El Juzgado en 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de la 4ta nominación de Salta falló, el 5 de mayo del corriente año, a favor de un reclamo presentado por un hospital público para el cobro de los gastos incurridos en la atención de una víctima de un siniestro vial. En esta columna analizaremos con detenimiento el hecho y los argumentos esgrimidos por las partes. Entre otras cuestiones, el fallo presenta una serie de desafíos para el mercado: el hospital no es considerado consumidor, y la falta de pago resulta “inoponible frente al tercero damnificado cuando lo que se reclama es el pago de la obligación legal autónoma”.
El hecho
Todo comienza a las 7:30 de la mañana del día 3 de septiembre de 2012 en la ciudad de Salta, al momento de producirse un siniestro que involucra a una motocicleta marca Gilera y un vehículo Renault 12. A raíz del mismo, el conductor de la motocicleta es trasladado al Hospital de Gestión Descentralizada San Bernardo, ubicado en la capital provincial. Cabe mencionar que dicho nosocomio atiende la demanda sanitaria tanto de la ciudad como de la provincia de Salta.
La víctima del siniestro ingresó al hospital con diagnóstico de politraumatismo, ante lo cual los profesionales de la salud llevaron adelante prácticas traumatológicas con implante de clavo endomedular con material de osteosíntesis e injertos. A su vez, le realizaron análisis clínicos y asistencia quinesioterápica para facilitar la rehabilitación. Atento al tratamiento brindado y, en el marco de lo establecido en el Artículo 68° de la Ley Nacional de Tránsito[1] con respecto a los gastos de sanatorio o velatorio de terceros,el hospital le reclama a la aseguradora con la cual tenía contratado el seguro el vehículo marca Renault 12, la suma de pesos veintiséis mil setecientos ocho con ochenta y cinco ($ 26.708,85). Cabe recordar que es la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) el Örgano competente para la fijación del límite máximo en concepto de obligación legal autónoma.
La demanda
Ante el rechazo por parte de la compañía de seguros [Liderar Cia. Argentina de Seguros Ltda. S.A.] de abonar el monto reclamado por el hospital (cabe mencionar que dicho reclamo superaba el monto establecido por la SSN), la institución toma la decisión de avanzar por la via judicial. Es así que, sumado al reclamo inicial, agrega los conceptos de intereses, gastos y costas y la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) por daño punitivo. Bienvenidos a zona de litigio.
La parte demandante reclama lo antedicho “en concepto de reembolso por los saldos emergentes de la prestación realizada por el hospital”. Afirma estar legitimado por la subrogación legal establecida en el artículo 68° de la Ley N° 24.449, y por ser un sujeto expuesto a la relación de consumo entre el tomador del seguro y la compañía, sosteniendo que tanto la víctima como el hospital son destinatarios finales del servicio brindado por la aseguradora”.
Por su parte, la defensa de la parte demandada “niega que el hospital revista el carácter de consumidor. Además, sostiene que el reclamo no puede prosperar porque al momento del siniestro la Sra. A. se encontraba sin cobertura financiera por falta de pago, invocando que ese hecho produciría la caducidad de los derechos del asegurado”.
El análisis
Expuesto lo anterior, existen tres puntos que debieron ser resueltos por el juez interviniente:
Determinar si aplica la figura de consumidor a la parte demandante.
Resolver si el hospital se encuentra facultado para reclamar el reintegro de los gastos sanatoriales, y la validez del argumento presentado por la parte demandada.
Analizar la constitucionalidad del límite fijado por la autoridad competente en materia aseguradora.
En relación al primer punto, el fallo analiza si existe una relación de consumo. Para ello, aclara que “siendo el objeto de la acción el cobro de crédito emergente de la obligación legal autónoma prevista en el artículo 68° de la ley N° 24.449 -por vía de reembolso y mediante subrogación- , anticipo que en mi opinión no resulta aplicable la ley de defensa del consumidor, por no revestir el hospital público el carácter de consumidor, ni de consumidor expuesto, no resultando posible la subrogación de esa condición”. Para llegar a esa conclusión, el juez se ampara en los artículos 1.092 y 1.093 del Código Civil y Comercial de la Nación, mencionando que el hospital “no es el sujeto particularmente vulnerable al que el constituyente decidió proteger de modo especial en el artículo 42° de la Constitución Nacional”.
Recordemos los artículos del CCCN:
Artículo 1.092. Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Artículo 1.093. Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.
