En tanto, la misma Presidenta que profesa el dogma de la comunicación directa con el pueblo, contra la intervención de los medios de comunicación, prefiere ampararse en la descalificación o la persecución de los que la critican o investigan antes que darle explicaciones a la ciudadanía sobre los hechos que se le cuestionan.

El caso del crecimiento del patrimonio familiar desde la llegada al poder de ella y de su fallecido esposo es elocuente: saltó de 7 a 89 millones de pesos entre 2003 y 2012. Aun así, la única argumentación pública que se le recuerda al respecto es su célebre exposición en la Universidad de Harvard hace ya dos años, cuando le respondió a un estudiante que su fortuna personal se debía a que había sido una «abogada exitosa».

Cristina Fernández de Kirchner no explicó entonces ni después cómo es que los réditos de su ejercicio profesional los obtuvo y se incorporaron a su patrimonio cuando ya hacía más de una década que había dejado la abogacía para dedicarse a tiempo completo a la política.

La falta de explicaciones públicas sobresale, entonces, cuando se observa que Bonadio no es precisamente un allanador precoz. Su investigación llega después de numerosas investigaciones periodísticas que han mostrado y demostrado irregularidades administrativas inexplicables, negocios inverosímiles, inconsistencias contables y relaciones comerciales opacas, en muchos casos incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Más allá de lo que avance o resuelva definitivamente la Justicia, sobresale que la Presidenta no diga por qué comparte negocios con el hombre que se ha quedado con la casi totalidad de la obra pública de la provincial natal del kirchnerismo. Negocios en muchos casos difíciles de entender hasta por los más crédulos, tales como pagar alquileres millonarios por habitaciones en sus hoteles que jamás se usarían.

Podría apelarse a la paciencia social y dejar que la Presidenta encuentre el momento apropiado para dar explicaciones, si no fuera porque estos hechos no son los primeros, sino uno más de una larga saga de la que nunca se han dado respuestas a lo largo de casi una década. Al respecto, vale mencionar tres casos sólo a título de ejemplo:

1) Nunca Néstor ni Cristina Kirchner explicaron públicamente por qué un banco cuyos propietarios tenían estrechos vínculos con el ex presidente les pagó intereses que excedían largamente la tasa de mercado y nunca demostró haberles pagado lo mismo a otros clientes habituales. Con estos ingresos, hay que agregar, se justificó parte del primer salto sideral del patrimonio de los Kirchner. Y el banquero fue impuesto por el Gobierno como socio de YPF.

2) Nunca el matrimonio presidencial explicó públicamente por qué el contratista del Estado Juan Carlos Relats, que entonces además era acreedor de la Nación, alquiló para su explotación el primer hotel de la familia Kirchner en El Calafate y pagó por ello cifras que ningún operador hotelero habría pagado si ése fuera su negocio principal, ya que el monto excedía las perspectivas razonables de rentabilidad del negocio. De hecho, el propio Relats terminó por admitir que ese alquiler le causó pérdidas millonarias. Debe añadirse que poco después de que el empresario se convirtió en inquilino de los Kirchner logró cobrar deudas millonarias que el Estado tenía con su empresa.

3) Nunca Cristina ni Néstor Kirchner explicaron públicamente cómo hicieron para que una cadena de hipermercados chilena le comprara un terreno por un valor 50 veces superior al que había pagado sólo dos años antes el matrimonio presidencial. Para aumentar las curiosidades, el terreno sigue hoy estando tan desierto como hace 6 años. Del hipermercado prometido para justificar la sospechada compra no hay aún ni un ladrillo. Al matrimonio presidencial, en cambio, le quedaron más de dos millones de dólares de ganancia.

Se sabe que los tiempos judiciales no son ni tienen por qué ser los de la opinión pública, aunque también es cierto que justicia lenta no es justicia. De cualquier manera, nada impide que, más allá de la defensa que ejerza en Tribunales, la Presidenta le aclare al pueblo tantas aparentes oscuridades. Oportunidades y medios no le faltan. Y sería coherente con su declamado modelo de comunicación directa con el pueblo.

Fuente: La Nación, 06/12/14.

