Los Impuestos son un Robo
enero 4, 2017
Los Impuestos son un Robo
Artículos relacionados con el tema de los Impuestos en general y a lo largo de la historia de la humanidad.
CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DEL IMPUESTO
EGIPTO
Durante los varios reinos de los faraones egipcios, los recaudadores de impuestos eran conocidos como escribas. En un período los escribas impusieron un impuesto en el aceite de cocina. Para asegurarse de que los ciudadanos no estaban burlando el impuesto, los escribas auditaban las cantidades apropiadas de aceite de cocina que eran consumidas, y que los ciudadanos no estaban usando residuos generados por otros procesos de cocina como sustitutos para el aceite gravado.
GRECIA
En tiempos de Guerra los atenienses creaban un impuesto conocido como eisfora. Nadie estaba exento del impuesto, que era usado para pagar gastos especiales de guerra. Los griegos fueron una de las pocas sociedades capaces de rescindir el impuesto una vez que la emergencia de guerra había pasado. Cuando por el esfuerzo de guerra se generaban ingresos adicionales, los recursos eran utilizados para devolver el impuesto.
Atenas imponía un impuesto mensual de censo a los extranjeros-gente que no tenían madre y padre atenienses- de un dracma para hombres y medio dracma para mujeres. El impuesto era llamado metoikion.
IMPERIO ROMANO
Los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana de importación y exportación llamados portoria.
César Augusto fue considerado por muchos como el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano. Durante su gobierno como “Primer Ciudadano”, los publicanos fueron virtualmente eliminados como recaudadores de impuestos por el gobierno central. Durante este período se dio a las ciudades la responsabilidad de recaudar impuestos. César Augusto instituyó un impuesto sobre la herencia a fin de proveer fondos de retiro para los militares. El impuesto era de 5% para todas las herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas.
Los ingleses y holandeses se referían al impuesto de Augusto sobre la herencia para desarrollar sus propios impuestos sobre herencias.
Durante el tiempo de Julio César se impuso un impuesto de un uno por ciento sobre las ventas. Durante el tiempo de César Augusto el impuesto sobre las ventas era de un 4% y de un 1% para todo lo demás.
San Mateo fue un publicano (recaudador de impuestos) en Cafarnaum durante el reino de César Augusto. Él no era de los viejos publicanos sino un contratado por el gobierno local para recaudar impuestos.
En el año 60 D.C., Boadicea, reina de la Inglaterra Oriental, dirigió una revuelta que puede ser atribuída a corruptos recaudadores de impuestos en las islas británicas. Se afirma que su revuelta ocasionó la muerte de todos los soldados romanos en cien kilómetros a la redonda, ocupó Londres y ocasionó más de 80,000 muertos. La Reina pudo reclutar un ejercito de 230,000 hombres. La revuelta fue aplastada por el Emperador Nerón, y ocasionó el nombramiento de nuevos administradores para las Islas Británicas.
GRAN BRETAÑA
El primer impuesto comprobado en Inglaterra tuvo lugar durante la ocupación por el Imperio Romano.
Lady Godiva
La Sra. Godiva fue una mujer anglosajona que vivió en Inglaterra durante el siglo XI. De acuerdo con la leyenda, el esposo de la Sra. Godiva, Leofric, Barón de Mercia, prometió reducir los altos impuestos que había establecido sobre los residentes de Coventry, cuando ella accedió a cabalgar desnuda por las calles de la ciudad.
Cuando cayó Roma, los reyes sajones impusieron impuestos, conocidos como Danegeld, sobre tierras y propiedades. Los reyes impusieron asimismo sustanciales derechos de aduana.
La Guerra de los cien años (el conflicto entre Inglaterra y Francia) comenzó en 1337 y terminó en 1453. Uno de los factores claves que renovó la lucha en 1369 fue la rebelión de los nobles de Aquitania contra las opresivas políticas fiscales de Edward, El Príncipe Negro.
Los impuestos durante el siglo XIV eran muy progresistas. La encuesta sobre el impuesto de 1377 mostró que el impuesto sobre el Duque de Lancaster era 520 veces mayor que el que gravaba al campesino corriente.
Bajo los primeros esquemas fiscales se impusieron impuestos a los acaudalados, los que tenían cargos públicos, y el clero. Se gravó a los comerciantes con un impuesto sobre los bienes muebles. Los pobres pagaban poco o ningún impuesto.
Carlos I fue finalmente acusado de traición, y decapitado. Sin embargo, sus problemas con el Parlamento resultaron a causa de un desacuerdo, en 1629, sobre los derechos de imponer impuestos otorgados al Rey y los otorgados al Parlamento.
El mandato real establecía que a los individuos se les gravaría de acuerdo con su posición y recursos. De ahí que la idea de impuesto progresivo sobre los que tenían capacidad para pagar se desarrolló muy temprano.
Otros impuestos notables impuestos durante este período fueron los de la tierra y otros diversos sobre consumo. Para pagar al ejercito mandado por Oliver Cromwell, el Parlamento, en 1643, impuso impuestos sobre consumo de artículos esenciales (granos, carnes, etc.) Los impuestos por el Parlamento allegaron aun más fondos que los impuestos por Carlos I, especialmente de los pobres. El impuesto sobre el consumo fue muy regresivo, pesando tanto sobre los pobres que ocasionó los motines de Smithfield en 1647. Los disturbios ocurrieron porque los nuevos impuestos disminuyeron la capacidad que tenían los trabajadores rurales de comprar trigo, al extremo de que una familia de cuatro moriría de inanición. Además del impuesto sobre consumo, fueron cercadas las tierras comunes usadas por los campesinos para cazar, y les fue prohibido hacerlo. (¡Viva Robin Hood!)
Un precursor del impuesto moderno que hoy conocemos, fue creado por los británicos en 1800, para financiar la guerra contra Napoleón. El impuesto fue abolido en 1816, y sus oponentes, que pensaban que sólo debía ser usado para financiar guerras, querían que todos los informes sobre el impuesto fueran destruídos, junto con su abolición. Los informes fueron quemados públicamente por el Secretario del Tesoro, pero se conservaron copias en los sótanos del Tribunal de Impuestos.
AMERICA COLONIAL
Los colonos pagaban impuestos según la Ley de Melados, que fue modificada en 1764 para incluír derechos de importación sobre melados extranjeros, azúcar, vino, y otros artículos. La nueva legislación fue conocida como Ley del Azúcar.
Debido a que la Ley del Azúcar no rendía cantidades sustanciales de ingresos, se añadió la Ley del Timbre de 1765. La Ley del Timbre imponía impuesto directo sobre todos los periódicos impresos en las colonias y la mayoría de los documentos comerciales y legales.
AMERICA POST REVOLUCIONARIA
En 1794, colonos al occidente de las Alleghenies, en oposición al impuesto de 1791 sobre consumo, de Alexander Hamilton , comenzaron lo que es ahora conocida como “La Rebelión del Whiskey”, un impuesto sobre consumo que era considerado discriminatorio y los colonos se rebelaron contra los recaudadores de impuestos. Eventualmente el Presidente Washington envió tropas para extinguir los motines. Aunque dos colonos fueron condenados por traición, el Presidente les concedió perdón.
En 1798 el Congreso promulgó el Impuesto sobre la Propiedad, para pagar la expansión del Ejército y la Marina en caso de una posible guerra con Francia. El mismo año, John Fries comenzó lo que es conocido como “La Rebelión de Fries”, en oposición al nuevo impuesto. Nadie resultó herido o muerto en la insurrección y Fries fue arrestado por traición, pero fue eventualmente perdonado por el Presidente Adams en 1800. Sorprende el hecho de que Fries fue el líder de una unidad de milicias llamada para suprimir la “Rebelión del Whiskey”.
Fue en 1812 que se sugirió el primer impuesto en Estados Unidos. El impuesto estaba basado en la Ley Británica de Impuestos de 1798 y aplicaba tasas progresivas a los ingresos. Las tasas eran de .08% en ingresos superiores a 60 libras esterlinas, y 10% en ingresos superiores a 200 libras esterlinas. El impuesto se elaboró en 1814, pero nunca se impuso, porque el Tratado de Ghent fue firmado en 1815, terminando las hostilidades y la necesidad de ingresos adicionales.
La ley de impuestos de 1861 proponía que “se gravará, recaudará y pagará, sobre el ingreso anual de todas las personas residentes de Estados Unidos, que se derive de cualquier tipo de propiedad, ocupación profesional, empleo, o vocación efectuada en Estados Unidos o cualquier otro lugar, o de cualquier otra fuente.”
La Ley de Impuestos de 1861 fue aprobada, pero nunca implementada. Las tasas según la ley eran de 3% sobre ingresos de más de $800.00, y de 5% sobre individuos viviendo fuera de Estados Unidos.
La Ley de Impuestos fue aprobada y firmada por el Presidente Lincoln en Julio 1o de 1862. Las tasas eran de 3% sobre ingresos mayores de $600.00 y de 5% sobre ingresos mayores de $10,000.00. La renta o valor de renta de su hogar podía ser deducida de los ingresos para determinar la obligación tributaria. El Comisionado de Impuestos declaró “El pueblo de este país lo ha aceptado con júbilo, para afrontar una exigencia temporal, y no ha provocado serias quejas en esta Administración”. La aceptación fue debida mayormente debido a la necesidad de ingresos para financiar la guerra civil.
Aunque la gente aceptó el impuesto de buena gana, no fue alto su cumplimiento. Las cifras dadas después de la guerra civil, indicaban que 276,661 personas llenaron en realidad las declaraciones de impuestos en 1870, (el año que tuvo más declaraciones), cuando la población del país era de aproximadamente 38 millones.
La ley de impuestos de 1864 fue aprobada para allegar ingresos adicionales en apoyo de la guerra civil.
El Senador Garret Davis, al comentar el principio guía de los impuestos, mencionó el “reconocimiento de la idea de que los impuestos deben ser pagados de acuerdo con la capacidad de la persona para pagar”.
La tasa de impuestos para la Ley de Impuestos de 1864 era de 5% para ingresos entre $600.00 y $5,000.00, 7.5% para ingresos entre $5001.00 y $10,000, y de 10% para ingresos mayores de $10,000.00. La deducción de renta o valor de renta fue limitada a $200.00. Se permitió una deducción para reparaciones.
Con el final de la guerra civil, la aceptación placentera de los impuestos se desvaneció. La ley de impuestos de 1764 fue modificada después de la guerra. Las tasas fueron cambiadas a un 5% fijo con la cifra de exención elevada a $1,000.00. Se hicieron algunas tentativas para hacer permanente el impuesto, pero para 1869 “no había hombre de negocios que pudiera pasar el día sin sufrir de esas cargas” (The Times). De 1870 a 1872 la tasa era un 2.5% fijo y la cifra de exención se elevó a $2,000.00.
El impuesto fue derogado en 1872 y en su lugar fueron establecidas significativas restricciónes de tarifas que fungieron como la mayor fuente de ingresos para los Estados hasta 1913. En 1913 se aprobó la décimo sexta enmienda, que concedía autoridad al Congreso para gravar los ingresos de la ciudadanía derivadas de cualquier fuente.
Debe notarse que la Ley de Impuestos de 1864 fue cuestionada varias veces. El Tribunal Supremo unánimemente apoyó el impuesto. Después de la guerra el impuesto fue declarado inconstitucional por el mismo Tribunal, porque representaba un impuesto directo sobre el ciudadano, que no estaba permitido según la Constitución.
1930s
Durante los 1930, los impuestos federales individuales nunca fueron mayores del 1.4% del PDB . Los impuestos a las corporaciones nunca fueron más del 1.6 % del PDB. En 1990, esos mismos impuestos eran 8.77 y 1.9% del PDB respectivamente.
Cambios en el Impuesto de Seguridad Social
He aquí alguna información interesante sobre la Ley de Contribuciones de la Seguridad Federal (FICA). Gracias a Harold Eyer por señalar este sitio.
Hojas sobre hechos: Impuestos
Historia del Sistema de Impuestos de Estados Unidos.
Los sistemas de impuestos federales, estatales y locales se han señalado por cambios significativos al paso de los años, en respuesta a circunstancias cambiantes y a cambios en el papel del Gobierno. El tipo de impuestos recaudados, sus proporciones relativas, y la magnitud de los ingresos recaudados son todos muy diferentes de lo que eran hace 50 o 100 años. Algunos de esos cambios podían vincularse a eventos históricos específicos, tales como la guerra o la aprobación de la Décimo Sexta Enmienda de la Constitución, que otorgaba al congreso el poder de gravar con un impuesto el ingreso personal. Otros cambios fueron más graduales, respondiendo a cambios en la sociedad, en nuestra economía, y los papeles y responsabilidades que el gobierno se ha atribuído.
