WASHINGTON (EFE Dow Jones) — Más de la mitad de los economistas encuestados por The Wall Street Journal prevé que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios en sus dos próximas reuniones de política monetaria, y que volverá actuar en su reunión de junio.

Casi 60% de los economistas sondeados durante los últimos días dijo que el próximo incremento de las tasas de interés de la Fed será en el encuentro del 13 y 14 de junio, frente a 48% que opinaba así en la encuesta anterior. Aproximadamente 25% cree que la Fed encarecerá el precio del dinero en la reunión del 14 y 15 de marzo, mientras que el 11% espera que el próximo incremento se produzca en mayo.

Cuando publicaron sus proyecciones económicas en diciembre, los responsables de política monetaria de la Fed adelantaron que podría haber tres incrementos de un cuarto de punto porcentual este año, aunque ofrecieron pocas pistas sobre cuándo podrían realizarse esas alzas. La semana pasada votaron a favor de mantener los tipos de referencia en un rango de entre 0,5% y 0,75%.

La división entre los economistas refleja la incertidumbre sobre cómo afectarán las propuestas del gobierno Trump a la economía, y a su vez, a la política monetaria. Si bien los recientes datos macroeconómicos podrían justificar un incremento de las tasas en marzo, un mayor número de economistas cree que la Fed adoptará una postura cauta.

“La creciente incertidumbre política en el país y fuera de él llevará a la Fed a dudar esta primavera”, comentó Diane Swonk, de DS Economics, que cree que el próximo incremento será en junio.

Gregory Daco, responsable de macroeconomía estadounidense de Oxford Economics, también sitúa la próxima alza en junio.

En cambio Rajeev Dhawan, economista de la universidad estatal de Georgia, cree que la Fed actuará el mes próximo, antes de que la política comercial de Trump entre completamente en vigor.

The Wall Street Journal encuestó a 62 economistas, aunque no todos respondieron a todas las preguntas.

Fuente: The Wall Street Journal, 10/02/17.

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RANSOM, Kansas, EE.UU. — El cinturón agrícola de Estados Unidos se encamina a marcar un nuevo hito: pronto habrá menos de dos millones de haciendas en el país por primera vez desde que los pioneros colonizaron el oeste tras la compra de Luisiana.

Un declive de varios años en los precios del maíz, el trigo y otras materias primas agrícolas como consecuencia de un exceso mundial de granos ha obligado a muchos agricultores a endeudarse. Algunos están abandonando la actividad, generando temores de que se produzca la mayor ola de cierres de haciendas desde los años 80.

La participación estadounidense en el mercado global de granos es menos de la mitad que el nivel que tenía en los años 70. El Departamento de Agricultura proyecta que una caída de 9% en los ingresos de los agricultores del país en 2017, el cuarto declive anual consecutivo en lo que constituye el mayor bajón del sector desde la Gran Depresión de los años 30.

“Uno ahorra en esto y lo otro y de repente ya no queda de dónde ahorrar”, cuenta Craig Scott, un agricultor de quinta generación de esta localidad de Kansas.

Desde el frente de la casa de su padre, el agricultor de 56 años puede ver el ventoso lugar donde estaba la vivienda de adobe de sus bisabuelos en 1902, cuando plantaron la primera de las cerca de 500 hectáreas en la que la familia cultiva hoy alfalfa, sorgo y trigo. Pero incluso después de haber tenido una de las mejores cosechas de trigo el año pasado, gracias a la lluvia abundante y un invierno benigno, Scott no está seguro de poder mantener el negocio a flote.

Los costos de las semillas, el fertilizante y el equipamiento han subido tanto y los precios de los granos han bajado tanto que de todas maneras perdió más de US$300 por hectárea. Ante el temor de una nueva pérdida, Scott optó por no plantar cerca de 70 hectáreas de trigo de invierno, o casi un tercio de la superficie habitual. No es un caso aislado. Los agricultores estadounidenses plantaron en esta temporada la menor área de trigo de invierno en más de un siglo.

“Ya nadie sólo cultiva granos”, lamenta Deb Stout, cuyos hijos Mason y Spencer se dedican a la hacienda de la familia, de unas 800 hectáreas, en Sterling, Kansas, a unos 190 kilómetros de Ransom. Spencer también trabaja como mecánico mientras que Mason es un cartero sustituto. “Contar con un empleo adicional parece ser la única forma de lograrlo”, dice Deb.