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Los criterios del juez actuante y del político retirado se disiparon. Aquel consejo materno prevaleció más que nada en Bonadio.

Cristina Kirchner tropezó con ese investigador de su fortuna justo cuando todos los jueces federales se han declarado en estado de sublevación. Los que suelen darse una vuelta por Olivos contaron que debieron salir en el acto. La Presidenta tiene un humor de perros desde que Bonadio allanó las oficinas vacías de una empresa suya. Los cortesanos ya no saben qué hacer para calmarle el mal carácter. Acusaron al juez, a la denunciante (Margarita Stolbizer) y a la testigo de la causa (Silvina Martínez, una ex empleada de la Inspección General de Justicia). Revolearon sin confirmar una supuesta información sobre cuentas de argentinos en el exterior y convirtieron a Bonadio en el juez más perseguido y denunciado de la democracia argentina. Necesitan una cortina de humo o sacar un conejo de la galera. Pero el humo se desvanece rápidamente y los conejos salen muertos.

Bonadio está separando las capas de la cebolla que cubren a la persona de la Presidenta. Cuando el jueves pasado le pidió a la AFIP todas las declaraciones juradas de la familia Kirchner (Néstor, Cristina, Máximo y Florencia) apareció claramente la línea de la investigación: no es Lázaro Báez, sino Cristina. O no es sólo Lázaro Báez. La AFIP le devolvió el tamaño de un libro que le llevó seis horas fotocopiar. El juez se propone un cruzamiento de esas declaraciones para establecer de qué manera creció el patrimonio presidencial y por qué. ¿Lo paralizará a Bonadio la inédita campaña en su contra? «La duda era si daba el primer paso, pero ya lo dio. Ahora está en carrera y no puede ni quiere detenerse», asegura otro juez federal. Fiestas de fin de año amargas la aguardan a la Presidenta, que podrían comprometer su jactanciosa popularidad. No hay peor mezcla política que la de una crisis económica, como la que existe, con sospechas de corrupción en el poder.

La última declaración jurada de bienes que hizo Cristina Kirchner como senadora, antes de que su matrimonio llegara al poder, en 2002, consignaba la propiedad conjunta de 25 casas de bajo valor en Río Gallegos. Nada más. No había ninguna empresa ni hoteles ni grandes ahorros. Todo el emporio económico personal que existe hoy fue construido durante la gestión de los dos Kirchner como presidentes de la Argentina.

De todos modos, el gran desafío de Bonadio es comprobar que no se usaron las habitaciones del hotel contratado anualmente por Báez, Alto Calafate. Llegado el caso, deberá citar a declarar, uno por uno, a los supuestos ocupantes de esas habitaciones. Si terminara comprobando que Báez pagó millones de pesos anuales por algo que no usó, el caso de blanqueo de dinero quedará abierto. El blanqueo es la maniobra para convertir en lícitos dineros de origen ilícito. Es un delito autónomo; es decir, no se necesita comprobar el origen ilícito del dinero para configurar el delito.

¿Hasta dónde puede llegar la Justicia con Cristina Kirchner, jefa del Estado? La respuesta no está clara ni siquiera para los jueces. Algunos de ellos sostienen que podría repetirse el caso Boudou: el juez podría terminar en citaciones y procesamientos. Ese sería el límite. Otros no están tan seguros porque se trata de una jefa de Estado. En los tribunales están estudiando, previsores, toda la legislación argentina y extranjera. Hasta una sentencia de la Corte británica sobre el caso Pinochet, cuando el dictador fue detenido en Londres, en la que se hacen largas consideraciones sobre la inmunidad presidencial.

Sea como sea, según los papeles que hay ahora en la Justicia, el rol activo de Cristina Kirchner es nulo o menor en la administración de sus empresas. Es mucho más importante el protagonismo de Máximo Kirchner en esas empresas. De ahí, entonces, la preocupación por «los chicos» que dicen que existe en Olivos. El plural es injusto. No existe ningún papel, informe, testimonio o declaración que involucre a Florencia Kirchner. En cambio, Máximo Kirchner sí tomó decisiones en su nombre y en el de la sucesión de Néstor Kirchner. El hijo presidencial sería la primera figura en ser investigada si se constatara que hubo maniobras sospechosas de blanqueo de dinero.

