INDEC: El fraude estadístico en Argentina

Para el INDEC, el litro de leche cuesta $ 2,60 y el kilo de pan $ 3,90

Por Natalia Donato

 

Los precios que releva el INDEC, y son utilizados para armar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), siguen reflejando lo que para muchos es un mundo de fantasía.

De acuerdo con el organismo público, el kilo de pan costaba en junio $ 3,90 y el de asado $ 12,70, en ambos casos, apenas diez centavos por encima de los valores registrados el mes anterior.

El litro de leche, en tanto, se conseguía, según la institución, a $ 2,60.

La lista de precios que toma el organismo para realizar el índice de inflación minorista fueron informados por los trabajadores enfrentados con la conducción, nucleados en ATE-INDEC.

Como ocurre desde enero de 2007, cuando fue intervenido el organismo, estos precios distan notablemente de los relevados por las consultoras privadas y de los que cualquier consumidor puede percibir en las góndolas de los supermercados.

De acuerdo con las propias publicaciones de los supermercados, los valores reales de los productos duplican o hasta triplican los oficiales.

En el caso del pan, mientras que para el INDEC vale $ 3,9 el kilo, el precio real promedio de una amplia muestra de supermercados asciende a los $ 8,6. Ocurre lo mismo con el asado, que se consigue a $ 42 promedio, y el litro de leche, cuyo precio ronda los $ 4,4.

Aunque en algunas más que en otras, en todas las categorías relevadas por el organismo hay diferencia de precios a favor de los relevamientos privados.

Uno de los rubros que mostró en junio mayor diferencia es el de galletitas dulces envasadas sin relleno, que en promedio sale $ 12,99 el paquete de 150 gramos, mientras que para el INDEC cuesta apenas por encima de $ 2.

La que, por el contrario, tuvo menor brecha fue la de té en saquitos.

La caja de 50 unidades costó en junio, para el organismo, $5,8, en tanto que los valores promedio reales rondaron los $ 5,99.

En junio, el IPC subió para el INDEC 0,7% respecto de mayo, mientras que el índice Congreso –que surge de un promedio de los relevamientos de las consultoras– reflejó un alza de 1,5% en relación con el mes anterior.

La inflación oficial de julio, en tanto, ascendió a 0,8%, pero para los privados la suba general de precios fue de 1,7%.

Del relevamiento dado a conocer por la Junta Interna ATE-INDEC también surge que para la entidad el kilo de harina costaba en junio $ 1,7; el pollo entero, $ 4,5; el queso cuartirolo, $ 19,9; el reggianito, $ 46,7; el kilo de azúcar, $ 3; el litro y medio de gaseosa base cola, $ 5,2; los dos litros de agua sin gas, $ 3; los 250 gramos de café envasado, $ 7,2; el medio kilo de yerba, $ 4,2, entre otros precios.

El INDEC dejó de publicar la lista de productos que releva en abril de 2008; ahora sólo publica por rubros. Por ejemplo, da a conocer el precio de “carnes” o “panificados” y no especifica qué tipo de cortes cárnicos y de panes.

Pero aún así, los trabajadores enfrentados con la conducción filtran mensualmente los precios de cada uno de los productos con los cuales el organismo mide la variación del IPC.

Para el INDEC, la inflación acumulada en lo que va del año ascendió al 5,9% y la interanual fue de 9,9%. Mientras que para los privados, el alza de precios respecto de julio del año pasado fue del 24 por ciento.
Fuente: El Cronista, 14/08/12.
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Guillermo Moreno responsable directo de los engaños del INDEC

Argentina: El Gobierno asfixia la libertad de las personas y de las empresas

Acoso estatal: la mano del Gobierno avanza sobre la economía y asfixia la libertad de las personas y de las empresas

Por Carlos Manzoni

 

Las medidas para obstaculizar las importaciones, las intimaciones de la AFIP, el control sobre la compra de dólares y las averiguaciones sobre los ingresos de los contribuyentes son sólo algunas de las iniciativas que coartan a los ciudadanos.

 

La petrolera YPF , Sebastián Eskenazi y hasta la mismísima Repsol son una metáfora a gran escala del trato que el Gobierno propina a los ciudadanos argentinos. Si la compañía más importante del país, el empresario amigo puesto allí por los mismos que hoy lo corren y una de las dos multinacionales más grandes de España son víctimas de la asfixia estatal, poco margen le queda al hombre de a pie para ilusionarse con un cese del acoso al que es sometido a diario.

El jueves circuló una fuerte versión de que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto para expropiar el 50,01 de la petrolera «argentinizada» en 2008. Ese sería el golpe final con el que terminaría de configurar el «acoso», que es definido por la Real Academia Española como la acción de perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos. Esta acepción del término pinta a la perfección el método kafkiano al que son sometidos los empresarios que acuden a la Secretaría de Comercio en busca de permisos de importación; aunque la angustia persecutoria provocada desde el Estado no es exclusiva de los hombres de negocios. También la sufren el contribuyente que recibe una intimación expedida por la AFIP al azar, la jubilada que padece una inspección en su casa por haber intentado comprar dólares, los padres que son investigados por las cuotas que pagan en el colegio de sus hijos y todo el que debe justificar por qué renuncia al subsidio a los servicios públicos, entre otros casos.

Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, las acciones son típicas de un estado autoritario. «La autoridad aquí no tiene límites en la toma de decisiones y en el modo cómo se inmiscuye en las esferas de la privacidad de las personas -explica el jurista-. Hasta la forma en que lo hace es autoritaria, porque es agresiva y de imposición. Guillermo Moreno [secretario de Comercio] es el arquetipo de todo eso; toda su postura es antidemocrática.»

Alfredo no es Josef K., el personaje que Franz Kafka retrata en El proceso, pero a poco de entrar en «Morenolandia», el edificio donde funciona la Secretaría de Comercio, empieza a sentir que lo tratan como tal. Es importador textil y camina como una sombra por los pasillos en busca de precisiones sobre un cargamento de abrigos que ya zarpó de China, pero que no sabe si podrá ingresar al país. «Las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) las aprueban todas, pero después te traban igual la importación», cuenta.