Ella y su esposo ya solicitaron protección de la ley de bancarrota en el pasado. Los agricultores en las inmediaciones de Sterling registraron una pérdida promedio de US$6.400 en 2015, el último año del cual hay cifras disponibles, después de una ganancia de US$80.800 el año anterior, según la Kansas Farm Management Association.

La agricultura siempre ha sido un negocio marcado por los ciclos de auge y caída. Hoy, los vaivenes son más pronunciados y menos predecibles gracias a la internacionalización de la economía agrícola, donde más países exportan alimentos y nutren a sus respectivas poblaciones.

La participación de los agricultores estadounidenses en el comercio mundial de granos ha caído de 65% a mediados de los años 70 a 30% en la actualidad, disminuyendo su influencia sobre los precios. La presencia de más productores y compradores en todo el mundo también significa que el mercado es más susceptible a interrupciones como el clima, la hambruna o una crisis política.

Hace algunos años, la variación de los precios del maíz entre un año y otro no superaba US$1 por bushel. Desde 2006 en adelante, sin embargo, han subido y bajado más de US$4 por bushel.

Hace una década, el auge del biocombustible en EE.UU. y de la clase media de China elevó los precios de cultivos como el maíz y la soya. Muchos agricultores de EE.UU. gastaron las ganancias de la época de vacas gordas comprando tierras y maquinaria de medio millón de dólares.

El auge también incentivó un alza de la producción en otros países. Los agricultores de todo el mundo cultivaron unas 73 millones de nuevas hectáreas en los últimos 10 años. Los menores costos de producción, la cercanía a los mercados de crecimiento más acelerado y una mejora de la infraestructura les otorgó una ventaja a los agricultores de otros países.

La producción de maíz y trigo nunca ha sido mayor, pero jamás se había almacenado tanto grano.

Desde inicios del siglo XIX hasta la Gran Depresión de los años 30, la cantidad de granjas en EE.UU. creció de manera constante conforme los pioneros se expandían hacia el oeste del río Mississippi. Las familias habitualmente tenían una combinación de cultivos y ganado en una extensión que no superaba los cientos de hectáreas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las cosechadoras y otras tecnologías permitieron a los agricultores cubrir más terreno. Hace dos décadas, la llegada de las semillas transgénicas los ayudaron a aumentar sus rendimientos.

Las granjas se volvieron más grandes y especializadas. Las operaciones a gran escala ahora representan cerca de la mitad de la producción agrícola estadounidense. La mayoría, incluso algunas de las mayores, sigue estando en manos de familias.

A medida que aumentaba el tamaño de las haciendas, su número disminuía, pasando de seis millones en 1945 a poco más de dos millones en 2015, acercándose a un umbral que no se había visto desde mediados del siglo XIX. El total de hectáreas cultivadas en EE.UU. descendió 24%, a 369 millones.

Rusia, en cambio, pasó en los últimos 25 años de ser el mayor importador de trigo al mayor exportador, señala Dan Basse, presidente de la firma de investigación agrícola AgResource Co. Los agricultores rusos plantaron más trigo el año pasado para aprovechar el alza del dólar frente a un sinnúmero de monedas. Eso incentiva a los rusos a exportar la mayor cantidad de trigo posible para obtener dólares, que luego convierten en cerca del doble de los rublos que recibían hace tres años.

El alza del dólar también abarata las exportaciones de los agricultores de otros países. “Mientras el dólar se mantenga fuerte, los agricultores estadounidenses están en desventaja”, reconoce Basse. “Es un desangramiento lento, no un corte directo a la yugular”.

El gobierno de Barack Obama acusó a China el año pasado de subsidiar en forma desleal la producción de trigo y limitar de manera injusta las importaciones de granos en desmedro de los agricultores estadounidenses. El Departamento de Agricultura de EE.UU. informó en octubre que proveería más de US$7.000 millones en asistencia financiera para ayudar a los agricultores a sortear el bajón.

Las exportaciones de trigo de EE.UU. durante la última temporada fueron las más bajas en casi medio siglo, aunque el gobierno proyecta un alza este año. Basse sostiene que dentro de cinco años exportar trigo no será económicamente viable para los agricultores estadounidenses.

