Chubut anuncia que no puede pagar su deuda
enero 25, 2018
Chubut avisa que no puede pagar su deuda
El Gobernador pedirá autorización a la Legislatura para reestructurar los vencimientos y bajar la tasa de interés. La deuda totaliza unos $ 29.000 millones. Mariano Arcioni tiene cortocircuitos permanentes con la Casa Rosada.
Por Ismael Bermúdez.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni en las obras de ampliación del Parque Eólico Rawson junto a Mauricio Macri.
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El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, adelantó que la provincia no podrá afrontar este año el pago de los vencimientos de la deuda y pedirá a la Legislatura autorización para avanzar en una reestructuración o canje de deuda. El gobernador tiene cortocircuitos permanentes con la Casa Rosada. Y en los próximos días debe afrontar fuerte vencimiento.
Arcioni confirmó que convocará a una nueva sesión extraordinaria para la primera quincena de febrero y adelantó que pedirá que se trate la ratificación del Pacto Fiscal y la Ley de Emergencia Económica.
Este año, Chubut tiene que afrontar vencimientos de deuda por unos $ 7.000 millones, de los cuales $ 2.500 millones corresponden a intereses – el 35% del total. El resto son vencimientos de capital.
En total el stock de deuda ronda los $ 29.000 millones, de los cuales el 75% está contraído en moneda extranjera, con vencimientos trimestrales. En pesos, hay colocadas Letras del Tesoro que vencen cada 6 meses y que, al no tener fondos para cancelarlas, obligan al Tesoro Provincial a colocaciones permanentes.
Con el aumento del valor del dólar en las últimas semanas, se acrecentó el equivalente en pesos de la deuda en más de $ 2.700 millones. Aunque buena parte de esa deuda está pactada a 10 años, los intereses y vencimientos de capital fueron acordadas a pagar en forma trimestral a tasas del 7,75% anual.
Chubut tiene además déficit fiscal. Se estima que el año pasado tuvo un déficit del orden de los $ 8.700 millones, equivalente al 20% de los ingresos, agravado porque las regalías fueron perdiendo peso en los ingresos provinciales por la crisis petrolera. Con el alza internacional del valor del crudo, estos ingresos podrían mejorar.
El mandatario provincial aclaró que en la sesión legislativa el Poder Ejecutivo no pedirá autorización para emitir un nuevo bono de endeudamiento sino para «poder avanzar en la reestructuración de la deuda».
En realidad, Chubut no cumple con la ley de Responsabilidad Fiscal que fija que los servicios de las deudas provinciales no pueden ser superior al 15% de los ingresos corrientes netos de la coparticipación. Eso implica que no puede emitir nueva deuda, con aval de la Nación, sino reestructurar la deuda existente.
«No quiero endeudar más a la provincia, sí quiero renegociar», sostuvo el mandatario chubutense que asumió en al frente del Ejecutivo en noviembre de 2017 tras el fallecimiento del gobernador Mario Das Neves.
Las últimas colocaciones de deuda en moneda extranjera – en 2016 por U$S 700 millones– Chubut acordó tasas de entre el 7,75% y el 8,775%.
Los especialistas descreen que Chubut pueda lograr menores tasas de interés –del orden del 5% según aspiran en la Provincia– dadas las difíciles condiciones financieras y fiscales por las que atraviesa. Podría lograr –dicen– mayores plazos.
Fuente: Clarín, 25/01/18.
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Argentina: Carrefour apunta al segmento mayorista
enero 25, 2018
Carrefour reconvierte 16 hipermercados en mayoristas
Ese formato, que vende a menores precios, es el que más resistió la caída del consumo en 2017. Carrefour acaba de cambiar de presidente en la Argentina.
Por Natalia Muscatelli.
Carrefour cambia de estrategia.
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La renuncia del CEO de Carrefour, Daniel Fernández, la semana pasada, fue la punta de un iceberg que comenzó a asomar con mayor intensidad el martes, cuando la cadena francesa lanzó un plan de transformación a nivel global. Ese programa, anunciado en París, prevé una racionalización en los países donde está presente la cadena. En la Argentina, supone la reconversión de 16 hipermercados en maximercados, es decir, la apuesta es al comercio mayorista, el único que logró sortear la crisis del sector en los últimos dos años.
Fuentes del mercado explicaron que la empresa todavía no cuenta con información oficial acerca de cómo se hará la reestructuración en el país. Pero si que va a tener correlación con los anuncios que se hicieron en Francia.
En el mercado local, los bajos rendimientos de la cadena en el último año, derivaron en la renuncia de la primera línea de directivos. Aunque la crisis afectó a todo el consumo masivo, que terminó el 2017 con una caída promedio del 1% en las ventas.
Sin embargo, en este contexto, el formato que logró mantener su clientela fue el mayorista. De ahí, que la estrategia, en adelante, será la reconversión hacia este formato, entre otras razones porque requieren menos personal. «los Maxi son galpones de almacenamiento que no requieren la reposición constante en góndolas, como el hipermercado», explicó una fuente vinculada a los mayoristas.
Carrefour ya tiene siete maximercados en el país. La primera boca se abrió, en 2011, en Almirante Brown y luego se extendieron en el primer cordón del conurbano bonaerense. En el interior, hay un maximercado en el barrio Juan B. Justo, de Córdoba, una zona donde existen otros mayoristas.
