La Justicia, cerca de golpear la puerta de Cristina
Por Joaquín Morales Solá.
Cristina Kirchner no puede caminar por las calles de Río Gallegos. Tampoco por las de la Capital. Corre el riesgo de chocar con la protesta de la gente común. Sólo por algunos barrios (no pocos) del Gran Buenos Aires podría pasear sin inconvenientes. El círculo de la Justicia se va cerrando sobre ella. Nada indica que sucederá algo espectacular en tiempos inminentes, pero todo apunta a que la ex presidenta será investigada en varias causas por presunta corrupción. Esa encerrona entre la calle y los jueces explica su reciente carta de rencor y odio, y las instrucciones para que sus seguidores sacudan con fuerza el árbol del conflicto social (que existe, sin duda). La mayoría del peronismo aspira a dejar atrás a Cristina y el cristinismo, pero carece de un liderazgo alternativo capaz de eclipsar la presencia política de la ex presidenta.
Cómo y cuándo son las únicas preguntas que pueden hacerse sobre el destino judicial de Cristina. Cómo y cuándo la Justicia golpeará las puertas de su casa. Ya no cabe preguntar si lo hará o no. Lo hará. El caso Báez terminará en ella. Si fuera cierto que el juez Sebastián Casanello quiere cerrar la causa con el juicio a Báez, el magistrado estaría desafiando el sentido común. Báez está siendo investigado por lavado de dinero. Cuando se compruebe ese delito, la Justicia deberá preguntarse qué dinero lavó. ¿Quién le dio el dinero que requería de un blanqueo? Generalmente, el dinero negro proviene del narcotráfico o de la corrupción. Descartado el tráfico de drogas en este caso, queda la corrupción. Se trata del mayor contratista de obras públicas de Santa Cruz, la provincia que Néstor y Cristina Kirchner gobernaron y gobiernan desde hace 25 años.
Lázaro Báez disiente de sus hijos, Martín y Leandro. Éstos lo espolean a declararse arrepentido y a dar información sobre las cuentas y las sociedades que existieron (¿existen?) entre él y los Kirchner. La primera respuesta de Lázaro fue que prefiere el silencio y dos años de cárcel antes que la delación. Uno de sus hijos, posiblemente Leandro, le hizo una pregunta sagaz: ¿y quién te dijo que serán dos años y no diez? En efecto, ¿quién le garantizaría que serían sólo dos años de prisión a cambio de nada? Cristina está en vilo. Una palabra de más de Báez podría anticipar dramáticamente su futuro.
En su declaración ante la Cámara Federal, Báez se mostró como un hombre envuelto por la nube negra de una depresión. Y dijo: yo no sé por qué estoy preso. Soy un empresario de la construcción que ganó licitaciones de obras públicas. ¿Qué hice mal? La exposición no deja de tener su razón formal. En tanto el juez Casanello no vaya más allá del presunto lavado de dinero, la culpa de Báez es confusa y difusa. ¿De dónde sacó el dinero que lavó? Su realidad cambia radicalmente si se colocan otros ingredientes al presunto lavado. Fue socio (o es) de quienes fueron presidentes de la Nación. Compartió propiedades con los Kirchner y les alquiló los hoteles a ellos. Recibió de los dos presidentes Kirchner la concesión de casi todas las obras públicas de Santa Cruz. No es un contratistas más.
¿Por qué tuvo dinero negro si el que recibió de las obras públicas fue dinero blanco? Los investigadores judiciales suponen que el dinero blanco de los sobreprecios debió pasar a negro para pagar sobornos y comisiones a funcionarios públicos. También es posible que haya tenido que devolver gran parte del dinero a sus auténticos dueños, la familia Kirchner. El dinero que recibió Báez, en síntesis, debió hacer un círculo interminable: pasar de blanco a negro y de negro a blanco. Por eso, la supuesta intención de Casanello de limitar su juicio a Báez refutaría cualquier noción de justicia. De hecho, el fiscal Guillermo Marijuan imputó en la causa de Báez a Cristina Kirchner y a Julio De Vido. Nada se explicaría sin Cristina y los Kirchner.
Una cosa es cuestionar a Casanello por lo que hace como juez. Otra cosa es la campaña que se abatió sobre él, que tiene la forma, el color y el perfume de las operaciones de los servicios de inteligencia, oficiales o residuales. La mejor muestra de que esa campaña existe fue la divulgación de una información imprecisa: se detectó, trascendió, que su celular estaba en Olivos cuando lo estaba el de Báez, en tiempos de Cristina Kirchner. Estaba en la zona de Olivos, pero todos entendieron que era la residencia presidencial. La madre de Casanello y su familia directa viven en Olivos. Inculpa más a Cristina Kirchner que el celular de Báez haya estado en Olivos; el empresario no tenía ahí otro lugar amigo que no fuera la casona presidencial. También las otras versiones (sobre supuestos pagos de Báez a Casanello) son típicas del espionaje, que desinforma con informaciones incomprobables.
Se supone que Mauricio Macri no tiene ningún interés concreto en apartar a Casanello de la causa. Gran parte de los servicios de inteligencia están, a su vez, fuera de control, y hay viejos espías que se quedaron sin trabajo con la caída del kirchnerismo. La estrategia de golpear sobre Casanello consistiría, según fuentes judiciales, en poner la causa de Báez en un laberinto sin fin de sorteos y recusaciones en la búsqueda de su prescripción. El problema de los que conspiran es que casi todos los sectores de la Justicia con poder son conscientes de la campaña contra Casanello, estén de acuerdo o no con sus decisiones. La mayoría de los jueces (incluida la Corte Suprema) comprendió, además, que una nueva era de impunidad provocaría la decepción social y una crítica colectiva a la Justicia como institución reguladora de la moral pública.
No es el único infortunio de Cristina. El juez Claudio Bonadio secuestró documentos importantes en su allanamiento a la empresa Indalo, la casa matriz de todas las empresas de Cristóbal López. El juez estaba buscando pruebas para la causa de la empresa Los Sauces, propiedad de los Kirchner y dueña de ocho edificios en varios lugares del país, que eran alquilados exclusivamente a López y Báez. La suerte de Cristina es esquiva. Esta causa, que también investiga el delito de lavado de dinero, está en manos del juez Bonadio, implacable con Cristina, y del fiscal Carlos Rívolo, otro magistrado que enfrentó al cristinismo en sus tiempos de gloria. Le tocó probar que Boudou se quedó con Ciccone sin pagar nada.
Mariana Zuvic, santacruceña y dirigente del partido de Elisa Carrió, denunció que Indalo, empresa de Cristóbal López, es en realidad propiedad de Cristina Kirchner. Dio una prueba de peso: después de la muerte de Néstor Kirchner, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y, por lo tanto, sobrina del ex matrimonio presidencial, fue nombrada miembro del directorio de Indalo. La información fue corroborada por otras fuentes con acceso a las empresas de López. ¿Mercado está ahí sólo para cobrar un sueldo o es la representante de confianza de accionistas importantes del conglomerado? La respuesta podría definir el destino de Cristina.
The Orphic Egg, sketched from ancient sources in Jacob Bryant, A New System, London, 1774.
