Argentina: Falso desendeudamiento

Falso desendeudamiento

Editorial del diario La Nación

 

La falsificación de las estadísticas en la Argentina ha producido efectos trágicos. Uno de ellos es que determinados temas no pueden ser analizados en su sustancia, ya que el Gobierno se refugia en sus números increíbles para evitar el debate de fondo. Si se reporta que la pobreza afecta al 6% de la población y que la inflación apenas se sitúa en el 9%, la discusión con el Gobierno sobre políticas públicas contra la pobreza y la inflación se vuelve imposible.

Afortunadamente, quedan en el país un puñado de estadísticas que no han sido falsificadas por el Gobierno. Las estadísticas oficiales de la deuda pública de la Nación y el balance de activos y pasivos del Banco Central conservan, por ahora, un grado de verosimilitud que permite mostrar que el mal llamado desendeudamiento es un mito más de los tantos que ha inventado esta administración.

Como suele hacer el kirchnerismo, que sitúa el inicio del mundo al de su mandato, consideremos el endeudamiento público de junio de 2003, cuando la deuda pública de la Argentina totalizaba 153.000 millones de dólares. A ellos habría que sumarles los exiguos 2000 millones de dólares en notas del Banco Central (Lebacs) para obtener el endeudamiento del consolidado del Tesoro y el Banco Central en ese período: 155.000 millones de dólares.

Los últimos datos oficiales muestran que, a septiembre de 2011, la deuda pública argentina había trepado a 175.000 millones de dólares que, si se sumaran a los 24.000 millones de endeudamiento del Banco Central mediante Lebacs y Nobacs, llevarían la deuda del Estado a 199.000 millones, muy por encima del endeudamiento vigente al inicio del ciclo kirchnerista. A las cifras reportadas de la deuda pública se les deben sumar además 11.000 millones de dólares de deuda impaga no computada en las cifras totales de endeudamiento, lo que llevaría a un total de 210.000 millones de dólares.

Estos 55.000 millones de dólares de aumento en el endeudamiento público ocurrieron aun a pesar de la promocionada quita del 70% en los canjes de deuda de 2005 y de 2010, y después de haber falsificado las estadísticas de inflación para licuar el equivalente a unos 20.000 millones de dólares en la deuda en pesos indexada por el costo de vida.

El aumento sería mucho mayor si se efectúa una estimación de los pagos que algún día la Argentina deberá realizar por los fallos no acatados, y los que surgirán en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) donde, como en otros aspectos de su relación con el mundo, la Argentina posee una situación «particular»: ser el país más demandado en el mundo con 49 casos sobre un total de 184 iniciados.

Y todavía no hemos hablado de las demandas que surgirán a raíz de la estatización de YPF, de las AFJP que nunca fueron indemnizadas, ni de las sentencias favorables a los jubilados cajoneadas por la Anses a la espera de que fallezcan los demandantes. Simplemente utilizando las cifras oficiales de la deuda reportada, y de la que se encuentra en situación de impago, la deuda ha crecido desde 155.000 millones de dólares hasta 210.000 millones, entre 2003 y 2011.

Aparentemente, lo que el Gobierno ha decidido llamar «desendeudamiento» es simplemente el cambio sustantivo que se ha producido en los acreedores del Gobierno. Al pagarle al FMI lo hizo mediante la emisión de Lebacs del Banco Central con las que el ente monetario adquirió las reservas internacionales. Y, luego, para hacerse de ellas el Tesoro canjeó los dólares contantes y sonantes al Banco Central por papelitos de colores a pagar a largo plazo y con tasas de interés cercanas a cero.

También, al estatizar las AFJP, el Gobierno traspasó sus deudas con esas instituciones a las arcas de la Anses, que ahora dócilmente renueva los vencimientos de la deuda con papeles que rinden tasas de interés inferiores a las del mercado.

El desendeudamiento es otro componente del ridículo relato kirchnerista. El desendeudamiento al que se refiere el Gobierno no es la reducción de la deuda; es el reemplazo de acreedores que exigen información confiable y tasas de interés de mercado por acreedores dispuestos a ver licuados sus activos. Aunque ello conlleve la destrucción del balance del Banco Central o la licuación de los ahorros de los jubilados. Una prueba más de que para este Gobierno no hay límites legales ni morales en la construcción del poder absoluto.

Fuente: La Nación, 05/05/12.

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«Se puede engañar a toda la gente por algún tiempo.

Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo.

Lo que es absolutamente imposible es engañar a toda la gente todo el tiempo.»

Abraham Lincoln, 1856

 

La lucha de la AFIP contra el dólar paralelo en Argentina

La AFIP salió a bajar la fiebre del blue con un enjambre de inspectores en el microcentro

Por Ignacio Olivera Doll

 

Visitaron casas de cambio para pedir información y lograron que el dólar paralelo se enfriara de $ 5,08 a $ 5,05. El blue llegó a tocar $ 5,15 y preocupa la brecha con el oficial.

 

Buenos Aires – En su oficina de la calle Florida del microcentro, un cuevero se desairaba ayer a las 13.30 sin notar la presencia de El Cronista: “Lo están haciendo pomada: a esta altura sólo te puedo pagar $ 4,98”.

Intentaba explicarle a su cliente, que lo escuchaba del otro lado del teléfono, la decisión que había tomado la AFIP de salir a bajarle el precio a un dólar blue que hace sólo días amenazaba con quebrar su máximo de $ 5,15.

En un día clave por la sanción definitiva de la ley de expropiación de YPF, la AFIP salió ayer decidida a ponerle un freno al billete con un enjambre de inspectores que se dispersaron por la mayoría de las casas de cambio. El objetivo: asegurar una jornada calma para el mundo financiero y ponerle paños fríos a la fiebre de los últimos días en el mercado informal.

“Ya se corría la voz de que lo iban a hacer esta semana”, comentó un operador a este diario. Los inspectores visitaron Giovinazzo, Transcambio, Puente y Alhec Tours, entre otras entidades, y pidieron información sobre las operaciones realizadas durante el día. “Cuando vienen, les entregamos la información impresa, o en un soporte en disco, con eso se quedan tranquilos”, contó un anfitrión.

El organismo instaló además una camioneta en la esquina de Corrientes y Reconquista. El vehículo sirvió, al menos, a modo de intimidación: “Dicen que ahí tienen una antena satelital”, se asustaba ayer un corredor.

El operativo de la AFIP alcanzó para que el blue cayera tres centavos: de $ 5,08 a $ 5,05 para la venta; y de $ 5,01 a $ 4,98 para la compra. Y se mantuvo a tono con el esfuerzo que se mostró oficialmente en estas últimas semanas para flexibilizar el cepo cambiario. Ayer, sin embargo, en un banco privado advertían que esa ampliación del corralito ya no parecía tan evidente en los primeros días de mayo.

Lo cierto es que el Gobierno busca evitar que el dólar paralelo se convierta en una referencia para muchas actividades de la economía. Y que su crecimiento incremente aún más la fuga de capitales del sistema, y hasta los niveles registrados en septiembre y octubre pasados.

En algunos organismos oficiales ya reconocen que el mercado marginal fue creciendo en los últimos meses. Llegaron a estimarlo, en diciembre, en el 1% del mercado cambiario, pero hoy ya no dudan en admitir que es, al menos, de entre 2,5% y 3%. El monto, bajo esta presunción oficial, sería insignificante: apenas u$s 10 millones.

Aunque en las cuevas estiman que el tamaño es de entre tres y cinco veces mayor. El incremento del volumen pudo notarse también, en estas últimas semanas, en la leve reducción que mostró la brecha entre la compra y la venta del blue: de diez centavos en diciembre pasado a unos siete, ayer, tras la intervención.

