El sistema bancario consolida su papel como agente de la ley

Por Aruna Viswanatha.

En el Cash Room del Departamento del Tesoro de EE.UU. se celebró una ceremonia de entrega de premios a las fuerzas del orden que “hicieron un uso efectivo de” los informes bancarios de actividades sospechosas. 

En 2009, un empresario chino fue bloqueado por el sistema financiero de Estados Unidos por sospechas de haber vendido partes de misiles a Irán. Según documentos judiciales, el hombre cambió entonces el nombre y la dirección de sus empresas y continuó haciendo transferencias electrónicas a través de Nueva York.

Varios bancos de Nueva York notaron similitudes con las compañías bloqueadas y presentaron más de 40 informes al gobierno marcando las transacciones como sospechosas. En mayo de este año, los reguladores dieron a conocer que estas acciones de los bancos hicieron posible que en 2014 el Departamento de Justicia identificara US$8,5 millones en transacciones presuntamente ilegales hechas por el empresario.

Más que en ningún otro momento de la historia, el gobierno de EE.UU. les exige a los bancos que operen como verdaderos auxiliares de la fuerza policial para monitorear actividades sospechosas. Estos requisitos se impusieron a partir de 1996 y se acentuaron con la Ley Patriota, aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero desde entonces las responsabilidades de los bancos han aumentado de manera constante. Desde hace más de una década, las entidades financieras han tenido que presentar “informes de actividades sospechosas” y han recibido multas de miles de millones de dólares por supuestamente no haberlo hecho adecuadamente.

Los bancos deben controlar hoy los fondos que fluyen a través de ellos y alertar a las autoridades sobre cualquier cosa de interés —por ejemplo, una transferencia de dinero a un país de alto riesgo incompatible con el historial de un cliente— para ayudar a descubrir casos de lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros delitos.

Por primera vez, los bancos están también asumiendo un rol adicional, el de registro de empresas. En EE.UU., reguladores y legisladores han intentado sin éxito que los estados recopilen información sobre los propietarios de las compañías cuando se crean. Las autoridades están ahora recurriendo a los bancos para ayudar a cerrar la brecha de información.

Las instituciones financieras han sido convertidas en auxiliares de la Justicia, dice Ellen Zimiles, una ex fiscal federal. “El gobierno no puede hacerlo sin ellos; no tiene acceso a la misma información”. Zimiles es ahora directora de investigaciones de la consultora Navigant Consulting Inc., dedicada a la investigación de sobornos corporativos y lavado de dinero.

Los bancos entienden la necesidad de esta comunicación con el gobierno, pero en algunos casos tratan de resistirse para aligerar la carga del cumplimiento, señala Lilly Thomas, una abogada sénior de regulación de Independent Community Bankers of America, una agrupación del sector. “Una de nuestras mayores preocupaciones es que los bancos tienen que ocuparse cada vez más de tareas de aplicación de la ley, lo que les deja cada vez menos tiempo para la banca real, pero reconocemos que tiene que haber un equilibrio”, dice.

Para evitar la burocracia que viene con la presentación de tales informes, muchos bancos están eliminando capas enteras de clientes de mayor riesgo, por ejemplo, los que envían remesas a Somalia. Esto tiene un efecto secundario, dicen los expertos: como los bancos ya no manejan dichas cuentas, se cierra una ventana que la policía podría usar para descubrir posibles irregularidades.

Las nuevas reglas de EE.UU., que entre otras cosas exigen a las entidades reunir datos tales como direcciones y números de pasaportes sobre los “verdaderos dueños” de todas sus cuentas corporativas, incluyendo cualquier persona con al menos una participación de 25% en la empresa y todos los directivos de alto rango, entraron en vigor en mayo. Los expertos dicen que la mayor parte de la carga está al principio, ya que los bancos tienen que crear sistemas para recabar y almacenar la información.

Las empresas de servicios financieros a menudo ya llevan esos registros con ciertas cuentas consideradas de riesgo, como las de áreas de potencial lavado de dinero, dicen los expertos. Ahora, sin embargo, tendrán que crear una base de datos más centralizada para proporcionar esos registros cuando las autoridades los soliciten. También pueden ser penalizadas económicamente con mayor facilidad por no hacerlo.

Según una encuesta realizada por KPMG en 2014 entre más de 300 bancos, los costos de la lucha contra el blanqueo han aumentado en forma considerable. Entre 2001 y 2004, el alza fue de 61%. Para 2007 crecieron 58%, 45% más hasta 2011 y 53% más para 2014, según la encuesta.

El creciente papel que los bancos cumplen en EE.UU. como auxiliares de la Justicia contrasta con la situación en el sector de tecnología, donde las grandes empresas han protagonizado algunas batallas de alto perfil contra el gobierno federal, que exigió cooperación a las empresas. Twitter Inc. recientemente redujo el acceso de algunas agencias de inteligencia a un servicio que examina sus datos y Apple Inc. rechazó una solicitud del gobierno para que lo ayudara a desbloquear el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino, California. Otras compañías de tecnología, incluyendo Google, de Alphabet Inc., y Facebook Inc., defendieron a Apple.

“Hay suficiente historial de acciones de aplicación de la ley impuestas a las instituciones financieras que han gastado una increíble cantidad de tiempo y energía tratando de asegurarse de que siguen todas estas reglas, mientras que la industria tecnológica es un espacio tan diferente, donde históricamente ha habido muy poco en términos de regulación”, dice J. Patrick Rowan, ex director de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de EE.UU. y actualmente abogado privado.

Las revelaciones sobre el caso del empresario chino y otros se hicieron durante la entrega en mayo de los Law Enforcement Award, el segundo evento de este tipo organizado por una unidad del Departamento del Tesoro en reconocimiento a las fuerzas del orden que “hicieron un uso efectivo de” los informes bancarios de actividades sospechosas.

Los funcionarios de distintas organizaciones bancarias, entre ellas la Asociación de Banqueros de EE.UU. y la Comunidad de Banqueros Independientes de EE.UU., distribuyeron placas durante el evento de una hora de duración en el Cash Room del Departamento del Tesoro. Los funcionarios del grupo bancario estaban en representación de las instituciones financieras que habían presentado los informes de actividades sospechosas, porque los documentos son confidenciales. No obstante, la agencia también envió cartas a los presidentes ejecutivos de cada banco para informarles de los casos que se produjeron, dijeron fuentes al tanto.