Miguel Pichetto, Diego Bossio, Sergio Massa y muchos gobernadores e intendentes jóvenes dicen que ese pasado no puede ser el futuro del peronismo. Cristina insiste: quiere ser presente y futuro. Se propuso acabar cuanto antes con Macri y terminar, así, con sus desastres judiciales. Su carta en Facebook fue amarga y resentida, pero dijo cosas muy graves. Escribió que las decisiones de Macri son como el huevo de la serpiente. Así se llamó una película de Ingmar Bergman en la que describió magistralmente los inicios del nazismo en Alemania. Días antes, Guillermo Moreno había dicho que el ex dictador Videla fue mejor que Macri. Semejantes comparaciones sólo pueden salir de mentes aterrorizadas por el previsible curso del destino.
A dos semanas de las urnas hay sólo hastío y desagrado en España
Un voto que no enamora. La elección general será el 26 de junio. Pero casi no hay campaña en las calles. Son los segundos comicios en 6 meses tras el fracaso en formar gobierno que obligó al nuevo llamado. Es fuerte la crítica a los políticos.
El candidato de la alianza Unidos Podemos a la Presidencia, Pablo Iglesias (izq.), junto al líder de IU, Alberto Garzón (der.).
MADRID. DPA – Primer fin de semana de campaña electoral en España. En el Paseo del Prado de Madrid nadie lo diría. Es un día caluroso y el paisaje en el centro de la capital española lo salpican turistas colorados y sudorosos para los que las gafas de sol y la botella de agua se han convertido en sus mejores aliados.
Ni rastro de la batalla política que se libra en una España ingobernable, que tras las elecciones de diciembre quedó sin Ejecutivo por primera vez en casi 40 años de democracia.
En la campaña para las elecciones del 26 de junio, de las farolas no cuelgan las tradicionales banderolas de los partidos con la imagen de sus candidatos y el lema con el que intentan ganar votos.
Tampoco se ven carteles electorales. Son los segundos comicios en seis meses, una repetición de facto de los de diciembre, tras los cuales los partidos fueron incapaces de llegar a un acuerdo para dotar al país de Gobierno. “Nos han tomado el pelo”, se queja a dpa Carmen, sexagenaria, en la cercana calle de Atocha.
En esta campaña, las formaciones políticas no solo batallan entre sí. Además se enfrentan al hartazgo ciudadano. Su incapacidad para ponerse de acuerdo antes de que el rey Felipe VI tuviera que volver a convocar elecciones, algo sin precedentes, envió el mensaje de que votar el 20 de diciembre no sirvió de nada.
Aquel día acudió a las urnas el 73,20 por ciento del electorado, una participación de más de cuatro puntos superior a la de las elecciones de 2011, animada por la concurrencia de los partidos emergentes Podemos y Ciudadanos.
La irrupción de estos dos puso fin a cerca de cuatro de décadas de hegemonía del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) y forzó a negociar para formar una coalición de Gobierno que no se logró. El gran temor ahora es que la situación se repita después del 26 de junio y haya que ir a una tercera convocatoria electoral.
“Esta vez la participación será más baja por el cansancio que supone ir a votar otra vez y por el descontento por los pactos fallidos”, dice a DPA el politólogo Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III y editor de la publicación “Politikon”.
Esta es una campaña austera. Ante la repetición de comicios y el hastío ciudadano, los partidos vieron que había que reducir gastos, pero no lograron un pacto y cada uno recorta en lo que cree oportuno. La campaña de diciembre costó 130 millones de euros.
Ya no hay banderolas en las farolas, tampoco grandes mítines en polideportivos. La acción proselitista se libra ahora sobre todo en televisión, en pequeños actos, en paseos de los candidatos y hasta en el puerta a puerta, algo que carece de tradición en el país. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, toco este viernes el timbre y se metió en varios hogares de la localidad madrileña de Móstoles.
En algunas paradas de autobús de la madrileña glorieta de Carlos V, frente a la estación de tren de Atocha, alguien pegó la noche del arranque de campaña unos pocos carteles en los que Alberto Garzón ofrece “un nuevo país”. El de la pegada de carteles es un acto tradicional en vías de extinción.
La imagen de ese joven líder de Izquierda Unida (IU) sobre las mamparas de cristal es el único indicio electoral en la céntrica plaza. “Es el que va ahora con el de la coleta”, dice a esta agencia Leonardo, que a su avanzada edad se apoya en un bastón al caminar.
Con “el de la coleta” se refiere a Pablo Iglesias, el líder de Podemos que usa colita atada en el cabello. La alianza Unidos Podemos, entre Iglesias y Garzón, ha arrancado la campaña como segunda fuerza por detrás del PP de Rajoy, superando al PSOE de Sánchez. “Qué más da, van todos a lo suyo: Rajoy, Pedro Sánchez, estos dos …”, sentencia Leonardo.
Luis, cercano a los 40, forma parte del tercio de indecisos de los que habla el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que realiza la encuesta más importante del país, y no descarta acabar siendo uno de los abstencionistas. En diciembre votó a Podemos.
“No puedo volver a votar a Pablo Iglesias después de la soberbia con la que se ha comportado tras las elecciones”, confiesa. “Pero es que tampoco puedo votar a ninguno de los demás”. Seis meses después de ir a las urnas, asegura estar cansado. “Lo que ha ocurrido después de las elecciones de diciembre ha sido un circo”, se lamenta. “Realmente estoy harto”.
La rentabilidad de los alquileres: San Telmo le gana a Puerto Madero
Mercado inmobiliario. Los propietarios obtienen un mejor retorno en los barrios donde los precios de los inmuebles es más bajo.
Por Natalia Muscatelli.
Alquileres en la Ciudad de Buenos Aires.
La rentabilidad promedio que puede sacar el propietario de un departamento en la Capital Federal oscila entre 3,04 y 5,59%, según el barrio. San Telmo y Balvanera son las zonas más rentables, mientras que en Puerto Madero y Caballito es donde rinde menos el negocio de comprar para luego alquilar.
La rentabilidad, que surge de la relación entre el precio del alquiler y el de la propiedad, tiende a ser más alta en barrios donde los inmuebles son menos costosos. Básicamente porque la diferencia entre el valor de un alquiler para una propiedad de similares características en los distintos barrios no es tan grande como la brecha que existe en los precios de los departamentos.
«Los departamentos de dos ambientes en Monserrat son los que ofrecen el rendimiento más alto (5,59 %). Por el contrario, una unidad similar pero ubicada en Puerto Madero, el barrio que posee los precios más altos tanto de venta como de alquiler, ofrece el más bajo rendimiento, con sólo el 3,04 % anual como promedio», explica Germán Gómez Picasso, analista de Reporte Inmobiliario.
La renta anual más alta por monoambientes también la logran las unidades de Monserrat, con el 4,90 %, mientras que para los departamentos de tres ambientes el pico de rentabilidad anual se obtiene en Constitución, con el 5,22 % anual. «De todas maneras, la renta sigue siendo baja respecto de los niveles históricos, aunque tuvo una recuperación en el último año cuando pasó del 3,93% en promedio, en julio de 2015, al actual 4,25%«, agrega José Rozados, también de Reporte Inmobiliario.
Para la consultora CDi, la renta promedio se ubicó en abril en 4,16%, según el dólar oficial. En tanto, según el sitio especializado Zona Prop, llegó al 4,8%.«En los últimos 7 meses, los alquileres subieron un 17%, y el dólar inmobiliario, un 9%. Este aumento de la renta del alquiler medida en dólares es mayor que el aumento de 4% registrado en el precio de venta de los departamentos, con lo cual hubo una recuperación de la rentabilidad del alquiler», indicaron en un informe.
