Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
En un escenario de globalización jurídica y erosión de las fronteras y capacidades nacionales, la transnacionalización del Crimen Organizado acelera a niveles sin precedentes. El Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, al que invita FININT es, desde hace tres años, el único curso que brinda profesionales del más alto nivel, especialistas y la última información y documentación sobre los tipos delictuales que escalan a gran velocidad en la agenda de los principales gobiernos y organismos internacionales, en un marco excepcional como es la Universidad de Buenos Aires.
Argentina, una de las economías más desarrolladas de la región, no puede quedarse atrás en este escenario. Los alumnos recibirán las herramientas de análisis, interpretación y razonamiento para tomar decisiones que cumplan con los más altos estándares internacionales y ayuden a nuestro país a liderar el combate contra estos delitos en la región y en el mundo. Es en el ámbito de este curso de posgrado donde se brinda la capacitación adecuada para alcanzar los más altos niveles de conocimiento, necesarios para enfrentar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de forma efectiva..
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Objetivos
Ofrecer un diagnóstico realista de la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA-FT) y los delitos relacionados, en particular el narcotráfico y la corrupción.
Presentar los programas de estandarización jurídico-institucionales que se han gestado en estas dos últimas décadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acción de los lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo.
Ofrecer los trazos de una Evaluación Nacional de Riesgos en esta materia.
Identificar las metodologías que se utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito.
Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigación patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevención y persecución de estos delitos.
Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de prevención que han desarrollado los actores del sector público y privado en esta materia.
Examinar el papel que le toca jugar a la política criminal en el campo del combate a los ilícitos financieros.
Características del Curso
El PGLAFT/UBA es un curso que el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho ofrece en el marco de los llamados Programas de Actualización, destinados a graduados universitarios que tienen por objetivo especializarse en áreas del conocimiento que resultan importantes y estratégicas en la sociedad actual.
En particular, el PGLAFT/UBA vuelve a ofrecerse en 2017, dado el éxito de las ediciones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 habiéndose formado a más de 350 profesionales, quienes se caracterizaron por la excelente calidad en términos de participación y compromiso.
Del mismo modo que el año pasado, el tema rector será el problema de la efectividad del combate de los ilícitos financieros y los delitos vinculados, dado que esta cuestión constituye uno de los principales desafíos internacionales para la Argentina y los países de la región. A partir de esta realidad, el curso se orientará a pensar los presupuestos que se ponen en juego institucionalmente para lograr que los controles del sector público y privado produzcan los resultados esperados en relación a las amenazas, vulnerabilidades e impacto que estas actividades generan en concreto.
Este año se introducirá como variante que el curso se dividirá por una serie de clases a determinar, en dos grupos dedicados a profundizar (i) la investigación patrimonial en el marco de una investigación penal y (ii) la tarea de compliance en el marco de la prevención que realizan los sujetos obligados. En ambos casos, los profesores se ocuparán de ofrecer ejemplos prácticos basados en la experiencia.
Además, al final del curso se tratarán tópicos específicos como narcotráfico, corrupción, contrabando, etc., como delitos generadores de dinero ilícito. Otros temas actuales que también se analizarán son: la evaluación de riesgos, el beneficiario final, las compañías fantasmas, los acuerdos de intercambio de información fiscal, el dinero digital y las nuevas tecnologías.
Considerado esto, debe ponderarse que el PGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En este sentido, el programa procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles, de seguros y otros sectores, actividades económicas, profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela.
Para la organización de este Curso de Posgrado, la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien, como organización civil sin fines de lucro, pone al servicio de la Universidad de Buenos Aires su reconocido know how y network en este campo de acción específico.
Este año se introducirá como variante que el curso se dividirá por una serie de clases a determinar, en dos grupos dedicados a profundizar (i) la investigación patrimonial en el marco de una investigación penal y (ii) la tarea de compliance en el marco de la prevención que realizan los sujetos obligados. En ambos casos, los profesores se ocuparán de ofrecer ejemplos prácticos basados en la experiencia.
Además, al final del curso se tratarán tópicos específicos como narcotráfico, corrupción, contrabando, etc., como delitos generadores de dinero ilícito. Otros temas actuales que también se analizarán son: la evaluación de riesgos, el beneficiario final, las compañías fantasmas, los acuerdos de intercambio de información fiscal, el dinero digital y las nuevas tecnologías.
Considerado esto, debe ponderarse que el PGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En este sentido, el programa procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles, de seguros y otros sectores, actividades económicas, profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela.
Para la organización de este Curso de Posgrado, la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien, como organización civil sin fines de lucro, pone al servicio de la Universidad de Buenos Aires su reconocido know how y network en este campo de acción específico.
Metodología de Evaluación
A los fines de culminar el Programa de Actualización, los asistentes deberán entregar un trabajo o participar de un coloquio que será evaluado por un tribunal examinador designado en tal oportunidad.
