EE.UU. interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman
La divulgación de detalles de la cuenta que tenía el ex fiscal fue considerado como «un incidente serio» por la unidad antilavado estadounidense, que sancionó a la UIF.
Por Hugo Alconada Mon.
El corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.
El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.
Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.
El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.
Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como «secreta» llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.
Abierta en Nueva York en 2002, Nisman acumuló en esa cuenta más de US$ 660.000 con aportes de varios depositantes; entre ellos, el financista Sebastián Stefanini, de-saparecido desde 2014, en tanto que el informático Diego Lagormarsino se sumó luego como cotitular.
La entrega de esos y otros datos al juez Canicoba Corral y su posterior filtración se produjo, además, pese a una orden explícita del Departamento de Justicia, que ante una consulta desde Buenos Aires había indicado que no autorizaba la judicialización del informe de FinCen, según confirmaría, varios meses después, en septiembre pasado, la Cancillería argentina.
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Departamento de Justicia «contestó por correo electrónico que no se brindaba la autorización para aportar la información de FinCen» en Tribunales. Mucho menos, a la prensa. Pero ya era tarde. Los datos se habían hecho públicos, al igual que múltiples datos sobre su vida privada.
Canicoba lo incorporó al expediente, por lo que Sara Garfunkel y Sandra Nisman plantearon su nulidad, que rechazaron tanto Canicoba Corral como la Cámara Federal porteña. Ahora, el abogado de los familiares de Nisman, Pablo Lanusse, apelará ante la Casación, el máximo tribunal penal del país.
Ya con Sbattella fuera de la UIF -e investigado por la Justicia por la presunta manipulación política del organismo-, su reemplazante al frente de la unidad antilavado, Mariano Federici, intenta ahora restablecer el intercambio de información. Para eso viajará este lunes a Washington.
Federici buscará así avanzar las conversaciones para, una vez más, reactivar el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). El primer contacto se produjo durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, si todo marcha bien, podría restablecerse en tres meses, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION. De ser así, la Argentina habrá pasado un año sin recibir datos de inteligencia financiera de Estados Unidos para sus investigaciones sobre lavado y crimen organizado.
En la capital estadounidense lo esperarán las autoridades de la FinCen, que encabeza Jennifer Shasky Calvery, quien dejó atrás 15 años en el Departamento de Justicia y pasó al del Tesoro en septiembre de 2012 para tomar las riendas del organismo.
Según el Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, por sus siglas en inglés) que el Departamento de Estado difundió este miércoles, FinCen evalúa ahora sus «próximos pasos» ante la «seria ofensa» cometida por el gobierno argentino.
Las nuevas autoridades de la UIF, por su parte, intentan ahora determinar cómo fue la filtración. Y al final del proceso no descartan radicar una denuncia contra Sbattella -u otros ex funcionarios- por la presunta violación del secreto que impone la legislación.
Cuando faltan días para el arribo a Buenos Aires del presidente Barack Obama, sin embargo, la desconfianza excede a la UIF. Según ese informe del Departamento de Estado, se centra en la capacidad real que muestra el Estado argentino para aplicar las leyes, combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Entre otras causas, por la «corrupción institucionalizada».
Información sensible
Alberto Nisman
Ex fiscal de la Causa AMIA
La FinCen hizo llegar a Buenos Aires información de una cuenta no declarada en el banco Merrill Lynch a nombre del ex fiscal; su madre, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra.
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Junto con Juan Martín Mena (ex número dos de la AFI) llevó los datos confidenciales de la FinCen al juez Rodolfo Canicoba Corral y, casi en simultáneo, los difundió la agencia Télam.
Cristina Kirchner será indagada como sospechosa de fraude
La citó Bonadio por la venta de dólar a futuro, que provocó un quebranto al BCRA de $ 7500 millones; será la primera vez que deberá presentarse en tribunales; también serán interrogados Kicillof y Vanoli
La citación a la ex presidenta fue dispuesta por el juez Claudio Bonadio, que entendió que, más allá de la autarquía que rige las decisiones del Banco Central, fue ella quien dispuso la operatoria. Bonadio es uno de los jueces federales más activos contra el kirchnerismo y responsable de haber allanado meses atrás las oficinas de Máximo Kirchner en un caso de lavado de dinero contra su madre.
Es la primera citación como imputada que recibe Cristina Kirchner desde que dejó el cargo, pero no es la única acusación que enfrenta, pues es investigada en el caso Hotesur por sus negocios hoteleros y sus vínculos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
La denuncia que motivó la citación fue presentada por los jefes legislativos de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, pero la inspiró Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda. La ex presidenta deberá responder por el delito de administración fraudulenta por abuso de confianza, pues hay un perjuicio para el Estado.
Además de Cristina Kirchner, citada para el 13 de abril, deberán declarar el ex ministro de Economía Axel Kicillof el 12 de abril, el ex secretario de Finanzas Pablo López el 8 de abril, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli el 7 de abril, el ex vicepresidente del Banco Miguel Ángel Pesce el 6 de abril, y los ex directores Alejandro Formento, Sebastián Aguilera, Pedro Biscay, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Barbara Domato Conti y Flavia Madorrán en días sucesivos desde el 28 de marzo.
