Consecuencias del Garantismo en la Seguridad pública

Por Ricardo Spadaro.

Invitado por el Foro patriótico a exponer en la Jornada en que se analizara el impacto de la Doctrina del “Garantismo” en la seguridad pública, formulé algunas reflexiones al respecto.

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Lo que sigue es un resumen de esa intervención, para su publicación por el Foro. No agota el tema, en tanto su objeto es simplificar una explicación sobre un tema que ha conmovido al derecho penal, al punto de alejarlo de su condición originaria, destinada a reflejar los valores que una sociedad resolvió preservar, dando significación negativa a las conductas que dañan la convivencia y las normales relaciones de las personas en sociedad y con el Estado, teniendo en mira central a la víctima y su reparación sin descuidar el destino, sanción y rehabilitación del delincuente. Todo, en un justo equilibrio amparado en la Constitución.

En ese quehacer, se fueron construyendo y perfilando los conceptos nucleares del Derecho penal a partir, inicialmente, de una visión centrada en el Delito y la Pena (desarrollos desde Von Listz, Beling, Binding y otros autores en Alemania) sistema destinado por von Liszt a lograr seguridad desde la correcta aplicación de la ley, alejando la arbitrariedad del Estado. La escuela dogmática se desarrolla ajena a las incidencias antropológicas o sociológicas del delito. El objeto de estudio transita entre la norma penal y la conducta punible, en tanto acción u omisión antijurídica cuya consecuencia es la pena por haber actuado con culpabilidad (responsabilidad) Reconoce en la pena una función de prevención por la amenaza de sanción y retributiva, dado con la aplicación de la sanción implicaría, de algún modo, enmendar la infracción precedente.

En paralelo se desarrolla en Italia un movimiento más acentuado en la criminología, lejos de lo que luego sindicaría Lombroso desde sus prejuicios, acerca del hombre delincuente. En esa lista de autores relevantes sobresalen Carmignani, Romagnosi y Carrara, el francés Rossi, el propio alemán Feuerbach.

Buscan y debaten acerca del fundamento de la pena, bajo la influencia del pensamiento Kantiano (esencialmente su concepción moral y ejemplar de la conducta como fuente de seguimiento universal) buscando, bajo ese paradigma, diseñar la arquitectura conceptual del delito.

(«La facultad de juzgar prácticamente es muy superior a la de juzgar teóricamente. En esta última, cuando la razón común se atreve a salirse de las leyes de la experiencia y de las percepciones sensibles, cae en simples incomprensibilidades y contradicciones consigo misma…En cambio la facultad de juzgar prácticamente comienza mostrándose ante todo muy acertada cuando el entendimiento común excluye de las leyes prácticas todo motor sensible» Fuente: Kant. Metafísica de las Costumbres https://www.filosofiayvida.com/kant-la-moral)

Carrara se constituye en la figura central de esta corriente; al respecto dice el profesor Ramos Mejía en “La teoría del delito desde Von Liszt y Beling a hoy” que

“Considera al delito como un ente jurídico, cuya esencia consiste en una pura infracción a la ley penal, en una pura relación de contradicción entre el hecho y el derecho. Y piensa que la pena es la retribución de la culpa por el delito cometido y una tutela del orden jurídico. De ese carácter retributivo había hablado antes Kant, para quien la pena era un imperativo categórico, y debía cumplirse aún en el caso extremo de disolución de la sociedad y dispersión de sus miembros. Y así se construyó una ciencia penal eminentemente jurídica que aspiraba a sentar principios de validez universal.”

Pero, lo cierto es que para estructurar el sistema y volviendo a Liszt, hay que deducir previamente de la ley los elementos constitutivos del delito, quedando formulada así la visión binaria (delito/pena) para luego evolucionar al esquema tripartito, al introducirse vía debates de varios autores, un tercer elemento integrador: la Responsabilidad que vincula necesariamente el acto a la consecuencia.

En un positivo avance integrador de la dogmática penal, en el tema de la responsabilidad, encuentra su vía el garantismo al introducirse en su examen y adueñarse de sus contenidos, alcances y perfiles, para crear, desde una crítica severa y aparentemente muy atinada en algunas cuestiones sociales y políticas, una vía de disolución de la criminalización y condena del delincuente.

En tanto esa crítica es adecuada desde la Ciencia Política como plausible y necesaria de atender, no lo es, de modo alguno, ni puede representar un supuesto determinista del derecho penal (aunque lo fuere en la ciencia política y para otros actores) que deban concluir –como ha ocurrido– diluyendo la respuesta penal al incluir otros dos actores en el banquillo del acusado:

1. La Sociedad, por un lado, como cuna de desigualdades, que herméticamente pareciera impedir el libre ascenso del más desvalido al acceso a los bienes que se crean y se concentran en unos pocos que obstan a aquellos. En el otro arco de corresponsables, aparece…
2. El Estado, imputado de no hacer efectivos los derechos y garantías que se explicitan en la Constitución. Si ella dice garantizar trabajo, educación, salud, educación etc., crea el enunciado como operativo, que debería dar a esas prescripciones para todos. Cuando un segmento cada vez mas amplio de los administrados desfallece en la miseria, algo ha fallado en la Sociedad y el Estado. Es cierto: pero es un tema de la ciencia política y no de la ciencia penal.

He visto que diversos autores enrolados en el garantismo, afirman que su primer autor fue César Bonessana, Marqués de Beccaria en su recordado “De los delitos y de las penas” (1764), “Dei Deliti e delle Peneo”.

La realidad es que la visión de este autor estuvo encaminada a señalar los verdaderos inicios de la dogmática penal, sin sesgo alguno al esbozar una serie de principios que dan lugar a la evolución del sistema, incorporando lo que desde ese momento comienza a definirse como carta de derechos básicos ante la incriminación penal y el ejercicio del ius puniendi por parte del estado.

Diría que se enuncian los principios básicos del derecho, tales como:

1. Principio de legalidad (Garantía tipicidad y de pena asociada con límites)
2. Principio de irretroactividad de la ley penal (Rige la hipótesis mas benigna y siempre hacia el futuro las nuevas reglas)
3. Principio de no analogía. (Es una regla esencial vinculada a la tipicidad que importa no poder el juzgador extremar o desorbitar via interpretación la regla estricta de la descripción del hecho punible)
4. Beccaria incorpora en su obra también reglas destinadas a permanecer en la disciplina penal: Investigación de la verdad a través de procedimientos que incorporen oficialidad, imparcialidad, la celeridad y la publicidad, fulminando cualquier exceso y crueldad en el castigo. La pena debe existir, pero más que su severidad, crear la certeza de que quien delinque, será penado y deberá cumplir la sentencia por la guía de una sanción con la proporcionalidad entre el delito y la pena.

En esta visión de Becaría siempre está la noción de separación de poderes, sin renegar de la punición ni inclusive de la pena de muerte (en dos supuestos: Grave amenaza al Estado o que el individuo sea en sí mismo una amenaza social irrecuperable). La pena cumple una función de prevención y advertencia; pero no reniega de ella realmente como castigo en función de su utilidad a ese fin.

(Responsabilidad. en cuanto crímenes internacionales, es otro tema que conviene recordar, por su ulterior manipulación en el derecho positivo interno de varios países, incluido Argentina:

“El artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg estableció las bases jurídicas para el enjuiciamiento de individuos acusados de los siguientes actos:

Delitos contra la paz: planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión, o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados.

Delitos de guerra: violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. A continuación se da una lista de ellos, en la que se incluyen, inter alia , el asesinato, el maltrato o la deportación para trabajar en condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se encuentre; el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas que se hallen el mar; la ejecución de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción injustificable de ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares.

Delitos contra la humanidad: el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes de la guerra o durante ella, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando sean cometidos al perpetrar un delito sujeto a la jurisdicción del Tribunal o en relación con tal delito, e independientemente de que el acto implique o no una violación del derecho interno del país donde se haya cometido». Por lo que atañe a la jurisdicción ratione personae , ésta cubría a los «dirigentes, los organizadores, los instigadores y los cómplices» que hubieran participado en la preparación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer cualquiera de esos delitos; todos ellos quedaban incluidos en la frase: «serán responsables de todos los actos realizados por cualesquiera personas en ejecución de tal plan» . Fuente: La evolución de la responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional- 30-09-1999 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Eduardo Greppi. En este tipo de juzgamiento considerar al tiempo del juzgamiento, si el individuo tuvo la opción moral de negarse a cumplir la norma arbitraria (Principio IV del texto de la CDI) ya que no se no se exime de responsabilidad al individuo «si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción”.

Evolución del derecho Penal

Estimo que Alemania dio los avances mas significativos en el desarrollo de las cuestiones que hoy se conocen como visión bifronte o binaria, respecto de los temas fundamentales de las que debe ocuparse la ciencia penal:

El Delito: Su estudio partirá del análisis de los catálogos de conductas y resultados que una sociedad considera como disvaliosos o de riesgo para su convivencia en paz. Desde de esta estimativa y de los aportes de Becaria reseñados, surgirán sus contenidos liminares:

. Tipicidad: Es descripción de la conducta incriminada y derivación del principio de legalidad. El silencio o ausencia del tipo, es libertad. (Su mejor desarrollo se encuentran en Beling, quien precisa los alcances y contenidos del Tatbestand, como comprensivo del tipo y de la norma que caracteriza sus elementos integradores o supuesto de hecho que describe la ley creando el presupuesto jurídico que agrega como consecuencia la pena constituyendo los «elementos esenciales de una infracción» como luego completa Binding. (Fuente: La herencia de un clásico: Beling y la doctrina del «Tatbestand». PABLO SÁNCHEZ-OSTIZ. Catedrático de Derecho Penal/Universidad de Navarra. Recomiendo su lectura dado que el tema de la tipicidad sigue planeando debates. Personalmente creo que su mayor significación se encuentra en el silencio de la Ley; es decir sin figura disvaliosa captada en un tipo penal, existe libertad y está vedado al Estado incriminar por vía de analogías o creaciones posfacto.

. Antijuricidad: Donde se plantea el conflicto que provoca la conducta cumplida en el tipo al colisionar con el orden jurídico, que define desde una prohibición implícita (no matar) una conducta positiva punible (el que matare a otro) e implica que rige un deber cuyo incumplimiento o desconocimiento activa la respuesta sancionatoria del Estado

. Imputabilidad: Presupuestos de comprensión y libertad de acción que existen al momento del hecho punible y ausencia de causas de exclusión de las mismas. Implica en concreto la capacidad de ser responsable.

. Culpabilidad: Asunción del hecho en función de haber querido el resultado o su representación aceptada (Dolo y sus variantes); no haberlo querido pero su actuar careció de prudencia, conocimiento exigible u obrar con riesgos innecesarios o en desacuerdo con las reglas técnicas o científicas que debió observar (culposo) o bien, iniciada la acción de riesgo se produce un resultado mas allá de lo deseado o representado o de la intensidad de la acción misma cumplida (preterintencional)

Estos enunciados representan la Ciencia Penal en los albores de su sistematización científica (al inicio de la dogmática, ya que luego se entrelazan múltiples temas asociados y debatidos a cada uno de los elementos constitutivos de la definición y que exceden este enfoque) la concepción que exige, como requisito de pena, a una conducta disvaliosa que resulte típica (la ley ha realizado la descripción previa en el tipo que merece reproche), antijurídica y culpable. Verificada la existencia del tipo, sigue el análisis de la antijuricidad, que representa al conflicto de la acción con la norma, en tanto ésta ha lesionado o puesto en crisis o en peligro, sin justa causa, el bien u objeto protegido por la Ley; es decir los valores y derechos tutelados. Por ello, se infiere que, habiendo tipicidad, existe en ella la antijuricidad que luego tiene como consecuencia a la pena, cumplida la evaluación de imputabilidad y discernido los títulos ulteriores de la culpa (dolo, culposo o preterintencional).

Concordancia: “La antijuridicidad, lo mismo que la culpabilidad es un elemento del delito, y el tipo identifica en su descripción las conductas antijurídicas. Dicho de otro modo, la antijuridicidad debe reflejarse en el tipo. Lo importante es tener en cuenta como se presenta la relación que existe entre antijuridicidad y tipo”. Fuente: Tipicidad Y Antijuridicidad. Anotaciones Dogmáticas. Criminal typification and unlawfulness. Dogmatice notes. Álvaro Salgado González

2) La Pena

La dualidad (Delito/Pena) en Alemania, dice el profesor Günter Stratenwerth: “La función del Derecho Penal como una parte específica de todo el orden jurídico, está determinada por su objeto, el comportamiento criminal, así como por las consecuencias jurídicas previstas para el mismo. De ambos elementos se deducen, al mismo tiempo, los límites del Derecho penal, con respecto a otras ramas jurídicas. (Stratenwerth, Günter. Derecho Penal Parte General, I El Hecho Punible; Traducción de la 2ª Edición Alemana (1976) de Gladys Romero)

Tránsito de la visión dual a la tripartita:

Se introduce el debate sobre los alcances y contenidos de la Responsabilidad.

El Delito. Generador del conflicto que realiza el supuesto del tipo penal al ejecutar una conducta antijurídica. Colisión del hecho humano con la norma que describe la acción disvaliosa

La Responsabilidad: Como capacidad de asumir las consecuencias. Si el sujeto es imputable, será penalmente responsable; si y sólo si, se acredita su culpabilidad a título de dolo culpa o preterintencionalidad y

La pena: respuesta de la sociedad agredida y luego de la declaración de responsabilidad será la consecuencia constituida en una imposición de sanción por su atribución (ya fuere según la doctrina interpretada como una retribución, disuasión a futuro, castigo, mensaje de prevención, reparación etc.).

La pena, es la consecuencia de la declaración de responsabilidad en la comisión de un delito; sin omitir eventualmente las Medidas de Seguridad en los casos que así ameriten.

La imputabilidad precede al análisis de la responsabilidad y se integra con dos elementos o dimensiones:

1. Intelección valorativa: la capacidad de reconocer e identificar la condición de injusta e ilegal de esa conducta expresada en el hecho imputado; es decir que se percibe lo injusto del hecho y,
2. una volitiva: luego de comprender la ilicitud, proceder según su propia autodeterminación.

Ambos elementos se exigen expresamente por el Derecho penal alemán. “Esta caracterización de la imputabilidad ha venido a sustituir la noción históricamente anterior de la misma, como capacidad de conocer y querer. Se ha advertido que también los inimputables pueden conocer y querer el hecho” … (Welzel, Ob Cit)

Hasta la irrupción del garantismo, la jurisprudencia colombiana en la Corte Constitucional definía concretamente lo que la ciencia penal, sin esas desviaciones en la consideración del fondo de la cuestión: (al emitir una decisión jurisdiccional sin el aditamento Sociedad y Estado, que terminan nulificando la respuesta penal)

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad –que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (CP art. 230)– es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”. Corte Constitucional Colombia, en la sentencia C-591 de 1993.

Consecuencias: Se produce, con la irrupción del Garantismo, el apartamiento de la imputación individual al autor, al incorporar la cuestión del rol social y estatal precedente con respecto a las condiciones que han creado, gravitando en las opciones de realización como persona del sujeto devenido en criminal

La responsabilidad puede por ello ser social, (aún más lejos de cuando el sujeto es adolescente o inimputable, donde de hecho es así

Para concluir este paisaje muy abreviado, hay otras interpretaciones que se agregan en el estudio del Delito, Responsabilidad y Pena. Son las corrientes causalista, finalista y funcionalista que han agregado más complejidad a la feria del delito.

Diferencias entre CAUSALISMO y FINALISMO

CONDUCTA

CAUSALISMO

FINALISMO

Si hubo movimiento voluntario o abstención, dirá que hay conducta, simplemente con esa afirmación; quiere decir que al juez causalista no le interesa el fin que tuvo el sujeto al mover el brazo, simplemente se limita a verificar si hubo movimiento; si lo hubo seguirá analizando el tema.

No sólo observará si hubo movimiento, sino si este movimiento respondió a una finalidad; si estuvo presente el aspecto interno y el aspecto externo.

TIPICIDAD

CAUSALISMO

FINALISMO

Concibe a la tipicidad en un punto menormente objetivo, porque la tipicidad es, para la teoría causal, la descripción que da la conducta prohibida hace la norma: al que matare se le impondrá una pena, tipicidad objetiva: si Juan mueve el brazo, es conducta, si esta conducta dispara el arma con el resultado muerte, es prevista por una descripción de la norma (Art. 79 C.P.)

Para estos es compleja porque el tipo para el finalista es objetivo y subjetivo, y esto se compadece con el espíritu de la tarea fina se introduce más en la esfera del pensamiento del individuo, por eso es que la tipicidad para el finalismo es objetivo – subjetivo, es decir, no sólo es descripción de la conducta prohibida sino que además el tipo penal contienen esa descripción; la intención del sujeto que la comente.

Objetivo: descripción de la conducta.

Subjetivo: que contiene la intención o no del sujeto que la comete. Entonces, frente a este caso de Juan mata a Pedro, el juez finalista ya sabe si es doloso, intencional o no intencional – culposo.

ANTIJURICIDAD

CAUSALISMO

FINALISMO

Para ambas no hay diferencias.

Igual

CULPABILIDAD

CAUSALISMO

FINALISMO

En la culpabilidad vas a analizar si Juan actuó con dolo o culpa, es decir, con intención o con negligencia; lo que el juez finalista ya había analizado en la tipicidad. Es para el causalismo una relación psicológica entre la conducta y el resultado. Es saber si actuó con o sin intención. Esto ya lo había analizado, o sea, si Juan actuó con dolo o culpa. Entonces queda un tema que es el reproche. La mera responsabilidad de la conducta típica y antijurídica. Va a analizar si la conducta típica y antijurídica puede serle reprochada.

Teoría causalista:

Franz Von Liszt (Tratado de Derecho Penal y otros escritos) estima que la conducta “motora del hombre que produce un resultado por el cual debe acreditarse en la pena asociada al hecho provocador de la alteración exterior en las relaciones; la atribución de responsabilidad exige verificar relación entre la causa y efecto mediante un nexo causal”. (Al respecto se abre otro laberinto de opiniones acerca de que debe comprender el nexo causal…)

El delito sucede desde una acción u omisión causal, exteriorizada por un movimiento, o ausencia de movimiento, corporal voluntario. Liszt aceptaba como esencial, una conducta que, al modificar una relación de equilibrio, provoca un daño/ resultado que altera el mundo exterior de un modo relevante, siendo suficiente para explicar la relación rumbo a la pena.

La “acción” como causal natural en el delito, se funda en el estudio del Código Penal Alemán de 1871, cuando entiende al delito como la acción sancionada por las leyes penales diseñando su doctrina desde un enfoque naturalista, causalista, respecto al acto o acción humana. Pero…quedan sin respuesta la tentativa y otras inconsistencias

Desde esta posición se bifurcan otros enfoques sobre la estructura de la Causa: es meramente natural derivado del obrar y sus consecuencias, o bien debe haber un nexo de voluntad que desplaza la mera acción mecanicista. Una u otra orientación provocará nuevas exigencias al momento de la estimativa del caso.

Teoría del finalismo

Hans Welzel al estudiar al delito considera a la acción de un modo ontológico (centrado en la naturaleza del ser y no solamente una cuestión física de resultado); afirma por ello que

” … la causalidad es ciega, mientras que la finalidad es vidente; entiéndase por esto, que el hombre se propone fines en base a su conocimiento de las leyes naturales, por ende, puede anticipar el curso y resultados de su actividad por determinación hacia “lo deseado”.

La acción dice Welzel “es actividad humana final… la finalidad o el carácter final de la acción se fundamenta en que el ser humano (gracias a su saber causal) puede prever (desde luego, dentro de cierto límite) las consecuencias posibles de su actividad. Por tanto, puede fijarse fines distintos y encauzar su actividad (conforme a su diseño) a la obtención de esos fines.”

Al introducir un móvil, cobra relevancia el grado de conocimiento de la ilicitud que tiene el imputado y en base a éste, su acción prosigue deseando ese resultado.