Tiempos coloniales
Por la mayor parte de la historia de nuestra nación, los contribuyentes individuales raramente han tenido algún contacto significativo con las autoridades fiscales federales, ya que los más de los ingresos fiscales del gobierno federal se derivaban de impuestos sobre consumo, tarifas, y derechos de aduana. Antes de la guerra revolucionaria, el gobierno colonial tenía sólo una necesidad limitada de ingresos, puesto que cada una de las colonias tenía mayores responsabilidades y por lo tanto más necesidades de ingresos, las que afrontaban con distintos tipos de impuestos. Por ejemplo, las colonias sureñas gravaban principalmente las importaciones y exportaciones, las colonias del centro a veces imponían un impuesto sobre la propiedad y uno “por cabeza” o impuesto censual, gravando a cada varón adulto, y las colonias de Nueva Inglaterra recaudaban ingresos principalmente a través de impuestos sobre bienes inmuebles, impuesto sobre consumo, e impuestos basados en la ocupación.
La necesidad que tuvo Inglaterra de pagar sus guerras con Francia la condujo a imponer una serie de impuestos sobre las colonias americanas. En 1765, el Parlamento inglés aprobó la Ley del Timbre, que fue el primer impuesto gravando directamente a las colonias americanas, y después el Parlamento impuso un impuesto al té. Aunque los colonos estaban forzados a pagar esos impuestos, carecían de representación en el Parlamento Inglés. Esto condujo al grito de movilización de la Revolución Americana – “Impuestos sin representación es tiranía” y estableció una preocupación persistente en cuanto a impuestos como parte de la cultura americana.
La era post revolucionaria.
Los artículos de la Confederación, aprobados en 1781, reflejaban el temor Americano a un gobierno central fuerte, y por tanto retuvieron mucho del poder político en los Estados. El Gobierno Nacional tiene pocas responsabilidades, y carece de sistema de impuestos nacional, basándose en aportaciones de los Estados para sus ingresos. Bajo esos artículos, cada Estado era un entidad soberana y podía gravar impuestos como quisiese.
Cuando la Constitución fue adoptada en 1789, los padres fundadores reconocieron que ningún gobierno podía funcionar si dependía completamente de otros gobiernos. Para sus recursos, pues, se concedió autoridad al Gobierno Federal de establecer impuestos. La Constitución dotó al Congreso con el poder de “establecer y recaudar impuestos, derechos, impuestos sobre consumo, pagar deudas y proveer a la defensa y bienestar general de Estados Unidos”. Siempre en guardia contra el poder del Gobierno Central para eclipsar el poder de los Estados, la recaudación de impuestos quedó como responsabilidad de los gobiernos estatales.
Para pagar las deudas de la Guerra revolucionaria, el Congreso estableció impuestos sobre consumo de licores destilados, tabaco y rapé, azúcar refinada, carruajes, propiedad vendida en subastas, y diversos docmentos legales. Aún en los primeros días de la República, sin embargo, los propósitos sociales influyeron sobre lo que sería gravado. Por ejemplo, Pennsylvania decretó un impuesto de consumo “para restringir su uso inmoderado a personas de bajas circunstancias”. Los dueños de propiedades dieron apoyo adicional a ese impuesto específico, pues esperaban así mantener a bajo nivel las tasas de impuestos a la propiedad, ofreciendo un ejemplo temprano de las tensiones políticas que subyacen las decisiones sobre política de impuestos.
Aunque las políticas sociales a veces gobernaron el curso de las políticas fiscales aun en los días tempranos de la República, la naturaleza de esas políticas no se extendieron a la recaudación de impuestos a fin de igualar ingresos y fortunas, o con el propósito de redistribuir ingresos o fortuna. Según escribió Thomas Jefferson refiriéndose a la cláusula del “bienestar general”: Tomar de alguien, porque se piensa que su propia industria y la de su padre han adquirido demasiado, a fin de salvar para otros (o sus padres) que no ejercieron la misma industria y habilidad, es violar arbitrariamente el primer principio de la asociación, “garantizar a todos un ejercicio libre de su industria y los frutos por ella adquiridos”.
Con el establecimiento de la nueva nación, los ciudadanos de las varias colonias tenían ahora una adecuada representación democrática, sin embargo muchos americanos aún se oponían y resistían impuestos que estimaban injustos o impropios. En 1794, un grupo de granjeros del suroeste de Pennsylvania se opuso físicamente al impuesto del whiskey, forzando al Presidente Washington a enviar tropas federales para extinguir la rebelión del whisky, estableciendo así el importante precedente de que el gobierno federal estaba decidido a imponer sus leyes fiscales. La rebelión del whisky también confirmó, sin embargo, que la resistencia a impuestos injustos o más altos, que condujo a la declaración de independencia, no se evaporaba con la formación de un gobierno nuevo, representativo.
El gobierno federal impuso los primeros impuestos directos en los propietarios de casas, tierras, esclavos, y haciendas. Estos impuestos eran llamados directos porque son impuestos recurrentes pagados directamente al gobierno por el contribuyente, basado en el valor del artículo que es la razón del impuesto.. El tema de los impuestos directos, en oposición a los indirectos, jugó un papel crucial en la evolución de la política de impuesto federal en los años siguientes. Cuando Thomas Jefferson fue electo presidente en 1802, los impuestos directos fueron abolidos y por los siguientes 10 años no hubo impuestos de ingresos internos más que los impuestos sobre consumo.
Para allegar dineros para la guerra de 1812, el Congreso impuso impuestos adicionales sobre consumo, elevó ciertos derechos aduanales, y allegó fondos mediante la emisión de bonos de tesorería. En 1918 el Congreso abolió esos impuestos y por los siguientes 44 años el Gobierno Federal no recaudó ingresos internos. En su lugar, el Gobierno recibió los más de sus ingresos a través de altos derechos de aduana y la venta de tierras públicas.
La Guerra Civil.
Cuando estalló la Guerra Civil, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos de 1861, que restauró anteriores impuestos sobre consumo e impuso impuestos sobre ingresos personales. El impuesto dispuso un gravamen de 3% sobre todos los ingresos superiores a $800.00 al año. Este impuesto sobre ingreso personal fue una nueva dirección para un sistema de impuesto federal basado principalmente en impuestos sobre consumos y derechos de aduana. Ciertas inconveniencias del impuesto fueron rápidamente reconocidas por el Congreso y por tanto ninguno fue recaudado hasta el año siguiente.
Hacia la primavera de 1862 se hizo claro que la guerra no terminaría rápidamente y con la deuda de la Unión aumentando a un ritmo de $2 millones diarios, fue igualmente claro que el Gobierno Federal necesitaría ingresos adicionales. En Julio 1, 1862, el Congreso aprobó nuevos impuestos sobre consumo en artículos como juegos de naipes, pólvora para armas, plumas, telegramas, hierro, cuero, pianos, yates, mesas de billar, drogas, medicinas de patentes, y whisky. Muchos documentos legales fueron también gravados, y se cobraron derechos de licencia sobre casi todas las profesiones y ocupaciones.
La ley de 1862 hizo también importantes reformas al impuesto federal sobre ingresos, que presagiaron rasgos importantes del impuesto actual. Por ejemplo, se legisló una estructura de dos niveles, con tasas de gravamen de 3% sobre ingresos de hasta $10,000.00, e ingresos mayores gravados a un 5%. Se aprobó una deducción normal de $600.00 y una variedad de deducciones fueron hechas adecuadas a cosas como rentas de alquiler, reparaciones, pérdidas, y otros impuestos pagados. Además, a fin de asegurar una recaudación puntual, los impuestos fueron “retenidos en la fuente” por los empleadores.
La necesidad de ingresos federales declinó rápidamente después de la guerra, y la mayoría de los impuestos fue abolida. Hacia 1868, la fuente principal de ingresos gubernamentales se derivaba de los impuestos sobre alcohol y tabaco. El impuesto sobre ingresos fue abolido en 1872. De 1868 a 1913, casi el 90% de todos los ingresos se recaudaba de los impuestos de consumo todavía vigentes.
La Enmienda 16.
De acuerdo con la Constitución, el Congreso sólo podía gravar con impuestos directos si eran decretados en proporción a la población de cada Estado. De tal manera que cuando un impuesto federal uniforme fue promulgado en 1894, fue inmediatamente impugnado y en 1895 el Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional, porque era un impuesto directo no proporcionado de acuerdo a la población de cada Estado.
Careciendo de los fondos de un impuesto sobre ingresos y con rígida resistencia contra toda otra forma de impuestos internos, desde 1896 hasta 1910 el Gobierno Federal dependía fuertemente de altas tarifas para sus recaudaciones. La Ley de Ingresos de Guerra de 1899 trató de levantar fondos para la Guerra Hispano-Americana mediante la venta de bonos, impuestos sobre instalaciones de recreo usadas por los obreros, y prodigó impuestos sobre la cerveza y el tabaco. Inclusive se creó un impuesto para la goma de mascar. La ley expiró en 1902, de manera que las entradas de impuestos federales descendieron de un 1.7% a un 1.3% del PDB.
Mientras que La Ley de Ingresos de Guerra volvió a fuentes tradicionales de ingresos de acuerdo con la decisión de 1895 del Tribunal Supremo en cuanto a impuesto sobre ingresos, el debate sobre fuentes alternativas de ingresos se mantuvo intenso. La nación se hacía crecientemente consciente de que las altas tarifas e impuestos sobre consumo no eran política económica sana y frecuentemente gravaban desproporcionalmente a los menos favorecidos. Se presentaron propuestas por congresistas de áreas rurales para reinstaurar el impuesto sobre ingresos, pues sus electores temían un impuesto federal sobre las propiedades, especialmente sobre la tierra, como reemplazo por los impuestos sobre consumo.
Eventualmente el debate sobre el impuesto a ingresos enfrentó a congresistas del sur y del oeste, representando áreas mayormente agrícolas y rurales contra el industrial noreste. El debate produjo un acuerdo que pedía un impuesto, llamado impuesto al consumo, que se impondría a los ingresos de los negocios, y una enmienda constitucional que permitiera al Gobierno Federal gravar con impuestos los legítimos ingresos individuales, independientemente de la población de cada Estado.
Hacia 1913, 36 Estados habían ratificado la Enmienda Constitucional 16. En Octubre el Congreso aprobó un nuevo impuesto sobre ingresos con tasas comenzando por un 1% y subiendo hasta un 7% para contribuyentes con ingresos que excedieran $500,000.00. Menos de un 1% de la población pagaba impuesto sobre ingresos por aquel entonces. El modelo 1040 fue establecido como la declaración normal de impuestos que, aunque cambiada en muchas formas a través de los años, permanece en uso hoy día.
Uno de los problemas con la ley de impuesto sobre ingresos fue cómo definir ingreso “legítimo”. El Congreso resolvió este problema enmendando la ley en 1916 y suprimiendo la palabra “legítimo” al definir ingresos. Como resultado, todos los ingresos estaban sujeto a gravamen, aunque fuera obtenido por medios ilegales. Algunos años después el Tribunal Supremo declaró que la quinta enmienda no podía ser usada por contrabandistas y otros que derivaban ingresos con actividades ilegales, a fin de eludir el pago de impuestos. En consecuencia, muchos que infringieron varias leyes asociadas con actividades ilícitas, y pudieron escapara a la justicia por esos crímenes, fueron encarcelados por evasión de impuestos.
Con anterioridad a la promulgación del impuesto sobre ingresos, muchos ciudadanos pudieron proseguir sus asuntos financieros sin conocimiento directo del Gobierno. Individuos ganaban sus salarios, los negocios ganaban sus utilidades, y la fortuna era acumulada o gastada con poca o ninguna interacción con entidades gubernamentales. El impuesto sobre ingresos cambió fundamentalmente esta relación, dando al Gobierno el derecho y la necesidad de conocer todas las formas de la vida económica de individuos o negocios. El Congreso reconoció la inherente intromisión del impuesto sobre ingresos en los asuntos personales de los contribuyentes y así, en 1916, proveyó a los ciudadanos con algún grado de protección, al requerir que la información de impuestos sobre ingresos fuera mantenida confidencial.
La primera guerra mundial y los 1920s.
La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial incrementó grandemente la necesidad de ingresos y el Congreso respondió aprobando la Ley de Ingresos de 1916. La Ley de 1916 aumentó la menor tasa de impuestos de un 1 a un 2 por ciento, y elevó la tasa mayor al quince por ciento en contribuyentes con ingresos de más de $1.5 millones de dólares. La ley de 1916 también impuso gravámenes en haciendas y ganacias comerciales excesivas.
Impulsado por la Guerra y mayormente financiado por el Nuevo impuesto sobre ingresos, hacia 1917 el Presupuesto Federal era casi igual al presupuesto total de todos los años entre 1791 y 1916. Con necesidad de aún mas ingresos, la Ley de Ingresos de Guerra disminuyó las exenciones y aumentó grandemente las tasas de impuestos. En 1916, un contribuyente necesitaba un ingreso gravable de $1.5 millones para pagar una tasa de 15%. Hacia 1917, un contribuyente con sólo $40,000.00 afrontaba una tasa de 16% y el individuo con $1.5 millones . afrontaba una tasa de impuestos de 67%.