Resuelto el primero de los puntos y en relación al segundo, el juez aclara que “se trata de una obligación que no emerge de un vínculo contractual, sino de la ley, y apunta a brindar a la víctima una prestación de urgencia por los gastos de atención médica o de sepelio en su caso”.
Sin embargo, para resolver sobre el fondo del reclamo, se deben comprobar cuatro condiciones: la ocurrencia del siniestro (lo que se encuentra suficientemente acreditado con la denuncia policial que acompaña a la demanda); que el tercero haya sido damnificado (lo que se logra comprobar a través de las facturas y la historia clínica incorporadas al expediente); que el demandado es una de las compañías aseguradoras de alguno de los vehículos involucrados (sobre este punto nos detendremos a continuación); y los gastos reclamados (existencia de facturas).
En relación al argumento esgrimido por la compañía sobre la falta de cobertura financiera al momento del siniestro, el juez determina que “esta defensa no puede prosperar, pues la caducidad de los derechos del asegurado resulta inoponible frente al tercero damnificado cuando lo que se reclama es el pago de la obligación legal autónoma, pues la especial naturaleza de la obligación y del proceso, no admite esta clase de defensa, la que en su caso, podrá ser repetida por la compañía contra el asegurado o el responsable civil de los daños…”.[2]
Atento a esto, también cita al artículo 68° de la Ley de Tránsito sobre la vigencia anual del seguro, mencionando que de acuerdo a lo establecido en el decreto reglamentario de la Ley (Decreto N° 775/1995) el sólo hecho de contar con el comprobante del seguro es prueba suficiente de la vigencia del mismo: “Artículo 40° inc. c) La posesión del comprobante de seguro obligatorio diseñado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, será prueba suficiente de la vigencia del seguro obligatorio de automotores exigido por el artículo 68 de la Ley Nº 24.449, sólo por el período indicado en su texto, el cual será anual salvo las excepciones reglamentariamente previstas. La autoridad de comprobación y/o aplicación deberá verificar que los conductores posean dicho comprobante de seguro obligatorio y que dicho seguro se encuentra vigente en oportunidad de realizarse la constatación, acreditándose dicha vigencia, corroborando el período de cobertura que obra en el texto del comprobante”.
Por lo tanto, y en relación al fondo del reclamo, falla a favor del hospital. Sin embargo, y ya entrando en el tercero de los puntos mencionados en los párrafos anteriores (analizar la constitucionalidad del límite fijado por la autoridad competente en materia aseguradora) el juez entiende que “resulta razonable y aplicable a este caso concreto, pues lo contrario, es decir si se hiciese lugar a la procedencia de un reclamo de repetición sin limitación alguna cuando no existe ya la urgencia de una respuesta inmediata (…) podría afectarse gravemente la ecuación suma asegurada, riesgo y prima que sirve de base al sistema de seguros, y terminaría en definitiva desvirtuando el principio de solidaridad en el que pretende fundarse la norma”.
En conclusión, el juez:
No admite la aplicación de la ley de defensa del consumidor para el caso bajo análisis;
Reconoce al hospital público facultado para realizar el reclamo por los gastos incurridos;
Declara inoponible la falta de cobertura financiera;
Respeta los límites máximos fijados por el Poder Ejecutivo.
Conclusión
El fallo analizado presenta una serie de desafíos al mercado en su conjunto, en tanto y en cuanto la interpretación del juzgado interviniente en la presente pueda ser replicado por las demás jurisdicciones.
En primer lugar, se debería evitar colocar obstáculos para el pago en concepto de obligación legal autónoma a los hospitales públicos (siempre y cuando los mismos respeten los límites máximos).
En segundo lugar, y en base a los avances tecnológicos disponibles en el presente, se debería generar un procedimiento que facilite la comunicación entre aseguradora y asegurado y permita notificar, instantáneamente, cuando el pago del seguro no se realizó o no ingresó correctamente a la entidad (en aquellos casos de débito automático).
Pensar estrategias para evitar situaciones como la falta de cobertura financiera, va permitir disminuir las frustraciones de la persona afectada, mejorando el vínculo y la cercanía con su aseguradora.
—Lic. Nicolás Wittwer Pruyas. Economista UBA. Ex Subgerente de Relaciones con la Comunidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Referencias:
[1] Ley N° 24.449. Artículo 68°: “(…) Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes”.