En principio, cuando abrió el primer «Maxi» se pensaba «llegar sólo a los comerciantes pero luego, la oferta, se amplió al consumo familiar», explicaron en la cadena. Y la tendencia se multiplicó en las bocas de otras marcas también. Según la consultora Kantar Worldpanel, en 2017, el canal mayorista logró sumar, a lo largo del año, casi 500 mil clientes nuevos -en comparación con el 2016-, la penetración más alta de su historia.
A nivel global, el plan de Carrefour intentará en los próximos cinco años, achicar parte de la estructura de la cadena. Sólo en Francia ofrecerá retiros voluntarios a 2400 empleados. Y si bien el CEO global de la firma, Alexandre Bompard, no hizo referencia a otras latitudes se espera que el recorte de personal también llegue a Latinoamérica. En la Argentina, es la principal cadena: tiene 20 mil empleados.
Otra de las estrategias para sanear el negocio será seguir potenciando las ventas de productos con marca propia en todo el mundo. Hacia el 2022, estos productos representarían un tercio de sus ingresos. Además, también invertirá fuerte para fomentar el comercio electrónico.
Fuente: Clarín, 24/01/18.
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Holanda comprará un reactor nuclear al INVAP
enero 24, 2018
El contrato es entre la Fundación Pallas e Invap, por el diseño y construcción de un reactor de investigación y producción de radioisótopos para usos medicinales en la ciudad de Petten, Holanda del Norte.
El Jefe de Estado realizó el anuncio durante un encuentro que mantuvo en Davos, Suiza, con el Primer Ministro de Holanda, Mark Rutte, y que contó con la presencia de la Reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.
Invap, la empresa de tecnología de Río Negro, le había pedido a la Legislatura provincial una millonaria ampliación de sus avales crediticios para poder competir en mejores condiciones en esa compulsa.
La garantía crediticia de US$ 30 millones data de 1991 cuando INVAP construyó un reactor para Egipto. Entonces tenía apenas 350 empleados.
El reactor que venderá a Holanda es de uso médico. El presupuesto global del emprendimiento es de US$ 1.000 millones y el Invap estaba obligado, como requisito, a tener avales crediticios por el 10% de esa cifra. Además deberá contar con dinero para cubrir un anticipo que representa el 15% del contrato de ejecución estimado en US$ 350 millones, es decir, US$ 52,5 millones. Estas garantías crediticias llamadas de “buena ejecución”, constituyen un seguro para el país que pagará por el producto de alta tecnología. Invap compitió con las firmas Tecnicatom (francesa) y Kaeri (surcoreana).
Invap ya desarrolló reactores para Argelia, Australia, Egipto, Perú y la propia Argentina. Sus valores competitivos y la alta especialización de sus empleados son reconocidos en todo el mundo.
La firma tiene hoy 1420 empleados, 1200 proveedores, muchos de ellos en Bariloche, y una facturación anual de US$ 200 millones.
Historia del proyecto holandés
Según indicó el Gobierno en un comunicado, actualmente, existe en Petten el reactor HFR, que abastece el 60 %o del mercado de radioisótopos de Europa y que está llegando al final de su vida útil, por lo cual se ha decidido reemplazarlo.
Hoy alrededor de diez mil hospitales emplean esos radioisótopos y cada año se hacen más de 40 millones de procedimientos de diagnósticos y tratamientos, mayormente en casos oncológicos.
En diciembre de 2007, Holanda llamó a una licitación por este nuevo reactor, a la que se presentaron AREVA TA de Francia, KAERI de Corea del Sur, y la rionegrina INVAP.
La oferta de la Sociedad del Estado argentina, creada en la década del 70, fue seleccionada en junio de 2009, pero en ese momento las autoridades decidieron discontinuar el proyecto debido a la crisis económica global, hasta que en 2015 la Fundación Pallas llamó a una nueva licitación.
Se dividió entonces el proyecto en dos etapas: la primera fase consistirá en la ingeniería, la obtención del permiso de construcción, el perfeccionamiento del plan de negocios y la obtención de la financiación; en tanto que la segunda implicará la construcción del reactor.
Para el éxito de la oferta de INVAP fue fundamental, además de la trayectoria de la empresa, el respaldo y las gestiones realizadas por Macri, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, la Embajada Argentina en los Países Bajos, el Ministerio de Energía y Minería de la Argentina.
También el apoyo del gobierno de Río Negro y la aprobación unánime de la Ley 5218 de la Legislatura de esa provincia que amplió el aval para proyectos de exportación de INVAP y permitió la obtención de las garantías bancarias necesarias en contratos internacionales y el apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Fuente: Clarín, 24/01/18.
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Argentina y la lucha contra la inflación
enero 24, 2018
Aranguren: «Estamos bajando la inflación de una manera sustentable»
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MOSCÚ — Juan José Aranguren es determinante sobre lo que aún se le demanda a la Argentina desde el exterior. Todo tiene que ver con un valor que la Argentina viene desgastando desde hace décadas: la confianza. Para el ministro de Energía , los inversores aún le demandan más credibilidad a nuestro país.
Horas antes de partir hacia Davos , Suiza, en una entrevista con LA NACION, Aranguren destacó que en los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri»se han hecho muchas cosas», el país necesita «varias décadas de continua insistencia en mantener los principios y la regulación». Y defendió la suba de tarifas para aliviar el déficit.