Los economistas no prevén que el actual bajón alcance la severidad de la crisis de los años 80, cuando los precios de los granos se derrumbaron después de un alza de una década que llevó a los agricultores a expandirse, acumulando deuda. Los valores de las tierras agrícolas se desplomaron y las tasas de interés se dispararon. Muchos agricultores y bancos terminaron en la quiebra.

Se espera que ahora, sin embargo, los precios de las tierras se mantengan más estables. Los ingresos de los agricultores alcanzaron niveles récord en 2013, dejando a una buena cantidad con mucho efectivo en sus bolsillos. Las tasas de interés siguen en mínimos históricos. Aunque se prevé que la relación deuda-activos de los agricultores suba en 2017 por quinto año consecutivo, sigue cerca de mínimos históricos.

Los costos de insumos como el fertilizante han descendido y los economistas proyectan una mayor presión sobre los precios de las semillas y las tarifas de alquiler de tierra. La situación podría mejorar si el mal clima reduce las cosechas, lo que estimularía la demanda del suministro excedente de EE.UU. Además, pocas comunidades rurales dependen hoy de la agricultura para su sustento económico, lo que las protege del mal momento que atraviesa el sector.

Para algunos, se trata de una oportunidad. Los agricultores con poca deuda y suficiente escala para aprovechar las cosechas récord del año pasado podrían estar en condición de alquilar o comprar los terrenos de sus vecinos más atribulados.

Lee Scheufler, de 65 años, ha multiplicado casi en 10 el tamaño de su hacienda en Sterling con el correr de los años, tras comenzar con unas 240 hectáreas hace cuatro décadas. Luego de haber ahorrado durante la época de bonanza, acaba de comprar y arrendar tierra de alta calidad para reemplazar algunos de sus activos más débiles.

“Tratamos de estar preparados para cuando ocurra lo inevitable”, dice Scheufler y agrega que algún día le gustaría traspasar sus tierras a un agricultor más joven que recién esté dando sus primeros pasos, como un vecino lo hizo con él.

Una fría tarde de octubre, Scheufler condujo su cosechadora por el primer campo que compró. La máquina pasó por hileras de soya dorada. Un halcón seguía de cerca la cosechadora en busca de algún ratón mientras Scheufler recordaba los nombres de los agricultores cuyas tierras había adquirido: Ted Hartwick, los Matthews, los Profits, su padre. “Cada propiedad tiene su propia historia”, explica.

A fines de los años 70, se unió a una manifestación de miles de agricultores en Washington que le pedían al gobierno que abordara el problema de los bajos precios de los granos y los cierres de haciendas. Mientras algunos conducían sus tractores por la capital, su grupo tocaba una campana cada cinco minutos para simbolizar el ritmo al que cerraban las fincas agrícolas. Este año, se ha acordado a menudo de esa época.

“La posibilidad de una gran crisis es real”, asevera. “Si las cosas siguen como ahora, todavía no hemos visto nada”.

En Ransom, Scott ha recurrido a la ayuda del gobierno para contar con un ingreso estable. Colocó casi 70 hectáreas en un programa de conservación del gobierno que les paga a los agricultores para plantar pasto en lugar de cultivos. Parecía la única opción a su disposición luego de gastar cerca de US$6,50 por bushel en semillas, fertilizante, combustible y pesticidas para plantar trigo el año pasado y ganar apenas US$2,90 por bushel.

Otros agricultores han tirado la toalla. Scott se graduó de la secundaria de Ransom hace casi cuatro décadas en una clase en la que había 28 estudiantes, la mayoría de ellos hijos de agricultores. Este año se graduarán sólo nueve alumnos. “Las haciendas se expandieron para ser más eficientes, pero hicieron que estos pueblos murieran en cámara lenta”, dice Scott.

La cafetería Loaves n’ Fishes, en Ransom, apenas generó una ganancia el año pasado, cuenta su propietario, Monty Roth, quien advierte que la puede cerrar este año si no repuntan las ventas. El petróleo, el otro negocio importante de Ransom, ha sido afectado por la caída de los precios desde fines de 2014. La mayoría de los trabajadores del sector se han ido de la ciudad.

En Great Bend, a unos 130 kilómetros de Ransom, Les Hopkins acaba de vender su concesionario de John Deere luego de que las ventas prácticamente se paralizaron. Los agricultores que financiaron las compras de maquinaria le deben unos US$100.000. “El dinero se fue”, admite.