Hacia el futuro, Gomez Picasso explica que la evolución de la renta por alquiler»dependerá del dólar y de cuánto aumenten los alquileres». Por ejemplo, en los últimos 12 meses, la suba de los alquileres fue del 32% (por debajo de la inflación) y el precio de las propiedades en dólares no registró variaciones importantes. Por eso, la renta se mantiene baja. Imagino, almenos en los próximos dos años, que la rentabilidad va a mantenerse», señala el analista.
En las inmobiliarias, aseguran que la renta se mantiene muy baja para los propietarios porque estos no pueden ajustar los alquileres según las subas de sus propios costos. Y apuntan que el negocio está centrado más en la revalorización de la propiedad, es decir, en la reventa.
Según Roberto Ledo, director de la Inmobiliaria Bullrich, la renta a veces es aún menor. “Actualmente, la rentabilidad de un departamento en Capital Federal oscila entre un dos y tres por ciento anual en moneda constante. De todos modos, debería estar en un seis por ciento, tendría que alcanzar la misma rentabilidad que un bono. Hoy en día tenemos una gran perspectiva hacia delante, estamos esperanzados», sostiene. El experto opina que «el futuro blanqueo de capitales impactará en una mayor demanda de alquileres y ventas. El país está dando la confianza y seguridad que se necesita para invertir en propiedades”, dijo.
Getting Formal With an Investment Policy Statement
Your defined contribution (DC) plan clients have an investment policy statement (IPS), whether they realize it or not. Those with formal policies probably have a written document; others have an unwritten, and probably unrecognized, policy based merely on the investments their plan offers. Given the investment policy’s potential importance, especially if participants ever pursue litigation against the plan, it makes sense to take control of it, make it intentional, put it in writing and review it periodically.
Motivation
Jon Chambers, managing director with SageView Advisory Group in Orinda, California, points out that ERISA regulations do not require an IPS. In practice, however, the Department of Labor (DOL) almost always asks for it when they are investigating a plan. While it’s not a fatal mistake to tell the DOL a formal statement doesn’t exist, it’s certainly not a good way to start communications with the agency, he cautions.
“The bigger factor is ERISA, as a statute, is all about process. It’s not about results,” says Chambers. “It’s very difficult to have a good process for fund selection and fund monitoring if you haven’t spent some time committing your rationale and approach to paper and putting it in a document. If you’ve done that, you’ve really done what you need to do to create investment policy.”
A well-designed IPS also makes a plan committee’s work easier, he adds. It sets basic standards for investment monitoring and retention, which helps the plan consultant’s reviews. It also keeps the plan committee on track by avoiding emotional decisions during turbulent markets. “You usually draft investment policy when times aren’t so dire and you spend some time thinking about what makes sense for the plan long term. We find that referencing back to the investment policy during times of market stress helps committees avoid knee-jerk reactions that might seem important at the time but in retrospect were probably imprudent.”
There are numerous resources available online that provide in-depth guidance on writing IPSs for DC plans
—See Chambers’ white paper “Investment Policy for Defined Contribution Plans” here.
—ERISA attorney Fred Reish with Drinker Biddle & Reath LLP has a helpful guideline on the topic here.
Contents
There’s no such thing as a perfect IPS that fits every situation, Chambers adds. The most important thing is that it outlines both the plan’s objectives and how it intends to meet them.
Jerry Huggins, a principal with Denver-based Innovest Portfolio Solutions LLC, says that a well-structured IPS should contain:
Information about the plan’s committees and operating procedures
Statement of the policy’s objectives and the plan’s investment requirements
Guidelines and investment policies to meet objectives
Securities guidelines on the plan’s investment alternatives
Details on the investment manager selection process
Control procedures for the plan’s service providers identifying roles and responsibilities
This information creates “institutional memory” of a plan’s decisions, says Huggins, which is important when committee members leave and new members are brought in. It also benefits participants. “Participants can feel more assured that the investments are being more prudently selected and monitored by having something in place that is governing the decision makers,” says Huggins.
Review Process
Consultants who cobble together a cut-and-paste IPS aren’t providing added value, says Tom Krusic, CPA, AIF, lead advisor with Retirement Plan Services with Brighton Jones in Seattle. A better approach is to first ensure that the statement reflects the plan’s investment philosophy. For example, strategies like sustainable, responsible and impact investing (SRI) won’t be suitable for every sponsor and employee demographic. Nonetheless, an IPS should be sufficiently flexible to include that option for clients who want it. It’s also important to conduct formal, periodic IPS reviews at least annually in addition to ad hoc reviews, says Krusic: “I think it needs to be dynamic based on how quickly organizations change directions and change strategies, and an investment policy statement should also be looked at in that light, as well.”
Chambers agrees that there is no single timeline standard but recommends annual reviews to his clients. A review doesn’t necessarily result in amendments, however—roughly two-thirds of his reviews result in no changes. But when circumstances change, such as the addition of new plan features or modifications to investment options or portfolio managers, that can be a reason to amend the document, he adds.
La Enciclopedia Británica define el sistema tributario como “la parte de los ingresos de un estado que se obtiene por cuotas y cargas obligatorias a sus sujetos”. Es casi tan adecuada y concisa como puede ser una definición: no deja espacio para discutir qué es un sistema tributario. En esa exposición de los hechos, domina la palabra “obligatorias”, sencillamente por su contenido ético. La reacción inmediata es preguntarse por el “derecho” del Estado a este uso del poder. ¿Qué permiso, en términos morales, aduce el Estado para apoderarse de propiedades? ¿Es su ejercicio de la soberanía suficiente por sí mismo?
En esta cuestión de la moralidad hay dos posiciones que nunca pueden reconciliarse. Aquéllos que sostienen que las instituciones políticas provienen de la “naturaleza del hombre”, disfrutando así de una divinidad indirecta, o aquéllos que consideran al Estado como la piedra angular de la integración social, no encuentran ningún problema en el sistema tributario per se: la toma de propiedades por el Estado se justifica por su existencia o sus resultados benéficos. Por el contrario, quienes sostienen la primacía del individuo, cuya misma existencia es su justificación de derechos inalienables, se inclina por la postura de que en la obtención obligada de cuotas y cargas el Estado está meramente ejerciendo su poder, sin consideraciones morales.
El presente estudio sobre el sistema tributario empieza en la segunda de estas posiciones. Es tan parcial como sería un estudio que empezara con la postura igualmente no probada de que el Estado es una institución natural o socialmente necesaria. La objetividad completa desaparece cuando un postulado ético es la premisa mayor de un argumento, y una discusión sobre la naturaleza del sistema tributario no puede excluir los valores.