-¿Qué esperan los inversores de la Argentina?
-La economía argentina, como es una economía chica o mediana, necesita tener mucha más competencia. En un momento determinado, cuando la economía de escala te hace restrictivos los sistemas financieros, es mejor tener más atomizado el desarrollo.
-¿Cuáles son las preocupaciones que le manifiestan en el exterior?
-La confianza. Nosotros necesitamos varias décadas de continua insistencia en mantener los principios y la regulación. Un ejemplo es haber salido de la emergencia pública. Tuvimos durante 15 años, desde el 6 de enero del 2002 hasta el 22 de diciembre del 2017, sometidos a una ley que le daba al Poder Ejecutivo facultades por encima de lo que el Congreso había desarrollado. Nosotros no la renovamos, no vimos necesidad de hacerlo.
-El Gobierno desplegó en estos años varias reformas que le reclamaban desde el exterior para venir a la Argentina. ¿Alcanza con eso?
-Cuando hablamos de inversiones, nosotros hemos adjudicado en el sector energético solamente en producción de energía eléctrica 27.500 millones de dólares. También adjudicamos 5000 megawats en energía térmica y 5000 megawats en energía renovable. Todo eso suma 7500 millones de dólares. Hay inversores que confían.
-¿Y qué falta para que lleguen en un número mayor?
-Lo que necesitamos es mantener las leyes y respetar los marcos. El proceso licitatorio es muy importante, que los procesos sean transparentes, que sean públicos, que sean abiertos y que se respeten. Además, que haya multas cuando no se cumplen. Nosotros hemos adjudicado 144 contratos renovables, 59 ya se han firmado, más 10 que heredamos de la anterior administración que se firmaron en enero. Tenemos la obligación que cuando uno incumple con el período de construcción sea multado no importa quién sea. Esto es lo que da certeza y confianza.
-¿Alcanzan las medidas que tomó el Gobierno para recuperar la confianza?
-Sí, sin duda. La confianza, así como se pierde muy rápido, reconstituirla toma un tiempo. En los dos primeros años se han hecho muchas cosas para lograrlo y cada paso se va logrando restablecer. Es un proceso.
-Se viene un nuevo aumento de las tarifas públicas de servicios.
-Sí, el 1 de febrero es la audiencia pública para Edenor y Edesur , y la última de tres etapas de valor agregado de distribución para esas empresas porque en marzo del año pasado, cuando hicimos la primera revisión tarifaria integral , para poder alcanzar los niveles de tarifas que corresponde para una inversión próxima, daba un aumento exagerado. Por eso lo partimos en tres etapas. Y esta tercera etapa es la que se termina en febrero. Después, el 1 de abril, es el correspondiente al gas natural conforme a lo que presentamos en la audiencia pública del 2016. Es eso gradual, para ir recomponiendo el precio, pero siempre con exclusión de la tarifa social. Seguimos reformulando los subsidios para que en lugar de que vayan para todos y para todas, que vayan para aquellos que lo necesitan. Si hacemos las cosas bien, el éxito de nuestra administración va a resultar en que cada vez sean menos los que necesitan la tarifa social.
-¿La nueva meta inflacionaria no modificó el cronograma?
-No, no porque las metas inflacionarias son la consecuencia de algo. Hay una política de precios para los regulados y precios para los no regulados. Cuando el mercado pretende regular esos precios la consecuencia es la inflación. Estamos bajando la inflación de una manera sustentable. La inflación va a ir bajando. Ese es el camino, es como la confianza.
La falacia del Garantismo
enero 24, 2018
De leyes blandas y jueces «garantistas»
Una noticia tan triste como repetida en la Argentina: presos que, cumpliendo condena por sucesos de extrema crueldad y violencia, son beneficiados por la elasticidad del criterio de algunos jueces y, a las pocas horas de haber recuperado la libertad, vuelven a cometer hechos similares a aquellos que los habían llevado a prisión. Recién entonces recuperamos la memoria y deploramos, con amargos lamentos, que la imprevisión (de los otros, eso sí, porque aquí la culpa siempre es del otro) nos ha llevado a cosechar nuevas víctimas para la fría estadística, que esas víctimas podrían perfectamente haberse evitado y prevenirse el desastre, porque su autor ya había dado muestras de su incapacidad para reinsertarse en el seno de la sociedad.
Una incapacidad que no suele originarse en un trastorno mental insuperable ni en una condición social o económica de vulnerabilidad y postergación. Sino en una falta total de arrepentimiento, en una ostentosa burla por el sistema que permite nuestra convivencia y las leyes que lo hacen posible y, finalmente, en una insensibilidad brutal hacia las víctimas de sus crímenes y delitos.
Es esa sideral lejanía con el dolor de los ofendidos por agresiones cada día más violentas, graves y frecuentes, la que descompensa el concepto de reparación justa y deja a los damnificados en un pozo de frustración y desamparo. El desconsuelo aflige de manera unilateral y unívoca: ofende a los muertos, pero también a las víctimas de secuestros, violaciones, asaltos y saqueos, humilla a sus familias y desprecia el desasosiego del hombre común que, se levanta rezando por terminar el día sin que a alguien de su familia o de su círculo le toque la tragedia de una violencia injusta.