Diploma UBA
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires otorgará un diploma oficial a aquellos alumnos que completen con éxito el programa académico y aprueben la evaluación.
Plan de Estudios
CONFERENCIA DE APERTURA: “LA ESTRATEGIA NACIONAL COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN TECNICO-POLÍTICO DEL COMBATE ALA/CFT”
PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PGLAFT
UNIDAD 1. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES: EL GAFI Y LAS NACIONES UNIDAS
UNIDAD 2. LA AGENDA REGIONAL: GAFILAT
SEGUNDA PARTE. LA DECISIÓN ESTRATÉGICA FRENTE A LOS RIESGOS DE LA-FT
UNIDAD 3. LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGO
UNIDAD 4. LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE AL LA/FT
TERCERA PARTE. RÉGIMEN PENAL DE LAFT
UNIDAD 5. RÉGIMEN PENAL DE LA: EL TIPO PENAL Y EL DECOMISO DE LOS BIENES
UNIDAD 6. RÉGIMEN PENAL DE FT: EL TIPO PENAL Y EL CONGELAMIENTO DE FONDOS
CUARTA PARTE. INTELIGENCIA FINANCIERA
UNIDAD 7. LA MISIÓN Y FACULTADES DE LA UIF
UNIDAD 8. LA ACTIVIDAD REGULATORIA Y SANCIONATORIA DE LA UIF
QUINTA PARTE. LOS SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD 9. LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS DIRECTORES Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD 10. LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE
SEXTA PARTE. EL RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD 11. EL LA COMO CONFLICTO ADMINISTRATIVO
UNIDAD 12. EL RECURSO DIRECTO ANTE LA CÁMARA FEDERAL EN LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SÉPTIMA PARTE. LOS DELITOS VINCULADOS.
CORRUPCION
NARCOTRAFICO
CONTRABANDO
TERRORISMO
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
SEMINARIOS EX CURSUS
CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA
ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA ARGENTINA
EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
INVESTIGACION PERIODISTICA EN LAVADO DE ACTIVOS
LA PLAFT EN LA AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMALIDAD DE LA ECONOMÍA Y LAVADO DE ACTIVOS
DINERO DIGITAL. NUEVOS DESAFIOS
EL NUEVO RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.
Staff de Profesores
Enrique ANTONINI
Mariano BORINSKY
Claudio BONADÍO
Edgardo BUSCAGLIA
Patricia BULLRICH
Jorge CASTRO
Marcelo COLLOMB
Fernando CÓRDOBA
Delia CORTELETTI
Juan CUCCIA
Juan CURUTCHET
Katchik DERGHOUGASSIAN
Guillermo EZQUERRA
Daniel FAQUETTI
Esteban FULLIN
Diego IGLESIAS
Germán GARAVANO
Juan Carlos GEMIGNANI
Diego GORGAL
Claudio GUTIERREZ DE LA CÁRCOBA
Diego GUTIERREZ ZALDIVAR
Ignacio HAGELSTROM
Ariel LIJO
Mariano LOPEZ FERRUCCI
Javier MARTÍNEZ
Hugo MIGUEL
Martín MONTERO
Jorge MOSTEIRO
Santiago OTAMENDI
Juan PETERSEN
Raúl PLEE
Mariano RENTERÍA
Graciela ROSICH
Daniel SANTORO
Ricardo SPADARO
Gilda SPOLTORE
Guillermo Fabio TREACY
Sergio TORRES
Walter Daniel VALLINI
Mario VILLAR
Juan ZÁRATE
Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero.
Por Martín Dinatale.
Juan Félix Marteau, coordinador nacional de Combate contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus cuentas, canales clandestinos de lavado de activos y denuncias judiciales inconclusas. Todo este cuadro representa hoy en la Argentina el esquema perfecto para presenciar «severas vulnerabilidades frente a la amenaza que implica actualmente el sistema global de recolección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas».
Así lo revela un crudo informe interno del Ministerio de Justicia, al que tuvo acceso LA NACION, que destaca, entre otras cosas, que en el país «existen indicios de diverso alcance e importancia que permiten afirmar que hay una cierta posibilidad de circulación de activos asociados a la violencia terrorista».
El informe, de 25 páginas, fue elaborado por el equipo liderado por Juan Félix Marteau, el coordinador nacional de la oficina de Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esta dependencia, que tiene línea directa con el ministro de Justicia, Germán Garavano, elaboró una dura radiografía de los peligros que presenta la Argentina por el «desmantelamiento legislativo en materia de lucha contra el terrorismo» y los «canales abiertos que pueden ser usados por grupos terroristas por su alto nivel de vulnerablidad».
Además, se busca crear por decreto una unidad de coordinación de combate de estos delitos con el apoyo de todos los ministerios, del Poder Judicial y del sector privado.