[2]El juez cita el siguiente fallo. Cam. Apel.Civ. y Com. De Concepción “Higgins, Luis Eduardo c. Seguros Bernadino Rivadavia Cooperativa Ltda. s/amparo”: Ante el reclamo del pago de los gastos sanatoriales o de sepelio a que hace referencia el artículo 68° de la Ley de Tránsito, las aseguradoras no pueden oponer defensas emergentes del propio contrato o relativas al modo en que acaeció el accidente que produjo el daño, ni tampoco alegar que el seguro se hallaba suspendido por falta de pago, sin perjuicio de los derechos que pudieran hacer valer con posterioridad”.
Luis Barrionuevo: «A este Gobierno hay que darle por lo menos dos años»
El titular del gremio gastronómico y líder de una de las corrientes que integran la nueva CGT pidió “sostener y acompañar” al Poder Ejecutivo.
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Luis Barrionuevo parece haberse convertido en un original mentor de frases que perduran en el tiempo y atraviesan los gobiernos. Hace más de una década, el histórico líder de los gastronómicos pidió «dejar de robar por dos años» para que el país pudiera salir adelante. Este lunes apeló al mismo tiempo de paciencia, pero con un sentido muy diferente: para respaldar al gobierno de Mauricio Macri.
«Yo creo que este gobierno necesita un apoyo, no dándole un tiempo eterno. Este gobierno necesita por lo menos dos años para que lleguen los capitales«, aseguró Barrionuevo en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.
«Se está volviendo un poco amarillo«, chicaneó el periodista. Y el sindicalista explicó: «Yo veo esto como alguien que debe aportar algo y no perturbar«.
Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid.
Desde que Cambiemos llegó al poder, la CGT Azul y Blanco ha sido la vertiente sindical que se ha mostrado más contemplativa con el Poder Ejecutivo. De hecho el jefe de Estado eligió la sede de Gastronómicos para celebrar el Día del Trabajador en medio de protestas de otros sectores gremiales.
Las declaraciones de Barrionuevo surgen a horas de que la nueva CGT unificada se reúna con representantes del Gobierno y las empresas para negociar un bono de fin de año con un piso de dos mil pesos.
De acuerdo con los dichos del otrora presidente de Chacarita, el pago adicional para los estatales ya estaría prácticamente acordado y ahora se espera un gesto del sector privado.
«Yo creo que Macri trae desde Roma mensajes para lograr un consenso general. Ya se deben haber dado cuenta que solos, con la política de los CEOs, no van a sacar el país adelante«, analizó.
Inflación, crecimiento de los índices de litigiosidad y reducción presupuestaria, algunos de los ingredientes que atentan contra la resolución de conflictos legales del sector en tiempo y forma; propuestas facilistas para un grave problema.
Por Alfredo Abarca.
Los expedientes se acumulan por años, sin solución.
Circunscribiendo esta nota a la administración de justicia de los conflictos aduaneros, es sabido que la normativa de la materia atribuye a los distintos órganos del Estado las decisiones sobre la aplicación de los tributos y de las sanciones por infracciones.
Esto, que parece una obviedad de innecesaria mención, es el punto de partida para reflexionar sobre la competencia incumplida por el deterioro de los órganos encargados de esa tarea que casi siempre resulta tardía y que por ello mismo y otras razones termina en soluciones alejadas de la realidad, cuando no injustas aunque sean ajustadas a Derecho.
Modificaciones parciales
En los últimos tiempos se escuchan propuestas de modificaciones parciales para esa situación que encuentra su tormenta perfecta en la inflación -a veces desbocada-, en el crecimiento de los índices de litigiosidad, en la reducción presupuestaria y hasta en la desidia en el cumplimiento de tan importante tarea de administrar justicia.
Es evidente que una resolución administrativa o judicial que permita a los administrados sentir la tranquilidad de tener sus derechos definidos y reglas claras en su accionar con la Aduana, es indispensable para el respeto del principio de la seguridad jurídica y de Justicia que pretenden organizar las leyes. Para ello es necesario que los conflictos se puedan resolver por un procedimiento ágil, en un tiempo razonable que asegure la defensa en juicio y la doble jurisdicción.
Esta necesidad de poder transitar por los carriles del trabajo honesto sin la asechanza de la corrupción o de la arbitrariedad es un principio básico en una comunidad organizada y que hace a la esencia de la libertad en un ámbito tan complicado y dificultoso como es el comercio exterior y la función aduanera.