Si para colmo el criminal no paga el precio debido, está claro que todo ese padecimiento se diluirá en la impunidad y el olvido, porque la ley habrá naufragado en su obligación de proteger la integridad moral del sistema.
No habrá salida si cada vez que fracasan los mecanismos tendientes a obtener la readaptación de estos individuos a la vida en sociedad, nos limitamos a cargar todas las responsabilidades en el Estado. Y volvemos al mantra remanido de esa visión estrábica y deformada que, al servicio de una finalidad política e ideológica, se fue imponiendo en Argentina. Es falsa: eso no es garantismo ni es nada; eso no es más que un lucrativo parloteo de señorones y vacas sagradas que al delito lo llaman “conflicto”, al Código Penal “una herramienta al servicio de los poderosos” y al delincuente “la víctima de un sistema social injusto”.
Aunque parezca mentira esos disparates fueron paulatinamente hegemonizando los artículos de doctrina jurídica, las sentencias judiciales, la orientación de la cátedra universitaria y los honores y distinciones académicas.
El supuesto al que me refiero resulta tan desvergonzadamente falso como casi todos los mandamientos de ese credo. Postula, en síntesis, que es del Estado la obligación ineludible de reinsertar al preso con independencia del preso mismo.
Se olvida así, intencionadamente, que la re inserción es un derecho del reo no una obligación del Estado; que la sociedad debe colaborar con ese proceso valorando adecuadamente los esfuerzos de quienes luchan por volver a conquistar una posición digna y una vida honrada y evitar las etiquetas estigmatizantes o los preconceptos excluyentes para con aquellos que, en razón de su humana condición, han cometido un error. Pero todo ello no puede hacernos olvidar que, en definitiva, nadie puede obligar a otro a reinsertarse si éste no quiere hacerlo.
Al Estado han de exigírsele todas las medidas materiales necesarias para que el sujeto de tal derecho pueda alcanzar la consecución de ese fin. Pero corresponde al reo, y sólo a él, acreditar con hechos y de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse como un elemento útil al cuerpo social que antes agredió y ha invertido tiempo, esfuerzo y recursos para darle una nueva oportunidad.
En realidad no existe más que un camino: que la ley penal se cumpla de manera íntegra e irremisible. Que el aparato estatal funcione y lo haga en forma coherente, sin contradicciones, contramarchas ni retrocesos, de modo tal que toda violación a aquélla determine la respuesta inexorable del sistema. Que se atienda a la especial situación de los «profesionales del delito», aquellos que hacen del delito su medio de vida habitual.Necesitamos un posicionamiento diferenciado para este género de delincuencia y que esa distinción acarree -como consecuencia- un drástico recorte de las posibilidades de excarcelación.
He clamado, más de una vez en mis dictámenes y memoriales, por una normativa que avance hacia una mayor limitación de las solturas alegremente generalizadas y que determine expresamente supuestos en los que la gravedad del hecho y los antecedentes del acusado habiliten la prisión preventiva durante la tramitación del proceso. Quien vive permanentemente inmerso en el delito, sea cometiéndolo, sea colaborando con su consumación, sabe perfectamente que está apostando a un riesgo y cabe presumir que ha asumido en plena conciencia las consecuencias de perder esa apuesta. Es preciso dejar atrás tanta insensatez y encaminarnos a conformar una Justicia que subordine las opiniones políticas y las tendencias ideológicas de sus magistrados al ejercicio independiente de la misión que les ha sido confiada y supere la confusión entre el papel del juzgador y el del asistente social. Que, en suma, sometiéndose a los dictados del sentido común, proteja a toda la ciudadanía sin distinciones y sin otro instrumento que la sujeción irrestricta al imperio de la Ley.
—Germán Moldes es Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones.
Fuente: Clarín, 24/01/18.
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LA SSN emplaza a Caledonia a mantener la integridad de su capital
enero 23, 2018
La Superintendencia de Seguros emplazó a Caledonia a presentar un “plan de regularización y saneamiento” para cubrir un déficit de capital de $ 251 millones. El trasfondo del problema: los cambios regulatorios para fortalecer la solvencia del sector.
Buenos Aires – El caso de Caledonia y de otras siete aseguradoras a las que se les dictó la inhibición general de bienes por registrar déficit de capital mínimo, deriva de los cambios regulatorios adoptados por las autoridades en los últimos dos años: la suba en los capitales mínimos a acreditar y la modificación del régimen de reservas. Ambas medidas han «colocado la vara más alta» para operar en seguros.
El caso es grave: en un año se le ha dictado la inhibición general de bienes a ocho aseguradoras y a otras se le está «perdonando la vida» por razones políticas. Si las aseguradoras inhibidas no cumplen con los planes de saneamiento para capitalizar las compañías, en algún momento la Superintendencia de Seguros les dictará la revocatoria.
Sobre la base conceptual de que el seguro es un «negocio capital intensivo», el organismo de control va a avanzar en línea con solidificar el sistema aunque queden en el camino un puñado de aseguradoras que no puedan saltar «la vara».
Para el último ejercicio anual 2016/2017 cerrado en junio pasado, 13 aseguradoras presentaron déficit de capital y otras 20 registraron un superávit de capital menor al 5%. Dos de las aseguradoras inhibidas y otra que no lo está, han registrado déficit de capital mínimo en los últimos cuatro ejercicios anuales. Estos datos revelan que el sector está necesitando una inyección de capital.
