilegiada en relación con operaciones sobre acciones de Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A.

-Fecha de resolución: 30 de octubre de 2017

2) Francisco Garriga Miró:

– Multa: €4.4 millones

– Razón: uso de información privilegiada en relación con operaciones sobre acciones de Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A. Del mismo modo, fue sentenciado en 2014 a dos años de cárcel por lavado de dinero referentes a la compra de acciones de Parquesol en 2006, junto a su socio José Luis Zanetty, el cual recibió cuatro años de prisión.

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

Resolución para Auriga Global Investors, SV, SA

– Multa: €150.000

– Razones:

A) Ausencia de separación efectiva entre los instrumentos financieros de la empresa y los de sus clientes y por la utilización indebida de instrumentos financieros de sus clientes – €75.000

B) Llevanza de los registros de operaciones con vicios esenciales – €75.000

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

Resolución para Sergio Turrión Barbado; Mercados y Gestión de Valores, AV, SA y Rafael Collada Barreno

1) Sergio Turrión Barbado:

– Multa: €100.000

– Razón: comunicar a don Rafael Collada Barreno información privilegiada relativa a las acciones de Vueling Airlines

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

2) Mercados y Gestión de Valores, AV, SA:

– Multa: €200.000 y una sanción de suspensión de la condición de miembro de la Bolsa de Madrid, como mercado secundario oficial, por un plazo de seis meses.

– Razón: adquirir acciones de Vueling Airlines, S.A. para sus carteras gestionadas, disponiendo de información privilegiada sobre la citada sociedad cotizada.

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

3) Rafael Collada Barreno – consejero delegado de Mercados y Gestión de Valores, AV, SA:

– Multa: €100.000

– Razón: adquirir acciones de Vueling Airlines, S.A. para sus carteras gestionadas, disponiendo de información privilegiada sobre la citada sociedad cotizada.

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

Resolución para Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA; Verónica Arranz Sánchez; Jesús Pérez Pérez y Daniel Puerta Arranz

1)  Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA:

– Multa: €365.000

– Razones:

A) No contar con una Unidad de Cumplimiento Normativo que desarrolle su actividad bajo el principio de independencia con respecto a las áreas que desarrollan actividades de prestación de servicios de inversión – €60.000.

B) No contar con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes – €45.000.

C) Carecer de un registro de recomendaciones que cumpla con las obligaciones de integridad, facilidad de acceso y reconstrucción así como de imposibilidad de manipulación – €60.000.

D) No haber informado a sus clientes adecuadamente sobre los conceptos por los que les ha cobrado la comisión de asesoramiento, de manera no ocasional o aislada – €200.000.

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

2)  Verónica Arranz Sánchez – administradora mancomunada de Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA:

– Multa: €60.000

– Razón: No contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas.

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

3)  Jesús Pérez Pérez – administrador mancomunado de Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA:

– Multa: €60.000

– Razón: No contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas.

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

4)  Daniel Puerta Arranz – apoderado general de Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA:

– Multa: €70.000

– Razón: no contar Finanze Fénix Planificadores Financieros, EAFI, SA, con una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al carácter, escala y complejidad de sus actividades y con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes

– Fecha: 30 de octubre de 2017.

Resolución para Auriga Global Investors, SV, SA

– Multa: €1 millón.

– Razón: percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en fondos clónicos e IIC extranjeras, en el ámbito de la gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversiones

– Fecha: 31 de octubre de 2017.

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Fuente original: Boletín Oficial del Estado – 16 de noviembre de 2017.

Fuente: lavadodinero.com, 16/11/17.


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La maldición de los Okupas

noviembre 7, 2017

Okupas: hay que acabar de una vez con ellos

Por Ángel Peña.

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El mayor temor de los españoles que tienen una segunda residencia es que ésta sea okupada en algún momento por las turbas que alienta la ultra izquierda, y a las que siempre han defendido con devoción la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la de la capital de España, Manuela Carmena. Ya es hora de detener este movimiento contra la propiedad privada y contra la libertad de las personas. Con determinación. Con urgencia. Modificando las leyes precisas para poner coto a este asalto diario a los derechos fundamentales consentido hasta ahora por los gobiernos de turno.

españa¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? En términos inmobiliarios, el viejo dilema tiene un nuevo recorrido. Tras las locuras acometidas por tirios y troyanos en los años previos a la crisis, un factor concreto sobrealimenta la escasez y correspondiente sobreprecio de la vivienda: muchas de ellas están vacías. Determinado sector minoritario de la sociedad ha decidido que eso es excusa suficiente para inventarse su propio mercado, donde el coste de la vida tiende a cero. Se hacen llamar okupas, así, con ka, como ya admite la RAE. Paradójicamente, el mayor temor de los españoles que poseen una segunda vivienda es que ésta sea okupada, por encima de sufrir un robo o daños materiales, según una encuesta del Instituto Sondea para Securitas Direct. Un estado de ánimo poco propicio para un mercado efectivo.

La portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso, Ana Zurita, aporta datos que refrendan este temor. «Según el Banco de España, el 29,1% de la población española tiene segunda vivienda. De este porcentaje, el 23,7% son familias por debajo del percentil del 40% de renta y el 34%, jubilados: no son palacios, sino casas rurales o apartamentos de playa comprados con los ahorros de toda una vida. Y los últimos datos que llegan de los juzgados indican que los delitos de ocupación ilegal han aumentado un 92% el último año. Da la impresión de que en este país algunos piensan que la propiedad no es un derecho».

Caridad Velarde, profesora de Derecho de la Universidad de Navarra, matiza que el fenómeno se bifurca en «tres posibles situaciones: por necesidad, por ideología o por interés económico espurio». El último caso es el más sangrante. «Las mafias se benefician de la necesidad urgente de vivienda y de la desprotección de sectores vulnerables, como el de los extranjeros que no conocen el idioma o la legislación». En ese caso, «hay quien hace pasar por suyos pisos que no lo son y se los arriendan a terceras personas que actúan de buena fe».

Más compleja, por sus implicaciones sociales, resulta la okupación ideológica. En The City Is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe from the 1970s to the Present, Bart van der Steen sitúa su origen en la Nueva Izquierda surgida de Mayo de 1968. Tras ese pistoletazo de salida, «a principios de los 70, los okupas europeos pelearon y ganaron el control de cientos de casas comunales, en las que organizaron formas colectivas de vida». Desde entonces, van y vienen, tomando mayor protagonismo cuando las crisis les permiten ocupar el espacio que deja la desilusión de los ciudadanos ante las instituciones.

APOYO DE LOS POPULISTAS

España llegó tarde a este fenómeno. Miguel Martínez López sostiene en El movimiento de okupaciones que «se ha producido de forma continuada desde principios de la década de 1980». Pese a su heterogeneidad, subraya tres características comunes: «Los principios libertarios compartidos por la mayoría y la confrontación reiterada con las autoridades locales, las eventuales coordinaciones de experiencias en cada ciudad y las redes de relación creadas, así como la influencia recibida de otros nuevos movimientos sociales próximos y su implicación en ellos».

