Un banquero que protegió el kirchnerismo, preso y condenado en EE.UU.
Se trata de Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del JP Morgan. Fue sentenciado por robo y defraudación bancaria. 
Hernán Arbizu, un ex ejecutivo del banco JP Morgan acusado por estafa y protegido por kirchnerismo, fue condenado el lunes pasado por un juez de Nueva York a la pena de 2 años y un día de prisión por los delitos de fraude, robo y defraudación bancaria y sustracción de identidad agravada.
Arbizu fue uno de los aliados más inesperados del gobierno de Cristina Kirchner. Llegó a participar de programas como 678, dar entrevistas a Luis D’ Elía y participar de numerosos actos K, buscando protección política para evitar ser enviado a los Estados Unidos, cuya Justicia había pedido su extradición en 2008.
Arbizu, argentino, de padre militar y oriundo de zona norte, había sido ejecutivo de la filial local del JP Morgan. Entre 2006 y 2008 trabajó en Nueva York, donde su propio empleador lo denunció por fraude bancario y desfalco en Estados Unidos a través de ocho maniobras de transferencia electrónica de fondos por hasta 5 millones de dólares. El modus operandi era sencillo: Arbizu sacaba sumas millonarias de cuentas de determinados clientes para reemplazar faltantes en cuentas de otros, a los que había estafado previamente. El primer desfalco, de 2,8 millones de dólares, lo denunció un empresario de Asunción.
Cuando estalló el escándalo y Arbizu tenía indicios de que la justicia estadounidense ordenaría su detención, Arbizu armó una estrategia jurídica pero a la vez política y mediática. Volvió al país y se presentó ante la justicia local alegando que sus actividades en Nueva York eran supuestamente ilícitas aquí. Como una especie de “arrepentido” y ante el juez federal Sergio Torres, confesó buena parte de la maniobra por la que se lo buscaba. Pero le agregó otros condimentos para buscar protección política del kirchnerismo.
Así empezó un raid por medios de comunicación y por juzgados federales con una serie de denuncias sobre lavado de dinero, fuga de capitales y otras maniobras de distintos nombres del mundo empresario, político y social de la Argentina. Nombres que, casualmente, eran en muchos casos blanco de las campañas del kirchnerismo en su construcción dialéctica de los enemigos del proyecto nacional y popular. Obviamente, aunque Arbizu llegó a hablar de una lista de 500 clientes del banco, en sus denuncias siempre ocupaban un lugar central los directivos del Grupo Clarín.
La estrategia de Arbizu tuvo poco sustento judicial –de hecho nunca logró demostrar la veracidad de las listas de clientes que mencionaba- pero fue muy útil a funcionarios kirchneristas como José Sbatella, ex titular de la UIF, que se sumaba a sus denuncias y las amplificaba. De hecho, el gobierno de Cristina Kirchner nunca concedió la extradición de Arbizu porque lo consideró un aliado, e incluso lo hizo declarar ante la bicameral que investiga de lavado de dinero y fuga de capitales.
Cada vez que el gobierno kirchnerista necesitó desviar la atención de las investigaciones en su contra acudió a los servicios de Arbizu. Cuando en 2013, Periodismo para Todos reveló la trama de la “ruta del dinero K”, Arbizu volvió a recorrer medios oficiales y paraoficiales acusando a Clarín de lavado de dinero.
Claro que a partir de 2015 la estrategia distractiva se fue haciendo más difícil. En junio del año pasado, Arbizu sorprendió anunciando a través de su abogado Pablo Argibay Molina que había aceptado su extradición, por lo que viajó a Estados Unidos el 22 de junio escoltado por dos agentes del FBI, para ser detenido apenas pisara suelo norteamericano. La explicación no es extraña: este tipo de negociaciones judiciales que incluyen el reconocimiento de delitos por los imputados a cambio de reducción de penas son usuales en el sistema judicial norteamericano.