Si asumimos que el individuo tiene un indiscutible derecho a la vida, debemos conceder que tiene un derecho similar a disfrutar del fruto de su trabajo. A esto lo llamamos propiedad. El derecho absoluto de propiedad deriva del derecho original a la vida porque no tiene sentido el uno sin el otro: los medios de vida deben identificarse con la vida misma. Si el Estado tiene un derecho prioritario a los frutos de nuestro trabajo, su derecho a la existencia está cualificado. Aparte del hecho de que no puede establecerse dicho derecho prioritario, excepto declarando al Estado como autor de todos los derechos, nuestras inclinaciones (como demuestran nuestros esfuerzos por evitar pagar impuestos) son rechazar este concepto de prioridad. Nuestro instinto está en contra. Protestamos ante la apropiación de nuestra propiedad por una sociedad organizada igual que lo hacemos si una sola unidad de la sociedad realiza este acto. En el último caso, calificaremos sin dudar al acto como un robo, un malum per se. No es la ley la que en primera instancia define el robo, es un principio ético que la ley puede violar, pero no suplantar. Si por necesidades de la vida consentimos la fuerza de la ley, si por una larga costumbre perdemos de vista su inmoralidad, ¿se ha eliminado el principio? Un robo es un robo y ninguna cantidad de palabras puede hacer de él algo distinto.
Observemos los resultados del sistema tributario, los síntomas, para ver si se viola el principio de la propiedad privada y cómo. Para mayor evidencia, examinemos su técnica y tal y como sospechamos la intención de robar a partir de la posesión de herramientas eficaces, igualmente las encontraremos en la técnica del sistema tributario, una historia reveladora. La carga de esta crítica intransigente al sistema tributario será, por tanto, probar su inmoralidad por sus consecuencias y sus métodos.
A modo de introducción, podríamos fijarnos en el origen del sistema tributario, bajo la teoría de que los inicios determinan los finales y aquí encontramos un montón de injusticias. Un estudio histórico de la fiscalidad lleva inevitablemente a botines, tributos, rescates: los propósitos económicos de las conquistas. Los barones que pusieron barreras de peaje en el Rin eran cobradores de impuestos. Como lo eran las bandas que “protegían”, a cambio de un precio fijo, a las caravanas que iban al mercado. Los daneses periódicamente se invitaban a Inglaterra y permanecían como invitados no deseados hasta que se les pagaba el llamado “impuesto danés” (“dane geld”): durante mucho tiempo permaneció como la base de los impuestos de propiedad ingleses. Los conquistadores romanos introdujeron la idea de que lo que recaudaban de los pueblos sometidos era sencillamente un pago por mantener “la ley y el orden”. Durante mucho tiempo, los conquistadores normandos recaudaron tributos arbitrarios a los ingleses, pero cuando, por el proceso natural de amalgama de los dos pueblos, apareció la nación, las recaudaciones se regularizaron mediante costumbres y leyes y se llamaron impuestos. Llevó siglos eliminar la idea de que estas exacciones no servían más que para mantener cómodamente una clase privilegiada y para financiar sus guerras sangrientas: de hecho, este propósito nunca se negó u ocultó hasta que el constitucionalismo difuminó el poder político.
Todo eso pasó, salvo que tengamos la temeridad de comparar esta antigua palabrería con reparaciones, extraterritorialidad, cargas para mantener ejércitos de ocupación, huidas con propiedades, toma de recursos naturales, control de vías de comercio y otras técnicas de conquista. Puede argüirse que aunque el sistema fiscal tuviera un principio tan desagradable podría haber rectificado y convertirse en algo ciudadano, decente y útil. Así que debemos aplicarnos a la teoría y práctica de la fiscalidad para probar que en realidad es el tipo de cosa arriba descrita.
Primero, respecto de método de recaudación, los impuestos se dividen en dos categorías: directos e indirectos. Los impuestos indirectos se llaman así porque llegan al estado a través de recaudadores privados, mientras que los directos llegan sin intermediarios. Los primeros se asocian a bienes y servicios antes de que lleguen al consumidor, mientras que los segundos son principalmente demandas ante la acumulación de riqueza.
Veremos que los impuestos indirectos son un precio por un permiso para vivir. No se puede encontrar en el mercado una sola satisfacción a la que no estén asociados varios de estos impuestos, ocultos en el precio y nos vemos en la obligación de pagarlos o irnos sin ellos: como irnos equivale a privarse del sentido de la vida o incluso de la propia vida, pagamos. La inevitabilidad de la existencia de esta carga se expresa en la asociación popular de la muerte y los impuestos. Y es esta característica la que atribuye los impuestos indirectos al estado, de forma que cuando examinamos los precios de los productos básicos nos asombramos de la desproporción entre el coste de producción y la carga para permitir su compra. Alguien ha estimado el número de impuestos que lleva una barra de pan en más de cien: obviamente algunos no le son atribuibles, porque sería imposible definir en cada barra su parte de impuestos sobre la escoba usada en la panadería o la gasolina utilizada por el camión de reparto. El whisky es probablemente el ejemplo más notorio de la forma en que los productos se han convertido de satisfacciones en objetos de impuestos. El coste de fabricación de un galón de whisky, por el que el consumidor paga alrededor de veinte dólares es de menos de medio dólar: el resto corresponde parcialmente a los costes de distribución, pero la mayoría del dinero que atraviesa el mostrador va a mantener los funcionarios de la ciudad, el condado, el estado y la nación.
El revuelo sobre el coste de la vida tendría más sentido si se dirigiera a los impuestos, el principal componente del coste. Debería también advertirse que aunque el problema del coste de la vida afecta principalmente a los pobres, es además en este segmento de la sociedad donde inciden más los impuestos indirectos. Es necesariamente así, porque quienes están en los estratos de menos ingresos constituye la mayor porción de la sociedad que debe contar con la mayor parte del consumo y por tanto con la mayor parte de los impuestos. El estado reconoce este hecho al gravar bien de uso más extendido. Un impuesto sobre la sal, no importa lo pequeño que sea, comparativamente, recauda mucho más que un impuesto sobre los diamantes y es de mayor significación social y económica.
No es el volumen de la recaudación, ni la certidumbre de su cobro lo que da preeminencia a los impuestos indirectos en el esquema de apropiación del estado. Su cualidad más recomendable es que son subrepticios. Es como si dijéramos tomar mientras la víctima no mira. Quienes se esfuerzan por dar a los impuestos un carácter moral están en la obligación de explicar la preocupación por parte del Estado por esconder los impuestos en el precio de los bienes. ¿Hay en ello una confesión de culpabilidad? En los últimos años, en su búsqueda de ingresos adicionales, el Estado jugueteando con la idea de un impuesto a las ventas, un precio por el permiso a vivir directo e inequívoco: los estadistas más inteligentes se han opuesto a esta medida por razones de conveniencia política. ¿Por qué? Si el Estado sirve a un buen fin los productores difícilmente se opondrán a pagar su sostenimiento.
Simplemente por razón del método, no deliberadamente, la tasación indirecta genera un beneficio a los recaudadores privados y por esta razón difícilmente puede esperarse una oposición a los pagos desde ese rincón. Cuando el impuesto se paga antes de la venta se convierte en un elemento de coste que debe añadirse a todos los demás costes al calcular el precio. Como el beneficio esperado es un porcentaje del total, se aprecia que el propio impuesto se convierte en una fuente de ingresos. Cuando la mercancía debe pasar por las manos de varios procesadores y distribuidores, los beneficios acumulados por el impuesto pueden ser tan altos como la cantidad recaudada por el Estado, o incluso mayores. El consumidor paga el impuesto más los beneficios compuestos. En este aspecto son particularmente notorios los pagos aduaneros. Si seguimos la importación de seda en bruto, del importador al limpiador, el hilador, el tejedor, el acabador, el fabricante, el mayorista, el vendedor, cada uno añadiendo su parte al precio pagado por su predecesor, vemos que en el precio que paga la señora por su vestido hay mucho más de lo que requiere el plan arancelario. Sólo este hecho ayuda a hacer a los mercaderes y fabricantes indiferentes al los males del proteccionismo.