El trabajo que realizaron Garavano y Marteau fue elevado hace 10 días a Mauricio Macri y se presenta no sólo como un informe más de la herencia recibida: apunta a crear por decreto una «estrategia nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo», con la coordinación de una unidad concentrada en el Ministerio de Justicia pero con el aporte de los ministerios, dependencias autónomas y el sector privado.
«Frente a la vulnerabilidad severa de los sistemas de financiamiento del terrorismo en la Argentina debemos actuar cuanto antes. No podemos esperar a que grupos terroristas sustenten económicamente en el país la capacitación de redes, la comunicación o el traslado de equipos y personal», señaló Marteau a LA NACION.
¿Se han detectado en la Argentina fondos provenientes del terrorismo?, preguntó este diario a Marteau: «No hay esa constancia -respondió-, pero existe un sistema legal y financiero que lo permite perfectamente.» Este funcionario se reunió la semana pasada con su par de Estados Unidos, Daniel Glasser, con quien compartió la radiografía de la dura realidad argentina; el funcionario norteamericano se mostró dispuesto a colaborar con las medidas que impulsa el Gobierno.
El estudio sostiene que «la particularidad que presenta la financiación del terrorismo -a diferencia del lavado de activos- es que los fondos implicados no necesariamente provienen de un origen ilícito, sino que es su destino criminal el que termina generando su ilegitimidad». Por ello, la tarea que plantearon Garavano y Marteau al Presidente apunta a identificar el movimiento de fondos cuyo objetivo sea dar sustento económico a actividades u organizaciones orientadas a producir graves consecuencias para la integridad física de las personas y, a la vez, generar un alto impacto social, económico y político. Entre los puntos centrales de la advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema financiero argentino se pueden detallar:
Reformas para el GAFI. Se señala que «no se han promovido las reformas institucionales adecuadas para conocer, evaluar y controlar los circuitos clandestinos de fondos que pueden ser utilizados para la financiación de actos terroristas que puedan desarrollarse no sólo en el país, sino también en la región u otro lugar distante». Ésta es una exigencia contemplada en la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no se cumple actualmente.
Carencia de normas. Tanto el gobierno actual como el GAFI advierten que «la Argentina carece de una norma para criminalizar al terrorista individual y la financiación de actos y grupos terroristas con independencia del fin perseguido».
Información sensible. Quedó en evidencia como deficiencia que «no se conocen canales efectivos para facilitar el intercambio de información sobre actos y organizaciones terroristas y tampoco se ha demostrado la eficacia del sistema para resolver solicitudes de extradición».
Transferencias por cable. Si bien el informe señaló que las entidades financieras y cambiarias están alcanzadas por regulaciones del Banco Central para transferencias telegráficas, hasta hoy no se previeron disposiciones para transferencias locales. Así, «no existe un enfoque basado en el riesgo sobre transferencias telegráficas y no hay obligación de finalizar la relación comercial con entidades financieras que no las controlen».
Correos de efectivo. El documento destaca que «no se encuentran coordinadas las medidas contra financiación del terrorismo entre la Aduana, la UIF y las fuerzas de seguridad para el control del transporte transfronterizo de divisas».
Congelamiento y decomiso de activos terroristas. Se advirtió que en la Argentina existe una ineficacia en las medidas para congelar fondos de las personas y organizaciones listadas como terroristas por la ONU, en tanto no existen procedimientos para descongelar y deslistar.
Sistemas alternativos. Este punto muestra que no existe en el país regulación ni supervisión de las compañías de remesas de fondos, así como tampoco hay una supervisión adecuada de las casas de cambio.
ONG sin fines de lucro. Alerta que no existen normas de supervisión para el combate de la financiación del terrorismo sobre organizaciones sin fines de lucro. Allí se puso la lupa en las mutuales y cooperativas que se montaron durante el kirchnerismo con un escaso control de sus movimientos de fondos.
Manipulación política. El informe sostuvo que Cristina Kirchner distorsionó los datos para la estadística del GAFI y se permitió que aparezca como cooperador internacional en la designación de terroristas (100 personas) y congelamiento de fondos (euros 98.000), cuando el kirchnerismo aplicó esta severa medida a personas que no eran terroristas.
Las conexiones con la denuncia de Nisman
La denuncia por encubrimiento a Irán de parte del gobierno de Cristina Kirchner que elevó en su momento el fallecido fiscal Alberto Nisman fue tomada en cuenta por actual el Ministerio de Justicia para investigar las posibles conexiones entre esa causa y eventuales delitos de financiamiento de grupos terroristas.
Así, un informe elaborado desde la cartera de Justicia destaca que «habrían existido durante estos últimos años importantes movimientos de fondos, de contactos y de relaciones de orden económico entre los actores públicos y privados» que propiciaron el memorándum de Irán y la Argentina por la causa AMIA.