Entre afiches de «Avanti morocha», y caricaturas del ex presidente Kirchner, vestido de futbolista y «metiéndole un gol» a un arco defendido por el logo de Clarín, aparecen carteles indicativos de cada oficina. «Lácteos y textiles», «Carnes», «Juguetes, calzados y acero» puede leerse en grandes puertas de vidrio, donde esperan resignados, como chicos de colegio secundario, los reclamantes.

Alfredo pasa por el 2° piso, donde no puede ingresar; llega luego a una oficina del 4° piso, donde, después de decirle que ahí es «Lealtad comercial» y no tienen nada que ver con las importaciones, lo envían al sector 1, que está en el 6°. Cuando al fin lo atienden, se asombran del reclamo y lo derivan otra vez al 2° piso. Allí donde lo enviaron hay una puerta cerrada y un vigilante que le dice: «No puede pasar. Ahí tiene un papel con el mail y teléfono para reclamar». Sentados en la escalera dos empresarios miran resignados. Otros cinco hacen fila, sin saber qué esperan. «Pasé dos horas dando vueltas y me voy con las manos vacías», se lamenta Alfredo.

Otro empresario, al borde de un ataque de nervios, quiere saber si podrá importar pintura. «¿Mandó el mail donde le dije?», le preguntan. «Sí, pero no tengo respuesta», contesta el hombre. «Bueno, siga insistiendo», remata el funcionario. «Andá con este papel, pedí que te anulen la orden y hacé el reclamo de nuevo. ¡Ojo, no digas que yo te mandé!», aconseja un señor de bigotes. «Hagan los deberes muchachos», grita otro. El cartel de entrada donde aún figura como secretario de Industria Eduardo Bianchi, tres días después de haber renunciado, debiera haberles dado a los empresarios una pista de la desidia que reina en el lugar.

Los sabuesos, presentes

Las averiguaciones e intimaciones de la AFIP son otras de las formas que toma el acoso con el que se tiene en vilo al contribuyente. Un importante tributarista opina que ese acoso estatal está dado por la imposición de trámites y por la invasión a la actividad económica. «La AFIP hace un rastreo general con un gran margen de error y envía cartas a todo el mundo -explica el contador, que pide no ser identificado-. Eso no está prohibido, pero debería ser más preciso para evitar cualquier alteración emocional de quien lo recibe, porque hay personas que se ponen muy mal con estas cosas.»

En el país hay 31 regímenes de información vigentes que obligan a diversos sujetos a suministrar datos sobre otros contribuyentes. En ocasiones estas tareas son laboriosas y requieren una estructura administrativa al servicio del organismo fiscal. Imponen multas de hasta $ 45.000 a aquellos que no informan, que pueden llegar a $ 450.000, en casos de incumplimiento reiterado.

Laura M. vive de su jubilación y no es evasora. Pero recibió una inspección impositiva en su casa. ¿Motivo? Intentó cambiar unos ahorros por US$ 2000. «El parámetro para negar la operación es azaroso -comenta el tributarista-. No existe ninguna norma que fije los límites. Eso también es maltrato estatal.»

El especialista cuenta otro caso absurdo. Un artista que tiene ingresos para justificar la compra de una gran suma de dólares recibe una negativa de la AFIP y, como no existe motivo legal para esa prohibición, lo que le dicen es que le enviarán una inspección. «Es la teoría de la amenaza, que aplica un organismo que hoy está conducido con total arbitrariedad», acota el contador.

Un empresario químico relata sus peripecias con Moreno. «Tengo que rendir cuenta de todos mis pagos a proveedores extranjeros, con anticipación de dos meses», comenta el ejecutivo. Ante la consulta de La Nacion sobre el acoso estatal, desde un banco privado ironizaron: «No, para nada. No nos dejan girar dividendos, pero eso es un detalle».

En la agencia 6 de la AFIP, en Luis María Campos 112, de Capital Federal, la dueña de una inmobiliaria se queja: «A ver si les piden todos estos datos a Boudou y sus amigos». Tramita la exención de un impuesto para que su clienta pueda vender una propiedad, pero termina enredada en los formularios que le exigen. «Falta que me pidan un ADN», dispara al partir. La Nacion trató de comunicarse con la AFIP, pero no obtuvo respuesta.

Elección restringida

Los consumidores, que se ven obligados a comprar lo que hay en las cada vez menos surtidas góndolas, también son víctimas del acoso estatal. Mucho más quienes no consiguen repuestos para sus autos o electrodomésticos, o aquellos que deben adelantar la compra en grandes cantidades de productos que saben que pronto no encontrarán, como lentes de contacto, medicamentos y pañales, entre otros.

Sabsay señala que en ciertos casos se da una extralimitación mayor en el accionar del Estado. «En el acoso sexual, el acoso es anterior a la violación -analiza el constitucionalista-. Pero hay medidas del Gobierno que implican una violación consumada de esferas de la libertad de una persona, como cuando se traba la importación de libros y se coarta así su acceso a la cultura y la información.»

Como en el cuento de las ranas dentro de una olla con agua que se calienta poco a poco hasta cocinarlas, el ciudadano argentino parece acostumbrado a este acoso. ¿Podría reclamar legalmente? Según Sabsay, sí. La mayor parte de las medidas del Gobierno son inconstitucionales, por lo que se podría interponer un amparo legal para hacerlas cesar. «Lo que pasa es que los actores económicos prefieren negociar antes que demandar y el resto sufre una trabazón en la voluntad de defenderse, porque sabe que ya no rige el derecho.»

El politólogo Sergio Berensztein, de Poliarquía, cree que esta falta de oposición ciudadana al acoso estatal se vincula con la debilidad de los partidos políticos. «La gente quizá no sabe que puede accionar, pero los partidos deberían informar, agrupar y poner los abogados para presentar el amparo», señala.

En medio de tanto acoso estatal, esta nota fue, a su modo, también víctima: muchos de los que participaron en ella pidieron no ser nombrados, por temor a represalias. «Si sale mi nombre, después no puedo trabajar más», se sinceró uno.
Fuente: La Nación, 15/04/12.
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El engañoso fin que justifica los medios

 

Gran parte de las medidas que conforman el acoso estatal no gozan de sustento constitucional, por lo que los ciudadanos podrían interponer amparos tendientes a hacer cesar sus efectos. Pero en la Argentina actual, eso no ocurre, un poco por desconocimiento y otro poco por la poca confianza que se tiene en un Poder Judicial, que también es acosado por el Ejecutivo.