El apoyo tácito a los impuestos indirectos deriva de otro subproducto. Cuando un desembolso considerable en impuestos es un prerrequisito para iniciar un negocio, las grandes acumulaciones de capital tienen una evidente ventaja competitiva y difícilmente podríamos esperar de estos capitalistas que defiendan una rebaja en los impuestos. Cualquier granjero puede fabricar whisky y muchos lo hacen, pero la inversión necesaria en timbres fiscales y distintas tasas de licencia hacen que apertura de una destilería y la organización de agencias de distribución sea un negocio sólo para grandes capitales. Los impuestos han obligado a las agradables cantinas de propiedad individual a dar paso al bar de lujo bajo hipoteca a la cervecera o la destilería. Igualmente, la fabricación de cigarrillos se ha concentrado en las manos de unas pocas corporaciones gigantescas con la ayuda de nuestro sistema fiscal: cerca de tres cuartas partes del precio de venta de un paquete de cigarrillos son una recarga por impuestos. Realmente sería extraños que esos intereses fueran a oponerse a los impuestos indirectos (lo que nunca harán), así que el consumidor desinformado, sin voz y desorganizado se ve forzado a pagar el precio superior generado por la competencia limitada.
Los impuestos directos se diferencian de los indirectos no sólo en la forma de recaudación, sino asimismo en el hecho más importante de que no pueden trasladarse: quienes los pagan no pueden reclamar su reembolso a otros. La incidencia de los impuestos directos recae principalmente en rentas y acumulaciones, en lugar de en bienes en el proceso de intercambio. Se nos grava por lo que tenemos, no por lo que compramos, en las ganancias empresariales o los pagos por servicios ya prestados, no los ingresos anticipados. Así que no hay manera de pasar la carga. El pagador no tiene alternativa.
Los impuestos directos claros son los que se recaudan en rentas, herencias, donaciones, valor del terreno. Veremos que esas apropiaciones se prestan a la propaganda de que paguen los ricos y se apoyan en la envidia de los incompetentes, la amargura de la pobreza, la sensación de injusticia que engendra nuestra economía monopolística. Se ha defendido la fiscalidad directa desde los tiempos coloniales (junto con el sufragio universal), como una implantación necesaria para la democracia, como el instrumento esencial de “nivelación”. La oposición de los ricos a los impuestos directos añadió virulencia a los reformistas que defendían éstos. En tiempos normales, el Estado es incapaz de superar esta oposición bien trenzada, organizada y plena de recursos. Pero cuando la guerra o la necesidad de mejorar la pobreza masiva exprimen la bolsa del Estado hasta su límite y nuevos impuestos indirectos se hacen imposibles o amenazan la paz social, la oposición debe ceder. El Estado nunca renuncia completamente a las prerrogativas que adquiere durante una “emergencia” y así, después de una serie de guerras y depresiones, los impuestos directos se convirtieron en parte integrante de nuestra política fiscal y aquellos en quienes recaen deben contentarse con recortar los gravámenes o tratar de transferirlos de un hombro a otro.
Aunque se había previsto, durante los debates del impuesto sobre la renta en la primera parte del siglo, la etiqueta de que paguen los ricos resultó ser un término malévolamente equivocado. Era imposible que el Estado se contuviera una vez que este instrumento de obtener ingresos adicionales estuviera en sus manos. Una renta es una renta, venga de dividendos, operaciones del mercado negro, ganancias del juego o simples salarios. A medida que aumentan los gastos del Estado, lo que siempre ocurre, las inhibiciones legales y consideraciones de justicia o compasión se dejan de lado y el estado mete mano a todos los bolsillos. Así, en Filadelfia, el poder político reclama que el empresario deduzca una cantidad del sobre de la paga, no sólo como retención del salario, sino aún más mediante los llamados impuestos de seguridad social. Por cierto que éstos demuestran la completa inmoralidad del poder político. Los impuestos de seguridad social no son sino impuestos a los salarios en toda su extensión y se les dio un nombre equívoco deliberada y maliciosamente. Incluso la parte que “paga” el empresario acaba siendo abonada por el trabajador en el precio de los bienes que consume, pues es obvio que esta parte es un mero coste de operación y se repercute con un recargo. La recaudación de los impuestos de la seguridad social no se deja aparte para pagar “beneficios” sociales, sino que se incluye en el fondo fiscal general, sujeto a cualquier apropiación, y cuando se acaba autorizando una miseria a un anciano, se paga con la recaudación fiscal actual. No es comparable en modo alguno con un seguro, ficción que se ha abierto paso en nuestra política fiscal, sino que es un impuesto directo a los salarios.
Hay más gente en los tramos de bajos ingresos que en los altos; hay más legados pequeños que grandes. Por tanto, en el total, aquellos que son menos capaces de soportar las cargas de que paguen los ricos, son los que las sufren. El intento de ocultar esta desigualdad por un sistema de graduaciones no es real. Incluso un pequeño impuesto a una renta de mil dólares anuales causará al pagador alguna dificultad, mientras que un impuesto del 50% sobre cincuenta mil dólares deja suficiente para vivir confortablemente. Hay una enorme diferencia entre arreglárselas sin un nuevo automóvil y seguir usando unos pantalones con remiendos. También debería recordarse que el ingreso del trabajador casi siempre está limitado a los salarios, que son fáciles de registrar, mientras que las grandes rentas derivan principalmente de negocios u operaciones de juego y no son tan fáciles de percibir; ya sea por intentar pagar todo el impuesto o por las necesarias ambigüedades que hacen que la cantidad exacta sea asunto de conjeturas en la contabilidad, quienes tengan grandes rentas se ven favorecidos. Son los pobres los que pagan más por los impuestos para que paguen los ricos.
Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para satisfacer sus deseos, no para financiar el Estado. Cuando se le quitan los resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y disfrutar. Durante la guerra, cuando se introdujo la retención en las nóminas, los trabajadores tuvieron que adivinar la paga que llagaba a casa y se despedían cuando este neto, después de impuestos, no mostraba ningún incremento comparado con el trabajo extra que costaría: el ocio también es una satisfacción. El que busca premios rechaza otro compromiso lucrativo porque el ingreso adicional llevaría a su renta anual a un tramo impositivo más alto. De forma parecida, todo empresario debe tener en consideración, cuando sopesa el riesgo y la posibilidad de ganancia en una nueva empresa, la certidumbre de una compensación en impuestos en caso de éxito, y el tamaño de las acumulaciones de capital abortadas por los impuestos de sucesiones.
Mientras nos ocupamos del asunto del desaliento de la producción por los impuestos, no deberíamos olvidar el mayor peso de los impuestos indirectos, aunque esto no sea tan obvio. El nivel de producción de una nación viene determinado por el poder de compra de sus ciudadanos y en la medida en que este poder viene minado por los gravámenes, el nivel de la producción se reduce proporcionalmente. Es un silogismo estúpido y perfectamente indecente mantener que lo que recauda el Estado lo gasta y que por tanto no hay rebaja en el poder total de compra. Los ladrones también gastan su botín con mucha más generosidad que los verdaderos propietarios y basándose en el gasto podríamos hacer una defensa del valor social del robo. Es la producción, no el gasto, lo que engendra producción. Sólo mediante la aportación de contribuciones comercializables al fondo general de riqueza se aceleran los engranajes de la industria. Por el contrario, toda deducción de este fondo general de riqueza ralentiza la industria y todo gravamen a los ahorros desanima la acumulación de capital. ¿Por qué trabajar si no se gana nada? ¿Por qué abrir un negocio para sostener a los políticos?