Surgen determinaciones tales como el error del tipo, error de prohibición, y otros supuestos que se incorporan a la teoría del delito.

El delito nace técnicamente desde una valoración ético-social, en donde ocupa un rol central la culpabilidad como elemento del delito, analizando la peligrosidad del individuo en relación a su propia culpabilidad.

Hans Welzel excluye de la culpabilidad al dolo y la culpa, trasladándolo a la acción como consecuencia natural, ubicado la teoría la acción como perteneciente al tipo; tanto el dolo y la culpa se consideran al estudiar la conducta y el tipo, mientras el causalismo ubica al dolo como elemento de la culpabilidad. Integran la corriente entre otros Helmut Mayer, Nicolai Hartmann y Richard Königsberg,

Otras versiones continúan el desarrollo: finalismo ortodoxo, finalismo radical, finalismo formal, finalismo material y finalismo valorativo, se suceden desde 1930.

(Welzel critica al Causalismo afirmando que el hombre desde el conocimiento que posee, expresa una voluntad que contiene un fin, que se incorpora en la evaluación de la conducta criminal. Sin embargo, este enfoque no explica los delitos culposos que quedan fuera de la previsibilidad deseada; las respuestas fueron por ambas vías, insuficientes.)

Welzel requiera en el Objeto del derecho penal: “La misión del derecho penal consiste en la protección de los valores elementales de conciencia, de carácter ético-social, y sólo por inducción la protección de los bienes jurídico-particulares. La cuestión central en la discusión entre causalismo y finalismo se ubica en la viabilidad de verificación empírica (posibilidad o imposibilidad) de la intención en la acción misma”

Funcionalismo:

Corriente iniciada en 1930 en Inglaterra desde la sociología y antropología que sostiene la necesidad de preservar el orden normativo en la sociedad, afirmando que el derecho penal supone, “el cumplimiento de una función social”.

Observa el presente y a partir de allí se entrecruzan diversas posiciones con asiento en la sociología y en especial en autores como Parsons y Merton. Es decir que, desde un saber extrajurídico, estos autores, Jakobs y Roxin se sumergen en la ciencia penal. Debaten estructuras, sistemas etc. Dan respuesta a algunos vacíos en las visiones causalista y finalista (por ejemplo, sobre los delitos culposos e incorpora otros conceptos ya indicados).

Protestan al legislador indicando que el tipo penal debe tener un anclaje en la política criminal de modo que sea eficiente en resolver las inquietudes de la Sociedad. La punibilidad es un mero instrumento destinado a realizar los fines de la pena. (Dice Jakobs:” … las normas jurídicas serían “expectativas del comportamiento contrafácticamente estabilizadas”; el delito, una comunicación defectuosa que quebranta la vigencia de la norma; la pena, es un instrumento de aseguramiento contrafáctico y cognitivo de la vigencia de la norma” (. JAKOBS, Günther, “Sociedad, norma, persona; en una teoría de un Derecho penal funcional”)

Misceláneas sobre Jacobs: su inquietante aporte sobre un eventual derecho penal del enemigo ha quedado reflejado en lo siguiente:

“….En ese sentido, Jakobs explica que cuando un orden jurídico no dirige la conducta de las personas porque no las conmueve y no condiciona su comportamiento, es decir no logra la configuración de la sociedad, carece de realidad social, y ese fenómeno se reproduce en el derecho en sí mismo respecto de las situaciones que crea, por ejemplo respecto de la persona, de manera que si desaparecen efectivamente las expectativas serias de conducir o guiar la conducta de una persona, porque ese sujeto delinque grave y persistentemente, esa calidad, la de persona, degenera hasta convertirse en un mero postulado y allí aparece el sujeto que ha decidido abandonar el derecho, individuo peligroso que por propia decisión pierde el status de persona porque elige ser enemigo. En esas circunstancias y respecto de ese tipo de criminal-enemigo, el Estado no solo impone una pena, sino que además y sobre todo le impide que siga cometiendo otros delitos en el futuro a través de la custodia de seguridad en cuanto medida de seguridad como respuesta a la peligrosidad del sujeto antes que a su culpabilidad, es decir que la decisión que la sociedad toma frente a ese enemigo, es, tal cual la propuesta de Kant, separarse de quien no quiere vivir bajo el imperio del ordenamiento jurídico y político que nace en la constitución, ese que perturba y amenaza de manera peligrosa. Jakobs textualmente dice: “A quien persistentemente delinque una y otra vez, siendo sus delitos más que bagatelas, se le impide, en cuanto a un individuo peligroso (aparte de la imposición de la pena), cometer ulteriores hechos, concretamente, a través de la custodia de seguridad. Hablando en términos kantianos: hay que separarse de quien no admite ser incluido bajo una constitución civil”. “Para el citado autor, este esquema que denomina Derecho penal del enemigo, está dirigido hacia un prototipo de criminal persistente y peligroso cuyo máximo exponente, sin descartar otros, es el terrorista, de esa manera explica que la denominación particular de este derecho no siempre pretende ser peyorativa, sino que “Ciertamente, un Derecho penal del enemigo es indicativo de una pacificación insuficiente; sin embargo, ésta no necesariamente debe achacarse siempre a los pacificadores, sino puede que también a los rebeldes…” Fuente: LOS ENEMIGOS DE JAKOBS Por Isidoro J. M. Aramburú Revista Pensamiento Penal)

Dice luego Aramburu que se emplaza al “Derecho Penal como dos polos antagónicos en un mismo universo, es decir que conviven simultáneamente dos políticas criminales, una dirigida hacia la culpabilidad del ciudadano buscando restablecer la vigencia plena de la norma cuestionada y otra dirigida a combatir y eliminar la peligrosidad amenazante del sujeto considerado enemigo…” Recomiendo su lectura completa en la revista del Pensamiento Penal.

El garantismo

El marco imprescindible para entender sus significados, me parece deben partir de la sociología. Mariano Hernán Gutiérrez en su escrito “En memoria de Robert K. Merton “, nos aporta un análisis donde encuentro un precedente, al que seguramente acudieron los impulsores de esta doctrina llevada luego al derecho penal.

Dice Gutiérrez:

“Robert Merton. Uno de los sociólogos más importantes del siglo y cuyo aporte en el estudio de la cuestión criminal fue de un peso decisivo para el desarrollo de esta pretendida “ciencia” de la criminología, particularmente de su inscripción en el ámbito de las ciencias sociales y su deslegitimación en el ámbito de las ciencias naturales. No fue Merton el primero en hacer de la cuestión criminal un objeto de estudio sociológico. Pero con su obra “Teoría y Estructura Social” (1949) da un vuelco al rumbo al que parecía destinada la criminología en el siglo XX. Su propuesta, que nace a partir de profundizar el concepto de “anomia” de Durkheim y que se enmarca en el funcionalismo propio de éste, podría resumirse en que la mayoría de las transgresiones pueden explicarse como un problema de combinación de dos variables: la presión social hacia un hombre por conseguir determinadas metas (valores que suelen ser comunes al grupo social) y la amplitud de los medios legítimos para obtenerlos. A través de esa combinación de variables y de los resultados que producen en cada caso, se puede entender la producción de un sujeto “innovador” (delincuente por ambición), de un adelantado moral, de un “rebelde cauteloso”, de un retraído (perdedor resignado), de un ritualista, etc. “Merton introduce con sus conceptos la primera crítica a un sistema político desde la criminología, denunciando en Estados Unidos la fuerte presión social por el ascenso (en general mesurable monetariamente), y los medios desiguales para lograrlo. Además, introduce en su teoría conceptos que -junto con los de la escuela de Chicago- darán lugar al estudio de las subculturas. Merton advirtió que su teoría era sólo de alcance intermedio, y que trataba de crear un instrumento que sirviera para conectar las grandes teorías sociológicas (Durkheim, en su caso) al estudio de los casos empíricos. Luego, muchos de los alcances de su obra puedan ser puestos en duda, con su propuesta analítica, tiene el gran valor de aportar un método científico -y por lo tanto el valorable status de cientificidad- al estudio empírico del crimen (o la transgresión) como un problema netamente social…”

El Garantismo, como ya adelantara, actúa sus postulados en la Responsabilidad. La aplicación de la pena, sólo debe representar una opción extrema en el proceso de juzgamiento, ajustada con proporcionalidad concreta al daño causado. Se ha dicho al respecto que se trata de admitir un Derecho penal mínimo.

En cuanto a la responsabilidad, rechaza que se derive solamente de las condiciones individuales del acusado, a quien coloca más próximo a ser una víctima que victimario. Ello ocurre por la presencia de dos virtuales coautores de su infortunio: El Estado, que como garante de derechos no ha cumplido (trabajo, educación, vivienda, igualdad etc.) y la Sociedad que en su espíritu no solidario concentra riquezas y por} privilegios en sectores acomodados, para que en derecho penal tradicional solo se ocupa de proteger sus intereses.

Sigue un desenvolvimiento aferrado a criterios sociológicos y políticos, completamente desbordados en la ciencia Penal. No por no existir crueles asimetrías, resulten no obstante y a la postre, una inversión deformante del análisis criminal, al extremo de crear una real disolución tanto del ius puniendi como de ser útil para armonizar una situación de seguridad en la convivencia. Sostiene, que no puede derivarse la persecución penal desde las características personales del imputado, reclamando un derecho penal donde el autor responda por lo que hace y no por lo que es. Sería un derecho penal del autor y no un derecho penal de autor… ¿Y entonces…?

(Los métodos más adecuados para investigar los alcances y desarrollo del garantismo para consolidar con bastante éxito sus posturas, desplazando la dogmática jurídica alemana y de la criminología italiana, parte de identificar como fueron empleados tres procedimientos con elevada eficacia: Trashing, Deconstrucción y Genealogía histórica, como herramientas para difundir la posición en el derecho penal, vestida como tal (ciencia penal), siendo que es visible la trasposición de premisas, enunciados, consideraciones y desarrollos de otras disciplinas ajenas a la dogmática penal.

Trashing (destrozando) permite desentrañar el mensaje ideológico detrás de la supuesta tesis científica donde se desenvuelve la crítica al sistema que desea sustituir. En general se ataca el discurso teórico objetando, con apariencia de neutralidad y objetividad, los supuestos que se busca neutralizar (por ejemplo, Causalismo y finalismo) instalando que solo han existido reglas derivadas de elecciones de sustento ético y político que encubren o sirven a intereses sectoriales o de clase, para conservar privilegios. La conclusión inferida es obvia: La norma que deriva desde ese papel, nunca podría ser justa y universal.

La deconstrucción: es el modo de señalar e instalar en el inconsciente colectivo arquetipos de que sólo ha existido en el diseño penal, subjetividad interpretativa del mano expositor del asunto, contaminando las normas y explicaciones desde sus propios paradigmas sociales y de clase. La consecuencia de esta impregnación conduce a sostener que los prejuicios o paradigmas del intérprete establecen preconcepciones que se van a trasladar al texto normativo, viciado de legitimidad y transparencia. En las nuevas reglas en sustitución, se introducen implicancias metajurídicas ajenas a lo que estrictamente es ciencia del derecho penal. De tal modo semejante crítica puede hacer concluir que habría una imposibilidad de describir de manera neutral y/o objetiva tanto el derecho ni su contenido. En ese punto, aparecen los soportes de la sociología, antropología y otras disciplinas que subrogan y reemplazan a la ciencia penal, aunque se declare que lo que está ocurriendo en esa nueva “dogmática” sea precisamente contenidos de la misma ciencia penal…

La genealogía, sirve para exponer un proceso histórico señalando el supuesto motor en una ideología que expresa los intereses o poder dominante denunciando los presupuestos históricos que han movilizado la corriente, atando las soluciones arribadas en cada periodo como consecuencias de los factores de control social prevalente en cada época.

Dice el Dr. Luigi Ferrajoli:

” … En efecto, el derecho penal es el terreno sobre el cual se han elaborado de su comportamiento contra las arbitrariedades y los abusos del antiguo régimen- todas las principales garantías de los derechos de libertad: el respeto de la persona, el principio de la estricta legalidad penal, la rígida sujeción del juez a la ley y su separación de la parte acusadora, los principios de ofensividad y materialidad de los delitos, el carácter personal de la responsabilidad penal, la tutela de la libertad de conciencia y de pensamiento, la presunción de inocencia salvo prueba en contrario, la inmunidad de los arrestos arbitrarios y de los tratamientos contrarios a la dignidad de la persona, el valor de la confrontación de las partes e histórica sobre los fundamentos del garantismo penal es extremadamente fecunda por muchas razones, todos de gran relevancia para la análisis teórico del fundamento del estado liberal de derecho y del positivismo jurídico. “… es sobre la base del derecho penal que se dan las relaciones entre el Estado y el ciudadano, entre la autoridad y la libertad, entre la defensa social y las garantías individuales. Y es a partir del paradigma penal que los límites legales impuestos a través de las garantías penales y procesales al sistema de los poderes públicos de la jurisdicción penal. Son sus corolarios no sólo la garantía de la prueba –es decir, de la imparcial y correcta comprobación del hecho punible…”

Ferrajoli, en las jornadas sobre “La crisis del derecho y sus alternativas”, en Madrid en 1992, denuncia la existencia de una grave crisis en el Derecho, reconociendo tres ejes de su deserción como ciencia: (A partir de aseverar que “. que por garantía puede entenderse “toda obligación correspondiente a un derecho subjetivo, entendiendo por ‘derecho subjetivo’ toda expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones)”.

Reseña en esas jornadas que se verifica una:

1. Crisis de la legalidad. El Poder actúa fuera de sus límites. No cumple sus roles y los distorsiona por intereses de sector acusa que tanto en Italia, como en Francia y en España, se han verificado, desde las investigaciones policiales, un “gigantesco sistema de corrupción” creando sedes extralegales que funcionan en paralelo bajo gestión del partido y los lobbies de las que han impacto y contaminados la “. Administración pública, finanzas, economía y la política usando “sus propios códigos de comportamiento”.

2. Asimetría estructural de las formas del estado de derecho a las funciones del Estado de Bienestar (welfare state), “agravada por la acentuación de su carácter selectivo y desigual que deriva de la crisis del estado social. Esta crisis ha sido asociada a la contradicción entre el paradigma clásico del estado de derecho, que consiste en un conjunto de límites y prohibiciones impuestos a los poderes públicos de forma cierta, general y abstracta, para la tutela de los derechos de libertad de los ciudadanos y el estado social, que, por el contrario, demanda a los propios poderes la satisfacción de derechos sociales mediante prestaciones positivas, no siempre predeterminables de manera general y abstracta, y por tanto eminentemente discrecionales, contingentes, sustraídas a los principios de certeza y estricta legalidad.

3. Crisis del Estado Nacional, al observar la efectiva disgregación de la soberanía por los tratados internacionales en vigor rumbo a una integración casi global, debilitando el propio régimen constitucional, manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración del sistema de incorporando otros “… centros de decisión tradicionalmente reservados a su soberanía y políticas sociales, fuera de los confines de los estados nacionales. (Globalización)

Luigi Ferrajoli inicia su visión en una obra, escrita junto con Danilo Zolo, publicada en 1978 Democracia autoritaria y capitalismo duro.

Sus reflexiones transitan en sostener, como lo hace en su libro “El paradigma garantista “que

…” La seguridad y la libertad de los ciudadanos no solo están amenazadas por los delitos, sino también, y a veces en mayor medida, por penas excesivas, por arrestos y procesos sumarios, por controles arbitrarios e invasivos de la policía: esto es, por el conjunto de intervenciones que recibe la noble denominación de «justicia penal», pero que, en la historia de la humanidad, ha costado más dolor e injusticia que los delitos cometidos. Desde la conciencia del carácter terrible del poder de castigar, la teoría del garantismo modela el derecho penal como sistema de garantías de los derechos individuales, idóneo para minimizar, junto con la violencia de los crímenes, la violencia institucional de los aparatos represivos. “Luego discurre sobre ciencia política en «Manifiesto por la igualdad” donde afirma que “..con el desmantelamiento del estado social, las desigualdades han hecho explosión a escala planetaria como efecto de la globalización de la economía y del capital financiero y están en el origen de los problemas que amenazan el futuro de la democracia, de la convivencia pacífica y del mismo desarrollo económico: del hambre y la miseria a las migraciones de millones de personas que huyen de las guerras y de la pobreza, del desempleo a la explotación global del trabajo, de la crisis de la representación política a las amenazas contra el medio ambiente y otros bienes comunes, de los espacios abiertos a la criminalidad y al terrorismo hasta el estancamiento de la economía. El proyecto de igualdad constituye la base de una doble refundación de la política: desde arriba y desde abajo. Desde arriba, como programa reformador, en actuación de las promesas constitucionales, mediante la introducción de límites y vínculos no solo a los poderes públicos sino también a los poderes privados del mercado, siendo garantía tanto de los derechos de libertad como de los derechos sociales. Desde abajo, como motor de la movilización y de la participación política, al ser la igualdad en los derechos fundamentales un factor de recomposición unitaria y solidaria de los procesos de disgregación social producidos por los poderes salvajes. Bajo ambos aspectos, la igualdad no solo se presenta como el valor político del que derivan todos los demás y como la principal fuente de legitimación de las instituciones públicas. La igualdad es ante todo un principio de razón capaz de informar una política alternativa a las irracionales políticas actuales…” (fuentes; Pedro Salazar Ugarte, Josep Aguiló Regla Miguel Ángel Presno Linera: Garantismo espurio. Fundación coloquio jurídico europeo Madrid. Cynthia ABARCA HERNÁNDEZ Revista Jurídica Primera Instancia. Número 7, Volumen 4. Julio-diciembre 2016: Garantismo en materia penal. E Ferrajoli, Luigi El paradigma garantista Ed Trotta. Madrid)

Por tanto y, en síntesis:

El Garantismo para Luigi Ferrajoli, reiterado en su Principia Juris, impacta sobre la filosofía jurídica y política e influye en la dogmática constitucional, penal y procesal.

Dice proponer en reemplazo:

1. Un modelo normativo de Derecho,

“Integrado por un sistema de poder mínimo dotado de técnicas de tutela capaces de minimizar la violencia y maximizar la libertad y que en el ámbito jurídico genera un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado, apreciable no por su presencia absoluta sino por el grado en que se satisfacen los fines mencionados. En el ámbito constitucional -por ejemplo- se dirá que un sistema es más o menos garantista en tanto cuente con mecanismos de invalidación y reparación idóneos para asegurar la efectividad de los derechos normativamente proclamados”.

1. Una teoría crítica del Derecho

Destinada a denunciar la existencia de divergencias empíricas entre el ser y el deber ser de los ordenamientos jurídicos complejos, a raíz de los contrastes existentes entre sus modelos y sus prácticas concretas.

c. Una filosofía del Derecho -motivada por la desconfianza en el poder- en virtud de la cual se endosa al Derecho y al Estado el deber de justificación externa conforme a los bienes e intereses cuya tutela y garantía constituye precisamente su finalidad

¿Qué es el garantismo? Miguel Carbonell. Profesor de la UNAM, afirma tras ese interrogante que

“…el garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y garantías penales procesales. Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural. Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo la averiguación de la verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales tienen por objetivo la averiguación de la verdad fáctica”.

Esta caracterización no arroja mayores reparos, en tanto esos enunciados atribuidos al garantismo estaban desarrollados tanto en la dogmática penal alemana como en las escuelas italianas, sin anclaje sociológico ni antropológico en exceso.

La impregnación de motivaciones sociales y de ciencia política, recaerá en el tema de la responsabilidad, donde se encuentra el nudo de todos los cuestionamientos de esta visión.

Su categórico yerro se encuentra precisamente en ese punto: desorbitar ciencias políticas y sociales desvirtuando objeto y fines del derecho penal.

El Garantismo en Argentina:

No arriesgo equivocarme al afirmar que es la doctrina dominante en los actores judiciales y académicos, desde el primer gobierno de la democracia.

Para no dar rodeos, reproduzco lo que he considerado una exposición brillante del Doctor Sebastián Ariel Garín y resumida, del principal aporte del doctor Eugenio Zaffaroni, sin dudas el expositor de mayor presencia en la literatura y cátedras del país.