Otra ley sobre ingresos fue aprobada en 1918, que una vez más aumentó los impuestos, esta vez elevando la tasa más baja hasta un 6%, y la más alta a un 77%. Estos cambios aumentaron el ingreso de $716 millones en 1916 a 3,600 millones en 1918, que representaba alrededor de un 25% del PDB. Sin embargo, aún en 1918, sólo un cinco por ciento de la población pagaba impuestos sobre ingresos, y aún así el impuesto sobre ingresos cubría una tercera parte del costo de la guerra.
La economía floreció durante los 1920s, a lo que siguieron recaudaciones crecientes del impuesto sobre ingresos. Esto permitió al Congreso disminuir los impuestos cinco veces, finalmente regresando a la tasa menor de un 1% y a disminuyendo la mayor a un 25%, reduciendo la carga del Presupuesto Federal como parte del PDB a un trece por ciento. Al disminuir las tasas de gravámenes, y declinar las recaudaciones de impuestos, la economías se fortaleció aún más.
En Octubre de 1929 el desplome del mercado de valores marcó el inicio de la gran depresión. A, reducirse la economía, se redujeron también los ingresos del Gobierno. En 1932 el Gobierno Federal recaudó sólo $1.900 millones, comparado con $6.600 millones en 1920. Ante los crecientes déficits presupuestales, que alcanzaron $2,700 millones en 1931, el Congreso siguió la prevaleciente sabiduría económica de ese tiempo, y aprobó la Ley de Impuestos de 1932, que aumentó dramáticamente las tasas de impuestos una vez más. Esto fue seguido de otro aumento de impuestos en 1936 que mejoró nuevamente las finanzas gubernamentales a tiempo que debilitaba más la economía. Hacia 1936 la tasa de impuestos más baja había alcanzado un 4% y la máxima hasta un 79%. En 1939 el Gobierno codificó sistemáticamente las leyes de impuestos de forma que todas las subsiguientes legislaciones impositivas hasta 1954 enmendaron ese código básico. La combinación de una economía deprimida y los repetidos aumentos de impuestos elevaron la carga de impuestos gubernamentales a un 6.8% del PDB hacia 1940.
El Impuesto de Seguridad Social
El estado de la economía durante La Gran Depresión condujo en 1935 a la aprobación de la Ley de Seguridad Social. La ley proveía pagos conocidos como “compensación por desempleo”, a los trabajadores que hubieran perdido sus trabajos. Otras secciones de la ley daban ayuda pública a los ancianos, los necesitados, los incapacitados y a ciertos menores. Estos programas fueron financiados por un impuesto de 2%, mitad del cual sería deducido directamente del pago del empleado y la otra mitad recaudado de los empleadores a favor de los empleados. Este impuesto era recaudado de los primeros $3,000 del salario o sueldo del empleado.
La Segunda Guerra Mundial
Aún antes de que Estados Unidos entrará en la Segunda Guerra Mundial, los crecientes gastos para la defensa y la necesidad de dineros para ayudar a los oponentes a la agresión del Eje, condujo a la aprobación en 1940 de dos leyes de impuestos que aumentaron los impuestos personales y de corporaciones, a las que siguió un nuevo aumento de impuestos en 1941. Hacia el fin de la guerra, la naturaleza del impuesto sobre ingresos había sido cambiada fundamentalmente. La reducción en los niveles de exención significaba que los contribuyentes con ingresos gravados de sólo $500.00 tenian la más baja tasa de impuestos de un 23%, mientras que contribuyentes con ingresos de más de $1 millón afrontaban una tasa de un 94%. Esos cambios de impuestos aumentaron las recaudaciones de $8,700 millones en 1941 a $45,200 millones en 1945. Aun con una economía estimulada por la producción de tiempos de guerra, los impuestos federales como parte del PDB crecieron de un 7.6% en 1941 a un 20.4% en 1945. Más allá de las tasas y recaudaciones, sin embargo, otro aspecto que cambió en el impuesto sobre ingresos fue el aumento en el número de contribuyentes de 4 millones en 1939 a 43 millones en 1945.
Otro rasgo importante que cambió en el impuesto sobre ingresos fue la vuelta a la retención de ese impuesto como se había hecho en la Guerra Civil. Esto facilitó grandemente la recaudación del impuesto tanto para el contribuyente como para la Oficina de Ingresos Internos. Sin embargo, también redujo grandemente la percepción del contribuyente de la cantidad de impuesto que estaba siendo recaudada, es decir, redujo la transparencia del impuesto, lo que facilitó aumentar impuestos en el futuro.
Desenvolvimientos después de la Segunda Guerra Mundial.
Las rebajas de impuestos que siguieron a la Guerra redujeron la carga de impuestos federales, como proporción del PDB, de un máximo de 20.9% en 1944 a un 14.4% en 1950. Sin embargo, la Guerra de Corea creó una necesidad de ingresos adicionales que, combinada con la extensión de la cobertura de la Seguridad Social a personas autoempleadas, significó que para 1952 la carga de impuestos había regresado a un 19.0% del PDB.
En 1953 la Oficina de Recaudaciones Internas recibió un nuevo nombre: Servicio de Recaudaciones Internas (IRS). El nuevo nombre fue escogido para enfatizar el aspecto de servicio de su trabajo. Para 1959, el IRS se había convertido en la organización de contabilidad, recaudación y procesamiento de declaraciones más grande del mundo. Se introdujeron computadores para automatizar y hacer más eficiente su trabajo y para mejorar el servicio a los contribuyentes. En 1961 el Congreso aprobó una ley requiriendo que los contribuyentes individuales usaran su número de seguridad social como una forma de identificar su declaración de impuestos. Para 1967, todas las declaraciones de impuestos personales y de negocios se procesaban por medio de computadores, y para los últimos 1960s el IRS había desarrollado un método computadorizado para seleccionar las declaraciones de impuestos que debían ser examinadas. Esto hizo que la selección de declaraciones para ser auditadas fueran más justas para el contribuyente y permitió al IRS enfocar sus recursos de auditoría sobre aquellas declaraciones con más probabilidad de ser auditadas.
A través de los 1950s, la política de impuestos fue crecientemente vista como un instrumento para aumentar las recaudaciones y cambiar los incentivos en la economía, pero también como herramienta para estabilizar la actividad de la macroeconomía. La economía permaneció como objeto de ciclos de auge y desplome y muchos políticos aceptaron sin reparos la nueva política económica de aumentar o disminuir los impuestos y gastos para ajustar la demanda agregada y asi suavizar el ciclo de negocios. Áun así, sin embargo, la máxima tasa de interés en 1954 permaneció a un 87% de impuesto sobre ingresos. A tiempo que el impuesto sobre ingresos experimentó algún tipo de revisión o enmienda, casi todos los años, desde la gran reorganización de 1954, algunos años marcaron cambios significativos. Por ejemplo, la Ley de Reforma de Impuestos de 1969 redujo las tasas de impuesto sobre ingresos para individuos y fundaciones privadas.
Comenzando en los finales de los 1960s., y continuando a través de los 1970s., Estados Unidos experimentó persistentes y crecientes tasas de inflación, llegando últimamente a un 13.3% en 1979. La inflación tiene un efecto destructor en muchos aspectos de la economía, pero también puede crear caos en un sistema de impuestos sobre ingresos, a menos que se tomen precauciones adecuadas. Específicamente, a menos que las coordenadas del sistema de impuestos, es decir, los niveles impositivos y sus exenciones determinadas, deducciones y créditos, sean reguladas para la inflación, un alza continua del nivel de precios moverá a los contribuyentes a más altos niveles de contribución al reducir los valores de sus exenciones y deducciones.
Durante este tiempo los impuestos sobre ingresos no tenían regulados los indices de inflación y, movidos por una inflación creciente, y a pesar de repetidas leyes de disminución de impuestos, la carga de impuestos se elevó de un 19.4% del PDB a un 20.8% del PDB. Combinados con altas tasas de impuestos, inflación creciente, y una pesada carga regulatoria, esta alta carga de impuestos causó que la economía disminuyera seriamente su actuación, todo lo cual creó las bases para la rebaja de impuestos de Reagan, también conocida como La Ley de Recuperación Económica de 1981.
La rebaja de impuestos de Reagan.
La Ley de Recuperación Económica de 1981, que disfrutó de fuerte apoyo bipartidista en el Congreso, representó un cambio fundamental en el curso de la política federal de impuesto sobre ingresos. Promovida inicialmente durante muchos años por el entonces representante Jack Kemp (R-NY) y el entonces senador Hill Roth (R-DE), presentaba una reducción de un 25% en los niveles de impuestos, implementados en un plazo de tres años, y con indices de inflación de ahí en adelante. Esto disminuyó en un 50% el nivel más alto de impuestos.
La Ley de 1981 también presentó un abandono dramático en el tratamiento de los desembolsos para plantas y equipos que hacían los negocios, es decir, recuperación del costo de capital, o depreciación del impuesto. Hasta entonces, la recuperación del costo de capital trataba, en términos generales, de seguir un concepto conocido como depreciación económica, que se refiere al descenso que tienen en el valor de mercado los recursos de producción después de un período específico de tiempo. La Ley de 1981 desplazó explícitamente el concepto de depreciación económica, creando en su lugar el Sistema de Recuperación Acelerada de Costos, que redujo grandemente la pérdida de incentivos que afrontaban las inversiones de negocios, y finalmente preparando el camino para el subsiguiente auge en la formación de capital. En adición a la acelerada recuperación de costos, la Ley de 1981 instituyó un Crédito de impuestos de un 10% de la inversión, para estimular la formación adicional de capital.
Antes de la rebaja de impuestos de 1981, y en muchos círculos aún después, la opinión prevaleciente era que la política de impuestos es más efectiva cuando modula la demanda agregada que cuando la demanda y la oferta no concuerdan, esto es, cuando la economía va hacia la recesión o cuando se sobrecalienta. La rebaja de impuestos de 1981 representó una nueva forma de considerar la política de impuestos, aunque era de hecho un regreso a una forma más tradicional, o neoclásica, de perspectiva económica. La idea esencial era que los impuestos tienen su primero y principal efecto en los incentivos económicos que afrontan individuos y negocios. De modo que la tasa de impuesto del último dólar ganado, esto es, el dólar marginal, es mucho más importante para la actividad económica que la tasa de impuestos que afronta el primer dólar ganado o que la tasa de impuestos media. Reduciendo las tasas de impuesto marginal, se creía que las fuerzas naturales del crecimiento económico estarían menos restringidas. Los individuos más productivos dirigirían entonces más energías hacia actividades productivas que hacia el ocio, y los negocios tomarían entonces ventaja de muchos más oportunidades lucrativas. También se pensaba que al reducir las tasas de impuesto marginal, ampliaría la base impositiva puesto que entonces los individuos dirigirían más de sus ingresos y actividades hacia formas sujetas a impuestos que hacia las exentas.
La rebaja de impuestos de 1981 representó el alejamiento de previas filosofías políticas sobre impuestos, una explícita y deseada y la segunda por implicación. El primer cambio fue el nuevo enfoque sobre las tasas del impuesto marginal e incentivos, como factores claves en como el sistema de impuestos afecta la actividad económica. El segundo alejamiento político fue apartarse del impuesto sobre ingresos e ir hacia el impuesto sobre consumo. El cobro de costos acelerado fue una manifestación de este cambio en el lado de los negocios, pero el lado individual también vió un cambio significativo en la implementación de varios preceptos para reducir el impuesto múltiple sobre el ahorro individual. La Cuenta de Retiro Individual, por ejemplo, fue promulgada en 1981.
Simultáneamente con la promulgación de las rebajas de impuestos en 1981, el Consejo de la Reserva Federal, con el completo apoyo de la Administración Reagan, alteró la política monetaria a fin de traer la inflación bajo control. Las acciones de la Reserva Federal disminuyeron la inflación más rápido y más lejos de lo que se previó en aquel momento, y una consecuencia fue que la economía cayó en una honda recesión en 1982. Otra consecuencia del colapso de la inflación fueron los niveles de gastos federales , que por haber sido considerados a un nivel superior a la prevista inflación, resultaron ser muchos más altos en términos ajustados a la inflación. La combinación de las rebajas de impuestos, la recesión, y el aumento por una vez de gastos federales ajustados a la inflación, produjo déficits presupuestales históricamente altos que, a su vez, condujeron a un aumento de impuestos en 1984 que se igualaban a algunas de las rebajas de impuestos dispuestas en 1981, especialmente del lado de los negocios.
Al bajar la inflación y entrar en efecto más y más de las rebajas de impuestos de la Ley de 1891, la economía comenzó un fuerte y sostenido modelo de crecimiento. Aunque la penosa medicina de la desinflación hizo lento e inicialmente escondió el proceso, los efectos beneficiosos de las rebajas de la tasa marginal y las reducciones de los incentivos negativos a la inversión se enraizaron, según lo prometido.
El sistema de Seguridad Social se mantuvo esencialmente igual desde su promulgación hasta 1956. Sin embargo, a partir de 1956 la Seguridad Social comenzó una casi continua evolución al irse añadiendo más y más beneficios, comenzando con la adición de los beneficios del Seguro de Incapacidad. En 1958 se extendieron los beneficios a los que dependían de trabajadores incapacitados. En 1967, los beneficios de incapacidad fueron extendidos a viudas y viudos. Las enmiendas de 1972 proveyeron beneficios automáticos de costo de la vida.