En efecto, el 15 de diciembre pasado, Arbizu –asistido por sus abogados Guy Lewis y Jeffrey Forman- se declaró culpable voluntariamente ante el juez Lewis Kaplan. Y esta semana, Kaplan dio el veredicto: una sentencia de 24 meses y un día de prisión efectiva.
Fuente: Clarín, 22/09/17.
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Fuente: clubiqdesarrollo.com
Onecoin es lo que se llama en el mundo de las criptomonedas una Scamcoin
Podemos clasificar Onecoin entre los sistemas pseudo-multinivel, piramidales o la mas pura estafa. Hay quien también la denomina una Estafa Ponzi. Ofrecen una “academía de trading” y cursos online para justificar la “inversión”.
Utilizan el Bitcoin como referencia y argumento de lo que se puede ganar con las criptomonedas si se invierte en el momento adecuado. En Onecoin hablan de que las criptodivisas son el futuro del sistema financiero. Probablemente esto sea así, pero aún hay que vencer muchas resistencias y explicar al público el concepto de forma clara. Usan así argumentos reales del ecosistema de criptomonedas, combinados con estrategias de marketing para vender su producto.
Ya en mayo de 2015 Cointelegraph una prestigiosa web sobre criptomonedas calificaba Onecoin como una estafa global en un extenso y completo trabajo.
En nuestra opinión Onecoin dará mala imágen al Bitcoin cuando esta estafa salte a los medios que tenderán a generalizar y considerar a las criptomonedas como un fraude.
Como criptomoneda carece de varias propiedades fundamentales, es una “moneda” de una compañia o sea que está centralizada y controlada por una empresa. No es código abierto. Exigen una “inversión” mínima de 100€ y está llena de imprecisiones y falsas promesas.
Onecoin es un fraude
Fuente: criptomonedas.org, 26/03/16.
Detuvieron al ex JP Morgan Hernán Arbizu
Lo extraditan a Estados Unidos. Fue denunciado por varios delitos gravísimos, además de un desfalco de unos US$ 2 millones. Era buscado por la Justicia de EE.UU. Aquí daba clases a La Cámpora y lo protegía Cristina.
Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la filial local de la banca JP Morgan, quedó hoy detenido a pedido de la justicia de los Estados Unidos, donde lo acusan de fraude bancario, robo de identidad agravado, fraude en ocho maniobras de transferencia electrónica de fondos por más de dos millones de dólares y desfalco.
La extradición está pedida desde 2008 por Estados Unidos, pero ahora Arbizu resolvió aceptar ser remitido al hemisferio norte para enfrentar las acusaciones en la justicia de ese país, indicaron fuentes judiciales.
Conocida la intención de aceptar la extradición, el juez federal Sebastián Ramos dispuso su arresto ante la certeza de que apenas pise suelo norteamericano quedará detenido, y por lo tanto el empresario podría fugarse antes.
La fecha de partida de Arbizu es el 22 de junio por América Airlines y va a ser acompañado por dos agentes del FBI, dijeron las fuentes judiciales.
Los portavoces indicaron a que el cambio de decisión de Arbizu estaría ligado directamente al cambio de Gobierno, y no se descarta que su defensa haya negociado algún acuerdo en la justicia norteamericana para cumplir con la pena.
Hernán Arbizu trabajó entre 2006 y 2008 para JP Morgan en las oficinas de esa entidad financiera en la ciudad de Nueva York y habría cometido delito contra esa entidad, que lo denunció y pidió su extradición.
Mientras el expediente lo instruía el juez Marcelo Martínez De Giorgi, y para evitar ser extraditado, Arbizu se presentó ante la justicia local alegando que sus actividades en Nueva York eran supuestamente ilícitas para el Estado argentino.
Con ello buscaba que se lo acusara criminalmente en la Argentina para evitar rendir cuentas ante la justicia del lugar en el que se habrían cometido los delitos que se le imputan.
Arbizu tiene en la justicia de Nueva York quince diferentes cargos por fraude y se estima que si resultara condenado podría recibir una pena de hasta treinta años de prisión, además de enfrentar una abultada multa.