En principio, como percibieron los redactores de la Constitución, el impuesto directo es el peor, pues niega directamente la sacralidad de la propiedad privada. Por su mismo sigilo, el impuesto indirecto es un reconocimiento ambiguo del derecho del individuo a sus ganancias: el Estado se acerca sigilosamente al propietario, por decirlo así, y se lleva lo que necesita alegando dicha necesidad, pero no tiene la temeridad de cuestionar el derecho del propietario a sus bienes. Sin embargo el impuesto directo proclama rotunda y descaradamente el derecho prioritario del Estado sobre todas las propiedades. La propiedad privada se convierte en una concesión temporal y revocable. El ideal jeffersoniano de derechos inalienables se ve así liquidado y sustituido por el concepto marxista de la supremacía del estado. Es mediante la política fiscal, más que mediante la revolución violenta o la apelación a la razón o la educación popular o cualquier fuerza histórica ineluctable, mediante la que se lleva a cabo lo sustancial del socialismo. Advirtamos cómo se ha logrado la centralización que deseaba Alexander Hamilton a partir de la implantación del impuesto federal sobre la renta, cómo se ha disuelto en la práctica la unión de comunidades independientes. Las comunidades se han reducido al estado de distritos, el individuo ya no es un ciudadano de su comunidad, sino un súbdito del gobierno federal.
Publicado el 2 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez. Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra medida en la historia de este país ha causado una indiferencia de principios comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la moralidad.
Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada.
Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios sociales”. Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un sentimiento de seguridad económica. Cuando falla una economía en general, la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio. El político sirve con gusto para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la opinión pública están las acciones del poder político en el fondo del mal económico, como los privilegios de monopolio, las guerras y los propios impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se produce el acuerdo. Así ha resultado que el área del poder político ha invadido cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra justificación para los impuestos. La actual filosofía tiende hacia la identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo como unidad esencial y la sustitución de un total metafísico y por tanto la eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales específicos, sino como un medio necesario para un mejoramiento social no especificado.
Ambos postulados de los impuestos son en realidad idénticos en que derivan de la aceptación de un derecho prioritario del estado a los productos del trabajo, pero a afectos del análisis es mejor tratarlos por separado.
Los impuestos para servicios sociales dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere un quid pro quo, una relación de justicia. Pero la condición esencial de los intercambios, que es que deben realizarse voluntariamente, está ausente en los impuestos: su mismo uso de la compulsión elimina a los impuestos del campo del comercio y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a deudas pagadas a una organización voluntaria por esos servicios como cabe esperar de ser miembros, porque no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio podemos denegarnos un beneficio, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. La sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque queramos: nos viene impuesto.
En relación con los servicios sociales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.
Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pueblo fronterizo, la necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?
No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.
En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor, la competencia. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella. En una polis libre de coacción política se aplicaría un acuerdo así y en algunos casos históricos de poder político débil descubrimos que la renta inmobiliaria se usó de esta forma social.
Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de acomodamiento nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: la apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables. Son nuestras mores.
Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, conscientes de una iniquidad? Están las facilidades de las calles, mantenerlas limpias y luminosas, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y el coste debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, la tarifa por hora, para el mismo tipo de trabajo, es el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por dólar invertido, en Main Street que en Broadway. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tempo es más lento, trabajan menos y ganan menos. Pero cuando oponemos a nuestras mayores ganancias el coste de rentas e impuestos de la gran ciudad, ¿tenemos más satisfacciones? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.
Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿a dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios sociales para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.
Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios sociales pagados por la producción, Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo está claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios sociales que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esta gente recibe por sus molestias el vacuo placer de escribir a sus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas.
Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que el trabajador social universitario les diera proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, la de 1930. Así que se califica a sí misma como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.
En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo. No preocupa el control de la producción o los medios de adquirir la propiedad, sino sólo su distribución. Por lo tanto, estrictamente hablando, la doctrina no es socialista y sus defensores normalmente se apresuran a negar esa acusación. Lo que proponen, según dicen, es una reforma, no una revolución, como los niños cuyas inocentes hogueras incendian el bosque.
La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener los servicios sociales de una comunidad no tendrían financiación (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las sinecuras de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico.
Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Tom, Dick y Harry se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Tom, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Dick y Harry de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia no la ha hecho a su costa: tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Tom de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Dick y Harry en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Tom. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.
Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la escolarización gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a la marina mercante y proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.
El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra.
La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea nuestro ingreso de mil dólares al año o al día, el impuesto en una barra de pan es el mismo: la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una pipa de tabaco, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su puro. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.
Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.
Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de justicia. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.
Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del estado) es evidentemente justo que el estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La renta de monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el estado lo apoya: un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.
Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas. ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿O el mercader de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.
Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: todo impuesto se basa en la coacción.
Publicado el 15 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
Mariano Federici: «El dinero de la corrupción no queda exonerado en el blanqueo»
El titular de la UIF afirma que no tienen razones para preocuparse los que exterioricen fondos de evasión fiscal o delitos cambiarios.
Por Florencia Donovan.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, asegura que no deberían «tener miedo» de blanquear aquellos que traigan dinero de evasión fiscal o delitos cambiarios, pero que sí se perseguirá a aquellos que intenten lavar fondos provenientes de otros delitos, como la corrupción. En una entrevista con LA NACION desde Washington, donde expuso ante el Congreso de Estados Unidos sobre la situación de la Argentina en lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, defendió el proyecto del Gobierno y afirmó que era avalado por la comunidad internacional, a diferencia del blanqueo anterior, que fue cuestionado por la falta de razonabilidad jurídica y económica de exteriorizar activos en un contexto de prohibiciones y restricciones.
-¿Cómo va a operar la UIF en el blanqueo?
-La UIF quiere cumplir con sus compromisos internacionales, que exigen que se mantengan firmes los controles de prevención y de detección de operaciones de lavado y de financiamiento al terrorismo.
-¿Qué pasó en otros países?
-No fue un impedimento en ninguno: ni en Chile ni en Italia… Y ninguno redujo los controles antilavado. Esto lo saben los bancos a la perfección. Es un disparate pensar en que pueda ser un problema para el éxito del blanqueo. El éxito va a estar dado por los incentivos, tanto por la presión internacional como la oportunidad de ponerse en sintonía con las leyes fiscales.
-En el blanqueo anterior, los bancos expresaron reparos?
-Entendemos la preocupación, por la historia de la Argentina y el historial de la UIF, que ha tenido una actitud persecutoria. Pero el ingreso de fondos de delitos graves al sistema va a perjudicar al país y al sistema financiero. Es importante guiarlos en cómo gestionar los riesgos de lavado de activos, pero tenemos que estar de acuerdo en que esa gestión se tiene que hacer.
-¿Qué es delito grave?
-Hay un listado del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), donde están corrupción, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, financiamiento del terrorismo… Tienen que ver con manifestaciones del crimen organizado.
-¿En el blanqueo anterior también estaban contemplados?