Montañas de expedientes
Sin embargo, nuestra realidad nos muestra una situación distinta a esos objetivos elementales para el desarrollo del país y del comercio exterior: miles y miles de expedientes, muchos innecesarios o iniciados por motivaciones indescifrables, se amontonan en oficinas con insuficiente personal y medios, donde no podrán ser atendidos en meses o años. La práctica de remisiones a otras oficinas, también colapsadas, para el cumplimiento de un trámite o para tranquilidad del funcionario a cargo de no ser imputado por la demora, no hacen más que sumar tiempos ociosos e inútiles.
Una vez resuelto el tema en el sector operativo, la cuestión -en una alta proporción-, pasa a nivel contencioso, que también está sobrepasado y con poco personal. Allí permanece por años sólo amenazado por la prescripción de la acción fiscal.
Cumplido este periplo dentro de la Aduana donde en pocos casos se controla la eficiencia de las oficinas por las que circulan las actuaciones, y si existe ánimo o interés del administrado, la cuestión asciende a la Justicia federal o al Tribunal Fiscal de la Nación. Allí también se encontrará con una saturación de causas y un desinterés presupuestario por parte del PE que se apropió de la tasa de Justicia que se paga para ser oído y juzgado. Allí sufrirá otro lentísimo proceso hasta lograr una sentencia que puede ser apelada. El registro final se cuenta por décadas desde su inicio.
El incumplimiento del Estado
Sin dudas, por diferentes motivos, el Estado no cumple con función básica de afianzar la Justicia, como lo establece el preámbulo de la Constitución, y preservar la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18) porque cualquier procedimiento que dura años y años para encontrar su final, destruye valores básicos y sustanciales, como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia en sus fallos al tratar el tema del tiempo razonable de juzgamiento.
Todo esto hace que una gran parte de la población, desilusionada, descrea en la administración de Justicia y se convenza de que sólo se beneficia a los corruptos y a los poderosos, sin cuidar de los ciudadanos y a las víctimas. Y es así, en particular en materia aduanera, donde además de las maniobras fraudulentas algunos gozan de esta anomia para demorar o evadir sus obligaciones y vivir dilatando la ejecución de las penas que pudieran corresponderles por su accionar ilícito y que la inflación deteriora todos los días.
Pese a ello, no es razonable tratar de paliar semejante estado de cosas con medidas o normas que sólo pretenden crear un plexo más represivo y que existe porque el propio Estado no cumple con sus funciones básicas.
Tapar el sol con las manos
Argumentar que la demora injustificada de los pleitos se debe a la inacción del administrado o que éste debe correr con las consecuencias de la inflación que debe controlar el PE mediante su política económica, es tratar de tapar el sol con las manos e incurrir en la injusticia para los comportamientos y roles exigidos a los componentes de la sociedad.
Si la Aduana, el Tribunal Fiscal y la Justicia federal cumplieran con la función jurisdiccional que las leyes y la Constitución les otorga en tiempo oportuno, no estaríamos discutiendo de quién es la culpa de la demora de los expedientes. Y mucho menos si se controlara la inflación, lo que haría que la sanción no se convirtiera en simbólica por el solo paso del tiempo.
Para todo eso es necesario recuperar el objetivo de que el Estado como órgano central de la comunidad organizada cumpla debidamente con sus deberes básicos y elementales y que aquellos a los que se les otorgó la facultad de administrarlos asuman con honestidad e idoneidad su importante tarea evitando las tentaciones malsanas de la ilegalidad y la desidia.
Las normas deberían ser las primeras en exigir al Estado el cumplimiento de lo que éste exige a sus administrados. Sin embargo, permiten y alientan disvaliosas conductas haciendo abuso de sus prerrogativas. A simple título de ejemplo, vale mencionar los contratos de empleo en el sector público que evitan el pago de las contribuciones sociales, los jueces exentos del impuesto a las ganancias y los legisladores limitando las sumas sobre las que pagan, entre otras cosas.
Inflación crónica
En materia aduanera estos casos son notorios. El sabio Código de 1981, al tener en cuenta la inflación crónica en la economía, previó la actualización de las sumas debidas por un índice del entonces confiable Indec. El programa económico de convertibilidad del peso por el dólar, eliminó esa actualización y a partir de eso comenzaron las engañifas para mantener los valores a cobrar por la Aduana pero se negó igual derecho cuando el administrado es el acreedor creando una asimetría incompatible con los principios republicanos.