La citación a indagatoria a Cristina Kirchner implica una aceleración de las causas contra el kirchnerismo en tribunales. Hasta ahora los jueces federales venían profundizando sus casos contra los ex funcionarios en problemas, como Amado Boudou y Ricardo Jaime, pero ir contra la ex presidenta de este modo encendió una luz de alarma. Es que -analizaron algunos funcionarios judiciales en Comodoro Py 2002- se trata de un caso difícil de entender para el común de la gente y una medida que tensa el clima político en momentos en que el Gobierno busca la gobernabilidad dialogando con el peronismo en el Congreso. Una citación a indagatoria, sumada a la inflación creciente y el malestar de organizaciones sociales kirchneristas, puede generar una situación de inestabilidad no deseada por el Gobierno, analizan. De hecho el kirchnerismo ayer denunció una persecución política y anunció que el día de la indagatoria marchará en defensa de su jefa política.
Lejos de ese análisis, Bonadio decidió la indagatoria de Cristina Kirchner, como lo hizo en otras causas contra el propio Vanoli, Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi (ambos condenados por la tragedia de Once).
El juez basó su citación en los testimonios de Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado, del ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, de Lucas Llach y Horacio Liendo, entre otros. Bonadio entendió que la decisión de vender dólar a futuro en condiciones desfavorables fue de la ex presidenta porque razonó que así como la salida de Redrado o Fábrega del Banco Central fueron una decisión presidencial, lo fueron estas operaciones. Entre 2005 y 2014 el Banco Central las realizó legalmente, a veces ganando y otras perdiendo, hasta las efectuadas entre septiembre y noviembre de 2015, donde hubo un quebranto.
Con los informes técnicos en la mano, Bonadio afirmó que las operaciones del dólar futuro provocaron un quebranto de 7575 millones de pesos para el Banco Central en diciembre de 2015 y enero de 2016. Y que el Banco Central tiene que pagar por las operaciones abiertas desde febrero a junio próximos 39.879 millones de pesos. Ya pagó 1552 millones de pesos por operaciones realizadas entre septiembre y diciembre de 2015, y por los contratos activos de enero a junio de este año tuvo un saldo negativo de 27.724 millones de pesos. Todas las operaciones abiertas por dólar futuro entre septiembre y noviembre del año pasado fueron por 17.000 millones de dólares.
Más claramente el juez dijo que toda la emisión monetaria del 31 de diciembre al 24 de febrero se destinó a pagar el quebranto de las operaciones de dólar futuro concretadas por el BCRA.
La denuncia cuestiona que Vanoli, y el directorio del Banco Central, vendió dólares a futuro a un precio menor del que podría haber obtenido en el mercado. La ley lo obliga a vender a un precio de mercado. Los futuros cambiarios son contratos en los que un vendedor -en este caso el BCRA- se compromete a desprenderse de una cantidad de dólares a un precio predeterminado en una fecha futura. El Banco Central vendió moneda a futuro a 10,65 pesos cuando en el mercado de Nueva York el valor era de 14 o 15 pesos. En consecuencia, un inversionista podría haber comprado a 10 pesos y vendido a 14 pesos, con lo que habría obtenido una ganancia especulativa instantánea a costa del patrimonio del Banco Central. Estas operaciones se realizan sin la entrega física de los dólares: se liquida en pesos la diferencia entre el precio de cotización y el del contrato.
Prat-Gay, cuando declaró como testigo, dijo que todo el directorio del Banco Central tomó la decisión de aplicar esta política, lo que le dio base a Bonadio a citarlos a todos como sospechosos.
Kirchneristas en apuros
Seis ex funcionarios procesados por presuntas irregularidades
Daniel Gollán
Ex Ministro de Salud
Procesado por irregularidades en el plan Qunita
Aníbal Fernández
Ex Jefe de Gabinete
Procesado por las licitaciones del plan Qunita
Guillermo Moreno
Ex Secretario de Comercio
Procesado por el cotillón anti-Clarín
Juan Manzur
Ex Ministro de Salud
Procesado por el manejo del plan Qunita
Amado Boudou
Ex vicepresidente
Procesado por la apropiación de Ciccone
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Procesado por revelar datos secretos
En esta
Fuente: La Nación, 27/02/16.
CFK: 8 años como Presidenta y al menos 50 causas abiertas
Así figura en un registro de la Justicia. En siete de ellas se la investiga específicamente.
Por María Eugenia Duffard.
Fue la Presidenta de la Nación durante ocho años, tiempo suficiente, en Argentina, para acumular denuncias. En el caso de Cristina Kirchner y según el sistema electrónico de registro de la Justicia Federal, son al menos 50 las denuncias que se convirtieron en causas penales que aún están en trámite. A la ex mandataria la investigan, en la mayoría de los casos, por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y también enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este sistema de registro online es al que se refirió hace pocos días el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando advirtió que están trabajando para que sea más específico y abierto a toda la sociedad. Es que el registro electrónico, advierten en los tribunales de Comodoro Py, es solo indicativo y no exhaustivo. Así, por ejemplo, hay causas que aún figuran como abiertas pero que ya fueron desestimadas o archivadas y otras que no aparecen y están en trámite. Según pudo averiguar Clarín de la consulta a fuentes judiciales y el análisis del listado, la ex presidente está implicada en al menos 50 causas, pero son al menos siete en las que se la investiga específicamente y no como responsable última, por la investidura del cargo que ocupó entre 2007 y 2015.