-Eran sólo 13 los delitos contemplados; ahora son las 20 categorías.
-También para el que blanquea está el temor a ser perseguido o que se usen datos en su contra…
-Entendemos la situación de los que en los últimos años protegieron sus ahorros en jurisdicciones más seguras o en monedas más seguras, era razonable, más allá de que la evasión es un delito. Por supuesto que los que no se regularicen quedarán expuestos a que, al ser detectados, se les caiga encima todos el peso de la ley. Porque este es un paréntesis, pero vuelve a regir la ley y el delito de evasión va a ser perseguido. Queremos que el programa sea exitoso, la UIF no tiene interés en obtaculizarlo.
-¿Un reporte de operación sospechosa (ROS) es secreto?
-Está establecido por la ley que deben ser secretos, y la violación está penada, pero lo hemos reforzarlo. Hemos dejado en claro que el ROS debe mantenerse secreto, y la fuente, quien reporta, también. Tampoco una persona reportada debería enterarse durante todo el proceso de análisis que ha sido reportada.
-¿Por qué el proyecto de ley incluyó a legisladores y jueces?
-El Gobierno mandó un proyecto en el cual se autoexcluye. Quiso mandar un mensaje del ejemplo, también de respeto hacia los demás poderes, porque es un proyecto del Ejecutivo invitando al Congreso a que sea el que se autoexcluya, y que sea quien invite al Poder Judicial. Desde nuestro punto de vista, la corrupción está entre los delitos graves que vamos a investigar. Si hay algún funcionario o alguna persona allegada que esté tratando de ingresar dinero proveniente de la corrupción ese delito no queda exonerado.
-¿Cuántos ROS terminan en investigaciones?
-Cerca del 5% terminan en informes de inteligencia, que ni siquiera son delitos confirmados. Porque después es la fiscalía la que tiene potestad para requerir la información penal. Los bancos no tienen ni deberían tener la capacidad para distinguir si una operación esconde un delito o no. No están para investigar, para eso estamos nosotros.
-¿Cómo evitar ser reportado erróneamente?
-A la persona que va a aprovechar el beneficio del sinceramiento no tengo consejos, sólo le diría que si es dinero vinculado a una situación irregular desde lo fiscal o cambiario no tiene de nada qué preocuparse. Esas personas no van a ser investigadas.
Revelan que no son reales las cifras oficiales de muertes en las rutas
Estadísticas polémicas. Según se desprende de un informe interno de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, son más que las difundidas. Desde la anterior gestión lo rechazan: «Ningún dato fue falseado».
Accidentes de tránsito en las rutas argentinas.
Una de las estadísticas que tampoco sería confiable en la Argentina es la de víctimas fatales en accidentes de tránsito, según surge de una auditoría interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que revela que esas cifras fueron manipuladas con el objetivo de mostrar un descenso en la cantidad de víctimas y efectividad en la gestión.
Así se lo confirmaron a Clarín fuentes del Ministerio de Transporte. Sin embargo, voceros de la gestión kichnerista al frente de la ANSV rechazaron las acusaciones: «Ningún dato fue falseado».
Según el Observatorio de Seguridad Vial, en 2014 en total hubo 5.279 víctimas fatales en accidentes de tránsito. Sin embargo, el reciente informe advierte: “El sistema para medir las muertes en los siniestros en la Argentina no es confiable. Creemos que la cifra de 5.279 víctimas de 2014 es imprecisa y que murió más gente de la que se reconoció oficialmente. Se estima que hay un subregistro. En otras palabras: actualmente en Argentina se desconoce el total de muertos por siniestros viales”.
El informe indica que detectaron, por ejemplo, que en 2014 las provincias de Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires no entregaron sus informes con los datos oficiales. Por eso, el Observatorio publicó cifras provisorias tomando como referencia los datos del año anterior y haciendo una proyección.En el caso de la Capital Federal, se reportaron 85 muertes en el lugar del hecho, pero el Observatorio consignó 98 víctimas totales.
“Cuando ocurre un accidente, hay víctimas en el momento del accidente y otras que fallecen después, por eso se hace una proyección para que no haya un subregistro. La ciudad de Buenos Aires proyectaba esa media hasta 15 días después de ocurrido el accidente. La ANSV proyectaba siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hasta 30 días después. Por eso la proyección aplicada por nosotros da más, lo que demuestra que no se ocultaron víctimas”, señalaron voceros de la anterior gestión de la agencia, cuando Florencio Randazzo estaba a cargo del Ministerio de Transporte. Sobre los tres provincias mencionadas, señalaron que los datos de Buenos Aires están porque se presentaron en forma online, «lo que faltó fue la presentación por escrito». También, afirmaron, entregó la información Santa Cruz y que la gobernación de Córdoba no lo lo hizo porque no está adherida a la ley de seguridad vial, pero que la agencia «igual lo relevó con datos de la Policía, la Justicia y municipios proyectados según el índice de la OMS».
Los datos de 2015 todavía no fueron publicados. Sin embargo, cifras preliminares dan un total de 4.829 fallecidos totales. No obstante, una fuente oficial afirmó al diario La Nación que las cifras están subestimadas en un 30%. “La cifra verdadera está muy cerca de lo que publica la asociación Luchemos por la Vida”, afirmaron. Esa ONG tiene contabilizadas 7.613 muertos por accidentes de tránsito en la Argentina en 2014.“Los datos del Observatorio Vial están construidos en función de los datos que informó cada jurisdicción y están respaldados metodológicamente por la OMS, la Asociación Internacional de Tráfico y la Dirección de Tránsito de España, de donde se tomó el modelo”, respondieron desde la anterior gestión, y destacaron que el trabajo de la Agencia –que se financia con el 1% de las pólizas de seguro–fue premiada internacionalmente en reiteradas ocasiones.
These 13 annuity terms separate the novice from the expert.
Annuities have many benefits — security, flexibility, tax efficiency — but few would argue that simplicity is one of them. A successful sale is also an education process, uniquely tailored to the client. The foundation of all of this, of course, is the language. You may not have been directly asked about dollar cost averaging lately, but that doesn’t mean your clients don’t need to know what it is.
How well can you define some of the terms that are foundational to this product line? Keep reading to test your knowledge.
Variable annuity payments increase or decrease based on the net performance (returns after fees and expenses) of the underlying investments in relation to a benchmark assumed investment return. If the total investment return minus expenses exceeds the AIR, the payment increases. If the return minus expenses is less than the AIR, the payment decreases. If the return minus expenses equals the AIR, payments remain the same.
B-Share Variable Annuities
Variable annuity contracts characterized by deferred sales charges, which typically range from 5 percent to 7 percent in the first year, and subsequently decline to zero after five to seven years. B-shares are the most common form of annuity contracts sold.
Bonus Share (X-Share) Variable Annuities
A bonus amount, typically defined in the prospectus as a percentage of purchase payments, is allocated to the annuity accumulation value early in the contract period. This type of annuity typically has higher expenses to pay for the cost of the bonus.
Dollar Cost Averaging
A program for investing a fixed amount of money at set intervals with the goal of purchasing more shares at low values and fewer shares at high values. Variable annuity dollar cost averaging programs involve allocating a certain amount to one investment subaccount, such as a money market fund, and then having portions of that payment periodically transferred to other subaccounts. Dollar cost averaging does not guarantee a profit or prevent a loss in declining markets.