“La cuestión criminal” de Eugenio Raúl Zaffaroni (Por Ariel Sebastián Garín)

“Zaffaroni: (2012) “… el autor encuentra en estas teorías una forma de escapar a la realidad afirmando que desde que nacemos hay cosas que están, que son, como “la pizza con fainá [y el sistema penal] que nos parece natural y no nos preguntamos porque existen”, ahora la desnaturalización implica un vuelco en la presunción, es decir que quien critica al sistema penal no debe demostrar nada, sino que el sistema penal debe demostrar el porqué de su existencia.

“Criminología Mediática. …… en este punto es donde se produce un corte en su narrativa, de modo tal que se incorpora un bagaje enorme de opiniones propias del autor, podría decirse que aquí comienza en su máxima plenitud su exposición crítica a la que me he referido al comienzo de esta reseña como la segunda etapa de su exposición. Entiende que “las personas que todos los días caminan por las calles y toman el ómnibus y el subte junto a nosotros tienen la visión de la cuestión criminal que construyen los medios de comunicación, o sea, que se nutren –o padecen– de una criminología mediática”, comprendiendo al neopunitivismo como su discurso actual como legitimación de los actos atroces de los Estados.

“La responsabilidad de la criminología mediática, para Zaffaroni, es tal que hasta los expertos reproducen su discurso…. no pensado por expertos que tratan el tema sino solo una reproducción automática involuntaria de ellos y es así como esta criminología en el pensamiento del autor adquiere autoridad científica.”

“…Y es que desde el Derecho Penal —en tanto un derecho que pretende asegurar libertades, en especial, frente a los avances del poder estatal sobre aquéllas—- también se lucha en definitiva por dicho objetivo, si tenemos en cuenta que lo que en el plano individual constituye el afianzamiento de las garantías constitucionales y el cumplimiento de la ley.

“…en el plano social no es otra cosa que la consolidación de los valores democráticos de libertad, dignidad, tolerancia e igualdad: “no puede haber autonomía del derecho —afirma Habermas (|986)— sin democracia realizada». UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE GARANTISMO PENAL DANIEL EDUARDO RAFECAS l.

Tal vez deba considerar en esa opinión, el Juez Rafecas, que el Derecho Penal no es un cartabón de libertades, que ya se encuentran garantizadas en la Constitución. Omite en su interesante nota garantista, a la víctima como la mayoría de sus colegas inscriptos en esta casi una religión y a la reparación efectiva del daño producido por el delincuente. Desde luego, escribe con pluma galana y con brillo, pero son reflexiones de sociología y metafísica costumbrista…y eso no parece ser ciencia penal.

El Garantismo y sus consecuencias en la Seguridad Pública

Argentina atraviesa una delicada situación de inseguridad pública que se ha venido agravando sin pausa, con todos los gobiernos, salvo algún desahogo muy parcial en algunos momentos.

Con la democracia fue creciendo el repudio a la idea de autoridad, el desprecio a la Policía asociada a regímenes autoritarios e incluso, el gradual ostracismo del sistema militar deteriorando gravemente las condiciones de respuesta efectiva del país, en el consenso de las nociones que, sobre Defensa, han seguido avanzando en el mundo y en nuestros espacios adyacentes.

A lo largo de esa defección, el país no ha podido salir de las discusiones de los 70 y a cada paso, generaciones que nada tuvieron que ver con ese entonces (incluso militares y policías actuales), siguen cargando imputaciones y marginación.

La verdad a medias solo representa un largo proceso de deconstrucción de la realidad y la sustitución de la historia por un relato amañado, parcial, grosero.

En extensión territorial, Argentina se ubica en dimensiones en el octavo lugar en el mundo. Sus riquezas en recursos son innegables. Sin embargo, somos un país pobre, con una población que ha perdido valores y cultura, acuciada por las presiones ideológicas de uno y otro signo, ocupadas con pertinaz ceguera, en debatir miserias sin dar respuestas al común del ciudadano.

La precariedad de vida de inmensos sectores, en todo el país, es la visible consecuencia de estos enfrentamientos.

AMENAZAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA. Catálogo en expansión

En un contexto de aguda prevalencia de estas posiciones garantistas, el Estado debe atender un inquietante cuadro delictual, donde se destacan:

• Delito callejero y piquetes de cada día, aún en pandemia.
• Delincuencia organizada (Tráfico drogas, sicariato, trata, corrupción, extorsión, etc.) Una enorme amenaza ya hecha realidad.
• Violencia y delito juvenil y adolescente
• Violencia de género
• Violencia ilegal de actores estatales
• Corrupción funcionarios
• Secuestros extorsivos/Criminalidad desde Cárceles
• Abuso de Poder estatal/ Cibercrimen
• Improvisación política/Improvisación Capacitación policial
• Usurpación casas y quintas
• Extorsión por alimentos a supermercados y barrios cerrados
• Abuso de Poder estatal so pretexto del discurso igualitario.
• Radicación del Crimen Organizado de modo permanente
• POS COVID Y DURANTE COVID LA CONVIVENCIA BAJO CONTROL ESTATAL
• Violencia Estatal vía intolerancia al pensamiento divergente
• “El COVID-19 no sólo cambió nuestra forma de vivir, sino también la forma de morir” martillea la prensa, que suele ser parte grave del problema irresuelto.

En el orden internacional no puede omitirse considerar a la ONU y su “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” donde se observa que: 193 Estados se comprometieron a la consecución de 17 objetivos (ODS) y 169 metas para el año 2030 orientadas a poner fin a la pobreza en todas sus formas, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y enfrentar el cambio climático (ONU, 2015). Según la perspectiva de la Agenda 2030 de ONU, la pobreza incluye, pero no sólo abarca los recursos monetarios que se emplean en las economías de mercado.

Desde esta agenda se hace explícito que existen diferentes manifestaciones y causas asociadas al fenómeno, tales como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación, la información o la salud, la discriminación y la exclusión social, entre otras carencias que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas a través los ingresos de los hogares (ONU, 2015) Fuente: Informe periódico UCA.

Entonces:

El derecho penal se diluye confundiendo supuestos de sociología, ciencia política y antropología como si fueran postulados técnicos o científicos de la dogmática penal. Luego, desde este estado de cosas, deben funcionar Justicia y seguridad para hacer ligeramente predecible la vida en sociedad. Infructuoso cometido en ese escenario.

Más grave aún es la percepción de la Policía, que queda manifiestamente expuesta en la siguiente imagen de Vicman:

En consecuencia, nada resulta extraño para las inferencias que describo en el reciente caso Chocobar.

El Caso Chocobar:

La justicia, manifiestamente enrolada en la doctrina garantista, con cita expresa, establece al resolver el juicio, exigencias técnicas en el obrar del policía que, con su intervención, origina la muerte de uno de los agresores de un ciudadano de visita al país, pero salva su vida.

Chocobar es un policía de la ciudad de Buenos Aires, que interviene al observar el crimen en progreso. (Fuente citada al resolver por los Jueces Skolar y Alagia: Manual de Derecho Penal de Eugenio Zaffaroni)

Dice el juzgador que:

“En punto a la falta de recaudos al momento de efectuar los disparos, cabe destacar que el propio Chocobar expuso que al disparar lo hizo blandiendo su pistola con una sola mano, ya que con la otra se cubría el rostro para defenderse ante una posible agresión de Kukoc, situación que lo coloca en un obrar, cuanto menos, alejado de una actitud profesional exigible a cualquier personal policial”, … En otro párrafo sostiene que “disparar sosteniendo el armamento con una sola de sus manos disminuye de manera considerable la efectividad y puntería de los disparos efectuados”.

… “lo exigible a Chocobar en este tipo de situaciones está por encima de lo exigible a otro ciudadano, pues se trata de un profesional en actividad que ha sido capacitado y equipado por el Estado para abordar y resolver de la mejor manera posible esas situaciones”.

… “el ciudadano común tiene el derecho de defender a terceros, en tanto que, dentro de lo impuesto por las leyes, el militar o el policía tienen el deber de hacerlo, al punto que si no lo hicieren resultarían sancionados, incluso penalmente”.

Por ello “dada su profesionalidad, se le exige una más ajustada valoración ante la necesidad de la defensa, pues se supone que dispone de los conocimientos, entrenamiento y medios técnicos para hacer una planificación más fina y precisa de la violencia”.

“Esta solución se impone, porque de lo contrario no se justificaría que la legítima defensa fuese sustitutiva y ni siquiera se justificaría la existencia misma de la fuerza pública”,

La Imputación: por el delito de «homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de un arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa».

Los especialistas en el tipo penal y en el ejercicio del iuris dictio por el tribunal, seguramente encontrarán numerosos reparos técnicos al modo de calificar la conducta y aún, en la subsunción del tipo penal que se invoca. No es el tema de este encuentro.

Ahora veamos en el escenario a la víctima. El gran déficit del garantismo es también su orfandad para proteger al sujeto pasivo del crimen y de sus consecuencias. Chocobar es paradigmático al respecto, con sólo considerar la siguiente carta realizada por el ciudadano extranjero acuchillado en la vía pública y que Chocobar quiso detener:

Carta de Frank Joseph Wolek antes del juicio a Chocobar

“Por ahora esto es lo que tengo para decir. En la famosa esquina que celebra el maravilloso barrio de La Boca, me desplomé y me despedí del mundo y mis seres queridos. Todos los días me acuerdo del horror y el miedo a morirme que latía por mis venas mientras corría con pánico por ese callejón. También me deleito con la gloria de haber sobrevivido, al despertar en el hospital días después, a salvo. Mientras yacía en la fría vereda de cemento esperando la muerte, un Oficial solitario, Oscar Chocobar, y algunos ciudadanos honrados de La Boca que habían presenciado mi ataque, rápidamente me auxiliaron, pidieron asistencia médica de emergencia y corrieron tras los asaltantes. Sin titubeos ni preocupación por su propia seguridad, inmediatamente entraron en acción. Hicieron lo correcto. Las personas maravillosas y dedicadas del Hospital Argerich sabían cuando llegué a emergencias que salvar mi vida era una posibilidad remota, una causa perdida, como me dijo mi querido amigo el Dr. Yamil Ponce. Una vez más, sin dudar ni preocuparse de que estaban perdiendo el tiempo, la energía y recursos preciados, se dedicaron a la lucha extenuante y me salvaron la vida. Hicieron lo correcto. Después de casi 3 años, mi vida continúa de manera positiva. Con alguna pesadilla ocasional, pero más a menudo con sueños agradables. Sin embargo, el pueblo argentino todavía está lidiando directamente con esta tragedia. Ahora, después del vaivén de las opiniones y estrategias políticas, la guerra en las redes sociales de lo que es prudente y justificado, y varias maniobras judiciales, parece que finalmente el juicio está cerca. No estoy seguro de por qué, pero me parece que la decisión de celebrar el juicio contra el oficial Chocobar simultáneamente con el del agresor es un atrevimiento. Se comparará a alguien que fue cómplice cuando acuchillaban en el pecho casi una docena de veces a una víctima inocente, con las acciones de un ciudadano dedicado, un Oficial de la Ley, que trató de detener a personas peligrosas. Tal vez es un intento absurdo de igualarlos ante los ojos de la sociedad, la cultura y la Ley, elevando al agresor y menospreciando al servidor público.”

¿Qué extraños designios? ¿enturbian la mente de un Juez que abraza el garantismo y que, en este caso, peca ostensiblemente de incoherente con su misma doctrina?

Demanda el sentenciante que el policía (puesto como victimario) debe ser un profesional experto. Si usara la sociología que tanto contamina a esa postura penal, debería haber existido alguna nota de abrigo al policía, ya que él mismo es de público y notorio que procede de un sector social marginal cuya carrera finalmente ( como en la gran masa de la policía argentina) es unas salida laboral desesperada y aunque ello no sea estrictamente su caso, al menos ese manto protectorio que se usa para otros criminales reales, estuvo ausente confirmando que se trata de una herramienta destinada a omitir a la víctima, socializar la culpa con el Estado y la Sociedad y atenuar al autor ( en tanto no sea un policía…).

En este caso, desde ya que es un galimatías respecto de cómo se aplican los principios de Ferrajoli, porque Chocobar lejos de ser favorecido como victimario por la doctrina garantista, prevaleció el sesgo anti policía y anti autoridad que atraviesa cruelmente al Garantismo.

El sombrío panorama se completa sin retorno, si se lee el rol cumplido por la querella (el propio Estado Nacional… contra Chocobar a cargo del Dr. Rovatti, director de la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Defensoría Oficial de la Nación, quién requirió prisión perpetua, sosteniendo que no da por probado que los dos disparos que recibió Kukoc habían rebotado contra el piso previamente y tampoco que Chocobar antes había realizado disparos al aire. “…dice que Chocobar comenzó a dispararle a K cuando lo vio en Irala, ya que sostiene que llegó al lugar después de que había terminado el forcejeo de los testigos con Kukoc para sacarle la cámara.”

(Es un absurdo perverso ya que la pericia verificó que las dos balas rebotaron y demostraron sin lugar a dudas que ambos disparos rebotaron previamente contra el piso, antes de dar con el cuerpo de Kukoc).

La Fiscal del juicio oral es la Dra. Susana Pernas, también hizo lo suficiente para lograr la inhabilitación y pérdida de la carrera del policía.

Para la Fiscal Pernas, Chocobar obró cumpliendo su deber, pero “excediéndose” en la última parte de su obrar, por lo que pidió la pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer como funcionario público.

La proyección de esta solución en el sistema policial argentino, solo viene a confirmar y acentuar la retracción ya existente en el ejercicio de las funciones , sin aportar una lección de construcción del profesionalismo que se demandara a Chocobar, por el concurso de estas anomalías en el decisorio jurisdiccional y estatal, tan visibles como kafkianas…que hacen de la profesión policial, un oficio de alto riesgo en sus propias libertades, cuando no muere por reacción tardía ante un evento de peligro para sí o terceros, por esa duda impuesta de cómo debe reaccionar ante el ilícito, ante la ausencia de protección estatal.

Reflexiones finales:

La Política (tan necesaria como imprescindible para la convivencia en paz y en justa realización de las personas) desde la ignorancia, desinterés y el prejuicio ideológico por un lado y la Justicia aferrada a paradigmas de responsabilidad genérica de la Sociedad y del Estado, terminan desplazando el centro de la cuestión penal que son la víctima, el victimario, la paz social y el ejercicio del Ius Puniendi del Estado.

En ese camino, de increíble deterioro institucional, se destruyeron los tres elementos constitutivos del servicio de policía, en el mundo civilizado.

Ellos son:

IUS AGENDI. El policía es portador legal de la autoridad del Estado y sus acciones se presumen legítimas. Su orden es convocante a restablecer cualquier alteración disvaliosa vigente en el catálogo penal. Actúa de pleno derecho sin consultar a nadie. Es simplemente esclavo de la Ley y hacedor de sus normas prescriptivas. Desde luego, en los últimos 25 años esta capacidad otorgada por el Estado de Derecho fue fulminada por el decisor político, que fue limando esa potestad de mil formas, al punto de que el policía ya no procede sin consultar al gestor ministerial de turno. Para mayor crisis, también en ese lapso el mismo funcionario político fue buscando cobijo en el Juez antes de obrar y de ese modo, nos encontramos con un desierto: el policía no actúa porque espera al decisor político y éste, por las dudas, trae al actor que debe actuar posfacto ejerciendo la jurisdicción: el Juez. Ahora, con la irrupción del Fiscal, se desplaza al mismo casi toda la intervención que debió ser automática y de oficio del policía más próximo al lugar del hecho.

Cierto es también que los oficiales del sistema policial han resignado su impronta de autoridad y en buena parte, actúan acovachados evitando el zarpazo autoritario de una democracia que, en este tema, ha perdido claramente su norte.

IUS QUARENDI: La Policía representa el órgano que dispone completa información sobre lo que ocurre en sus áreas de trabajo. Derecho a reunir información que no viole prohibiciones Ley. Se trata de la Inteligencia Criminal. Tampoco existe con seriedad, desde una formación confusa e ineficiente que rige en términos generales. La palabreja tiene connotaciones…sesgos. Entonces, una disciplina destinada a producir conocimiento anticipado para adoptar decisiones correctas o ver antes para donde corre el delito, termina siendo una rimbombante fantasía. (¿Me pregunto qué haremos si el Terrorismo Transnacional vuelve a probar nuestros sistemas, como ya lo hizo impunemente…?)

IUS PERSEQUENDI: El policía actúa de oficio ante la flagrancia, sin esperar órdenes. Encarna la vigencia y respeto de la ley. Es la tercera nota que identifica y hace a la función de seguridad y su ejercicio. Persigue el delito, dando aviso, pero persigue en caliente al agresor. Pero, una vez detenido, nada puede hacer en el sistema hasta que llegue el fiscal….

LA CRISIS TERMINAL DEL IUS PUNIENDI;

El Estado es una creación de la civilización como herramienta de equilibrio y protección. El ejercicio del poder por el gobierno de turno, jamás puede habilitar, por su propia autointerpretación, la fuga de los parámetros constitucionales y del reparto funcional de roles, eludiendo respetar la separación tripartita vigente.

Precisamente, el ejercicio del derecho a perseguir el delito es también su deber central, para preservar el monopolio de la fuerza, que motiva su creación enervando la vindicta privada, entre otras razones.

A cada deserción de esas potestades o sus avances con sesgos de abuso, ya no es un problema penal, sino de legitimidad de ejercicio de la autoridad política delegada.

Cuando ella se pierde, claramente se abren inquietantes interrogantes, en los que no está ajeno la reversión de ese Poder al mandante que es el elector y éste, en estado de asamblea, como se ve en el mundo moderno por las redes y la inmediatez de la información, crea la expectativa de que, por agotamiento y hastío, irrumpa frenéticamente y en desorden, reasumiendo es poder delegado. ¿Una fantasía? Para nada, Son los tiempos que corren… los argentinos deberíamos mirar con mas atención los escenarios internacionales… Perú, Chile, Colombia, para solo mencionar los más recientes.

Crisis del poder punitivo, ha quedado sujeto y disuelto en gran medida por la irrupción de la responsabilidad atribuida desde el Garantismo a la sociedad como frustrante de posibilidades de ascenso social del más desvalido y al Estado, como incapaz de hacer operativo los derechos constitucionales.

Crisis del derecho objetivo; la capacidad de imposición de penas y su cumplimiento efectivo (incluso con vistas a la rehabilitación del reo) están en declinación constante tanto desde el orden normativo ( Código lleno de retazos desde 1921 y frenéticos cambios sin sentido, al son de la presión ciudadana ante un legislador cada vez más precario en su calidad formativa) hasta su efectiva aplicación frente a la tensión de la criminología mediática y el discurso homogéneo de los operadores judiciales adhiriendo al garantismo hipertrofiado ;

Crisis como dogmática penal; en cuanto a las doctrinas prevalentes para diseñar la trilogía de su objeto: delito (conducta humana), responsabilidad y pena (Consecuencias), han trazado modelos que interrogan acerca de la complicidad social en el hecho criminoso, por ausencia y defecto en los nexos de solidaridad que hacen posible la convivencia.

El ordenamiento jurídico penal se conmueve, desorientando sus objetos principales: 1) conducta humana, en cuanto acción reprochable que configura al delito, y 2) a su consecuencia jurídica, la pena” impactando luego en 3) Responsabilidad desde la condición de imputabilidad, etc.

Crisis como rehabilitación del victimario ante un régimen penitenciario descuidado: Completa este cuadro desolador, la imposibilidad, verificable cada día, que las prisiones cumplan algún rol recuperador del delincuente. El humanismo debe prevalecer en esa etapa tan dura de la persona, pero tan justa de obligación a reparar el daño y a dejar de ser un riesgo para terceros. De hecho, en el país no ha habido una política penitenciaria ligada y conexa con la Justicia y el sistema de seguridad. Por tanto, es otro grave problema en curso, sin respuestas a la vista.