Así, además de la investigación a cargo del juez federal Claudio Bonadio en la que ayer la llamó a indagatoria por la venta de dólar futuro, Cristina figura implicada en otras cuatro causas en ese juzgado. Pero la del dólar futuro no es la más famosa de las investigaciones que involucran a la ex mandataria en los tribunales federales. Quienes tienen los expedientes más complicados para Cristina son los jueces Julián Ercolini y Daniel Rafecas, del Criminal y Correccional Federal 10 y 3 respectivamente. Son ellos quienes la investigan por asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros cargos. Todo por la intrincada causa Hotesur. También Sergio Torres, del Federal 12, tiene dos causas sensibles para Cristina que apuntan a su patrimonio. En una se investiga si la Presidenta omitió declarar parte de lo que heredó tras la muerte de su esposo como denunció Margarita Stolbizer y otra en la que se averigua sobre el valor de sus joyas por denuncia de Graciela Ocaña. Cuando esta semana Rafecas se declaró incompetente en parte de esa investigación en la que había avanzado Bonadio hasta que fue recusado, aludió a otra causa a cargo de Ercolini desde 2008. Se trata de aquella originada por una denuncia de Elisa Carrió en la que se acusó a Néstor y Cristina Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats de asociación ilícita y lavado de dinero. Según Rafecas, es Ercolini quien debe incorporar como nuevos hechos en esa investigación, las presuntas maniobras de lavado con los hoteles de los Kirchner que figuraban en la causa Hotesur. Pero Rafecas se quedó con una parte de ese expediente e investiga a Cristina por irregularidades en el legajo de su empresa ante la Inspección General de Justicia y por inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2011 y 2012.
Mariano Federici: «Si no hay decomiso de bienes, el atractivo de utilizar el país con fines ilícitos es grande»
El flamante titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) evalúa enviar un proyecto de ley que permita la extinción de dominio para los activos provenientes del lavado y el narcotráfico.
Por Paz Rodríguez Niell.
El nuevo presidente de la unidad antilavado, Mariano Federici, dice que los narcotraficantes encontraron en la Argentina un lugar «seguro» para sus activos. En su primera semana al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), anuncia que prepara un proyecto de ley para favorecer el decomiso de los bienes vinculados al lavado. «Si no hay decomiso de bienes, el atractivo de utilizar el país con fines ilícitos es grande. La Justicia condena, aplica penas de prisión, pero no actúa sobre los bienes», afirma el funcionario. Federici es abogado y trabajó diez años para el Fondo Monetario Internacional.
-Usted le dijo al Financial Times que «los narcotraficantes prefieren trasladarse a la Argentina, ya que se sienten seguros con sus activos aquí», ¿por qué?
-Preferían, porque estaban dadas ciertas condiciones como para no disuadir la llegada de capitales provenientes de actividades ilícitas. Si uno tuviese activos que lavar, ¿qué jurisdicción elegiría? Una con una economía diversificada, donde haya mucho movimiento, buenos abogados y contadores, pocos controles y altos niveles de corrupción. Lo dijo también un jefe de la policía de Colombia: los narcotraficantes colombianos se sentían cómodos viniendo a la Argentina.
-¿Encontraron en la UIF legajos «cajoneados»?
-No puedo hablar porque tengo una prohibición legal.
Ernesto Sanz, Martín Lousteau y Fernando Sánchez presentaron una denuncia acusando de eso a su antecesor, José Sbattella.
-Estoy muy al tanto. Hemos encarado un diagnóstico completo de todas las áreas.
-¿Qué va a pasar con los empleados nombrados por Sbattella?
–En la UIF trabajan 243 personas. El promedio en las unidades de la región ronda las 100. Cuando asumió Sbattella no había más de 70, aunque es cierto que las responsabilidades de la UIF aumentaron: hoy colabora con la Justicia, querella y es el regulador y supervisor de todo el sistema financiero y no financiero en materia de lavado.
-En la administración pública se multiplican los despidos, ¿qué va a pasar en la UIF?
-Estamos analizando caso por caso. De las 243 personas, sólo dos son de planta permanente. Nuestra intención es despolitizar y profesionalizar la unidad. Aquellos que ingresaron con una intencionalidad política y no cuentan con un perfil técnico o se reajustan a la nueva visión, si es que tienen las capacidades, o tendrán que irse.
-¿Qué opina de la gestión de Sbattella?
-Creo que se trabajó sin una planificación adecuada y que la herramienta ha sido utilizada para fines políticos que no correspondían. Nosotros queremos dar un mensaje, garantizar a quienes vienen a hacer negocios lícitos que no va a tener que competir con quienes violan la ley. La unidad es además una herramienta muy importante para reposicionar a la Argentina en el mundo: la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo está en la prioridad de la agenda de todos los países que se toman con seriedad estos temas. Por otro lado, como reguladores del sistema queremos cambiar la relación con los sujetos obligados; bancos, entidades financieras y otros sujetos. La supervisión ha tenido un enfoque más bien represivo. La UIF ha ido a buscar problemas para buscar oportunidades de sanción y nosotros creemos que debería ser más preventivo, buscando colaboración para mejorar el cumplimiento. En definitiva, debemos restablecer la integridad del sistema y tenemos que partir de la base de que ése es un objetivo compartido o que debe serlo con los agentes.
