El caserón blanco de dos plantas se levanta justo frente a la quinta presidencial de Olivos. Nadie vive allí porque desde hace poco menos de un año se encuentra en remodelación. Es una coqueta zona residencial, pero esa propiedad de 1.234 m2 no pasa inadvertida por sus dimensiones y por el muro de tres metros que la protege. ¿Su nuevo dueño? El camarista federal Eduardo Freiler, según consta en la escritura por esa compraventa cuya copia obtuvo LA NACION.

Protagonista de algunas de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la pesquisa por presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner, Freiler consignó que pagó $ 2,8 millones por ese inmueble. Sin embargo, cuesta mucho más. A cinco cuadras de allí, otro caserón de dimensiones similares, pero incluso con menos metros cuadrados construidos se cotiza en US$ 1,4 millones. Más aún, ese también es el valor aproximado de la nueva propiedad que adquirió el juez, según los cálculos de las inmobiliarias de la zona. El número no incluye lo invertido hasta ahora en las refacciones.

«Hipotequé unos campos y, como dice en la escritura, una parte de la compra estuvo financiada [en cuotas]. No recuerdo exactamente cuánto pagué por la casa, pero lo que me comentaron en ese momento era que estaba cotizada en menos de 700.000 dólares», explicó Freiler ante la consulta de LA NACION.

El juez adquirió el inmueble en junio de 2014. La casa es imponente: se expande sobre un lote irregular de unos 30 metros de frente por 40 metros de fondo, en la esquina de Catamarca y Villate. Desde la segunda planta, incluso, se puede disfrutar de una vista privilegiada de la quinta presidencial.

Aunque todavía no está habitada, la casa muestra un intenso movimiento. Por lo menos cuatro albañiles trabajaban la semana pasada en arreglos de la fachada. Quizás ese muro se haya levantado por seguridad. Freiler sufrió en enero de este año un robo en su residencia de la calle Wineberg, a 600 metros de la nueva residencia, donde era inquilino, según él mismo admitió.

Nacido y criado en Necochea, Freiler no proviene de una familia rica. Su padre trabajó como empleado en el Ministerio de Obras Públicas bonaerense, mientras que su madre siempre se ocupó de las tareas de la casa. No sólo eso. También se divorció de su primera mujer, con la que debió repartirse los bienes, entre ellos, otra casa en la misma zona. Pero con un sueldo que hoy supera los $ 100.000 por mes -y más de dos décadas como fiscal y camarista- acumuló un patrimonio importante.

 

 

En la declaración jurada de 2012, su situación era más austera: dos años antes de comprar su nueva casa, el juez declaró un patrimonio de poco más de $ 820.000. Informó la mitad de una propiedad de Olivos -no precisó la dirección-, la mitad de un inmueble en Necochea, una camioneta, un yate, 12 caballos y diez lotes por un total de 15 hectáreas en Villa Garibaldi, en las afueras de La Plata. Son los campos que asegura haber hipotecado para comprar su nueva casa.

Diferencia de precio

Esa propiedad no figura en la presentación porque la compró dos años después, pero algunos detalles del lote constan en la escritura pública, rubricada por la notaria Celeste Gerarduzzi, que obtuvo LA NACION.

El primer dato relevante es que en esa escritura se afirma que Freiler compró el inmueble por apenas $ 2,8 millones, casi la mitad de su precio según la valuación fiscal, que en el propio documento se consigna que era de $ 5,3 millones, y muy por debajo de US$ 1,4 millones que estiman los expertos inmobiliarios.

«No me acuerdo cuánto pagué, pero no fueron $ 2,8 millones. Seguro fueron más de $ 3 millones. No sé por qué aparece ese número en la escritura», afirmó Freiler el viernes en un diálogo telefónico. El sábado, sin embargo, cambió de opinión: «Si en la escritura aparece que son $ 2,8 millones, entonces pagué eso».

El juez ni siquiera debió desembolsar esos $ 2,8 millones al momento de la operación. Pagó $ 1,6 millones al contado y acordó que la suma restante la pagaría al cabo de un año, con una tasa de interés fijada sobre la base de la evolución del dólar oficial (que rondaba entonces los $ 8,10) más otro 5% de interés anual. Es decir, una tasa que ahora ronda entre el 18 y 19% anual.

No sólo eso. El magistrado tampoco necesitó firmar la escritura para quedarse con las llaves. La escritura detalla que Freiler ya se encontraba «en posesión material» de la casa, aunque no se precisó desde cuándo se movía como su dueño.

La operación evoca en Comodoro Py otra operación inmobiliaria que, a mediados de 2000, protagonizó el entonces juez Carlos Liporaci. Adquirió una casa en Vicente López que al trascender provocó la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y pedidos de destitución que terminaron por costarle su renuncia.

En el caso de Freiler, la escritura aclara que «los fondos utilizados para la operación provienen de actividades lícitas» y consigna que el magistrado integra la lista de «personas políticamente expuestas» que emitió la unidad antilavado.