La actualidad muestra ejemplos muy claros de esa vinculación con otros agentes. En marzo, El Confidencial Autonómico publicó un artículo sobre el despliegue por las marquesinas de Madrid de unos carteles titulados «Los Madriles. Atlas de iniciativas sociales», en el que buena parte de los lugares señalados eran casas okupadas. Detrás de esta iniciativa estaba Intermediæ, un proyecto del Matadero de Madrid, que pertenece al Área de Artes, Deporte y Turismo del Ayuntamiento, cuyos escudo y logo aparecían en los carteles. Zurita denuncia que «los llamados ayuntamientos del cambio no solo no buscan soluciones, sino que además permiten y alientan el fenómeno de la ocupación haciendo la vista gorda, como sucede en Barcelona, o fomentando situaciones como la del Patio Maravillas, en Madrid».

Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, desmiente «que este proceso sea generalizado; es verdad que existe un fenómeno de okupación y que hay grupos que podríamos denominar mafias, pero hay que señalar que afectan fundamentalmente a viviendas desocupadas propiedad de bancos y de grandes tenedores inmobiliarios, como fondos de inversión, socimis o parques públicos desocupados. Aunque a veces, desgraciadamente, sí que actúan sobre propiedades de particulares, no es lo más frecuente». López sigue la línea del Ayuntamiento de subrayar la distinción «entre los diferentes modelos de mafias de la ocupación y las familias que buscan desesperadamente una solución habitacional, sin justificarlas pero entendiéndolo», y culpar al capital. «También existen procesos de ocupación mafiosa inducidos por inversores, para conseguir rebajas en las viviendas que comercializan las entidades financieras».

Según Zurita, «la ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y prolifera en otros colectivos, generando problemas y dificultando una política eficaz». En este sentido, pone el ejemplo de la regularización en septiembre de 2016 por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) de 88 viviendas sociales ocupadas, mientras que «la propia alcaldesa» ha reconocido que «más de 400 viviendas puestas a disposición por los bancos no podían ser adjudicadas por estar ocupadas».

Prueba de la rapidez con la que se propaga la moda de la ocupación ilegal es la proliferación de páginas web con toda la información necesaria para vulnerar la propiedad ajena aprovechando los resquicios legales y minimizando los riesgos judiciales. En wwww.okupatutambien.net, por ejemplo, se ofrece un Manual de okupación en un PDF de más de 100 páginas y esmerada presentación para «acercar la okupación a toda persona interesada en salir del mercado inmobiliario y disfrutar de un espacio digno sin pagar ni un duro a quienes tratan de robarnos la vida cada día».

Velarde admite que estas actitudes «han proliferado con la crisis y en ella han obtenido alguna forma de justificación», pero recuerda que, al final, perjudican «a los titulares de los edificios okupados, sean públicos o privados, y también a los vecinos, que sufren en algunas ocasiones situaciones de insalubridad e inseguridad, con la agravante de que no cuentan con vía alguna para solicitar el desalojo». Además, la okupación conlleva una «posible bajada del valor de sus viviendas, así como la dificultad para venderlas o alquilarlas».

Desde la inmobiliaria Testa Residencial apuntan al principal problema de fondo: la inseguridad jurídica. En este sentido, Zurita sostiene que «los estados de temor y de inseguridad afectan siempre negativamente a la economía». Por no hablar del dinero extra que tienen que pagar las comunidades de vecinos, ya que «entre el 40% y el 60% realizan conexiones fraudulentas de servicios de agua y luz», o los costes adicionales para los contribuyentes («Más policías, servicios, limpieza…») para cubrir las «bajas condiciones de habitabilidad y el riesgo en el conjunto vecinal por actitudes de delincuencia, ocupaciones conflictivas y aumento de la inseguridad». Además, «la okupación hace inviable la gestión de una política de vivienda, la distorsiona». Según Zurita, los allanamientos suponen la inmovilización de entre un 5% y un 20% de la vivienda pública. «Hay muchas personas esperando a que se les adjudique un piso y sin duda es un agravio comparativo que no se pueda acceder a ella porque está ocupada».

López, en cambio, considera que la okupación no redunda en la escasez de oferta de viviendas. «Los patrimonios de las entidades financieras, que son los mayores tenedores de viviendas vacías en este momento, no están en el mercado por razones operativas o estratégicas de sus propietarios, no por temor a una ocupación ilegal, que se evitaría en cualquier caso si tuvieran precios ajustados y se alquilaran».

Desde Testa instan a quienes simpatizan con el movimiento okupa a «que se planteen qué ocurriría si alguien le arrebatara un bien de su propiedad o de un familiar», y los abogados de Legalitas proponen un caso concreto: «Tenemos un apartamento en la playa y un verano nos lo encontramos tomado por desconocidos». ¡Horror! Lo primero que tendríamos que hacer es «presentar una denuncia y, muy importante, solicitar como medida cautelar que se proceda al inmediato desalojo». Después solo queda «poner la situación en manos de un abogado experto que nos acompañe en todo el proceso».

Pero, ¿no se puede prevenir antes que curar? En Legalitas explican que «no se pueden tomar medidas preventivas jurídicas, ya que lamentablemente la ley no prevé ninguna», y desde Testa se lamentan de que «el propietario tiene poco margen de maniobra más allá de tomar medidas de seguridad en la vivienda y, en casos extremos, desmantelarla, aunque esto último va en detrimento de su patrimonio».

En nuestra aterradora hipótesis, ya hemos presentado la denuncia. ¿Ahora qué? Paciencia, mucha paciencia… Juan Carlos Amaro, profesor de Esade, es tajante: «La legislación española no facilita el desalojo. Si se inicia un procedimiento penal por delito de usurpación, ha de realizarse sobre un inmueble que no sea morada y que el juez aprecie indicios de delito. En este sentido, la jurisprudencia solo considera punibles las okupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho por su titular. En definitiva: un procedimiento tedioso, largo y no siempre exitoso». La posibilidad de ir por lo civil tampoco mejora el panorama. «Al no existir una figura específica, suele derivar en un procedimiento de desahucio por precario, que conlleva un plazo para obtención de sentencia de más de un año».

Velarde matiza que la vía penal «es más rápida, pero en ocasiones no es fácil determinar quién realizó el allanamiento propiamente dicho y distinguirlo de quien ocupa la vivienda en ese momento, por lo que en muchas ocasiones no se llega hasta el final del proceso y, cuando se llega, no se imponen sanciones». Y en el campo de lo civil, «se trata como un desahucio más, lo que supone gastos para quien reclama, contratación de abogado y procurador, así como largos que ralentizan la recuperación». Por su parte, López no cree «que la legislación española sea, en absoluto, permisiva con las situaciones de ocupación; en algunos juzgados, por acumulación de casos u otras causas, puedan demorarse algo los procesos, pero suelen ser bastante rápidos y suele haber condena».