CALEDONIA
Respecto a Caledonia Argentina Compañía de Seguros, la resolución de la Superintendencia «hace saber» a la compañía que «la situación deficitaria correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2017 por $251.042.480, deviene en definitiva». Y emplaza a la aseguradora «en los términos del Artículo 31 de la Ley Nº 20.091, para que dé explicaciones y adopte las medidas para mantener la integridad de su capital, a cuyos efectos deberá presentar un plan de regularización y saneamiento dentro de los QUINCE (15) días corridos desde su notificación».
Fuente: Estrategs, 23/01/18.
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Argentina, dólar y créditos hipotecarios
diciembre 29, 2017
¿Cómo impacta la suba del dólar en los créditos hipotecarios?
La divisa se disparó y cotizó a $19,46; cuál será el efecto para quienes quieren convertirse en propietarios.
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El anuncio de la relajación de la meta de inflación para 2018 en 15 por ciento y un dólar por encima de los 19 pesos son variables que afectan directamente a un mercado inmobiliario en el que las operaciones con crédito crecen a un ritmo de 173 por ciento en la Capital Federal y las propiedades usadas -que son las que califican para la financiación porque se pueden escriturar- aún se venden en dólares.
La corrección del tipo de cambio que, en diciembre, fue de 11 por ciento -la misma suba que llevaba durante el año hasta noviembre- exigirá que quien vaya a sacar un crédito, principal motor de la demanda, tendrá que contar con más pesos de ahorro que hace unos días atrás para cubrir 20 o 30 por ciento del valor de la propiedad que exigen las líneas.
Otra forma de mitigar el riesgo de la caída de la operación es, quien tiene una mayor capacidad en la relación cuota-ingreso, comprometer una mayor parte de su sueldo -hoy el promedio es 58 por ciento- y pedir más dinero de lo que vale la propiedad.
«El impacto en los que alcanzan el ahorro previo es menor porque lo que mira el tomador no es el precio final sino es el valor de la cuota que sigue siendo similar al de un alquiler, que además le permite seguir capitalizándose», minimiza el desarrollador Gonzalo Monarca aunque aclara que una mayor inflación extiende los plazos ya que la normativa vigente de los créditos Uvas contempla que si sube un 10 por ciento más que lo que se actualizan los salarios, el deudor hipotecario puede solicitar la extensión del plazo de su crédito en un 25 por ciento. «Si los salarios aumentan en la misma línea que la inflación no habrá cambios», aclara Mariano Sardans, director de la gerenciadora de patrimonio FDI.
En el caso de los proyectos nuevos que, en general, se venden y financian directamente en Uvas, el efecto será nulo. «Son correcciones que generan algún sobresalto en el corto plazo pero en el largo ayudan porque se generan metas realistas y creíbles», relata Sebastián Sommer, director de la desarrolladora CasasArg, una de las primeras en lanzar un emprendimiento nuevo para la clase media.
Los precios
Monarca reconoce que en dólares el valor del metro cuadrado disminuirá pero igual no se espera una baja en el valor de las propiedades. «Hemos atravesado devaluaciones más grandes en un contexto recesivo para el sector y los valores en dólares no se tocaron», agrega Rozados. Un dato clave es que la suba de las propiedades le ganó a otras variables: hasta noviembre el precio de los departamentos usados aumentó 12 por ciento en dólares, porcentaje al que si se le suma la corrección del tipo de cambio, el incremento en pesos supera al 28,4 por ciento, según datos de Reporte Inmobiliario. Un número que da por encima de la inflación -que se estima cerrará en 24 por ciento- e incluso de la UVA que entre enero de 2017 y el mismo mes de 2018 habrá registrado una suba del 22,5 por ciento. Lo que sí disminuirá es el valor del costo de construcción que los desarrolladores suelen medir en dólares y que hoy alcanza niveles records de US$ 1500/m2, mientras que en 2004 rondaba los US$ 700/m2. De todas formas, por la escasez de oferta de unidades apta créditos y los costos en pesos son pocas las chances de futuras bajas en los precios.
Fuente: La Nación, 29/12/17.
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Argentina entre los tres país más destacados del año
diciembre 19, 2017
The Economist ubicó a la Argentina entre los tres país más destacados del año
Cada cierre de año la revista inglesa escoge «al país del año» por sus logros institucionales y económicos. Ganó Francia y segundo quedó Corea del Sur.
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Cada Navidad, desde 2013, The Economist elige al «país del año», sobre la base de los logros en el año previo, excluye a las grandes naciones, como los EEUU y China, porque considera que «serían difíciles de vencer». Por tanto, la evaluación se concentra en los Estados, de cualquier tamaño, que haya mejorado notablemente en los últimos 12 meses, o haya hecho algo que fuera mundialmente reconocido.
En su cuarta evaluación apareció ternada la Argentina, junto a Francia y Corea del Sur.
Los periodistas de la prestigiosa revista británica justificaron la mención, en las reformas que encaró en el primer año del Gobierno de Mauricio Macri, «algunas dolorosas», para restaurar la solvencia fiscal después de años de populismo derrochador bajo la gestión de Néstor y Cristina Kirchner.