El constitucionalista Daniel Sabsay explica que las reglas de la Constitución Nacional se enmarcan en el principio de legalidad, sobre el que tiene que reposar todo acto gubernamental. «Además, toda decisión de autoridad debe ser razonable y tratarse de un medio que lleve a un fin justificado, si no, se entra en la arbitrariedad», comenta.

Por ejemplo, señala el jurista, para el pago de impuestos, la privacidad sobre la propiedad, debe ceder, pero eso no debe implicar una irrupción abrupta en la vida privada de una persona. Ni tampoco debe significar, como expresa un reconocido tributarista, una invasión emocional.

El politólogo Sergio Berenstein, de la consultora Poliarquía, dice que el problema es que se esgrime un fin que en su enunciado es loable, como el del reparto más equitativo de la riqueza o el desarrollo de la industria nacional, para lograr objetivos políticos de corto plazo. «El Estado se usa como un instrumento de todos, pero en el fondo lo que hay es un gobierno depredador», opina Berenstein.

El politólogo dice que hacer esa distinción entre Estado y Gobierno es crucial, porque la Presidenta se sirve de esta confusión para sostener sus medidas y cualquiera que esté en contra queda tildado de antiestatista. «El Gobierno se cree el Estado y actúa desde el Estado. Cuando Cristina dice: «Me hacen esto» expresa esa simbiosis. Eso es un error», señala Berenstein.
Fuente: La Nación, 15/04/12.

Argentina: El fracaso del intervencionismo

El fracaso del intervencionismo

Por Jorge Srodek

 

El mercado de la carne, afectado por los controles. Foto: Archivo En los últimos diez años el gobierno nacional no ha sabido, o no ha querido, llevar adelante una política agropecuaria que genere los incentivos necesarios para aprovechar las oportunidades de producción agroalimentaria que el mundo ofrece. El sector agropecuario y de la agroindustria ha retrocedido peligrosamente en materia productiva, a punto tal que están naufragando sin rumbo. Los productores no pueden seguir transitando cosechas en total incertidumbre bajo la constante amenaza de una nueva intervención del Gobierno que, arbitrariamente, destruye la confianza en los mercados.

No sólo han faltado incentivos, sino que intencionalmente se desalentó la producción de ciertos productos. Un ejemplo es la nefasta intervención en el mercado de la carne. Cuatro años de intervención llevaron a una pérdida estimada del 30 por ciento del stock ganadero nacional. Precios máximos, listas de precios y todo tipo de controles derivaron en la pérdida de casi quince mil puestos de trabajo en la industria cárnica. Los precios deprimidos tornaron inviable la actividad y dieron lugar a la liquidación de vientres, la caída de la oferta y la inevitable suba de los precios.

Los argentinos se encuentran en el período de menor consumo de carne per cápita de la historia. Con las exportaciones prácticamente cerradas, Brasil, Uruguay e incluso Paraguay se han quedado con gran parte de nuestros mercados externos.

El trigo, cultivo emblemático si los hay, es otra víctima de las intervenciones. Van seis campañas consecutivas donde el precio del cultivo ha sido manipulado por el Gobierno con el pretexto de mantener el kilo de pan en $ 2,50. Sin embargo, el kilo de pan cuesta no menos de 8 pesos dejando en evidencia que el trigo sólo representa el 13% del valor total. Nadie ha dado una explicación de por qué el trigo argentino vale 50% menos que el trigo uruguayo de casi idéntica calidad. Hay un 23% de diferencia en el precio que se explica por las retenciones, pero queda un 27% del precio en el camino sin justificación alguna.

Alguien debería explicar a dónde va este dinero y por qué el propio Gobierno permite semejante abuso. Los productores aún tienen en su poder trigo y maíz de la última cosecha sin poder vender.

Desde la lechería, pasando por las frutas hasta la yerba mate y prácticamente todas las producciones agropecuarias (regionales), están sometidas a la intervención oficial obteniendo como resultado la caída de la productividad.

La única excepción es la soja (el bendito yuyo). Este es el único cultivo cuyo valor es semejante al del resto del mundo. En este contexto es casi irremediable la «sojización» de nuestra pampa húmeda, ya que el yuyo es el único cultivo que el productor sabe el día que lo siembra, a cuánto y cuándo lo va a poder vender.

Todo en materia de mercados agropecuarios es un embrollo. No hay posibilidad de desarrollar una actividad agropecuaria sustentable si los mercados no funcionan «normalmente», es decir, con previsibilidad y transparencia.

El campo no puede contribuir realmente al crecimiento del país si el productor no logra planificar los gastos de la próxima campaña. Tal vez, si el gobierno nacional dejara de considerar al sector agropecuario como una caja de donde obtener financiamiento y pensara en términos del potencial que el sector tiene, las cosas serían muy distintas.

Reglas claras

Frente a este panorama, el productor agropecuario no encuentra consuelo. Lo cierto es que el problema es de origen político y también lo es su solución, por lo que todo el arco político debe trabajar mancomunadamente para torcer el rumbo que el gobierno nacional ha marcado. Los problemas que han generado las malas políticas del gobierno son de tal complejidad que sería imposible abordarlos en éste artículo.

Los reclamos del sector agropecuario son muchos y han ido variando a medida que el Gobierno profundizaba sus errores, pero uno se ha sostenido en el tiempo y es bandera de todos los productores: el reclamo por reglas claras y mayor previsibilidad.
Fuente: La Nación, 07/04/12.

Argentina: El modelo K, ante lo inevitable y lo inesperado

El modelo: ante lo inevitable y lo inesperado

Por Roberto Cachanosky

 

La protesta de 40 países por las restricciones al comercio que aplica el gobierno argentino confirma que el modelo está afectado por lo inevitable y lo inesperado.

 

Un amigo me mandó un e-mail con una frase de Lord Keynes, economista que ni él ni yo compartimos sus ideas, pero parece escrita para este famoso modelo y la protesta casi mundial que acaban de formular 40 países sobre las restricciones al comercio que aplica el gobierno argentino. La frase de Keynes dice: «The inevitable never happens, it is the unexpected always» (lo inevitable nunca ocurre, siempre ocurre lo inesperado). En rigor, yo diría que en el caso del famoso modelo de crecimiento con inclusión social ocurre lo inevitable, agravado por lo inesperado. Dicho en castellano básico: sobre llovido, mojado.