Máximo Kirchner no tiene fueros, pero tampoco tuvo nunca ningún cargo público. No obstante, el eventual delito de lavado de dinero no es exclusivo de funcionarios; puede ser aplicado a cualquier ciudadano. Los tratos entre Lázaro Báez y los Kirchner o entre los hoteles de éstos y Aerolíneas Argentinas exhiben dosis colosales de chapucería y una igualmente enorme sensación de impunidad. Es habitual, por ejemplo, que se cancele un vuelo de Aerolíneas Argentinas entre El Calafate y Ushuaia. La tripulación de los aviones y los pasajeros son alojados en un hotel de los Kirchner. Nunca se explica la razón de la rutinaria cancelación de ese vuelo.

El cristinismo no tiene dos acciones posibles ante la adversidad. Golpea si está fuerte, y también golpea si está débil. La Presidenta es así. En la encrucijada actual se topó con un juez con la piel curtida para los golpes de la política. Cristina no está dispuesta a pestañear frente al juez, y Bonadio tampoco frente a ella. Los dos son como son.

El revolucionario cristinismo está aplicando el mismo remedio que el menemismo usó en su época agónica. No sólo nosotros somos malos. Todos son malos. Ricardo Echegaray verá caer sobre su persona decena de juicios de personas nombradas por tener supuestas cuentas en Suiza. Violó el secreto fiscal, no investigó para ver si existió un delito y, encima, dejó trascender nombres. El discurso consiste en hacer creer que es un delito que un ciudadano argentino tenga una cuenta en el exterior. Eso no es cierto. No hay ninguna ley que prohíba esa operación bancaria.

Una decisión correcta de la AFIP debió investigar si se trata, en primer lugar, de datos ciertos. En segundo lugar, debió analizar si esos dineros, en caso de existir, fueron o no declarados ante la agencia impositiva. Y, por último, debió emplazar a los dueños de las cuentas a ponerse al día con el fisco, si se comprobara alguna evasión. Una cosa es, por lo demás, el dinero de privados o de empresas privadas. Otra cosa es el dinero acumulado por funcionarios públicos en el ejercicio de su función en el Estado. No todo es lo mismo.

El único discurso que la Presidenta dio desde que se allanó la oficina de su empresa fue emblemático del agobio político e intelectual del oficialismo. Primero, se manifestó extorsionada por un juez, no se sabe si por Bonadio o por Thomas Griesa. «Carancho judicial» le cabe a uno u otro. Pero inmediatamente después empezó ella misma a extorsionar a Bonadio por la supuesta tenencia de acciones del juez de una empresa que estaría en idéntica situación que la de ella. Bonadio tiene el 20 por ciento de acciones de una estación de servicio, que fue el pago que un hermano le hizo por una deuda. El juez le aseguró a su equipo que es la tercera minoría en el paquete accionario y que nunca participó de ninguna decisión comercial.

Sucede lo mismo en el Consejo de la Magistratura. El cristinismo dice que Bonadio tiene nueve causas abiertas ahí; en rigor, tiene ocho. El propio oficialismo dejó pasar los tres años necesarios, en varias de esas causas, para tomar una decisión. Después de ese plazo, las causas contra jueces deben ir al plenario del Consejo para ser cerradas. Nunca fueron cerradas. Las tienen abiertas para ventilarlas en momentos como éste. Aunque nadie imaginó nunca un instante en el que Cristina Kirchner sentiría temor. Su destino está en manos de un juez que recordó que siempre es mejor apurar los malos tragos.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

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Luego de que la diputada Margarita Stolbizer (GEN) denunciara a la presidenta Cristina Kirchner y al ministro de Justicia, Julio Alak, por presuntas irregularidades que se verificarían en la firma Hotesur SA, que tiene a la jefa del Estado como accionista, el juez federal Claudio Bonadio allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) y las oficinas porteñas de Hotesur, que estaban vacías.

La denuncia de Stolbizer consignó la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pues, según la diputada, Hotesur incumple sus obligaciones con la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.