Los banqueros dicen que muchos agricultores están gastando sus ahorros para mantenerse a flote y prevén que algunos opten por jubilarse en lugar de seguir perdiendo dinero. Los agricultores jóvenes que carecen de grandes ahorros son vulnerables, al igual que los cultivadores de mayor envergadura que se endeudaron con el fin de expandirse. Algunos sellaron arriendos de varios años a alquileres muy altos.

El motor del tractor de David Radenberg dejó de funcionar el año pasado mientras sembraba trigo en la granja de su familia de casi 1.000 hectáreas en Claflin, a unos 145 kilómetros de Ransom. No tenía dinero para arreglarlo.

“Te dan ganas de llorar cuando te enteras de cuánto cuesta”, dice. Decidió vender el tractor por US$10.500 y usar un modelo más antiguo. Si los precios de los granos siguen bajos, podría vender la hacienda. Después de 30 años, esta cosecha podría ser la última. “¿Consigo un trabajo en Wal-Mart saludando a la gente o en el taller de mecánica?”, pregunta.

Fuente: The Wall Street Journal, 10/02/17.

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Xi Jinping, presidente de China, durante el Foro Económico Mundial.

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El presidente de China, Xi Jinping, fue a Davos para alabar la globalización. El recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue a Washington para enterrarla.

“Buscar el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura”, dijo Xi en Davos a las agradecidas elites. Días después, Trump replicó: “La protección llevará a una gran prosperidad y fortaleza”. Steve Bannon, el principal estratega de Trump, sugirió comparar los discursos: “Son dos visiones diferentes del mundo”.

Pero las apariencias engañan. La primera semana de Trump en la Casa Blanca sugiere que sus visiones y las de Xi sobre el mundo podrían tener más en común de lo que parecen, lo que potencialmente puede representar malas noticias para el resto del mundo.

China nunca aceptó el modelo liberal occidental de la globalización, según el cual las fuerzas del mercado deben operar a través de las fronteras en gran parte libre de la interferencia de gobiernos nacionales. China subordina las fuerzas del mercado y las relaciones comerciales a la visión dominante del Estado sobre el interés nacional. Trump muestra un enfoque similarmente nacionalista del mundo: retiró a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico de 12 naciones e impuso nuevas restricciones a la entrada de extranjeros, además de planear construir un muro a lo largo de la frontera mexicana y considerar imponer impuestos a las compañías que llevan su producción al exterior.

La orientación política fundamental de Xi es nacionalista, no globalista, dice Andrew Batson de Gavekal Dragonomics, una firma de investigación con sede en China. Eso también se aplica a Deng Xiaoping, que abrió China al mundo en 1979, dijo. Xiaoping apuntaba a todo lo que hiciera mejor a China sin ningún compromiso ideológico a la libertad de mercados o de comercio por sí mismas. “Xi está más bien en esa tradición. Su eslogan es realmente, hacer a China grande otra vez”.

Este punto puede encontrarse enterrado en medio de los tópicos y proverbios en el discurso de Xi en Davos: China ha seguido el “camino del desarrollo que le conviene” y se niega a “seguir ciegamente” a los demás.

Ese camino significó darle la bienvenida a la inversión extranjera y de paso usar la palanca de su gigantesco mercado para obtener una transferencia de experiencia y tecnología a las compañías chinas. Implicaba también el uso de subsidios, restricciones de licencias, compras gubernamentales y un sinnúmero de otras políticas para restringir la competencia extranjera con los campeones nacionales chinos, desde automóviles hasta tarjetas bancarias. Significaba también mantener el valor de su moneda bajo para sostener grandes superávits comerciales.

China ha reconsiderado el camino de las pasadas hegemonías económicas mundiales. Como escribió Ha-Joon Chang, un escéptico del libre comercio de la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña no adoptó el libre comercio hasta el siglo XIX, cuando se había convertido en la indiscutible potencia económica mundial. EE.UU. mantuvo altos aranceles hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no prueba que el proteccionismo haya causado la industrialización. La inversión, los derechos de propiedad privada y la alfabetización fueron mucho más importantes. Pero el libre comercio es políticamente más fácil de vender desde una posición de fortaleza.