-Pero muchas veces no lo fue…
-En esos casos el peso de la ley va a recaer sobre ellos.
-¿Cómo evitarán posibles conflictos de interés dado que la vicepresidenta de la UIF [María Eugenia Talerico] fue abogada del oficial de cumplimiento antilavado del HSBC, al que había sumariado la UIF?
-Ella aclaró que no fue abogada del banco y existen herramientas legales para que se excuse en aquellos expedientes en los que haya tenido una tarea como abogada. Hubo además un dictamen de la Oficina Anticorrupción donde quedó claro que no había impedimento ni para mí ni para ella de acceder al cargo.
-Se cuestionó el paso de un lado al otro del mostrador, ¿para usted aquello no implica un conflicto?
-No. Ella como abogada defendía los intereses de sus clientes. Si queremos profesionalizar la gestión pública tenemos que traer a los mejores.
-¿Cómo se va a comportar la UIF en casos de eventuales sospechas sobre empresarios amigos del Presidente?
-Nosotros tenemos el mandato y además hemos recibido la conformidad de las autoridades políticas del Gobierno de aplicar la ley sin distinciones.
-¿Qué quiere decir con conformidad?
-Fue un diálogo muy franco. Queremos realmente despolitizar la unidad. Lo ha dicho también el ministro de Justicia [Germán Garavano]. Eso implica tener el coraje y la voluntad de llevar a cabo las tareas que sean necesarias, aun en los casos que involucren al gobierno de turno.
-¿Preparan algunas reformas legales?
-No hay una cultura del decomiso en la Argentina y si no hay decomiso de bienes, el atractivo a utilizar el país con fines ilícitos en grande. La Justicia condena, aplica penas de prisión, pero no actúa sobre los bienes. Sería interesante una ley de extinción del dominio sin necesidad de una condena previa, que revierta la carga de la prueba ante la posibilidad de que un bien haya sido utilizado en relación con un delito. Que el supuesto titular del bien deba probar su titularidad y el origen lícito de los fondos. Otra prioridad es la protección de la inteligencia financiera en sede judicial. Si yo recibo información de alguna UIF extranjera, que no es para ser incorporada a un expediente como prueba, tengo que poder tener la protección ante un juez. Si no, se comprometen las relaciones bilaterales.
Sbattella renunció a la unidad antilavado con críticas a Macri
Era uno de los funcionarios que el Gobierno quería apartar; dejó su cargo con una carta en la que critica la decisión oficial por «desconocer las leyes» que le garantizan estabilidad en el puesto.
Por Hugo Alconada Mon.
José Sbattella presentó ayer su renuncia indeclinable como titular de la unidad antilavado (UIF) y se convirtió así en el tercer funcionario kirchnerista cuyo mandato debía extenderse durante los próximos años que decidió dar un paso al costado.
Tras casi seis años al frente de la Unidad de Información Financiera, Sbattella se sumó así al presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al responsable de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, cuyos puestos ambicionaba el gobierno de Mauricio Macri.
Entre los candidatos que ahora suenan para reemplazar a Sbattella al frente de la UIF aparecen Mariano Federici, un funcionario argentino del Fondo Monetario Internacional (FMI) con experiencia en el GAFI -el principal foro intergubernamental contra el lavado del mundo-, y Alicia López, quien fue la primera titular de esa unidad.
Sbattella comunicó ayer su decisión mediante un texto de nueve carillas en el que agradeció el apoyo de la presidenta Cristina Kirchner y criticó en duros términos al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014.
«Advierto con asombro y preocupación que la fuerza política que asume la conducción de la Nación muestra claramente su decisión de desconocer las leyes que pregonado respetar y que constituyó una de las consignas de su campaña política, desvirtuando en este caso el sentido y la norma», indicó el funcionario saliente, que calificó lo ocurrido como una «situación de gravedad institucional».
Sbattella también explicó que decidió renunciar al cargo tras reunirse con Esteban Conte Grand, un estrecho colaborador del flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, que le comunicó «la voluntad de las máximas autoridades nacionales de la necesidad de disponer del cargo».
Tras las renuncias de Sbattella, Vanoli y Bauer, la Casa Rosada buscará ahora concretar la salida de otros dos funcionarios cuyos mandatos deberían continuar durante la gestión macrista: la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, aunque ambos afirman que desean permanecer en sus cargos (ver aparte).
En el caso de Sbattella, en cambio, los indicios a su alrededor eran ambiguos. Por un lado, había comunicado a sus allegados que presentaría su renuncia si así se lo pedía el nuevo Gobierno. Pero anteayer había asumido como vicepresidente de Gafilat, el brazo del GAFI en América latina, cargo que ahora también deberá abandonar.
En su texto de renuncia, Sbattella aludió a esa designación de la Argentina en la vicepresidencia del Gafilat como uno de los logros de su gestión, y agradeció el «firme apoyo» de la ex Presidenta, «quien asumió el combate contra el lavado de activos como una política de Estado», afirmó.