El documento reveló que «en estos últimos años se ha realizado un esfuerzo significativo -incluido el soporte económico- para encubrir a los responsables del ataque terrorista perpetrado contra la AMIA en el marco de un Estado gravemente debilitado para impedir tales acciones».
Advierten que la matriz de corrupción pudo ocultar movimientos de fondos de otros ilícitos.
Las causas judiciales por corrupción del kirchnerismo podrían comprobar «la posible existencia de una matriz financiera ilegítima que ha permitido el movimiento y la protección del dinero proveniente de diversos ilícitos». Así lo señala el informe del Ministerio de Justicia elaborado por la Unidad de Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que dirige Juan Marteau, con la supervisión del ministro Germán Garavano .
De esta manera, ese informe sostiene que «la venta de medicamentos adulterados (caso Zanola), de la comercialización de precursores químicos de uso múltiple (casos triple crimen y efedrina), de la adjudicación irregular de obra pública (caso Báez), así como también de la ejecución políticamente condicionada de programas sociales y de vivienda (casos Sueños Compartidos y Milagro Sala) permiten verificar los vacíos legales e institucionales que presenta el Estado frente a la significativa economía subterránea existente en la Argentina».
Además, el informe, de 25 páginas, destaca que en estas causas judiciales en trámite se «pone en evidencia la debilidad de los controles regulatorios y de supervisión sobre los vehículos financieros espurios, los compartimientos estancos, que impiden el intercambio de información sobre las personas físicas y jurídicas que operan en el mercado ilegal; la precaria y lenta respuesta de los organismos especializados de las administraciones nacional y provinciales ante los requerimientos judiciales referidos a la situación patrimonial y financiera de los sospechados de cometer delitos con repercusión económica».
También se advirtió en ese documento, al que tuvo acceso LA NACION, sobre la «connivencia de algunos funcionarios públicos en la conformación de estructuras societarias ficticias creadas para mover fondos ilegítimos». De esta manera, el equipo dirigido por Marteau aseveró: «Es evidente que en este cuadro de situación se ha gestado una plataforma apta para la circulación de fondos que pueden ser utilizados para la comisión de actos de terrorismo o el sostenimiento de organizaciones e individuos terroristas«.
Por otra parte, la porosa y peligrosa Triple Frontera (Brasil, Paraguay y la Argentina) vuelve a ser materia de análisis de los expertos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Así, el informe elaborado por el Ministerio de Justicia destacó que la Triple Frontera «continúa siendo un lugar apto para el transporte transfronterizo de dinero ilegal, mostrando la porosidad de las fronteras» y un espacio apto para las transacciones financieras para eventuales grupos terroristas.
El año pasado, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre «un nexo» en el tráfico de armas, estupefacientes y personas en la Triple Frontera como «fuentes de financiación para organizaciones terroristas».
Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero
Entrevista a Juan Félix Marteau.
Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Además, se explaya sobre su designación como Coordinador Nacional en la materia y su interacción con el Poder Judicial.
Los delitos complejos y su vínculo directo con el Lavado de dinero se han convertido en grandes desafíos que enfrentan los Estados en el mundo. Con numerosas causas que conmocionan a la opinión pública, la Argentina es un caso testigo de la proliferación de ese fenómeno y de ahí la necesidad de una actualización técnica permanente. Con ese propósito, desde hace cinco años Juan Félix Marteau dirige en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con un plantel de profesores con vasta experiencia en distintos campos de acción. El propio Marteau acredita antecedentes como profesor de Criminología de la UBA, creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), asesor presidencial en distintos estados de la región y en el Fondo Monetario Internacional y, en la actualidad, como flamante funcionario a cargo de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Es un orgullo para nosotros realizar un posgrado que tiene estándares globales. Participan todos los sectores con experiencia en el sistema argentino anti-lavado de activos y de combate al terrorismo: jueces, fiscales, legisladores, periodistas, reguladores, expertos internacionales. Al mismo tiempo, nuestros alumnos son profesionales del sistema, con el agregado enriquecedor de que los profesores aprendemos mucho de ellos. Nuestro progreso en esta materia se dio en un contexto político en el que se malversaron los recursos del Estado de manera absolutamente ilegítima. En la Argentina tenemos ahora recursos humanos que han tomado nota de la importancia estratégica que tiene este tema”, dice.
El Programa de Actualización 2016/UBA se cursa de abril a diciembre en la Facultad de Derecho, con un total de 128 horas cátedra. Los magistrados Mariano Borinsky, Claudio Bonadio, Ariel Lijo, Raúl Pleé y Claudio Gutiérrez de la Cárcova; y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), entre otros, forman parte del staff de 50 profesores.
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda a 30 años y su tasa, envidia de Venezuela y Argentina.
Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.