Finalmente, para no dejar un sabor tan amargo, me declaro optimista. Creo en la democracia y en el Derecho. Es tiempo de levantar voces y reclamar la vuelta a la ciencia penal y a los sistemas de justicia, de seguridad y penitenciarios ajustados al correcto y normal funcionamiento.

Los colegios de abogados, perdidos en una maraña insustancial, no aportan mucho al debate y muchas veces ni siquiera observan la tragedia de destrucción de la Ciencia que deben cuidar, además del correcto desempeño del letrado cuya matrícula controla. Ejemplo de ello es el ominoso uso de normas posteriores a los hechos incriminados en la persecución penal de los años setenta, encarcelando a unos y dejando libres a otros desnaturalizando el estatuto de Roma que no distingue; aunque… en ambos supuestos nada podría hacer el Estado por la extinción de la acción penal ya ocurrida y la ausencia del tipo penal precedente a los hechos. (Ley 25.390 incorpora el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998. La ley es sancionada en noviembre 30 de 2000 y promulgada de Hecho enero 8 de 2001. En 1970 no estaban estos delitos en el derecho positivo argentino. Sin embargo, se aplican y, además, en forma distorsiva ya que el terrorismo de los 70 no los incluye nuestra Justicia. Técnicamente es un escándalo, silenciado,

Todo eso ha ido a una hoguera ante la defección de la Política como institución central destinada al Bien Común y en general, por la mirada al costado del ciudadano, agobiado por su riesgo de no encontrar trabajo o salud o…la posibilidad de caminar enhiesto por la vida. La Justicia, obviamente, tiñó de oscuridad su sagrado magisterio.

Felicito al Foro Patriótico por su esfuerzo en enmendar muchas de estas dolorosas preocupaciones que me he permitido esbozar, ejerciendo mi título más preciado: Ciudadano.

Buenos Aires 20 de junio de 2021

José Ricardo Spadaro

* * * * *

Encontrá el conversatorio completo “Garantismo o seguridad ciudadana”, donde se inserta esta exposición y otras.

Bibliografía Especial:

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal: parte general, Ed. Ediar, 2° ed. 8° reimp., Buenos Aires, 2014

Pedro Salazar Ugarte, Josep Aguiló Regla Miguel Ángel Presno Linera: Garantismo espurio. Fundación coloquio jurídico europeo Madrid

Cynthia ABARCA HERNÁNDEZ Revista Jurídica Primera Instancia. Número 7, Volumen 4. Julio-diciembre 2016: Garantismo en materia penal.

E Ferrajoli, Luigi El paradigma garantista Ed Trotta. Madrid

Julio Fernández García El Sistema Garantista en Derecho Penitenciario Tesis doctoral Universidad de Salamanca

Alfonso Hernández Tous Ana Giacomette Ferrer y otros Garantismo y crisis de la justicia Universidad de Medellín y otros centros universitarios

Immanuel Kant Teoría de la retribución moral en Fundamentación de la metafísica de las costumbres

DR © 2003. Instituto de Investigaciones Jurídicas – El finalismo de Hans Welzel y la antijuridicidad. Publicaciones de Universidad Nacional Autónoma de México I.

RAFECAS, Daniel Eduardo, Una aproximación al concepto de garantismo penal, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires N°80, “Lecciones y Ensayos”, Buenos Aires, 2004

Spadaro José Ricardo Derecho de Policía. Editorial Autores de Argentina. 2017

Spadaro José Ricardo Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado Ed Autores de Argentina 2017

Eduardo Greppi La evolución de la responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional 30-09-1999 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja.

Admaldo Cesário Dos Santos: Libertad y responsabilidad en el derecho penal de la culpabilidad: Del medievo al existencialismo.

(www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/03/doctrina47 ).

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Fuente: foropatriotico.com, 2021

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De-Risking: Discriminación sectorial

De-Risking: la opción discriminatoria (y cómoda) ante los retos de la gestión de los riesgos

Redacción de LavadoDinero.com – 08/04/2015

A mediados del año 2014 durante una reunión sostenida en Miami con miembros de la directiva de un banco, un alto gerente del área de riesgos operativos me preguntó cómo podía traducir al español el término “De-Risking”. Rápidamente le respondí: “Discriminación sectorial”. Como era de esperárselo, mi sarcasmo no fue bien recibido, ya que justamente la conversación giraba en torno a los posibles cierres de cuentas que la institución aplicaría a las empresas creadas en los últimos cinco años, cuyos beneficiarios finales fuesen mayoritariamente de un país sudamericano considerado de alto riesgo (está bien, lo voy a decir, de Venezuela).

     Obviamente “discriminación sectorial” no es la traducción literal de dicho angloamericanismo, el cual realmente es usado para significar “eliminación del riesgo” y proviene del verbo «derisk». Desde hace más de una década el principio se aplica en la industria financiera -principalmente en la estadounidense- contra clientes o líneas de negocios de Latinoamérica, África, el Medio Oriente y algunas naciones de Asia.

     Para mediados de 2013 ya publicábamos en Lavadodinero.com que bancos como HSBC, Standard Chartered, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y otros habían cerrado miles de cuentas de corresponsalía durante los últimos 18 meses, debido a la presión de los reguladores relacionada a los controles que los bancos debían implementar sobre esas cuentas extranjeras.

     Cientos de instituciones financieras de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, entre otros, han enfrentado en los últimos años un enorme desafío para abrir y mantener las cuentas de corresponsalía.

     Entonces, si la mejor opción que los bancos de Estados Unidos encontraron ante el riesgo representado por clientes de Latinoamérica es “eliminarlo”, ¿para qué han servido los millones de dólares invertidos desde hace años en implementación de procesos de administración de riesgos? Cuando una empresa decide “de-risking” a un país o a un sector –como ha sucedido con los NSM desde que fueron catalogados de alto riesgo por allá en 2004- está descartando negocios por el simple temor de no ser efectivo en la administración de los riesgos asociados a su naturaleza comercial, la cual en el caso de la banca trae implícita el riesgo.

     Acepto y respaldo el hecho de que en algunos casos el riesgo debe ser eliminado, pero no creo que “mitigar” signifique “discriminar”. “De-risking” debe ser un recurso ocasional, porque al convertirse en una política de control, no es más que una salida “discriminatoria” (y cómoda) ante los desafíos de la administración del riesgo.

Fuente: LavadoDinero.com, 08/04/15.

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De-risk: To make something safer by reducing the possibility that something bad will happen and that money will be lost.

Nota de E.P.: Las trabas a las cuentas de corresponsalía dificultan en grado extremo las transacciones bancarias desde países latinoamericanos. Esto constituye una barrera no-arancelaria ilegal, que viola los derechos de los ciudadanos de los países perjudicados. Existen herramientas y mecanismos que permiten sortear estas barreras y llevar a cabo fluidas transacciones bancarias en el mercado internacional. Para saber más haga click aquí.

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De-risking: el riesgo del no riesgo

Por Daniel Trías. 14/08/2017

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Impacto geopolítico de la crisis en Afganistán y Medio Oriente y sus efectos en América Latina

Simposio Internacional 09/09/21

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💥 🌎  La crisis en Afganistán y Medio Oriente y sus efectos en la economía. Gustavo Ibáñez Padilla

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Agenda

PRIMER BLOQUE

• Presentación del Simposio. Dra. María Amelia Britos Bogado

• Crisis en el Medio Oriente y su impacto en la seguridad latinoamericana. Dr. Nahem Reyes

• Antes de tomar Kabul, los Talibanes se adueñaron de las redes. Mg. Julio Cirino

• La mujer en escenarios adversos a la democracia. Mg. Alessandra Martin

• Preguntas y conclusiones. Moderador : Prof. Alejandro cassaglia

SEGUNDO BLOQUE

• Impacto de la crisis en la economía global. Ing. Gustavo Ibáñez Padilla.

• Repercusiones políticas de la crisis de Medio Oriente. Dr. Luis Somoza

• Experiencias de Misiones Militares en Medio Oriente. Lic. Rodrigo Duarte

• Preguntas y conclusiones. Moderador : Prof. Jorge Domínguez

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Organiza: Itaju Comunicaciones

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Contenido relacionado:

Antes de tomar Kabul los Talibanes se adueñaron de las redes

Por Julio A. Cirino, especial para The Post Argentina

INTRODUCCION

Lo sucedido con la caída de Kabul sorprendió a muchos, no solamente porque se suponía que la fuerza militar del gobierno de Kabul, entrenada y equipada por los Estados Unidos sería una defensa sólida frente a los ataques del Talibán, sino también por la capacidad tecnológica mostrada por los Talibanes.

De alguna forma, la imagen del Talibán se asociaba con “guerreros” armados a lo sumo con armas automáticas, pero no se les atribuía, fuera de algunos círculos especializados, la capacidad de montar verdaderas “ofensivas electrónicas” como la que hemos visto en las últimas semanas y que además venía desarrollándose silenciosamente desde meses atrás.

Esto lleva una vez más a releer lo que P.W. Singer plantea en su obra:” Like War” donde nos explica muy detalladamente como hemos superado el concepto clásico de “guerra electrónica” para meternos de lleno en el uso de las “redes” como un arma más del arsenal de los estados (y de los privados también…). [1]

La otra consideración, que solo mencionaremos y que no vamos a desarrollar en estas líneas se refiere a cómo estos verdaderos “arsenales” electrónicos están al alcance no ya tan solo de los estados sino también de quien pueda pagarlos…..

Recordemos que la historia del Talibán con los medios fue bastante accidentada, de hecho, la primera vez que llegaron a controlar Afganistán (septiembre 1996) prohibieron completamente internet y hoy utilizan miles de cuentas de Twitter (algunas abiertamente otras de modo anónimo). Hoy las torres para la comunicación celular están por todo el país, y los teléfonos móviles ya en 2019 (último dato disponible) superaban los 22 millones, se estima que hoy el 70% de la población tiene acceso a telefonía celular. Después de los ataques del 9/11 y de la invasión a Afganistán (2001) comienza la lenta reconstrucción de los talibanes aprovechando las facilidades que tácitamente les brindó Pakistán al tiempo que organizaron una estructura en red insurgente que no dejaría de operar con mayor o menor intensidad de acuerdo con las circunstancias y a la geografía.

Para el año 2002 se puede decir que el Talibán tiene funcionando una red de publicaciones, de DVD y audios cuyo contenido se centraba en marcar la corrupción del régimen de Kabul, la intromisión extranjera y la corrupción del gobierno entre otras cosas. Para el año 2005 ya existe una especie de sitio “oficial” del Talibán (Al Emarah) que llegó a publicar en cinco idiomas. Sin embargo, aún en 2006 la relación con los medios era hostil, ya que les acusaba de dar al Talibán un trato injusto. Simultáneamente reinaba la confusión ya que otros grupos utilizaban el rótulo de talibán generando confusiones en el aparato de propaganda.

Será recién en 2008 cuando el grupo pueda hablar de un “sistema” para publicitar sus acciones y un año después presentarán un sitio web en idioma inglés donde acusarán a occidente de una campaña de desinformación en su contra. Un año después estarán operando en YouTube y para 2011 tendrán una actividad sistemática en Facebook y Twitter. Dos años después aparecen en Telegram y Whatsapp. Con lo que no solamente llegaban a más gente, sino que ponían sus comunicaciones en plataformas ENCRIPTADAS.

Facebook, YouTube y Twitter sólo de tanto en tanto borraban el contenido del Talibán.

El deterioro del gobierno de Kabul ya es visible para el año 2017 y se nota en el aumento de la censura y la disminución de la información disponible, de hecho, a finales de ese año el gobierno de Kabul procura cerrar las operaciones de WhatsApp y Telegram, lo que repercutió muy negativamente en su relación con la prensa.

2021 EL TALIBAN 2.0 Y LOS FUTUROS POSIBLES

Con Kabul en sus manos y controlando, al menos por ahora, la casi totalidad del territorio hay  preguntas que se hacen inevitables: El tema que parece más difícil de resolver se basa en  que el grueso de la población, en particular las mujeres, llevaban viviendo en una sociedad, si bien “islámica” bastante adaptada al S.XXI, la pregunta obvia es si el Talibán intentará cambiar esto, como lo hizo en el pasado o si por el contrario adoptará una postura mas conciliadora, y en todo caso como repercutirá esto en toda la población.

Por otro lado, no pocos de los líderes del Talibán estaban en puestos de responsabilidad cuando se hicieron con el poder (1996-2001) pero además varios de ellos aparecen vinculados, más o menos cercanamente con al-Qaeda. Entre los estudiosos del tema parece, al menos por el momento existir un consenso en cuanto a que no es intención del liderazgo talibán desarrollar un país “moderno”.

Por lo pronto se anunció formalmente la creación del EMIRATO ISLAMICO DE AFGANISTAN, y la sharía será la ley que regirá el país.

Mientras el presidente de los Estados Unidos procuraba en su ultimo discurso ponerle “al mal tiempo buena cara” no sólo en Estados Unidos sino en el resto del mundo se repite la pregunta: qué va a significar esta derrota para la política exterior de USA, sus aliados y sus adversarios. Por de prontose suceden días de celebraciones en Siria, Somalia, Pakistán, Indonesia, Malasia, Tailandia y las Filipinas, por mencionar algunos ejemplos. Nuevamente estos hechos apuntan a señalar que estamos en presencia de  las mencionadas “operaciones en red”, que podrán interconectarse en forma más o menos coordinadas dependiendo de cada caso. Es por ello que si estas celebraciones serán algo mas que eso, es algo que veremos en las próximas semanas y que, por otro lado no debe hacernos olvidar de las fuertes divisiones que agitan al mundo islámico.

Recordemos que estos acontecimientos no sucedían desde que la entonces Unión Soviética se retiró en derrota durante 1989 con lo que esta sería la segunda vez que una “superpotencia” se debe retirar de Afganistán sin cumplir ninguno de los objetivos que pretendía alcanzar.

El interrogante que se escucha hoy en casi todas las capitales es si el Talibán va a permitir (como lo hizo en el pasado) que el país se convierta en base para la “yihad”. En tal sentido recordemos que el acuerdo negociado con Estados Unidos en 2020 incluía la promesa del Talibán que al-Qaeda y sus apoyos no podrían instalarse de ninguna forma en el país nuevamente.

Existen pocas dudas respecto que tanto la salida de los Estados Unidos, como el modo de su ejecución van a ser visto como una oportunidad para la yihad.

Las preguntas obvias, que no tienen respuesta por el momento, son hasta que punto tomará nuevo impulso la yihad y que tanto podrá extenderse geográficamente, ya no sólo en Medio Oriente sino en Europa, Estados Unidos y el resto del hemisferio, sobre todo si se toma en consideración que esto ya ha sucedido. Pero además que otros “jugadores” podrán entrar en la partida; China ya lo está haciendo y en forma muy visible pero posiblemente no sea el único.

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[1] Singer,P.W. LIKE WAR.

Fuente: thepostarg.com, 03/09/21

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La guerra civil molecular según Enzensberger

La guerra civil molecular

Por Ricardo Marconi.

El poeta, ensayista sobre cuestiones teóricas, dramaturgo y traductor Hans Magnus Enzensberger –al que hemos convocado como fuente en otras columnas- a principios de 1992 señaló que “toda comunidad, incluso la más opulenta y pacífica produce desigualdades, injusticias y frustraciones de distinto tenor”, y las mismas, a la vez, incrementan la igualdad y la libertad formal de los ciudadanos.

Paralelamente, suman reivindicaciones y luchas de dicha población y si no se cumplen, “los agravios renacen en la misma”.

Enzensberger define a esa situación emergente como “una guerra civil molecular, esto es un conflicto en las metrópolis”.

Es más, el alemán que nos ocupa, nacido en Baviera, en 1929, en su ensayo Perspectiva de Guerra Civil (1994); planteó la teoría a escala planetaria vinculada a subculturas marginales.

Estamos, de esta manera, ante un conflicto sin objetivos políticos claros, con un alto grado de violencia y el autor indica en su trabajo que “cualquier vagón de subterráneo puede convertirse en una Bosnia en miniatura”.

Este tipo de guerra es incruento e imperceptible en su inicio, ya que no necesita movilizar fuerzas, “pero ya está presente en las sociedades occidentales, cuyos focos comienzan por formar parte cotidiana de muchas grandes ciudades”, apunta Enzensberger en sus estudios.

«Las nuevas guerras no serán hijas de la Primera Guerra del Golfo, sino hijastras de Chechenia y Somalia.» 

Teniente General Martin R. Steel, ex comandante de la Infantería de Marina de USA, Veterano de Vietnam y de Tormenta del Desierto.

“Poco a poco, lentamente, en la calle se va a ir acumulando basura y en los parques el número de jeringas y de botellas de cerveza destrozadas. Por doquier las paredes se van cubriendo de graffitis, cuyo único mensaje es el autismo: evocan un yo que ya no existe. Los colegios aparecen con el mobiliario destrozado. Nos hallamos ante una declaración de guerra, aunque pequeña, muda, y el urbanista experimentado sabe interpretarlo”, subrayó el ensayista.

Enzensberger ha sembrado el criterio, verdaderamente grave de que este tipo de conflictos no están regulado por el derecho internacional, ya que se produce, se genera, en el seno de los Estados, “motivo por el cual –opina el dramaturgo- la aplicación del derecho humanitario se hace impracticable, y lo que es peor: el agresor no reconoce leyes regulatorias ni le interesa lo antijurídico de sus actos”.

La guerra molecular –vale aclararlo- es un fenómeno de vandalismo y violencia urbana, en el cual quienes se enfrentan, con conductas cercanas al autismo, desconocen el entorno o la realidad que los rodea. Los especialistas hablan de protagonistas como “jóvenes vanguardistas guiados por el deseo de agredir sin contenido” y ello se presenta como algo casi habitual en zonas de villas, barrios desprotegidos estructuralmente y en regiones donde la pobreza es dueña y señora”.

Es en esos lugares donde el control estatal se nota por su casi inexistencia. La consecuencia de ello es que el Estado deja de ejercer el monopolio del poder y la población sólo pretende huir o protegerse, generando nuevos hechos de violencia.

En definitiva Enzensberger estima que “La guerra civil molecular es un grado de fragmentación social que pone en riesgo el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado como resultante de la culminación de fases de desarrollo y posterior evolución”.

Es un fenómeno que comienza a notarse en Argentina, según surge del comentario de analistas políticos y de los propios políticos, quienes seguramente admitirán que como toda construcción teórica, los aspectos indicados en las fases enunciadas no son estancos y sí admiten combinaciones.

Colegas le han comentado a quien esto escribe que viven los sucesos violentos que se suceden en Argentina como “un caos dinámico, con avances y retrocesos en función de las respuestas a la violencia por parte del Estado”.

Enzensberger acota en sus análisis que “a lo señalado se suma la percepción de la relación caos-orden que percibe el conjunto social”.

Fases

Los habitantes de una población X no caen de improviso en una situación de guerra civil molecular. Se inicia con un estado de paz, no carente de conflictos ni de acciones delictivas y violentas que escapan al control estatal.

Situaciones de crisis, debilitamiento de capacidades políticas, burocráticas y administrativas transitorias, son elementos que se suceden y que devienen en una crisis crónica y una vez que esta última se instala, se torna crónica. Esta crisis genera una sensación de falsa normalidad y la confianza comienza a caer.

Luego disminuye el grado de adhesión a las normas vigentes y se genera una progresiva cultura antijurídica basada en los que califica el autor de la teoría como “el remedio excepcional”.

El proceso evolutivo degenera en un deterioro del Estado y en su repliegue y es entonces que “la guerra molecular comienza a cimentarse de manera sutil”.

La próxima fase se sumerge en la crisis de la seguridad y evitar su crecimiento depende del liderazgo. Lamentablemente, al desencadenarse el tipo de guerra que tratamos, las responsabilidades institucionales relacionadas con la seguridad no se ejercen, sea por omisión o tolerancia pasiva, a cambio de beneficios y luego los funcionarios se involucran directamente en delitos.

El resultado no es otro que la población deja de confiar en las fuerzas del orden y en la justicia.