La operación fue a tres puntas: además de Freiler, incluyó a la sociedad Fideicomisos Argentinos SA -en la que aparecen Ricardo, Oscar y Cristian Fiorito, y José Emperador-, y a la firma Gini SA, en cuyo directorio figuran Cristina Puca y Gimena Otero. Esta última sociedad logró, un mes antes de la firma, levantar una inhibición de bienes que cargó durante dos años.

«La pagué más barata porque estaba metida en el fondo fiduciario y porque tenía una deuda», explicó Freiler. Y, antes de terminar el diálogo telefónico, Freiler cuestionó a LA NACION: «¿Con todos los jueces hacen este tipo de investigaciones? Ya estoy acostumbrado a los ataques de este grupo contra mí. Digo este grupo porque ustedes y Clarín no están muy diferenciados, ¿no?».

Freiler arrastra una causa penal por su participación en la sociedad Minning Pride, creada en 2012 con 500.000 pesos. En esa financiera aparece junto con Marcelo Sutton y Carla Lago, esposa de Alfredo Lijo, «Freddi», hermano del juez Ariel Lijo y asiduo interlocutor de José María Olazagasti, un colaborador de Julio De Vido, hoy en la ex SIDE.

Freiler aclaró que Minning Pride «nunca funcionó» y que su actividad como juez no le impide tener acciones en sociedades comerciales. La denuncia apunta a la prohibición que rige para los jueces de ejercer cualquier «actividad lucrativa».

Cristina Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario patagónico Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

«Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas», ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.

Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.

La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.

Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí «no había ningún tipo de información referente» a lo que buscaban.

Entonces sí, la visita mutó en allanamiento. Y a medida que hurgaban se encontraron con un verdadero tesoro de documentos que vinculan a los Kirchner con Báez.

El operativo, que se extendió entre las 12.40 y las 19 del lunes 13 de julio pasado, también conllevó el conteo de $ 573.221 en efectivo, y el decomiso de libros contables y societarios, como así también la copia de los archivos de los discos rígidos de cinco computadoras.

Días después, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de la causa que comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer y que quedó ahora en manos de Rafecas.

Durante el allanamiento a la inmobiliaria los emisarios de Bonadio recopilaron documentos sobre Alto Calafate y dinero en efectivo, pero también sobre la nave insignia de Báez, Austral Construcciones, constituida un mes antes de que Kirchner asumiera como presidente en 2003.

«Luego de ello, y continuando con al requisa, más precisamente en la última oficina que según dichos de Emanuel Gómez [por el apoderado de la inmobiliaria] pertenecería a Máximo Kirchner, pero no es utilizada desde hace bastante tiempo», indicó el inspector del área de Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana que redactó el acta.

 

La afirmación de que Máximo no utiliza esa oficina es, cuando menos, llamativa, porque el hijo presidencial acude a esa oficina a diario, donde mantiene sus reuniones laborales, comerciales y, durante las últimas semanas, las políticas. En cualquier caso, los responsables del operativo avanzaron igual. «Se procede al secuestro» de más documentos, consignaron en el acta. Entre otros, los siguientes:

• Un contrato de locación firmado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por el departamento «D», del quinto piso de Roca 952, un inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos que pertenecía a los Kirchner desde 1982, pero que la constructora de Báez adquirió en 2008. Báez les pagó por él $ 380.000 a los Kirchner (unos US$ 115.000 al tipo de cambio entonces vigente), según consta en los registros catastrales que obtuvo y reveló LA NACION en 2013.
• Una carpeta de color marrón que en su tapa dice calle «Roca 952, 5to, ‘D'» de Río Gallegos, que contiene tres facturas (186, 171 y 158) «emitidas por Néstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones»;
• Copia de un cheque, número 02203070, del Banco de Santa Cruz, emitido por Austral Construcciones;
• Dos recibos a nombre de Austral Construcciones;

• Una carpeta blanca que en su tapa dice «Carlos Kirchner y Austral Construcciones», que contiene 93 recibos celebrados entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, aun cuando Carlos era el segundo nombre del ex presidente, pero también el primer nombre de su primo, funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
• Dos contratos de locación entre el hijo de la Presidenta y esa constructora por un inmueble en la calle Orkeke 416 de Río Gallegos, es decir, un inmueble que adquirieron los Kirchner en 1981 y que durante años ocupó un funcionario de Vialidad nacional;
• Un poder general emitido por Austral Construcciones a favor de Martín Samuel Jacabos [sic; en alusión al contador Jacobs, de la constructora de Báez que también figuró en la sociedad Top Air del empresario, dedicada al transporte aéreo de pasajeros];
• Una cláusula accesoria entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones;
• Cinco fotocopias de los cheques 01709361 a 01709365.

Los hallazgos no se agotaron ahí. Porque los colaboradores de Bonadio, acompañados por efectivos de la Policía Metropolitana, también secuestraron:

• Cinco copias de recibos entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones (números 170, 185, 197, 209 «y el último no registra numeración»);
• Una copia del cheque 002203068 del Banco de Santa Cruz, «titular de la cuenta: Austral construcciones»;
• Dos recibos (796 y 797) dirigidos a Austral Construcciones;
• Contrato de locaciones celebrado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, por un inmueble en la calle Brasil 520 de Río Gallegos, otro inmueble que la familia Kirchner adquirió en 1977, pero que en 2008 se la vendieron a Austral Construcciones, como reveló LA NACION.