La globalización ha permitido a China industrializarse y sacar a millones de la pobreza, manteniendo la capacidad de favorecer a sus propias empresas en el país.

Un buque de carga en Hong Kong. 

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“A China le gustan las reglas actuales porque limitan a otros más que a ella”, dice Brad Setser, especialista en economía internacional del Consejo de Relaciones Exteriores. La pregunta, dice Setser, es si, al igual que hicieron antes Gran Bretaña y EE.UU., China está ahora “segura de su capacidad para competir y se ha graduado de la protección de la industria infantil. Yo lo creería más firmemente si China no persiguiera tan agresivamente una política industrial en áreas como los semiconductores y la aviación”.

Aunque China ha cumplido gran parte de los compromisos adquiridos en tratados internacionales, las empresas extranjeras se han vuelto menos optimistas en medio de barreras regulatorias, competencia con las empresas chinas y una aplicación cuestionable de la ley, según el Consejo Empresarial EE.UU.-China.

Con excepciones ocasionales, EE.UU. no ha apuntado a niveles a particulares de empleo ni al balance comercial, sino que buscó establecer reglas bajo las cuales sus empresas podrían competir libremente. El TPP, lanzado por George W. Bush y negociado por Barack Obama, no sólo debía promover el crecimiento, sino también consolidar las relaciones estratégicas y crear nuevos códigos transnacionales de conducta empresarial.

Trump puede estar señalando que esa era ha terminado. En su lugar, está emulando a China en el uso del apalancamiento del mercado estadounidense y el brazo fuerte del gobierno federal para extraer mejores términos de empresa por empresa y de país por país. Al igual que China, eleva la cohesión nacional por encima del argumento económico y de la aceptación humanitaria de más inmigrantes y refugiados, y al igual que China, aboga por la “no interferencia” en los asuntos de otros. “Es el derecho de todas las naciones a poner sus propios intereses en primer lugar”, dijo. “No buscamos imponer nuestro modo de vida a nadie”.

Está en duda si EE.UU. puede o no replicar el éxito de China. Beijing busca proteger nuevas industrias. Trump trata de preservar empleos bien remunerados en industrias maduras inherentemente vulnerables a la automatización o las importaciones. Las barreras extranjeras de represalia podrían afectar a los sectores más exitosos de EE.UU., como el software, la agricultura y los aviones. El tradicional compromiso de EE.UU. con las leyes y el debido proceso es incompatible con la simbiosis entre las empresas y el gobierno sobre la que se basa la “economía socialista de mercado” de China.

El que más pierde, sin embargo, es el resto del mundo. Eso es porque el mensaje no es que China sea ahora el guardián de una economía global abierta; es que nadie lo es.

Fuente: The Wall Street Journal, 30/01/17.

Comentario de EconomiaPersonal:

A decir verdad, los Estados nunca se caracterizaron por defender el Libre Comercio per se, sólo se han limitado a propugnar políticas específicas que creían que los beneficiaban.

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Cerro de la Campana, un vecindario de Monterrey.

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MONTERREY, México — La carretera que va desde el aeropuerto al centro de esta ciudad industrial está poblada de fábricas y depósitos con nombres de empresas estadounidenses que fabrican algunos de los productos más reconocidos del mundo: las lavadoras de Whirlpool Corp., las galletas de Mondelēz International Inc. y los cosméticos de Mary Kay Inc.

En un parque industrial en las afueras de la ciudad que alberga instalaciones de General Electric Co. y DuPont Co., una calle se llama Avenida Nafta y otra Boulevard TLC, la sigla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que abarca a Estados Unidos, Canadá y México.

Una avalancha de inversiones ligadas al Nafta ayudó a convertir a Monterrey en la capital mexicana del libre comercio, permitiendo que decenas de miles de trabajadores accedieran a la clase media y enriqueciendo a las poderosas familias empresariales. En estos días, las personas a ambos extremos de la economía tratan de determinar sus próximos pasos en momentos en que Donald Trump, el nuevo presidente de EE.UU., parece dispuesto a cumplir sus promesas de renegociar el Nafta y erigir un muro entre ambos países.

El jueves en la mañana, sin ir más lejos, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, canceló una visita a EE.UU. prevista para la próxima semana luego de que Trump intensificara la presión para que México financiara el muro que pretende construir en la frontera.