En 1965 el Congreso promulgó el programa de Cuidados Médicos, que proveía para las necesidades médicas de personas de 65 o más años, independientemente de sus ingresos. Las enmiendas crearon también el Programa de Ayuda Médica, que provee asistencia médica para personas de bajos ingresos y recursos.
Por supuesto, la expansión de la Seguridad Social y la creación de Cuidados Médicos y Ayuda Médica requirieron impuestos para ingresos adicionales, de forma que el impuesto básico sobre la nómina se aumentó repetidamente a través de los años. Entre 1949 y 1962 la tasa de impuesto sobre la nómina ascendió continuamente desde su tasa inicial de 2 por ciento a un 6 por ciento. Las expansiones de 1965 condujeron a mayores aumentos en la tasa combinada de impuestos a la nómina subiendo a un 12.3% en 1980. De forma que en 31 años la carga máxima de impuestos de la Seguridad Social aumentó de unos meros $60.00 en 1949 a $3,175.00 en 1980.
A pesar del aumento de la carga del impuesto sobre la nómina, las expansiones de beneficios que el Congreso promulgó en años anteriores llevaron a profundas crisis de fondos en el programa de Seguridad Social en los primeros 1980s. Eventualmente el Congreso legisló algunos pequeños cambios programáticos en los beneficios de Seguridad Social, junto a un aumento en la tasa de impuesto sobre la nómina hasta un 15.3% en 1990. Entre 1980 y 1990, la carga máxima de impuesto sobre la nómina más que se duplicó hasta $7,849.00.
La Ley de Reforma de Impuestos de 1986.
Siguiendo a la promulgación de los cambios de impuestos en 1981, 1982 y 1984, había un sentimiento creciente de que el impuesto sobre ingresos necesitaba de una revisión más fundamental. El auge económico que siguió a la recesión de 1982 convenció a muchos dirigentes políticos de ambos partidos que tasas de impuestos más bajas eran esenciales a una economía fuerte, a tiempo que el constante cambio de la Ley hizo llegar a muchos una apreciación de la complejidad del sistema de impuestos. Más aún, los debates durante este período llevaron a un entendimiento general de las distorsiones impuestas a la economía, y la pérdida de empleos y salarios, que surgían de las muchas peculiaridades en la definición de la base de impuestos. Se desarrolló una nueva y más amplia filosofía de la política de impuestos de que el impuesto sobre ingresos mejoraría grandemente si se rechazaban todas estas disposiciones especiales y se disminuían aún más las tasas de impuestos. De forma que en el mensaje de 1984 sobre el Estado de La Unión, el Presidente Reagan abogó por una reforma total del impuesto sobre los ingresos, de forma que tuviera una base más amplia y tasas más bajas, y fuera más justo, más simple y más consistente con la eficiencia económica.
La culminación de este esfuerzo fue la Ley de Reformas de Impuestos de 1986, que disminuyó la más alta tasa de impuesto estatutorio desde un 50% a un 28%, a la vez que el impuesto sobre las corporaciones fue reducido de un 50 a un 35%. El número de niveles de impuestos fue reducido y la exención personal y las cantidades de deducción normal fueron aumentadas y reguladas de acuerdo con la inflación, aliviando así a millones de contribuyentes de cualquier carga de impuesto federal. Sin embargo, la Ley también creó nuevos impuestos mínimos alternativos, personales y de corporaciones, que demostraron ser demasiado complicados, innecesarios y económicamente dañinos.
La Ley de Reformas de Impuestos de 1986 fue esencialmente neutra en cuanto a ingresos, es decir, no tenía el propósito de aumentar o disminuir los impuestos; pero pasó de los individuos a las corporaciones algunas de las cargas impositivas. Mucho del aumento del impuesto sobre los negocios fue el resultado de un aumento en el impuesto sobre la formación de capital de negocios. Logró algunas simplificaciones para los individuos a través de la eliminación de cosas tales como promedio de ingresos, la deducción por el interés del consumidor, y la deducción de los impuestos locales y estatales sobre ventas. Pero en muchos aspectos la Ley añadió complejidad al impuesto sobre negocios, especialmente en el área de impuestos internacionales. Algunas de las disposiciones de demasiado alcance de la Ley condujeron también a una baja en los mercados inmobiliarios, que jugaron un papel importante en el subsiguiente colapso de la industria de Ahorros y Préstamos.
Contemplada en un contexto más amplio, la Ley de Impuestos de 1986 representó el penúltimo pago de un proceso extraordinario de reducción de tasas de interés. En el período de 22 años de 1964 a 1986, la máxima tasa de impuesto individual fue reducida de un 91 a un 28 por ciento. Sin embargo, a causa de que los contribuyentes de mayores ingresos escogían cada vez más el recibir sus ingresos en forma sujeta a impuestos, y a causa de la ampliación de la base de impuestos, la progresividad del sistema de impuestos en realidad aumentó durante este período.
La Ley de Impuestos de 1986 también representó un regreso temporal en la evolución del sistema de impuestos. Aunque llamado impuesto sobre ingresos, el sistema federal de impuestos ha sido en realidad, por muchos años, un impuesto híbrido de ingreso y consumo, con el balance inclinándose hacia un impuesto de consumo ol alejándose de él, con muchas de las principales leyes de impuestos. La Ley de Impuestos de 1986 inclinó el balance, una vez más, hacia el impuesto sobre ingresos. De mayor importancia en este sentido fue el regreso a referencias a la depreciación económica en la formulación del sistema de recuperación de costo de capital, y las significativas nuevas restricciones en el uso de las Cuentas de Retiro Individual.
Entre 1986 y 1990 la carga de impuesto federal se elevó, como parte del PDB, desde un 17.5 a un 18 por ciento. A pesar del incremento en la carga general de impuestos, déficits federales persistentes, debido a todavía mayores niveles de gasto gubernamental, crearon presiones casi constantes para aumentar los impuestos. De forma que en 1990 el Congreso aprobó un significativo aumento de impuestos presentando una tasa de impuestos máxima de 31 por ciento. Poco después de su elección, el Presidente Clinton insistió en que el Congreso aprobara un segundo gran aumento en 1993, en el cual la máxima tasa de interés fue elevada a 36% y aun fue añadido un sobrecargo de 10%, dejando la máxima tasa de impuestos efectiva en un 39.6 por ciento. Claramente, la tendencia hacia menores tasas de interés marginales había sido revocada, pero, como resultó más tarde, sólo temporalmente.
La ley de Alivio al Contribuyente de 1997 hizo cambios adicionales al código de impuestos, dando una modesta rebaja de impuestos. La pieza central de la Ley de 1997 fue un significativo nuevo beneficio impositivo a ciertas familias con niños, a través del Crédito de Impuestos por Niño. Sin embargo, el factor realmente significativo de este alivio impositivo fue que el crédito era reintegrable a familias de más bajos ingresos. Es decir, en casos en que la familia hubiera pagado un impuesto “negativo”, o recibido un crédito en exceso de su responsabilidad anterior a la ley. Aunque el sistema impositivo había otorgado anteriormente créditos impositivos personales, como el Crédito Sobre el Ingreso Ganado, el Crédito Impositivo por Niño comenzó una tendencia en la política de impuesto federal. Los alivios impositivos anteriores fueron generalmente otorgados en la forma de tasas de impuesto menores o aumentos en deducciones o exenciones. La Ley de 1997 lanzó una moderna proliferación de créditos impositivos individuales y especialmente créditos reintegrables que son, en esencia, programas de gastos funcionando a través del sistema impositivo.
Los años inmediatamente posteriores al aumento de impuestos de 1993 vieron también continuar otra tendencia que fue, una vez más, cambiar de nuevo el balance del híbrido impuesto ingreso-consumo hacia el impuesto sobre consumo. En este caso el movimiento fue enteramente en la parte individual, en la forma de una proliferación de vehículos impositivos para promover ahorros de propósito específico. Por ejemplo, Las Cuentas de Ahorros Médicos fueron promulgadas para facilitar el ahorro en gastos médicos. Se promulgó una cuenta de retiro individual (IRA .Individual Retirement Account) para la educación, en la Sección 529 del Programa de Tutoría Calificada, con el objeto de ayudar a los contribuyentes a pagar futuros gastos de educación. Adicionalmente, se promulgó una nueva forma de vehículo de ahorro, llamada ROTH IRA, que se diferenciaba de otros vehículos de ahorro como el IRA tradicional, y planes 401(k) basados en el empleador, en que las contribuciones eran hechas en dólares posteriores al pago de impuestos y en que las distribuciones estaban libres de impuestos.
A pesar de las más altas tasas de impuestos, otros aspectos fundamentales de la economía tales como la baja inflación y las bajas tasas de interés, un mejor cuadro internacional con el colapso de la Unión Soviética, y la llegada de informaciones tecnológicas cuantitativamente nuevas, condujeron a fuertes resultados económicos a través de los 1990s. Esto, a su vez, llevó a un aumento extraordinario de la carga impositiva agregada, con los impuestos federales, en razón del PDB, llegando a una cima de postguerra de 20.08 en 2000.
La rebaja de impuestos de Bush
Hacia 2001, los ingresos totales de los impuestos habían producido un supuesto superávit unificado de presupuesto federal de $281,000 millones, con un acumulado superávit proyectado de $5.6 billones. Mucho de este superávit reflejaba una creciente carga impositiva como parte del PDB, debido a la interacción de resonancias crecientes de los ingresos y una estructura de progresivas tasas de impuestos. En consecuencia, bajo la dirección del Presidente Bush, el Congreso detuvo los proyectados aumentos futuros de la carga de impuestos, aprobando la “Ley de Alivio de Impuestos y Reconciliación” de 2001. La pieza central de la rebaja de impuestos de 2001 fue la recuperación de algo del terreno perdido en los 1990s en cuanto a menores tasas de interés de impuestos. Aunque la tasa de reducciones tendría efecto en un período de varios años, la máxima tasa de interés caerá de un 39.6 a un 33 por ciento.
La rebaja de impuestos de 2001 representó una vuelta a un número de tendencias distintas en la política de impuestos. Por ejemplo, amplió la Ley de Crédito de Impuestos de Apoyo Infantil, de $500.00 a $1,000.00 por niño. También aumentó el Crédito de Impuestos a los Niños Dependientes. La rebaja de impuestos de 2001 también continuó a moverse hacia un impuesto de consumo, expandiendo una serie de incentivos de ahorros. Otro rasgo de la rebaja de impuestos de 2001, particularmente digno de mención, es que pone los impuestos de haciendas, regalos y saltos generacionales en un curso de eventual abolición, que es también otro paso hacia un impuesto al consumo. Un rasgo nuevo en la rebaja de impuestos de 2001, comparada con la mayoría de las grandes leyes de impuestos, es que está casi desprovista de clásulas de impuesto a negocios.
La rebaja de impuestos de 2001 dará fuerza adicional a la economía en los próximos años, a medida que sus disposiciones se vayan haciendo efectivas y, en verdad, un argumento para su aprobación ha sido siempre el que es una forma de seguro contra un revés económico. Sin embargo, ignorada por la Administración Bush y por el Congreso, la economía ya estaba en descenso mientras la Ley estaba siendo debatida. Afortunadamente, el descenso fue breve y poco profundo, pero ya está claro que las rebajas de impuestos que fueron aprobadas y entraron en efecto en 2001, jugaron un papel significativo en apoyar la economía, abreviar la duración del descenso, y prepararla para una recuperación robusta.
Una lección del descenso económico fue el peligro de considerar una economía fuerte como cosa dada. El fuerte crecimiento de los 1990s condujo a hablar de una “nueva economía” que muchos estimaban estaba virtualmente a prueba de recesión. La popularidad de este supuesto era fácil de entender cuando se considera que sólo ha habido una muy leve recesión en los 18 años previos. Tomando a pecho esta lección, y a pesar de los crecientes beneficios de la rebaja de impuestos de 2001, y las tempranas señales de recuperación, el Presidente Bush hizo un llamado, y el Congreso aprobó, una ley de estímulo económico. La ley incluía una extensión de los beneficios de desempleo para ayudar a aquellos trabajadores y familias que estaban tensos debido a la depresión. La ley también incluía una disposición para proveer una temporal pero significativa aceleración de las concesiones por depreciación en las inversiones comerciales, asegurando así que la recuperación y expansión serán fuertes y equilibradas. Es interesante que la disposición sobre depreciación significa también que el impuesto federal sobre los negocios ha vuelto a su tendencia hacia un impuesto sobre consumo, haciéndose paralelo una vez más a la tendencia del impuesto individual.-
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Fuente: Ediciones EP.
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Cómo pagar menos impuestos, según Donald Trump
octubre 5, 2016
La pérdida de US$915 millones de Trump en 1995 podría haberle ahorrado impuestos por años
Gracias a una estipulación del código tributario de Estados Unidos llamada pérdida operativa neta, es posible que Donald Trump haya eludido impuestos por hasta 18 años tras declarar una pérdida de casi US$1.000 millones en 1995. Un vistazo a qué es y cómo funciona esta estipulación.