LEGISLACIÓN POCO EUROPEA

Velarde, sin embargo, recuerda que «también en esto hemos ido por detrás de otros países europeos. En Inglaterra se considera delito y conlleva sanciones específicas; en Francia no es delito, pero la policía puede desalojar al ocupante ilegal en 48 horas; en Alemania, en 24, si bien se sanciona al propietario que tiene esa vivienda vacía». Desde Testa insisten en que «en la mayoría de los países desarrollados la ausencia de título de una vivienda permite la entrada inmediata de la policía» y piden que «se produzcan modificaciones para agilizar los procedimientos judiciales», empezando con el cese por las administraciones públicas, sobre todo locales, de cierta «ayuda institucional» a la okupación, «especialmente a través de las solicitudes de suspensiones de alzamientos judiciales».

La principal ofensiva hasta el momento en este sentido llegó el mes pasado en forma de moción en el Congreso, con el voto a favor de PP y Ciudadanos, que se traducirá en una futura ley, si el Gobierno se pone en marcha. Zurita explica que la nueva norma supondrá «la agilización del procedimiento de recuperación de la propiedad, un tratamiento excepcional cuando se detecte que en el inmueble ocupado se realizan actividades delictivas independientes de la ocupación en sí y el endurecimiento de las penas». Además, se proponen medidas «para asegurar la protección de las familias vulnerables trabajando las condiciones de los deudores hipotecarios y con el Plan de Vivienda».

Desde el Ayuntamiento de Madrid, López acusa a PP y Ciudadanos de «poner por delante los intereses de las grandes corporaciones y poderes económicos frente a las necesidades de las personas y familias tomadas de una en una». Para él, «debería haber una legislación que obligara a los grandes tenedores de viviendas vacías a ponerlas en el mercado en un tiempo razonable, o que se desincentivara que los pisos, bienes escasos y necesarios, estuvieran vacíos demasiado tiempo, especialmente los patrimonios de los grandes operadores y entidades financieras».

Quizá con un poco más de análisis racional y trabajo se acabe con el penúltimo resabio de ese prohibido prohibir de mayo del 68 al que algunos apelan para saltarse el orden legal y montar donde les parezca oportuno la República Independiente de su Casa. El anuncio de Ikea se ha convertido en toda una profecía. Si la gallina no quiere poner huevos a mi conveniencia, se la cocina y listos. Después, cuando llega el hambre y no hay huevos (en todos los sentidos), que lo arreglen los de siempre…

Fuente: expansion.com, 07/11/17.


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El ‘Catexit’ y sus efectos en el sector asegurador

octubre 27, 2017

El ‘Catexit’ y sus efectos en el sector asegurador

Ante todo, debo indicar que este artículo de opinión no es ningún manifiesto político en ningún sentido y sí una reflexión sobre la situación que el sector asegurador se podría encontrar ante un determinado escenario político.

Hasta la fecha se ha hablado de repercusiones para la Banca de un posible ‘Catexit’. Mi objetivo con este artículo es establecer el escenario que debería afrontar el sector asegurador ante una situación de independencia de Catalunya y la creación de una “nueva república catalana” con el fin de abrir el debate, ya que lo que en estas líneas avanzo puede ser más amplio y complejo.

El presidente de la Generalitat de Catalunya ha declarado la independencia,  ¿y ahora qué puede pasar en el sector asegurador?

Para el sector asegurador se nos plantea el siguiente escenario:

En primer lugar, tenemos la automática salida de la Unión Europea (UE), por lo que, en caso de no poder llegar a un acuerdo con la UE, las leyes comunitarias dejarían de aplicarse y el Gobierno de la “nueva república catalana” debería replicar legislación europea y propia (Ley de contrato de seguro, Ley de ordenación de Seguro Privado o como las quieran denominar). Esto haría que existiese un vacío legal o inseguridad jurídica, ya que la tramitación legislativa requiere su tiempo.

Los “pasaportes comunitarios” dejarían de estar disponibles automáticamente, por lo que las entidades radicadas en Catalunya no podrían trabajar en el espacio de la UE, incluyendo España, lo que probablemente haría que las aseguradoras movieran el domicilio social y, consecuentemente, en una situación de nuevo estado, la fiscal. Es probable que ello llevaría aparejado que, de una forma proporcional, también se mudarían sus servicios centrales, provocando deslocalizaciones y movimientos de empleados. Del mismo modo, los órganos de UE, como la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) dejarían de tener competencia sobre asuntos catalanes y se deberían establecer acuerdos de cooperación entre EIOPA y los reguladores de la “nueva república catalana”.

¿Puede haber opciones para mantener las relaciones tras el ‘Catexit’?

Una vez que se haya hecho efectiva la salida de la UE, la autoridad aseguradora de la “nueva república catalana” deberá plantearse las diferentes posibilidades que tiene enfrente en el ámbito regulatorio:

PAÍS NO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

  • Aislarse del mundo, apoyada por los sectores más radicales del independentismo catalán.

El primer objetivo sensato, que no se prevé nada fácil, ni rápido, sería conseguir el reconocimiento internacional de naturaleza jurídica propia y, una vez superado, después de meses o años, esta situación tendría varias opciones posibles:

PAÍS RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

  • Firma de nuevos acuerdos bilaterales, manteniendo el libre comercio y/o establecimiento sin pertenecer al bloque europeo, similar a lo que el Gobierno canadiense está negociando.
  • Unirse a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), podría acceder a través de acuerdos bilaterales tipo Suiza.
  • La reintegración al Espacio Económico Europeo y la adhesión a la AELC, como el caso de Noruega, Liechtenstein e Islandia, como nuevo estado adherido.
  • Integración en la UE. Se trata de la más remota e improbable, al menos durante mucho tiempo, ya que, además del reconocimiento internacional, debe tener la unanimidad de los estados miembros, existiendo el derecho de veto por cualquiera de ellos.

Pero junto a estas cuestiones futuribles, la independencia sí tendrá consecuencias inmediatas que afecta a:

EMPRESAS:

Para las Reaseguradoras el efecto será pequeño, por el carácter transfronterizo del Reaseguro. En todo caso, la autoridad supervisora de la “nueva república catalana” debería establecer los criterios de solvencia y que fueran equivalentes a los de la UE y que esta los homologase, etc.

Las Aseguradoras en territorio catalán que quieran seguir operando en la UE, deberían trasladar domicilio social, fiscal y posiblemente operativo dentro del territorio comunitario. Este último punto es importante porque difícilmente sería aceptable que entidades que trabajen en esa “España sin Catalunya” puedan hacerlo desde un territorio foráneo. También parece razonable pensar que deberán crear filiales participadas para trabajar en la “nueva república catalana” y dotarlas de solvencia para cubrir los riesgos, eso significara nuevos desembolsos de capital para dotarlas de solvencia.

Para los Agentes y Corredores/Corredurías y Agencias de Suscripción: en el caso de los primeros, el problema, salvo casos muy aislados, es menor, por el carácter territorial limitado que estos profesionales acostumbran a tener, pero en algún caso deberían de crear empresas filiales o participadas, ya sean personas físicas o jurídicas.

Para los corredores supervisados por la Dirección General de Política Financiera y Seguros del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, ya que el ámbito de actuación se le supone mayoritariamente territorial en el ámbito catalán, deberían renunciar al negocio de fuera de Catalunya o ver si les resulta económicamente favorable crear filiales o participadas en el territorio español, ya que, recuerdo, el pasaporte comunitario esta desactivado.