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“El libre comercio es crucial para el crecimiento de México”, dice Alberto de Armas, presidente del capítulo de Monterrey de la Cámara Americana de Comercio de México, un organismo que defiende el intercambio comercial. “Cuando llegué a Monterrey en los años 80, era una ciudad dormida. Lo único que había eran fábricas de vidrio, cementos y cerveza. Ahora, puede asistir a la ópera”.

Aunque una serie de políticos estadounidenses, desde Trump al senador demócrata Bernie Sanders, han atribuido al Nafta y al libre comercio en general las pérdidas de empleos en EE.UU., el pacto comercial ha transformado a las exportaciones en el motor de la economía mexicana. Nafta contribuyó al desarrollo de vastas zonas del país, ayudó a poner fin a los altibajos crónicos de la economía y propició un auge de la inversión impulsada por las empresas del país vecino. La inversión extranjera directa se quintuplicó. El mayor empleador privado de México es la cadena minorista Wal-Mart Stores Inc.

Un trabajador en una planta de ensamblaje de Kia Motor en Pesquería, México.

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El ascenso de Trump es considerado en México como la mayor amenaza proveniente de EE.UU. desde la Primera Guerra Mundial, cuando tropas estadounidenses ocuparon brevemente la ciudad de Veracruz. También trastorna seis décadas de política estadounidense que colocó la estabilidad de México como una prioridad.

El peso ha caído cerca de 13% desde la elección mientras que la inversión extranjera directa, que ya había retrocedido 23% interanual en los nueve primeros meses de 2016, se ha paralizado desde el triunfo de Trump.

Los economistas sondeados por el banco mexicano Citibanamex redujeron el viernes su pronóstico de crecimiento para este año de 1,7% a 1,5%. También revisaron al alza sus previsiones de inflación y de alzas de las tasas de interés.

Los empresarios mexicanos intentan atenuar el impacto. Hace unos días, medio centenar de ejecutivos de las principales compañías del país se reunieron en privado en Ciudad de México con Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores. El objetivo era buscar formas de relacionarse con el gobierno de Trump, una tarea que le ha sido delegada a Videgaray, quien se desempeñó como secretario de Hacienda antes de renunciar en septiembre tras las críticas provocadas por la visita de Trump a México en medio de la campaña electoral.

Los empresarios le sugirieron a Videgaray proponer que el acuerdo añada reglas de origen más estrictas, lo que exigiría que los productos fabricados en México tengan niveles más altos de componentes norteamericanos para que ingresen a EE.UU. sin aranceles. Algunas automotrices como Mazda Motor Corp., por ejemplo, importan motores directamente de Japón y ensamblan un vehículo en México que luego es exportado a EE.UU. Bajo las nuevas normas, estos autos podrían tener que pagar un arancel a menos que los motores sean fabricados en la región.

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Reglas de origen más estrictas inclinarían la balanza hacia un mayor contenido de EE.UU., pero también elevarían los costos y reducirían la competitividad de la región frente a la del resto del mundo, dicen los partidarios del libre comercio. El funcionario aprobó la estrategia y dijo que parecía la táctica de negociación “más lógica”, según varios ejecutivos que asistieron al encuentro. La oficina de Videgaray, que se ha reunido con representantes del gobierno de Trump en Washington esta semana, no respondió a llamadas en busca de comentario.

Aunque buena parte de la población mexicana sigue sumida en la pobreza, algunas zonas se han empezado a desarrollar gracias al libre comercio. La economía de Nuevo León, donde está Monterrey, creció 67% entre 2004 y mediados de 2016, según el gobierno mexicano, un promedio anual de más de 4%.

Los 12 estados mexicanos más dependientes de los sectores exportadores gobernados por el Nafta, aglomerados en la frontera con EE.UU. y la región central donde se ubica la industria automotriz conocida como El Bajío, experimentaron una expansión anual promedio de 3,7% desde 2004, según un análisis de The Wall Street Journal a partir de datos oficiales. En cambio, los 20 estados que no dependen del Nafta promediaron un crecimiento anual de 2,8% desde 2003.

Planta de Whirlpool en Monterrey, México.