Por el contrario, criticó al nuevo gobierno por vulnerar su mandato, establecido por ley. «Me refiero concretamente a la independencia de la conducción de la UIF respecto del resto de las agencias del Estado y del propio poder Ejecutivo», indicó Sbattella. «Ésa es precisamente la razón por la que el mandato de las autoridades de la UIF se cruce con el del presidente de la Nación», añadió.
El argumento de Sbattella, sin embargo, se contradice con su propia foja de servicios, ya que fue designado por la Presidenta y a lo largo de su gestión al frente de la UIF acumuló denuncias penales por su supuesta falta de independencia. En particular, por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política -en beneficio de Lázaro Báez y Sergio Schoklender, entre otros-, o de persecución política -entre otros, del Grupo Clarín o Francisco de Narváez.
José Sbatella
Protección a Lázaro Báez: La UIF comandada por Sbatella evitó denunciar a Epsur y Austral, empresas de Lázaro Báez sobre las que recibió Reportes de Operaciones Sospechosas.
Apuntado por Macri: Sbatella es uno de los funcionarios que el nuevo gobierno quería remover, como Alejandro Vanoli, Martín Sabbatella y Alejandra Gils Carbó.
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda a 30 años y su tasa, envidia de Venezuela y Argentina.
Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.
El proceso de Paraguay, sin embargo, no fue fácil ni automático. Requirió varios años hasta que sus finanzas estuvieran ordenadas y prolijas y el gobierno mostrara verdaderos signos de cambio hacia los estándares exigidos por los organismos multilaterales de crédito. Pero además, debía evidenciar transparencia en dos ejes que resultan fundamentales para quienes compran deuda: lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El gobierno de Asunción tenía pésimos récords en estas materias. Desde que en 2008 ingresara en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI, FATF, por sus siglas en inglés) por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que su situación se agravó. En ese informe, el organismo reprochaba a Paraguay las “importantes lagunas” respecto a “los riesgos en Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), tanto en el sector público como en el privado. El país está lejos de alcanzar la mayoría de las recomendaciones de GAFI”.
Pero la drástica evaluación no terminaba allí. También ponía el foco en el “cuantioso contrabando existente en las fronteras con la Argentina y Brasil (que) facilita el lavado de dinero en Paraguay”. Ese lugar, conocido como la Triple Frontera facilita el “tráfico de estupefacientes, el contrabando y la falsificación de mercaderías”. ¿Qué país podría querer invertir en Paraguay dadas la baja calificación y la situación que allí se experimentaba? Más aún cuando el gobierno no mostraba ningún avance en su lucha.
También el Fondo Monetario reprochaba a Paraguay su falta de tenacidad en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, el organismo de crédito hace referencia a las “cantidades de dinero que son enviadas periódicamente a Medio Oriente tanto a través de transferencias cablegráficas y otros medios informales”. En numerosas investigaciones periodísticas, Infobae explicó cómo funcionaba la ruta del dinero entre la Triple Frontera (y América Latina en general) y el grupo terrorista Hezbollah, cuyos miembros operan en la región.
Hacia 2008, incluso, Paraguay tampoco contaba con una legislación pertinente que le permitiera sancionar a aquellos que financiaran actividades terroristas. “No tiene disposiciones específicas que permitan congelar fondos de terroristas u otros activos de las personas y entidades jurídicas designadas”.
Estos puntos y la falta de esfuerzos dejaron a Paraguay al margen del mundo. Si bien era un país que nunca había experimentado una ingerencia internacional relevante, la apertura que pretendía el nuevo gobierno que continuó al depuesto sacerdote Fernando Lugo requerían un cambio financiero, pero sobre todo cultural en materia económica.
Al año de estar a cargo del gobierno, el ex presidente Federico Franco aprobó el “Plan Estratégico del Estado Paraguayo en su Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de destrucción Masiva”. Firmado el 11 de junio de 2013, el decreto del Poder Ejecutivo permitiría al país sanear su imagen en el exterior y conseguir que los mercados depositaran su atención en ese territorio desconocido para la mayoría del globo.
Para lograr el plan integral, Franco no sólo convocó a sus hombres de confianza, a todos los ministros y a los mejores técnicos que tenía disponibles la nación. También hizo partícipe del proyecto al sector privado. Fue así como la Asociación de Bancos del Paraguay, la Asociación de Casas de Cambios, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, la Asociación de Entidades Financieras, el Colegio de Contadores de Paraguay, la Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias y el Colegio de Escribanos del Paraguay fueron instituciones que contribuyeron desde su perspectivas a optimizar el plan trazado por el gobierno.
El ambicioso proyecto tenía el apoyo, además, del Banco Central de Paraguay, la Unidad de Información Financiera de Paraguay (UIF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional. Entre las misiones que se propuso el plan “interinstitucional”, Asunción buscaba “afianzar el prestigio e imagen del país ante la comunidad internacional” y “proteger la reputación del sistema financiero y de la economía”.
En el texto se enumeran además los “esfuerzos” que realizó Paraguay para salir de la “lista gris” impuesta por el GAFI que le impedía la llegada de inversiones genuinas. La reforma en el Código Penal, la llegada de comisiones internacionales de la OEA para fiscalizar los avances en la lucha contra la corrupción, también medidas tendientes a mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El trabajo conjunto con oficinas del GAFI y el Fondo fueron clave para acelerar los procesos y dejar atrás la temida “lista gris”. En diciembre de 2012, cuatro años después de haber ingresado, el “Pleno de GAFI removió a Paraguay de ese ranking “por haber cumplido las exigencias” de ese organismo.