En el caso de los Corredores con ámbito estatal, al igual que las Aseguradoras, deberían trasladar domicilio social, fiscal y operativo y estimar la creación de filiales en uno u otro “país”.

La Agencias de Suscripción se encontrarían en la misma situación que las Corredurías o corredores.

POSIBLES VACÍOS:

Esa “nueva república catalana” debería decidir si crear, por ejemplo, su Consorcio de Compensación de Seguros, su Pool Medioambiental o su Pool Atómico , si lo asumen las aseguradoras locales o simplemente se deja sin coberturas al asegurado y consumidor final de terrorismo, inundaciones… También cabe otra pregunta: ¿la “nueva república catalana” también optará por crear su propio Agroseguro?

Para el Consumidor:

Estos vacíos que acabo de comentar supondrá un impacto para el consumidor, para el ciudadano. Así, la desaparición de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros supondrá que las grandes catástrofes, inundaciones, terrorismo debería de ser asumida por las aseguradoras directamente o bien el Gobierno del nuevo país debería constituir algún organismo similar tan típicamente español. De igual forma se puede decir de la desaparición de Agroseguro –con el impacto que supone en la cobertura de los riesgos del sector agropecuario–, del Pool de Riesgos Medioambientales y del Atómico. Finalmente, también dejará de ser efectivo Ofesauto y el propio baremo de daños personales en accidentes de circulación.

En estos momentos recuerdo una serie de televisión que los guionistas no sabían cómo acabarla por lo complicado del guión que se había ido creando a lo largo de los capítulos y que la acabaron despertando los protagonistas como si hubiese sido todo un sueño o una pesadilla, que cada uno escoja su opción, la mía la tengo clara.

Fuente: communityofinsurance.es, 16/10/17.


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Codorníu se va de Cataluña

octubre 16, 2017

Codorníu decide trasladar su sede a La Rioja

La firma alude a la situación de incertidumbre política y jurídica en Catalunya para mudar la sede de su hólding.

Por Agustí Sala.

Codorniu sede en Cataluña

Imagen del recinto de Codorniu.
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Nuevo mazazo empresarial al ‘procés‘. Codorníu también trasladará su sede social de Catalunya a otra zona de España, en concreto a La Rioja. El paso dado por la empresa de la familia Raventós tiene un profundo simbolismo ya que es la más antigua de España, con orígenes en 1551 y con forma de sociedad mercantil desde el siglo XIX.

La firma no ha esperado al final del cruce de cartas entre el ‘president’ Carles Puigdemont y el del Gobierno, Mariano Rajoy, para optar por la mudanza de su hólding, Unideco, de la que penden sociedades como Codorniu, RaimatBodegas Bilbaínas, cuya sede está en Haro (La Rioja) o Legaris, con sede en la denominación de origen (DO) Ribera de Duero.

«Ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Catalunya y con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes», las embelmáticas bodegas, cuya sede más emblemática se encuentra en la mansión didseñada por Josep Puig i Cadafalch en Sant Sadurní d’Anoia ha decidido sumarse a las compañías que ven en una posible declaración unilateral de independencia (DUI) una amenaza para sus intereses.

Sin consecuencias económicas

El consejo de administración de Unideco, S.A., empresa hólding del grupo Codorníu Raventós, ha aclarado que mantiene la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados en sus actuales centros de trabajo. La compañía más antigua del sector, con sede actualmente en Sant Sadurní de Noia, el corazón dela comarca vitivinícola del Penedès, asegura que la medida de trasladar la sede no tendrá consecuencias económicas en Catalunya.

A este cambio de domicilio social de la compañía presidida por María del Mar Raventós puede sumarse en breve la de su principal competidora, Freixenet. Sobre si esta continuará en Catalunya, su presidente (y de la Cámara de Comercio de España), Josep Lluís Bonet, ha indicado que ha convocado un consejo de administración para final de mes en el que «este tema está encima de la mesa». Una de las hipótesis que se baraja es Cantabria, si bien la empresa cuenta con bodegas en varias denominaciones de origen (DO) españolas.

Fuente: elperiodico.com, 16/10/17.


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invertir no es un juego de azar

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La industria farmacéutica abandonaría Cataluña

octubre 16, 2017

La industria farmacéutica se prepara para una posible salida de Cataluña

Genera el 7% del PIB catalán y da empleo a 42.000 trabajadores.

Por Alberto Vigario.
cataluña bandera independentista
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Las multinacionales farmacéuticas asentadas en España tienen la mayoría de sus fábricas en Cataluña. Hasta ahora, ninguna de estas compañías había tomado una postura oficial sobre qué harían si se daba una declaración de independencia por parte de la Generalitat. Pero en los últimos días, algunos laboratorios ya han empezado a reconocer que cuentan con un plan de salida si se produce una secesión de España.

Así, las multinacionales Boehringer Ingelheim y Bayer, ambas alemanas, admitieron recientemente que tomarán las medidas necesarias para proteger sus negocios si cambian las reglas y leyes actuales en Cataluña.

[ Ver: Fuga de empresas de Cataluña. ]

«Bayer, como cualquier otra compañía, precisa de un marco político, económico y jurídico estable que asegure el normal desarrollo de su actividad. Ante la situación en Cataluña, la compañía confía en que se alcance una solución que permita mantener estas condiciones», aseguró la compañía.

La dueña de la aspirina había aparecido hace días en las quinielas de empresas que tendían previsto salir con una declaración de independencia, aunque no se había manifestado aún de manera oficial. Bayer tiene su sede central en España en Sant Joan Despí (Barcelona), donde cuenta con 850 empleados. Su mayor planta de producción la tiene en Asturias, donde fabrica el ácido acetilsalicílico para todo el mundo.

Por su parte, la farmacéutica Boehringer Ingelheim también aseguró que tomarán «las necesarias iniciativas para asegurar la continuidad del negocio». De todas formas, la filial española con sede y dos fábricas en Sant Cugat del Vallés aclaró que «no van a especular sobre posibles cambios» y que «la posición de BI España sobre la situación actual en Cataluña se basa en el respeto a la legislación actual».

Oryzon, la primera

Aparte de las multinacionales, de momento han sido Oryzon -que fue la primera- y el grupo Indukern (dueño del mayor laboratorio de genéricos en Cataluña, Kern Pharma) las únicas compañías del sector que se han mudado de Barcelona. Mientras, entre los otros grandes laboratorios catalanes, Almirall, Esteve y Ferrer guardan silencio y Grifols ha comunicado que, de momento, se queda.

No se trata de un sector cualquiera. En Cataluña, el 7% del PIB ya corresponde a la actividad que generan las empresas de las ciencias de la vida y la salud, que a su vez dan empleo a un total de 42.133 trabajadores (cifras de 2014). Además, según el último informe de la patronal biotecnológica Asebio, la región lidera este sector en España. El negocio de las ciencias de la vida y la salud cuenta en Cataluña con 734 empresas, de las cuales 221 son biotecnológicas, 46 farmacéuticas, 94 de tecnologías médicas innovadoras, 208 proveedoras e ingenierías, 139 de servicios profesionales y consultoría y 26 entidades de inversión activas.