El proceso de Paraguay, sin embargo, no fue fácil ni automático. Requirió varios años hasta que sus finanzas estuvieran ordenadas y prolijas y el gobierno mostrara verdaderos signos de cambio hacia los estándares exigidos por los organismos multilaterales de crédito. Pero además, debía evidenciar transparencia en dos ejes que resultan fundamentales para quienes compran deuda: lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El gobierno de Asunción tenía pésimos récords en estas materias. Desde que en 2008 ingresara en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI, FATF, por sus siglas en inglés) por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que su situación se agravó. En ese informe, el organismo reprochaba a Paraguay las “importantes lagunas” respecto a “los riesgos en Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), tanto en el sector público como en el privado. El país está lejos de alcanzar la mayoría de las recomendaciones de GAFI”.
Pero la drástica evaluación no terminaba allí. También ponía el foco en el “cuantioso contrabando existente en las fronteras con la Argentina y Brasil (que) facilita el lavado de dinero en Paraguay”. Ese lugar, conocido como la Triple Frontera facilita el “tráfico de estupefacientes, el contrabando y la falsificación de mercaderías”. ¿Qué país podría querer invertir en Paraguay dadas la baja calificación y la situación que allí se experimentaba? Más aún cuando el gobierno no mostraba ningún avance en su lucha.
También el Fondo Monetario reprochaba a Paraguay su falta de tenacidad en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, el organismo de crédito hace referencia a las “cantidades de dinero que son enviadas periódicamente a Medio Oriente tanto a través de transferencias cablegráficas y otros medios informales”. En numerosas investigaciones periodísticas, Infobae explicó cómo funcionaba la ruta del dinero entre la Triple Frontera (y América Latina en general) y el grupo terrorista Hezbollah, cuyos miembros operan en la región.
Hacia 2008, incluso, Paraguay tampoco contaba con una legislación pertinente que le permitiera sancionar a aquellos que financiaran actividades terroristas. “No tiene disposiciones específicas que permitan congelar fondos de terroristas u otros activos de las personas y entidades jurídicas designadas”.
Estos puntos y la falta de esfuerzos dejaron a Paraguay al margen del mundo. Si bien era un país que nunca había experimentado una ingerencia internacional relevante, la apertura que pretendía el nuevo gobierno que continuó al depuesto sacerdote Fernando Lugo requerían un cambio financiero, pero sobre todo cultural en materia económica.
Al año de estar a cargo del gobierno, el ex presidente Federico Franco aprobó el “Plan Estratégico del Estado Paraguayo en su Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de destrucción Masiva”. Firmado el 11 de junio de 2013, el decreto del Poder Ejecutivo permitiría al país sanear su imagen en el exterior y conseguir que los mercados depositaran su atención en ese territorio desconocido para la mayoría del globo.
Para lograr el plan integral, Franco no sólo convocó a sus hombres de confianza, a todos los ministros y a los mejores técnicos que tenía disponibles la nación. También hizo partícipe del proyecto al sector privado. Fue así como la Asociación de Bancos del Paraguay, la Asociación de Casas de Cambios, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, la Asociación de Entidades Financieras, el Colegio de Contadores de Paraguay, la Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias y el Colegio de Escribanos del Paraguay fueron instituciones que contribuyeron desde su perspectivas a optimizar el plan trazado por el gobierno.
El ambicioso proyecto tenía el apoyo, además, del Banco Central de Paraguay, la Unidad de Información Financiera de Paraguay (UIF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional. Entre las misiones que se propuso el plan “interinstitucional”, Asunción buscaba “afianzar el prestigio e imagen del país ante la comunidad internacional” y “proteger la reputación del sistema financiero y de la economía”.
En el texto se enumeran además los “esfuerzos” que realizó Paraguay para salir de la “lista gris” impuesta por el GAFI que le impedía la llegada de inversiones genuinas. La reforma en el Código Penal, la llegada de comisiones internacionales de la OEA para fiscalizar los avances en la lucha contra la corrupción, también medidas tendientes a mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El trabajo conjunto con oficinas del GAFI y el Fondo fueron clave para acelerar los procesos y dejar atrás la temida “lista gris”. En diciembre de 2012, cuatro años después de haber ingresado, el “Pleno de GAFI removió a Paraguay de ese ranking “por haber cumplido las exigencias” de ese organismo.
Uno de los objetivos que tienen este tipo de regulaciones es atacar el corazón de las bandas delictivas internacionales. Paraguay entendió a la perfección que debía “privar a las organizaciones criminales y terroristas (de su) patrimonio -muchas veces cuantioso- para desarrollar sus actividades y afianzar su poder en territorio nacional, regional o global”.
En la oferta de la colocación de deuda de mil millones de dólares a treinta años, el memo descriptivo hizo referencia a las innumerables medidas que Paraguay había ejecutado en los últimos años “contra el lavado de dinero destinado a financiar el terrorismo al aprobar una importante legislación y el fortalecimiento de sus sistemas de controles y de supervisión”.