Los cambios fueron sustanciales en 2016, como la eliminación de la mayor parte de las retenciones a las exportaciones; el levantamiento del cepo cambiario y las restricciones sobre exportaciones e importaciones; junto con el comienzo de la recomposición de los cuadros tarifarios de las empresas de servicios públicos; así como fijar metas descendentes de inflación y de déficit fiscal; junto a la vuelta a la participación en grandes foros internacionales en busca de inversiones y de financiamiento para reemplazar el impuesto inflacionario.
Los resultados de las reformas no fueron positivos en 2016; el PBI cayó, la inflación se aceleró; se destruyeron empleos; y se perdió el superávit comercial, además del aumento de la deuda pública. Pero, el cuadro cambió en 2017, con el exitoso blanqueo de activos; la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados; y la reactivación de la actividad y el empleo, aunque aún de modo heterogéno.
Más aún, porque en este punto destaca The Economist «en las elecciones de medio término de octubre, Cambiemos y sus aliados salieron fortalecidos, lo que sugiere que la mayoría de los argentinos ya no son engañados por estadísticas falsas y la promesa de dinero gratis. A pesar de las protestas violentas de la última semana», en repudio de unas minorías legislativas, y más aún de la población al cambio del régimen previsional.
Fortalezas de Francia y Corea del Sur
Pero esos logros perdieron peso, cuando los periodistas los compararon con los avances, también relevantes que registraron Corea del Sur y Francia .
El primero porque «tuvo un año extraordinario, soportando las amenazas de su vecino del norte con misiles que alteraron la calma mundial». Esto no es del todo nuevo-Corea del Norte ha prometido inmolar al Sur por décadas-pero las tensiones aumentaron alarmantemente este año, cuando el presidente Donald Trump y Kim Jong Un intercambiaron burlas, llamándose «cohete» y «desquiciando mentalmente a los estadounidenses». Y, además, tuvo capacidad para dar «grandes pasos hacia la limpieza de su política interna a pesar de vivir bajo la constante amenaza del apocalipsis nuclear».
Mientras que el país galo «desafió todas las expectativas». Emmanuel Macron, un joven ex banquero que no tenía respaldo de los partidos tradicionales, ganó la presidencia. Luego, su partido «aplastó a la vieja guardia para ganar la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional». Y dio esperanza a aquellos que piensan que la vieja división izquierda-derecha es menos importante que la abierta y cerrada, e hizo campaña por un país abierto a las personas, los bienes y las ideas del extranjero, y al cambio social en el hogar.
Fuente: infobae.com, 19/12/17.
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Argentina: Los jueces y la noción de guerra
diciembre 16, 2017
Los jueces y la noción de guerra
Por Vicente Massot y Agustín Monteverde.
No se requiere ser un contertulio habitual de Miguel Ángel Pichetto para tomar conocimiento de que, en el transcurso de estos años, la cámara alta del Congreso Nacional ha desarrollado una suerte de doctrina propia respecto del desafuero de sus integrantes. A diferencia de la enarbolada por sus primos hermanos de la cámara baja, los senadores consideran que sólo es pertinente dejar a la intemperie a uno de sus pares si éste tuviese una condena firme. Por eso Carlos Menem no ha perdido todavía sus fueros y, por la misma razón, Cristina Fernández podrá dormir tranquila, consciente de que —cualquiera que sean sus diferencias con la bancada del PJ— de momento no le soltarán la mano.
Algo que —no se necesita recordarlo— sabía de antemano el juez Claudio Bonadío cuando decidió lo que es de todos conocido. El magistrado no llegó ayer a Comodoro Py y no es un novato en las lides de la política. Peronista confeso y conocido de Pichetto, no se le escapaba que su pedido iba a dormir el sueño de los justos. ¿Por qué, entonces, no se adelantó un par de días, cuando la viuda de Néstor Kirchner aún no había asumido su cargo y carecía de los fueros que ahora la dejan a cubierto de las inclemencias de la cárcel? Las conjeturas que se pueden tejer sobre el particular resultan innumerables. Al mismo tiempo, son hoy irrelevantes.
A veces la espectacularidad de una medida, de un determinado acontecimiento o de un escándalo nos hacen perder de vista que los mismos —con toda la importancia que acrediten— son parte de fenómenos, menos rutilantes quizá, pero de mayor trascendencia. La diligencia hecha por Bonadío y la posibilidad —poco probable en el corto plazo— de que la ex–presidente siga los pasos de algunos de sus más conspicuos colaboradores, ha sido, sin duda, la noticia del año. Dicho lo cual, cuanto no debe perderse de vista es algo de más calado que la suerte que eventualmente pueda correr Cristina Fernández. Nos referimos al proceso que viene desarrollándose en estas playas, similar en punto a su naturaleza al Mani Pulite de los italianos y al Lava Jato desenvuelto, sin solución de continuidad, en la vecina República del Brasil.
Nunca antes, en un país tan poco transparente como el nuestro, unos jueces federales que, a su vez, son parte del problema, se habían involucrado de tal manera en investigar a fondo el sistema de corrupción montado por un gobierno reciente. Nunca antes, en el marco de la democracia, habían sido procesados y detenidos ex–funcionarios, sindicalistas de horca y cuchillo, empresarios de nota, y militantes, como en los pasados dos años. Que Amado Boudou, Carlos Zanini, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, el Caballo Suárez, el Pata Medina, Luis D’Elía y Miguel Esteche se hallen tras la rejas, era algo literalmente impensable poco tiempo atrás. Para no hablar de Héctor Timerman —que cumple arresto domiciliario— y de lo que pueda ocurrir con la otrora presidente, su hijo Máximo, Cristóbal López, Aníbal Fernández y demás figuras del universo K.