La liquidación de los derechos aduaneros y sus complementos son liquidados en dólares y con intereses del 36% anual mientras que las sumas que un particular pretende recuperar por un pago erróneo se calcula en pesos con intereses desde el reclamo (y no del pago) y a una tasa del 6%. Cualquiera que haga un ejercicio con una suma liquidada después de 10, 15 o 20 años llegará a la misma conclusión: ¡es una locura! Y una locura injusta, impuesta por el abuso de una de las partes de la relación y plasmada en normas jurídicas.
La inflación también afecta a las penas que no se encuentran firmes. Para evitarlo se escuchan propuestas destinadas a revalorizar o actualizar el valor de la mercadería sobre las cuales se calculan las multas por infracciones o delitos, como lo preveía originariamente el Código Aduanero.
No parece desacertada la propuesta pero sí parcial y desequilibrada. Igual corrección antiinflacionaria también debería aplicarse a las deudas del Estado, que debería abonar igual tasa de interés que la que cobra, y diferenciada cuando se hace en alguna moneda dura. Esto es razonable y justo para las dos partes de un proceso sobre tributos o penas aduaneras.
Remedio temporal y parcial
Aunque todo esto sirve como un remedio temporal y muy parcial porque si la demora en la resolución de las causas o la privación de la Justicia en los conflictos aduaneros perdura, hay que pensar seriamente en soluciones más definitivas ante la incapacidad del Estado de administrar Justicia en el ámbito aduanero. Habría que estudiar la aplicación en ese ámbito de la institución del silencio positivo o en la pérdida de la competencia al transcurrir un tiempo no mayor de los dos años.
El problema está planteado y es notorio.
Debemos aprender a encararlo con un sentido práctico y ejecutable que ponga fin al estado de cosas que nos agobia y retrasa. Alguna vez hay que convencerse de lo poco que sirven las medidas parciales y provisorias por más bien intencionadas que sean, y que es necesario encarar una solución más definitiva que reestablezca la seguridad jurídica y ponga fin a los abusos del Estado que tanto ha costado limitar.
Nuestra Constitución declara que la Nación Argentina adopta una forma de gobierno republicana, y la arbitrariedad, el abuso o la falta de administración de Justicia son situaciones propias del absolutismo que nuestra civilización trata de eliminar.
No resulta tan difícil de hacerlo si se tiene la voluntad y se intenta con racionalidad buscar una justicia eficaz y oportuna.
—El autor es director del posgrado de derecho aduanero en la Facultad de Derecho de la UBA.
Argentina vendió 2.500 millones de euros (US$2.800 millones) en deuda, en lo que constituye un rápido retorno a los inversionistas extranjeros para un país que hasta hace poco estaba excluido de los mercados internacionales de capital.
La oferta prevista sigue a la emisión realizada por el gobierno argentino en abril por US$16.500 millones, un récord de emisión de deuda pública para una economía emergente. Los inversionistas sedientos de rendimientos han estado acumulando deuda de mercados emergentes en medio de una ola general de intereses bajos y negativos en otras partes, lo que ha estimulado la demanda de bonos desde Ghana hasta Brasil.
Pero Argentina, cuya economía se espera que se contraiga este año, es un recordatorio de los riesgos que conlleva este tipo de inversión para quienes ponen su dinero en los mercados emergentes.
El miércoles, el país comenzó a vender bonos denominados en euros en una operación de doble tramo, con vencimientos en enero de 2022 y enero de 2027.
La transacción tuvo un cupón de 4% para los bonos que vencen en 2022 y de 5,125% para los que vencen en 2027, de acuerdo con uno de los operadores que trabajó en la venta. La entidad dijo que la demanda alcanzó los 6.250 millones de euros para los dos tramos combinados.
La masiva emisión de bonos de abril fue un hito para el país, que en 2001 incurrió en cesación de pagos de su deuda soberana de más de US$80.000 millones. Las autoridades del país se enfrascaron luego en una pelea de años con los tenedores de bonos, llegando a calificar a algunos acreedores como “buitres”.
En los últimos seis meses, los fondos de mercados emergentes han recibido entradas netas por valor de US$45.500 millones, de acuerdo con cifras de la firma EPFR Global.
El dinero que fluye hacia los mercados en desarrollo llega a pesar del aumento de los riesgos. Aun contando con todo este dinero en efectivo, la calidad del crédito de los bonos soberanos de mercados emergentes puede deteriorarse, dijo esta semana un informe de Standard & Poor’s.