En el caso del empresario chino, el dinero terminó en los bancos que tenían cuentas corresponsales de Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co. y otros, de acuerdo con documentos judiciales presentados en 2014. Eso le dio al Departamento de Justicia la posibilidad de recuperar la mayor parte de los US$8,5 millones en transacciones presuntamente ilegales. Citigroup y J.P. Morgan no quisieron hacer comentarios. El empresario, Li Fangwei, también conocido como Karl Lee, fue penalmente acusado en 2014, pero está fuera de EE.UU. y no se ha presentado en los tribunales, de acuerdo con documentos de la corte. Li, que ha negado haber cometido delito alguno, no pudo ser contactado para que comentara.

Los bancos envían formularios en línea a la unidad contra el lavado de dinero del Tesoro, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), detallando el tipo de actividad sospechosa, como fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras cosas.

En la entrega de premios, la FinCEN reveló que los mencionados informes, entre ellos varios sobre transferencias sospechosas en Alemania, ayudaron a EE.UU. a agregar a 85 personas a la base de datos de detección de terroristas del FBI. Funcionarios del gobierno también han dicho que están utilizando los informes bancarios para identificar blancos de Estado Islámico, incluyendo qué refinerías atacar vía aérea.

Fuente: The Wall Street Journal, 07/07/16.

.

Leonardo Fariña habla sobre el Lavado de Dinero de los K

El sistema de Lavado de Dinero de los Kirchner

Programa de TV «La Cornisa», 03/07/2016.

Leonardo Fariña, el valijero de Lázaro Báez, brindó nuevos detalles sobre La ruta del dinero K que involucran a la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, exministro de Planificación y al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Fariña habló con el periodista Luis Majul y cuando fue consultado por los montos que transportaban, comentó: «Han llegado a traer en un solo saque 10 millones de dólares».

Además, Fariña declaró que «Cristina sabía, De Vido sabía, Echegaray sabía y Sbatella sabía. Todos sabían y todos se hicieron ricos».

Durante la entrevista, el valijero de Báez cargó contra el hijo de la exjefa de Estado al declarar que «Máximo era el caballo de batalla de Cristina. Él iba a buscar la que era del padre».

Hoy Fariña se encuentra bajo prisión domiciliaria en un domicilio mantenido en secreto por la Justicia para protegerlo.

Fuente: La Cornisa, 03/07/16.

Fuente: Periodismo para Todos.

.

El difícil trabajo de los Oficiales de Cumplimiento

Por Emily Glazer y Kirsten Grind.

Barclays y muchos otros bancos pasan apuros para cumplir con las normas regulatorias. 

“¿Se le ocurre algún empleado de un banco que no se vea afectado por la regulación del sector? ¿Tal vez las personas que hacen el aseo de las oficinas?”.

Era una pregunta capciosa hecha por un instructor en un salón repleto con unos 200 ejecutivos de cumplimiento regulatorio que participaban en un programa de capacitación en San Diego en marzo.

La respuesta correcta es que el personal de limpieza puede observar algo inapropiado y tiene que saber cómo reportarlo.

Las nuevas regulaciones de la banca que se han implementado después de la crisis financiera de 2008 tocan cada rincón de la industria financiera y han transformado la manera en que operan los cerca de 6.300 bancos de Estados Unidos, grandes y pequeños. Pese a esto, poco se sabe de la manera en que las nuevas normas están cambiando el quehacer cotidiano de los ejecutivos y los empleados de estas instituciones.

En la lista de tareas de los departamentos de cumplimiento de los bancos ahora figuran aspectos como mediar entre dos o más agencias regulatorias del gobierno que no están comunicándose entre sí, determinar qué representante del banco debe hablar con los reguladores y tratar de monitorear las equivocaciones de los empleados.

El trabajo es tan exigente que algunos directores de cumplimiento han optado por dedicarse a otra cosa y muchas entidades tienen dificultades para hallar sustitutos idóneos, dicen fuentes de los bancos.

“Hoy en día es muy difícil encontrar personal calificado de cumplimiento… porque las reglas se han vuelto tremendamente complejas”, reconoce Richard Harvey Jr., director de cumplimiento de Colonial Savings Bank en Fort Worth, Texas. “Para serle franco, los requisitos son más estrictos que antes”.

Los directores de cumplimiento en los grandes bancos pueden ganar a menudo entre US$1 millón y US$2 millones, mientras que otros altos ejecutivos pueden ganar varios millones, dependiendo del cargo, dicen las firmas caza talentos. Los ejecutivos que están por debajo del puesto de director de cumplimiento normalmente ganan varios cientos de miles de dólares al año, dicen las fuentes. Cuando cambian de empleador, su remuneración puede aumentar 20% o más, dijo un reclutador.

Los ejecutivos de las divisiones de cumplimiento están cada vez más en la mira de las autoridades. Diferentes investigaciones de los reguladores encontraron los ejecutivos de cumplimiento fueron personalmente responsables de errores cometidos por sus empleadores. Mientras tanto, el principal regulador del estado de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que cuenta con el respaldo del gobernador Andrew Cuomo, busca mayores facultades para entablar acusaciones penales contra ejecutivos de cumplimiento si lo estima necesario. La propuesta está en el proceso de recibir comentarios y el sector financiero sigue el caso con atención.

El mayor escrutinio está elevando los niveles de estrés. Los ejecutivos de los departamentos de cumplimiento son “más propensos a documentar todo y señalarlo”, dice un director de cumplimiento. Es lo que está pasando más a menudo a nivel interno, donde quieren dejar en claro que un ejecutivo de negocios del banco fue debidamente informado de una posición de riesgo, como lanzar un producto sin probarlo en ciertos mercados, en especial si la persona decide implementar el plan.

La Asociación de Banqueros Estadounidenses (ABA, por su sigla en inglés), que realiza el mayor programa de capacitación para los nuevos ejecutivos de cumplimiento, tuvo problemas para meter todas las nuevas medidas en su cronograma habitual, dicen miembros de la junta directiva. El resultado es que los asistentes tuvieron más de 64 horas de clases, las que incluyeron dos días de fin de semana. A su llegada, cada persona recibió una carpeta de 300 páginas con el material de lectura de cada curso.