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Aunque el Nafta se pueda renegociar de una forma que beneficie a todos, México podría tener por delante un camino lleno de baches tomando en cuenta las críticas de Trump contra las empresas que tratan de abrir una planta en el país. Las preocupaciones adquirieron un tono cercano al pánico en las últimas semanas cuando Ford Motor Co. canceló la construcción de una planta de ensamblaje de US$1.600 millones en la ciudad industrial de San Luis Potosí tras los ataques de Trump. Un poco antes, Carrier Corp. había adoptado una medida semejante. Una importante cadena estadounidense de artículos para la construcción y equipamiento del hogar, suspendió sus planes de expansión en México ante las preocupaciones por la publicidad negativa que recibiría, indicaron fuentes cercanas.

Algunos en México creen que cuesta imaginar a una compañía estadounidense anunciando una nueva fábrica en el país en un futuro cercano. “No contamos con información nueva sobre inversiones en plantas desde las elecciones en EE.UU.”, dice Ricardo Cantú, presidente de Index Nuevo León, una asociación de exportadores.

El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles señaló que el fabricante podría retirarse de México si el gobierno de Trump cumple su promesa de imponer aranceles a los autos importados. En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha atacado a General Motors Co., Toyota Motor Corp. y BMW AG a raíz de sus inversiones en México.

Los mexicanos están consternados y se han vuelto cada vez más enardecidos. Un gobierno estatal, un gobierno municipal y varias empresas mexicanas reaccionaron al anuncio de Ford lanzando su propio boicot de los productos de la automotriz.

Si el Nafta fuera desechado por completo, la relación comercial entre EE.UU. y México volvería regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio, dicen los expertos. Ello probablemente resultaría en aranceles promedio de sólo 5% para los productos que México envíe a su vecino del norte. El impacto sería ligeramente peor para los bienes estadounidenses que se dirigen al sur, ya que el antiguo acuerdo de la OMC permitió un cierto proteccionismo por parte de México.

No obstante, el impacto sobre el clima de inversión sería difícil de predecir. El Nafta consagró protecciones legales para las empresas estadounidenses que invierten en México contra regulaciones punitivas o confiscaciones. También estableció un mecanismo para resolver quejas.

Incluso más preocupante para la élite de Monterrey son otros posibles aranceles de importación que están siendo analizados en EE.UU. Los republicanos de la Cámara de Representantes han lanzado la idea de un “impuesto de ajuste fronterizo” que privaría a las empresas estadounidenses de una exención de impuestos a los bienes importados. “La idea de un impuesto fronterizo es un problema enorme”, dijo Enrique Zambrano Benítez, presidente ejecutivo de Grupo Proeza, un holding que controla la siderúrgica Metalsa, un gran proveedor de las automotrices con sede en Monterrey.

Zambrano dijo que si ese impuesto se aplica, su firma probablemente trasladaría parte de su producción mexicana a sus cinco plantas estadounidenses y compraría más materias primas de los productores de EE.UU., lo que daría lugar a despidos en México. Esa situación, advirtió, probablemente forzaría a su firma a cobrar precios más altos en EE.UU.

Stabilit S.A. de C.V., una empresa de materiales de construcción, dijo que tal impuesto podría obligar a despedir a cientos de trabajadores mexicanos y a centrarse más en la venta a clientes en México, Europa y Asia, según el presidente de la compañía, Fernando Canales Clariond, que fue secretario de Economía y de Energía de México y es parte de una tercera generación de industriales.

Canales dijo que la compañía gasta cerca de US$350 millones al año en materias primas, incluyendo grandes compras de resinas plásticas y fibra de vidrio de empresas estadounidenses como PPG Industries Inc. Imponer un arancel de frontera significaría la pérdida de muchos empleos en las fábricas de EE.UU., advirtió.

Con seis grandes fabricantes de vehículos industriales, camiones y autos y más de 200 proveedores de primer nivel, Nuevo León, y en especial Monterrey, es un importante centro económico para el sector automotor mexicano. Unas 84.000 personas trabajan en la industria automotriz local, lo que representa un tercio de cada dólar de ventas obtenido de las exportaciones, según Manuel Montoya Ortega, jefe de una asociación local del sector. “Estos son los trabajos más formales y más estables de la región, desde posiciones de fábrica hasta diseñadores e ingenieros”, dijo Montoya. “Todo el mundo está muy preocupado”.

Para Monterrey, la acogida del libre comercio y del Nafta no vino naturalmente. Durante décadas, México tuvo una economía cerrada y muchas de las grandes firmas nacionales eran de Monterrey. Cuando se negoció el Nafta en 1993, muchas empresas en la ciudad pensaron que simplemente desaparecerían ante el asedio de las compañías estadounidenses.