“El spread aumenta cuando se hace mas difícil conseguir dólares y el operador decide cobrarlos más caros. Cuando el negocio se complica, el cambista debe buscar ganar más plata en menos días”, explicó un cuevero.

El mercado marginal tiene hoy atractivo para quienes quieren sortear las restricciones porque la enorme diferencia que mantiene con el tipo de cambio oficial permite a los operadores hacerse –hoy– de unos $ 500 por cada u$s 1.000. Lo hacen vendiendo dólares a una cueva y volviéndolos a comprar en el oficial con los pesos obtenidos.

Fuente: El Cronista, 04/05/12.

Argentina: Mayor presión fiscal sobre Fideicomisos

Fiduciarios, agentes de información de la AFIP

 

La obligación de informar en forma retroactiva (desde el 2005) sobre la identidad de los aportantes, beneficiarios, y la evolución patrimonial de los fideicomisos (los de construcción incluidos), comenzó con la Res Gral n°2419 de la AFIP (de marzo de 2008). Se creó a partir de ese momento el Primer Registro Nacional de Fideicomisos Financieros y No Financieros.

Está demás aclarar, que muchos inversores privados que participaron en fideicomisos al costo en pleno ‘boom’ de la construcción (2005-2007) quedaron expuestos a ‘inconsistencias’ en sus Declaraciones Juradas, lo que les generó problemas frente a la AFP. Para los fiduciarios representó una carga de trabajo adicional, y un nivel de responsabilidad, que generó también roces por temas de honorarios.

La nueva resolución de la AFIP sobre este tema (RG 3312 – abril 2012) obliga a los fiduciarios a enviar información al fisco mediante un aplicativo especial por internet denominado AFIP  – DGI FIDEICOMISOS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR  – Versión 1.0. La información a suministrar es anual, con corte al 31 de diciembre, pero debe ser entregada a fines de julio (fecha según terminación de CUIT). 

Se deberá suministrar información sobre la constitución inicial de los fideicomisos, los ingresos y egresos de los fiduciantes, transferencias, modificaciones del contrato inicial. Todos los movimientos en moneda extranjera deberán expresarse en pesos, al tipo de cambio oficial a la fecha en que se realizaron los movimientos.

Además de informar sobre los datos identificatorios de los bienes fideicomitidos y los monto totales por entregas de dinero; se deberá brindar información contable del período informado: fecha de cierre de ejercicio, total del activo, resultado contable, resultado impositivo, asignación de resultados, retenciones y pagos a cuenta a fiduciantes beneficiarios, de corresponder.
Fuente: Fernando Romero – Inmobidiario, 04/05/12.
Más información: www.everydayrealestate.com.ar

Argentina: Una economía modelo 80 con modos más rústicos

Una economía modelo 80 con modos más rústicos

Por Roberto Cachanosky

 

Seguramente los jóvenes de La Cámpora son chicos que comenzaron a comunicarse telefónicamente por celulares y luego por internet. Ellos, que aplauden como una gran patriada la estatización de YPF, no vivieron la época de ENTEL, cuando esa empresa estatal de teléfonos podía llegar a tardar años en instalar una línea de teléfono en una casa. Ellos no vivieron lo que era esperar años para que apareciera el aparatito negro en una casa. Luego había que tener suerte que funcionara el teléfono, y si funcionaba había que tener suerte que a la persona que uno llamaba también le funcionara el teléfono. Es decir, en la época de la soberanía nacional de los teléfonos, todos los planetas tenían que estar alineados para poder hacer una simple llamada de teléfono. Esos jóvenes, festejan la confiscación de YPF como si fuera un acto de soberanía porque no saben lo que significa tener que padecer a las empresas estatales.

¿Por qué padecer a las empresas estatales? Porque en las empresas estatales no se trata de maximizar el beneficio del accionista prestándole un buen servicio al consumidor, sino que se busca maximizar los beneficios políticos. El objetivo de los funcionarios que están en las empresas estatales es hacer cosas que mejoren la imagen del gobierno y no invertir para satisfacer las necesidades de los consumidores como lo hacen las empresas privadas sometidas a la competencia. Son dos concepciones diferentes. Las empresas privadas que compiten tienen que generar sus utilidades beneficiando al consumidor. En las empresas públicas se busca un rédito político a costa de un despilfarro de recursos.

Justamente, no debe extrañar que algún funcionario público haya afirmado, muy suelto de cuerpo, que el objetivo de las empresas estatales no es ganar dinero. Obvio, ellos buscan sus beneficios políticos, como puestos muy bien remunerados para ejercer funciones que desconocen, y si las empresas estatales pierden dinero, ese dinero no es de ellos ni de accionistas que los echarían a patadas si estuvieran en una empresa privada. Es la gente, el contribuyente, que tiene que pagar con impuestos o el impuesto inflacionario las pérdidas de las empresas públicas en nombre de la soberanía nacional.

Cuando algunos economistas afirmamos que estamos volviendo a los 80 en materia de política económica, no es solo por las regulaciones absurdas de la economía o la emisión monetaria del BCRA, sino porque, además, el déficit fiscal de aquellos años se explicaba, en buena medida, por las pérdidas de las empresas estatales que eran financiadas por el tesoro. Pero como el tesoro no tenía recursos genuinos para financiar esas pérdidas, era el Banco Central el que emitía moneda para financiar el déficit de las empresas estatales.

Cuando en los 90 Menem privatizó las empresas estatales, tuvo que hacerlo porque la privatización pasaba a ser un instrumento de estabilización monetaria. Un mecanismo para frenar la inflación.

Normalmente las privatizaciones apuntan a mejorar la eficiencia de la economía si el marco regulatorio es el adecuado. Pero en los 90, en que hubo todo tipo de marcos regulatorios, la privatización no solo tenía que mejorar la productividad de la economía, sino también eliminar las pérdidas que tenía que financiar un tesoro exhausto, por eso digo que las privatizaciones, también pasaron a ser un instrumento de estabilización.

Los precios de los servicios públicos,  de empresas públicas y privadas, eran puestos políticamente. El criterio para definir el costo de las comunicaciones telefónicas, del boleto del tren, del colectivo, de la luz, el gas, etc. se limitaba a establecer un número arbitrario que, cada tanto, redujera el déficit de las empresas públicas. El llamado Rodrigazo no fue otra cosa que un intento, desde mi punto de vista mal implementado, de corregir los gruesos errores económicos que se habían heredado de la inflación cero de Gelbard. Celestino Rodrigo subió el precio de los servicios públicos porque tenía que reducir la pérdida de las empresas del Estado para aliviar el peso sobre el tesoro que requería de cada vez más pesos emitidos por el Banco Central y de esa manera tratar de reducir la inflación. Celestino Rodrigo pagó el costo político del lío que armó Gelbard.

Si uno hoy mira la situación de las tarifas de los servicios públicos, es parecida a la de la inflación cero de Gelbard. Las empresas que prestan servicios públicos tienen precios políticos. Esos precios no cubren los costos operativos ni el mantenimiento del stock de capital, y mucho menos la ampliación del stock de capital. ¿Cómo se financia todo eso? Con subsidios. ¿Quién paga los subsidios? El Estado (mejor dicho el contribuyente). Como el tesoro tiene déficit fiscal, el BCRA cada vez emite más moneda para financiar al tesoro y produce el proceso inflacionario imparable al que estamos asistiendo. Es lo mismo que en los 60, 70 u 80. Fijación de precios políticos financiados con el impuesto inflacionario. Por eso mueve a risa cuando se habla del famoso modelo. El modelo es una copia burda del desastre de los 60, 70 y 80 que terminaron en la hiperinflación. Aclaro que no sé si vamos a terminar en otra hiperinflación, pero sí me queda claro que la tasa de inflación va a ser alta, y cuando digo alta, digo dos dígitos elevados.