Ante el impacto que causó que 40 países hayan presentado una dura queja contra las medidas de cierre de la economía, el gobierno salió a responder con las frases de siempre. Que Argentina el año pasado aumentó sus importaciones, que es para defender el trabajo argentino y cosas por el estilo.

¿Aumentaron el año pasado las importaciones argentinas? Sí, pero vale la pena aclarar algunos puntos del por qué de este aumento. En 2011 las importaciones crecieron en U$S 17.421 millones respecto a 2010. ¿Por qué aumentaron? De los $ 17.421 millones de aumento el rubro más importante es combustibles que explica el 28,3%. Este incremento no fue consecuencia de una ferviente convicción del gobierno de los beneficios del comercio internacional, sino de la espantosa política energética aplicada por el kirchnerismo. En otras palabras, las importaciones de combustibles aumentaron porque sino nos quedábamos sin luz.

El segundo rubro en importancia que explica el crecimiento de las importaciones es insumos con un incremento del 23,6%. Obvio que al forzarse el consumo interno en el electoral año 2011, había que producir más e importar más insumos. Los bienes de capital solo explican el 16,5% del incremento de las importaciones, en tanto que los bienes de consumo, representan el 8,2% del aumento.

Las importaciones se incrementaron, entre otras causas, por el desestimulo a la producción de gas y petróleo y por forzar el consumo para todos. Una vez más insisto en el siguiente argumento. Si la economía tiene capacidad para producir 100 unidades y el gobierno aplica una política que lleve el consumo a 120 unidades, es inevitable que las 20 unidades faltantes tengan que importarse. Claro que el gobierno no dijo durante la campaña: consuman ahora porque después de las elecciones se viene el ajuste y van a tener que ajustarse, pero era inevitable que ellos ocurriera, más tarde o más temprano. Lo inesperado fue la reacción de 40 países denunciando los mecanismos poco ortodoxos que utiliza Moreno para frenar las importaciones.

De manera que el argumento del gobierno de que la crítica es injusta porque Argentina aumentó sus importaciones es más que discutible. Las aumentó cuando le convino por una cuestión electoral y para no quedarnos a oscuras. Ni bien pasadas las elecciones giró 180 grados. No es que la política de comercio exterior del gobierno sea la de apertura, sino que usó las importaciones para paliar la crisis energética y para generar la fiesta de consumo.

La otra razón que influye en el aumento de las importaciones es la caída del tipo de cambio real. Con un dólar casi fijo y una inflación que erosiona el tipo de cambio real, el dólar pasó a ser una mercadería barata que estimula las importaciones y desestimula las exportaciones. Como en este contexto de fuga de capitales e incertidumbre el gobierno no se anima a mover el tipo de cambio, la única manera que tiene de generar dólares es frenando las importaciones. Puesto en otros términos, si las exportaciones no pueden aumentar mucho más por la escasa competitividad de la economía argentina, por lo menos que no se vayan dólares por importaciones, al tiempo que se aplica un estricto control de cambios para frenar la fuga de capitales. Que no se vayan dólares por importaciones significa que la gente consuma menos. Es como si el gobierno hubiese dicho: ahora que tengo el 54% de los votos, pelito para la vieja. Ahora a bancarse el ajuste.

¿Qué hay de cierto respecto a defender los puestos de trabajo de los argentinos? Simplemente que al frenar el ingreso de insumos, la actividad industrial se frena, hay menos horas extras y turnos y, la falta de reglas previsibles desestimula las inversiones y no se crean más puestos de trabajo.

Lo inevitable del modelo era que la emisión monetaria iba a erosionar el tipo de cambio real y generar una creciente fuga de capitales. Que el consumo artificial iba a ser insostenible y que, más tarde o más temprano, el ajuste tenía que venir, incluyendo el freno de las importaciones. Que el desborde de gasto público lleva a la búsqueda de cuanta caja pueda echar mano el gobierno. Lo inevitable también es que el gobierno aplicará cada vez más regulaciones y controles ante del desborde económico. Pero lo inesperado era que 40 países presentaran, en el momento más complicado del sector externo, una protesta contra las arbitrariedades en materia de comercio exterior.

Lo inesperado determina que el gobierno se encuentra ahora entre la espada y la pared. O redobla la apuesta y asume sanciones que limiten las exportaciones argentinas generando una nueva baja del saldo de balance comercial, lo cual forzaría a frenar más las importaciones y enfriar la economía más rápido de lo pensado, o flexibilizar las medidas de importaciones, aceptar una caída del saldo de balance comercial y asumir una suba del tipo de cambio con consecuencias también imprevisibles y enfriamiento de la economía.

Tanto lo inevitable como lo inesperado vienen a confirmar la inconsistencia del modelo.
Fuente: Economía para todos, 31/03/12.
Más información en: www.economiaparatodos.com.ar

Teoría de los juegos en las medidas de Moreno

Teoría de los juegos en las medidas de Moreno

Por Sebastián Campanario

 

Ireversible” es una película francesa de 2002, dirigida por el argentino Gaspar Noé, que cobró celebridad por lo explícito de sus escenas de violencia. El título también le sienta bien a un debate de moda entre los economistas locales, en el que se intenta definir cuán “pasajeras” o “irreversibles” son las medidas de política económica adoptadas por el Gobierno en los últimos cuatro meses, de un mayor control del mercado cambiario y de las importaciones.

Buena parte de los economistas que defienden las decisiones aplicadas desde diciembre por Guillermo Moreno utilizan el siguiente argumento: “Las medidas de proteccionismo y de control cambiario no son aconsejables a priori, pero en un contexto de escasez de dólares pueden estar justificadas. De hecho, se frenó la fuga de capitales”.

Para Lucas Llach, profesor de la Di Tella y autor del blog “La ciencia maldita”, esta idea presenta un error conceptual: la actual dinámica está encerrada en un círculo vicioso que la hace muy difícil de revertir a futuro. “Si a un empresario se le da una señal para que produzca para sustituir importaciones, a futuro esa misma persona va a exigir que se cierre más la economía”, explica, “no es tan fácil volver atrás”.