No todo el mundo en México piensa que el libre comercio ha sido un éxito rotundo. Según el Banco Mundial, el crecimiento anual del PIB de México desde 1994, el año en que entró en vigor el Nafta, ha promediado 2,57%, en comparación con el 4,18% anual de las dos décadas previas, cuando México realizó importantes hallazgos de petróleo.

El crecimiento de los salarios también ha sido inferior a lo que los promotores del Nafta esperaban, en parte debido a un auge de ingreso de jóvenes mexicanos a la fuerza laboral en los noventa y principios de la década de 2000. Los salarios diarios promedio en dólares han subido apenas 18% desde 2000, a US$16,70 al día, según estadísticas oficiales. Decenas de miles de pequeños agricultores se vieron obligados a encontrar empleo después de que el Nafta los expusiera a la competencia de las granjas industriales de EE.UU., más proclives al uso de la tecnología.

El Nafta “no ha sido una bala de plata”, dijo Fernando Turner, secretario de desarrollo económico de Nuevo León y propietario de Katcon Global, fabricante de sistemas de escape para automóviles.

A pesar de las reservas, pocos en México piensan que el país habría estado mejor sin el pacto comercial. El Nafta y la apertura comercial, en general, introdujeron la competencia en una economía que estuvo cerrada por décadas, con monopolios públicos y privados que hacían productos de baja calidad a precios no competitivos.

Canales, cuya familia gestionaba el conglomerado Industrias de Monterrey S.A., cuenta que antes del Nafta el acero galvanizado producido en México era tan endeble que se rompía bajo la presión de las estampadoras. Sólo después de que los mercados se abrieron a la competencia estadounidense, la calidad de los productos de su negocio familiar mejoró.

“Viví el período de fronteras cerradas de México, y los productos que teníamos eran pésimos”, reconoce. “Recuerdo haberme preocupado cuando empezó el Nafta, pensando cómo podríamos competir con los productores de acero estadounidenses. Mi tío solía decirme: ‘Cuando te vayas a la cama, ruega por tu compañía, pero ruega más por tus competidores, porque la buena competencia es la mejor presión que una empresa puede pedir”.

La fábrica de Metalsa en Apodaca, un suburbio de Monterrey, ofrece una visión de cómo el libre comercio ha ayudado a apoyar la creación de una fuerza laboral obrera. La planta emplea unas 3.600 personas y produce al año cerca de 680.000 plataformas de acero para las camionetas Dodge Ram, Toyota Tundra y Toyota Tacoma. Compra el 56% del acero y otros componentes para producir el chasis de camiones a proveedores mexicanos, 21% a proveedores de EE.UU., y 22% a empresas asiáticas.

Alexander Calderón, de 46 años, hijo de un agricultor en una zona rural del estado de Veracruz, comenzó a trabajar en Metalsa en la soldadura de plataformas para camionetas de Chrysler en 1993, con un sueldo mensual inicial de 600 pesos, unos US$194 en aquel momento. Ahora gana 40.000 pesos al mes, US$1.860, como supervisor en la división de hidroformado de acero de la planta, es propietario de una casa en Guadalupe, un suburbio de Monterrey, y envió a su hijo mayor a estudiar contabilidad en la universidad pública de Nuevo León. “En mi caso, realmente comencé a notar el desarrollo de las industrias aquí en los últimos 15 años cuando las empresas de otros países vinieron. Ahí es cuando mi salario empezó a subir “, dijo Calderón. “Se ha vuelto muy competitivo”.

La mayoría de los trabajadores de la planta de Metalsa ganan mucho menos, pero sus vidas han mejorado. Alfredo Treviño, de 30 años, ha trabajado en la compañía por 11 años, y ha visto crecer su salario de 50 pesos, o US$13,76 al día, a 360 pesos, o US$16,74. Dedica alrededor de un cuarto de su sueldo a la hipoteca de la casa de dos dormitorios que comparte con su esposa y dos hijos. El Volkswagen Lupo hatchback que compró en 2005 está pagado. “En mi círculo, todo el mundo tiene una casa y un auto”, dijo Treviño.

Fuente: The Wall Street Journal, 26/01/17.

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