Lo grave del caso no sólo es que las sospechas resultaron ciertas sino que la propia Hotesur, en un duro comunicado sin firma, confirmó el incumplimiento de los requisitos legales al tiempo que pretendió minimizarlos como «fallas formales» y «demoras», y cuestionó a Bonadio y a los medios de prensa que divulgaron el hecho. Pese a que Hotesur es una firma privada, su comunicado fue difundido por la agencia oficial Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter.

Hotesur es la empresa que controla al hotel Alto Calafate, de los Kirchner. Como reveló LA NACION en diciembre del año pasado, el pseudoempresario Lázaro Báez había alquilado centenares de habitaciones en ese y otros hoteles de la familia presidencial para empleados de sus empresas constructoras y, si bien pagó por esas prestaciones, sus empleados no se alojaron allí. Maniobras de esta clase suelen darse cuando se lava dinero.

A raíz de la denuncia de Stolbizer, el fiscal federal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción ante Bonadio, quien ordenó los allanamientos. Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, esa medida formó parte «de un golpismo activo del Poder Judicial», una expresión tan inadmisible como lamentable.

La investigación de este diario había revelado que en la IGJ, uno de los tantos organismos copados por el kirchnerismo, no sólo se encubría al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, sino también a Hotesur, sociedad anónima que adeudaba la presentación de los balances de 2011, 2012 y 2013 y el pago de tasas correspondientes, no informaba quiénes integraban su directorio desde hace años y sus directores incumplían la normativa sobre lavado de activos que dictó ese organismo, que obliga a detallar si algunos de ellos son «personas políticamente expuestas«.

Además, la firma controlante del Alto Calafate presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de haber vencido el plazo. Tras confirmarse las irregularidades, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció ayer que a Hotesur sólo se le aplicará «una multa de 3000 pesos».

Similares protecciones recibieron tres empresas de Báez: Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar, además de la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo y la deficitaria Aerolíneas Argentinas.

Como puede advertirse, existe por parte de la IGJ una clarísima voluntad de encubrir las irregularidades en que incurren las máximas autoridades nacionales y sus allegados, socios o testaferros.

A raíz de las revelaciones de este diario, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de «maniobras desestabilizadoras». En cambio, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart inició una investigación penal y allanó en diciembre del año pasado las oficinas porteñas de Báez.

En la sucesión de escándalos que constituye uno de los más genuinos legados del kirchnerismo, es fácil perder de vista cuáles revisten especial gravedad. El de Hotesur es uno de los principales y quizás uno de los más sensibles porque se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que, tras su muerte, quedó bajo control de su esposa y de los hijos del matrimonio, Florencia y Máximo. El valor de las acciones de la Presidenta en esta firma es de 9.367.528 pesos, según su declaración jurada de bienes.

Por tratarse de la cabeza del Poder Ejecutivo, lo atinente a Hotesur debería exhibir la mayor transparencia. En cambio, allí sólo hay ocultamiento y franco incumplimiento de las normas.

Es inadmisible que una sociedad que pertenece a la Presidenta y a sus hijos tenga tantos y tan graves incumplimientos y reciba una tan descarada protección por parte de organismos de control del Estado, como la IGJ, que encubre irregularidades de altos funcionarios y persigue a sociedades que el Gobierno considera enemigas.

Casos de violaciones flagrantes como el de Hotesur permiten comprender las razones de la urgencia del kirchnerismo por reformar el Código Procesal Penal. Y también permiten confirmar que el kirchnerismo sólo se concibe a sí mismo fuera del alcance de la leyes y, por lo tanto, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie. Lo demostró el senador Aníbal Fernández cuando, desde el colmo del desparpajo y la ignorancia, afirmó, refiriéndose al allanamiento, que «en ningún país serio del mundo, si es una empresa del presidente, hacen este gesto».

Una vez más, nos hallamos ante el ejercicio de un poder feudal.

Fuente: La Nación, 25/11/14. Editorial.

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El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.

Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.

La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de «hostigamiento judicial» y de «golpismo activo del Poder Judicial», términos que fueron duramente criticados.

«Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria», afirmó Capitanich, quien planteó que «la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente».

Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.

No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.