Recuerdo que muchas décadas atrás se hablaba de establecer el peaje en las rutas para mantenerlas porque se caían a pedazos. Frente a la propuesta del peaje, un político no peronista, pero imbuido de un falso nacionalismo, afirmó: ¡quieren lucrar con los caminos de la patria! Para el dirigente político era preferible que la gente se matara en las rutas que “sacrificar” la soberanía nacional y poner un peaje.

Volviendo a la actualidad, cuando uno mira el presupuesto de la Nación, el rubro más importante son los servicios sociales, donde el mayor importe está en el sistema de previsión social (casi una humorada por lo que ganan los jubilados) y el segundo rubro es lo que se destina a subsidios para tener tarifas púbicas políticas.

El déficit fiscal del año pasado, que, bien medido, fue del orden de los $ 54.000 millones, está altamente influenciado por los famosos subsidios a la energía y el transporte. Por eso a principios de año el gobierno amagó con empezar a eliminarlos, pero entre la inflación que se disparaba, el malhumor de la gente para sacar la tarjeta SUBE y la tragedia de la estación Once, tuvieron que frenar el Rodrigazo tarifario que ellos mismos heredaron de su gestión. ¿Cómo comunicar un aumento del boleto del tren luego del desastre de Once? Por lo tanto, bajaron los flaps y esperaron a un mejor momento, el cual no llegará porque la inflación tiende a aumentar.

La economía está atrapada en dos graves problemas. Uno es que la corrección de las tarifas políticas de los servicios públicos implica aplicarle un fuerte golpe al bolsillo de la gente. Al mismo tiempo, dada la falta de competitividad estructural de la economía, el tipo de cambio real alto que heredaron para esconder la falta de competitividad, se lo devoró la inflación que se generó en todos estos años. Me animaría a decir que hoy, dada esta política económica, es políticamente tan complicado corregir las tarifas políticas que vienen sosteniendo desde que asumieron, como solucionar el problema de tipo de cambio real que tienen. La batería de medidas que viene aplicando el gobierno para impedir la compra de dólares no alcanza y todo el tiempo tienen que inventar nuevas restricciones, como, por ejemplo, obligar a los exportadores a ingresar antes los dólares de exportación. Esto marca el serio problema cambiario que tiene el gobierno.

Con el apoyo de una oposición que, como toda propuesta, ofrece hacer kirchnerismo pero sin sus formas, Argentina es nuevamente soberana gracias a que se confiscaron las acciones de Repsol.

Todos sabemos que el problema energético actual lo generó este gobierno con su política de precios políticos. La confiscación de las acciones de YPF intenta, más que generar caja, distraer la atención de la gente bajo una nueva propuesta de falso nacionalismo. Dicho de otra manera. La inflación se dispara, faltan productos en los negocios, la caída del salario real se hace sentir, la gente tiene que afrontar impuestazos a nivel provincial y municipal, más la consabida carga del Estado nacional y la demanda de trabajo es cada vez más escasa. Está por debajo del promedio del crítico 2002. Si a esto se le agrega la fenomenal caída que tuvo la imagen del gobierno, que en tres meses perdió 31% de confianza de la población, el tema YPF viene a ser algo así como la invasión de Malvinas en el momento crítico del gobierno militar.

En definitiva, el famoso modelo es muy parecido a los 60, 70 y 80, pero con otros modos menos amables y más rústicos. Eso es todo. El final ya lo sabemos.

Fuente: Economía para todos, 28/04/12.

Más información en: www.economiaparatodos.com.ar  

El futuro incierto de la petrolera Repsol tras la expropiación de YPF

El futuro incierto de la petrolera Repsol tras la expropiación de YPF

 

Después de semanas de rumores, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordenó el pasado 16 de abril nacionalizar el 51% de YPF, a la que ha declarado de interés público, poniendo punto y final a una relación comercial que comenzó en los primeros meses de 1999 con la adquisición de la empresa al Estado argentino. Lo hace tras meses de mantenerla bajo presión política y culparla de una caída en la producción de crudo del país por no haber realizado suficientes inversiones. El porcentaje nacionalizado provendrá completamente de la participación del 57,4% que controla actualmente Repsol, que se quedará con poco más del 6% de la compañía argentina. Por su parte, la operación no afectará al grupo argentino Petersen, propiedad de la familia Eskenazy, que mantendrá el 25,46% que acumuladesde su entrada en YPF en 2008, ni a las acciones que cotizan en los mercados bursátiles, alrededor de un 17% del capital.

El Gobierno de Argentina tomó esta decisión porque quiere recuperar su capacidad de autoabastecerse de combustibles, puesto que lleva años teniendo que hacer millonarias importaciones energéticas que erosionan su superávit comercial. Sin embargo, muchos analistas dudan de su capacidad para compensar económicamente, ni por experiencia ni conocimientos técnicos, el trabajo realizado hasta el momento por Repsol YPF y de lograr la financiación necesaria para invertir en el aumento de su producción petrolífera.

La reacción de la petrolera española no se hizo esperar. Su presidente, Antonio Brufau, manifestó al día siguiente en una rueda de prensa que la decisión de Argentina era un acto «ilegítimo e injustificable precedido de una campaña de hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas». Por eso mismo, Mauro Guillén, profesor de Gestión y director del Lauder Institute de Wharton Business School, cree que “Repsol tenía que haberse anticipado a este problema. Es muy fácil echarle la culpa a Argentina o a Fernández [de la expropiación]. Pero ya se sabe lo que es ese país en términos de seguridad jurídica y de bandazos en la política económica. Repsol ha tenido años para poder cambiar el curso, vender YPF, buscar alternativas…”, comenta.

Consumada la expropiación, Brufau aseguró que la empresa «tomará todas las medidas legales a su alcance» contra el Gobierno de Argentina y recuerda que el país tiene el «compromiso» de lanzar una OPA por el 100% si quiere tomar el control de la filial. Según explicó, el abanico de medidas de defensa que se podrían adoptar es amplio “y podrá comprender acciones individuales o de clase en los diversos países involucrados, incluyendo demandas de carácter constitucional, administrativo, de mercado de valores, de carácter civil o mercantil o de resarcimiento de los daños y perjuicios causados».

Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), o de 46,55 dólares por acción, por lo que la participación del 57% de la española en la argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). «Todos los Estados tienen derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo», avisó Brufau.

«No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones dólares», respondió el viceministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, al hablar ante el Senado el día 17 de abril. «La valuación de YPF será en base a datos objetivos no a especulaciones bursátiles», advirtió el que fue nombrado por Fernández de Kirchner como subinterventor en YPF.

La capitalización de mercado de YPF era el día 17 de abril de unos 10.400 millones de dólares, después de que las acciones de la petrolera perdieran cerca de un tercio de su valor en 2012 por las constantes presiones de Argentina para que incrementara las inversiones y el temor a una expropiación que finalmente sucedió.

Movimientos legales

Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá y colaborador de El Real Instituto Elcano, explica que el marco jurídico internacional que regula las inversiones entre España y Argentina es el Acuerdo sobre protección de inversiones celebrado entre ambos Estados en 1991. En virtud de este texto, Repsol y Argentina pueden mantener negociaciones durante seis meses con el propósito de resolver amistosamente la diferencia. Pasado ese tiempo, la compañía tiene la opción de resolver directamente sus diferencias con Argentina ante un tribunal arbitral internacional, en lugar de someterse a los jueces argentinos. Se trataría de un tribunal arbitral internacional constituido al amparo del Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Este experto señala que para obtener satisfacción mediante esta vía arbitral la empresa española “debería probar que las medidas adoptadas tanto por el Gobierno argentino en el marco del procedimiento expropiatorio, como por las distintas provincias argentinas que en las últimas semanas le han venido retirando concesiones de explotación a YPF, resultan ilegales y discriminatorias”.