A todo ese material se sumaron otros documentos contables y societarios de las firmas Negocios Inmobiliarios y Negocios Patagónicos. Y todo el material se remitió para que «permanezcan en depósito del Área Delitos y Crimen Organizado». Pero que cuando el juez Rafecas tomó el control del expediente, ordenó trasladar a dependencias de la Prefectura.

Al juez le queda ahora la tarea de verificar si Báez fue un empresario más para los Kirchner durante el período en que recibió más de $ 8800 millones de fondos federales con contratos de obra pública.

Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate.

Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.

El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.

Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos.

Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.

Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó «que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA», según consta en el acta del operativo cuya copia obtuvo LA NACION.

Los policías llevaban en sus manos la orden de Bonadio de llevarse todos los libros contables y societarios de Hotesur. Entre otros, los libros «diario», «inventario y balances» y «de registro de accionistas». Pero ante esa negativa, los oficiales nunca lograron acceder a esos libros.

Consultada ayer la titular del estudio jurídico, María Cruz Ceballos, reafirmó, sin embargo, que la firma Hotesur sí radicó su «sede legal» en su estudio jurídico «el 13 de diciembre de 2014», lo que afirmó que comunicaría hoy a la Justicia mediante un escrito.

«Hotesur no «funciona» en nuestro estudio, pero sí actuamos como su corresponsalía. Es decir, que a pedido de Romina [Mercado] recibimos las notificaciones que envía la IGJ para esa sociedad y las remitimos a Santa Cruz», precisó Ceballos a LA NACION.

En su estudio, sin embargo, tampoco se encuentran los libros societarios y contables de Hotesur, los que según la magistrada se encuentran en la «sede fiscal» de la sociedad. «Acá no «funciona» nada de Hotesur, sólo recibimos unas notificaciones, por una tasa y un cambio de domicilio, nada más», insistió.

N del E: Una característica típica de los Estafadores es ocultar mediante engaños su domicilio para evitar ser notificados o encontrados por la Justicia.

Para la Justicia, en tanto, el operativo fallido resultó un nuevo escollo para acceder a la documentación societaria de la empresa que pertenece a la familia de la Presidenta. Éste no es el único caso, pues hubo otros intentos previos que durante los últimos dos años tampoco arrojaron resultados.

¿Por qué? Porque Hotesur acumula varios domicilios, ya sean informados de manera formal a la IGJ o de manera pública mediante comunicados de prensa o en sus publicidades.

De esta manera, Hotesur primero operó en la ciudad de Buenos Aires, en el piso 3 del edificio de la avenida Belgrano 265. Pero en 2013 consignó mediante un comunicado que desde 2010 había trasladado su «domicilio legal» a la provincia de Santa Cruz.

Esa afirmación pública contradecía, a su vez, lo que en 2012 reportó a la IGJ, donde detalló que su sede continuaba en Buenos Aires, pero en el piso 4 de la calle Lavalle 975.

Sin embargo, cuando el juez Bonadio ordenó un operativo para obtener toda la documentación que había en ese piso del microcentro porteño, verificó que allí no había rastros de la sociedad de la familia presidencial. Al mismo tiempo, ordenó un allanamiento en la IGJ.

Por canales oficiales

Ante el revuelo público que provocaron esos operativos, Hotesur difundió otro comunicado, pero esta vez fue a través de la agencia estatal de noticias Télam y la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social Twitter, en la que sostuvo que desde noviembre su domicilio porteño se encontraba «en trámite de cancelación», con el fin de concretar su traslado, ahora sí, a Santa Cruz.

Eso, sin embargo, no ocurrió. Días antes del feriado de Navidad, se publicó en el Boletín Oficial un cambio de directorio de esa sociedad, así como se fijó otro domicilio, pero no en Santa Cruz, sino en Alem 530.

Las dudas alrededor de dónde se encuentra la verdadera sede social de Hotesur no es menor. ¿Por qué? Porque es allí donde funciona su administración y dirección de sus negocios, según surge de más de una docena de artículos de la ley 19.550 de sociedades comerciales, así como de una larga lista de resoluciones de la propia IGJ como, entre otras, la 7/2015.

A diferencia de la «sede fiscal», que rige para sus obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos tributarios, la sede social es el domicilio englobador de la sociedad.

Allí deben guardarse sus actas y celebrarse sus reuniones y asambleas. Y es allí, en suma, donde deben guardarse los secretos societarios.

La oficina allanada

Hotesur en la Capital

 

La dirección declarada por la empresa Hotesur ante la IGJ (Av. Leandro N. Alem 530, piso 3) no funciona como sede de la empresa. Así salió a la luz en un operativo ordenado por el juez Claudio Bonadio cuando tenía a su cargo la causa. Se indicó que la oficina recibe correspondencia, pero no funciona como sede de la empresa..