Uno de los objetivos que tienen este tipo de regulaciones es atacar el corazón de las bandas delictivas internacionales. Paraguay entendió a la perfección que debía “privar a las organizaciones criminales y terroristas (de su) patrimonio -muchas veces cuantioso- para desarrollar sus actividades y afianzar su poder en territorio nacional, regional o global”.
En la oferta de la colocación de deuda de mil millones de dólares a treinta años, el memo descriptivo hizo referencia a las innumerables medidas que Paraguay había ejecutado en los últimos años “contra el lavado de dinero destinado a financiar el terrorismo al aprobar una importante legislación y el fortalecimiento de sus sistemas de controles y de supervisión”.
En tal sentido el memorando enumera que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) implementó “regulaciones relativas a las remesas que no fueran hechas a través de bancos u otras entidades financieras” y exigiendo “información en relación a lo transferido”. Por caso, ejemplifica con casos en que el gobierno sancionó a aquellas empresas que no cumplieron con los recientes requisitos impuestos por la administración. “Como resultado de ello Paraguay no es más sujeto de control por parte del GAFI”, señala el documento presentado por J.P. Morgan y el Bank of America Merrill Lynch.
Tiene 26 años y la designaron directora del Banco Nación: es la hija del ministro Agustín Rossi
María Delfina Rossi, hija del ministro de Defensa, se recibió de licenciada en Economía en Barcelona, donde vive desde el 2002 cuando se mudó con su madre.
María Delfina Rossi en su perfil de Twitter, junto a su padre.
María Delfina Rossi, hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi fue designada como directora del Banco Nación, según un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.
La joven, de 26 años, se recibió de licenciada en Economía en Barcelona, donde vive desde el 2002 cuando se mudó con su madre.
Además, realizó un master en Economía en Florencia, Italia, y tiene en España una activa participación política en movimientos de izquierda.
De hecho, la hija del ministro de Defensa tomó trascendencia pública el año pasado cuando integró la lista de la Izquierda Popular de España en las elecciones para el Parlamento Europeo, aunque no logró los votos necesarios para alcanzar una banca.
El decreto publicado hoy lleva la firma de la presidenta, Cristina Fernández, del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Economía, Axel Kicillof.
«Feminista, ecologista y de izquierda. Nacida en Argentina, politizada en Barcelona», se definía Rossi en su cuenta en la red social Twitter, según publicó el año pasado el diario El Ciudadano, de Rosario.
Ahora, su perfil señala: «Economist. Nacida en Rosario, Argentina. Politizada en Barcelona. Learning at UT Austin, TX. Working in D.C. at @thegfcc».
Para cumplir con la UIF, bancos exigen a clientes el origen de fondos por carta documento
Por Mariano Gorodisch.
Clientes reciben carta documento cuando le acreditan una suma extraordinaria, como una indemnización, pese a que en el banco les figura que viene por pago de haberes.
El director de una compañía, luego de acordar su retiro voluntario, recibió en su cuenta sueldo el importe acordado. A los pocos días, su banco le envió una carta docuemento para que explique el origen de los fondos de esa acreditación infrecuente, pese a que en el código de ese crédito les figuraba que venía por acreditación de haberes.
En la notificación que enviaron, hacían referencia que, en cumplimiento a la normas de la UIF, en los próximos diez días se debía presentar la documentación de respaldo de las operaciones realizadas en la entidad en el transcurso de ese mes.
Este no es un caso aislado. Por normas de prevención de lavado de dinero, los bancos deben enviar estas notificaciones a los clientes que tengan acreditaciones que no sean frecuentes, como puede ser el caso de indemnizaciones, o de bonus cobrados por buena performance.
Cada cliente tiene un perfil de acuerdo a determinada información sobre los movimientos históricos en el sistema financiero: Cuando se detecta un importe por encima de ese perfil, salta un alerta que obliga a los bancos a investigar sobre qué pudo haber sucedido. Lo cierto es que si el cliente no puede justificar ese movimiento, se dará de baja la cuenta y todo los bancos estarían al tanto de la situación, dice Alejandro Banzas, de Reporte Económico.
En las cartas documento los bancos piden, en caso de corresponder, que se presente los últimos tres recibos de haberes, últimas seis declaraciones juradas de IVA, último pago de monotributo, último recibo de haber jubilatorio, última declaración jurada de bienes personales y de ganancias, certificación de ingresos emitida por contador público, especificando el período analizado y la documentación considerada para su confección, inscripción a los ingresos brutos y, en caso de ser sujeto obligado, presentar la constancia de inscripción ante la UIF. Por último, advierten que, lamentablemente, en el caso de no presentar la documentación requierida, podrá originar el cierre o baja de los productos vigentes.
Los bancos reclaman a muchos de sus clientes, sea por mail o carta documento, información adicional a la que ya tienen en los legajos, en los casos en los que se den operaciones que están fuera del perfil diseñado para cada uno de los clientes. Muchas veces los clientes tardan en cumplir con los requerimientos o se resisten a hacerlo, entonces los bancos deben reclamarles de manera documentada para demostrar que están cumpliendo con sus obligaciones, recalca José Maria Salinas, director de FAPLA.