La tercera fase no es otra que la pre-guerra civil molecular. En ese estadio la indolencia es seguida de omisión y comisión y ello desemboca, indefectiblemente, en la pérdida de manejo de la seguridad interior.

La cuarta fase es la del estado de guerra civil molecular. Enzensberger habla del “inicio de entrecruzamientos de acciones; proliferan los enfrentamientos de bandas, mafias, patotas, grupos estudiantiles…”

“…la naturaleza del arma empleada no es relevante, sí lo es la voluntad de avasallar al otro ignorando completamente la autoridad del Estado”.

La fase final es la anarquía que se inicia con el colapso del Estado. Sin embargo, la misma no es permanente y retrocede hacia la regeneración del Estado. O estalla en la constitución de uno nuevo o de varios de ellos.

“Lo esencial es la recomposición de las facultades del Estado, que debe ser el único en poseer el legítimo uso de la violencia”, concluye el ensayista sobre el que hemos volcado su teoría.

En función de los recientes acontecimientos -que se producen en Argentina-, dejo al lector, como lo hizo Enzensberger en su trabajo, extraer sus propias conclusiones.

Fuente: cunadelanoticia.com, 09/12/14.

Capitalism vs. Socialism: the Latin American story. Vía @steve_hanke pic.twitter.com/94L4UY0Cis

— GustavoIbáñezPadilla (@GustavoIPadilla) June 1, 2020

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Hans Magnus Enzensberger, el gran profeta de la anomia política latinoamericana

Por Ricardo Bloch.

En 1989 en simultáneo a la caída del Muro de Berlín y al final de la Unión Soviética tal como se la había conocido hasta entonces, un historiador norteamericano egresado de la universidad de Princeton llamado William Lind hizo pública la teoría de la Guerra de Cuarta Generación (Fourth Generation Warfare – 4GW), en la que se incluía a las contiendas asimétricas y a los conflictos de baja intensidad.

Por esos mismos días Francis Fukuyama, doctor en Ciencia Política de la universidad de Harvard y alto académico de la Rand Corporation, publicaba un pequeño ensayo titulado ¿El fin de la historia? en el que decretaba, equivocadamente, la muerte de las ideologías y el triunfo definitivo de la democracia liberal como sistema de gobierno.

Durante esas jornadas históricas estos autores norteamericanos eran observados y analizados desde Alemania con cierto aire escéptico por un escritor multifacético de sesenta años que había nacido el 11 de noviembre de 1929, pocos días después del derrumbe de Wall Street. Su nombre, Hans Magnus Enzensberger, un prolífico autor egresado en Literatura Germánica de la universidad de Friburgo y doctorado en La Sorbona en 1955.

Hoy a los 90 años este lúcido intelectual de Baviera que se jacta de no haber conocido personalmente a Angela Merkel, aunque la aprueba políticamente por su gestión de gobierno, continúa abordando con sutil ironía el rol de los intelectuales en la escena política.

En los años ´60 tras radicarse varios meses en Cuba para analizar el experimento socialista de Fidel Castro, Enzensberger expresó no entender el deslumbramiento de importantes pensadores con el Che Guevara. “Pobre Che, él firmaba los billetes del Banco Nacional de Cuba sin tener conciencia de que ese peso no valía nada. En ese sentido también fue un ignorante”.

Su visión pragmática sobre las ideologías económicas en pugna durante el siglo XX es contundente. “El capitalismo es proteico porque es más capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes que el socialismo. El socialismo no conoce modificaciones, aunque haya diferencias, por ejemplo entre Corea del Norte y Cuba. El capitalismo puede coexistir con un partido comunista unitario en China y también tranquilamente con el fascismo italiano o con el nazismo en Alemania”.

En 2015 Enzensberger publica Tumulto, una novela de tinte autobiográfico, aunque por esos días confiesa públicamente que “no hace falta ser criminólogo ni epistemólogo para saber que los testimonios sobre uno mismo carecen de base fidedigna”.

En este campo la opinión del escritor alemán se asimila a la de su par inglés, Julian Barnes, quien en su novela “El sentido de un final” se preguntaba: “¿Cuántas veces contamos la historia de nuestra vida? ¿Cuántas veces la adaptamos, la embellecemos, introducimos astutos cortes? Y cuanto más se alarga la vida, menos personas nos rodean para rebatir nuestro relato, para recordarnos que nuestra vida no es nuestra, sino sólo la historia que hemos contado de ella. Contada a otros, pero sobre todo a nosotros mismos”.

Guerra civil molecular

En 1993 Enzensberger publica un texto titulado Ensayos sobre las discordias, en el que reniega del paraíso de bienestar y progreso económico que traería el fracaso del experimento del socialismo soviético.

Conceptualiza en la obra la guerra civil molecular afirmando: “El signo más visible de que dicho orden bipolar del mundo ha quedado finiquitado lo constituyen esta treintena o cuarentena de guerras civiles que hoy azotan al mundo. En las guerras civiles de hoy ya no existe la necesidad de legitimar las acciones. La violencia se ha liberado de la ideología”.

Y continúa expresando a principios de los ´90 como si desplegara una cartografía política en la América Latina de hoy: “Contemplamos el mapamundi. Localizamos las guerras en regiones distantes, preferiblemente en el Tercer Mundo. Hablamos de subdesarrollo, crecimiento a dos velocidades, fundamentalismo. Creemos que los para nosotros inexplicables combates se desarrollan en las antípodas. He aquí el error, el autoengaño. Porque, de hecho, la guerra civil ya está presente en las metrópolis. Sus metástasis forman parte de la vida ·cotidiana de las grandes urbes”.

Fase 0: Paz.
Fase 1: Crisis crónica o Falsa normalidad.
Fase 2: Crisis de la Seguridad.
Fase 3: Pre Guerra civil molecular.
Fase 4: Guerra civil molecular.
Fase 5: Anarquía o Guerra civil.

En otro parte de su ensayo Enzensberger pareciera estar mirando por televisión lo que por estas horas ocurre en Chile: “Las guerras civiles, ya sean moleculares o a gran escala, son contagiosas. Mientras el número de quienes no tienen participación alguna en ellas disminuye -sea porque mueren o huyen o se unen a uno de los bandos-, los contendientes se van pareciendo cada vez más. La semejanza afecta tanto a su comportamiento como a su moralidad. En las zonas conflictivas de las ciudades la policía y el ejército actúan como si fueran una banda más. Las unidades antiterroristas practican la pena de muerte preventiva; los drogadictos y los pequeños delincuentes son víctimas de los escuadrones de la muerte, fiel reflejo de aquellos a quienes combaten».

Las tesis de Enzensberger se entrelazan con las críticas que el politólogo australiano John Keane despliega contra los vicios de las democracias occidentales: “El populismo es una enfermedad autoinmune de la democracia; requiere condiciones democráticas para florecer (libertad de expresión, de reunión, multipartidismo), pero su lógica es profundamente antidemocrática, destruye los órganos de control y margina a sectores importantes de la sociedad”.

Por su parte Hannah Arendt, la notable pensadora que despierta importantes adhesiones políticas transversales en Argentina, conceptualizó con agudeza los grandes riesgos de confundir el poder con la violencia. Así lo escribió: “El dominio por medio de la violencia pura entra en juego cuando se está perdiendo el poder. Por lo demás la violencia siempre puede destruir el poder; del cañón del fusil nace el orden más eficaz que tiene como resultado la obediencia más inmediata y perfecta. Lo que no puede salir jamás del cañón de un fusil es el poder».

Fuente: infobae.com, 15/11/19.

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18 de octubre: El inicio de una Revolución Molecular

Presenciamos múltiples, pequeñas, y acéfalas ebulliciones disipadas en la sociedad, que se alejan de aquellas del siglo pasado, en las que se podía determinar quién es el enemigo. Hoy no sabemos quién articula, ni cómo lo hace.

Por Daniela Carrasco.

Desde el viernes 18 de octubre (de 2019) Chile ha entrado en un grave conflicto político-social. Destacan los incendios a las 20 estaciones de metro -9 de ellas quedaron inutilizables-, junto a innumerables destrozos, saqueos e incendios a propiedad pública y privada, en paralelo a las movilizaciones ciudadanas. Pero este ánimo destructivo se viene germinando hace años en nuestro país, pues la ausencia de verdad ha permeado profundamente las distintas capas de nuestra sociedad y afecta por ende a la representación de lo que las cosas son, pero también de la representación política. Este escenario nos ha llevado a presenciar una Revolución molecular (múltiples,  pequeñas, y acéfalas  ebulliciones disipadas en la sociedad) que se aleja de aquellas del siglo pasado, en las que se podía determinar quién es el enemigo. Hoy no sabemos quién articula, ni cómo lo hace.

En esta insurgencia podemos encontrar tres fuerzas que generan profundos antagonismos y polarización en la sociedad:

1) Los movimientos sociales (destaca la horizontalidad como un elemental componente);

2) Los movimientos populares (agregan un componente de clase, como el FPMR, el PC (AP), o los troskos); y

3) Las fuerzas anarquistas (movimientos insurreccionales).

Todas estas fuerzas estaban alertas en nuestro país antes de este estallido, pero ya están activas (por inorgánicas que puedan considerarse) en las calles de las diferentes  regiones.  ¿Cómo se tejió este escenario? La literatura tiene mucho que ofrecernos para poder aproximarnos certeramente a la realidad.

No es temerario afirmar que hace ya tiempo el marxismo heterodoxo y el anarquismo han venido abriendo nuevas teorizaciones con el objeto de desplazar al marxismo en su concepción más clásica. Si en el siglo pasado creíamos en que las instituciones funcionaban, entre otras formas, caracterizándose por articular una comunicación vertical para las demandas ciudadanas (considera la presencia de instituciones como partidos políticos, la que puede ser hacia arriba-abajo o viceversa), con la irrupción de los movimientos sociales este paradigma se quiebra, dando paso a una comunicación horizontal (no considera ninguna institucionalidad), desplazando a la política formal. La irrupción e influencia de los partidos en Chile y el mundo este último tiempo operan como una señal de esto.

Esa horizontalidad se radicalizó en una molecularización del cómo hacer política. Quienes han teorizado este nuevo modus operandi (Gilles Deleuze y Felix Guattari, o el colectivo francés Tiqqun, entre otros) abogan por un modelo de de-construcción para aplicar una “Revolución Molecular Disipada”, que, lejos de una política presencial, tal como se ha desarrollado (en espacios e instituciones) pretende organizarse a través de la acción nómade y sin lugares (cibernéticamente). Esto se traduce en una prescindencia de la jerarquía, o de un líder visible, o un vocero como sucede en la vertical.

En Chile, esto es dable observarlo a través de los movimientos estudiantiles, que patrocinaban una horizontalidad a través de las asambleas estudiantiles. Recordemos que entre el 2001 y el 2011 resaltaron algunos rostros, y varios de ellos son hoy parlamentarios o personajes públicos, quienes aún están en la lógica de política formal. Con el estallido del movimiento feminista en 2018, evidenciamos que ya no es posible identificar líderes, sino colectivos. La autonomía acéfala que caracteriza a estos movimientos (molecularización) planteada estaba aplicándose. La violencia en liceos emblemáticos ha sido una constante problemática difícil de solucionar porque no hay líderes visibles que la articulen, al igual como pasó en el llamado a evadir el metro. Ocurrió espontánea, acéfala y (otra vez) molecularmente, gracias al uso de Redes sociales.

Lo acontecido estos días no debe sorprendernos. Asistimos a un conato por declarar interdicta a la política tal como la hemos conocido. Si hasta ahora los partidos venían oficiando de príncipe, ahora es dable afirmar que algunos apuestan a generar las condiciones de posibilidad para imaginarios nihilistas con el objeto de abrir nuevas y desconocidas posibilidades. Toda crisis y conflicto, si bien es una oportunidad, también obliga a reconocer una pérdida. Es hora de volver a pensar en un camino firme a largo plazo, y eso amerita a volver a las ideas unificadoras que nos deben sostener, junto con buscar los mecanismos que re unifiquen el sentido unitario de la vida en sociedad.

Fuente: ellibero.cl, 06/11/19.

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Fases de la Guerra civil molecular

FASE 0: LA PAZ

Los habitantes del Estado viven normalmente. Proyectan sus vidas sin mayores sobresaltos. Adhieren sus conductas a las normas vigentes. Existe un evidente imperio del orden. No carente de conflictos ni de hechos violentos que escapen al control del Estado. Puede darse una situación de crisis, que es la pérdida o debilitamiento de las capacidades políticas, burocráticas y administrativas para realizar normalmente las funciones básicas del Estado (v.g.: desastre climatológico, traspié financiero, epidemia, ataque exterior, un caso de corrupción puntual en algún poder del Estado). Pero este tipo de crisis son transitorias y por eso refuerzan la confianza en las instituciones públicas.

FASE 1: LA CRISIS CRÓNICA O FALSA NORMALIDAD

Los problemas que no se solucionan generan más problemas.

Una vez que la crisis se instala (política, económica o social), esta se torna crónica. Esta crisis genera una sensación de falsa normalidad, alimentada por el deseo y expectativa de encontrar una salida. La gente percibe que el Estado no puede dar una respuesta inmediata y decae la confianza.

Podemos decir que en esta fase la crisis es de índole cultural, ya que comienza a disminuir el grado de adhesión a la normativa vigente y se genera una cultura antijurídica progresiva basada en la transgresión y el remedio excepcional. El Estado entra en crisis por el deterioro de sus basamentos morales y se repliega. Aunque la crisis pueda escalar hacia formas de resolución violentas, la guerra civil molecular comienza a echar su cimiento en forma sutil.

FASE 2: LA CRISIS DE LA SEGURIDAD

La degradación del aparato estatal provoca el deterioro de los parámetros de seguridad interior. La indolencia, desinterés, falta de estímulos, accionar cansino y falto de vocación comienzan a manifestarse en las instituciones estatales que deben velar por la seguridad. Evitar que se extienda depende del liderazgo que se tenga.

Las responsabilidades institucionales de seguridad no se ejercen, sea por omisión o tolerancia pasiva a cambio de beneficios. Los funcionarios estatales se involucran de manera directa y protagónica en operaciones delictivas. Se deja de confiar en las fuerzas del orden y en la justicia.

FASE 3: PRE GUERRA CIVIL MOLECULAR

En esta fase se multiplican los espacios “off limits”. La indolencia, seguida de omisión y comisión, desemboca inevitablemente en la pérdida de manejo de la seguridad interior por parte del aparato estatal. Se generalizan: medidas de autodefensa (posesión de armas, rejas, candados, puertas, autos y chalecos blindados); conformación de barrios cerrados por sectores de alto nivel socioeconómico y la seguridad privada se torna usual.

FASE 4: ESTADO DE GUERRA CIVIL MOLECULAR

Desde el momento en que una organización o masa delictiva se apropia de un territorio, todas sus acciones deben entenderse como acciones de guerra civil molecular, incluso aquellas que representan enfrentamientos entre bandas. Comienzan los entrecruzamientos de acciones; proliferan los combates entre organizaciones (bandas, mafias, carteles, hinchadas, grupos estudiantiles, patotas juveniles). La naturaleza del arma empleada no es relevante, sí lo es la voluntad de avasallar al otro ignorando completamente a la autoridad estatal.

FASE 5: ANARQUÍA y/o GUERRA CIVIL

El colapso del Estado significa el fin de la guerra civil molecular y el comienzo de la anarquía. Sin embargo la anarquía extrema es transitoria, no subsiste por si misma, retrocede hacia la regeneración del viejo Estado o se transforma en una guerra civil macroscópica con vistas a la constitución de uno o varios Estados.

Fuente: elnacionalista.mforos.com, 14/12/10.

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El potencial del Campo argentino

La tercera revolución
de las pampas

EL CAMPO ESTÁ EMBARCADO EN UN PROCESO TECNOLÓGICO Y HUMANO QUE DA EMPLEO A LOS JÓVENES Y NUTRE LAS CIUDADES DEL INTERIOR. PARA CONSOLIDARSE NECESITA CONSENSO POLÍTICO Y MENOS IMPUESTOS.

Por Iván Ordóñez.

Es difícil proponer algo sin diagnóstico, y para los fenómenos sociales como la economía un diagnóstico se hace con buena investigación histórica. En la actualidad Roy Hora es a mi entender el mejor historiador contemporáneo del agro argentino, sobre todo de sus orígenes. Una de sus tesis centrales es que la pampa argentina de fines del siglo XIX era un mar de pequeños productores (muchos arrendatarios, algunos dueños y muy pocos colonos) con islas de grandes explotaciones autosuficientes, conocidas como las estancias. El trabajo de Hora desafía abiertamente la visión de buena parte del progresismo argentino sobre el pasado remoto y el presente del campo.

Otra de las tesis de Hora es que, contrariamente a lo que se cree, los productores ganaderos de principios de siglo eran empresarios innovadores en tecnologías blandas y duras. Ese ciclo expansivo se termina en la década del 30, cuando se combinan la colonización final del territorio agrícola y la creación de las juntas reguladoras de granos y carnes, que en un principio fueron una transferencia de recursos desde la aduana a los productores agropecuarios, pero en pocos años se transformaron en el eje de lo que se llamó “discriminación de las pampas”.

A las juntas le siguieron la agencia estatal que monopolizaba el comercio exterior (IAPI, sigla de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), los impuestos a las exportaciones y las cuotas de exportación. Durante largos períodos estos instrumentos actuaron de manera combinada, siempre con los mismos objetivos: reducir el precio de los alimentos que consumen los argentinos y elevar la recaudación del fisco. El primer objetivo casi nunca se cumplió, el segundo sólo en el corto plazo. Existe una diferencia fundamental entre los impuestos a las exportaciones y el resto de los instrumentos: juntas, IAPI y cupos dejan un lugar abierto a la discrecionalidad, que a su vez abre la puerta a la corrupción.

La “parálisis de las pampas” es un hecho verificable: durante medio siglo (entre 1936 y 1989) la producción de granos creció apenas de 19 millones a 26 millones de toneladas.

El “daño colateral” de esta estrategia, que de manera casi ininterrumpida es la regla en política agropecuaria argentina, es muy claro: ataca la facturación de los productores agropecuarios, sin discriminar entre sus ganancias. Así afecta en mayor medida a los productores que enfrentan mayor volatilidad climática o que se encuentran lejos de los centros de consumo. Además, desincentiva la inversión en tecnología.

La “parálisis de las pampas” es un hecho verificable: durante medio siglo (entre 1936 y 1989) la producción de granos creció apenas de 19 millones a 26 millones de toneladas. La nada misma. En el mismo período, por otra parte, la cantidad de cabezas de ganado cayó de 3 vacas a 1,6 vacas por habitante.

Es imposible entender la “parálisis de las pampas” sin entender la “discriminación de las pampas”. Es imposible entender la “segunda revolución de las pampas”, que introdujo los fertilizantes sintéticos y la siembra directa, sin entender el pasado lejano que relata Roy Hora y la revolución que implicaron los 90, cuando por primera vez en 60 años le dejaron al campo vender al mismo dólar al que pagaba sus insumos. El espíritu innovador del que habla Hora seguía ahí: ahora por fin tenía los recursos. En 1997 la producción de granos alcanzó las 52 millones toneladas, el doble que siete años antes.

Los agronegocios argentinos tienen a los agricultores más jóvenes del mundo productor de alimentos y el mayor índice de ingenieros agrónomos por hectárea.

De la misma manera, es imposible comprender la “tercera revolución de las pampas”, que estamos viviendo y que está basada en la digitalización de la producción, la introducción de nuevos materiales y el cuidado del medio ambiente, sin tomar en cuenta que los agronegocios argentinos tienen a los agricultores más jóvenes del mundo productor de alimentos y el mayor índice de ingenieros agrónomos por hectárea.

Hacer agricultura es más que sembrar una semilla. La compleja red de contratos que producen los agronegocios genera empleos de calidad para jóvenes hiperformados, de programadores a ingenieros agrónomos, para jóvenes que no lograron terminar el secundario (a fin de cuentas, la mitad de los adolescentes argentinos) y también para aquellos que tienen una tecnicatura.