Cambio de las inversiones

Sin embargo, hace años que la región catalana ha dejado de ser el foco principal de las inversiones en investigación de la industria farmacéutica presente en nuestro país, algo que había sucedido siempre en España. Desde 2015, la Comunidad de Madrid supera a Cataluña como el destino principal en España del gasto en I+D que las farmacéuticas realizan cada año tanto dentro de sus instalaciones, como en sus colaboraciones con hospitales y otros centros de investigación.

Apenas tres años antes, en 2012, Cataluña superaba ampliamente a Madrid en este reparto, al ser destinataria del 52% de las inversiones internas de los laboratorios, seguida de Madrid, con apenas el 35%. Desde entonces, año a año, la región catalana ha ido perdiendo peso en el porcentaje hasta ser superada por la comunidad madrileña.

Distribución geográfica

Otro aspecto destacado en los últimos años ha sido el cambio de tendencia en la distribución geográfica de los laboratorios farmacéuticos a lo largo y ancho de nuestro país. Si históricamente, Cataluña era la región que concentraba la mayor parte de este sector, el número ha pasado a igualarse en la actualidad.

Así, de las 183 compañías farmacéuticas presentes en España -asociadas a la patronal Farmaindustria- en 2015, un total de 86 tenían su sede en Cataluña y 85 estaban en Madrid. Hace apenas seis años, en 2010, la diferencia era aún muy notable: 99 laboratorios estaban radicados en Cataluña por 76 en la Comunidad de Madrid.

Fuente: eleconomista.es, 16/10/17.


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También las PyMEs abandonan Cataluña

octubre 11, 2017

Las notarías no dan abasto: las pymes también huyen en masa de Cataluña

El desafío independentista dispara el éxodo empresarial | EFE
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Desde el referéndum ilegal del 1-O, el fuerte repunte del riesgo político en Cataluña ha empujado a decenas de grandes empresas a plantear el posible traslado de su sede social a otras comunidades autónomas. Gas Natural, CaixaBank, Sabadell… son algunas de las compañías que han movido ficha, siguiendo los pasos de Grifols o NH Hoteles.

Pero la deslocalización no es, en absoluto, un asunto limitado a las empresas de mayor tamaño. No en vano, las estadísticas de movimientos empresariales que recopila la consultora Informa nos recuerdan que, desde el auge del «proceso independentista», la región ha vivido la salida neta de casi 1.100 sociedades, muchas de ellas pequeñas o medianas.

Cataluña independentistasEl proceso de deslocalización es más sencillo en el caso de las pymes, por su menor tamaño y estructura. Al tener un accionariado más concentrado, apenas deben completar tres trámites. El primero de ellos es presencial y requiere acudir a una notaría para comunicar el cambio de domicilio social. El segundo y el tercero son procedimientos digitales, que apenas requieren una conexión a internet. Se trata de la inscripción del cambio en el Registro Mercantil y en la Agencia Tributaria.

Por lo general, el coste que acarrean estas decisiones oscila entre 400 y 500 euros. La notaría acarrea un desembolso estimado en 200 euros, mientras que los trámites digitales se pueden realizar por menos de 100 euros cada uno. Eso sí: para activar el proceso, toca celebrar antes una Junta General Universal en la que se decida proceder a trasladar la sede a otra región.

«Horas extra» en las notarías

Fuentes consultadas por Libre Mercado apuntan que las notarías de Barcelona y otras ciudades catalanas han decidido ampliar sus horarios de trabajo y abrir en fin de semana. Y es que el 1-O se ha traducido en un fuerte repunte de la incertidumbre política y económica, lo que a su vez ha empujado a muchos empresarios catalanes a trasladar su sede social a otras comunidades autónomas.

Pero el fenómeno se repite también en las comunidades autónomas que reciben a aquellas empresas que optan por abandonar Cataluña. De modo que las «horas extra» también han aumentado en comunidades como Madrid, la región que está saliendo más beneficiada de estos movimientos.

«Ante un problema de seguridad jurídica, las empresas tienen claro que deben acelerar los trámites para aprobar el cambio de sede. El reguero empezó a crecer el martes 3 de octubre y se ha agudizado mucho. Este fin de semana ha sido de fuerte trabajo en las notarías, por el miedo a que se proclame la independencia«, explicó José María Gay de Liébana en Antena 3.

Fuente: libremercado.com, 11/10/17.

Más información:

¿Por se van las grandes empresas de Cataluña?


Las empresas mueven también su sede fiscal por temor a la Hacienda catalana

Compañías y bancos han decidido dar un paso más tras cambiar el domicilio social y blindarse de todas las incertidumbres.

Sucursal del banco de Sabadell en Barcelona. 
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La fuga de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña sigue ante el desafío independentista. Sin embargo, muchas compañías han decidido dar un paso más y blindarse de todas las incertidumbres, entre ellas, la posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda reclamarles impuestos que abonan a la Hacienda estatal. Para hacer frente a esa posibilidad, han decidido cambiar su domicilio fiscal. CaixaBank y Banco Sabadell ya lo han hecho.

Decenas de compañías catalanas han aprobado ya en sus consejos el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma ante el contexto de inestabilidad política que atraviesa Cataluña. Sin embargo, algunas han decidido llevarse también el domicilio fiscal ante la posibilidad de que, si finalmente se producía una declaración de independencia —que finalmente quedó en suspenso—, la Hacienda catalana les pudiera reclamar tributos estatales como el de Sociedades. Eso les dejaría en una delicada situación: tendrían que abonarlo dos veces o elegir entre una Administración u otra.

Ese cambio de domicilio, no obstante, no es tan sencillo como el del traslado de sede social. Fuentes consultadas explican que requiere que en ese domicilio haya al menos “una dirección efectiva del negocio”. De momento, tanto CaixaBank como Banco Sabadell ya han trasladado tanto su domicilio social como el fiscal, según confirmaron ayer ambas entidades. En el caso de CaixaBank, fuentes del banco que ahora tiene sede en Valencia explicaron que se optó por ese doble cambio para buscar una “protección global” de los clientes, depositantes y accionistas.

Ese mismo argumento expuso Banco Sabadell. Fuentes de la entidad añadieron que la decisión también obedeció a evitar una eventual doble imposición en caso de que se aplicara la ley de ruptura aprobada por el Parlament y la Generalitat exigiera a las empresas que abonaran impuestos estatales como el de Sociedades a la Hacienda catalana. Gas Natural Fenosa, otra de las primeras empresas en aprobar su traslado, todavía no ha movido su domicilio fiscal.

Poco impacto económico

Varios despachos de abogados explicaron que otras empresas están siguiendo el camino de los dos grandes bancos. Sin embargo, ese paso no se reflejará en el Registro Mercantil, puesto que debe comunicarse a la autoridad fiscal autonómica. Ahora, explican estas fuentes, están tratando de ver qué departamentos o directivos desplazan a esas sedes para que el cambio de domicilio fiscal pueda ser efectivo. De entrada, es probable que los consejos de administración y las juntas de accionistas se realicen en las nuevas ubicaciones.