En tal sentido el memorando enumera que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) implementó “regulaciones relativas a las remesas que no fueran hechas a través de bancos u otras entidades financieras” y exigiendo “información en relación a lo transferido”. Por caso, ejemplifica con casos en que el gobierno sancionó a aquellas empresas que no cumplieron con los recientes requisitos impuestos por la administración. “Como resultado de ello Paraguay no es más sujeto de control por parte del GAFI”, señala el documento presentado por J.P. Morgan y el Bank of America Merrill Lynch.
La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha comenzado a poner en evidencia que buena parte de la información reunida por los dispositivos de inteligencia del Estado no se destina a proteger a la Nación y sus ciudadanos, sino a alimentar los intereses facciosos del grupo gobernante.
Quienes intervenimos en el campo de la inteligencia financiera -sin dudas, el mecanismo actual más efectivo para obtener datos sensibles sobre un blanco determinado-, hemos tenido la posibilidad de comprobar que la degradación de este tipo procedimientos estratégicos obedece a una lógica política de varios años.
A comienzos de 2010, se produjo el desplazamiento intempestivo de los funcionarios de la UIF, incluidos muchos colegas honestos, capaces y competentes con los que tuve la posibilidad de trabajar durante la gestión de Néstor Kirchner. El motivo era que la actual Presidente necesitaba “soldados obedientes” para golpear al Grupo Clarín de la manera que fuese posible. Con el armado de una serie de falsas acusaciones sobre lavado de activos funcional al “relato”, se pretendía corroer la larga reputación de esta empresa y, en el asalto final, lograr la imposición de multas millonarias y condenas graves para sus directivos.
El semanario Veintitrés, del Grupo Spolsky, que recibe desde hace diez años una millonaria pauta publicitaria del gobierno, publicaba, el día 19 de agosto de aquel año, una larga nota sobre supuestas maniobras criminales de la compañía de multimedios. Este aparato de propaganda realizaba un montaje con información financiera confidencial que sólo se podía obtener de las agencias estatales que pergeñaban una artificiosa investigación. Luego se pudo comprobar que ese mismo día se producía el “pase administrativo” a la UIF de un expediente que por mandato legal debía ser estrictamente reservado. La operación era burda, pero efectiva en un país donde la impunidad es un cáncer avanzado. Este es un ejemplo concreto en los que la violación de los secretos de inteligencia se mezcla con el abuso de autoridad, la tentativa de cooptación de jueces y fiscales y la utilización ominosa de medios de prensa.
En aquel momento, muchos pensaron que este era un problema estrictamente de Clarín sin advertir que el éxito de este tipo de maniobras volvía posible cualquier operación contra el enemigo de turno, en nombre del Mov. Nacional y Popular.
En un momento crítico del país, en el que resulta prioritario el reordenamiento de las funciones esenciales del Estado de acuerdo a la Constitución y para beneficio de la ciudadanía, genera una expectativa alentadora la circunstancia de que la Justicia Federal haya avanzado en el esclarecimiento de este tipo de prácticas ilícitas.
– Juan Félix Marteau es abogado. Profesor de Criminología (UBA).
El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un coste calculado en el autor de un delito. Siguiendo la tradición de pensamiento inaugurada por Hegel, la doctrina jurídica moderna –destacándose G. Jakobs– ha sabido explicar que la punición no es sólo un hecho que causa un mal al agresor, sino más bien una experiencia que permite reafirmar la confianza de los ciudadanos en el derecho.
Así, la pena permite mantener activas las expectativas de que nuestras relaciones sociales se configuran con recurso a las normas jurídicas.
Sin embargo, para que el castigo sea un registro que permita a los individuos tomar los mandatos normativos como guía para su acción práctica, es necesario que aquél tenga un grado significativo de realización, esto es, que produzca el impacto que ha sido programado de acuerdo a la importancia del injusto.
Puede tomarse como ejemplo lo que sucede en la Argentina con la sanción a los lavadores.
La primera ley en esta materia data de 1989: ella reprimía a quienes encubrían el dinero proveniente de la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes.
La segunda ley es del año 2000. En esta oportunidad no sólo se amplió el alcance de los delitos vinculados al lavado de activos, sino que también se diseñó un mecanismo de prevención y de detección financiera orientado a mejorar su control y represión.
La tercera y actual ley fue sancionada con la perspectiva de mejorar el encuadre normativo de la infracción. De acuerdo a cada modalidad, las penas principales van de seis meses a diez años de prisión y multa, siendo una pena accesoria el decomiso de los bienes.