UTOPÍA FARM-OSA

Es imposible pensar cualquier intervención pública sobre el paisaje rural sin abrir la conversación sobre la excesiva carga tributaria que enfrenta la actividad, particularmente la producción de granos. Como un negativo, es imposible hablar de política hortícola sin reconocer que casi la totalidad de sus productos se comercializa en negro.

Para crecer, los productores argentinos de commodities necesitan una reducción de la carga impositiva, particularmente de ese mal impuesto que son las retenciones. Ya sin esa brutal transferencia de ingresos de la ruralidad a la urbanidad los recursos se volcarán en dinamizar la ruralidad. Los ejemplos de que esto es real y no una quimera abundan en nuestro pasado, pero también en nuestros contemporáneos.

El pequeño productor pampeano de commodities para prosperar precisa de tres elementos: proteger su flujo de ingresos ante las fluctuaciones climáticas y de precios, mejorar su conectividad física y virtual y finalmente un entorno urbano atractivo para vivir. Lo primero se soluciona con seguros climáticos, mercados de futuros y rentabilidad plena sin tributos especiales. Lo segundo y lo tercero, facilitando que la riqueza que produce se transforme en infraestructura social en el lugar en el que reside. Un ejemplo de esto se encuentra en el excelente trabajo de Humberto Miranda que describe el proceso de urbanización en la frontera agrícola en el nordeste brasileño entre 1990 y 2010. El paisaje de las comunidades rurales cambió radicalmente: se multiplicaron las ciudades de hasta 20.000 habitantes y otras crecieron hasta los 50.000 habitantes. Un fenómeno similar se da en el estado de Goiás, con ciudades de menor porte como Quirinopolis o la capital del estado, Goiania, que entre 1990 y 2010 duplicó su población, hasta alcanzar el millón y medio de habitantes.

¿Por qué mientras Paraguay es una película excitante de progreso en Formosa la tasa la de actividad es de apenas el 30% y dos tercios de los empleos son estatales?

Desde 2000 en Paraguay, en la zona lindera a Ciudad del Este y gracias al impulso de los brasiguayos, la producción de soja y maíz se multiplicó casi por cuatro, arañando hoy los 5 millones de hectáreas. Eso no es todo: las pujantes colonias de menonitas que escaparon de la Unión Soviética al norte de Formosa (una zona que muchos no dudarían de calificar de monte desértico) se destacan por producir una parte sustantiva de los lácteos, carnes y hortalizas que consumen los paraguayos.

¿Por qué mientras Paraguay es una película excitante de progreso en Formosa la tasa la de actividad es de apenas el 30% y dos tercios de los empleos son estatales? Obviamente, con estos indicadores el 94% del presupuesto de la provincia se sostiene con aportes de la Nación, que en el fondo son aportes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no está predestinado que sea así. Surcada por dos ríos monumentales como el Bermejo y el Pilcomayo, más de 200 kilómetros de costa del Paraná frente a Asunción, una ciudad de 2,7 millones de habitantes, existe la posibilidad de Farm-osa: una provincia que si no alimenta al mundo, al menos lo hace con su región.

No tenemos que irnos de Argentina para encontrar comunidades rurales prósperas y exitosas: Tandil, Rafaela, Villa María y Río Cuarto son polos de atracción de población. ¿Qué hermana a esas ciudades rurales de tres provincias distintas? No son capitales provinciales, poseen una matriz productiva diversificada que pivotea en los agronegocios como eje y cuentan con al menos una sede universitaria. Ahí vive una Argentina posible.

El negocio orientado hacia el mercado interno es un negocio que se achica y empobrece; los agronegocios deben reorientarse a pensar un mercado global para recobrar dinamismo.

En el mundo de las especialidades –aquellos productos que no se estandarizan como los granos– es necesario crear mercados concentradores reales que blanqueen el negocio y eleven la transparencia en la formación de precio. La combinación de ambos factores elevará la calidad de los productos, desde la cebolla y la leche hasta el durazno y la carne vacuna. Ese salto de calidad permitirá a su vez un salto exportador; ese salto exportador traccionará con demanda un incremento en la producción, que se traducirá en mejoras en la productividad e inversión en el negocio hortícola y frutal, en las carnes tradicionales y “no tradicionales” y en los miles de alimentos que produce el ecosistema de agronegocios. El negocio orientado hacia el mercado interno es un negocio que se achica y empobrece; los agronegocios deben reorientarse a pensar un mercado global para recobrar dinamismo. El vino y la soja nos lo enseñan.

El blanqueo permitirá elevar la transparencia en la formación de precio de las especialidades y así lograr un múltiple objetivo en apariencia contrapuesto: que el productor gane más a la vez que el consumidor paga menos.

LA MALDICIÓN DE EXPORTAR ALIMENTOS

Tal maldición no existe. Los importadores chinos de carne roja que representan la mitad de nuestras exportaciones pagaron en promedio por el kilo de carne a los frigoríficos argentinos exportadores unos 320-350 pesos durante 2020, un número muy similar al que los porteños pagaron en la carnicería de su barrio por el mismo producto. La cuarentena estricta y larga destruyó más de 3 millones de empleos informales y golpeó el salario real de los trabajadores formales: el poder de compra de los argentinos se desmoronó. La carne no está cara; los argentinos somos más pobres.

El desafío para desarrollar el país en torno a la exportación de alimentos es la construcción de una coalición política que promueva la idea y esta solo es posible si hay incentivos claros para hacerlo. Estos incentivos son posibles si se construye un consenso social que da votos en pos de que esa coalición gobierne. Esos votos, a su vez, jamás estarán si existe la percepción de que la exportación compite con el consumo local. Esto no puede dirimirse solo en el plano discursivo. 

Los ministerios son importantes, pero todas estas iniciativas precisan agencias con poder de fuego. Los bancos estatales como el Nación, Provincia y BICE requieren de divisiones especializadas en agronegocios más robustas, que abandonen el paradigma “one size fits all” y se aboquen a crear soluciones acordes a los productores de commodities y especialidades. La AFIP de un país cuyo principal sector productivo son los agronegocios debe abandonar la postura autocomplaciente de que “es difícil cobrarle impuesto a las ganancias al campo”. La potencia tecnológica con la que hoy cuenta la agencia de recaudación es la clave para abandonar impuestos que agregan al sesgo anti exportador (como los derechos de exportación o los ingresos brutos) y focalizarse en impuestos “virtuosos” como el impuesto a las ganancias. Un SENASA plenamente alineado es la pieza que cierra ese circuito, porque permitiría acompañar la transparencia fiscal con la garantía de inocuidad.

¿Qué le diremos a nuestros a nietos? ¿Que tuvimos la oportunidad pero nos faltó el coraje?

Finalmente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene un rol privilegiado en esta estrategia. Su capilaridad supera la de cualquier otro organismo estatal del país: hay estaciones experimentales en cada rincón del territorio. Sin embargo, debe modernizarse: la visión productivista debe integrarse con un objetivo comercial, los productores agropecuarios (grandes y pequeños) buscan ganancias, el INTA debe asistirlos en el objetivo de ganar dinero de manera sustentable, no en “producir más”.

Nada de lo expuesto es extremadamente novedoso; es apenas un compendio de mejores prácticas tomadas de otros países. El éxito de estas políticas se juega en su diseño, pero sobre todo en la implementación. Deben conjugarse calidad profesional y voluntad política, humildad para escuchar al sector privado con sus aportes y dotes para la persuasión a la hora de seducirlo para sumarse a soluciones superadoras. Demandan una claridad de visión y una pasión por cambiar que no abunda. Muchas de estas iniciativas no requieren de recursos adicionales, solo de mejor coordinación en el uso de recursos públicos y privados, trabajando juntos.

Las grandes organizaciones siempre muestran falencias a la hora de administrar recursos para alcanzar múltiples objetivos. El mantra tiene que ser sencillo: exportar más. En un nuevo gobierno, todo el accionar debe pasar un test simple: ¿sirve para exportar más? Si la respuesta es afirmativa, ese es el camino correcto. Caso contrario, desechar.

¿Qué le diremos a nuestros a nietos? ¿Que tuvimos la oportunidad pero nos faltó el coraje? ¿Que teníamos las respuestas pero no la capacidad de generar acuerdos? ¿Que no nos animamos? El descenso al subdesarrollo está amenazando nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir libremente qué queremos hacer, nuestro derecho a buscar la felicidad. El tiempo de desarrollar la Argentina, exportar y sacar millones de la pobreza es ahora.

No hay tiempo que perder: se nos va la vida.

Fuente: seul.ar, 2021

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¿Quién impulsa el Aborto?

¿Qué hay detrás del aborto?

Por Carlos A. Manfroni. 15/12/20

Una vez más, como quien quiere tirar la moneda tantas veces hasta que salga «ceca», el Congreso debate sobre el aborto. Así de fácil, lo mismo que tirar una moneda al aire, se discute sobre la vida de otro, o, más bien, sobre la vida de miles de «otros».

Igual de disparatado, pero tal vez menos injusto, sería que debatieran sobre la vida de cualquiera de los que se disponen a aprobar el aborto, quienes, como mínimo, tendrían el derecho a hacer un alegato en su defensa, a diferencia de un bebé inocente y sin posibilidades de esquivar el instrumento o la droga que lo mata inesperadamente en su propio santuario. Sería un teatro del absurdo, claro, pero la Argentina es el país donde el absurdo aparece como algo normal a costa del incesante repiqueteo de la propaganda.

¿Qué tuvo que ocurrir, cuántas batallas debió perder el lenguaje, qué veneno debió haber trastornado a la lógica para que la muerte de un bebé sea algo políticamente correcto y, en cambio, la defensa de la vida sea una actitud fascista? ¿No era el culto a la muerte lo que caracterizaba precisamente al fascismo, como escribió Pablo Giussani? Un culto, efectivamente, no una opinión.

Una opinión es el argumento de alguien que se presenta en un programa de televisión o escribe en un periódico a fin de sostener su posición en favor del aborto. Pero no es una opinión la marea verde que se agita en las calles, que danza, que pintarrajea catedrales, que proclama estar librando una batalla, que pinta grafitis contra «los fetos» o que se jacta de maltratar en la vía pública a muñecos con forma de bebés.

¿No es esa, acaso, la confesión expresa de la existencia de una vida distinta a la de la madre? ¿No es ese el reconocimiento de que no es la compasión lo que mueve esa ola? También lo es la persecución a los médicos que convencen a la madre de no abortar y conducen el embarazo hasta el nacimiento. El ensañamiento con quienes salvan la vida es el revés mismo de la compasión.

El aborto, una bandera histórica de la izquierda, fue rechazado en su momento por el gobernador socialista de Santa Fe Hermes Binner, y por el entonces presidente de Uruguay, también de izquierda, Tabaré Vázquez. Médicos ambos, no quisieron violar el más puro de los juramentos, que es la defensa de la vida.

Al tiempo de enviar el proyecto, el presidente de la Nación sostuvo que, desde la recuperación de la democracia, se registraron más de 3.000 muertes por abortos clandestinos.

Si tan bien contabilizaron los casos ¿dónde están las denuncias? ¿Alguien lleva a los tribunales a los responsables de esas clínicas clandestinas, desde los gobiernos o desde la militancia proaborto?

La legalización de un crimen con el argumento de que se comete de peor manera en la clandestinidad sería equivalente a sostener que, como los violadores asesinan a sus víctimas para no ser descubiertos, habría que despenalizar la violación, de modo que ya esos depravados no tengan que asesinarlas. Absurdo y repugnante.

La noche posterior al ingreso del proyecto en el Congreso, el Cabildo de Buenos Aires y el Ministerio de Salud fueron iluminados con luces verdes por Amnesty International, una organización que, como casi todas las dedicadas a los derechos humanos, defiende la vida, la libertad y la integridad física de todo tipo de personas, incluyendo terroristas y narcotraficantes, a fin de que obtengan un juicio justo o que, una vez condenados, reciban un trato humano, lo cual está bien.

Lo que no está bien, lo paradójico, lo que repugna al sentido común es la contradicción de defender los derechos de los culpables y presionar en favor de la muerte de los inocentes.

No es una sorpresa. En 2018, cuando en la Argentina se debatió tristemente un proyecto similar, también Amnistía Internacional publicó un aviso de una página entera en la contratapa de The New York Times a fin de apoyar la iniciativa.

Ninguna propaganda apareció aquí, al menos recuadrada. ¿Debemos suponer que el aparato internacional que se mueve en pos del aborto invirtió cientos de miles de dólares a 8500 kilómetros de distancia y no desembolsó un peso donde se votaría el proyecto?

El silencio frente a esa pregunta es demasiado pesado y su peso sofoca el grito inaudible de los inocentes, que son las víctimas del aborto.

El caso de Amnistía Internacional es un ejemplo entre miles. Si lo que se desea es saber quiénes tienen en el mundo interés en promocionar el aborto, lo mejor es recordar el lema del FBI: «Siga al dinero«.

De acuerdo con una noticia del diario The Irish Times, en 2017, la Comisión The Standards in Public Office de Irlanda, un equivalente a la Oficina Anticorrupción de la Argentina, ordenó a Amnesty International devolver 137.000 euros que le había donado Open Society, la fundación de George Soros, para promover el aborto en ese país. La directiva se apoyó en la violación de la Constitución y de las reglas de ética electoral.

Como Amnistía Internacional, hay millares de organizaciones en el planeta que trabajan día y noche en favor del aborto. La gran mayoría de ellas reciben financiación, precisamente, de Open Society, que cuenta con decenas de miles de millones de dólares para fines filantrópicos. Y algunos lo son, realmente. Las mentiras únicamente se digieren cuando se combinan con unas cuantas verdades.

Pero la fundación Open Society, con la que el Ministerio de Educación de la Nación firmó en marzo un acuerdo, promueve, por otro lado, el aborto como política de Estado; la legalización de las drogas y, especialmente, la despenalización de su comercialización minorista; llama a poner fin a la guerra contra el narcotráfico; alienta acciones contra la represión policial a la venta de estupefacientes; financia a movimientos populistas; a través del BDS Movement impulsa el boicot contra Israel, un Estado aliado de los Estados Unidos y de los valores occidentales y democráticos en Oriente Medio; patrocina políticas abolicionistas en materia penal y apoya a movimientos indigenistas, como los de los mapuches radicalizados en el sur argentino. Una colección de acciones contra las democracias de Occidente, cuyas estructuras se propone transformar desde sus entrañas.

Soros destinó US$32.000 millones de su fortuna a Open Society. ¿Se comprende, entonces, de dónde salen los «verdes»?

La conocida periodista israelí Rachel Ehrenfeld, que preside el American Center for Democracy en Nueva York, a propósito de la campaña de Open Society en favor de la despenalización de la droga, escribió que «Soros usa su filantropía para cambiar -o más precisamente deconstruir- los valores y las actitudes morales del mundo occidental.»

Una cultura de la droga demanda una sociedad de la angustia, de la culpa, de la pobreza y de la desesperanza; el derrumbe de los pilares de la nación, de la familia y de la concordia social.

Al otro lado de la discusión, están los movimientos provida, algunos de carácter religioso, otros laicos y otros incluso feministas, como en la Argentina Feministas de la Nueva Ola o la organización Feminist for Life en Estados Unidos. Pero no alcanzan contra el dinero del aborto.

«No me preocupa -decía Martin Luther King- el grito de los violentos y los deshonestos. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos».

Fuente: lanacion.com.ar, 15/12/20.

Más información:

25 de marzo – Día del Niño por nacer

La ONU, el Aborto y la Ideología de Género

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La ONU, el Aborto y la Ideología de Género

Así se están infiltrando en la ONU los lobbies del aborto y LGTB para imponer su agenda en el mundo

Los lobbies abortista y LGTB han logrado que en la ONU se diga que los no nacidos no tienen derecho a la vida y que se imponga el matrimonio homosexual. Lo cual contraviene los principios de la Carta de San Francisco y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. ¿A quién defiende la ONU si no defiende la vida y la familia?

Por Alfonso Basallo  – 23/11/17

Naciones Unidas proclama ahora principios totalmente contrarios a lo que proclamó en 1945, cuando se firmó la Carta de San Francisco, acta fundacional;  y en 1948, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los lobbies abortista y LGTB, con la complicidad de gobiernos (singulamente EEUU) [Esto parece comenzar a cambiar durante la Administración Donald Trump] y grandes multinacionales, libran una batalla desde hace décadas para infiltrarse en los distintos organismos de la ONU y alterar los Tratados a fin de imponer sus respectivas agendas.

Lo cual empaña la labor de la organización y desnaturaliza su función.

Aunque no evitó las llamadas “guerras calientes” (Vietnam, Oriente Medio etc.) Naciones Unidas evitó una Tercera Guerra Mundial. Sin duda, su mayor logro. Y tuvo un papel clave en la política disuasoria durante la Guerra Fría para evitar un choque nuclear entre los dos bloques.

También promovió los Derechos Humanos y apostó por la dignidad inviolable de la persona con la Declaración Universal de 1948. Ha reducido la pobreza, combatido las hambrunas y erradicado enfermedades, lo que ha supuesto una considerable rebaja de la mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida.

Pero su actuación durante las últimas décadas contradice dos de sus banderas definitorias: la paz y los derechos humanos. Los dos ideales que son la razón de ser de Naciones Unidas.

La paz, por su promoción del aborto sin restricciones por todo el mundo, lo cual es la forma más sibilina de violencia (más de 1.000 millones de seres humanos masacrados en el vientre materno, una cifra muy superior a los 200 millones de muertos de las dos guerra mundiales).

“Los hombres y mujeres tienen derecho a casarse” dice el artículo 16 de la Declaración Universal… nada que ver con el matrimonio homosexual

Y los derechos humanos, porque pretende incluir entre ellos el mismo aborto –lo que contradice la Declaración Universal de 1948, que establece el derecho de “todos” a la vida (art. 3)-; y los derechos LGTB, un ataque directo a la familia, lo que también  contradice la Declaración al señalar que es el «elemento natural y fundamental de la sociedad» (art. 16). La cual se basa en el matrimonio: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia” (art. 16).

Pero las Naciones Unidas del ghanés Kofi Annan (secretario general entre 1997 y 2006), el coreano Ban-ki moon (2006-2016) y del portugués Antonio Guterres (actual secretario general) han hecho suya la agenda LGTB y de la cultura de la muerte y tratan de imponerla al planeta, con una nueva forma de colonialismo.

Todo empezó en los años 70, cuando Naciones Unidas –entonces con el birmano U-Thant al frente- “compró” el mensaje de Paul Ehrlich que decía, en su libro La bomba demográfica (1968), que la superpoblación ponía en peligro el futuro del planeta, y que era preciso frenar la natalidad.

Era el viejo malthusiano, con ropajes ecologistas y un toque apocalíptico que pronto tuvo traducción en Hollywood, con películas sobre el exceso de gente y la falta de alimentos como Cuando el destino nos alcance (Soylent Green) (1974). [Ver: Soylent green]

La tesis de Ehrlich carecía de rigor científico, pero les vino muy bien a los fabricantes de preservativos y a otras industrias anticonceptivas para extender el negocio al Tercer Mundo.

El Fondo de Población de Naciones Unidas impuso desde entonces programas antinatalistas a los gobiernos de Asia, América del Sur y África a cambio de ayuda económicas.

El problema es que la mayor parte de los gobiernos occidentales estaban de acuerdo –había mucho dinero de las multinacionales farmacéuticas en juego-. Y el que más de acuerdo estaba era Estados Unidos, que pilotó aquella estrategia a escala mundial, con el informe Kissinger como guía.

Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional de Nixon y amigo de la familia Rockefeller, elaboró en 1974 un Memorando de Estudio de Seguridad Nacional, estrictamente confidencial, titulado «Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los EE.UU. y sus intereses en el extranjero». [Ver: NSSM 200/74: El informe Kissinger]

El informe Kissinger presentaba el crecimiento de población en el Tercer Mundo como una amenaza para EEUU. Contó con el apoyo de Planned Parenthood

Venía a presentar el crecimiento de la población en los países subdesarrollados como una amenaza para la seguridad de Norteamérica.