Jiménez apunta que esta vía arbitral “presenta resultados dispares y muchas incógnitas para los inversores extranjeros”, por lo que considera “aconsejable” que “Repsol explorara a fondo la posibilidad de un arreglo razonable para sus intereses acerca del montante de la indemnización durante la fase de negociaciones previas” a la opción del arbitraje con el gobierno argentino, “lo que minimizara las pérdidas de la expropiación de YPF”. “Arreglo que de lograrse ofrecería sin duda la ventaja inapreciable de evitar un largo y complejo procedimiento arbitral internacional, y que por la gravedad y alcance económico del acto expropiatorio puede provocar paralelamente un importante deterioro a largo plazo de las relaciones entre ambos Estados”, argumenta.

La medida argentina también ha abierto una crisis diplomática con España a la vez que ha provocado una dura crítica internacional hacia el país sudamericano. La primera decisión del Gobierno español para castigar a Argentina ha sido asignar cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas. Esto provocará en la práctica limitar las importaciones de biodiésel argentino, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas. Además, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró el pasado 24 de abril en el en el Congreso que el Gobierno de España continuaría con una defensa «firme» de Repsol y que acudirá a los foros económicos internacionales para «lograr la justa compensación».

España ha recibido numerosos apoyos internacionales, entre ellos los de Estados Unidos, México y la Unión Europea, donde ya se han dado los primeros pasos para castigar a Argentina. El Parlamento Europeo (PE) ha instado a Bruselas a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que concede a Argentina. Por amplia mayoría, los eurodiputados aprobaron el pasado 20 de abril una resolución que pide a la Comisión y al Consejo de la UE que valoren opciones como la «posible suspensión parcial» de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario. Según datos que maneja la propia Unión de 2010, aproximadamente el 27% de todas las exportaciones argentinas dirigidas a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales. Especialmente, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumo de limón, tabaco, mandarinas y uva de mesa.

“De conformidad con el Derecho Internacional, en estos momentos España tiene un margen de actuación bastante limitado”, advierte Jiménez. Desde un punto de vista de las relaciones bilaterales entre España y Argentina, él recuerda que el acuerdo hispano-argentino sobre la protección de inversiones permite que España inicie un procedimiento judicial internacional contra Argentina si considera que ésta ha incumplido alguna de las obligaciones reconocidas en el mismo. Pero advierte de varios problemas si se toma esta vía: que “esta decisión repercutiría muy negativamente en los inversores españoles que operan en Argentina” y que “apenas existe práctica que avale el recurso a esta vía jurisdiccional”.

Jiménez considera importante poner de relieve la perspectiva comunitaria, es decir, el papel que puede desempeñar la UE en este conflicto, ya que mediante el Tratado de Lisboa los Estados miembros le atribuyeron la competencia en materia de protección de las inversiones extranjeras directas, lo que “invita al Gobierno de España a gestionar y consensuar todas las decisiones que adopte respecto a este asunto con el resto de socios europeos”.

Para este experto, “en el corto plazo tanto el Gobierno español como la UE deben volcarse en las gestiones informales tendentes a facilitar una salida airosa para Repsol”. Cree que “tiempo habrá”, tanto si fracasan las negociaciones entre Repsol y el Gobierno argentino acerca del montante de la indemnización, como si más tarde, llegado el caso, Argentina se negara a honrar la indemnización fijada por un laudo arbitral, “para adoptar contra el país latinoamericano medidas de retorsión, e incluso de represalia, a la vista de cómo se desarrollen los acontecimientos”. “Porque habrá indemnización y el Gobierno argentino lo sabe”, opina.

Las opciones estratégicas de la compañía

Mientras se resuelve el pago de la indemnización, Repsol tendrá que plantearse cómo afrontar su futuro sin YPF. Guillén comenta que “Repsol tiene un tamaño intermedio y pocas reservas, comparado con las grandes compañías globales. Tiene que crecer. La adquisición de YPF fue hace más de 10 años y desde entonces no ha tomado una gran decisión. Ahora con la crisis del euro y la falta de crédito le va a resultar más difícil”.

Joaquín Garralda, profesor de estrategia del IE Business School, señala tres posibles caminos para la compañía: la unión con alguna de las grandes empresas del sector, un pacto con China o la compra de alguna otra empresa nacional latinoamericana. En cuanto a la primera de estas opciones, considera que “el tamaño de Repsol es uno de los factores claves, ya que con YPF era grande y lanzarle una opa era más difícil para otra empresa, pero en estos momentos la opción es más factible”.

“Repsol tiene algunas importantes fortalezas que pueden interesar a algunas grandes empresas mundiales”, destaca Garralda. En su opinión, ha desarrollado muy bien el conocimiento de extracción marítima en grandes profundidades, mantiene buenas relaciones con las administraciones de Latinoamérica y es buena con la gestión de los derechos humanos en la región. Y añade: “También será importante saber qué ocurrirá con el desarrollo de la Ley Dodd-Frank, que exige que todas las empresas que cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos hagan públicos los pagos que hacen a los Gobiernos a cambio de recursos naturales, identificados por país y por proyecto. Repsol tiene muy buena reputación en lo que se refiere al buen gobierno y la transparencia. Podría aportar a alguna empresa estadounidense su experiencia en la gestión de la responsabilidad corporativa desde un punto de vista europeo”.

Guillén coincide en que “Repsol puede establecer una alianza con alguna otra compañía, sobre todo asiática”, pero cree que “sin YPF, la compañía española es menos atractiva”. Solo en la Patagonia argentina, donde había invertido más de 400 millones de dólares, la empresa tenía planeado explotar lo que calculaba podía ser uno de los mayores yacimientos de recursos no convencionales (aceites y gas de esquisto) del mundo.

Este profesor cree que Repsol lo tendrá “muy difícil” para ganar la fuerza que ha perdido con YPF mediante la adquisición de nuevas compañías en la región “porque los países latinoamericanos no se han visto tan afectados por la crisis como los europeos y ha subido el precio del petróleo y las materias primas, por lo que no se encuentran en la necesidad económica de realizar grandes ofertas para vender compañías nacionales para conseguir liquidez”.

¿Y la opción de seguir sola? “Podría hacerlo, pero las fuerzas dinámicas externas que hay a su alrededor son muy fuertes y ahora, tras su caída en bolsa está a unos precios interesantes para los mercados. El problema de la petrolera es que es lo suficientemente grande como para tener un gran inversor nacional de referencia, pero muy pequeña para poder interesar a las grandes compañías del sector”, concluye Garralda.
Fuente: Wharton Universia, 02/05/12.

España en recesión

Una nueva recesión en España pone en duda la austeridad

Por David Román y Stephen Fidler

 

MADRID — España engrosó la lista de economías europeas en recesión y ofreció nuevos indicios de que las políticas de austeridad no han logrado restaurar la confianza en la región. El mal desempeño también intensifica la presión sobre el gobierno de Mariano Rajoy en momentos en que el país se prepara para una semana de manifestaciones contra los recortes del gasto fiscal.

Casi todas las cifras económicas divulgadas en las últimas semanas refuerzan la impresión de que una gran parte de la economía europea está en contracción. Entre los 17 países que conforman la zona euro, ocho están en recesión: España, Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal y Eslovenia. A ellos se suman tres países que no integran la zona euro: Gran Bretaña, Dinamarca y la República Checa.

El deterioro económico ha aumentado las tensiones políticas. Se espera que los actuales gobiernos sean castigados en las elecciones que se realizarán este fin de semana en Francia y Grecia.