El esquema que describe Llach se parece -salvando las distancias entre dos macroeconomías muy distintas- al que en su momento plantearon los economistas Daniel Heymann, Mariano Tomassi y Sebastián Galiani con la Convertibilidad y la teoría de los juegos, en una de las más elegantes estilizaciones propuestas para explicar la década del 90. En ese modelo se advertía una dinámica que se auto-profundizaba, y en la que los “costos de salida” son cada vez más elevados. Cada vez que surgían dudas con la caja de conversión y alguien sugería flexibilizarla, la respuesta del sistema era hacerse más rígido, con leyes de intangibilidad de depósitos, una nueva convocatoria a Domingo Cavallo, etc.

Los economistas que están viendo con preocupación este modelo advierten un sesgo anticrecimiento. Juan Llach, ex ministro de la Alianza y padre de Lucas, fue uno de los primeros en remarcar, el año pasado, este “cambio de regimen” con respecto a la economía de la primera etapa kirchnerista. Apreciación cambiaria, inflación elevada, deterioro fiscal, controles y proteccionismo son diferencias en variables centrales con respecto al período 2002-2007.

De otro lado, los optimistas -que son minoría entre los economistas-, subrayan que el actual es el Gobierno con mayor poder político de la historia, y por lo tanto con margen de maniobra para corregir sobre la marcha si se complica mucho el nivel de actividad.

A Lucas Llach, que tiene un doctorado en Historia en EE.UU., esta saga le hace acordar al segundo gobierno de Perón, con una economía más cerrada, menor crecimiento y conflictos distributivos. “El año clave que hay que mirar es 1959”, argumenta. Fue cuando Frondizi decidió liberar las tensiones acumuladas para atraer capitales del exterior, y la inflación, en una primera etapa, superó el 100%. Una película, por entonces, tan cruda como la de Gaspar Noé.
Fuente: Clarín, 26/03/12.

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Teoría de Juegos

La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados «juegos») y llevar a cabo procesos de decisión. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. Tipos de interacción aparentemente distintos pueden, en realidad, presentar estructura de incentivo similar y, por lo tanto, se puede representar mil veces conjuntamente un mismo juego.

Desarrollada en sus comienzos como una herramienta para entender el comportamiento de la economía, la teoría de juegos se usa actualmente en muchos campos, como en la biología, sociología, psicología y filosofía. Experimentó un crecimiento sustancial y se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de John von Neumann y Oskar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría, debido sobre todo a su aplicación a la estrategia militar, en particular a causa del concepto de destrucción mutua garantizada. Desde los setenta, la teoría de juegos se ha aplicado a la conducta animal, incluyendo el desarrollo de las especies por la selección natural. A raíz de juegos como el dilema del prisionero, en los que el egoísmo generalizado perjudica a los jugadores, la teoría de juegos ha atraído también la atención de los investigadores en informática, usándose en inteligencia artificial y cibernética.

Aunque tiene algunos puntos en común con la teoría de la decisión, la teoría de juegos estudia decisiones realizadas en entornos donde interaccionan. En otras palabras, estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Un ejemplo muy conocido de la aplicación de la teoría de juegos a la vida real es el dilema del prisionero, popularizado por el matemático Albert W. Tucker, el cual tiene muchas implicaciones para comprender la naturaleza de la cooperación humana. La teoría psicológica de juegos, que se arraiga en la escuela psicoanalítica del análisis transaccional, es enteramente distinta.

Los analistas de juegos utilizan asiduamente otras áreas de la matemática, en particular las probabilidades, las estadísticas y la programación lineal, en conjunto con la teoría de juegos. Además de su interés académico, la teoría de juegos ha recibido la atención de la cultura popular. La vida del matemático teórico John Forbes Nash, desarrollador del Equilibrio de Nash y que recibió un premio Nobel, fue el tema de la biografía escrita por Sylvia Nasar, Una mente brillante (1998), y de la película del mismo nombre (2001). Varios programas de televisión han explorado situaciones de teoría de juegos, como el concurso de la televisión de Cataluña (TV3) Sis a traïció (Seis a traición), el programa de la televisión estadounidense Friend or foe? (¿Amigo o enemigo?) y, hasta cierto punto, el concurso Supervivientes.

Aplicaciones

La teoría de juegos tiene la característica de ser un área en que la sustancia subyacente es principalmente una categoría de matemáticas aplicadas, pero la mayoría de la investigación fundamental es desempeñada por especialistas en otras áreas. En algunas universidades se enseña y se investiga casi exclusivamente fuera del departamento de matemática.

Esta teoría tiene aplicaciones en numerosas áreas, entre las cuales caben destacar las ciencias económicas, la biología evolutiva, la psicología, las ciencias políticas, el diseño industrial, la investigación operativa, la informática y la estrategia militar.

Economía y negocios

Los economistas han usado la teoría de juegos para analizar un amplio abanico de problemas económicos, incluyendo subastas, duopolios, oligopolios, la formación de redes sociales, y sistemas de votaciones. Estas investigaciones normalmente están enfocadas a conjuntos particulares de estrategias conocidos como conceptos de solución. Estos conceptos de solución están basados normalmente en lo requerido por las normas de racionalidad perfecta. El más famoso es el equilibrio de Nash. Un conjunto de estrategias es un equilibrio de Nash si cada una representa la mejor respuesta a otras estrategias. De esta forma, si todos los jugadores están aplicando las estrategias en un equilibrio de Nash, no tienen ningún incentivo para cambiar de conducta, pues su estrategia es la mejor que pueden aplicar dadas las estrategias de los demás.

Las recompensas de los juegos normalmente representan la utilidad de los jugadores individuales. A menudo las recompensas representan dinero, que se presume corresponden a la utilidad de un individuo. Esta presunción, sin embargo, puede no ser correcta.

Un documento de teoría de juegos en economía empieza presentando un juego que es una abstracción de una situación económica particular. Se eligen una o más soluciones, y el autor demuestra qué conjunto de estrategias corresponden al equilibrio en el juego presentado. Los economistas y profesores de escuelas de negocios sugieren dos usos principales.
Fuente: Wikipedia.

Las trabas a las importaciones en Argentina

Importaciones

Por Enrique Szewach

 

Empecemos con una obviedad conceptual. Si los socios comerciales de la Argentina, le pidieran a nuestro país, lo mismo que nosotros les reclamamos a ellos, es decir que igualen sus importaciones a nuestras exportaciones, la Argentina, en lugar de tener superávit comercial, tendría un saldo “cero”.