Uno de los socios más importantes de la ONU para esta estrategia mundial fue Planned Parenthood, la multinacional del aborto.

Hoy en día la anticoncepción es un negocio redondo cuyos beneficios se reparten las farmacéuticas y la ONU. Estas fabrican a precios bajos en la India, se los venden a Naciones Unidas (por unos 10 centavos)  y esta los comercializa triplicando el precio (a 30 centavos).

Lo mismo pasa con la píldora del día después:  se adquiere a menos de un dólar y se vende entre 8 y 15 de promedio internacional.

Los DIU o las “espirales” se compran a un precio de entre 3 y 5 dólares; pero para poderlos usar, hay que pagar la consulta del médico y comprarlos a 15 o 20 dólares.

El negocio ha servido para lucrar los bolsillos de las multinacionales farmacéuticas y los funcionarios de Naciones Unidas, para frenar la natalidad en el Tercer Mundo, para multiplicar el aborto y para dañar la salud de la mujer. Durante décadas se ocultaron los efectos secundarios de los contraceptivos… hasta el asunto acabó en los tribunales y multinacionales como la alemana Bayer tiene varios frentes judiciales abiertos por distintas denuncias.  

Pero en su origen nadie quería ver el problema: sólo se veía el signo del dólar. Excepto laIglesia católica, que defendía la dignidad de la persona frente a esa forma de explotación y manipulación que era el antinatalismo. La encíclica Humanae Vitae, de Pablo VI, supuso un jarro de agua fría por su crítica a los anticonceptivos y a la política antinatalista.

Rockefeller III, fundador del Population Council, llegó a visitar a Pablo VI para evitar que proclamase la Humanae Vitae

Las cosas llegaron al extremo de que hasta el magnate John D. Rockefeller III, fundador del Population Council (Consejo de la Población), dedicada a investigar la anticoncepción, intentó disuadir al pontífice. Rockefeller llegó a buscarse aliados dentro de la Iglesia e incluso hizo una visita personal al Papa.

No lo consiguió, y la Humanae Vitae se publicó, siendo la única voz que defendió la dignidad humana frente a la doble ofensiva de gobiernos y multinacionales, bajo el paraguas de Naciones Unidas.

Esta se dedicó, por ejemplo, a imponer la esterilización. Un ejemplo: en cooperación con el dictador Alberto Fujimori, el Fondo de Población de la ONU esterilizó a 300.000 mujeres pobres en Perú sin su consentimiento y, a menudo, incluso sin su conocimiento. Y en China, fue la ONU la que contribuyó significativamente a la introducción de la brutal política de un solo hijo.

Y el club de las mayores fortunas del planeta (David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg y Warren Buffett) decidió en 2009 que la mejor forma de acabar con el exceso de pobres era conseguir que no tuvieran descendencia.

Con un capital de 36.300 millones de dólares, la Fundación Bill y Melinda Gates financiaron la producción del sistema Sinoplant II, un medicamento que se implanta bajo la piel, y pueden mantener a una mujer estéril hasta cinco años.

Y cada vez que la Iglesia clamaba contra estos abusos, los grandes rotativos norteamericanos salían en defensa del antinatalismo retorciendo los argumentos. Como cuando se publicó lo siguiente sobre Benedicto XVI: «El Papa prohíbe los preservativos: millones mueren de SIDA».

El siguiente paso fue imponer el aborto. Y el organismo volvió a ser el impulsor. Primero vinieron las legislaciones despenalizadoras en Occidente, en los años 60 y 70; después la introducción del aborto en los países en vías de desarrollo -con resistencias de algunos Gobiernos-; y finalmente, a finales del siglo, el abortismo recibió un espaldarazo decisivo con la inclusión del aborto en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

El Fondo de Población y ONU Mujeres han sido los dos grandes instrumentos de extensión del aborto en el mundo, al presentar cada nuevo embarazo como una amenaza para la integridad de la mujer y una forma de discriminación de género -y así consta en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)-.

Lo último en esta escalada de la cultura de la muerte ha sido declarar  la restricción del aborto una violación de los derechos humanos, como ha afirmado este mismo año el Comité de Derechos Humanos… siniestra paradoja: porque la misma ONU que proclama tal cosa es la misma ONU que incluyó el derecho a la vida en la Declaración Universal

¿Por cuánto tiempo seguirá figurando ese derecho en la Declaración Universal? La pregunta no es ociosa porque ahora tratan de convertir el aborto en derecho humano,  como consta en los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.

Coinciden el Comité de Derechos Humanos y Hillary Clinton al afirmar: los no nacidos no tienen derecho a la vida

Significativamente el Comité de Derechos Humanos acaba de decir que los niños no nacidos no tienen derecho a la vida.

Una idea que coincide con la frase de Hillary Clinton al decir que el niño en el vientre materno carece de derechos constitucionales. Lo cual no debería extrañar demasiado porque la ex secretaria de Estado de Obama está financiada por el gigante del abortismo, Planned Parenthood.

El otro derecho de la Declaración Universal que Naciones Unidas parece abolir es del matrimonio de un hombre y una mujer y sustituirlo por el matrimonio homosexual, al haberse convertido en abanderada de la perspectiva de Género.

Ya en, 1995, la organización abrazó  la ideología de género en la Conferencia de Pekín de la Mujer. Una conferencia controlada por el feminismo radical, tal como denuncia Dale O’Leary en su investigación  The Gender Agenda.

Ahora, veinte años después, están consiguiendo que la mayoría de los gobiernos y parlamentos occidentales acepten esa ideología, y redefinan el matrimonio y la familia. La identidad de género es otro de los grandes objetivos de desarrollo del milenio.

Lo han conseguido con una paciente labor de infiltración en el seno de la ONU, con informes surrealistas como “El coste económico de la exclusión LGTB”, presentado en 2015 por Mogens Luykketoft que advertía, con tintes catastrofistas, que según el Banco Mundial, el lastre para el crecimiento económico de un país causado por la exclusión LGBT puede ascender a miles de millones de dólares en pérdida del PIB.

Y han conseguido que organismos de Naciones Unidas financien políticas de género, emanadas de los llamados principios de Yogyakarta (la biblia LGTB).

Los 29 principios de Yogyakarta carecen de base científica y jurídica: fueron elaborados por un grupo de activistas, sin autorización oficial ni legitimación

Estos 29 principios constituyen un manual detallado para la implantación de la ideología de género en el mundo. Carece de la menor base científica e incluso jurídica, porque fueron elaborados por un grupo de activistas, sin autorización oficial ni legitimación, que proclamaron una reformulación de los derechos humanos en la ciudad indonesia de Yogyakarta, en 2007.   Los presentaron al público en la sede de la ONU en Ginebra para darles una aureola de autoridad.

Naciones Unidas “compró” el mensaje y está financiando su implantación. Millones y millones están yendo a parar desde hace diez años a la agenda LGTBI mediante suborganizaciones oficiales de la ONU (y también de la Unión Europea) así como de fundaciones privadas (Rockefeller, Ford, Bill & Melinda Gates, etc.). Lo cual queda encubierto como parte de sus presupuestos oficiales.

Es importante subrayar la labor de infiltración del lobby LGTB en organismos de Naciones Unidas y como éstos a su vez terminan influyendo en gobiernos y parlamentos.

Los Órganos de los Tratados de las Naciones Unidas desempeñan un papel especial para transmitir la agenda LGTBI. Los miembros no son elegidos democráticamente, sino que son delegados por los estados miembros, y no son responsables ante los gobiernos de sus países de origen.

Pero tienen la aureola moral de Naciones Unidas: representan en cierta forma la autoridad de la ONU y exigen que los gobiernos de los estados soberanos sean responsables de la aplicación de los derechos humanos como los delegados los interpretan y «desarrollan».

Ganados los partidos, se ganan los parlamentos, y ganados los parlamentos, es posible alterar las legislaciones

Es una forma sibilina de ejercer influencia sobre los partidos políticos de cada país, que tratan de captar el voto LGTB, una porción minoritaria del electorado pero inflada por los medios de comunicación. Ganados los partidos, se ganan los parlamentos, y ganados los parlamentos, es posible alterar las legislaciones.

Desde diciembre de 2016, la propia Asamblea General de Naciones Unidas votó por el establecimiento de un experto independiente en orientación sexual y en identidad de género, con un pequeño margen de 84 contra 77 votos. Se trata de un profesor tailandés de Derecho internacional, Vitit Muntarbhorn,  una especie de comisario de Naciones Unidas para imponer la ideología de género.

El pretexto -como siempre- es luchar contra la discriminación por orientación sexual y acabar con la violencia contra las personas LGTB -lo que en teoría es un fin loable-, pero entre sus objetivos destaca:

– Despenalizar la sodomía.

– Impedir que profesionales de la salud mental traten la homosexualidad y la transexualidad como un trastorno psicológico.

– Asegurar que los documentos jurídicos reflejan la identidad de género subjetiva de los individuos.

– Imponer la aceptación social de la homosexualidad.

– Adoctrinar a los niños mediante la propaganda LGTB.

Esta forma de infiltrarse es doblemente eficaz si el secretario general está por labor. Y Ban ki-mon, secretario general hasta el año pasado,  lo ha estado. Y el actual, el católico portugués Antonio Guterres, aunque menos beligerante, no parece oponerse ni a la agenda LGTB ni a la abortista.

Dos botones de muestra. En el informe «Una Humanidad: Responsabilidad compartida», Ban ki-moon pedía a los gobiernos incluir el derecho al aborto y los derechos LGBT en sus esfuerzos para hacer frente a los objetivos humanitarios de desarrollo sostenible, un nuevo plan masivo 15 años, aprobado por la Asamblea General.

Y el mandatario aprovechó la Cumbre Humanitaria de la ONU (Estambul 2016) para obtener el consentimiento tácito a su acercamiento a los Objetivos de desarrollo sostenible en un entorno en el que las naciones que se oponen al aborto y los derechos LGBT queden en desventaja.

La cumbre fue convocada por el propio Ban Ki-moon y estaba controlada completamente por su personal, en particular la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que elaboró el informe, y la Secretaría de la Cumbre Humanitaria Mundial.

Y finalizó su mandato al frente de la organización con dos tracas finales proLGTB. Por un lado, lanzó y defendió una emisión de sellos de correos sobre la homosexualidad, la transexualidad y la “crianza” homosexual; y por otro, pronunció un inequívoco discurso con el que se despidió de la Asamblea General, atacando a la religión y defendiendo el lobby LGTB .

La ONU estudia crear un comisario de los derechos LGTB para vigilar a los Gobiernos

Aunque ningún tratado de la ONU incluye los derechos LGBT y 76 países del mundo prohíben explícitamente la sodomía en sus leyes, el lobby ha logrado controlar los resortes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y ha conseguido impulsar la agenda LGTB, con imposiciones que vulneran la soberanía de las naciones.

Véase el intento de crear la figura de un comisario de los derechos LGTB que vigile el cumplimiento de esos supuestos derechos. Una especie de Policía LGTB. El año pasado se registró una resolución ante el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra, patrocinada por países latinoamericanos, y por Estados Unidos -entonces bajo el mandato del pro-LGTB Obama-.

La Casa Blanca había ensayado previamente la fórmula con un relator LGTB, nombrado por el Departamento de Estado. Se trataba de Randy Berry, diplomático homosexual, para que actuase como embajador del colectivo gay en todo el mundo y en nombre de la poderosa diplomacia estadounidense.

Fuente: actuall.com, 23/11/17.

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El crecimiento de Guyana

El país sudamericano que va a crecer 14 veces más rápido que China en 2020

Guyana se ganó la lotería y está a punto de cobrar el cheque de su premio. Sus vecinos, especialmente en Venezuela, esperan intrigados por saber en qué se lo va a gastar.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de esta olvidada nación sudamericana de casi 800.000 habitantes crecerá en 2020 a la espectacular tasa del 86% anual, o sea 14 veces más rápido que la economía china. Casi sobra decir que será la economía de mayor crecimiento en el mundo.

También podría convertirse rápidamente en una de las naciones más prósperas per cápita en el hemisferio e incluso en el mundo, por cuenta del petróleo que está empezando a brotar del subsuelo guyanés.

Pero muchos temen que, al igual que hay quien recibe el premio gordo de la lotería y se lo gasta en una fiesta épica y un año después está más pobre que al comienzo, Guyana podría tener dificultades para convertir ese enorme influjo de dinero en un bienestar económico estable para su pueblo.

Crudo y más crudo

Guyana encontró petróleo y en 2020 empieza a exportarlo al mundo. No es que sea tanto, si se compara con otros grandes productores mundiales.

«Eventualmente podría llegar a ser entre 700.000 y un millón barriles de petróleo diarios,» le dice a BBC Mundo Marcelo de Assis, experto de la consultora internacional en el sector petrolero Wood Mackenzie. Es el equivalente a lo que vende al exterior un exportador intermedio como Colombia, para mencionar un ejemplo.

Sin embargo, al dividirlo por el número de habitantes empieza a entenderse el efecto avasallador que puede tener en la economía de Guyana, un país 50 veces menos poblado que Colombia.

Un reciente informe de la cadena estadounidense CNBC estimaba que Guyana podría ser el país con el mayor número de barriles de petróleo por habitante en el mundo.

Malas experiencias

Las experiencias recientes de países similarmente pequeños con bonanzas petroleras súbitas no son alentadoras, le dice a BBC Mundo el profesor Michael Ross, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ha estudiado el fenómeno.

En las bonanzas petroleras, «el dinero llega directamente al Estado, que se convierte en cada vez más poderoso, y potencialmente puede aislarse de las exigencias democráticas de sus ciudadanos. Es también, evidentemente, un caldo de cultivo para la corrupción en estados pequeños que cuentan con instituciones débiles», indica Ross.

«Timor del Este y Guinea Ecuatorial son ejemplos recientes de países que recibieron aumentos masivos de ingresos per cápita. En ambos casos esa influencia de dinero creó tensiones locales significativas. En Guinea Ecuatorial, especialmente, el dinero se quedó muchas veces en manos de altos funcionarios del gobierno, y el país se ha vuelto menos democrático y más corrupto», añade el académico.

Hay pocos ejemplos de países que hayan manejado bien estas bonanzas, y tienden a ser naciones que recibieron estos ingresos a un paso más gradual, asegura Ross.

«En Guyana el dinero va a llegar como un tsunami. Si Guyana consigue manejar ese dinero bien y limitar la corrupción, manteniendo la rendición democrática de cuentas por parte del gobierno, será un caso excepcional en el mundo, que ninguna otra nación en situación similar ha podido lograr», le asegura Ross a BBC Mundo.

Planes de inversión

Thomas Singh, profesor de economía de la Universidad de Guyana, le dice a BBC Mundo que la bonanza petrolera puede llevar a su país «al paraíso, o directamente en la dirección contraria».

Advierte que «con instituciones débiles, una cultura de corrupción, baja confianza y una severa escasez de capital humano. sería inocente esperar que Guyana pueda de alguna manera sobrepasar todas las dificultades para convertirse en una de las pocas naciones petroleras en desarrollo que logre su transformación económica y social con la riqueza que ha encontrado de repente».

Por el momento, recuerda Singh, la plataforma electoral de los dos principales partidos políticos, el PNC del actual presidente David Granger, y el PPP encabezado por el dirigente Irfaan Ali, compitiendo en las elecciones programadas para marzo de 2020, ya prometen a la ciudadanía educación gratuita, expansión de la infraestructura y otras áreas de inversión pública.

Singh describe su país como caracterizado por profundas divisiones políticas y culturales.

Su población está fragmentado entre personas de ancestro africano y otras de ancestro asiático que llegaron durante la época colonial británica.

A lo largo de su corta historia desde la independencia en 1966, el país ha tenido un crecimiento económico modesto basado especialmente en la industria azucarera y minera.

Asegura que las instituciones políticas de su país no han sido conducentes al desarrollo.

«Parece un poco improbable que Guyana, solo con una bonanza petrolera, pueda superar las tremendas dificultades que parecen erguirse contra su transformación económica y social», asegura Singh.

BBC Mundo intentó comunicarse por vía escrita con la Comisión Guyanesa de Minería y Geología para conocer la posición del gobierno guyanés frente a sus planes de desarrollo petrolero, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La situación con Venezuela

Otra arista de la situación en Guyana es su ubicación, al lado de Venezuela, la nación con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, pero cuya industria petrolera está de capa caída.

«No es que Guyana le vaya a competir a Venezuela por recursos de inversión en la industria petrolera, porque estos de todos modos no están dirigiéndose a la industria venezolana. Prácticamente no hay inversión extranjera en el petróleo venezolano en este momento», dice Marcelo D´Assis a BBC Mundo.

Pero más que el capital, las personas podrían cruzar la extensa y poco vigilada frontera entre Venezuela y Guyana.

En particular Venezuela cuenta todavía con una mano de obra calificada experta en el sector petrolero, pero que hoy enfrenta en su país «el salario mínimo más bajo de América Latina y posiblemente del mundo», le advierte a BBC Mundo José Manuel Puente, investigador asociado al Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, en Caracas.

Por lo que los expertos ven probable un éxodo a Guyana de personal calificado que dejaría en peor estado a la ya gravemente afectada industria petrolera venezolana.

Si la nación guyanesa consolida la riqueza que muchos esperan florezca allá, también se crearía otro tipo de empleo, puestos en el sector de servicios que requerirían menos calificación y que serían de menor remuneración.

«Potencialmente puede ser una situación compleja. Varios países pequeños que han experimentado estas bonanzas petroleras, por ejemplo en el golfo Pérsico, se han convertido en destinos para migrantes de naciones vecinas», le recuerda a BBC Mundo Ross, profesor de la Universidad de California.

«Pero esas naciones tienen en general un sistema elaborado para administrar esa migración. Va a ser más complejo en Guyana», apunta Ross, quien advierte que en varias naciones esos flujos migratorios han generado tensiones políticas internas.

Venezuela y Guyana tienen un largo historial de diferendos limítrofes. Si a eso se le añaden potenciales tensiones por el aumento de migrantes, las relaciones entre los dos países estarían a las puertas de nuevas dificultades.

Los retos

Este año, según dice Marcelo de Assis a BBC Mundo, la producción petrolera guyanesa va a llegar a cerca de 300.000 barriles diarios, la cuota inicial de una cascada de dinero que va a hacer que el mundo se fije mucho más en esa nación sudamericana.

«Si me pidieran que pronostique cómo va a ser Guyana en 10 años, diría que las áreas urbanas van a ser irreconocibles por su masivo desarrollo económico», le dice Michael Ross a BBC Mundo.

«La pregunta clave es si el pueblo podrá mantener sus instituciones democráticas y si resistirá las tentaciones de la corrupción», concluye.

Fuente: La Nación, 14/01/20.

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Esquema Ponzi catalán

El madoff catalán, estafador por “obligación”

Antonio Mas: “Nadie en 12 años se ha dignado a llamar a Coca-Cola o a Repsol. En el momento que uno solo hubiese llamado a uno de esos clientes, hubiese saltado todo”

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Por Carlota Guindal.

Antonio Mas estafó cerca de 300 millones de euros a miles de inversionistas durante una década. Sus principales perjudicados fueron miembros de la burguesía catalana, empresarios, dueños de sicavs, altos cargos de inmobiliarias, deportistas o ricos de cuna. También de otros lugares de España. Vieron el negocio de Publiolimpia, una empresa que ofrecía una alta rentabilidad, que a veces superaba el 12% de beneficio, por espacios publicitarios. El negocio era sencillo y rentable. El único problema es que era un fraude. Cuando la gran mentira se hizo insostenible, el propio Mas acudió a los Mossos d’Esquadra a autodenunciarse. Se había tirado a una “piscina sin agua”, como él mismo reconoce, y finalmente se había estrellado.