No obstante, los directivos de cumplimiento dicen que a menudo descubren la forma en que las regulaciones serán implementadas cuando otro banco se ve obligado a hacer un cambio. Muchos ejecutivos de cumplimiento, en especial en los bancos de mayor envergadura, cuentan que con frecuencia realizan conferencias telefónicas o reuniones en persona con otros bancos para compartir sus experiencias.

La práctica se ha vuelto más común en un momento en que los bancos afrontan criterios más estrictos de responsabilidad individual.

The Clearing House, un grupo que defiende los intereses de los bancos, presentó en marzo una opinión de 20 páginas ante el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York en torno a la propuesta norma que dejaría expuestos a los ejecutivos de cumplimiento a responsabilidad penal. En su lugar, el organismo sugirió más análisis, tanto a nivel privado como público, y que los reguladores concentren sus esfuerzos en ciertas prácticas en particular.

La norma propuesta “podría perfectamente socavar en lugar de mejorar la capacidad de las instituciones financieras para desarrollar e implementar programas efectivos para combatir el lavado de dinero y el terrorismo”, expresó la misiva. “Un individuo podría ser muy renuente a adoptar una postura que podría amenazar su carrera y su vida”.

La tensión ha seguido contribuyendo a una alta rotación en el sector financiero, en especial después del reparto de las bonificaciones, dijeron reclutadores.

Las personas de menor rango de las divisiones de cumplimiento optan por trasladarse a los negocios de riesgo crediticio, riesgo de mercado u operacionales, dicen ejecutivos de la banca.

“La industria es un desastre en estos momentos”, confiesa un reclutador. “Es una puerta giratoria”.

Fuente: The Wall Street Journal, 26/06/16.

.

El fin de la farsa kirchnerista

Los Kirchner querían volverse inolvidables, y lo están consiguiendo. La lápida de su tumba política podría llevar el epígrafe de Héctor Méndez: «A la obra pública le decían Movicom porque iba con el 15 adelante». El empresario ejercía como titular de la Unión Industrial Argentina durante la «década ganada» y se despellejó las manos aplaudiendo frente a los atriles. José López era, en esos mismos tiempos, el secretario de Obras Públicas y Lázaro Báez, el empresario malcriado por el matrimonio mítico: hoy los dos están en cana. Según cálculos técnicos de la Sociedad Rural, el gran amigo de Néstor y constructor de su napoleónico mausoleo, es además uno de los mayores terratenientes del país: luchaban contra la oligarquía no para destruirla, sino para reemplazarla. Como Cristina, que es una egoísta negadora, le soltó la mano, Báez habló esta semana de sus uñas: «Ella se las está limando, mientras yo estoy preso». Un lamento en sede judicial que no preanuncia nada bueno para la gran dama. El filósofo Rolo Villar lo dijo mejor que nadie: «Cristina el año pasado no quiso entregar la banda, y ahora la banda la va a entregar a ella.»

La clave para explicar este interregno de epifanías es la palabra «protección». Hubo cobertura política, jurídica e intelectual durante 12 años. Caída esa triple protección, los jueces anestesiados toman vitamina, los funcionarios eternamente impunes lucen cascos, los prófugos perpetuos son detenidos y la policía corrupta manda mensajes mafiosos. El Papa peronista avala las incursiones de los magistrados y uno de los periodistas más atildados y cuidadosos de la televisión argentina (Nelson Castro) pronuncia por primera vez una línea rotunda: «Néstor era un corrupto tremendo.»

Frente a tantas evidencias de apetito monetario, una parte de la sociedad parece despertar de su largo sueño y declararse engañada una vez más. «Yo no sabía», aducen horrorizados de sí mismos, tratando de sacarse la hiedra venenosa que los envuelve. El fenómeno no es nuevo; constituye más bien una enfermedad argentina a repetición: compramos el buzón, gozamos de la plata dulce, perdonamos a los venales, miramos para otro lado y un día abrimos los ojos, descubrimos el quebranto y el latrocinio, y tomamos distancia con furia de los monstruos que nosotros mismos habilitamos. Pronto se oirá la frase: «Yo no la voté». El asunto no deja, sin embargo, de tener un costado positivo: ya no es posible que la vicedirectora de una escuela aproveche el Día de la Bandera para bajar un impúdico discurso militante sin que la mayoría le dedique fuertes abucheos y le cante encima el Himno Nacional. Sucedió en Necochea, y es todo un símbolo del estado de ánimo general y del cambio de los vientos.

La descomposición no sólo corrobora las grandes investigaciones periodísticas; hace también explícito el desprecio de la patrulla perdida cristinista por el peronismo, del que se sirvió y al que sojuzgó (a veces para goce de los sojuzgados) mientras no podía menos que boicotear su «evolución»: la campaña «contra» Scioli será estudiada en el futuro como un estrafalario matrimonio pleno de puñaladas traperas, que los consortes no podían evitar propinarse ni siquiera durante los instantes cruciales de la boda. En la escalofriante era de la diáspora, el polígrafo Luis D’Elía formuló una catarsis sincericida: «Siempre fui ácido con el PJ, ese partido de mierda, conservador y de derechas. Un partido de mierda que cada vez que puede se va a la derecha más recalcitrante, en nombre de no sé qué bandera». El exabrupto estaba destinado a los múltiples emigrantes que los abandonan como si fueran la isla de los leprosos. Pero reafirma la vieja idea de que el cristinismo también fue una forma sutil de ser gorila. El escritor Martín Caparrós no quiso, sin embargo, permitirle a ese grupo el glamour del fracaso ni la impostura de seguir reteniendo ideales que malversaron: «El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la izquierda después de la dictadura militar», sentenció.

Las argumentaciones de los acusados son inconsistentes: todo este deschave está orquestado para tapar la mishiadura. Si un gobierno tuviera semejante capacidad de orquestación Macri sería Barenboim, y todavía no sabemos ni siquiera si Cambiemos es capaz de armonizar un programa económico exitoso. La segunda defensa la articuló Agustín Rossi en el Parlasur: parece que ahora Carrió y Zuvic encabezan una fuerza paraestatal con espías destinada a cazar dirigentes honestos. William Gibson llama la atención sobre el vínculo irónico entre paranoia clínica y conversión religiosa; escribe sobre ciencia ficción. Pero la tercera teoría es la vencida y tiene algo de desesperación conmovedora: la plata sucia no debe hacer olvidar de ningún modo una administración genial, compañeros. Campanella respondió esa argucia con sorna: «No dejemos que la inmensa corrupción tape la gestión. La gestión fue peor».