Dicho de otra manera, si los representantes de los países con los que somos superavitarios en el comercio, viajaran en una misión  a nuestro país a exigir que importemos más, el resultado sería que desaparecería nuestro excedente comercial. Lo que prueba lo absurdo de la pretensión argentina.

Eso no quita que sea bienvenido todo intento de abrir nuevos mercados y negociar menores trabas a nuestros productos, pero esa es una acción  para “desplazar” a otros proveedores.

Pedirle a un país que nos compre más, es pedirle que deje de comprarle a otro, o que deje de producir internamente lo que nos compraría y ello requiere que nuestros productos sean mejores, o más baratos, o ambas cosas, y que se eliminen, con reciprocidad, subsidios, barreras arancelarias, sanitarias, etc.

Pero, ello tiene más que ver con los negocios sectoriales que con los desequilibrios de la balanza comercial.

Porque, como ya le conté más de una vez, todo desequilibrio en contra de la balanza comercial externa, es un tema macroeconómico,  de gasto interno excediendo la producción. Cuando se gasta más de lo que se produce internamente, se importa la diferencia.

Después, de qué país en particular se importa, depende de la geografía, de los arreglos comerciales y arancelarios, del tipo de productos, de las ventajas competitivas de cada país, etc.

El gobierno busca sustituir producción importada por producción interna, sin bajar el nivel de consumo.

Pero lo cierto es que, como no hay, en general, capacidad ociosa, para aumentar la producción interna, hace falta invertir, y la inversión, insisto, si no hay capacidad ociosa, también requiere importar maquinaria, insumos, etc.

Y si hay alguna capacidad ociosa, es porque el producto importado es más barato o de mejor calidad, de manera que al prohibirlo, los precios locales suben o la calidad  empeora (o ambas).

En otras palabras, si hay que bajar las importaciones, en un país cuya industria está trabajando a pleno, hay que bajar el consumo. Si se quiere mantener el nivel de consumo, sólo se logra aumentar los precios, lo que afecta el poder de compra y, finalmente,  baja el consumo.

O se produce un cambio en  la composición de lo que se importa. Se sustituyen los productos, pero no el total.

Por lo tanto, como el gobierno está siendo “efectivo” en el control de importaciones, por ahora, o el consumo se está desacelerando en algún lado, o se están desacumulando, rápidamente, stocks previos.

Obviamente, había otro camino. En lugar de actuar sobre las “cantidades”, se podría haber actuado sobre los “precios”, modificando el tipo de cambio, haciendo más caras las importaciones, bajando el consumo de esta manera.

Pero estamos ante un gobierno que considera más “popular” racionar por cantidades que por precios. Dado que, en teoría, cuando se raciona por precio, los que más tienen sufren menos que los que no pueden pagar esos precios.

Si no puede haber “superconsumo para todos”, entonces, “superconsumo para nadie”.

Sin embargo, en la práctica, los que pueden, consiguen igual los productos –viajando al exterior, o pagando sobreprecios- y el ajuste del consumo es siempre de los que menos tienen.

Ajuste que implica menos generación de empleo y  menos crecimiento del salario real.

Por supuesto, la única sustitución de importaciones “neta” que se podría hacer es la de gas y, se podría producir petróleo para exportar y financiar la importación de combustibles, dado que las refinerías locales están a pleno.

Pero, para ello, hace falta incrementar los precios con los que se remunera al productor local, cosa que el gobierno rechaza.

En este contexto, el crecimiento interno se irá resintiendo, y el uso del Banco Central para financiar gasto público e incentivar la demanda, repito, en pleno empleo, y con la importación limitada, solo tiene efecto sobre los precios.

En síntesis, el éxito del control de importaciones, es el fracaso de la política de incentivar el consumo sin haber generado condiciones para una expansión genuina y sustentable de la oferta local.
Fuente: Perfil, 22/03/12.
Más información: www.szewachnomics.com.ar

 

Guillermo Moreno brazo ejecutor de las “políticas” de Cristina Kirchner

Argentina: Un Gobierno cada vez más arbitrario

Las medidas arbitrarias son hijas del proyecto político

Por Roberto Cachanosky

 

No existe tal cosa como un modelo de inclusión social, solo tácticas de corto plazo para sostener el financiamiento del populismo. Por eso las crecientes arbitrariedades en materia política económica.

 

Al momento de redactar esta nota, la última medida de Moreno fue prohibir la importación de libros, revistas, etc. y complicar la compra de libros que, por ejemplo, se hacen por Amazon. En rigor yo diría que esta medida perjudica a la gente de menos recursos, porque para los más adaptados a las tecnologías, esta medida les causa gracia. Basta con comprar un E-book y resuelve el problema. Quien dispone de una Kindle touch de Amazon, cuesta U$S 139, puede comprar libros sin que pasen por la Aduana. Por U$S 10 puede comprar un libro y llevar casi una biblioteca consigo en un simple apartito del tamaño de una hoja de papel.

Pero más allá de la tecnología y de la violación a derechos básicos, como la de poder comprar un simple libro o revista editado en el exterior, muchas veces la gente me formula la siguiente pregunta: ¿por qué el gobierno toma estas medidas tan absurdas? Desde mi punto de vista, la respuesta a este interrogante tiene dos partes. En primer lugar, como siempre digo, el gobierno subordina la política económica a sus necesidades de construcción de poder político. No existe tal cosa como el famoso modelo, solo existe un objetivo: acumular poder. Y la política económica está armada para lograr ese objetivo. Lo del crecimiento con inclusión social es solo una frase armada para el discurso desde la tribuna y el atril.

La segunda parte tiene que ver con el día a día. Al no existir una política consistente de largo plazo, el gobierno va adoptando medidas con el solo objeto de congraciarse con la gente con medidas demagógicas. Digamos que “compra” el apoyo de la gente con medidas económicas que tienen efecto de muy corto plazo, pero como esas medidas en el mediano o largo plazo, crean problemas, lo “resuelven” con otra medida demagógica que tiene efectos más adversos, y así sucesivamente. Por eso las medidas económicas son cada vez más arbitrarias y autoritarias. Pero esa arbitrariedad y autoritarismo lo está llevando a enredarse cada vez. Veamos algunos ejemplos de medidas demagógicas que luego tuvieron un costo.