Fuente: The Wall Street Journal, 04/10/16.
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Apple, Irlanda y la Unión Europea: La lucha por los impuestos
septiembre 8, 2016
La elusión de impuestos de Apple ilustra la brecha entre la ley y la lógica económica
La CE no acusa a Apple de quebrantar las leyes tributarias de Irlanda. Ese el meollo del asunto.
Empresas estadounidenses como Apple Inc. no son solamente innovadoras de primera categoría en tecnología y marketing. Son, además, innovadoras de primera clase en la elusión de impuestos.
Esta es una de las lecciones evidentes del anuncio que realizó la Comisión Europea la semana pasada de que Apple le debe a Irlanda hasta US$14.500 millones en impuestos impagos. Hablando estrictamente en términos económicos, la CE tiene razón. Apple, con la ayuda de Irlanda, separó las ganancias que reporta y los impuestos que paga de la actividad comercial que genera esas utilidades. Ese comportamiento, repetido por numerosas multinacionales en otras jurisdicciones, ha creado brechas gigantescas en el sistema mundial de impuestos corporativos.
Sin embargo, determinar si la CE tiene razón o no en el aspecto legal es otra cuestión. El organismo afirma que Irlanda le dio a Apple un trato especial que constituye una ayuda estatal ilícita a una empresa privada. El gobierno irlandés lo niega y planea apelar la decisión ante los tribunales de la Unión Europea.
La CE no acusa a Apple de quebrantar las leyes tributarias de Irlanda. Ese el meollo del asunto. La elusión multinacional de impuestos está creciendo precisamente porque las compañías perseverantes pueden hallar muchas maneras, y muchos gobiernos socios, para evitar pagar tributos. Las normas impositivas son tan subjetivas que una compañía puede afirmar que cumple las normas y sin embargo paga una tasa que “todos los demás ven y dicen que es de locos”, asevera Martin Sullivan, economista jefe de Tax Analysts, una consultora sin fines de lucro.
El hecho de que la elusión de impuestos corporativos haya crecido es evidente al ver las ganancias que las empresas estadounidenses reportan en paraísos fiscales. Las ganancias de las empresas de control estadounidense equivalieron en 2004 a 7,6% del Producto Interno Bruto de Irlanda. Para 2010, esa cifra se había más que quintuplicado, a 42%, según Jane Gravelle, analista del Servicio de Investigación del Congreso, que no tiene afiliación política. En Luxemburgo, la relación se ha disparado de 18,2% a 127%. En paraísos fiscales tradicionales como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, las ganancias de las subsidiarias estadounidenses equivalieron a 20 veces el PIB local en 2010.
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Existen varias razones detrás de este aumento. Una es el crecimiento de la propiedad intelectual, como las patentes, las marcas y el software como fuente de ganancias, que se pueden trasladar fácilmente entre jurisdicciones en el extranjero. Otra es la sofisticación y la audacia con las que las multinacionales explotan los resquicios entre, y los tecnicismos en, los sistemas tributarios de diferentes países. Debido a que Estados Unidos es líder en sectores intensivos en propiedad intelectual, sus empresas son naturalmente los usuarios más ávidos de tales técnicas.
Según la CE, Irlanda tomó determinaciones impositivas en 1991 y 2007 que permitieron a Apple asignar ganancias sobre las ventas en la Unión Europa a una “sede” interna que existía sólo en papel y no era gravable bajo una provisión de las leyes tributarias irlandesas que ya no está en vigencia. Por consecuencia, sostiene, la tasa tributaria efectiva de Irlanda sobre las ganancias europeas de Apple fue de 0,005%, muy por debajo del impuesto corporativo oficial de 12,5%.
La respuesta de Apple, como es costumbre, distó de ser un pedido de disculpas. “Pagamos todos los impuestos que debemos”, declaró su presidente ejecutivo, Tim Cook, en una carta a los clientes.
Cook calificó la tasa tributaria estimada de la CE como “estupideces políticas”. Un vocero del gobierno irlandés dijo: Lo que sabemos que es irlandés está siendo tributado. Lo que sabemos que no es irlandés no estamos tocando”. El secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, quien suele vituperar contra malhechores corporativos, se puso del lado de Apple, argumentando que la CE ha sembrado incertidumbre y socavó la cooperación internacional, liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para tomar medidas drásticas contra la elusión impositiva.
Lew también una motivación monetaria. La CE afirma que Apple debe impuestos que ocultó indebidamente de los gobiernos europeos. No obstante, EE.UU. también reclama el dinero. Pese a que Apple envió las ganancias a una unidad que no es reconocida por la ley tributaria de EE.UU., la compañía dice que las utilidades están sujetas a impuestos estadounidenses. Sin embargo, no tiene que pagar el impuesto mientras el dinero permanece fuera del país, y Cook asegura que no será repatriado hasta que la tasa de impuestos corporativos de EE.UU., actualmente de 35%, sea más de su gusto. Apple reporta una tasa impositiva de 26%, pero eso incluye impuestos sobre ingresos extranjeros que en realidad no ha pagado. Sin contar eso, su tasa tributaria en efectivo es de 19%.
Esto, sin dudas, es lo que los accionistas de Apple quieren escuchar, pero solamente profundiza el cinismo del público hacia el sistema tributario y la globalización en general.
Las empresas estadounidenses argumentan que tendrían menos incentivos para trasladar las ganancias si EE.UU. bajara su tasa impositiva para las empresas y dejara de gravar las ganancias obtenidas fuera del país. De todos modos, cuesta creer que las empresas repatriarían sus ganancias con una tasa de 25% en EE.UU. si en los paraísos fiscales pagan una tasa efectiva de cero. Poner fin al derecho a postergar las ganancias obtenidas en el extranjero podría resultar efectivo, pero eso también podría llevar a las empresas estadounidenses a abandonar EE.UU. del todo. Y, por supuesto, ambas medidas requerirían un cambio de legislación.
La iniciativa de la OCDE apunta a cerrar algunos de los resquicios que facilitan la elusión fiscal, pero quedar por verse cuán profundo puede ser su impacto. Un estudio de septiembre de 2015 para el Parlamento Europeo sugirió que una solución integral podría recaudar US$13.000 millones al año, una fracción de los US$56.000 millones a US$212.000 millones que pierde debido a “planificación impositivas enérgicas”.
De hecho, los recaudadores fiscales tal vez nunca logren seguir el ritmo de sofisticación de las empresas que eluden impuestos. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que la tarea haya recaído en un regulador antimonopolio.
Fuente: The Wall Street Journal, 07/09/16.
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Argentina: Más de la mitad del precio de un auto son impuestos
agosto 20, 2016
El 54,8% del precio final de un auto 0Km son impuestos
La presión impositiva es más elevada que en Brasil, México y EE.UU.; quejas de la empresas por la competitividad.
Por Francisco Jueguen.
Cada $ 10.000 gastados en la compra de un auto 0 km, alrededor de $ 5500 son impuestos. Esto significa que más de la mitad del precio final de un vehículo nuevo va directamente a engrosar las arcas del Estado.
Los gravámenes sobre los automóviles se traducen en un peso para la billetera de los consumidores: la presión impositiva total -acumulada a lo largo de la cadena de autopartistas, terminales y concesionarias- alcanza en la actualidad un 54,8%, según cálculos del sector privado. Pero además, los largos tentáculos del Estado se convierten en un inconveniente para las empresas cuando el Gobierno reclama una mejora de la competitividad sistémica, más integración al mundo y precios más económicos bajo el tamiz del flamante Plan Productivo Nacional.
Sin ir más lejos, el Ministerio de Producción mejoró a comienzos de año las escalas y alícuotas del impuesto interno a los autos pero no lo actualizó a fines de junio, pese a la inflación.
Nadie duda que los autos son caros en la Argentina. Más allá de la guerra de promociones y descuentos agresivos en los que actualmente batallan las automotrices -incluso con ventas en concesionarios a precios de fábrica-, sólo hay entre nueve y diez modelos en todo el país que cuestan menos de 200.000 pesos. El auto más económico en la Argentina ronda los 12.100 dólares. Se trata de un valor más alto, por ejemplo, que en Brasil, Chile y México. De acuerdo a un relevamiento de la revista Autofoco de octubre pasado, el país tiene los precios de los autos más altos de la región (también por encima de Chile, Perú, Colombia y Ecuador).
En toda la cadena de producción y comercialización de un auto se paga 21% de IVA, 9,13% de Ingresos Brutos, 7,69% de contribuciones patronales y ART, 4,5% de Ganancias, 4,15% de aranceles, 2,76% de tasa municipal, 2,76% de impuesto al cheque, 2,48% por impuesto a los sellos, inmobiliario y otros, y 0,34% de impuestos a las participaciones societarias.
«Entre estos impuestos se encuentran algunos muy distorsivos, como los ingresos brutos provinciales, las contribuciones sobre el trabajo, la tasa de seguridad e higiene y sellos, los cuales se acumulan en cascada sin poder eliminarse o compensarse», indicó un cálculo conjunto de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), publicado por Ámbito Financiero.
En Brasil, la carga es levemente menor. Sumados el impuesto al Producto Industrializado (IPI), a la Circulación de las Mercaderías y Servicios (ICMS) y el Programa de Integración Social (PIS/Cofins), el peso de los impuestos llega al 42%. A eso se le agrega un 7,70% de impuestos no recuperables, lo que da una carga total de 49,7 por ciento.
Las cosas varían mucho en México y Estados Unidos. En el primer caso, no hay impuestos a la producción de vehículos, sí aranceles a la importación (la tasa más aplicada es de 20%), a lo que se suma la carga impositiva sobre el precio final al consumidor (gravámen sobre autos nuevos, sobre tenencia o uso de vehículo y al valor agregado. El peso total de los impuestos sobre el precio del auto es variable y va desde el 18 al 33%.
En cambio, en la potencia del norte no hay gravámenes a la comercialización de autos, pero sí a la importación de 0 km (hasta 2,5% para miembros de la OMC, pero llega al 10% para los no miembros). Sobre el precio final, hay IVA, impuesto a las ventas y otros que varían según el estado o condado. La carga impositiva total en Estados Unidos es entre 0 y 15 por ciento.
«Cuando uno entra a una concesionaria para comprar un 0 km, entra a comprar impuestos. Y cuando sale del comercio y va a la estación de servicio, también pide que le llenen el tanque con impuestos», ironizó Diego Giacomini, director de la consultora Economía & Regiones, que agregó que la industria automotriz no es la excepción a la regla en el sector fabril. «El peor enemigo de la competitividad para el sector privado es el Estado. La relación gasto/ PBI, la presión tributaria, el costo del capital, la inflación y el costo salarial después de impuestos y en relación con la productividad son claves de la competitividad. En todos esos componentes aparece el Estado y en todos estamos peor que en la región», afirmó el economista.
El Gobierno entendió este problema y a comienzos de junio creó la Comisión de Análisis para la Reforma Tributaria, en el Ministerio de Hacienda. «Está claro. En la Argentina hay muchos sectores donde la presión tributaria afecta los precios finales y por eso vamos a revisar la estructura tributaria completa no sólo para promover el consumo, sino también la inversión», dijo a LA NACION una fuente oficial.
«El peso de los impuestos en la industria automotriz, que no es muy diferente del de la industria en general, abre el debate sobre la competitividad sistémica», señaló Dante Sica, director de la consultora Abeceb. «Es muy difícil competir con los autos coreanos o japoneses en Colombia, Chile o Perú con esta estructura», agregó el experto, que ve un leve repunte de la venta este año y «brotes verdes» en 2017 con un leve despegue brasileño.
Las claves de los precios altos
—La estructura impositiva en la Argentina tiene un fuerte peso, con impuestos altamente distorsivos.
—En la industria piden trabajar además con los costos logísticos y los costos laborales.
—En la Argentina aún falta escala para competir, pero además hay quejas con los precios los insumos básicos.
Fuente: La Nación, 20/08/16.
Más información:
¿A dónde van los impuestos que nos roba el Estado?
El robo institucionalizado: Los impuestos
Estrategias para evadir impuestos
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¿A dónde van los impuestos que nos roba el Estado?
julio 13, 2016
Desde EconomiaPersonal.com.ar siempre hemos defendido la idea de que los impuestos son un robo. Por más que se aplique cosmética, se dore la píldora y se use lenguaje políticamente correcto, la hsitoria muestra con claridad cómo surgieron los impuestos y cómo se fueron incrementando con el paso de los siglos. A modo de ejemplo, citamos el «gacioso» caso del peluquero de Hollande.
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Polémica e ironías para Hollande por tener un peluquero por 10.000 euros al mes
Tras conocerse que el presidente francés destina dinero oficial para cuidar su cabello se armó revuelo en la redes sociales.
El presidente francés Francois Hollande tiene un peluquero personal desde que fue comenzó su mandato en 2012 al que se le paga un sueldo mensual de 9.895 euros, publicó este miércoles el semanario satírico Le Canard Enchaîné.
El sueldo del peluquero del presidente, que fue confirmado por el gobierno y que se aproxima a lo que gana un ministro, ha levantado indignación y burlas en las redes sociales. El hashtag #Coiffeurgate era tendencia hoy en Twitter en Francia.