La Pasionaria del Calafate denunció en su última misiva que atravesamos una «democracia de nula intensidad, como nunca se vio desde 1983». Es curioso: la placa de Borges no ha sido removida de la Vicejefatura de Gabinete, pero sí hubo cambios en el Salón de los Bustos. Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner quedaron frente a frente, semblanteándose para toda la eternidad. No los diferencia únicamente el tema de la honestidad pública, sino también el hecho de que ambos encarnan dos democracias antagónicas. El kirchnerismo quiso anular la intensidad republicana que fundó Alfonsín, y de esa adulteración provienen todas estas plagas. O al menos así lo cree este efímero periodista.

Fuente: La Nación, 26/06/16.

Hacia una Nueva Argentina

Sin embargo, sería ingenuo suponer que todo terminaba en Báez (o que era el único empresario) y que José López era la última instancia de la decisión oficial en aquella época. La prueba de que ellos eran sólo las cabezas visibles de una pandilla mucho más grande es el profundo cambio de la política.

Doce años de hegemonía política del kirchnerismo no terminaron tras una larga y extenuante batalla, sino por un fulminante golpe de knock out. El peronismo ya no es lo que era; el kirchnerismo se convirtió en una secta minoritaria; la Justicia está asumiendo, en algunas instancias al menos, que el tiempo de la arbitrariedad se terminó, y la alianza gobernante encontró el oxígeno que le estaba faltando.

La carta de Cristina Kirchner es fundamentalmente mentirosa. Juró que ella no le dio el dinero a José López.

Nadie le está preguntando si dio dinero, sino cuánto dinero recibió. Respondió una pregunta que nadie le hizo y no contestó la pregunta que realmente le están haciendo. Dijo también que habría que preguntarles sobre ese dinero a empresarios, jueces y periodistas.

No hay sólo santos en ningún rubro de la vida pública, pero José López fue durante un cuarto de siglo el hombre de confianza de la familia Kirchner en la obra pública, que fue desde Santa Cruz la gran caja de recaudación familiar. Hay ex funcionarios que recuerdan todavía los gustos de José López en las tardes de fulbito en Olivos durante los tiempos de Néstor Kirchner: tomaba cantidades importantes de champagne Dom Pérignon (uno de los más caros) con hielo. Se sentaba siempre en el mismo lugar: frente al entonces jefe de los espías kirchneristas, Francisco «Paco» Larcher. «Siempre estaba muy excitado, como pasado de rosca», describen.

Un día después de las contorsiones nocturnas de José López, el miércoles, el Senado les daba el acuerdo a los jueces de la Corte designados por Macri , Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, con un número de votos que ni los más optimistas esperaban. El bloque cristinista, que supo tener más de 40 senadores, quedó reducido a 8. En la mañana del día anterior, cuando comenzaban a filtrarse las primeras noticias del escándalo de José López, dirigentes del Senado deducían que contaban con el número necesario de votos, pero no estaban seguros. Gabriela Michetti , Miguel Pichetto y Federico Pinedo habían quedado exhaustos contando voto por voto, hasta que José López volcó el tablero hacia las necesidades de Macri con más votos que los que éste necesitaba. Nadie quería quedar encerrado en la misma celda de José López. De paso, en el Senado se dirimía una batalla sorda e insistente: la que habían librado Pichetto y Cristina Kirchner por el control del bloque, la herramienta institucional más importante del peronismo. Venía ganando Pichetto, pero José López le dio el golpe de gracia a su jefa. Cristina perdió.

En la madrugada del día siguiente, el jueves, la Cámara de Diputados aprobó el megaproyecto de blanqueo, moratoria y reparación a los jubilados con una mayoría impresionante. Gran parte del peronismo, nucleado en torno de Sergio Massa y Diego Bossio, votó con el Gobierno, aunque impuso también decenas de modificaciones que el macrismo aceptó. Algunos diputados del kirchnerismo se fueron con los disidentes. El proceso sólo ha comenzado. La conducción del Partido Justicialista tratará en la semana que se inicia la creación de un bloque del PJ. Cualquier cosa antes que ser llamados kirchneristas o del Frente para la Victoria. El propio presidente del PJ, José Luis Gioja , argumentó su voto junto al kirchnerismo con una frase de despedida: «No me quiero pelear con ellos antes de irme». ¿Qué es Cristina Kirchner sin el control de los bloques parlamentarios del peronismo, sin poder en el peronismo y con la Justicia hurgando cerca de ella? Casi nada.

Las sorpresas no terminan: los diputados de La Cámpora quieren crear su propio bloque para no confundirse con los kirchneristas sospechados de corruptos. Máximo Kirchner disimula la desolación. «Tenemos que hacer alguna reflexión después de este quilombo», le sugirió un dirigente camporista. «¿Qué quilombo? No pasa nada», sentenció el heredero de la diarquía que gobernó durante más de una década. Para todos los Kirchner la realidad es una construcción personal, alejada de cualquier noción de la realidad. Así les va.

El largo liderazgo de Cristina se ha terminado. El peronismo no tiene un líder alternativo, como sí lo tuvo en todas sus crisis desde 1983. Menem después de Cafiero. Duhalde después de Menem. Los Kirchner después de Duhalde. Ahora hay referencias, pero no liderazgos. Una mesa virtual e informal se creó para tratar de sustituir a un jefe personalista. La integran Massa, Pichetto, Bossio, Florencio Randazzo , Martín Insaurralde , entre otros. «Estamos en permanente contacto», cuenta uno de ellos. La «bomba neutrónica», como llamó el ex canciller Jorge Taiana al escándalo de José López, dejó al peronismo devastado. «Esto no fue un temblor; fue un terremoto seguido de un tsunami», acepta un peronista destacado. Todos ellos miran a la nueva generación de gobernadores, diputados y senadores peronistas; buscan al salvador del peronismo. Es una esperanza, no una certeza. Pichetto es el referente más reconocido por una mayoría de dirigentes peronistas, mucho más que el propio Gioja. Mucho más después de haberle ganado la última batalla a Cristina. Es lo más parecido a un jefe para los peronistas.