España se prepara para una serie de protestas contra las medidas de austeridad y la reforma del mercado laboral, incluyendo una manifestación prevista para hoy primero de mayo y posibles marchas en Barcelona programadas para el jueves, cuando se reúna el consejo del Banco Central Europeo en la segunda ciudad de España. El gobierno instaló una zona de seguridad con el fin de prevenir que los manifestantes interrumpan el encuentro.

Alemania, el gran artífice de la estrategia de austeridad impuesta en Europa, no ha dado señales de ceder y algunos analistas creen que los mercados castigarán cualquier repliegue. Los políticos alemanes han hablado más abiertamente de estrategias que estimulen la economía europea, pero no han indicado que se dispongan a recurrir a las arcas del gobierno alemán ni han atenuado su oposición a otras ideas, como la emisión de bonos de la zona euro como una manera de apuntalar a las economías más débiles.

«Ahora es el momento del estímulo económico», dijo el lunes Wolfgang Schäuble, el estricto ministro alemán de Finanzas después de una reunión con el ministro de Economía español, Luis de Guindos. Schäuble agregó que los líderes europeos analizarán planes de crecimiento durante una reunión fijada para junio. Pero insistió en que el margen de maniobra es «limitado».

De Guindos, por su parte, reiteró el compromiso de España con las políticas de austeridad. «No existe una contradicción entre equilibrio presupuestario y crecimiento», sentenció. «La consolidación fiscal no es un fin en sí mismo, sino la condición para conseguir un crecimiento sostenible».

El sombrío panorama de la economía española se agravó luego de que su alicaído sistema bancario sufriera el lunes una rebaja generalizada de su calificación de crédito. La mala noticia se produce luego de que la agencia calificadora Standard & Poor’s redujera en dos peldaños la nota de la deuda soberana española.

El instituto de estadísticas de España anunció el lunes que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,3% en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre, tras un retroceso de igual magnitud en los últimos tres meses del año pasado. «La economía española vuelve a entrar en recesión», manifestó Martin van Vliet, economista de ING. Se trata de la segunda recesión desde 2009. «Mirando hacia delante, tememos que es más probable que la situación empeore antes de mejorar», escribió en un informe dirigido a los inversionistas.

Algunos economistas señalan que las políticas de austeridad son contraproducentes en economías donde la demanda ya es anémica y las tasas de interés son muy bajas.

Sony Kapor, director ejecutivo del centro de estudios Re-Define, dice que la baja confianza económica y la debilidad de los bancos significan que los recortes en el gasto fiscal no son compensados por un mayor gasto de las empresas y los consumidores. En lugar de ellos, la austeridad genera una contracción. «Una vez que se eche a andar este mecanismo en España, una reducción de 1% en el gasto público puede desembocar en un deterioro de la actividad económica de entre 2% y 3%», aseveró.
Fuente: The Wall Street Journal, 30/04/12.

 

México emerge como plataforma mundial exportadora

México emerge como plataforma mundial exportadora

Por Jorge Castro.

 

México fue el país de América Latina cuya economía se hundió más profundamente en la crisis global 2008-2009, con una caída del producto de 6% ese último año. La economía mexicana se ha recuperado en los niveles previos a la crisis, con una tasa de crecimiento de 3,5% este año , una pauta de expansión baja, pero estable (nivel de inflación en los últimos 12 meses: 3,73% anual), como ha ocurrido en los últimos tres lustros.

Lo importante son los cambios estructurales que ha experimentado el país en ese período, en especial en relación a la economía global. México ha emergido de la crisis convertido en una de las principales plataformas exportadoras de la industria manufacturera trasnacional, y ha vuelto a ganar posiciones en el mercado norteamericano frente a la competencia china , primera exportadora mundial.

A pesar de la intensificación de la violencia provocada por el conflicto con el narcotráfico, la inversión, sobre todo en la industria manufacturera y automovilística, crece significativamente y en forma acumulada, solo por detrás de Brasil en América Latina.

En 2011, recibió U$S 19.600 millones de inversión extranjera directa (IED), que fueron U$S 20.200 millones en 2010, y alcanzaron a U$S 15.900 millones en 2009.

Una característica fundamental que diferencia a la IED que recibe México con la del resto de América Latina, y en especial la de América del Sur, es que más de dos tercios del total se dirige a la industria manufacturera y posee una tipología “vertical”, que integra esas inversiones como segmentos o anillos de las cadenas trasnacionales de producción , núcleo productivo del capitalismo en su fase de globalización.

Las que se dirigen a América del Sur y ante todo a Brasil, son de naturaleza “horizontal”, orientadas a cubrir la demanda del mercado interno, como manifestación actualizada de la estrategia tradicional de sustitución de importaciones.

Esta particularidad de la IED mexicana, implica que cada una de estas inversiones “verticales” profundiza su integración con el núcleo estratégico de la acumulación capitalista en el siglo XXI, que es la expresión más avanzada de la internacionalización de la producción.

La pujanza de los cambios estructurales en México se sobrepone incluso a la ola de criminalidad desatada por el crimen organizado. Los estados fronterizos con EE.UU. han sido el epicentro de la violencia en los últimos 5 años; y en el período previo a la agudización del conflicto, recibieron 22,5% del total de la IED; y luego, en la sangrienta etapa 2006-2010, ese porcentaje aumentó a 28,5%.

En el período 2000-2003, al irrumpir China en gran escala en el comercio internacional, y ganar espacios significativos en el mercado norteamericano, México perdió más de 30% de las empresas extranjeras radicadas en el país , sobre todo de la maquila, que se dirigieron al mercado asiático en busca de mejores condiciones de competitividad. Ahora en gran parte han regresado , y las exportaciones mexicanas han aumentado entre 7% y 9% su participación en el mercado estadounidense, sobrepasando a los productos chinos.

Lo que diferencia a los países emergentes en relación al mercado mundial es su distinta inserción internacional (camino de doble vía por el que transcurren el comercio y las inversiones). En el caso de México, esa inserción internacional se realiza con la economía norteamericana (EE.UU. + Canadá), al igual que lo que sucede con Centroamérica y el Caribe.

Distinta es la situación de América del Sur, cuya inserción internacional tiene lugar con la región asiática, con eje en China. En el mundo de hoy, la fortaleza de un país y su relevancia internacional no dependen de su PBI, sino de su vinculación estructural con el núcleo productivo del sistema mundial (cadenas trasnacionales de producción); y en este punto específico, estratégicamente decisivo, México está a la cabeza de América Latina, y en cierta forma adelanta un futuro posible.
Fuente: Clarín, 29/04/12.
El Dr. Jorge Castro es analista internacional y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico.
Más información en: www.agendaestrategica.com.ar

 

La Argentina agotada

Agotamiento

Por Enrique Szewach

 

La economía argentina muestra claros signos de desaceleración.

Esto podría considerarse normal, después de varios años de crecimiento a tasas altas, aún bien medidas.

Sin embargo, más que una lógica convergencia a un escenario más estable, lo que enfrentamos son las inevitables consecuencias de una política económica que ha resultado ser contraria a la posibilidad de sostener una evolución fuertemente positiva por mucho tiempo.

En efecto, gran parte de las medidas que impulsaron el aumento del producto en los años pasados, significaban «gastar a cuenta del futuro». Pues bien, una parte de ese futuro es ahora presente.

Esta situación resulta evidente en el caso de la energía, discutido en estos días, dónde subsidiar a los consumidores, para mejorar sus ingresos, con fondos públicos se ha hecho infinanciable sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica y en dónde repartir desbalanceadamente la renta petrolera a favor también del sector público y los consumidores, en sentido amplio y, en parte, a favor de la «compra» de YPF, con dividendos, redujo la inversión privada en exploración y producción, haciendo insostenible, ahora, el financiamiento de las importaciones de combustibles.