El gobierno de Cristina Fernández nunca concedió la extradición de Arbizu porque lo consideró un arrepentido e incluso declaró ante la bicameral que investiga mecanismos de lavado de dinero y fuga de capitales para dar detalles sobre como los bancos de inversión abren cuentas afuera con dinero del país.
El «empresario» declaró en varias causas sobre presunto lavado de dinero y entregó listados originales sobre los casi 500 clientes de la banca JP Morgan de Nueva York que, según ese material, habrían sacado unos 400 millones de dólares del país -presuntamente por evasión impositiva- de 2006 a 2008.
Fuente: Clarín, 16/06/16.
Suspenden en Colombia a Empresa que Decía ser Multinivel por Presunta Captación ilegal de Dineros
Superintendencia de Sociedades informó el pasado miércoles 1 de junio que ordenó suspender a Bisxantone Prosefi Colombia Sociedad Limitada por presunta captación masiva ilegal de dineros del público.
La Superintendencia de Sociedades mediante Resolución 300-001786 de mayo de 2016, ordenó suspender la actividad realizada por Bisxantone Prosefi Colombia Sociedad Limitada por constituir hechos de captación masiva ilegal de dineros del público.
Según el expediente, Bisxantone Prosefi Colombia Sociedad Limitada, decía comercializar productos de marca propia y otorgar créditos autofinanciables. No obstante, en la fecha de la visita no había iniciado la producción, por lo que no tenía productos para comercializar.
Tras la investigación, se logró determinar que Bisxantone Prosefi Colombia Sociedad Limitada cobraba, por la vinculación al esquema, US$525 pagaderos en cinco cuotas de US$105 quincenales. No obstante, en la mayoría de los casos sólo se pagaban la primera y la segunda cuota, pues las demás se obtenían al vincular a más personas que adquieran la supuesta franquicia de Bisxantone.
Lo anterior, agrega la resolución, confirma que las comisiones se reconocen por la vinculación de nuevas personas y no por la venta de productos que a la fecha de la visita no existían.
Estos hechos permitieron concluir a la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control que las operaciones de Bisxantone Prosefi Colombia Sociedad Limitada no se encuentran dentro de lo establecido en la Ley 1700 para ser considerados como multinivel.
Respecto de los créditos autopagables, no se obtuvieron soportes contables sobre las ventas efectuadas a los llamados empresarios independientes para establecer los ingresos de los productos, por cuanto se indicó que estos reposaban en México.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recalcó que toda persona natural o jurídica que promueva o promocione por cualquier medio, esquemas que resulten en la captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización legal, será responsable penal y civilmente por sus actuaciones.
Explicó además que la actividad de captar dinero del público y prestarlo, sólo puede ser llevada a cabo por entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera, so pena de incurrir en el delito de captación masiva y habitual, conducta que conlleva a prisión, según el Código Penal.
La actuación de la Superintendencia de Sociedades también está dirigida a Teódulo Héctor Riveros Serra y a Olga Janeth Velásquez Giral.
Copia del expediente se remitirá a la Fiscalía General de la Nación para efectos de las investigaciones propias de su competencia.
Fuente: noticiasmultinivel.com, 02/06/16.
Más información:
R. Allen Stanford es condenado a 110 años de prisión
Por Daniel Gilbert
HOUSTON — R. Allen Stanford, el financista que fue encontrado culpable de organizar una estafa tipo ponzi de US$7.000 millones, fue sentenciado el jueves a 110 años de prisión.
La condena es, en la práctica, una cadena perpetua para Stanford, quien tiene 62 años. El financista solía vivir extravagantemente, a bordo de yates, jets y hogares en todo el mundo.
«No dirigía una estafa ponzi, no defraudé a nadie», dijo Stanford, vistiendo un uniforme verde de la prisión, al juez de distrito estadounidense David Hittner antes de la sentencia.
.En su declaración, marcada por largas pausas cuando se ahogaba y limpiaba sus lágrimas, Stanford acusó al gobierno de usar «tácticas al estilo de la Gestapo» y lo culpó de los miles de millones de pérdidas de sus inversionistas.