La pregunta que aún no tiene respuesta es si la Justicia seguirá tomándose ocho años para la instrucción de un proceso penal. Es el promedio de tiempo que lleva una investigación de hechos de corrupción. ¿Puede seguir Julio De Vido sin grandes contratiempos judiciales? ¿Puede, cuando varios de sus secretarios de Estado están o estarán presos? Entre rejas ya está Ricardo Jaime, por malversación de fondos públicos en la compra de trenes. Su sucesor, Juan Pablo Schiavi, está condenado a ocho años de prisión por la tragedia de Once, condena que apeló. Se acaba de agregar José López por enriquecimiento ilícito después de revolear nueve millones de dólares. Otra mano derecha de De Vido, Roberto Baratta, tiene más causas judiciales que años en la administración pública. Todos esos secretarios de Estado, pero sobre todo José López y Jaime, respondían directamente a los dos presidentes Kirchner. Eso no convierte en inocente a De Vido; éste firmó, con ganas o sin ellas, todas las decisiones que sus secretarios tomaban en diálogos secretos con el matrimonio presidencial.

Cierta crítica contra el fuero federal es fácilmente perceptible en las instancias cimeras de la Justicia. José López tenía causas abiertas por hechos de corrupción en cuatro juzgados federales mucho antes de que intentara esconder millones de dólares detrás de los hábitos de monjas de clausura. Los jueces avanzaron a los codazos entre ellos sólo cuando la gente común vio los fajos de dólares como sólo sucede en las películas sobre narcotraficantes. Tarde. La propia Corte Suprema celebró el acuerdo de los dos nuevos miembros del tribunal, que dejará a éste totalmente integrado, porque podría apurar decisiones para diferenciar a la Corte del fuero federal. La Corte, vale recordarlo, ya no puede resolver nada hasta que juren sus cargos Rosatti y Rosenkrantz.

En instancias judiciales cruciales se rescató la gestión del juez Claudio Bonadio . En un año instruyó el proceso por la tragedia de Once. En cuatro meses investigó la causa del dólar a futuro, citó a Cristina Kirchner y la procesó. Otras instancias confirmarán sus decisiones o las revocarán, pero él hizo su trabajo en tiempos expeditivos. «Es el único juez que ya había empezado a cambiar el ritmo de la Justicia», dijo un encumbrado magistrado. Cristina lo odia. Y la inentendible sala de la Cámara Federal integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler le sigue el tren; aceptó a Cristina como querellante en una causa contra Bonadio que ella misma promovió. Esos jueces deberían dar un definitivo paso al costado. Avergüenzan a la Justicia.

La política, el Congreso, el peronismo y la Justicia cambiaron. Macri celebra. Significa la creación de tiempo, ese capital político que estaba necesitando. El kirchnerismo podría darle aún más tiempo si fuera cierto lo que asegura un intendente peronista bonaerense: «Los nueve millones de José López son sólo su caja chica». La política es otra, se la mire por donde se la mire. Nada volverá a ser como era, luego de que el kirchnerismo escalara de la supuesta obscenidad a la explícita pornografía política.

Fuente: La Nación, 19/06/16.

Cristina Kirchner cerca de la cárcel

Cómo y cuándo son las únicas preguntas que pueden hacerse sobre el destino judicial de Cristina. Cómo y cuándo la Justicia golpeará las puertas de su casa. Ya no cabe preguntar si lo hará o no. Lo hará. El caso Báez terminará en ella. Si fuera cierto que el juez Sebastián Casanello quiere cerrar la causa con el juicio a Báez, el magistrado estaría desafiando el sentido común. Báez está siendo investigado por lavado de dinero. Cuando se compruebe ese delito, la Justicia deberá preguntarse qué dinero lavó. ¿Quién le dio el dinero que requería de un blanqueo? Generalmente, el dinero negro proviene del narcotráfico o de la corrupción. Descartado el tráfico de drogas en este caso, queda la corrupción. Se trata del mayor contratista de obras públicas de Santa Cruz, la provincia que Néstor y Cristina Kirchner gobernaron y gobiernan desde hace 25 años.

Lázaro Báez disiente de sus hijos, Martín y Leandro. Éstos lo espolean a declararse arrepentido y a dar información sobre las cuentas y las sociedades que existieron (¿existen?) entre él y los Kirchner. La primera respuesta de Lázaro fue que prefiere el silencio y dos años de cárcel antes que la delación. Uno de sus hijos, posiblemente Leandro, le hizo una pregunta sagaz: ¿y quién te dijo que serán dos años y no diez? En efecto, ¿quién le garantizaría que serían sólo dos años de prisión a cambio de nada? Cristina está en vilo. Una palabra de más de Báez podría anticipar dramáticamente su futuro.

En su declaración ante la Cámara Federal, Báez se mostró como un hombre envuelto por la nube negra de una depresión. Y dijo: yo no sé por qué estoy preso. Soy un empresario de la construcción que ganó licitaciones de obras públicas. ¿Qué hice mal? La exposición no deja de tener su razón formal. En tanto el juez Casanello no vaya más allá del presunto lavado de dinero, la culpa de Báez es confusa y difusa. ¿De dónde sacó el dinero que lavó? Su realidad cambia radicalmente si se colocan otros ingredientes al presunto lavado. Fue socio (o es) de quienes fueron presidentes de la Nación. Compartió propiedades con los Kirchner y les alquiló los hoteles a ellos. Recibió de los dos presidentes Kirchner la concesión de casi todas las obras públicas de Santa Cruz. No es un contratistas más.

¿Por qué tuvo dinero negro si el que recibió de las obras públicas fue dinero blanco? Los investigadores judiciales suponen que el dinero blanco de los sobreprecios debió pasar a negro para pagar sobornos y comisiones a funcionarios públicos. También es posible que haya tenido que devolver gran parte del dinero a sus auténticos dueños, la familia Kirchner. El dinero que recibió Báez, en síntesis, debió hacer un círculo interminable: pasar de blanco a negro y de negro a blanco. Por eso, la supuesta intención de Casanello de limitar su juicio a Báez refutaría cualquier noción de justicia. De hecho, el fiscal Guillermo Marijuan imputó en la causa de Báez a Cristina Kirchner y a Julio De Vido. Nada se explicaría sin Cristina y los Kirchner.