Con las reglas de juego actuales, el impacto para las arcas autonómicas es mínimo (siempre que no haya traslado de empleados), puesto que el cambio solo afecta a algunos impuestos autonómicos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otra cosa es que el Gobierno de la Generalitat declarara la independencia efectiva y reclamara impuestos estatales como el de Sociedades a empresas con sede en Barcelona. Según las últimas balanzas fiscales de la Generalitat, de Cataluña procede el 19,1% de la recaudación de Sociedades del conjunto de España. En total, 4.547 millones de euros. El traslado del domicilio fiscal busca, precisamente, blindarse ante este escenario hipotético.

El reguero de empresas que cambiaron su sede social siguió ayer. Otras dos empresas cotizadas decidieron en consejo de administración extraordinario cambiar su sede a Madrid. En concreto, lo hicieron la aseguradora Catalana Occidente y las filiales españolas del grupo de viajes online Edreams Odigeo, con sede en Luxemburgo, según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También la multinacional química Indukern, la gestora de fondos EDM y la firma Sanantur anunciaron su marcha.

Fuente: elpais.com, 11/10/17.


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¿Por se van las grandes empresas de Cataluña?

octubre 11, 2017

¿Por qué se marchan las grandes empresas de Cataluña?

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Fuga empresarial en Cataluña. El desafío secesionista y la probabilidad de que la Generalitat, el Gobierno de la región, declarara la independencia unilateral de España forzó a las grandes empresas, sobre todo a la banca y a las entidades cotizadas, a poner en marcha planes de contingencia para garantizar la viabilidad de su negocio, que básicamente radica en el cambio de sede social fuera de territorio catalán.

El 5 de octubre, Banco Sabadell (cuarta entidad financiera española por valor de activos) fue la primera gran cotizada en anunciar que trasladaba su domicilio social a Alicante, ciudad situada al sur de Cataluña, tras varias jornadas sufriendo importantes castigos en Bolsa. Pero su anuncio no fue el único. CaixaBank (tercer banco de España por activos) hizo lo propio unos días más tarde, eligiendo como destino Valencia, también al sur de la región. Los siguientes días otras empresas  de diversos sectores también hicieron efectivo el traslado de su sede social: Gas Natural, Mediolanum, Arquia Banca, Dogi, Service Point, Oryzon, Eurona y Colonial, entre otras. El día 10 de octubre, otros grandes grupos, como el de infraestructuras Abertis, de telecomunicaciones Cellnex o el editorial y audiovisual Planeta también anunciaron que estaban estudiando su salida de Cataluña, aunque todavía no habían tomado una decisión en firme. Su traslado dependía de la declaración que hiciera el presidente catalán Carles Puigdemont sobre la independencia en su anunciada comparecencia de ese día. En una intervención parlamentaria un tanto desconcertante, Puigdemont finalmente declaró la independencia para, menos de un minuto después, ponerla en suspenso durante unas semanas. Esto no paró el goteo de salidas de empresas, el día 11, al cierre de este artículo, el grupo Planeta confirmó su marcha definitiva a Madrid. Pero, ¿por qué se produce esta fuga ahora?

Cataluña bandera independentistaSegún los expertos, en una primera fase, las compañías han preferido no significarse políticamente, sobre todo en lo que refiere a los grandes grupos, ya que independientemente de dónde tengan su sede, su negocio no es local y dependen del resto del territorio nacional o internacional. Y no es la primera vez que desde el resto de España se plantea algún tipo de boicot a sus productos o servicios. Por tanto, han preferido mostrar su opinión a través de diferentes patronales. Por ejemplo, Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, ha calificado de “disparate” la evolución del desafío soberanista. Ha insistido en que “los empresarios españoles y también los catalanes están horrorizados con la deriva de los gobernantes de Cataluña”. Según el Círculo de Empresarios, el coste de la independencia para Cataluña se fijaría entre el 20% y el 30% de su Producto Interior Bruto (PIB). Desde esta institución, se ha exigido “una respuesta firme de los poderes públicos”, así como han hecho “un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña para frenar cuanto antes esta evolución de los hechos, que a todos perjudica”.

Pero a medida que avanzaba el proceso, con la celebración del referéndum ilegal fijado para el 1 de octubre, la preocupación empresarial crecía. Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, fue uno de los primeros empresarios en romper el silencio. Reconoció que, “como español y como persona, estoy muy preocupado y asustado. Ésa es la palabra. Hay un gravísimo problema en España y hay que reconocerlo”. En este clima de crispación y tensión empresarial, el detonante de la fuga fue el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de proclamar la independencia unilateral. A partir de ese momento, las empresas empezaron a poner en marcha sus planes de contingencia por si llegaba esta situación. Y más allá de lo que muchos puedan pensar, no se trata de un gesto a favor o en contra del proceso, sino de una cuestión legal que podría poner en jaque la continuidad del negocio.

Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que si Cataluña fuese un Estado independiente, los bancos con sede social en territorio catalán “perderían el acceso a los recursos del Banco Central Europeo (BCE)”. Sin embargo, los usuarios son los que se llevarían la peor parte: “Pasarían a ser clientes de entidades fuera de la Unión Europea”. En opinión de este experto, eso supone, automáticamente, perder, por ejemplo, la garantía de depósitos y “estar fuera de la red de seguridad creada en la UE para proteger a los clientes”. El riesgo desaparece en el mismo momento en el que se produce un cambio de sede hacia un territorio fuera de Cataluña. Éste es, en opinión del experto, el motivo por el que tanto Banco Sabadell como CaixaBank se han visto obligados a cambiar su domicilio social.

“No se trata de un hecho esporádico ni aislado”, según apunta el exministro de Justicia y abogado Alberto Ruiz-Gallardón en declaraciones al diario económico Expansión. Es más, asegura que estos movimientos son “una posibilidad que ya estaba analizada; las decisiones que se han tomado en los últimos días no son objeto de improvisación” por parte de las empresas. En su opinión, “detrás de todo esto, lo que hay es un debilitamiento muy fuerte de Cataluña como tiempo y espacio de localización de inversiones”. Si bien considera que la vuelta de la confianza llevará tiempo, también se muestra convencido de que el proceso es reversible. “A mí nada me gustaría más que los secesionistas renunciasen a su proyecto de ruptura y que, como consecuencia de eso, esas grandes empresas catalanas, que nos dan servicio a todos los españoles, pudiesen volver tranquilamente a Cataluña”. Sin embargo, si se compara con lo que ha ocurrido en otros países, no está tan claro que eso vaya a ocurrir. En Canadá, cuando se puso en marcha el plan nacionalista de Quebec, que concluyó con dos referéndums en 1980 y 1995, ante una posible ruptura, Royal Bank of Canada y Bank of Montreal abandonaron el territorio, pero nunca regresaron, pese a la vuelta a la calma de las aspiraciones independentistas.