La sentencia de Stanford fue 40 años menor que la que se impuso a Bernard Madoff, pero 100 años más de lo que pidieron sus abogados.
La sentencia pone fin al proceso de tres años contra Stanford, quien fue condenado por un jurado federal en marzo de 13 de 14 cargos, incluyendo fraude, obstrucción de la justicia y conspiración para cometer lavado de dinero. Aunque los inversionistas continúan tratando de recuperar cientos de millones de dólares en un caso civil, el fin del caso penal cierra el capítulo de una de las figuras más particulares en los anales de los crímenes de cuello blanco.
Fuente: The Wall Street Journal, 14/06/12.
Compañía de Costa Rica acusada en Estados Unidos de fraude por 670 millones de dólares
20/01/11
Washington, 20 ene (EFE).- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó hoy a la compañía costarricense Provident Capital Indemnity (PCI) del fraude de más de 670 millones de dólares en bonos respaldados por seguros de vida en EEUU y el extranjero La acusación, formulada ante un tribunal del estado de Virginia, contempla cargos contra el presidente de la compañía Minor Vargas Calvo, de 59 años, y Jorge L. Castillo, de 55 años, que actuaba como «supuesto auditor externo».
Vargas fue arrestado ayer en el aeropuerto JFK de Nueva York y Castillo hoy en Nueva Jersey, informaron medios locales.
«PCI está acusada de engañar a inversores de todo el mundo para que vendiesen más de 670 millones de dólares en bonos de garantía que luego resultaron carecer de valor», explicó el fiscal Neil H. MacBride.
Vargas, residente en Costa Rica, y Castillo, residente en Newark (Nueva Jersey), en caso de ser condenados, pueden ser condenados a 20 años de cárcel.
Entre 2004 y 2010, la empresa vendió cerca de 670 millones de bonos a empresas inversoras localizadas en Estados Unidos, Holanda, Alemania y Canadá, entre otros países, quienes pagaban intereses anticipados de entre el 6 y el 11 por ciento del valor antes de que PCI emitiese los bonos.
Los acusados supuestamente defraudaron a miles de clientes distorsionando el valor de «bonos de garantía financiera», que estaban supuestamente respaldados por acuerdos de seguros de vida (acuerdos de vida y viáticos).
Castillo, quien actuaba como auditor externo, garantizaba la validez de las operaciones de PCI de cara a los inversores.
Provident Capital Indemnity «distorsionaba la capacidad de satisfacer sus obligaciones de pagos mediante fingidas auditorías», señaló en su comunicado la SEC. EFE
Web de la empresa acusada: http://www.providentinsurances.com/
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=661124
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La Nación. San José, Costa Rica. 20/01/11.
Una firma llena de cuestionamientos
Por Gustavo Jiménez M.
La empresa Provident Capital Indemnity (PCI), presidida por Minor Vargas, enfrentó cuestionamientos de autoridades regulatorias del mercado de valores y está vinculada a casos que terminaron en posibles fraudes.
Una investigación de La Nación, publicada el 8 de octubre de 2009, reveló que PCI tenía prohibición para operar en Texas y California por riesgo de estafa.
“Los demandados (entre ellos PCI y directamente Minor Vargas) están cometiendo fraude en relación con la oferta para la venta de títulos valores (…) La conducta, actos y prácticas de los demandados amenazan con causar daño público inmediato e irreparable”, estableció una nota del Comisionado de Seguros de Texas, divulgada en el 2006.
Por su parte, la Autoridad Reguladora del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) cuestionó, en un documento oficial de 2007, a personas acusadas de fraude, por haber respaldado operaciones con bonos de PCI sin haber reportado a sus clientes el historial de la empresa.
“Desde 1992 Provident ha sido sujeto de acciones regulatorias estatales en California, Florida y Texas (…), en diversos casos involucrando fraude, emisión de seguros sin autorización”, indicó la SEC.