Una cosa es cuestionar a Casanello por lo que hace como juez. Otra cosa es la campaña que se abatió sobre él, que tiene la forma, el color y el perfume de las operaciones de los servicios de inteligencia, oficiales o residuales. La mejor muestra de que esa campaña existe fue la divulgación de una información imprecisa: se detectó, trascendió, que su celular estaba en Olivos cuando lo estaba el de Báez, en tiempos de Cristina Kirchner. Estaba en la zona de Olivos, pero todos entendieron que era la residencia presidencial. La madre de Casanello y su familia directa viven en Olivos. Inculpa más a Cristina Kirchner que el celular de Báez haya estado en Olivos; el empresario no tenía ahí otro lugar amigo que no fuera la casona presidencial. También las otras versiones (sobre supuestos pagos de Báez a Casanello) son típicas del espionaje, que desinforma con informaciones incomprobables.

Se supone que Mauricio Macri no tiene ningún interés concreto en apartar a Casanello de la causa. Gran parte de los servicios de inteligencia están, a su vez, fuera de control, y hay viejos espías que se quedaron sin trabajo con la caída del kirchnerismo. La estrategia de golpear sobre Casanello consistiría, según fuentes judiciales, en poner la causa de Báez en un laberinto sin fin de sorteos y recusaciones en la búsqueda de su prescripción. El problema de los que conspiran es que casi todos los sectores de la Justicia con poder son conscientes de la campaña contra Casanello, estén de acuerdo o no con sus decisiones. La mayoría de los jueces (incluida la Corte Suprema) comprendió, además, que una nueva era de impunidad provocaría la decepción social y una crítica colectiva a la Justicia como institución reguladora de la moral pública.

No es el único infortunio de Cristina. El juez Claudio Bonadio secuestró documentos importantes en su allanamiento a la empresa Indalo, la casa matriz de todas las empresas de Cristóbal López. El juez estaba buscando pruebas para la causa de la empresa Los Sauces, propiedad de los Kirchner y dueña de ocho edificios en varios lugares del país, que eran alquilados exclusivamente a López y Báez. La suerte de Cristina es esquiva. Esta causa, que también investiga el delito de lavado de dinero, está en manos del juez Bonadio, implacable con Cristina, y del fiscal Carlos Rívolo, otro magistrado que enfrentó al cristinismo en sus tiempos de gloria. Le tocó probar que Boudou se quedó con Ciccone sin pagar nada.

Mariana Zuvic, santacruceña y dirigente del partido de Elisa Carrió, denunció que Indalo, empresa de Cristóbal López, es en realidad propiedad de Cristina Kirchner. Dio una prueba de peso: después de la muerte de Néstor Kirchner, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y, por lo tanto, sobrina del ex matrimonio presidencial, fue nombrada miembro del directorio de Indalo. La información fue corroborada por otras fuentes con acceso a las empresas de López. ¿Mercado está ahí sólo para cobrar un sueldo o es la representante de confianza de accionistas importantes del conglomerado? La respuesta podría definir el destino de Cristina.

The Orphic Egg, sketched from ancient sources in Jacob Bryant, A New System, London, 1774.

Miguel Pichetto, Diego Bossio, Sergio Massa y muchos gobernadores e intendentes jóvenes dicen que ese pasado no puede ser el futuro del peronismo. Cristina insiste: quiere ser presente y futuro. Se propuso acabar cuanto antes con Macri y terminar, así, con sus desastres judiciales. Su carta en Facebook fue amarga y resentida, pero dijo cosas muy graves. Escribió que las decisiones de Macri son como el huevo de la serpiente. Así se llamó una película de Ingmar Bergman en la que describió magistralmente los inicios del nazismo en Alemania. Días antes, Guillermo Moreno había dicho que el ex dictador Videla fue mejor que Macri. Semejantes comparaciones sólo pueden salir de mentes aterrorizadas por el previsible curso del destino.

Fuente: La Nación, 12/06/16.

Cómo combatir el Lavado de dinero

Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero

Entrevista a Juan Félix Marteau.

Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Además, se explaya sobre su designación como Coordinador Nacional en la materia y su interacción con el Poder Judicial.

Los delitos complejos y su vínculo directo con el Lavado de dinero se han convertido en grandes desafíos que enfrentan los Estados en el mundo. Con numerosas causas que conmocionan a la opinión pública, la Argentina es un caso testigo de la proliferación de ese fenómeno y de ahí la necesidad de una actualización técnica permanente. Con ese propósito, desde hace cinco años Juan Félix Marteau dirige en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con un plantel de profesores con vasta experiencia en distintos campos de acción. El propio Marteau acredita antecedentes como profesor de Criminología de la UBA, creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), asesor presidencial en distintos estados de la región y en el Fondo Monetario Internacional y, en la actualidad, como flamante funcionario a cargo de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Es un orgullo para nosotros realizar un posgrado que tiene estándares globales. Participan todos los sectores con experiencia en el sistema argentino anti-lavado de activos y de combate al terrorismo: jueces, fiscales, legisladores, periodistas, reguladores, expertos internacionales. Al mismo tiempo, nuestros alumnos son profesionales del sistema, con el agregado enriquecedor de que los profesores aprendemos mucho de ellos. Nuestro progreso en esta materia se dio en un contexto político en el que se malversaron los recursos del Estado de manera absolutamente ilegítima. En la Argentina tenemos ahora recursos humanos que han tomado nota de la importancia estratégica que tiene este tema”, dice.

El Programa de Actualización 2016/UBA se cursa de abril a diciembre en la Facultad de Derecho, con un total de 128 horas cátedra. Los magistrados Mariano Borinsky, Claudio Bonadio, Ariel Lijo, Raúl Pleé y Claudio Gutiérrez de la Cárcova; y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), entre otros, forman parte del staff de 50 profesores.

… Texto completo: Entrevista-Juan-Felix-Marteau 2016 05.

Fuente: http://www.finint.org, 2016.