Esta falta de pesos para subsidiar y de dólares para importar, es lo que ha llevado al asalto final del Banco Central, y al estricto control de cambios y de importaciones.

Y es ese control de cambios y de importaciones, y no la «crisis internacional», la que lleva, a su vez, a la desaceleración de la economía.

Por un lado, porque controlar importaciones es afectar nivel de actividad, dada la dependencia natural de insumos y bienes de capital importados que tiene la producción industrial  más moderna e integrada al mundo.

Por el otro, porque dado que el ahorro de los argentinos es en dólares (nadie ahorra en una moneda que pierde un cuarto de su valor por año), el control de cambios dificulta la salida de capitales, pero también el ingreso de capitales de argentinos, destinados a inversión.

A este panorama se le suma el hecho de que el fuerte aumento del salario real formal de los últimos años, bien por arriba de la productividad privada y pública, redujo sustancialmente las ganancias «extraordinarias» de las empresas, que hasta ahora compensaban con más volumen,  camino al pleno empleo. Pero llegado al pleno empleo, con desmedida presión fiscal, y una política cambiaria y monetaria que incrementa los costos en dólares, las ganancias han pasado a ser “ordinarias” y no alcanzan dado el adverso clima de negocios que hoy impera.

A esto hay que sumarle la caída, en los últimos años, de la inversión extranjera directa, y el deterioro creciente de la infraestructura en sentido amplio, por el énfasis puesto en el gasto público en empleo y salarios, o en obras públicas, sin prioridades, y con alta «ineficiencia» por decirlo de manera elegante.

Modificar este panorama implica modificar la política económica llevada hasta aquí.

Pero, justamente, esto es lo que no se quiere hacer.

La expropiación de YPF, y las nuevas medidas intervencionistas que seguramente seguirán, se inscriben en la necesidad de seguir dándole vida a un modelo que hace rato que está agotado.

Y esto deja al gasto público y al escaso crédito “subsidiado” como únicos motores de crecimiento, más allá de la inercia derivada de los sectores plenamente exportadores como los agrícolas que dependen del mundo y del clima.

Pero en el marco de una desaceleración privada, cae la recaudación, y sin ahorros previos, (no hay fondo anticíclico), mantener un gasto público creciente, para evitar la recesión, implica un uso más intensivo de las máquinas de Ciccone (¡Este es el único negocio “privado” que crece fuerte!), es decir mayor inflación y atraso cambiario, o implica seguir buscando “cajas” privadas o semiprivadas para expropiar y seguir consiguiendo, de esa manera, dólares para importar, o pesos para subsidiar.

En síntesis, intentar evitar la desaceleración de la economía obliga o a un uso cada vez más intenso de la emisión monetaria o de las reservas del Banco Central, u obliga a continuas búsquedas de “bolsones” de dólares y pesos, para expropiar.

Lo que se expropiará, entonces, es el crecimiento del sector privado, para seguir financiando la expansión del sector público. Como se trata de “dineros ajenos”, la mayoría de la clase política, está de acuerdo.
Fuente: Perfil, 29/04/12.
Más información: www.szewachnomics.com.ar

 

La Argentina no cumple los contratos

«La Argentina adiestró al mundo a esperar que no cumpla contratos»

Entrevista con Moisés Naím

Por Silvia Pisani

 

Lúcido observador de las relaciones internacionales, autor y columnista, Naím considera que la estatización de YPF fue «un manotazo de ahogado» del Gobierno, afirma que tendrá un impacto «muy negativo» para el país y cree, además, que no resolverá la crisis energética de la Argentina.

 

La Argentina es el país en el mundo que más cantidad de psicoanalistas tiene por habitante», gusta decir Moisés Naím, cada vez que la realidad de nuestro país desafía su reconocida capacidad de análisis político.

Desde la perspectiva de este académico venezolano residente en Estados Unidos, no exenta de ironía, no hay modo de entender la estatización de Repsol YPF sino desde una contumaz incapacidad social para aprender de las experiencias del pasado. Le cuesta, como investigador y observador lúcido de la escena internacional, aceptar que un país que hoy invierte más dinero en tratar de mantener a flote tres empresas estatizadas que el que deriva a programas de bienestar infantil aplauda una decisión de la que mucho duda que sirva para superar el déficit energético.

«El relato oficial no se cree», asegura. Desde su punto de vista, la más controvertida decisión de Cristina Kirchner no hace sino ratificar el perfil de la Argentina como un país donde los contratos no se cumplen y la realidad se intenta torcer para el lado que convenga. «El problema es que esto no es sólo obra de un gobierno sino, también, de numerosos actores sociales, absolutamente incapaces de servir como el necesario contrapeso en una democracia», dice.

En una conversación en Washington, Naím sostuvo que, al final de cuentas, en una triste historia de idas y venidas con privatizaciones y estatizaciones, el nuevo giro con la estatizada petrolera no es otra cosa que «un poco más de lo mismo» en una calesita histórica de corrupción y malos negocios para los contribuyentes, que, al final, son los que pagan por el pato de la boda.

 

¿Qué efecto tiene en la percepción de la Argentina en el mundo la decisión de estatizar Repsol YPF?

 

-Es un efecto muy negativo. Lo que se ha aprendido en el mundo es que las políticas económicas nunca son brochazos aislados para que las cosas funcionen bien. Las políticas económicas, para que funcionen bien, son un conjunto de medidas congruentes, consistentes a mediano y largo plazo. Esta decisión es, a todas luces, una medida aislada, que no parece responder -ni habíamos oído antes ni ahora- a un plan nacional de energía. Ciertamente, esto no forma parte ni está enmarcado en un plan de desarrollo. Esto no resuelve los problemas macroeconómicos ni mucho menos los energéticos que padece la Argentina como legado de muchos años de malas políticas, de descuido y de falta de inversión, al menos en el sector de energía y en el sector eléctrico. Esto nadie lo está interpretando como una nueva política económica o como una profundización en una visión de largo plazo para el país. Esto está visto, generalmente y salvo en la Argentina, como un manotazo de ahogado.

 

– ¿No hay oído para el argumento oficial en el sentido de que el país viene de importar 3000 millones de dólares en petróleo y que esa situación es insostenible?

 

-Sí, claro, hay gente que lo escucha y que lo cree. El presidente [de Venezuela Hugo] Chávez ha declarado su admiración y respeto por esta decisión. Lo hizo al mismo tiempo en que declaró solidaridad y respeto por el gobierno de Bashar al-Assad, en Siria, y le mandaba cargueros con suministros, como quince fueron, para apoyar al gobierno «heroico», según él, de Bashar al-Assad.

 

– ¿Quiere sugerir con eso que, desde la visión internacional, este paso acerca a la Argentina al eje «chavista» en la región?

 

-Lo más importante es que en la mente de los que mueven el mundo, en la mente de los que hacen análisis político, la Argentina no entra. Nadie tiene en mente a la Argentina como un jugador influyente en ningún campo. La Argentina no es un país sistémico. Es un país percibido esencialmente como un exportador de soja y con una de las tasas de inflación más altas del mundo, de la que, dicho sea de paso, tiene prohibido informar. Pero no es que los analistas y los inversores en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo estén evaluando el rol geopolítico o el peso de la Argentina en el mundo.

 

– Se lo pregunto de otra manera: ¿hay algún espacio en el mundo exterior en que se preste oído a los argumentos esgrimidos a favor de esta medida y se los convalide?

 

-El gobierno argentino lo está haciendo, está tratando de explicarlo. El problema es que, en el mundo de hoy, la información fluye a gran velocidad y las cosas, por más que los gobiernos intenten opacarlas, disfrazarlas o pintarlas como sea, la realidad termina apareciendo.