En ese reportaje del 2009, Vargas dijo que los problemas de PCI eran anteriores a su llegada, en 2004, y que él llegó a arreglar los líos.
“A la empresa se le menciona porque otra gente hizo daño antes. Yo llegué a resolver eso”, afirmó en una entrevista con este diario.
Más problemas
La empresa Provident también está vinculada a dos casos que se investigan como fraude en los Estados Unidos.
El primero trascendió en 2007, cuando inversionistas de una compañía llamada Secure Investment Services presentaron una denuncia por presunto timo (PCI no formó parte de la acusación). La empresa de Vargas respaldó con bonos parte de las inversiones. Primero accedió a entregar $65.000, pero después no hizo más pagos; Vargas aseveró que al estudiar las garantías determinaron que no les correspondía hacer más pagos.
Sin embargo, el administrador del caso, Michael Quilling, dijo que PCI era probablemente una “estafa” y que, de ser enjuiciada, no parecía tener activos suficientes para responder.
PCI también respaldó operaciones en otro caso que se juzga como posible fraude a partir del año anterior en Illinois, siempre relacionado con el mercado de reventa de seguros de vida.
En febrero del año pasado Minor Vargas firmó un documento en el que se comprometía, como presidente de PCI, a pagar $10 millones en 12 cuotas de $833.000, desde junio de 2010 hasta mayo de 2011, para honrar un bono que la empresa emitió como garantía.
La Nación publicó el 16 de noviembre que la compañía estaba atrasada en pagos que a ese momento sumaban $2,5 millones, según datos de un abogado oficial del caso. Vargas dijo que tenía el dinero, pero que necesitaba completar un trámite bancario.
Minor Vargas Calvo
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La Nación. San José, Costa Rica. 31/01/11.
PCI servía de gancho para atraer a los inversionistas
Por Juan José Herrera Ch.
La compañía Provident Capital Indemnity (PCI), presidida por Minor Vargas, era uno de los principales ganchos para atraer inversionistas en la presunta estafa relacionada con el mercado de seguros de vida en EE. UU.
Producto de las investigaciones de este caso Vargas está en una prisión del estado de Virginia desde hace casi dos semanas.
La presencia de la reaseguradora PCI en el negocio brindó la sensación de confianza entre los inversionistas afectados, según aparece en declaraciones de cuatro testigos que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) presentó como pruebas contra PCI.
De acuerdo con la acusación, PCI se presentaba con falsos atestados, entre ellos el supuesto respaldo de otras empresas reaseguradoras y la valoración que le otorgó la empresa calificadora de riesgo Dun & Bradstreet.
Empujón final
Según contaron los afectados en sus declaraciones (a las que tiene acceso La Nación) de no haber sido por ese supuesto respaldo de PCI nunca hubieran puesto su dinero en el mercado de seguros de vida.
“En octubre de 2006 invertí $50.000 en el mercado de pólizas de vida, sabiendo que mi inversión sería segura pues estaría respaldada por una empresa reaseguradora, la cual más tarde me enteré sería PCI”, aseguró en su declaración Victoria Cueman, una de las afectadas.
Los inversionistas entregaban su dinero para ser parte en la recompra de un seguro de vida. Cuando moría el dueño original de la póliza, las ganancias se repartirían entre los inversionistas.
La reaseguradora de Vargas lo que hacía era ofrecer a los inversionistas la certeza de obtener su dinero aún cuando la persona a la que compraban la póliza no falleciera en un período estimado. Esto, en teoría, convertía el negocio en una inversión “libre de riesgo”.
En general, la promesa de las empresas que ofrecían estos seguros era que los inversionistas recibirían una ganancia de alrededor de un 42% de su inversión inicial, en un plazo de tres o cuatro años. Sin embargo no obtuvieron el dinero, por lo cual el caso se está juzgando como presunto fraude.
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Analizamos las características de una de estas supuestas empresas que solo se dedican a robarle dinero a quienes caen en sus juegos de manipulación.