La Justicia tras los K

Ricardo Echegaray era en su gobierno el poderoso jefe de la agencia impositiva. Ayer tuvo su primera cita ante el juez Sebastián Casanello, en una declaración indagatoria (por lo general, previa al procesamiento) por la investigación de la ruta del dinero K. Casanello investiga si Echegaray benefició a Lázaro Báez durante su gestión al frente de la AFIP. En otra investigación, Echegaray es investigado por haber autorizado que el empresario Cristóbal López demorara el pago de 8000 millones de pesos en impuestos a las naftas, que es una retención en nombre del Estado. También Echegaray está siendo investigado por los beneficios impositivos que le otorgó a la empresa Ciccone cuando ésta ya estaba en manos de los amigos de Boudou. Boudou no era entonces, cuando sucedieron las tropelías de los hoteles y las de Ciccone (la empresa argentina con más capacidad para fabricar billetes), lo que es ahora, un exiliado del peronismo y hasta del kirchnerismo. Era el funcionario consentido de la persona más poderosa, Cristina Kirchner.

.

La ex presidenta tiene problemas políticos, en el peronismo sobre todo, porque nadie ignora que sus cuestiones con la Justicia se agravarán irremediablemente. Su situación está, por ahora, en manos de dos jueces, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. La investigación de Casanello no ha llegado todavía a ella y se limita al supuesto lavado de dinero por parte de Báez. Podría llegar a Cristina, pero eso sucedería en una etapa posterior, si se comprobara que el dinero de Báez no se puede justificar sin la complicidad de los pagos del Estado.

Bonadio la persigue judicialmente por dos causas: la venta de dólar futuro cuando su gobierno ya no tenía futuro y el presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces. Por el primer caso ya la procesó. Los Sauces es una empresa dueña de ocho edificios en la Capital, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, que eran alquilados exclusivamente a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Los alquilaban realmente o hacían como que los alquilaban? La pregunta surge de una comprobación: esa empresa pasó de no tener actividades a que sus socios retiraran adelantos de dividendos por 20 millones de pesos en apenas dos años. En el momento de esas increíbles ganancias los socios eran Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, aunque ésta se sumó al paquete accionario sólo como heredera de las acciones de su padre. Máximo, en cambio, tenía el 10 por ciento de las acciones cuando sus padres eran los dueños del 90 por ciento restante. Por eso, el fiscal Carlos Rívolo imputó ante Bonadio a Cristina y Máximo Kirchner por cohecho (coimas) y no a Florencia.

Ercolini tiene la causa Hotesur, que es otro caso de lavado de dinero, pero esta vez en hoteles de la familia Kirchner. La investigación de Hotesur llevó al primer juez que tuvo el caso, Bonadio, a espectaculares allanamientos en El Calafate cuando Cristina era todavía presidenta. Bonadio se hizo acompañar por la Policía Metropolitana, autorizada especialmente por el entonces opositor Mauricio Macri. Cristina no se enteró de los allanamientos hasta que Bonadio aterrizó en El Calafate. La entonces presidenta, que no sabía hacia dónde iba Bonadio, ordenó que la Gendarmería impidiera a sangre y fuego el acceso a su residencia del juez y la policía. Bonadio no iba a su casa, sino a sus hoteles. La sala de la Cámara Federal cuestionada por kirchnerista (la que integran los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) apartó luego a Bonadio de la causa Hotesur.

Ercolini tiene también la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Germán Moldes, que fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, acaba de reclamar que se reabra la denuncia del fiscal muerto. «Si se supone que Nisman fue víctima de un crimen, y por eso el caso de su muerte pasó a la justicia federal, corresponde reabrir su denuncia para investigar incluso si en esa acusación hay huellas de los posibles asesinos», dijo. Moldes afirmó que él cree que Nisman fue asesinado. El caso Nisman podría estallar en los pies de Cristina Kirchner, si se reabriera la denuncia del fiscal muerto o si se comprobara que no se suicidó.

Como se ve, hay varios casos de lavado de dinero (Hotesur, Los Sauces, los bienes de Báez) y distintos jueces. Cristina Kirchner ha pedido que las causas de Hotesur y Los Sauces se concentren en las manos del juez Ercolini. Para ella, cualquier otro juez es mejor que Bonadio. Sin embargo, la mayoría de los jueces federales sostiene dos ideas. Una: todas las causas por lavado terminarán unificándose en una sola. La otra: es mejor que sea más tarde que más temprano. La posibilidad de crear una megacausa por lavado de dinero conlleva el riesgo de que el trabajo sea de un tamaño desmesurado para un solo juez. La idea que prevalece es que cada juez vaya avanzando con su investigación y la termine. Al final, con todas las investigaciones concluidas, todas las causas deberán unificarse.

Ese criterio quedó expuesto por la sala descalificada de la Cámara Federal cuando ordenó que la causa Hotesur saliera del juzgado de Daniel Rafecas y fuera al de Ercolini porque éste tiene una vieja causa por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, presentada por Elisa Carrió. Los dos jueces cuestionados, Ballestero y Freiler, votaron para la unificación de causas. El voto disidente fue el de Eduardo Farah, juez titular de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, que la integran también Martín Irurzún y Horacio Cattani. Farah es juez subrogante en la otra sala, la que no tiene prestigio ni respeto. Farah expresó con su voto la opinión mayoritaria de la Justicia, que promueve que cada juez haga su investigación por ahora, contra la opinión de los que le hicieron más favores al kirchnerismo, que proponen la unificación de las causas para que todo naufrague en un océano de papeles.

Ver: El camarista Eduardo Freiler compró una millonaria mansión

A pesar de lo que parece, la situación de Boudou podría estar más comprometida (o, tal vez, más concluida) que la de Cristina Kirchner. La acumulación de causas es un hecho evidente. Salvo en los casos de los recibos truchos de hoteles, en todas las otras causas (Ciccone, el contrato con el gobierno de Formosa, la adulteración de compra de autos) actuó la misma banda de amigos. La suerte parece estar echada para Boudou y su situación terminará de resolverla el juez Ariel Lijo, que lo procesó por el caso Ciccone cuando Cristina amenazaba con destruir al juez que se animara a procesar a su vice. Lijo cuenta ahora con la confianza de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, ha sido un consejero oportuno de Casanello cuando éste decidió detener a Báez y allanar sus propiedades, y tiene el respaldo de la Corte Suprema.

Las grandes causas de Boudou se complementaron con las causas por pequeñeces, que, sin embargo, no son pequeñas por el enorme peso de su simbología. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ex vicepresidente por las facturas falsas del hotel de París. La denuncia cayó en el juzgado de Bonadio. Boudou no tiene suerte. Cristina está tratando también de soltarse de las manos de Bonadio. Ya no puede protegerlo. El destino de Boudou se encoge dramáticamente.