El contrato de trabajo de Olivier B., «peluquero personal del jefe de Estado», fue firmado el 16 de mayo de 2012 por la entonces directora del gabinete del Elíseo, Sylvie Hubac, precisa el semanario.
Este documento estipula que Olivier B. está contratado «por la duración del mandato presidencial en curso». Según el semanario, este «contrato temporal de cinco años supone una remuneración bruta acumulada de 593.700 euros«. Los honorarios van acompañados de una «eventual ‘asignación para vivienda’ y otras ‘ventajas familiares’«, agrega la publicación.
Un diputado del ultraderechista Frente Nacional (FN) se refirió al presidente socialista como «su majestad» en Twitter, mientras otros usuarios superponían pelucas afro y otros peinados extravagantes sobre imágenes del presidente para «ayudar al peluquero a ganarse su sueldo».
Fuente: AFP – clarin.com, 13/07/16.
Ver: Los Impuestos son un Robo
UK: Bajarían impuestos para mantener el atractivo
julio 5, 2016
Anuncian planes para no perder negocios
Bajarían el impuesto a las sociedades para disuadir la desinversión.
LONDRES – Con el objetivo de que Gran Bretaña siga siendo un país atractivo para los negocios tras el Brexit, el gobierno estudia medidas para estimular la inversión de las empresas, como reducir al 15% el impuesto a las sociedades.
El ministro de Finanzas británico, George Osborne, dijo al diario Financial Times que quiere construir una «economía supercompetitiva» con una baja tributación para las empresas y un foco global, al tiempo que expresó su determinación de seguir en el cargo cuando llegue un nuevo primer ministro en septiembre.
La nueva tasa, que fue anunciada sin una fecha tentativa, se compara con el objetivo previo de Osborne de rebajar los impuestos a las empresas hasta el 17% para 2020, desde el 20% actual. El promedio en los países más desarrollados del mundo es del 25 por ciento.
La confianza en la economía británica se ha visto golpeada por el triunfo del Brexit y una rebaja impositiva podría ayudar a evitar un éxodo de firmas británicas y atraer a compañías estadounidenses y europeas, que de otra forma podrían verse desalentadas por la incertidumbre.
«La perspectiva de una menor base tributaria sigue siendo atractiva para algunas compañías estadounidenses a pesar del futuro estatus británico en la UE», dijo Ferdinand Mason, socio de la firma legal Jones Day, con sede en Londres .
No obstante, Mason agregó que Gran Bretaña debe negociar un acuerdo al estilo de Noruega sobre su acceso al mercado del resto de Europa. «Si Gran Bretaña va a convertirse en una propuesta realmente atractiva para los inversores extranjeros, es crucial que negocie un acuerdo con la UE que le dé acceso al mercado único», señaló.
El impacto en Europa
Irlanda, donde el impuesto del 12,5% a las corporaciones ha sido un pilar de su política económica durante 20 años, atrayendo a inversores como Pfizer y Apple, dijo que el anuncio de Osborne mostró cómo el Brexit alteró la dinámica de la UE.
El ministro de Transportes de Irlanda, Shane Ross, dijo que el anuncio de Osborne es un «intento obvio» para atraer a los inversores de su país. «Si la cifra bajara al 12,5% en Gran Bretaña, sería una amenaza para nosotros y tendríamos que ajustarnos, haciéndonos más atractivos otra vez», indicó.
Holanda aseguró, asimismo, que revisará su fiscalidad para asegurar que siga siendo atractiva. «Es algo en lo que estamos pensando con la vista puesta en el futuro», comentó el vocero del Ministerio de Finanzas. «Por un lado queremos combatir la evasión fiscal y por otro tenemos que ver nuestro ambiente para la inversión», agregó.
Un vocero del Ministerio de Finanzas de Alemania aseguró que los planes de recorte de los impuestos a las empresas deben ser justos. «Está claro que el objetivo del gobierno es que el asunto de los impuestos sea tratado de forma justa en el mercado único», comentó Martin Jaeger.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló en un memorándum interno que es improbable que se rebajen más los impuestos a las corporaciones en Gran Bretaña debido al costo político que tendría, y que si ocurre «podría convertir a Gran Bretaña en un tipo de economía como la de un paraíso fiscal».
—Agencias Reuters y EFE.
Fuente: La Nación, 05/07/16.
Más inforamción: UK Post-Brexit: A giant tax haven?
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El robo institucionalizado: Los impuestos
junio 10, 2016
La Enciclopedia Británica define el sistema tributario como “la parte de los ingresos de un estado que se obtiene por cuotas y cargas obligatorias a sus sujetos”. Es casi tan adecuada y concisa como puede ser una definición: no deja espacio para discutir qué es un sistema tributario. En esa exposición de los hechos, domina la palabra “obligatorias”, sencillamente por su contenido ético. La reacción inmediata es preguntarse por el “derecho” del Estado a este uso del poder. ¿Qué permiso, en términos morales, aduce el Estado para apoderarse de propiedades? ¿Es su ejercicio de la soberanía suficiente por sí mismo?
En esta cuestión de la moralidad hay dos posiciones que nunca pueden reconciliarse. Aquéllos que sostienen que las instituciones políticas provienen de la “naturaleza del hombre”, disfrutando así de una divinidad indirecta, o aquéllos que consideran al Estado como la piedra angular de la integración social, no encuentran ningún problema en el sistema tributario per se: la toma de propiedades por el Estado se justifica por su existencia o sus resultados benéficos. Por el contrario, quienes sostienen la primacía del individuo, cuya misma existencia es su justificación de derechos inalienables, se inclina por la postura de que en la obtención obligada de cuotas y cargas el Estado está meramente ejerciendo su poder, sin consideraciones morales.
El presente estudio sobre el sistema tributario empieza en la segunda de estas posiciones. Es tan parcial como sería un estudio que empezara con la postura igualmente no probada de que el Estado es una institución natural o socialmente necesaria. La objetividad completa desaparece cuando un postulado ético es la premisa mayor de un argumento, y una discusión sobre la naturaleza del sistema tributario no puede excluir los valores.
Si asumimos que el individuo tiene un indiscutible derecho a la vida, debemos conceder que tiene un derecho similar a disfrutar del fruto de su trabajo. A esto lo llamamos propiedad. El derecho absoluto de propiedad deriva del derecho original a la vida porque no tiene sentido el uno sin el otro: los medios de vida deben identificarse con la vida misma. Si el Estado tiene un derecho prioritario a los frutos de nuestro trabajo, su derecho a la existencia está cualificado. Aparte del hecho de que no puede establecerse dicho derecho prioritario, excepto declarando al Estado como autor de todos los derechos, nuestras inclinaciones (como demuestran nuestros esfuerzos por evitar pagar impuestos) son rechazar este concepto de prioridad. Nuestro instinto está en contra. Protestamos ante la apropiación de nuestra propiedad por una sociedad organizada igual que lo hacemos si una sola unidad de la sociedad realiza este acto. En el último caso, calificaremos sin dudar al acto como un robo, un malum per se. No es la ley la que en primera instancia define el robo, es un principio ético que la ley puede violar, pero no suplantar. Si por necesidades de la vida consentimos la fuerza de la ley, si por una larga costumbre perdemos de vista su inmoralidad, ¿se ha eliminado el principio? Un robo es un robo y ninguna cantidad de palabras puede hacer de él algo distinto.
Observemos los resultados del sistema tributario, los síntomas, para ver si se viola el principio de la propiedad privada y cómo. Para mayor evidencia, examinemos su técnica y tal y como sospechamos la intención de robar a partir de la posesión de herramientas eficaces, igualmente las encontraremos en la técnica del sistema tributario, una historia reveladora. La carga de esta crítica intransigente al sistema tributario será, por tanto, probar su inmoralidad por sus consecuencias y sus métodos.
A modo de introducción, podríamos fijarnos en el origen del sistema tributario, bajo la teoría de que los inicios determinan los finales y aquí encontramos un montón de injusticias. Un estudio histórico de la fiscalidad lleva inevitablemente a botines, tributos, rescates: los propósitos económicos de las conquistas. Los barones que pusieron barreras de peaje en el Rin eran cobradores de impuestos. Como lo eran las bandas que “protegían”, a cambio de un precio fijo, a las caravanas que iban al mercado. Los daneses periódicamente se invitaban a Inglaterra y permanecían como invitados no deseados hasta que se les pagaba el llamado “impuesto danés” (“dane geld”): durante mucho tiempo permaneció como la base de los impuestos de propiedad ingleses. Los conquistadores romanos introdujeron la idea de que lo que recaudaban de los pueblos sometidos era sencillamente un pago por mantener “la ley y el orden”. Durante mucho tiempo, los conquistadores normandos recaudaron tributos arbitrarios a los ingleses, pero cuando, por el proceso natural de amalgama de los dos pueblos, apareció la nación, las recaudaciones se regularizaron mediante costumbres y leyes y se llamaron impuestos. Llevó siglos eliminar la idea de que estas exacciones no servían más que para mantener cómodamente una clase privilegiada y para financiar sus guerras sangrientas: de hecho, este propósito nunca se negó u ocultó hasta que el constitucionalismo difuminó el poder político.
Todo eso pasó, salvo que tengamos la temeridad de comparar esta antigua palabrería con reparaciones, extraterritorialidad, cargas para mantener ejércitos de ocupación, huidas con propiedades, toma de recursos naturales, control de vías de comercio y otras técnicas de conquista. Puede argüirse que aunque el sistema fiscal tuviera un principio tan desagradable podría haber rectificado y convertirse en algo ciudadano, decente y útil. Así que debemos aplicarnos a la teoría y práctica de la fiscalidad para probar que en realidad es el tipo de cosa arriba descrita.
Primero, respecto de método de recaudación, los impuestos se dividen en dos categorías: directos e indirectos. Los impuestos indirectos se llaman así porque llegan al estado a través de recaudadores privados, mientras que los directos llegan sin intermediarios. Los primeros se asocian a bienes y servicios antes de que lleguen al consumidor, mientras que los segundos son principalmente demandas ante la acumulación de riqueza.
Veremos que los impuestos indirectos son un precio por un permiso para vivir. No se puede encontrar en el mercado una sola satisfacción a la que no estén asociados varios de estos impuestos, ocultos en el precio y nos vemos en la obligación de pagarlos o irnos sin ellos: como irnos equivale a privarse del sentido de la vida o incluso de la propia vida, pagamos. La inevitabilidad de la existencia de esta carga se expresa en la asociación popular de la muerte y los impuestos. Y es esta característica la que atribuye los impuestos indirectos al estado, de forma que cuando examinamos los precios de los productos básicos nos asombramos de la desproporción entre el coste de producción y la carga para permitir su compra. Alguien ha estimado el número de impuestos que lleva una barra de pan en más de cien: obviamente algunos no le son atribuibles, porque sería imposible definir en cada barra su parte de impuestos sobre la escoba usada en la panadería o la gasolina utilizada por el camión de reparto. El whisky es probablemente el ejemplo más notorio de la forma en que los productos se han convertido de satisfacciones en objetos de impuestos. El coste de fabricación de un galón de whisky, por el que el consumidor paga alrededor de veinte dólares es de menos de medio dólar: el resto corresponde parcialmente a los costes de distribución, pero la mayoría del dinero que atraviesa el mostrador va a mantener los funcionarios de la ciudad, el condado, el estado y la nación.
El revuelo sobre el coste de la vida tendría más sentido si se dirigiera a los impuestos, el principal componente del coste. Debería también advertirse que aunque el problema del coste de la vida afecta principalmente a los pobres, es además en este segmento de la sociedad donde inciden más los impuestos indirectos. Es necesariamente así, porque quienes están en los estratos de menos ingresos constituye la mayor porción de la sociedad que debe contar con la mayor parte del consumo y por tanto con la mayor parte de los impuestos. El estado reconoce este hecho al gravar bien de uso más extendido. Un impuesto sobre la sal, no importa lo pequeño que sea, comparativamente, recauda mucho más que un impuesto sobre los diamantes y es de mayor significación social y económica.
No es el volumen de la recaudación, ni la certidumbre de su cobro lo que da preeminencia a los impuestos indirectos en el esquema de apropiación del estado. Su cualidad más recomendable es que son subrepticios. Es como si dijéramos tomar mientras la víctima no mira. Quienes se esfuerzan por dar a los impuestos un carácter moral están en la obligación de explicar la preocupación por parte del Estado por esconder los impuestos en el precio de los bienes. ¿Hay en ello una confesión de culpabilidad? En los últimos años, en su búsqueda de ingresos adicionales, el Estado jugueteando con la idea de un impuesto a las ventas, un precio por el permiso a vivir directo e inequívoco: los estadistas más inteligentes se han opuesto a esta medida por razones de conveniencia política. ¿Por qué? Si el Estado sirve a un buen fin los productores difícilmente se opondrán a pagar su sostenimiento.