Impacto legal y económico

Pero más allá de los bancos, fuentes jurídicas apuntan a que el desafío catalán tiene otro tipo de impacto legal en todo tipo de compañías. Por un lado, las cotizadas, que se rigen por las normas europeas, no sólo españolas, por lo que una posible declaración de independencia unilateral pondría en situación de riesgo a los inversores. Por otro, cualquier compañía con sede en Cataluña se enfrenta a la pérdida de los acuerdos para evitar la doble imposición de impuestos cuando hacen negocios dentro del mercado comunitario. Por tanto, la factura para las compañías podría ser demasiado alta, eso, sin contar con las leyes que ha aprobado la Generalitat y que chocan con la normativa española (y de la UE), con lo que podrían enfrentarse a sanciones en el futuro. Otra incógnita regulatoria que ha pesado en la decisión de las empresas de abandonar Cataluña es el llamamiento de la Generalitat para que las sociedades paguen impuestos ante la Hacienda autonómica, en lugar de ante la española.

Ante tanta incertidumbre legal, la única solución de muchas empresas es el cambio de domicilio social, antes de que se produzca una hipotética declaración de independencia, ya que, una vez formulada, independientemente de si es efectiva o no, se perdería la protección de las entidades europeas y españolas. En un comunicado de prensa, CaixaBank explicaba el motivo de su traslado de sede: “La decisión tiene como objetivo proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados de la entidad, garantizando la permanencia de la entidad en la zona euro bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE)”. Según la entidad, “la continuidad en la zona euro garantiza a CaixaBank seguir contando con óptimas condiciones de financiación para, a su vez, mantener el flujo de crédito a familias y empresas en Cataluña y en el resto de España así como preservar la integridad de los depósitos de sus clientes. El traslado del domicilio social no comporta movimiento de empleados, por cuanto la entidad cuenta con sedes corporativas y operativas en diversas ciudades de España”.

Para que se haya producido esta fuga de empresas en tiempo récord, ha sido necesaria la aprobación, por parte del Gobierno español, de un Real Decreto para facilitar el cambio de sede. Aunque en 2015 ya se hizo una reforma que permitía a las empresas trasladar su sede social sin la necesidad de convocar junta, siempre que sus estatutos no dijeran expresamente lo contrario. El 6 de octubre de 2017, el Estado aprobó una norma para facilitar aún más esta decisión, permitiendo que el consejo de administración pueda adoptar un acuerdo de mudanza del domicilio social y hacerlo efectivo en 24 horas. Desde el bufete Dentons explican que “El efecto práctico de esta disposición transitoria única es que, a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, los órganos de administración de todas las sociedades españolas pasarán a tener la facultad de cambiar el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional, sin necesidad de convocar junta general y con independencia de lo que en ese momento establezcan sus estatutos sociales”. No obstante, añaden que “esta medida no impediría en un futuro que la junta general revocara dicha decisión mediante la adopción de una modificación estatutaria que devolviera a la junta general la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

Más incertidumbre

Y por último, está la incertidumbre de si, llegado el caso, el Gobierno español decide o no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, algo que se está estudiando en estos momentos: “Si una Comunidad Autónoma [región con un alto grado de autonomía] no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en repetidas ocasiones que recurrirá a esta fórmula si se declara la independencia unilateral, el problema es que, hasta ahora, en España nunca se ha utilizado este artículo. En opinión de José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, su aplicación “no es automática: exige un procedimiento de relativa complejidad en el que la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado debe pedir documentación a la Comunidad”. Por tanto, para una empresa sería muy difícil calcular el tiempo que tendría que estar radicada en un territorio que ha declarado la independencia ilegalmente hasta que se recupere la situación de legalidad. Tampoco está claro el alcance de su aplicación y, por tanto, las consecuencias para un negocio. Según Vera Santos, la Carta Magna permite adoptar “las medidas necesarias”, pero en esa definición cabe un amplio abanico de actuaciones: “Desde cerrar TV3 [la televisión pública catalana] a asumir el control de la comunidad manteniendo las competencias autonómicas a suspender la autonomía de forma completa”. Y, como bien es conocido entre las comunidades inversoras, el dinero huye de todo tipo de riesgo, sobre todo, del político.

Fuente: knowledgeatwharton.com.es, 11/10/17.

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Muchas empresas abandonan Cataluña

octubre 6, 2017

La lista de empresas cotizadas que podrían abandonar Cataluña

La amenaza independentista está provocado un éxodo empresarial en la región de Puigdemont. La última fuga histórica ha sido la de Banco Sabadell. 

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El éxodo de las compañías con sede en Cataluña ya ha comenzado. Ayer jueves se produjo un hito en la historia empresarial catalana, cuando Banco Sabadell anunció que su consejo de administración acordaba en sesión extraordinaria trasladar su sede social a Alicante ante la posibilidad de que en los próximos días la Generalidad declare la independencia.

Caixabank va en la misma línea de precaución. El consejo de administración del banco se reunirá este viernes para estudiar el posible traslado de su sede social. Baleares es la ubicación que más suena entre los candidatos.

Y hoy otro peso pesado ha decidido marcharse de Cataluña: Gas Natural. El Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado el cambio de sede de Barcelona a Madrid, en una sesión extraordinaria. Gas Natural Fenosa nació en 1843, bajo el nombre de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG), y fue la compañía encargada de llevar la luz a las calles y espacios públicos de Barcelona.

Cataluña bandera independentistaEl movimiento de ficha de las dos entidades fue aplaudido ayer por los mercados, provocando que las acciones de ambos bancos se dispararán en bolsa después de varias jornadas de caídas. Una situación muy similar a la que vivió Oryzon hace unos días, cuando anunció el cambio de sede de Cornellá de Llobregat (Barcelona) a Madrid. Los títulos de la principal empresa biotecnológica de Cataluña llegaron a revalorizarse más de un 20%. En la noche de ayer, el grupo textil Dogi le comunicaba a la CNMV su traslado desde El Masnou (Barcelona) a Madrid. En la media sesión de este viernes, sus títulos se revalorizaban otro 20%.

Siguiendo los pasos de Oryzon y Dogi, otras importantes compañías ha optado por marcharse. Una es la operadora de telecomunicaciones Eurona, que también ha elegido Madrid, y otra, el líder español en distribución de productos odontológicos Proclínic, que ha preferido Zaragoza.

Quien ya ha informado a todos sus empleados y agentes de que está pensando hacer las maletas es Catalana OccidenteSegún una comunicación, la aseguradora ha explicado que «tomará todas las decisiones que fueran necesarias» para seguir desarrollando su actividad con normalidad. El grupo, que actualmente tiene su sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), «velará siempre para que sus productos y servicios no se vean en ningún caso afectados por la coyuntura política y social, garantizando el cumplimiento de sus condiciones contractuales», asegura el texto firmado por su presidente, José María Serra Farré.

Y ante la escalada del desafío separatista, la lista podría seguir creciendo. Son muchos gigantes catalanes los que están registrando importantes pérdidas en el Ibex 35, y si la tensión aumenta, podrían poner pies en polvorosa. Estas son las más importantes del selectivo madrileño que tienen sede en la región que preside Puigdemont:

  • Abertiscompañía de gestión de infraestructuras y autopistas de peaje.
  • Cellnex: opera infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas.
  • Colonial: socimi.
  • Grifols: farmacéutica.