Si se consideran únicamente los catorce años de vigencia del “sistema antilavado” (2000-14), se puede verificar que se produjeron condenas en cuatro casos. En tres de ellos, las penas de prisión no superaron los tres años y fueron dejadas en suspenso. Sólo en uno de los casos, el circuito de la reacción estatal (prisión efectiva, multa y decomiso de bienes) fue completo; en dos casos, hubo prisión en suspenso y decomiso; y en el restante, prisión en suspenso y multa.
Siendo más precisos, de los trece condenados en el conjunto de estos supuestos, seis no sufrieron la pérdida de libertad anunciada.
Antes de arribar a una conclusión, hay que poner la respuesta penal en contexto. Durante el mismo período de tiempo analizado, la actividad regulatoria fue significativa: en la actualidad, hay más de 30.000 sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de sus clientes; son más de 90.000 los reportes enviados a la Unidad de Información Financiera para su análisis; llegan a casi 7.000 las inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento de la ley antilavado.
En ese marco, 18 sujetos obligados, la mayoría bancos, recibieron una multa por parte de la UIF. Estas sanciones pecuniarias, que en su totalidad alcanzan una suma cercana a los 220 millones de pesos, se encuentran en proceso de revisión por parte de la justicia contencioso-administrativa.
Objetivamente, puede verificarse que la presión del sistema antilavado sobre los clientes y el sistema financiero formal no encuentra correlato en el castigo efectivo a los lavadores, particularmente en aquellos que reciclan el dinero de las bandas organizadas.
Considerando que la actual administración impulsa un amplio cambio de la legislación penal de forma y de fondo, es oportuno tener presente que uno de los mayores desafíos de la reforma estructural del sistema penal argentino es acortar la brecha que existe entre pena comunicada y pena efectuada, particularmente frente a la comisión de delitos graves.
Debe examinarse que lo dicho sobre el lavado de activos es extensible a los otros hechos punibles “conexos” al crimen complejo, como la corrupción y el tráfico de influencias: en todos estos casos, las consecuencias para los autores son mínimas.
Diagnóstico de riesgos, decisión estrategia, (nuevo) enlazamiento productivo con el sector privado, criterios de oportunidad para la inteligencia financiera, técnicas especiales de investigación para los fiscales, análisis patrimoniales, especialización y apoyo logístico para los jueces son herramientas que han dado buenos resultados en la experiencia internacional. Además, es necesario el reordenamiento de las reglas de aplicación de las penas.
Los castigos que no se realizan en la realidad concreta se convierten en meras amenazas, esto es, en un puro anuncio intimidatorio que les hace perder su verdadero poder estabilizador.
Dicho esto, queda evidenciado que el problema de la efectividad de la ley penal es un conector clave de la seguridad jurídica con la seguridad política, dos condiciones esenciales para que el desarrollo de nuestra sociedad no sea una nueva utopía demagógica.
— Juan Félix Marteau es abogado. Profesor de Criminología (UBA).
El lavado del dinero y la corrupción política.
Entrevista de Mario Cáffaro.
“Hay que poner el foco en el lavado del dinero de la corrupción política”
Juan Félix Marteau, abogado especialista en sistemas antilavado de activos, advirtió sobre las debilidades de los controles argentinos. Sugirió a los futuros gobernantes tener un buen diagnóstico para saber hacia dónde apuntar las políticas públicas.
“La Argentina no está preparada para hacer frente al ingreso de dineros sospechosos y esto se deriva de indicadores objetivos. La comunidad internacional, a través de mecanismos preestablecidos, ha evaluado a la Argentina en los últimos trece, catorce años y los resultados han sido muy negativos”. La afirmación le pertenece a Juan Félix Marteau, abogado y sociólogo, graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y con varios doctorados en universidades extranjeras, especialista en el campo de la criminalidad financiera transnacional, en particular, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros ilícitos con repercusión económica.
Juan Félix Marteau
Marteau fue delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hasta enero de 2008 cuando el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo removió del cargo. Durante la gestión de Néstor Kirchner fue titular de la coordinación nacional de actividades para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Le atribuyen la autoría del proyecto de ley que, a mediados de 2007, aprobó el Congreso para reprimir el terrorismo y su financiamiento, con lo cual la Argentina logró evitar, a último momento, que el Gafi hiciese una declaración pública de condena contra el país por no tener una política de transparencia adecuada.
Días atrás, este paranaense, volvió a Santa Fe invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para abrir el año académico con una charla referida a “la efectividad de los sistemas antilavado de efectivos y contra-financiación del terrorismo”.
“La Argentina ha batido el récord de permanencia en un proceso de seguimiento intensivo como miembro pleno del Gafi lo que significa que ha enfrentado numerosas dificultades a la hora de estandarizar sus normas y sus instituciones en la materia. Este es un indicador objetivo que hay que considerar. La realidad argentina indica que hay amenazas muy concretas, en el rango uno podría colocar al narcotráfico y en ese mismo peldaño a la corrupción”, afirma.