 

– ¿Qué quiere decir con eso?

 

-Que de este caso se sabe ya mucho como para que vengan, de pronto, con esos argumentos. Quiero decir que es conocida ya la trayectoria que venía llevando la relación con Repsol; que es conocida la decisión oficial de empujar a Repsol a unirse con la familia Eskenazi; que es conocida la relación cercana y la alineación del gobierno de Kirchner y de la familia Eskenazi, y que es conocido el hecho de que, últimamente, esa relación ya no era tan cálida. Son conocidos, también, los términos extraordinariamente ventajosos que el Gobierno le concedió a la familia Eskenazi para entrar en la operación; que es conocido el contexto de regulación, control y demás políticas que imperaron y que se impusieron a la empresa y que realmente hicieron muy difícil que pudiera cumplir sus objetivos funcionales. Entonces, con todo eso, criticar y afirmar que la decisión de estatizar resulta del mal manejo «de una empresa colonialista española que está abusando de la benevolencia y del sentido ético del gobierno argentino» es una narrativa que en el mundo de hoy y a la luz de las muchas informaciones que hoy se tienen no es fácil de creer ni de aceptar. El «relato» no se cree.

 

-Desde ese punto de vista, ¿esto es un golpe para la credibilidad del gobierno argentino o la del país? ¿O es un momento incómodo del que puede salirse adelante con la probada habilidad del Ejecutivo para tejer alianzas y salir a flote en el momento oportuno?

 

-Esto es algo que trasciende al gobierno kirch- nerista. Sin duda, es el actor principal, pero aquí hay otro tipo de actores y lo cierto es que, con o sin la familia Kirchner, el mundo queda perplejo de la gran cantidad de actores sociales argentinos que aplauden esta medida.

 

– ¿Por qué?

 

-Porque no se puede estar menos que perplejo ante la incapacidad o ante la ausencia de otros actores sociales y políticos capaces de poner esta decisión en su contexto y en su balance; para hacer una lectura de pesos y de contrapesos, que es lo básico que en toda democracia debe existir para impedir justamente este tipo de acciones unilaterales.

 

-Pero es que, del otro lado, España no parece acompañar en este reclamo. Por ejemplo, el G-20 ni el FMI ni la misma Unión Europea (UE) parecen tomar un partido decidido. La UE, por caso, hace declaraciones alarmistas, pero no pasa de las palabras. Nadie parece acompañar decididamente a España en su queja. ¿Significa eso que la Argentina tiene razón?

 

-Creo que en el mundo hay problemas mucho más importantes. No estamos hablando de un evento que va a sacudir las finanzas mundiales. Esto no es la quiebra de Lehman Brothers ni la quiebra de la aseguradora AIG. Esto no es más que una nacionalización más, en un país que tiene una tradición de no cumplir con sus compromisos y de no honrar sus contratos.

 

– Entonces, no habría que sorprenderse.

 

-Tristemente, la Argentina ha adiestrado al mundo a esperar que no cumpla los contratos ni los compromisos. Diferentes gobiernos argentinos en distintos momentos políticos así lo han hecho. Lo otro que hay que destacar es que el mundo les pone atención a los fenómenos que son sistémicos. Un país es sistémico cuando lo que hace o deja de hacer afecta o tiene impacto en el resto del mundo. Una empresa es sistémica cuando lo que le ocurre tiene impacto en varias partes del mundo. En este caso, el impacto es limitado, porque la Argentina está crecientemente aislada del mundo y el contagio es muy limitado.

 

– O sea, ¿que no importa?

 

-Yo lo sintetizaría así: para la Argentina, es más de lo mismo.

 

– Uno de los vaticinios que se hacen es que la estatización tendrá un efecto adverso sobre el clima de inversión. Sin embargo, del otro lado, cuando uno habla con inversores, su prioridad es buscar lugares en el mundo donde haya crecimiento y, hoy, eso ocurre en la Argentina.

 

-En el mundo hay calidades de inversores. Por supuesto que hay inversores con mayor aversión y otros, con mayor apetito por el riesgo. Pero estos últimos también actúan de modo de poder recuperar su inversión y obtener pingües ganancias en muy corto plazo, para seguir viniendo a la Argentina con un ánimo más especulativo. O sea, beneficios a corto plazo con la menor inversión posible. Eso puede ser celebrado como elección. Pero con eso cierran la puerta a inversores de alta calidad, que le den al país permanencia, previsibilidad y empleo de alta calidad y a la economía una sostenibilidad a largo plazo y competitividad. Yo no dudo que la Argentina seguirá atrayendo inversores, pero son inversores que operarán con mucha cautela y con un ánimo más orientado a este tipo de actividad, con mínima inversión y máxima ganancia. Y eso no es socialmente deseable.

 

– Usted dice que esto es algo que trasciende a un gobierno, ya que la oposición y enormes sectores sociales lo celebran. ¿Puede ser que tanta gente esté equivocada?

 

-No sé qué le pasa a la sociedad argentina. Me encantaría que alguien me diera una buena explicación. Ya lo dije hace poco, en un artículo en el que hablaba de la propensión al psicoanálisis que tienen los argentinos?

 

– Sí, lo vi. Algunos dicen que el psicoanálisis es salud.

 

-Lo que quiero decir es que todos conocemos personas que comentan que cómo es posible que «El», en su momento, o que «Ella», ahora, esté cometiendo estos errores de nuevo. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es esta dificultad de aprendizaje que tiene la sociedad argentina, que no aprende de lo que le ha sucedido? Experiencia no es lo que le ocurre a un país. Experiencia es lo que ese país hace con lo que le pasa. Lo que estamos aprendiendo es que la Argentina no hace cosas diferentes con lo que le ocurre y sigue cometiendo los mismos errores.

 

– En la Argentina, hay encuestas con un resultado a favor de la nacionalización.

 

-Es verdad. Hay una andanada de críticas en todo el mundo, excepto en la Argentina. Y eso es sorprendente, ya que se trata de un país que sufrió una larga, conocida y triste historia de nacionalizaciones que sólo trajeron pérdidas, corrupción y miseria.

 

– Generalmente, se habla más del daño de las privatizaciones que del daño de las estatizaciones?

 

-Mire, en la década pasada, la compañía de agua de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas y varias empresas de electricidad que habían sido privatizadas en los años noventa fueron renacionalizadas con argumentos muy parecidos a los que ahora ha utilizado la Presidenta para justificar la toma estatal de Repsol. El resultado de estas renacionalizaciones ha sido catastrófico. No sólo sus servicios y desempeño general han empeorado, sino que incurren en pérdidas gigantescas que pagan los argentinos con sus impuestos. Según ha explicado Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, al periodista Charles Newbery, el subsidio estatal a estas tres empresas el año pasado fue un 80% mayor que el gasto gubernamental en el programa de bienestar infantil.

 

– Del otro lado, lo que señalan las autoridades es el caso de las petroleras que, en el mundo, están en manos del Estado.

 

-No todos son para aplaudir. Los argentinos que lo hacen también pueden echar una mirada a los casos de la mexicana Pemex y de la venezolana Pdvsa, que son muy aleccionadores. Estas dos grandes compañías petroleras tienen más en común que el hecho de ser estatales o ejercer un virtual monopolio sobre la exploración y producción de petróleo y gas en países ricos en hidrocarburos. Su similitud más sorprendente es que, a pesar de que los precios del petróleo han estado en pleno auge, las dos empresas han declinado. Su producción, reservas y el potencial son inferiores a lo que solían ser, y su rendimiento es mucho peor de lo que fácilmente podría ser.

 

– Eso nos lleva, otra vez, al eterno debate sobre si es mejor una empresa estatal o una privada para la explotación de recursos naturales.