Además, Salinas explica que si esa operación inhabitual el cliente no la llega a clarificar, el banco está obligado a hacer el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF dentro de los 150 días corridos contados a partir de la operación. Muchos bancos han sido sancionados por no cumplir con estar normas y son inspeccionados permanentemente por el BCRA, que debe informar a la UIF.
La normativa internacional sobre Lavado de dinero requiere a las entidades tomar todos los resguardos que están a su alcance antes de convalidar o autorizar la entrada o salida de fondos de las cuentas de sus clientes, precisa Mariano Sardáns, presidente de FDI.
Banzas coincide con esta óptica: Cualquier operación sospechosa debe ser reportada, excepto que el cliente pueda demostrar con documentación respaldatoria que la operación está dentro del margen razonable. Asimismo, se debe considerar a todos los clientes, pero con mayor énfasis a los que recién ingresan al sistema financiero, ya que se debe tener el máximo conocimiento del cliente.
A su vez, las multas por irregularidades que vienen recibiendo las entidades financieras de parte de los organismos de control son cada vez más elevadas. Si no se justifican los movimientos en las cuentas, la consecuencia menos grave es su cierre. Las peores podrían ser la emisión de un ROS y hasta el congelamiento de los fondos, con posibles consecuencias penales, alerta Sardáns.
Confirman el procesamiento de un fiscal que benefició a Báez
Por Hernán Cappiello.
El fiscal antilavado Carlos Gonella y su segundo Omar Orsi vieron agravados ayer sus problemas con la Justicia y quedaron a las puertas del juicio oral y público. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos, por actuar en contra de la ley al dejar fuera de una investigación por lavado de dinero al empresario kirchnerista Lázaro Báez y su familia.
Los jueces de la Sala II del tribunal, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, entendieron que el fiscal federal y su colaborador cometieron el supuesto delito de prevaricato, al no incluir a Báez y quedarse sólo con una acusación inicial contra Federico Elaskar y Leonardo Fariña, los «financistas» que acusaron al empresario.
Ambos fueron procesados por lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello, que indagó a Báez por ese delito, pero aún no resolvió si lo procesa o no.
Esta causa se inició con el programa de TV Periodismo para todos del 14 de abril de 2013, cuando puso en el aire testimonios de Fariña y Elaskar, que dijeron que sacaron del país unos 60 millones de euros de Báez y los blanquearon. Luego se desdijeron. A raíz de ese programa, se abrió una causa, que recayó en la fiscalía de Guillermo Marijuan. El fiscal estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González. Gonella y Orsi colaboraron.
En un primer dictamen, en el que ambos participaron, dejaron fuera de la investigación a Báez y su familia. Ambos fueron denunciados y procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Los camaristas rechazaron la apelación del defensor oficial de ambos imputados, Martín Hermida, y confirmó embargos de $ 75.000 sobre los bienes de Gonella y Orsi.
Para los jueces, «resulta llamativo» que no hayan propuesto «la producción de ni siquiera una sola prueba» que podría llegar a rozar a Báez y a su círculo en Austral Construcciones SA, la empresa santacruceña beneficiada con obras públicas.
Añadieron: «También llama la atención que pese a tratarse de un proceso en el que se investiga el delito de lavado de divisas y más allá de esa irrupción, la Procuraduría especializada en la materia no haya vuelto a efectuar en esa causa otra presentación relevante en las cuestiones técnicas que hacen a su materia de actuación».
Gonella y Orsi, que pertenecen a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, fueron procesados por no haber imputado al empresario Báez en un requerimiento por supuesto lavado de dinero. Los camaristas criticaron la actuación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Dijeron que no realizó un análisis de los reportes de operaciones sospechosas que pesaban sobre Fariña y Elaskar y que los reunió y sólo los pasó al juzgado, sin un análisis crítico sobre su significado y contenido.
«El requerimiento fiscal que se incorporó a la causa no recogió con la amplitud debida los hechos revelados en las denuncias que generaron las actuaciones, sino que impulsaron una instrucción acotada sobre la base de reportes de operaciones sospechosas introducidos a la causa y sobre los que, en su mayoría, no se contaba con una conclusión asertiva por parte de los organismos de investigación especializados, como la UIF y Procelac».
Además dijeron que la incorporación a la causa sólo de estos reportes de operaciones sospechosas de Fariña y Elaskar «permitió encontrar una justificación para direccionar de modo limitado la investigación», con el argumento de que se apoyaba en los reportes, dejando de lado el contenido de las denuncias basadas en lo que había ocurrido en el programa de televisión.
Cuando el fiscal Marijuan regresó de vacaciones, amplió el requerimiento de instrucción para que abarcara a Báez y a su hijo Martín, que en la denuncia original aparecen como constituyendo sociedades en Panamá para transferir dinero a cuentas en el extranjero.
Una investigación del fiscal José María Campagnoli determinó que existieron movimientos de unos 60 millones de euros que salieron del país y se utilizaron para comprar bonos del Estado argentino, los que fueron vendidos y el dinero, depositado en las cuentas de Austral Construcciones en la sucursal del Banco Nación de Plaza de Mayo.