Decisión estratégica
Para Marteau, existe “una dificultad de la dirigencia y de los líderes políticos en absorber los problemas concretos de la sociedad argentina y tomar las herramientas adecuadas y necesarias para enfrentar el narcotráfico. En este campo se requiere decisión estratégica y para eso se necesita tener un muy buen diagnóstico de los problemas y saber con mucho realismo con qué dispositivos cuenta el Estado argentino para actuar. Llama la atención la inercia y la incapacidad para actuar”.
Pero el experto también recomienda “poner el foco en el dinero de la corrupción política, estructural, que se lava en el país y sobre todo considerar en qué medida esos reductos donde se lava el dinero de la corrupción no han sido utilizados en estos últimos cinco a diez años, también para lavar el dinero del narcotráfico. El punto de confluencia de estos dos fenómenos está en el dinero ilícito. Allí está el punto clave donde hay que poner el eje de la intervención estratégica del Estado”.
«Hay que mirar las designaciones que se han hecho en los últimos años para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo para entender hacia dónde está orientado el sistema. Analizando los nombres se entiende lo que se pretende hacer con el sistema antilavado y antiterrorismo”
Marteau reconoce que “el país tiene normas, pero carece de reglas claras para la aplicación. No tenemos una evaluación de riesgo, no sabemos cuáles son las mayores amenazas y quien termina sufriendo las consecuencias de una carga del derecho y los controles es el ciudadano común”.
No duda en señalar que el lavado de dinero ligado al problema de la seguridad está entre los que ocupan los primeros cinco lugares en la Argentina que viene. No cree que haya que copiar modelos de otros países para hacerle frente. “La urgencia argentina es entenderse y entender cuáles son los procesos y los proyectos que tanto los líderes de la clase política como de la dirigencia en general, tienen que tener en estos temas”.
Terrorismo y narcotráfico
Sobre la lentitud de la Justicia Penal en avanzar en causas contra funcionarios públicos, Marteau señala que “el problema de la crisis de la autoridad que hay en la Argentina al momento de aplicar las leyes resulta notorio. La autoridad en la Argentina y en el Estado de derecho se manifiesta en la legalidad; cuando la legalidad está torcida y se crean una multiplicidad de mecanismos para que la ley penal no se aplique significa una controversia directa al criterio y al principio de autoridad”. Como desafío para quienes trabajan en el campo de la criminalidad compleja, “de esta criminalidad más fría, que no se ve en los diarios porque eventualmente no hay hechos de sangres directos requiere una estrategia muy estilizada, pero mucha decisión política y la contribución que podemos hacer desde la Universidad es entender que los debates no deben ser sólo de ideas, ideológico, tienen que aportar herramientas a los que toman decisiones para reconstituir en una gran medida el criterio de autoridad del Estado y finalmente la creencia de que es posible vivir en un marco de libertad más estrecho, pero que sea posible vivir en un marco de respeto en función de respetos legales”.
La palabra terrorismo tiene fuerte connotación en la Argentina, pero Marteau considera que no es conveniente anclarse en el pasado, sino entender qué significa en la actualidad. “Hay aspectos que tienen que ver con la experiencia y con las generaciones que tienen que entender estos problemas. Una gran parte de los que hoy toman decisiones siguen anclados en el pasado y hablan de terrorismo en términos de terrorismo de Estado. Para otra generación y que están mirando a la Argentina que viene, los desafíos son las nuevas insurgencias globales que no están tan lejos de la Argentina y que ya se hicieron presentes en el país. La tarea es entender que terrorismo significa amenazas al Estado para que tome decisiones -muchas veces erráticas- para que deje de actuar en función del bien común, para que deje de cumplir su función prioritaria. Esto es el terrorismo. Frente a las nuevas formas de terrorismo, tan disímiles, tan dañinas, y que producen controversias no sólo nacionales sino regionales, creo que el Estado argentino debería dar signos de madurez y entender que la democracia implica asumir la necesidad de sancionar con rigor a las insurgencias terroristas que se presentan hoy en día”.
En cuanto al narcotráfico, más allá del decomiso o la detención de eventuales integrantes de organizaciones “desde la criminalidad financiera pretendemos plantear que el éxito o el desafío de la investigación debería estar en el desmantelamiento de las empresas criminales que están detrás, en quitarles el dinero, disminuirles la capacidad operativa, en incautarle los bienes para funcionar. Allí está el desafío de entender cuál es el la trama financiera, la ruta del narcotráfico, del dinero ilícito. Estas organizaciones ha demostrado una evolución notable, estrategia significativa a la hora de esconder su dinero e introducirlo nuevamente en la economía formal”.
» Lo peor que le puede pasar a la clase dirigencial argentina es verse cooptada por capitales ilícitos. Una vez que se hace un pacto allí, es díficil salir”.
Fuente: El Litoral, 16/04/14.
Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.