En 2005 Néstor Kirchner, desde la tribuna, decía que los productores agropecuarios lucraban con el hambre del pueblo argentino. Acto seguido prácticamente prohibió las exportaciones de carne. Esta medida tuvo el efecto de corto plazo de bajar el precio de la carne. Si uno disminuye artificialmente la demanda, es obvio que el precio baja. Bien, al frenar las exportaciones se frenó la demanda externa y el precio de la carne bajó. El resultado fue que el productor fue desalentado en su negocio y liquidó su stock ganadero. En el mediano plazo disminuyó la oferta de carne, aumentó su precio y hoy hacer un asado es todo un lujo. De 77 kilos por habitante por año que se consumían de carne por el populismo del gobierno se cayó a 55 kilos por habitante por año. Ese es el costo que hubo que pagar por prohibir las exportaciones de carne.

El otro ejemplo es el de la energía. El gobierno quiso energía barata para todos y no permitió que los productores aumentaran el precio del gas. Se desestimuló la producción de gas y petróleo, aumentó la demanda gracias a la energía barata para todos y ahora estamos importando U$S 9.000 millones de combustibles para sostener precariamente el sistema energético. El beneficio de bajar artificialmente el precio de la energía se tradujo en más dólares destinados a la importación de combustibles. Como hoy le faltan dólares al gobierno, entonces cierra la economía.

Al cerrar la economía frena la producción industrial interna porque faltan insumos. Ya destruyeron la industria frigorífica y ahora están paralizando diferentes sectores productivos porque no disponen de componentes para poder sustituir las importaciones. Esta medida está llevando a que las empresas adelanten vacaciones, se corten horas extras, se disminuyan los turnos en la industria y medidas por el estilo. El resultado es que la supuesta defensa del trabajo argentino con el cierre de las importaciones se traduce en destrucción del trabajo argentino. Basta con ver el índice de demanda laboral que elabora la Universidad Torcuato Di Tella para advertir que la demanda laboral está muy cerca del piso de lo peor de la crisis del 2002. Sí, aunque el gobierno no lo acepte y cuente una historia diferente, hoy la demanda de personal está como en el peor momento de la crisis del 2002.

Otro ejemplo, en su táctica de corto plazo de “comprar” el apoyo de la gente, el gasto público ha alcanzado niveles récord. Como la recaudación impositiva no alcanza para financiar ese nivel de gasto, a pesar de la enorme carga tributaria, el BCRA emite moneda, genera inflación y la gente termina siendo perjudicada. El remedio de Moreno es controlar los precios y generar desabastecimiento.

Pero la necesidad de financiamiento del tesoro, tanto en pesos como en dólares, es tan grande que ahora reformaron la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para hacer una orgía de emisión monetaria. Si se combina la expansión monetaria del 35% anual con menos bienes y servicios por el cierre de las importaciones y los problemas de insumos que tienen las empresas, lo que cabe esperar es una inflación mucho más aguda en los próximos meses. Y seguramente Moreno va adoptar medidas más arbitrarias y autoritarias para “solucionar” el problema.

En rigor Moreno cumple con el mandato que le da Cristina Fernández usando cualquier instrumento a su alcance. El problema es que lo que él considera una solución, es una demolición de la economía.

Para graficarlo voy a dar un ejemplo. Supongamos que a Cristina Fernández le molesta un moquito que hay en una casa. Lo llama a Moreno y le dice, no quiero más ese mosquito en la casa. Moreno, como buen soldado que es, obedece y con la delicadeza que lo caracteriza, decide dinamitar la casa. Mientras pone la dinamita el mosquito se fue por la ventana. Moreno dinamita la casa y le dice a Cristina: ¿viste que el mosquito no está más en la casa? Dinamité la casa y ya no hay, por lo tanto el mosquito ya no está dentro de la casa. Pero el mosquito se le ríe desde el jardín. Es lo que pasa con sus medidas de control cambiario, el mercado marginal de cambio y el contado con liquidez. Moreno dinamitó el sistema cambiario, pero los dólares se siguen yendo por el mercado marginal.

Como el mundo ya no ayuda y se acaban los recursos, lo que cabe esperar es que las medidas que vayan tomando sean cada vez más violentas y arbitrarias. Por lógica Moreno tiene que aplicar medidas cada vez más salvajes porque el grado de deterioro de la economía es mayúsculo. Los problemas ya no los tapan con parches chicos. Las medidas arbitrarias ahora tienen que ser a los cañonazos, bombas nucleares y aprietes de todo tipo, porque el lío que armaron y la destrucción del stock de capital son tan grandes que necesitan dinamitar la casa para que el mosquito no moleste.

El problema es que la economía argentina ya parece Kosovo de tantas bombas que tira el gobierno para tratar dominar una situación cada vez más desbordada. No hace falta abundar en explicaciones para darse cuenta que nadie invierte en un país cuya economía es constantemente bombardeada por el gobierno.

Por eso, a la pregunta de por qué el gobierno toma medidas tan arbitrarias como las que toma, la respuesta es que el famoso modelo con inclusión social no existe. Esa frase es solo parte del discurso oficial. Lo que existe es un gobierno que, por mantener como sea el poder, todos los días adopta una nueva medida arbitraria para tratar de disimular el lío del día anterior.

Debo reconocer que no soy muy optimista sobre el futuro de la economía argentina porque el gobierno será cada vez más brutal en sus arbitrariedades económicas. Es más, creo que ellos lo saben, y también saben que la situación es lo suficientemente complicada como para que por la causa más insospechada y en el momento menos pensado se produzca un alto grado de conflictividad social, conflictividad que ocurriría cuando ya se agoten las escasas municiones que tiene para financiar el populismo. No es casualidad, entonces, la Ley Antiterrorista en la que los que protesten en las calles o digan que vamos rumbo de colisión, terminen en la cárcel por desestabilizadores del gobierno. Digámoslo de otra manera, me parece que el gobierno se está preparando para reprimir el descontento popular cuando ya no le quede más pólvora en la santabárbara para financiar el populismo.

Mucha gente que durante todos estos años disfrutó de la fiesta de consumo, hoy empieza a sentir en carne propia lo que le hicieron a otros en otro momento. Es más, el kirchnerismo hasta se ha lanzado contra sus ex amigos y aliados. Moyano y una legión de empresarios que eran amigos del poder hoy ven como los atacan sin piedad. Con este dato basta para advertir hasta dónde puede llegar el gobierno cuando la situación económica se complique todavía más.