El último balance, correspondiente a 2010, se complementó con el acta de una supuesta asamblea que se celebró durante 2011 para aprobar ese ejercicio y en la que habría participado el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Esa acta, sin embargo, registra sus propias inconsistencias. Entre otras, se consignó el departamento «A» del 4° piso de la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires como la sede en que se celebró el encuentro. Pero para entonces ése ya había dejado de ser el domicilio donde funciona la sociedad presidencial, según informó el abogado que registra esa oficina como propia desde hace ya cuatro años.

De verificarse esa anomalía, Hotesur no sólo omitió inscribir ante la IGJ el cambio de sede social, como impone la ley, sino que habría declarado un domicilio falso ante el organismo que debe controlar las sociedades que se constituyen o fijan su sede en la ciudad de Buenos Aires.

De esos últimos movimientos societarios correspondientes a 2010 y 2011 surge además que los actuales dueños de Hotesur continúan en las sombras. Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó esa firma en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, ante la IGJ consta mucha menos información. Apenas que las acciones quedaron dentro de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010, sin detallar sus actuales titulares o sus porcentajes accionarios.

Según informó la IGJ mediante un comunicado que difundió anteayer, y Capitanich repitió dos veces durante su conferencia de prensa, «Hotesur SA se encuentra entre las sociedades activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis».

De la documentación que ahora analiza la Justicia surge que, en efecto, los responsables de Hotesur presentaron la declaración jurada que impone la ley, pero lo hicieron recién en abril de 2012 -vencido el plazo previsto-, en la que reafirmaron como su sede legal el domicilio de Lavalle 975 cuando esa oficina ya se encontraba en realidad en manos de un abogado.

La propia IGJ verificó la inconsistencia de ese domicilio cuando un año después intentó intimar a Hotesur para que pagara las tasas que adeuda desde 2009 y presentara los balances pendientes de los últimos años. Le envió una carta documento que volvió al organismo porque en esa oficina ya no funcionaba la sociedad presidencial.

Desde la IGJ, sin embargo, no ordenaron la inspección de rigor en la supuesta sede social para verificar qué ocurría. De haberse comprobado esa información inconsistente, combinado con que además ya adeudaba balances y tasas de varios años, el organismo habría quedado habilitado para pedir la cancelación judicial de su personería.

En vez de seguir ese camino -o al menos aplicar multas-, el legajo de Hotesur refleja que la IGJ no avanzó más. De hecho, esa intimación fallida por carta documento ni siquiera incluyó las firmas de los funcionarios que la dispusieron, acaso para protegerlos de eventuales represalias. Pero allí no se acaban las divergencias entre la versión oficial y lo que surge del legajo de Hotesur, en línea con lo que LA NACION comenzó a revelar en diciembre de 2013.

En su comunicado de anteayer, la IGJ también aludió a sus «competencias de fiscalización» y a un programa de «reempadronamiento y depuración societaria» que abarca a decenas de miles de firmas como Hotesur. Pero del legajo de Hotesur, sin embargo, no surge que se haya dispuesto ningún trámite de fiscalización concreto sobre la sociedad de la familia presidencial.

Denunciarán a D’Elía por amenazas

• El ex funcionario kirchnerista y dirigente piquetero Luis D’Elía se sumó a la embestida de Capitanich contra la Justicia y pidió «simbólicamente» dejar «clavada en una pica la cabeza de (Claudio) Bonadio». El diputado de Unión Pro Juan Pablo Arenaza anunció ayer que el martes presentará una denuncia penal por «amenazas de muerte» contra el dirigente kirchnerista.
• Desde su cuenta de Twitter, D’Elía calificó a los jueces de «mafia» y de buscar un «golpe destituyente», y vinculó a los magistrados que investigan un hotel de Cristina Kirchner con candidatos a presidente al escribir «Bonadio (Massa) y Stornelli (Macri y funcionario de Scioli). Están detrás de esta operación judicial-mediática».
• En tanto, el diputado porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó a D’Elía como «un provocador que sólo aspira a generar violencia».

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Del editor: qué significa. Según cuentan en su entorno, la Presidenta está preocupada por el avance de esta causa, y por la que los fondos buitre impulsan en la justicia de Nevada.

Fuente: La Nación, 23/11/14.