El terremoto —si cabe denominarlo así— excede con creces el destino de Cristina Fernández. Aunque permanezca en libertad —el escenario, dicho sea de paso, más favorable al macrismo— igual en la Argentina algo cambió para siempre. Montar una asociación ilícita desde el poder, de la forma que lo hizo el kirchnerismo, difícilmente pueda repetirse. La cadena delictiva que tenía su cabeza en el matrimonio santacruceño y se extendía hasta su chofer particular no sólo ha quedado al descubierto sino que la mayoría de sus integrantes tendrán que dar explicaciones y, casi con seguridad, penar sus culpas en prisión. Que la impunidad de las clases gobernantes —no así la corrupción— se ha quebrado en la Argentina, es más que una sensación. Representa una realidad.
Los argumentos expuestos en el pronunciamiento del juez Bonadío, con el propósito de respaldar la acusación de traición a la Patria, fulminada contra Cristina Fernández, y su decisión de dictarle la prisión preventiva y solicitar, por lógica consecuencia, su desafuero, han levantado no sólo críticas provenientes de las filas kirchneristas —que eran de esperar— sino también de sectores nada favorables o complacientes con la administración derrotada en octubre de 2015.
Si se dejan de lado las quejas y acusaciones de los imputados, convencidos de que el estado de derecho ha desaparecido y que ellos resultan las víctimas propiciatorias de un titiritero perverso —Mauricio Macri— cuyas órdenes acata sin pestañar su títere por excelencia —Claudio Bonadio— las impugnaciones no ideológicas se centran en la presunta discrecionalidad de este magistrado.
Conviene ir por partes. El supuesto delito de traición y la prisión preventiva son figuras jurídicas de suyo controvertidas. Pero no han sido sacadas de la galera o inventadas de la nada. Quien repase desapasionadamente el artículo 319 del Código Procesal Penal caerá en la cuenta de cuán amplias y subjetivas son las prerrogativas del juez a la hora de justificar una medida por el estilo. Deberá atender a las características del hecho, a la magnitud de la pena que pueda aplicar, a la reincidencia —si la hubiese— y a las condiciones personales del imputado, para estimar la posibilidad de fuga o de obstrucción de justicia. Ello sin contar la vuelta de tuerca que al tema le ha dado la así denominada doctrina Irurzún, de reciente data.
Bonadio da por probado que hubo un pacto espurio con Irán y lo ha considerado una traición a la Patria. Si quedase demostrado que, al margen de sus implicancias económicas, ese tratado implicaba dejar fuera de la lista de Interpol a los funcionarios persas acusados de participar, directa o indirectamente, en el atentado a la AMIA, el cargo hecho a Cristina Fernández y a los demás implicados, no parece gratuito. Tampoco lo es traer al ruedo la existencia de una guerra.
El mayor del Ejército Argentino, Guillermo Mac Hannaford, en plena contienda del Chaco —donde cruzaron enemistades Bolivia y Paraguay, en 1936— fue acusado de traición a la Patria, procesado y degradado por haber revelado secretos militares a los guaraníes. Que se sepa, nuestro país no intervino en esa guerra. En el mismo orden de cosas, suponer que un acto como la voladura de la mutual judía puede calificarse de terrorista y dar así por clausurada la posibilidad de definirlo como un hecho bélico, es no entender la dimensión de la guerra y la enemistad en el tercer milenio.
Si Irán efectivamente estuvo detrás del atentado a la AMIA, el dato terrorista pasa a ser un simple medio, inscripto en el marco estratégico superior de una guerra. Las guerras, en nuestro tiempo, no siempre se declaran ni requieren de ejércitos convencionales dispuestos a dar batalla con banderas desplegadas al viento.
Lo que en las semanas por venir deberá evaluar la cámara correspondiente —a la que apelarán, si no lo han hecho ya, los acusados— es si considera o no consistente la categoría bélica y el cargo de traición a la Patria derivado del hecho de que el kirchnerismo habría favorecido la situación jurídica internacional de los responsables del atentado a la AMIA. Los jueces actuantes, quizá sin cabal conocimiento de la naturaleza del problema, tendrán que resolver sobre una cuestión metajurídica: la guerra. Tarea nada fácil, por cierto.
Fuente: Massot / Monteverde & Asoc., 12/12/17.
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La relación entre la Casa Rosada y el Banco Central
diciembre 15, 2017
Tensión entre la Casa Rosada y el BCRA por los efectos de las tasas altas en la economía
Al cumplirse dos años de su gestión, el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, reconoció tácitamente la situación e hizo una férrea defensa de su estrategia.
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El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger , realizó ayer una encendida defensa del torniquete monetario que aplica a la economía en un intento de evitar que los últimos aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno disparen una nueva y generalizada escalada de precios. El mensaje no pareció destinado a ganar el consenso público, sino a refutar las críticas que esta política comenzó a recibir desde la propia Casa Rosada.