Por eso, ante la pregunta de por qué el gobierno adopta medidas tan arbitrarias, la respuesta es muy sencilla: es la única manera que conocen de sostenerse en el poder ante el creciente deterioro económico de su política populista que ellos llaman modelo de inclusión social.
Fuente: Economía para todos, 26/03/12.
Más información en: www.economiaparatodos.com.ar

Argentina: Restringen el ingreso de libros y revistas

Restringen el ingreso de libros y revistas

Por Emiliano Galli

 

La restricción al ingreso de bienes de origen extranjero llegó a los libros, las revistas y todo material impreso, desde folletos hasta cajas de cartón corrugado y etiquetas.

A tal punto que la costumbre de traer por courier (prestador de correo expreso por vía aérea) un libro comprado por Internet, por ejemplo, se verá afectada de manera sustancial: ya no llegará a la puerta de un domicilio, sino que habrá que ir personalmente a Ezeiza, al área de cargas, buscar la ventanilla de «Particulares», y retirarlo allí.

Pero la restricción a la entrada de materiales impresos no termina allí: el mismo régimen de courier -utilizado por las compañías para envíos que no superen los 50 kilos ni tengan un valor superior a US$ 1000- no puede ser más utilizado por editoriales o librerías, que ahora deberán recurrir a los servicios de un despachante de aduana y tramitar la ya famosa declaración jurada anticipada de importación (DJAI), y esperar la autorización para poder recién ordenar la compra o importación del material, según dispuso la Secretaría de Comercio Interior. Guillermo Moreno está frenando en la Aduana un amplio universo de bienes importados, preocupado por la salida de divisas del país, y, en este caso, echó mano a una exigencia de orden técnico.

El objetivo oficial es resguardar la «seguridad de la población» mediante «mecanismos de control tendientes a eliminar los peligros derivados del uso de tintas con altos contenidos de plomo en productos gráficos», tal como señala la resolución 453/2010. Tal norma obliga a certificar que las tintas que se utilicen en productos gráficos no contengan «más de 0,06% de plomo».

Asimismo, establecía su entrada en vigor a los 180 días. Pero la instrumentación llegó recién con la disposición 26/2012 de Comercio Interior, del 28 de febrero. Y la aplicación de hecho arrancó el 12 de este mes, fecha a partir de la cual debe presentarse «previo a su comercialización o ingreso al país, según corresponda, una declaración jurada».

«A partir de estas normas, todo material impreso está sometido a un tratamiento fiscal o aduanero especial, destinado en este caso a controlar la cantidad de plomo en tintas. Hasta el 12 de marzo, no había restricción alguna, por ejemplo, para traer libros por courier. Ahora, un editor deberá proceder a realizar una despacho común», explicó un abogado especializado en comercio exterior y derecho aduanero.

«El régimen de courier tenía hasta ahora tres limitaciones: el peso autorizado para importar y exportar por vía aérea, de 50 kilos por bulto como máximo; el valor del paquete, que no podía superar los 1000 dólares, y el régimen aduanero correspondiente. Este último punto es el que cambia al establecer la obligación de certificación y autorización previa a la importación», amplió.

Los pasos, entonces, arrancan con la presentación de una nota en la Dirección de Comercio Interior declarando que la mercadería que se importa no contiene tintas con tal proporción de plomo en su composición. Luego, con la constancia de presentación, se debe gestionar la DJAI. «Esto, siempre y cuando se trate de importaciones realizadas por compañías, que deberán conseguir del fabricante extranjero el dato con la cantidad de plomo en tinta del producto impreso», agregó.

Desde DHL, el courier que más mercadería mueve en el país en cuanto a envíos postales expresos por vía aérea, confirmaron los cambios operativos. «Lo que antes hacíamos nosotros ahora requiere un despacho formal, en un número importante de posiciones arancelarias, alrededor de 25», indicaron, tras aclarar que «al tratarse los productos de papel de mercadería pesada, el volumen que se mueve por vía aérea no es importante porque el costo por kilo encarece mucho el flete».

«Supongo que ahora, para evitar cierto tipo de certificaciones, comenzarán a imprimir cierto tipo de libros acá», arriesgó a modo de interpretación un despachante que trata con editoriales. No obstante, advirtió que la mayoría de los impresos que provienen de la Unión Europea y de los Estados Unidos «no usan tintas con alto contenido de plomo».

Eso sí, las tintas de seguridad usadas en la impresión de papel moneda están exentas «de cualquier tramitación», dispone Guillermo Moreno.
Fuente: La Nación, 23/03/12.

 

 

 

 

Guillermo Moreno asumió oficialmente el control de las importaciones

 

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 1/2012 de la Secretaría encabezada por Guillermo Moreno. La presente comenzará a regir a partir del 1 de febrero de 2012. Algunos países del Mercosur consideraron que se trata de una medida «proteccionista» que afecta el intercambio comercial.

Con la firma del secretario de Comercio Interior, fue publicada en el Boletín Oficial la resolución que adhiere a la «declaración jurada anticipada de importación». Aseguran que la medida tiene como objetivo «impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente» por operaciones.

La Secretaría de Comercio Interior adhirió a la resolución número 3.252 que emitió la AFIP, «por medio de la cual se establece un régimen de información anticipada aplicable a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo, a través de una declaración jurada anticipada de información (DJAI)».

La medida fue publicada ayer en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 1/2012 de la Secretaría encabezada por Guillermo Moreno. La presente comenzará a regir a partir del 1 de febrero de 2012.

En el texto de la resolución se aclara que es necesario para la Secretaría «contar con la información referida en dicha norma, con el objeto de realizar análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente, ya que la importancia cualitativa y/o cuantitativa de las importaciones a efectuarse tiene la característica de impactar sobre el comercio interior».

«Al mismo tiempo -agrega el texto- el acceso a la información contribuirá a una mejor y mayor evaluación del grado de competitividad de la actividad económica, posibilitando la tipificación de las estructuras de costos de los bienes que conforman el mercado».

Cuando se conoció la noticia a principios de semana, la medida recopiló respaldos y críticas desde distintos sectores empresariales argentinos, así como de socios del Mercosur, donde tanto Brasil como Uruguay coincidieron en calificar de «proteccionista» la política aplicada por el Ejecutivo nacional, en tanto complica el intercambio comercial.

Fuente: Infobae.com

 

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