La farsa no se sostuvo. Era una estafa piramidal de libro. Decía tener espacios con empresas de comunicación, como Mediaset o Atresmedia, que a su vez ofrecía a grandes clientes. Repsol, Coca-Cola, Samsung, Hawuei, Nintendo, o Movistar, entre otros. Lo que se le ocurriera. Daba igual e nombre de los clientes porque eran falsos.

A los inversores se les iba pagando sus beneficios con la entrada de más dinero de nuevos inversores. El negocio iba bien mientras seguía habiendo flujo de dinero. Una vez que se frena o algún inversor reclama recuperar toda su cantidad, el castillo de naipes se hunde. Y eso fue lo que ocurrió.

“Me amenazaron”

Él mismo se lo ha relatado detalladamente al juez de la Audiencia Nacional Alejando Abascal, que le tiene investigado por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, en una declaración a la que ha tenido acceso La Vanguardia. El fiscal inició su interrogatorio con una pregunta sencilla. ¿Por qué lo hizo? El dueño de Publiolimpia, más conocido como el ‘madoff’ catalán por la gran estafa cometida, se justificó: “No paraban de atosigarme, de amenazarme, no paraban de presionarme muchísimo, y al final me vi obligado a cometer toda una serie de irregularidades que conllevaron a toda esta situación que nos encontramos ahora”.

Segunda pregunta obligada. ¿Quién le amenazó? “Luis Pascual Franquesa y Carlos Campdelacreu”. El primero es el hijo del famoso juez condenado por corrupción Luis Pascual Estevill. Antonio Mas, inició su vida profesional como técnico de RTVE. Decidió montar una empresa, Ata Producciones, y fue en ésta donde se asoció con los dos anteriores. De golpe y porrazo empezaron con inversiones muy grandes de dinero.

Sete Gibernau como inversor

Uno de sus inversores era Sete Gibernau, el corredor de motos. Estaba en un proceso de separación con su esposa, y lo que intentó de alguna manera es esconder su dinero. Mi sorpresa fue cuando un día apareció Luis Pascual y me dijo que tenía 11 millones de euros para invertir”, relató Mas al juez el pasado 3 de diciembre.

A raiz de esa inversión, sus dos socios le reclamaron 18 millones de euros. “Recibo la visita de dos sicarios en mi despacho. Venían de una oficina de reclamaciones de impagados desde Colombia”, explica. “Me pusieron un cuchillo aquí y apretaron de lo lindo. Afortunadamente el cuchillo no traspasó nada más, aparte de pegarme cuatro mamporrazos, tirarme al suelo y ya está. Me dijeron, ‘te vamos a matar si no pagas, los 18 millones, mañana venimos a buscarlos’”.

El origen: 18 millones de deuda

Fue entonces cuando creó Publiolimpia. Su único fin era captar inversores para, con su dinero, pagar la deuda con sus dos socios. Necesitaba 18 millones de euros.

En un escrito de la Fiscalía, que consta en el sumario judicial al que ha tenido acceso este diario, se detalla cómo Mas “para saldar la deuda con los primeros inversores y poder pagarles los intereses pactados, el investigado fue recurriendo a nuevo capital, lo que le supuso cada vez un mayor endeudamiento hasta que para poder continuar con su actividad empresarial simuló de la forma relatada que su empresa gestionaba espacios publicitarios”.

“De esta forma, el investigado sería autor de una estafa piramidal y falsedad documental que habría afectado a numerosos grupos de inversores, tras los que encontramos miles de perjudicados en todo el territorio nacional y algunos en el extranjero, ascendiendo el perjuicio causado a centenares de millones de euros, -sin perjuicio de que siendo muchos de dichos inversores extranjeros que operarían desde paraísos fiscales, dicha operativa también implicaría la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de Capitales”, recoge.

“No he ganado nada”

El negocio se le fue de las manos. Él reconoce que ingresó 200 millones de euros, aunque la Fiscalía cifra la estafa en cerca de 300 millones. Sin embargo, sostiene que devolvió 198 millones a los inversores. “El único capital que había está bloqueado en las cuentas. 860.000 y 750.000 euros. Yo no he ganado nada”, espetó en su interrogatorio. Aseguró que no tiene yates y que vive de alquiler. Según él, no tiene nada.

Mas reconoce que falsificó contratos con grandes compañías. Se lo inventó. El dinero se quedaba en la cuenta y no se movía. Nunca fueron a ninguna campaña de publicidad porque no existían. Ha tenido conocimiento a posteriori, que detrás de esos grupos de inversión “son gente de muy altísimo nivel”. Pero, a su juicio, de ellos también es la culpa: “Nadie en 12 años de todos los que están aquí representados se ha dignado a llamar a Coca-Cola, nadie, o a Repsol, nadie. Nadie. En el momento que uno, uno solo, hubiese llamado a uno de esos clientes, hubiese saltado todo, nadie. Y hay gente…”, advirtió a todos los abogados presentes en su interrogatorio.

Tres años de investigación

La Audiencia Nacional acaba de reactivar esta investigación, después de que se iniciara en 2017, tras la denuncia puesta por el propio Antonio Mas contra él mismo. El asunto arrancó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona pero debido a las grandes cantidades presuntamente estafadas se trasladó a la Audiencia Nacional. En la firma de uno de sus negocios, mientras esperaba en la notaría, esperó sentado “porque en cualquier momento yo estaba seguro que o iba a aparecer la policía o algo. Era inaudito lo que estaba pasando”. Él mismo reconoce al juez que la estafa era clamorosa. Falsificó la firma de sus clientes, como por ejemplo de Repsol, para seguir con aquella mentira.

El llamado ‘madoff’ catalán relató cómo su negocio era, de cara al exterior, un gran éxito. De ahí, que una empresa dedicada a la gestión de facturas, Finalter, se puso en contacto con él para ofrecerle una línea de crédito de 50 millones de euros. “Ese tema es realmente esperpéntico”, recordó a preguntas del fiscal, a quien quiso detallarle milimétricamente lo que ocurrió con esa empresa.

Un negocio “inviable”

Era 2015, dos años antes de que saltara el escándalo, y un responsable de aquella empresa le ofreció hacer negocios juntos. “Me dijeron, nosotros te podemos ofrecer financiación para el descuento de facturas. Evidentemente cuando me hablan de descontar facturas como no son reales no le puedo llevar una factura a descontar”, explicó.

Según apuntó, inicialmente rechazó el negocio porque parte del contrato era el deber de enseñar al cliente la factura que después sería gestionada por esa empresa. Esas facturas, como él mismo reconoce, no existían porque no había negocio, así que era “inviable”.

Sin embargo, todo cambia cuando se ve en la tesitura de tener que devolver a un inversionista de Publiolimpia 300.000 euros. “Me veo agobiado porque tengo unos vencimientos de unos inversionistas que no puedo atender, no tengo capital. Ante esta situación me lanzo a la piscina sin agua, por así decirlo”.

“Falsifiqué las firmas”

Lo primer que hace es falsificar una factura de Repsol y enviársela a Finalter. “Yo evidentemente sólo pensaba que en cualquier momento iban a llamar diciendo ‘oye de que va estar historia’. Y no, no. No solo no llaman, sino que me convocan en una prestigiosa notaria de Madrid a firmar el primer contrato. Me mandan la primera adenda famosa donde el cliente tiene que firmar reconociendo que ha recibido la factura. Evidentemente falsifico esa firma. Y se la vuelvo a remitir a ellos”, recuerda.

“Les prometo a todos los que esta aquí que no entendía nada de nada. Me voy para Madrid. Tengo en mi mano la factura y la adenda modificada, falsificada, bueno firmada por mi. Me siento en la puerta de la notaria porque en cualquier momento yo estaba seguro que o iba a aparecer la policía o algo. Era inaudito lo que esta pasando”.

Esta estafa dejó un listado de afectados, que se agrupan en diversos grupos de inversores, como el grupo San Martí, el grupo Boceta Villagrá, grupo Danta, grupo Hortalá, grupo Gonzalbo, grupo Vitaly, grupo Capdevila o grupo Calber, ente otros.

Ocultación de fondos

La suma actual de afectados de forma directa e indirecta sería, según la Fiscalía, de aproximadamente unos 1.120 afectados, repartidos entre Catalunya, Valencia, Madrid, Asturias, Aragón, Navarra, Islas Baleares, Andalucía y Galicia. Así mismo, el Ministerio Público cuenta con información de que podría haber víctimas de otros Estados como Andorra, Reino Unido, Suiza, Francia o Luxemburgo.

A pesar que fue el propio Antonio Mas quien decidió dar el primero paso y denunciar la estafa que había montado, diversos oficios de los Mossos detallan que a pesar de su confesión, “lejos de colaborar con la Justicia y tratar de reparar el daño causado, ha seguido disponiendo de los fondos obtenidos fraudulentamente en su propio beneficio valiéndose, para ello, de diferentes sociedades en las que no constaba él personalmente como administrador de las mismas”.

Fuente: lavanguardia.com, 15/01/20.

Más información:

Ponzi, Madoff, Blaksley: Variaciones de la estafa piramidal

Eugenio Curatola: El Madoff argentino

R. Allen Stanford es condenado a 110 años de prisión

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¿Existen los Derechos Civiles en el Socialismo?

¿Es compatible el socialismo con los derechos civiles?

Por Franklin López Buenaño.

Hay una confusión bastante común mediante la cual se percibe como socialistas a varios países europeos solo por el hecho de que tienen un estado de bienestar.

A raíz del fracaso monstruoso del correato y del chavismo en Ecuador y Venezuela, respectivamente, se abre al debate sobre qué mismo es socialismo y si un socialismo light es compatible con la democracia liberal, entendida esta como un sistema político que defiende y garantiza una serie de valores como el derecho a la vida, a la libre expresión, a la propiedad privada (menos ese eufemismo de “con función social”), a la libertad de cultos, a la igualdad ante la ley, la igualdad de contratación, la igualdad de asociación, división e independencia de poderes, alternancia en el poder, respeto a las minorías, y otras más.  Este ensayo pretende concluir que el socialismo no es compatible con la democracia liberal. Por supuesto, lo primero es definir qué es socialismo y qué no es socialismo.

Comienzo afirmando que hay una confusión bastante común en este campo. La confusión la resume de maravilla el columnista del diario El Comercio (Ecuador): Rodrigo Fierro Benítez[1]: “Me declaro socialista del siglo XXI, demócrata liberal si de precisiones se trata. No se crea que soy de los pocos: son millones los que abandonaron el marxismo-leninismo ortodoxo, es decir el socialismo real, el de la Unión Soviética”[2]. Seis meses más tarde busca aclarar más su convicción ideológica y dice: “A mi juicio, es el socialismo con libertad el paradigma en nuestros días. El imperio de la Ley, la justicia independiente, la libertad de expresión, la gestión moderadora del Estado, he ahí el socialismo democrático, el del siglo XXI”.[3]

La raíz de la incompatibilidad estriba en la frase “la gestión moderadora del Estado”, supongo que esto significa el estado de bienestar como el que existe en los países europeos. Pero eso no es socialismo, es capitalismo, la búsqueda de ganancias no está estigmatizada, las empresas grandes continúan operando, y cuando algún programa de beneficio social tiene problemas se lo reforma. Por ejemplo, consideremos el sistema educativo. Hoy en Suecia el gobierno ofrece un bono o vale a cada padre o madre para que ellos escojan la escuela para sus hijos. El gobierno noruego concede la explotación de petróleo a más de diez empresas multinacionales y ahorra los excedentes de la producción petrolera –que se invierten en el mercado de valores– para mantener su gasto fiscal en tiempos de “vacas flacas”.  Los derechos individuales a la sexualidad, al arreglo matrimonial, se enmarcan perfectamente bien a la definición de libertad de John Stuart Mill, o en lo que muchos llamarían valores burgueses.

Si a este sistema quieren llamarlo socialismo light entonces qué es capitalismo. ¿No es este un sistema en que predomina lo individual sobre lo colectivo? ¿No es un sistema en que los dueños de la propiedad tienen derecho a las utilidades o a las rentas de su dominio?  Porque aunque el gobierno se apropie del 70 por ciento de ellas el derecho no se ha conculcado. ¿No es capitalismo el sistema en donde los precios se determinan en el mercado, es decir, por la interacción de la oferta y la demanda? Den cualquier adjetivo al capitalismo, sea sistema social de mercado o liberalismo social, pero no deja de ser capitalismo.

Para los socialistas “capitalismo” es mala palabra[4], si no se atiene a los postulados de su construcción mental entonces es “neoliberalismo” (otra mala palabra). Enrique Ayala Mora, uno de los más conocidos socialistas del Ecuador, en su referencia al gobierno del socialismo del siglo XXI de Rafael Correa sostiene enfáticamente que eso no era socialismo sino capitalismo, “al contrario de su retórica, la administración de Correa optó por modernizar el capitalismo”[5] [para lo cual se requería construir la infraestructura que necesita el capital para su florecimiento]. Y continúa: «[Pero] no hubo cambio social mayor, hubo crecimiento económico pero no cambio estructural significativo». También señala que el crecimiento del sector público fue un paso positivo, aunque excesivo. En otras palabras no era socialismo.

Socialismo, a mi entender, es un sistema socioeconómico diferente, es un sistema de instituciones, de actitudes y forma de vida diferente, es otro tipo de sociedad. En la declaración de principios en el Congreso del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) de 1987 se sostiene que el partido está construyendo un socialismo enraizado en el país que sea autónomo, latinoamericano, antiimperialista. Además, que sea revolucionario para construir una nueva sociedad y un nuevo Estado, en donde la participación y el trabajo del pueblo serán los cimientos del poder y el bienestar de todos los ecuatorianos, cambiando las estructuras y eliminando las desigualdades y la injusticia[6]. Me atrevo a suponer que esta nueva sociedad también se sustentará en nuevos valores: lo colectivo sobre lo individual, la solidaridad sobre el afán de lucro, el buró planificador sobre la invisibilidad de la mano capitalista, la naturaleza sobre la codicia del extractivismo, la cooperación sobre la competencia. Cito a un preclaro socialista:

Si el socialismo va a ser una formación socioeconómica nueva  —Debo martillar esta premisa— entonces debe depender para su dirección económica sobre alguna forma de planificación, y su cultura sobre alguna forma de compromiso con la idea de una colectividad consecuentemente [el socialism es un sistema] moral.[7]

En lo económico hay que enfrentar el problema de la escasez[8]. Hay que satisfacer las necesidades del consumo presente y reemplazar los bienes de capital que se van desgastando. El cambio tecnológico debe dirigirse de tal manera que no dañe el ambiente o extinga los recursos naturales. Y para progresar y crecer económicamente el consumo presente debe reducirse y el ahorro usarse para la inversión en nuevos bienes de capital. Como no se puede dejar estos procesos a merced de las fuerzas de mercado, hay que comandar, es decir del esfuerzo consciente de dirigir, administrar, asignar, y para ello requiere de burócratas, de individuos no sólo con conocimientos del caso (tecnócratas) sino incorruptibles. ¿No es el mayor problema legado por el correato[9] la obesidad y corrupción de la burocracia?

Entonces, ¿cómo lograr que el sistema económico funcione? ¿Voluntaria u obligatoriamente? En el capitalismo los impuestos, las regulaciones, los subsidios son incentivos para que se lo haga voluntariamente[10].  El mercado no es solo un medio de obtener utilidades, es también un mecanismo para mejorar la condición del individuo, un medio para “buscar la felicidad”. Pero en el socialismo tiene que haber obligatoriedad, y eso implica en cierta medida autoritarismo[11], pero mientras más extensas y profundas sean las actividades económicas que se excluyen del mercado más extenso y profundo el autoritarismo. Lenin se encontró con este problema y así fue como se inició el socialismo real que luego desencadenó en el estalinismo despiadado. El socialismo no puede eliminar el interés propio y subordinarlo al bien colectivo voluntariamente, por consiguiente tiene que hacerlo a la fuerza.

La obligatoriedad no se reduce a la actividad económica sino también se extiende a aspectos culturales. La cultura detrás del capitalismo ha sido calificada como burguesa. Los valores burgueses celebran y animan la idea de la individualidad. Inclusive en el triunfo de los deportes colectivos (como el fútbol) no deja de festejarse el valor individual. En el socialismo la cultura de la nueva sociedad debe ser diferente, debe celebrar, apoyar, y gestar lo colectivo. Si en el capitalismo la cultura se enfoca al logro material, en el socialismo la cultura debe enfocarse a los logros morales o espirituales. El problema como lo ve Heilbroner “radica en la dificultad que una cultura socialista pueda tolerar las actitudes políticas y sociales inherentes a la burguesía”.

Los valores burgueses toleran la disidencia, permiten inclusive la subversión, las huelgas y las manifestaciones callejeras. En las universidades, en la prensa, en los movimientos políticos los individuos escriben, argumentan a favor hasta de la sedición o la secesión. ¿Por qué? Por el valor que se da a la individualidad, a la diversidad y a la pluralidad. Se podría hasta sostener que se debe a la falta de significación moral a las actividades económicas y políticas. No hay prevalencia de valores absolutos, lo que existe son opciones, proposiciones, pragmatismo y hasta utilitarismo. La democracia liberal se fundamenta sobre estos valores burgueses.

Por el contrario, si el socialismo se debe fundamentar sobre valores morales, surge la pregunta, ¿moralidad de quién? El islamismo es un sistema fundamentado en los valores musulmanes y son sistemas despóticos. Las expresiones en contra de un sistema moral son blasfemias, no se pueden tolerar la oposición o la disidencia porque destruirían el sistema. En el liberalismo el individualismo no es destructivo del sistema, en el socialismo sí. 

Como la sociedad socialista aspira a ser buena, todas las decisiones y todas las opiniones están obligadas a ser morales. Por lo tanto, cualquier desavenencia, cualquier desacuerdo que cuestione la moralidad del sistema, no solo su eficiencia o eficacia económica, sino su validez ética serían inexorablemente reprobables y por tanto punibles, sería semejante a una herejía digna de la excomunión o del cadalso.

En conclusión, el socialismo llamémoslo utópico o idealizado que no quiere confundirse con el capitalismo, conduce irremediablemente a un sistema despótico, autoritario, disfrazado de moralismo que cuando se quita la vestidura y quedan al desnudo los resultados son atroces e inexorablemente desastrosos. Por esto, se cuentan en millones los muertos que deja en su camino, se da la pauperización de sociedades prósperas como la de Venezuela o la creación de islas prisiones como la de Cuba. Estos son crímenes de lesa humanidad.

Referencias:

[1] Un médico brillante en su campo.

[2] Rodrigo Fierro. “El socialismo del siglo XXI”, diario El Comercio, 28 de junio 2018.

[3] Rodrigo Fierro. “Mi derecho a pensar”, diario El Comercio, 10 de enero 2019.

[4] No he encontrado ningún escrito socialista en el que no se condene el capitalismo o el neoliberalismo.

[5] Enrique Ayala Mora.  “Authoritarian Caudillismo and Social Movements in Ecuador”. Capítulo en el libro Ecuador Today. Loc. 2562. 

[6] Ibid. Loc. 2524.

[7] Robert Heilbroner. “What is Socialism”, revista Dissent, https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1433884078summer78heilbroner.pdf  (Traducción y énfasis del autor)

[8]Todo texto de economía indica que el problema de la escasez se soluciona (o reduce) de tres maneras: tradición, mercado, o comando.

[9]También lo fue en la Unión Soviética y fue una de las razones para su colapso.

[10] Estoy consciente que los impuestos y otras medidas gubernamentales sufren de un cierto grado de coerción; no obstante, también en gran medida la coerción es soslayada por las mayorías y por tanto no le quita mérito a mi argumento sobre la noción de voluntariedad en el capitalismo.

[11] Autoritarismo no es siempre totalitarismo. No es necesario que el comando sea sobre toda la economía, pero como bien ha descrito Hayek en su Camino a la servidumbre, poco a poco la obligatoriedad avanza, aunque sea a paso de tortuga.

Fuente: elcato.org

Etiquetas: Franklin López Buenaño, socialismo, capitalismo, liberalismo, Estado de Bienestar, autoritarismo, Totalitarismo, socialismo moderno, Socialismo del Siglo XXI.

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