En el Mercado Contínuo cotiza Catalana Occidente, y unas cuantas compañías más:

  • Applus: compañía de inspección, ensayos y certificación.
  • Ercros: grupo industrial diversificado en tres áreas de actividad: División de Derivados del Cloro, División de Química Intermedia y División de Farmacia.
  • FCC: compañía especializada en medioambiente, agua e infraestructuras.
  • Fersa: dedicada a la generación de energía renovable eléctrica y limpia.
  • Fluidra: empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones para el uso del agua: piscinas, riego, tratamiento del agua, etc.
  • Almirall: farmacéutica.
  • Miquel i Costas: grupo papelero.
  • Laboratorios Reig Jofre: farmacéutica.
  • Renta Corporación: grupo inmobiliario.

Fuente: libremercado.com, 06/10/17.


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Banco Sabadell quiere retirar su sede de Cataluña

octubre 5, 2017

Quinto banco español reúne a su consejo directivo para aprobar su salida de Cataluña

Se trata del Banco Sabadell. La entidad busca con el cambio de sede garantizar que la entidad siga estando bajo el paraguas del Banco Central Europeo.

Quinto banco español reúne a su consejo directivo para aprobar su salida de Cataluña

El Banco Sabadell, el quinto de España por activos, anunció hoy que decidirá a lo largo de la jornada si traslada su sede social a Madrid o Alicante (este), ante el clima creado por las pretensiones independentistas de las autoridades de la región de Cataluña.

Cataluña bandera independentistaEl pasado domingo tuvo lugar un referéndum soberanista en Cataluña que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, pero las autoridades regionales están decididas a aplicar los resultados, con la hipótesis de una declaración unilateral de independencia en los próximos días.

Varias empresas con sede en Cataluña empezaron a cambiar de sede social ante la hipótesis de una secesión de esa región y con la intención de proteger a sus clientes y accionistas.

Fuentes del Banco Sabadell aseguraron que el cambio de domicilio social garantizará que la entidad siga estando bajo el paraguas de supervisión del Banco Central Europeo, además de que el pago de impuestos de la sociedad se llevará a cabo en la ciudad que albergue la nueva sede del banco.

El pasado martes, dos días después de la consulta ilegal, el tercer banco español, CaixaBank, también con sede en Cataluña, remitió una nota interna a sus empleados en la que les comunicaba que la defensa de los intereses de clientes y empleados «guiará las decisiones futuras que, en caso de ser necesario, hayan de tomarse».

En estos días otras empresas optadron por cambiar la sede social y, así, la operadora de telecomunicaciones Eurona Wireless ha acordado trasladar su sede de Barcelona a Madrid, lo mismo que la biotecnológica Oryzon Genomics.

Para los bancos, permanecer en la zona euro haría posible seguir operando con normalidad y garantizar los intereses de sus accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario.

El Gobierno español y la Comisión Europea han reiterado públicamente que si una región se separa de un país miembro inmediatamente quedará fuera de la Unión Europea.

Fuente: cronista.com, 05/10/17.


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La reactivación de España

agosto 29, 2017

La renacida economía de España

Por Jorge Castro.

españaLas exportaciones españolas aumentaron 14% en el primer trimestre del año, récord histórico (US$75.000 millones/ 33% del PBI), y el producto creció 0,8% respecto al trimestre anterior (3,5% anual), la tasa más alta de Europa.

España crece ahora sobre la base del alza de las exportaciones (8,5% anual en los últimos 6 años) y el auge de la inversión (+5% anual en igual período) creció 3,5% anual en 2015 y una tasa similar en 2016, el doble que la expansión de la Zona Euro (1,7% por año).

Esto favorece la condición exportadora de la economía española, cuya producción es la más competitiva de Europa, junto con la de Alemania. La industria automotriz encabeza las exportaciones españolas, con 17,4% del total; y Volkswagen lidera las ventas externas del sector.

A partir de 2013, la ecuación capital-trabajo se modificó. Los costos laborales han caído 35% por unidad de producto; y la productividad de la industria manufacturera ha alcanzado a la alemana y, al menos este año, es 2,5% superior.

Barcelona es el principal puerto exportador de la industria automotriz, con un aumento de los volúmenes vendidos en el exterior de 18% anual en los 3 primeros meses del año, que treparía a 20% o más en el primer semestre.

El incremento de la productividad es sinónimo de competitividad exportadora. Las exportaciones españolas han aumentado más de 10 puntos en la última década (23% del PBI en 2007 y 33% este año), con ventas en el exterior que se han diversificado más allá de los automotores, y que abarcan ahora productos químicos, farmacéuticos, maquinarias y equipos pesados. Son más de 150.000 las empresas exportadoras, un aumento de 50% respecto al número de 2007.

El sistema de conexión por Internet de España es equiparable – gentileza de los Fondos de Cooperación europeos – con los más avanzados de Europa, Alemania en primer lugar. Pero con esta advertencia: el costo de vida en las grandes ciudades españolas, Barcelona en primer lugar, es 35% inferior al de Berlín, Londres o París.

Por eso proliferan las start ups de alta tecnología, en especial en el sector financiero (Fin Tech), donde España ocupa la delantera, y el epicentro de esta explosión de creatividad está en Barcelona y en general en Cataluña.

Las Fin Tech ya son más de 300, y se especializan en seguridad cibernética (cybersecurity) – rubro decisivo de la economía digital cuyo liderazgo corresponde inequívocamente a Israel -, y a la comparación instantánea de préstamos, precios y pagos, con operaciones que han aumentado más de 600% en los últimos 2 años, con un valor de US$230 millones en 2016.

Los dos grandes bancos españoles (Santander y Bilbao Vizcaya) están entre los 20 mayores del mundo, y se destacan por su capacidad innovadora, como lo muestra su condición de principales inversores y promotores de las Fin Tech.

La recuperación española es obra directa del gobierno de Mariano Rajoy, y lo esencial de este episodio de la historia de España es que tiene un carácter estructural y no cíclico, como lo revela la breve historia de sus cuentas externas.

El déficit de cuenta corriente ascendía a 10% del producto en 2007. La economía española dependía entonces del financiamiento internacional, sobre todo de los bancos alemanes; y se logró reducirlo en más de 10 puntos en los últimos 6 años, hasta conseguir un logro histórico que fue un superávit de 2,1% del producto en 2013, el primero desde que se llevan registros en 1971.

El gobierno de Rajoy ha logrado transformar el flujo de capitales líquidos del exterior en inversión extranjera directa (IED); y hoy el stock de IED asciende a US$634.539 millones (42,7% del PBI) y es responsable de 42% de las exportaciones.

España se ha convertido en la mayor plataforma de las empresas transnacionales de Europa, sobre todo las alemanas.

En la política solo se juzga por lo esencial. El gobierno de Mariano Rajoy ha transformado a España.

Fuente: Clarín, 27/08/17.


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