 

-No necesariamente. Hay experiencias de todo tipo. Por ejemplo, están los casos de Brasil y de Colombia. Hasta hace poco, ambos eran importadores de hidrocarburos. Hoy la brasileña Petrobras es un actor global que va en camino de convertirse en una de las petroleras más importantes del mundo, mientras que en Colombia la producción de petróleo se ha disparado. En ambos casos, el gobierno se reserva un papel central, pero ha creado estructuras que protegen la gestión de la empresa de interferencias políticas.

 

– Volviendo al mapa internacional y al perfil que usted describe para la Argentina como un país que acumula celebridad en el incumplimiento de contratos. ¿Fue ingenua España cuando, en 2005, lanzó una «asociación estratégica» con la Argentina?

 

-En este caso, hay que recordar que las empresas petroleras están condenadas a operar adonde las lleve la geología, no la ideología. Para producir gas y petróleo hay que ir a los lugares en cuyo subsuelo haya gas y petróleo. Esto es tan cierto para Repsol como lo es para ExxonMobil o para Shell, que también deben operar en ambientes inciertos y, a veces, hostiles.

 

– ¿Hay espacio para que otras empresas españolas en la Argentina -y existen unas cuantas de mucho peso- teman represalias de las autoridades argentina en el caso de que Madrid presione demasiado con sus reclamos con Repsol?

 

-Es obvio que las empresas extranjeras deben estar viendo con preocupación lo que le sucedió a Repsol. Pero esto parece más bien un caso aislado, motivado por cálculos muy específicos del Gobierno y no el resultado de una estrategia deliberada en contra de las empresas extranjeras en general, o de las españolas en particular. De hecho, no me sorprendería que, para compensar, el Gobierno lanzara una ofensiva de relaciones públicas y acciones positivas en favor de los inversionistas extranjeros.

– ¿Comparte las hipótesis que conjeturan que la oportunidad de la nacionalización incluyó alguna lectura sobre el momento de debilidad y vulnerabilidad de Madrid, acuciado por un sinfín de problema y con escasa capacidad de reacción?

-Ignoro eso. Pero, desde afuera, y sin elementos concretos de información, la manera como fue tomada y ejecutada la nacionalización pareciera reflejar más improvisación que un sofisticado análisis geoestratégico o económico. No da la impresión de que haya habido aquí mucha reflexión ni análisis.-

 Moisés Naím

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MANO A MANO

Moisés Naím habla suave, con una musicalidad evocadora de la Venezuela donde nació, en 1952. Inmune, casi, su español, a los extranjerismos de quienes, como en su caso, residen desde hace años en los Estados Unidos. Se expresa con humor y con ironía, y con voracidad por los datos: los incorpora con la misma velocidad con que los suelta en cada análisis.

Viaja por el mundo, lee periódicos, conversa con quienes toman decisiones alrededor del planeta. Comprender y luego explicar es la vocación de quien tiene un paso por la gestión pública como ministro de Industria de Venezuela y como directivo del Banco Mundial, pero que luego derivó en académico e investigador, hoy, del Carnegie Endowment for International Peace, en esta ciudad.

Descubrió el «columnismo» y nunca más lo abandonó. Sus textos semanales de opinión son hoy reproducidos por los principales periódicos en América latina y Europa. «Me siento periodista», confiesa con orgullo. Ganó, hace un par de años, el reconocido premio Ortega y Gasset por su trayectoria en el oficio.

Su libro Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo ha sido editado en 18 idiomas y fue seleccionado por The Washington Post como uno de los mejores libros del año. Un documental basado en ese texto y producido por National Geographic fue merecedor de un premio Emmy hace un par de años.
Fuente: La Nación, 29/04/12.

Los inversores compran deuda venezolana y venden la argentina

Los inversionistas compran deuda venezolana y venden la argentina

Por Prabha Natarajan

 

NUEVA YORK (Dow Jones) — En un giro de percepciones, los inversionistas ahora prefieren los bonos denominados en dólares de Venezuela a los de Argentina.

Los administradores de fondos y los especuladores esperan con ansias la posibilidad de un cambio político en Venezuela y adquirir la deuda del país. Esperan aprovechar una rápida alza en los precios de estos bonos si un nuevo gobierno reemplaza al enfermo presidente Hugo Chávez.

En tanto, muchos inversionistas han comenzado a vender la deuda argentina por las impredecibles políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha decidido expropiar a la petrolera YPF SA, una filial de la española Repsol YPF SA.

En cierto sentido, los inversionistas perciben que estos países están estancados en los años 80 y 90, cuando las políticas fuertemente influenciadas por las ideologías y el populismo llevaron a muchos países latinoamericanos a caer en cesación de pagos.

Ninguna de estas naciones corre este riesgo y ambas ofrecen altos rendimientos: más de 600 puntos base sobre el índice general de bonos de mercados emergentes.

Pero en semanas recientes la percepción y las expectativas en torno a ambos países han cambiado de manera tangible. Hay una clara preferencia por Venezuela sobre Argentina.

«Estamos convencidos de que habrá un cambio y Chávez no será el próximo presidente de Venezuela, aunque es difícil saber qué rumbo tomará», dijo Sam Finkelstein de Goldman Sachs Asset Management. Esa, señaló, es la razón para comprar deuda venezolana a largo plazo.

Chávez, quien ha gobernado el país desde 1999, padece un cáncer y sus esporádicas apariciones han generado preocupación sobre su salud y capacidad para gobernar el país. Analistas y observadores del mercado esperan que el 1 julio, cuando se da el inicio oficial a la campaña electoral, haya una señal clara sobre si el mandatario decidirá ir a la reelección.

La ponderación de Argentina en el Índice Global de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan —la referencia para la deuda denominada en dólares que sigue la mayoría de los inversionistas— no registra cambios, lo que refleja la perspectiva neutral para el país. Pero el índice tiene una ponderación superior —o más del promedio— para Venezuela. Ambos países representan 1,3% y 9,5%, respectivamente, del índice en términos de capitalización de mercado, según J.P. Morgan.

Joyce Chang, titular global de mercados emergentes e investigación de crédito en J.P. Morgan, destacó que los inversionistas obtuvieron «cuantiosas ganancias sobre la deuda venezolana en el primer trimestre, pero aún se justifica mantener una alta ponderación venezolana debido a los altos rendimientos».

Por otro lado, la trayectoria de la deuda argentina parece muy clara para los inversionistas.

«Argentina avanzaba por el largo camino de regreso, tras caer en cesación de pagos, para acceder a los mercados internacionales, y ahora a retrocedido varios pasos», señaló Russ Rowley, administrador de cartera en Principal Global Investors.

La semana pasada su fondo comenzó vender sus ya bajas ponderaciones de bonos corporativos y soberanos argentinos.

Aunque los rendimientos argentinos siguen siendo altos y atractivos, Rowley teme una fuga de inversionistas y la imposición de controles por parte del gobierno si la situación empeora.

«No estamos siendo compensados en forma adecuada por estos riesgos», agregó.

«El verdadero riesgo en Argentina es que su patrocinio podría caer; eso ya sucedió en Venezuela», indicó Chang. «La reserva de inversionistas será bastante menor y esto probablemente resultará en una mayor volatilidad».

Sin embargo, algunos inversionistas prefieren esperar que haya más claridad.

«Las cosas están cambiando un poco y se comienza a generar una mayor cautela», expresó Catherine Elmore de Standish Asset Management. «Hay una reevaluación en términos de cuán expuestos estamos a estos países».

Por ejemplo, su fondo iguala la ponderación para la deuda de referencia argentina y venezolana, pero observa de cerca los acontecimientos en este último país y no descarta incrementar su exposición a Venezuela.
Fuente: The Wall Street Journal, 27/04/12.

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