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En una rápida reacción, lo primero que hicieron fue asegurar que un giro de esa naturaleza no sólo «avala y respalda» las investigaciones que se siguen en Nevada sobre supuesto dinero de corrupción, sino que «demuestra que son necesarias» ante la «lentitud» con que operan los tribunales argentinos.

Junto con eso, la otra reacción que tuvo el fondo NML, del financista Paul Singer, fue contratar a un perito argentino para que detalle, en una nueva presentación, el largo listado de «causas dormidas» que «no sólo involucran al ex presidente Néstor Kirchner», sino -dice- «al propio Báez» y a muchos otros integrantes del entorno presidencial.

La presentación lleva la firma del estudio de abogados que representa a Singer en Nevada, así como del abogado argentino Pablo Maggio, quien reconoce haber sido «contratado como experto en asuntos de ley penal» de nuestro país para que atestigüe sobre el estado de esas causas en los tribunales argentinos.

La reacción se sube al pedido de Casanello para intentar poner freno, así, a los intentos de los abogados que defienden a Báez y al empresario kirchnerista Cristóbal López de que se ignoren las denuncias de los buitres, que califican de «fabulaciones e inventos» orquestados para desacreditar al gobierno argentino y obligarlo a negociar.

De acuerdo con la documentación a la que accedió LA NACION, el perito argentino contratado por Singer recuerda que, en contra de lo que sostuvieron los abogados de ambas partes, tanto Báez como López «sí tienen» numerosas «causas formales» en que se los investiga por supuesta corrupción en la Argentina.

«No se trata de causas que respondan a ningún interés político, como sugieren los imputados, sino a la obligación legal de los fiscales de denunciar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad», sostuvo Maggio. El abogado refutó la pretensión de que el grueso de las investigaciones se centraran exclusivamente en el ex presidente Kirchner y que, por tanto, con su muerte, hubiesen quedado extinguidas. «Lejos de eso, están todavía en trámite y en ellas se incluye a los señores Báez y López», agregó.

Enumera luego un largo listado de causas y recuerda que, entre otras, son investigados por asociación ilícita, fraude contra la administración pública, lavado de dinero, transferencia de fondos en forma irregular hacia el exterior y evasión tributaria, según los casos.

Lo que sí advierte el perito Maggio a los jueces norteamericanos es que, si bien hay causas abiertas en los tribunales de nuestro país, «avanzan de forma extremadamente lenta debido a la ineficiencia de los tribunales argentinos para analizar la información recibida». Quienes aquí siguen el largo litigio de los fondos buitre califican lo ocurrido como la primera reacción palpable al pedido de información cursado días atrás por el juez Casanello.

Tal como informó LA NACION, en un giro inédito, el magistrado firmó varios exhortos dirigidos a la justicia de este país en los que pide información sobre los personajes clave de la pretendida «ruta del dinero K». Nunca antes el juez había pedido información a los tribunales de Nevada, donde los buitres montaron una trinchera legal con un doble propósito: identificar eventualmente fondos públicos argentinos para intentar embargarlos y, con eso, cobrarse la acreencia que tienen en nuestro país, así como presionar al Gobierno para que negocie ese pago.

Además de Báez, Casanello está interesado también en las actividades de López y de un nutrido elenco de supuestos integrantes de esa ruta, Entre ellos, el ex dueño de la financiera SGI Federico Elaskar, del pretendido «lavador» Leonardo Fariña y del empresario Carlos Molinari.

No está claro aún cuál será la respuesta de los Estados Unidos a ese requerimiento. Por lo pronto, los holdouts no esperaron para usarla en su favor con el argumento de que la apelación de Casanello muestra que las actuaciones de Nevada «son justificadas y necesarias».

En busca de pruebas

• El juez Sebastián Casanello envió la semana pasada varios exhortos para reclamar información de la llamada ruta del dinero a los Estados Unidos.
• Según los fondos buitre denunciantes, el giro del magistrado «avala y respalda» las investigaciones que se siguen en Nevada.
• El fondo NML, de Paul Singer, contrató a un perito argentino para que detalle el largo listado de «causas dormidas» en los tribunales nacionales contra el ex presidente Néstor Kirchner.

Fuente: La Nación, 17/11/14.

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