Fuente: La Nación, 18/05/16.

Lázaro levántate y garpa

.

Cristina y Máximo imputados por cohecho

Fuente: clarin.com, 12/05/16.

Otros tiempos. Báez junto a Cristina y Máximo Kirchner en el Mausoleo.

«La familia Kirchner tiene solo tres sociedades, Los Sauces SA, Hotesur SA y CoMa SA, declaradas en Argentina» señaló en un comunicado de prensa la empresa de Cristina y Máximo Kirchner, acusando a la Justicia y a los medios. Lo cierto es que dos de estas sociedades -en las que tuvieron vínculos comerciales con Lázaro Báez-, están sospechadas de ser utilizadas para el lavado de activos y cohecho. La tercera de las firmas registra en caja $ 150 y hace años que no tiene movimientos contables pese a dedicarse al rubro inmobiliario.

Una de las empresas más importantes de la ex Presidenta es Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, inmueble que administró hasta diciembre de 2013 Valle Mitre sociedad de Lázaro Báez. Fue justamente con dicha firma que el empresario K alquiló habitaciones de éste y dos hoteles mas de Cristina (Las Dunas y La Aldea), garantizando ingresos por $ 14 millones durante dos años a la familia Kirchner.

Pese a que Báez argumentó que esas habitaciones para los empleados de sus constructoras que tenían obras en la villa turística, lo cierto es que en esa época, la licitación adjudicada más cercana quedaba a unos 200 kilómetros.

El hotel Alto Calafate, el único inmueble de Hotesur.

Hotesur está investigada, en consecuencia, por presunto lavado de dinero y es una sociedad que reúne a la familia Kirchner y a su personas de mayor confianza. En el primer directorio estuvo el abogado del empresario K, Roberto Saldivia, y Alejandro Ruíz socio del contador de Báez, César Andrés.

En el último directorio que se renovó después de años de irregularidades, continuó como presidenta Romina Mercado (empleada de Inversora M&S propiedad de Cristóbal López), Máximo y su hermana Florencia están como directores suplentes, Emanuel Gómez empleado de Negocios Patagónicas S.A, empresa de Osvaldo Sanfelice. También se nombró en el directorio a Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y socio de Máximo en la Inmobiliaria. La pareja del diputado nacional y ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, figura ahora como directora titular de los accionistas clase C.

La entrada a El Calafate donde se levantaron los hoteles de los Kirchner.

Esta causa que inició por incumplimientos administrativos como la falta de renovación de su directorio, la correspondiente presentación de balances, y un domicilio fiscal falso, avanzó hasta convertirse en una investigación más compleja, donde se sospecha que fue utilizada para una maniobra de lavado de dinero.

Este año la diputada Margarita Stolbizer presentó otra denuncia, centrándose en otra de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces S.A. Pese a la férrea defensa que la ex Presidenta realizó sobre el objeto comercial de la misma, el alquiler de inmuebles, no detalló que sus únicos inquilinos desde 2009 fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.

En El Chaltén está registrada la empresa La Aldea SA de Martín y Lázaro Báez. El domicilio fiscal es un terreno que le pertenece a Los Sauces S.A y que fue alquilado a Valle Mitre. En la actualidad allí se está ampliando el hotel La Aldea, propiedad de Cristina Kirchner y que hasta 2013 administró el dueño de Austral Construcciones.

Madero Center donde Los Sauces SA. tiene dos departamentos alquilados a Cristóbal.

Los Sauces S.A tiene como domicilio fiscal la calle Alcorta 76 en Río Gallegos, donde funcionaba el estudio contable de Víctor Manzanares responsable de las declaraciones juradas de los Kirchner. En un año la empresa que no registraba ningún tipo de movimientos contables, desembolsó más de nueve millones de pesos para comprar inmuebles: la mitad fueron alquilados a Loscalzos y Del Curto, Kank & Costilla y Autral Construcciones, todas propiedad de Báez.

Incluso esta firma le permitió a los Kirchner retirar anticipos de dividendos en tres años por $ 20 millones. Estos movimientos fueron denunciados por la diputada Stolbizer junto a la presunta «falsificación de documentos públicos».

La casa de Cristina en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.

La mitad de sus otros inmuebles tuvieron otro empresario amigo como inquilino.Se trata de un departamento, una oficina y cinco cocheras en Madero Center que se alquilaron por $ 2,8 millones a dos empresas de Cristóbal López: Alcalis de la Patagonia (donde figura como empleado Osvaldo Sanfelice) e Inversora M&S (donde trabaja Romina Mercado, sobrina de la ex Presidenta). A esta última le facturaba $ 220.825 por mes, según la facturación a la que accedió Clarín. Estos departamentos fueron allanados la semana pasada en Puerto Madero.

Finalmente, la tercera empresa que sostienen los Kirchner que está declarada en Argentina y con un funcionamiento completamente lícito, es Co.Ma SA. Desde 2008 cuando el arquitecto Pablo Grippo la vendió a la ex familia presidencial, la firma no registra movimientos contables, mucho menos ganancias y no posee cuentas bancarias, según detectó la Justicia.

Sin una sede de funcionamiento, en caja solo registra un saldo de $ 150. La empresa dedicada al rubro inmobiliario, también sólo tiene dos lotes de terrenos en El Calafate. Con los años Co Ma S.A se convirtió en una “empresa fantasma” dentro del grupo de firmas propiedad de la familia Kirchner. Tiene como patrimonio dos terrenos: cada uno tiene una valuación fiscal de $ 45.000 y no recibe ningún tipo de compensación por los mismos porque no son alquilados ni se encuentran en venta.

La compañía es investigada en el marco de la causa Hotesur: adquirió dos inmuebles después de 2007, como única transacción, cuando también lo hizo la empresa propietaria del Alto Calafate administrada entonces por Valle Mitre. Las dos empresas son dueñas “vecinas” en las manzanas 827, 828 y 829 de la villa turística.

Esta empresa fue allanada por orden del juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa Hotesur. El año pasado, según la Declaración Jurada presentada por Cristina ante la Oficina Anticorrupción, Co. Ma tenía un valor de $ 76.381 y el valor llave de las acciones ascendía $ 278.100 al finalizar el período fiscal.

Fuente: clarin.com, 12/05/16.

« Página anterior — Página siguiente »