Estas constancias están incorporadas a la causa de Casanello que indagó a Báez porque Fariña dijo primero -y luego se desdijo- que compró en su nombre una estancia por cinco millones de dólares en Mendoza.
Gonella es uno de los fiscales más allegados a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien lo designó al frente de la Procelac y defendió su rol en el organismo, a pesar de que el Senado le dio acuerdo como fiscal federal de Formosa. En un discurso en diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner había elogiado a los fiscales por sus investigaciones contra la venta de dólares y operaciones de contado con liqui, consideradas luego legales por la Justicia.-
Carlos Gonella. Fiscal antilavado
Es uno de los más cercanos a la procuradora Gils Carbó y favorito de la presidenta Cristina Kirchner. Integra Justicia Legítima. Se sumó al control del sistema cambiario.
Favorece a Blaquier un fallo sobre delitos de lesa humanidad
Por Hernán Cappiello.
Carlos Pedro Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, el ex administrador de la empresa, fueron beneficiados ayer con un fallo de la Cámara de Casación Penal que revocó su procesamiento en la causa en la que estaban acusados como cómplices de los secuestros de vecinos y trabajadores de la empresa, ocurridos a tres meses del golpe de Estado de 1976 en Jujuy.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, entendieron que no hay mérito para procesar a Blaquier y a su ex empleado por delitos de lesa humanidad. Los camaristas declararon ilegal la designación del fiscal ad hoc de la causa Pablo Miguel Pelazzo, que de acusador particular (pues era querellante en representación de las víctimas) pasó a ser funcionario público para acusar en nombre del Estado. No obstante, convalidó su actuación.
Pelazzo, nombrado como fiscal ad hoc por el ex procurador Luis Santiago González Warcalde en 2012, ya había sido separado del caso por la Cámara de Salta.
Blaquier y Lemos habían sido procesados como partícipes de «La Noche del Apagón», ocurrida entre el 20 y 21 de julio de 1976, donde gendarmes secuestraron veinte vecinos del ingenio azucarero.
El eje de la acusación contra los empresarios se basó en testimonios que señalaban que camionetas de la empresa Ledesma fueron usadas para los secuestros ilegales y para trasladar a los cautivos.
Pero los camaristas entendieron que no estaba probado el dolo, es decir, la intención que requiere el delito, para entender que los acusados entregaron las camionetas a sabiendas de que iban a ser usadas en los veinte secuestros.
«No existe el mérito que un auto de procesamiento requiere para sostener que los imputados se habrían representado que hicieron un aporte que favoreció al hecho de que otro dolosamente haya privado ilegítimamente de la libertad a una persona», escribió el camarista Hornos, que desarrolló en extenso los argumentos a los que adhirieron con sus propias razones sus colegas Riggi y Gemignani.
Hornos descartó que fuera una prueba contra Blaquier el hecho de que existiera un conflicto gremial y la empresa investigara a sus trabajadores. «Aun la existencia de mecanismos de investigación para conocer la actividad gremial de los sindicalistas no se conecta de modo directo ni indirecto con la hipótesis a determinar; es decir, que los imputados se hubieran representado que los vehículos prestados serían utilizados por las fuerzas de seguridad para cometer las detenciones», escribió.
El directorio de Ledesma en un comunicado emitido anoche expresó: «Tal como venimos sosteniendo desde el inicio de estos injustos procesos, Ledesma S.A.A.I. no colaboró de ninguna manera con los delitos investigados, y está demostrado fehacientemente que ninguna de las detenciones producidas durante la dictadura tuvo vinculación con la empresa».
«No hay un mínimo de elementos probatorios que permitan considerar que los imputados Blaquier y Lemos se representaron que estaban aportando a la conducta dolosa de miembros de las fuerzas de seguridad», dijo Hornos, que entendió que fue arbitraria la valoración de la prueba que hizo la Cámara Federal de Salta al confirmar los procesamientos.
El juez Riggi dijo: «No es posible sostener que los imputados se hayan representado -con conocimiento y voluntad, es decir, con dolo- que estaban realizando aportes concretos a la conducta dolosa específica de los agentes estatales que llevaron adelante las privaciones de la libertad».
Gemignani, con citas del derecho alemán, entendió que no está en duda que se prestaron las camionetas de Ledesma, pero fue una asistencia que no puede ser relacionada con la colaboración para cometer un delito, explicó el camarista.
Revés para Sbattella en Papel Prensa
Un día después de que el juez federal Julián Ercolini rechazara citar a indagatoria a directivos de los diarios Clarín y LA NACION por la causa Papel Prensa, la Cámara de Casación Penal confirmó que la Unidad de Información Financiera (UIF), de José Sbattella, no puede ser querellante.
Los jueces dijeron que la UIF no acreditó un perjuicio por la venta de la empresa ocurrida hace más de 35 años, cuando no existía la ley de antilavado. Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Eduardo Rafael Righi confirmaron resoluciones de Ercolini y de la Cámara Federal, y le impusieron a la UIF pagar las costas del juicio.
«El impugnante ha procurado la aplicación retroactiva de un tipo penal que entró en vigencia casi 35 años después de ocurridos los hechos objetos del proceso», señaló el fallo. Los magistrados dijeron que la UIF «intentó disimular» la aplicación retroactiva de la ley y entendieron que la UIF no describió la maniobra de lavado invocada.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.