El funcionario, que se mostró particularmente locuaz, apeló a un decálogo para instalar la idea de que la política de desinflación que ensaya sigue aportando resultados -aunque en la calle se sientan poco- y repetir que sus beneficios son los que pueden asegurar «un proceso de crecimiento sustentable a largo plazo», aunque haya que pagar costos en el camino.
De esta manera, concedió por primera vez que la política de altas tasas de interés que propicia puede tener un costo en el nivel de actividad, como ya prevé el mercado al proyectar (según el último REM) una desaceleración del 1 al 0,7% mensual en la tasa de crecimiento para los primeros meses de 2018.
Sin embargo, rechazó la idea de que pueda poner en riesgo la etapa de expansión. «Por el contrario, si logramos la baja de inflación ganaremos el primer reaseguro para garantizar el crecimiento», insistió.
Sturzenegger aprovechó una convocatoria a la prensa, al cumplir dos años de gestión, para responder las reiteradas críticas que lo tienen por destinatario con origen en la Jefatura de Gabinete. Así le concedió entidad a un conflicto político hasta aquí acotado y que comienza a crispar los nervios de los agentes económicos tanto o más que la puja que el Gobierno libra para tratar de imponer sus reformas. No es para menos: enfrenta a dos de los funcionarios que más poder de convencimiento tienen sobre el presidente Macri desde que asumió. Y uno de ellos (Marcos Peña) viene fortalecido por el respaldo que recibió tras el triunfo de Cambiemos en la últimas legislativas.
-¿Cómo se siente ahora al recibir «fuego amigo»?, quiso saber LA NACIONapenas Sturzenegger llegó al Museo Histórico y Numismático del BCRA, a espaldas del tradicional edificio del ente monetario. Sonrió e hizo una pausa antes de responder.
«Hace tiempo, hablando con mi par del Banco Central de Turquía, me contó que días después de que subió las tasas en ese país el presidente [Recep Tayyip] Erdogan, en un acto público, criticó esa decisión aludiendo a los h. de p. del Banco Central…¡En Turquía!. Son cosas que pasan…», describió.
Erdogan es un dirigente visto hasta hace años como fiable, democrático y moderado, pero hoy es evaluado como un tirano populista por la prensa occidental. La alusión revela que se siente acechado.
Voces quejosas
Las críticas a la política de altas tasas y astringencia monetaria están referidas al impacto que pueden tener sobre la tasa de actividad.
Se vienen repitiendo en los últimos dos años, aunque la diferencia es que antes provenían de opositores o miembros del elenco gubernamental que resultarían luego eyectados (como el ex ministro Alfonso Prat-Gay) y ahora las repiten y hacen propias figuras de peso del oficialismo, aunque instalándolas de manera oficiosa.
La ofensiva apunta a que el BCRA revea sus metas de inflación por otras algo más laxas que -a su vez-le permitan ser menos restrictivo desde lo monetario y financiero.
Pero Sturzenegger mostró ayer que planea resistir y aferrarse a su receta, de la que se muestra además convencido. Siente que la recuperación que ensayó la economía sostenidamente en los últimos trimestres (con tasas altas desde marzo) lo avala, aunque hay economistas que creen que el efecto bien puede no ser el mismo cuando lo que se intenta ahora es entrar en una etapa de expansión.
El decálogo que leyó ante los periodistas lo demuestra. Dijo que:
1 El proceso de desinflación de la economía está muy consolidado y «sin apelar a los falsos atajos del pasado: sin recurrir al atraso de tarifas [en todo caso, lo contrario], con tipo de cambio y precios libres».
2 Las expectativas de inflación para 2018 son las más bajas desde 2009 y las del año siguiente orillan un dígito. Están sólidamente ancladas.
3Eso ayudó a una formidable expansión del crédito: hipotecarios, prendarios, personales y corporativos crecieron al 91, 70, 59 y 51% interanual, respectivamente, a noviembre.
4 La desinflación apalanca el crecimiento. La economía lleva ya seis trimestres en alza y a un ritmo del 4% anualizado porque la desinflación se lleva muy bien con la reactivación.
5 Fue la política monetaria la que logró la desinflación por haber aumentado este año su sesgo restrictivo.
6 Esa desinflación se logró sin atrasar el tipo de cambio, que se ha movido con total flexibilidad.
7 El tipo de cambio flotante fue un poderoso antídoto contra los flujos de capitales de corto plazo. Tomando 2016 y 2017 hasta noviembre, a través de la cuenta corriente y la cuenta capital ingresaron US$ 310.000 millones de dólares brutos y sólo US$ 11.000 millones fueron inversiones de portafolio.
8 La política monetaria está coordinada con la fiscal porque las metas de inflación fueron establecidas en forma consistente con las transferencias previstas al Tesoro.
9 El aumento en el stock de Lebac se explica por la compra esterilizada de reservas, que ya supera los US$ 30.000 millones, por lo que vemos un BCRA batiendo sucesivamente récords de reservas».
10 El decálogo cerró con una aclaración. «Hace una semanas dije que la Argentina en unos cuatro o cinco años tendría una inflación «normal», que hoy en el mundo es del 2% anual, pero lo interpretaron como una claudicación en la lucha contra la inflación, pensando que esto demoraba nuestro objetivo de llegar a un dígito. Esa interpretación muestra qué tan desconectados hemos quedado del mundo», se quejó.
Fuente: La Nación, 15/12/17.
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