Exclusion Ratio
The formula that determines which portion of an annuity payment is considered taxable and which is a tax-free return of principal. For variable annuities, this formula is similar; however, due to the fluctuating nature of variable payouts, this is recalculated annually and is reported as an exclusion amount.
I-Share Variable Annuity
Also known as fee-based variable annuities in which an investor pays one fee to have the portfolio managed by an investment advisor. I-shares do not offer a sales commission to the advisor. However, the advisor assesses fees for the services, including the I-share contract, which is agreed upon by the client.
Immediate Annuity
An annuity purchased with a single premium on which income payments begin within one year of the contract date. With fixed immediate annuities, the payment is based on a specified interest rate. With variable immediate annuities, payments are based on the value of the underlying investments. Payments are made for the life of the annuitant(s), for a specified period, or both (e.g., 10 years certain and life).
Market Value Adjustment (MVA)
A feature included in some annuity contracts that imposes an adjustment or fee upon the surrender of a fixed annuity or the fixed account of a variable annuity. The adjustment is based on the relationship of market interest rates at the time of surrender and the interest rate guaranteed in the annuity.
O-Share Variable Annuities
Annuity contracts that do not impose up-front sales charges, while, typically, possessing surrender charge periods similar to B-shares. Mortality and expense charges are assessed, and progressively decline throughout the surrender period.
Private Annuity
A private annuity is an arrangement in which the client transfers property to an individual or entity in return for a promise of fixed periodic payments for the rest of the client’s life. In private annuities, the person or entity assuming the payment obligation is not in the business of selling annuities.
Systematic Withdrawal Plan
A distribution method that allows a variable annuity contract owner to periodically receive a specified amount as a partial withdrawal from the annuity contract value prior to the annuity starting date. Unlike lifetime annuity payments, systematic withdrawals continue until the contract value is exhausted. Systematic withdrawals are taxable to the extent they represent investment gain in the contract.
Unit Value
A measurement of the performance of the underlying funds in a variable annuity, similar to the share value of a stock. Each investment subaccount has a separate unit value. The unit value increases with positive investment performance in the subaccount and decreases with negative investment performance and with asset management and insurance charges.
Wrap-fee
A comprehensive charge levied by an investment manager or investment advisor to a client for providing a bundle of services, such as investment advice, investment research and brokerage services. Wrap fees allow an investment advisor to charge one straightforward fee to their clients, simplifying the process for both the advisor and the customer.
La eurozona está fuera de peligro deflacionario, dice miembro del BCE
Por Kerry Skyring.
VIENA (EFE Dow Jones) — La eurozona ha salido del riesgo serio de deflación en tanto que el Banco Central Europeo ha dado pasos significativos para que la inflación se acerque a su objetivo de un nivel justo por debajo del 2%, señaló el lunes Edwald Nowotny, miembro del consejo de gobierno del BCE, en una rueda de prensa.
Los comentarios del gobernador del banco central de Austria tuvieron lugar después de que el BCE mantuviera su proyección de la inflación para 2018 sin cambios en la reunión de la semana pasada, dejándola en el 1,6% que había previsto en marzo, cuando la institución anunció una ampliación en su programa de expansión cuantitativa.
Nowotny restó importancia al impacto de las medidas, que incluyeron un incremento en el volumen de compra de bonos y un recorte en todos las tasas de interés del banco central. “Yo no diría que hicimos mucho en marzo”, dijo Nowotny.
Según el gobernador del banco central austriaco, la inflación ha dado un “giro casi drástico”, ya que debería pasar del 0,2% de este año al 1,6% en 2018. “Hemos estado en una fase de grave riesgo de deflación, pero esa fase se ha superado gracias a los esfuerzos del BCE”, afirmó.
Nowotny dijo que la economía de la eurozona está en un “territorio más seguro” respecto a los precios porque en el sector del crudo y la energía prácticamente no hay “más acontecimientos deflacionarios”.
“En la zona de influencia del BCE, hemos dado un importante paso adelante”.
Misterio por la millonaria herencia de Manubens Calvet que se «evaporó»
El empresario y político murió en el valle de Traslasierra en 1981. Su fortuna asciende a 400 millones de dólares.
Juan Feliciano Manubens Calvet murió en el valle de Traslasierra en 1981.
Juan Feliciano Manubens Calvet, fue un empresario y político fallecido en 1981 en Córdoba que no tenía hijos. Se estima que dejó una herencia que ronda 400 millones de dólares.
Según publica el medio LaVoz las cuentas bancarias, plazos fijos, comunicaciones internas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del expediente que lleva adelante la Justicia de Córdoba, sería muy poco el dinero que queda por las ganancias producidas por los campos y la hacienda que integran la fortuna.
Las propiedades de mayor valor soncampos ubicados en la mejor zona agrícola del sur de Córdoba y una enorme estancia de más de 100 mil hectáreas. Además de las cosechas realizadas durante más de 30 años en tierras del empresario.
Cuando la publicación consultó en abril pasado al juez que lleva la causa, Osvaldo Pereyra Esquivel, sobre el estado de estas cuentas bancarias, el magistrado dijo que en noviembre de 2015 habían ingresado 174.423 pesos a las cuentas bancarias que la sucesión tiene en la sucursal Tribunales del Banco de Córdoba, en la capital provincial.
Según la información que sus abogados acercaron al medio, a septiembre de 2015 el saldo sumado de dos cuentas corrientes de la sucesión en sucursales del Banco de Córdoba era inferior a cinco millones de pesos. A eso se añadía un plazo fijo, también en el banco provincial, por 6.314.551 pesos.
La Voz remarca que dos de los grupos de familiares que disputan la fortuna,se encuentran alarmados al ver el poco monto de dinero que, según las cuentas oficiales, habrían generado las propiedades a lo largo de las tres décadas.
Manubens Calvetfue un productor agropecuario de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. Fue diputado provincial y dos veces intendente de la ciudad. Al momento de su muerte,era dueño de una de las mayores fortunas de América latina.
Herencias: sólo el 15% de la gente deja su testamento antes de morir
Especialistas coinciden en que siete de cada diez sucesiones son conflictivas y que pocos dejan por escrito su última voluntad. Galería de herencias inolvidables.
Foto: Cedoc
No hay familia que no tenga conflictos a la hora de dividir los bienes de un difunto. Lo económico y lo emocional se unen de modo explosivo y las peleas suelen aflorar, muchas veces, de modo irreconciliable. Pero, aún así, según datos de la Cámara Civil, apenas el 15% de la gente realiza testamentos, y manifiesta su última voluntad a través de los mismos.
El caso paradigmático es el de Juan Feliciano Manubens Calvet, un terratiente que murió en 1981, dueño de una suma que rondaría los 500 millones de pesos. Nunca se casó, no se le conoce descendencia y no habría dejado testamento alguno. Su herencia es disputada por 33 sobrinos nietos del millonario y todavía la Justicia no llegó a conclusiones certeras sobre el destino de su fortuna.
Todo esto se habría evitado si Manubens Calvet hubiese hecho un testamento, pero “en Argentina no existe una práctica cultural de pensar la herencia y lo habitual es la sucesión “ab intestato”, o sea que, la ley llama a hacerse cargo a los parientes hasta el cuarto grado”, explica desde el Consejo Argentino de Planificación Sucesoria, el Dr. Leonardo Glikin.