Simplemente por razón del método, no deliberadamente, la tasación indirecta genera un beneficio a los recaudadores privados y por esta razón difícilmente puede esperarse una oposición a los pagos desde ese rincón. Cuando el impuesto se paga antes de la venta se convierte en un elemento de coste que debe añadirse a todos los demás costes al calcular el precio. Como el beneficio esperado es un porcentaje del total, se aprecia que el propio impuesto se convierte en una fuente de ingresos. Cuando la mercancía debe pasar por las manos de varios procesadores y distribuidores, los beneficios acumulados por el impuesto pueden ser tan altos como la cantidad recaudada por el Estado, o incluso mayores. El consumidor paga el impuesto más los beneficios compuestos. En este aspecto son particularmente notorios los pagos aduaneros. Si seguimos la importación de seda en bruto, del importador al limpiador, el hilador, el tejedor, el acabador, el fabricante, el mayorista, el vendedor, cada uno añadiendo su parte al precio pagado por su predecesor, vemos que en el precio que paga la señora por su vestido hay mucho más de lo que requiere el plan arancelario. Sólo este hecho ayuda a hacer a los mercaderes y fabricantes indiferentes al los males del proteccionismo.
El apoyo tácito a los impuestos indirectos deriva de otro subproducto. Cuando un desembolso considerable en impuestos es un prerrequisito para iniciar un negocio, las grandes acumulaciones de capital tienen una evidente ventaja competitiva y difícilmente podríamos esperar de estos capitalistas que defiendan una rebaja en los impuestos. Cualquier granjero puede fabricar whisky y muchos lo hacen, pero la inversión necesaria en timbres fiscales y distintas tasas de licencia hacen que apertura de una destilería y la organización de agencias de distribución sea un negocio sólo para grandes capitales. Los impuestos han obligado a las agradables cantinas de propiedad individual a dar paso al bar de lujo bajo hipoteca a la cervecera o la destilería. Igualmente, la fabricación de cigarrillos se ha concentrado en las manos de unas pocas corporaciones gigantescas con la ayuda de nuestro sistema fiscal: cerca de tres cuartas partes del precio de venta de un paquete de cigarrillos son una recarga por impuestos. Realmente sería extraños que esos intereses fueran a oponerse a los impuestos indirectos (lo que nunca harán), así que el consumidor desinformado, sin voz y desorganizado se ve forzado a pagar el precio superior generado por la competencia limitada.
Los impuestos directos se diferencian de los indirectos no sólo en la forma de recaudación, sino asimismo en el hecho más importante de que no pueden trasladarse: quienes los pagan no pueden reclamar su reembolso a otros. La incidencia de los impuestos directos recae principalmente en rentas y acumulaciones, en lugar de en bienes en el proceso de intercambio. Se nos grava por lo que tenemos, no por lo que compramos, en las ganancias empresariales o los pagos por servicios ya prestados, no los ingresos anticipados. Así que no hay manera de pasar la carga. El pagador no tiene alternativa.
Los impuestos directos claros son los que se recaudan en rentas, herencias, donaciones, valor del terreno. Veremos que esas apropiaciones se prestan a la propaganda de que paguen los ricos y se apoyan en la envidia de los incompetentes, la amargura de la pobreza, la sensación de injusticia que engendra nuestra economía monopolística. Se ha defendido la fiscalidad directa desde los tiempos coloniales (junto con el sufragio universal), como una implantación necesaria para la democracia, como el instrumento esencial de “nivelación”. La oposición de los ricos a los impuestos directos añadió virulencia a los reformistas que defendían éstos. En tiempos normales, el Estado es incapaz de superar esta oposición bien trenzada, organizada y plena de recursos. Pero cuando la guerra o la necesidad de mejorar la pobreza masiva exprimen la bolsa del Estado hasta su límite y nuevos impuestos indirectos se hacen imposibles o amenazan la paz social, la oposición debe ceder. El Estado nunca renuncia completamente a las prerrogativas que adquiere durante una “emergencia” y así, después de una serie de guerras y depresiones, los impuestos directos se convirtieron en parte integrante de nuestra política fiscal y aquellos en quienes recaen deben contentarse con recortar los gravámenes o tratar de transferirlos de un hombro a otro.
Aunque se había previsto, durante los debates del impuesto sobre la renta en la primera parte del siglo, la etiqueta de que paguen los ricos resultó ser un término malévolamente equivocado. Era imposible que el Estado se contuviera una vez que este instrumento de obtener ingresos adicionales estuviera en sus manos. Una renta es una renta, venga de dividendos, operaciones del mercado negro, ganancias del juego o simples salarios. A medida que aumentan los gastos del Estado, lo que siempre ocurre, las inhibiciones legales y consideraciones de justicia o compasión se dejan de lado y el estado mete mano a todos los bolsillos. Así, en Filadelfia, el poder político reclama que el empresario deduzca una cantidad del sobre de la paga, no sólo como retención del salario, sino aún más mediante los llamados impuestos de seguridad social. Por cierto que éstos demuestran la completa inmoralidad del poder político. Los impuestos de seguridad social no son sino impuestos a los salarios en toda su extensión y se les dio un nombre equívoco deliberada y maliciosamente. Incluso la parte que “paga” el empresario acaba siendo abonada por el trabajador en el precio de los bienes que consume, pues es obvio que esta parte es un mero coste de operación y se repercute con un recargo. La recaudación de los impuestos de la seguridad social no se deja aparte para pagar “beneficios” sociales, sino que se incluye en el fondo fiscal general, sujeto a cualquier apropiación, y cuando se acaba autorizando una miseria a un anciano, se paga con la recaudación fiscal actual. No es comparable en modo alguno con un seguro, ficción que se ha abierto paso en nuestra política fiscal, sino que es un impuesto directo a los salarios.
Hay más gente en los tramos de bajos ingresos que en los altos; hay más legados pequeños que grandes. Por tanto, en el total, aquellos que son menos capaces de soportar las cargas de que paguen los ricos, son los que las sufren. El intento de ocultar esta desigualdad por un sistema de graduaciones no es real. Incluso un pequeño impuesto a una renta de mil dólares anuales causará al pagador alguna dificultad, mientras que un impuesto del 50% sobre cincuenta mil dólares deja suficiente para vivir confortablemente. Hay una enorme diferencia entre arreglárselas sin un nuevo automóvil y seguir usando unos pantalones con remiendos. También debería recordarse que el ingreso del trabajador casi siempre está limitado a los salarios, que son fáciles de registrar, mientras que las grandes rentas derivan principalmente de negocios u operaciones de juego y no son tan fáciles de percibir; ya sea por intentar pagar todo el impuesto o por las necesarias ambigüedades que hacen que la cantidad exacta sea asunto de conjeturas en la contabilidad, quienes tengan grandes rentas se ven favorecidos. Son los pobres los que pagan más por los impuestos para que paguen los ricos.
Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para satisfacer sus deseos, no para financiar el Estado. Cuando se le quitan los resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y disfrutar. Durante la guerra, cuando se introdujo la retención en las nóminas, los trabajadores tuvieron que adivinar la paga que llagaba a casa y se despedían cuando este neto, después de impuestos, no mostraba ningún incremento comparado con el trabajo extra que costaría: el ocio también es una satisfacción. El que busca premios rechaza otro compromiso lucrativo porque el ingreso adicional llevaría a su renta anual a un tramo impositivo más alto. De forma parecida, todo empresario debe tener en consideración, cuando sopesa el riesgo y la posibilidad de ganancia en una nueva empresa, la certidumbre de una compensación en impuestos en caso de éxito, y el tamaño de las acumulaciones de capital abortadas por los impuestos de sucesiones.
Mientras nos ocupamos del asunto del desaliento de la producción por los impuestos, no deberíamos olvidar el mayor peso de los impuestos indirectos, aunque esto no sea tan obvio. El nivel de producción de una nación viene determinado por el poder de compra de sus ciudadanos y en la medida en que este poder viene minado por los gravámenes, el nivel de la producción se reduce proporcionalmente. Es un silogismo estúpido y perfectamente indecente mantener que lo que recauda el Estado lo gasta y que por tanto no hay rebaja en el poder total de compra. Los ladrones también gastan su botín con mucha más generosidad que los verdaderos propietarios y basándose en el gasto podríamos hacer una defensa del valor social del robo. Es la producción, no el gasto, lo que engendra producción. Sólo mediante la aportación de contribuciones comercializables al fondo general de riqueza se aceleran los engranajes de la industria. Por el contrario, toda deducción de este fondo general de riqueza ralentiza la industria y todo gravamen a los ahorros desanima la acumulación de capital. ¿Por qué trabajar si no se gana nada? ¿Por qué abrir un negocio para sostener a los políticos?
En principio, como percibieron los redactores de la Constitución, el impuesto directo es el peor, pues niega directamente la sacralidad de la propiedad privada. Por su mismo sigilo, el impuesto indirecto es un reconocimiento ambiguo del derecho del individuo a sus ganancias: el Estado se acerca sigilosamente al propietario, por decirlo así, y se lleva lo que necesita alegando dicha necesidad, pero no tiene la temeridad de cuestionar el derecho del propietario a sus bienes. Sin embargo el impuesto directo proclama rotunda y descaradamente el derecho prioritario del Estado sobre todas las propiedades. La propiedad privada se convierte en una concesión temporal y revocable. El ideal jeffersoniano de derechos inalienables se ve así liquidado y sustituido por el concepto marxista de la supremacía del estado. Es mediante la política fiscal, más que mediante la revolución violenta o la apelación a la razón o la educación popular o cualquier fuerza histórica ineluctable, mediante la que se lleva a cabo lo sustancial del socialismo. Advirtamos cómo se ha logrado la centralización que deseaba Alexander Hamilton a partir de la implantación del impuesto federal sobre la renta, cómo se ha disuelto en la práctica la unión de comunidades independientes. Las comunidades se han reducido al estado de distritos, el individuo ya no es un ciudadano de su comunidad, sino un súbdito del gobierno federal.
Publicado el 2 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
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Los impuestos son un robo, parte 2
[De Out of Step: The Autobiography of an Individualist]
Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez. Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra medida en la historia de este país ha causado una indiferencia de principios comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la moralidad.
Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada.
Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios sociales”. Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un sentimiento de seguridad económica. Cuando falla una economía en general, la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio. El político sirve con gusto para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la opinión pública están las acciones del poder político en el fondo del mal económico, como los privilegios de monopolio, las guerras y los propios impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se produce el acuerdo. Así ha resultado que el área del poder político ha invadido cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra justificación para los impuestos. La actual filosofía tiende hacia la identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo como unidad esencial y la sustitución de un total metafísico y por tanto la eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales específicos, sino como un medio necesario para un mejoramiento social no especificado.
Ambos postulados de los impuestos son en realidad idénticos en que derivan de la aceptación de un derecho prioritario del estado a los productos del trabajo, pero a afectos del análisis es mejor tratarlos por separado.
Los impuestos para servicios sociales dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere un quid pro quo, una relación de justicia. Pero la condición esencial de los intercambios, que es que deben realizarse voluntariamente, está ausente en los impuestos: su mismo uso de la compulsión elimina a los impuestos del campo del comercio y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a deudas pagadas a una organización voluntaria por esos servicios como cabe esperar de ser miembros, porque no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio podemos denegarnos un beneficio, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. La sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque queramos: nos viene impuesto.
En relación con los servicios sociales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.
Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pueblo fronterizo, la necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?
No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.
En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor, la competencia. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella. En una polis libre de coacción política se aplicaría un acuerdo así y en algunos casos históricos de poder político débil descubrimos que la renta inmobiliaria se usó de esta forma social.
Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de acomodamiento nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: la apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables. Son nuestras mores.
Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, conscientes de una iniquidad? Están las facilidades de las calles, mantenerlas limpias y luminosas, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y el coste debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, la tarifa por hora, para el mismo tipo de trabajo, es el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por dólar invertido, en Main Street que en Broadway. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tempo es más lento, trabajan menos y ganan menos. Pero cuando oponemos a nuestras mayores ganancias el coste de rentas e impuestos de la gran ciudad, ¿tenemos más satisfacciones? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.
Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿a dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios sociales para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.
Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios sociales pagados por la producción, Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo está claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios sociales que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esta gente recibe por sus molestias el vacuo placer de escribir a sus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas.
Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que el trabajador social universitario les diera proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, la de 1930. Así que se califica a sí misma como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.
En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo. No preocupa el control de la producción o los medios de adquirir la propiedad, sino sólo su distribución. Por lo tanto, estrictamente hablando, la doctrina no es socialista y sus defensores normalmente se apresuran a negar esa acusación. Lo que proponen, según dicen, es una reforma, no una revolución, como los niños cuyas inocentes hogueras incendian el bosque.
La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener los servicios sociales de una comunidad no tendrían financiación (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las sinecuras de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico.
Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Tom, Dick y Harry se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Tom, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Dick y Harry de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia no la ha hecho a su costa: tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Tom de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Dick y Harry en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Tom. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.
Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la escolarización gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a la marina mercante y proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.
El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra.
La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea nuestro ingreso de mil dólares al año o al día, el impuesto en una barra de pan es el mismo: la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una pipa de tabaco, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su puro. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.
Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.
Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de justicia. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.
Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del estado) es evidentemente justo que el estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La renta de monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el estado lo apoya: un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.
Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas. ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿O el mercader de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.
Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: todo impuesto se basa en la coacción.
Publicado el 15 de abril de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
Fuente: miseshispano.org,2013.
El impacto de los impuestos en la compras de alimentos
mayo 29, 2016
El peso de los impuestos en el changuito
Por Luján Scarpinelli.
La composición del precio de alimentos y bebidas tiene una fuerte y variable incidencia tributaria.
La presión tributaria ascendió a niveles históricamente altos en los últimos años en la Argentina. No sólo en las obligaciones que afrontan los individuos por su actividad, sino que el fuerte impacto de los impuestos también les llega en su rol de consumidores, a través de los precios exhibidos en las góndolas.
Sobre alimentos y bebidas, la incidencia es dispar, dado que las cargas representan porcentajes mayores, por ejemplo, en el rubro de bebidas gaseosas que en alimentos frescos tales como carnes, frutas y verduras. Lo mismo ocurre al contrastar estos últimos con otras categorías de alimentos, como pueden ser los envasados, galletitas o conservas.
De acuerdo con los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la carga tributaria global que pesa en la Argentina sobre el precio de las gaseosas es el más elevado entre los mencionados, ya que constituye casi la mitad de lo que se paga en la caja del supermercado.
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Carnes
Costos y rentabilidad: 61%
Impuestos: 39%
La proporción de los tributos contenidos en el precio final de la carne se ubica, según el Iaraf, en el 39%. Es decir, $ 39 de cada $ 100 van al pago de IVA (9,5%), seguridad social (10,5%), Ganancias (4,8%), y otros.
Gaseosas
Costos y rentabilidad: 50,1%
Impuestos: 49,9%
En el caso de estas bebidas, el costo impositivo en el valor para el consumidor es mayor: se destina 16,6% al IVA, 11,5% seguridad social, 7,4% a Ingresos Brutos, 4,3% a impuestos internos, entre otras cargas.
Conservas, galletitas
Costos y rentabilidad: 56%
Impuestos: 44%
El costo de alimentos como conservas, galletitas o envasados, por mencionar algunos, incluyen 44% de impuestos, con un alto peso de IVA (17,4%), Ingresos Brutos (7,7%) y seguridad social (9,6%), según Iaraf.
Fuente: La Nación, 29/05/16.
Las LEBACs no deben pagar impuestos
mayo 5, 2016
La AFIP dictaminó que los tenedores de LEBACs no deben pagar impuestos
Seguirán sin tributar Ganancias y Bienes Personales; hubo consultas entre el Banco Central y el organismo tributario que conduce Alberto Abad para tomar la decisión.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictaminó hoy que las Lebacs son títulos públicos y, por lo tanto, que sus compradores no deben pagar impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Así lo informó la AFIP, al precisar, luego de un intercambio de ideas con el Banco Central, que se decidió conservar su criterio original al considerar a estas demandadas letras del Central como títulos públicos.
La duda se había originado por una consulta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) porteño, que había preguntado al Banco Central si los tenedores de Lebacs debían tributar impuestos nacionales o no.
Aunque en un primer momento el Central indicó que no se trataba de títulos públicos, ahora acordó con la AFIP mantener la exención.
En un comunicado la AFIP informó esta tarde que «las operaciones con Letras y Notas del Banco Central (LEBACs y NOBACs) no están alcanzadas por los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, tanto para personas físicas como sucesiones indivisas».
«La normativa vigente establece que, para personas físicas, tanto la tenencia como el rendimiento de los títulos públicos, están exentos del pago de Ganancias y Bienes Personales», explicó el organismo que lidera Alberto Abad.
La AFIP considera a las LEBACs y NOBACs como títulos públicos, por lo que no están alcanzadas por los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
«En tal sentido, AFIP considera a las LEBACs y NOBACs como títulos públicos. Las LEBACs y NOBACs son instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central (BCRA)», agregó el organismo fiscal.
La decisión de la AFIP tiene fuerte impacto en el mundo inversor, ya que las Lebac se habían transformado este año en el instrumento estrella del mercado financiero. Ya no sólo estaban siendo buscadas por expertos, sino que cada vez más inversores minoristas las demandaban a través de bancos y sociedades de Bolsa. Con una tasa de interés de 37,5% anual a 35 de plazo, prácticamente no hay instrumento financiero que les compita. Un plazo fijo bancario a 35 días y en pesos está pagando, por ejemplo, casi 10 puntos porcentuales menos.
«Si se gravaba, la tasa de Lebac te quedaba en un 20% de rentabilidad, no es para nada atractiva», dice Gustavo Neffa, socio de Research for Traders. «Esto nació como mercado mayorista y para bancos. Pero desde diciembre los minoristas pueden comprar Lebac en forma directa. Hoy en día, 5% de las licitaciones son minoristas que compran en forma directa, pero también hay quienes las compran en forma indirecta vía bancos», agregó.
De acuerdo con la normativa vigente, los títulos públicos argentinos no están gravados en el caso de que estén en poder de individuos, pero sí cuando quienes los compran son empresas. «Para las empresas, los títulos están gravados en todo. O sea que cuando se habla de gravar la renta financiera las empresas tienen todo gravado: el resultado de la venta de los bonos, la renta y la exposición, si tienen que pagar ganancia mínima presunta», explica el tributarista César Litvin. «En cambio, para las personas físicas, los títulos están exentos en Ganancias y Bienes Personales. En Ganancias tanto la renta de los títulos públicos, como el resultado favorable de la compraventa. Y en Bienes Personales la tenencia también», aclara.
Los títulos públicos, dice Litvin, tienen el mismo tratamiento que los intereses de depósitos a plazo fijo en caja de ahorro. «El fundamento es la política extrafiscal. Esto significa que son instrumentos tributarios para motivar determinadas decisiones económicas», dice el tributarista.
Pero la AFIP, ya en la Resolución 3835 -con la cual todos los años se informan los valores de los bienes para la liquidación de Bienes Personales-, agrupaba a las Letras del BCRA dentro del cajón de «títulos públicos». «Dentro de la teoría de los actos propios, si la AFIP los considera en una resolución me está dando una señal clara. Y si voy al artículo 20 de la ley de Ganancias, en el inciso «h» están exentos los intereses originados otras formas de captación de fondos del público, que en definitiva es lo que son las Lebac», detalla Litvin.
Fuente: lanacion.com.ar, 04/05/16.
¿Qué es una LEBAC?
Las Letras del Banco Central o LEBACs, son títulos a distintos plazos que licita el BCRA los martes de cada semana con el fin de regular la base monetaria. Se negocia la tasa de interés dada como tasa de descuento. El total del capital se paga al vencimiento funcionando como un bono cupón cero, es decir, que amortizan la totalidad del capital al vencimiento y no hacen pagos de interés.
Argentina: Qué impuestos se pagan según en qué se invierte
diciembre 20, 2015
Qué impuestos se pagan según en qué se invierte
El destino del dinero define la carga fiscal, que se incrementará por efecto de la devaluación.
El perfil del ahorrista (si se trata de alguien con tolerancia al riesgo o de alguien más bien cauto), los rendimientos esperados en función de las variables de la economía, la posibilidad de acceder a determinados instrumentos financieros según su grado de complejidad y los planes personales para los que se necesitará usar los recursos… A las definiciones sobre esos temas, que ayudan a decidir qué hacer con el dinero cuando existe capacidad de ahorro, se suma el tema del alcance de los impuestos a las ganancias y bienes personales sobre cada inversión.
En Ganancias se trata de observar qué ocurre, según las normativas, con los intereses ganados, las diferencias por el tipo de cambio o los resultados obtenidos en operaciones de compraventa de activos.
En Bienes Personales, el tipo de inversión define si debe tributarse o no por los saldos. El monto que cuenta, para la declaración es el valor del activo al 31 de diciembre. Este impuesto anual al patrimonio sufre, al igual que Ganancias, una fuerte desactualización, y la presión fiscal en alza que eso determina -de no mediar cambios- se agrava por la devaluación y su impacto en el valor en pesos de algunos bienes. Están alcanzadas por el tributo las personas cuyo patrimonio -según las pautas de valuación de los bienes gravados- sea de $305.000 o más. Y están obligados a presentar una declaración, aunque no deban tributar quienes hayan tenido ingresos brutos de más de $ 96.000 anuales.
«La devaluación provocará un incremento del impuesto para quienes tengan activos en el exterior o ahorros en dólares u otra moneda extranjera; al cierre de 2014, el dólar cotizaba $ 8,41, por lo que el alza estaría por encima del 60%», dice Javier Sabin, socio de la consultora EY. En estos casos se declaran valores en pesos según la cotización de la divisa al 31 de diciembre.
Mientras que los ahorros en billetes están alcanzados por Bienes Personales, existe exención para los depósitos bancarios a plazo fijo o en caja de ahorro y para otros instrumentos financieros. Esto es para impulsar que el dinero se coloque en el circuito de préstamos.
«En algunos años, el Banco Central y la AFIP han requerido a las entidades financieras el listado de depósitos en dólares hechos en diciembre y retirados en enero -comenta el contador Sebastíán Mancuso, director de GNP Consultores-; el fisco tiende a interpretar que existe un abuso o desnaturalización de la exención, sin perjuicio de que la ley no se refiere al tiempo de permanencia del depósito.»
Para Lucas Bustos, del Estudio LGB & Asociados, con esos pedidos de información la AFIP podría apuntar a detectar inconsistencias (inversiones sin relación con los ingresos), incumplimientos en las declaraciones o acciones de evasión. «Pero el hecho de transformar efectivo o dólares en un saldo bancario no constituye evasión de ninguna manera», apunta.
A continuación, una descripción de las obligaciones impositivas para un conjunto de inversiones.
Depósito a plazo fijo o caja de ahorro
Son inversiones exentas de Ganancias -por los intereses- y de Bienes Personales. En el segundo caso, igualmente se informan los saldos al 31 de diciembre; dependiendo de que corresponda o no tributar, la fecha límite para presentar las declaraciones será en abril o junio de 2016 (hay muchos que, por su patrimonio, no están alcanzados por el impuesto, pero que por sus ingresos sí deben hacer su declaración).
Fondos comunes de inversión
Los rendimientos obtenidos por estas inversiones, que pueden ser de renta variable o de renta fija, no están alcanzados por el impuesto a las ganancias, como tampoco lo están los resultados de las operaciones de compraventa, según comenta el contador Adalberto Dalmasio, del Estudio Bertazza, Nicolini, Corti & Asociados (BNC). En cambio, el saldo que se mantenga al último día hábil del año sí está gravado por Bienes Personales.
Billetes (pesos o moneda extranjera)
El dinero en efectivo está alcanzado por el impuesto a los bienes personales. Para el caso de moneda extranjera, el saldo debe traducirse a pesos según la cotización del Banco Nación, tipo comprador, informada para el último día hábil de diciembre. Este año, la devaluación que se produjo a pocos días de llegar a 2016 mostrará en los papeles un incremento patrimonial. En cuanto a Ganancias, la diferencia de cambio está exenta.
Títulos públicos nacionales
Tanto los bonos para financiar a la Nación como los emitidos por provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires están exentos de Bienes Personales. Tampoco los alcanza el impuesto a las ganancias, ni por las rentas ni por el resultado de las compraventas. La exención rige con independencia de dónde estén depositados los títulos, por lo cual también es válida si se trata de activos que están en el exterior.
Acciones de sociedades
Los dividendos generan una retención de Ganancias, a cargo de la sociedad, del 10 por ciento. El resultado de la compraventa está exento si se trata de acciones con cotización y si la operación se realiza en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. El resultado de la compraventa sí está gravado, al 15%, si son acciones sin cotización. Y se paga el impuesto a los bienes personales.
Obligaciones negociables
Estos instrumentos financieros, cuando tienen autorización por parte de la CNV, están exentos de Ganancias tanto por sus intereses, actualizaciones, ajustes de capital como por resultados de la compraventa. «Esa exención se fundamenta en la necesidad de abaratar el crédito para las empresas», dice Dalmasio. Las tenencias en ON están alcanzadas en cambio por Bienes Personales, según el saldo al 31 de diciembre.
Tenencias de ADR y Cedear
Los ADR (certificados emitidos por bancos de EE.UU. por sus tenencias de acciones de sociedades de la Argentina) generan la obligación de pagar Bienes Personales, y el resultado de la compraventa está gravado por Ganancias al 15%, según explican en el estudio BNC. Los Cedear (acciones extranjeras que cotizan en la Bolsa porteña) tributan Bienes Personales por el saldo y Ganancias por los dividendos.
Cuentas bancarias en el exterior
En Bienes Personales, los saldos están alcanzados por el impuesto. El monto se declara en pesos, según la cotización del Banco Nación, tipo comprador, del último día hábil del año al que corresponde la declaración. «Respecto de Ganancias, los intereses están gravados, pero no lo están las diferencias de cambio», ya que se trata de cuentas en moneda extranjera, según afirma Sebastián Mancuso, director de GNP Consultores.
Fuente: La Nación, 20/12/15.
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