Nueve de los 20 mercados emergentes con la mayor cantidad de deuda soberana absoluta en circulación tienen perspectivas negativas, lo cual indica una posible rebaja en los próximos dos años, dijo Moritz Kraemer, jefe global de calificaciones de riesgo soberano de S&P. Esto frente a apenas dos perspectivas positivas entre esas 20 naciones.
S&P está particularmente preocupada por que un aumento de tasas de interés en Estados Unidos aspire el dinero de los mercados emergentes. Esa retirada podría producirse cuando los inversionistas empiecen a buscar rendimientos en EE.UU. y cuando un dólar más fuerte encarezca la deuda denominada en dólares, elevando así el riesgo de invertir en esa deuda soberana.
Argentina, junto con Turquía y Venezuela, fue identificada por S&P como entre los países más susceptibles, dado que está entre “los más dependientes de las entradas de capital”.
También se espera que la economía de Argentina se contraiga este año. Bank of America Merrill Lynch espera un crecimiento negativo de 1,5% en el Producto Interno Bruto antes de que repunte a 3% el próximo año, junto con una disminución de la inflación de alrededor de 36,5% este año a 20% en 2017.
Argentina, el país más elegido por extranjeros para estudiar
Buscan aprender o perfeccionar el idioma español y cursar carreras universitarias o de posgrado.
Turistas en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Argentina es el destino más elegido en Latinoamérica por los extranjeros para estudiar el idioma español y realizar carreras universitarias de grado y posgrado, según datos de la Asociación Centros de Idiomas (ACI).
Turistas en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Rosario son las ciudades preferidas por los ciudadanos de otros países que llegan a la Argentina para aprender o perfeccionar el español y, explica Marcelo García, integrante de la ACI, «esto se debe a que cuentan con universidades y una intensa vida cultural».
El encanto de la capital salteña.
García señala que «el 80% de los extranjeros que llega a la Argentina para aprender el idioma lo hace a través de algún centro de lenguas arancelado en el que cursan 20 horas semanales» y dijo que tanto ese porcentaje como los que arriban en forma particular «también hacen actividades turísticas y culturales y se involucran con la sociedad».
La ACI y el Ministerio de Turismo de la Nación trabajan en forma conjunta para garantizar la calidad de las instituciones educativas a las que llegan los extranjeros y también con los operadores turísticos dedicados a este segmento con el objetivo de que los servicios turísticos sean de calidad.
Turistas en Buenos Aires, Caminito.
«Así podemos garantizar la calidad de las instituciones académicas e idiomáticas y también una buena red de prestadores de servicios turísticos para estos estudiantes», subrayó el miembro de la ACI.
Muchas de estas acciones se presentarán durante el 6° Congreso Internacional de Turismo Idiomático que se realizará en la ciudad de Salta entre el 26 y el 29 de octubre. El objetivo es elaborar un plan estratégico que facilite la llegada de estudiantes extranjeros a la Argentina.
Caso Nisman: en una solicitada piden la destitución del juez Rafecas
Familiares de víctimas del atentado de la AMIA cuestionan su decisión de no haber hecho lugar a la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal contra la ex presidenta y otros funcionarios.
El juez federal Daniel Rafecas ingresa a los Tribunales de Comodoro Py.
BUENOS AIRES — Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, dirigentes y referentes de la comunidad judía publicaron una solicitada para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas.
“El juez Rafecas debe ser removido”, se titula el texto que apunta a la negativa del magistrado para hacer lugar la denuncia de Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, por presunto encubrimiento de los imputados, tras el cuestioando Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.
Entre los firmantes se encuentran los diputados Elisa Carrió y Waldo Wolff, los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez, la ex vicejefa de gobierno porteña, Cecilia Felgueras y el ex representante ante las Naciones Unidas Emilio Cárdenas, entre otros.
EL TEXTO COMPLETO
“Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013.
Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo record. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas.
La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr. Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de éste último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia.
Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la Amia, constituye también otro delito de lesa humanidad.
Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA [NdR: en rigor, fue la DAIA], el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro ‘temor de parcialidad’, Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su ‘meritoria’ desestimación del pedido del Fiscal Nisman.
Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria”.
La mitad de la gente mayor siente que no se la valora
Lo indica un estudio de la UCA en todo el país en mayores de 60 años. Perciben que no se los tiene en cuenta para tomar decisiones familiares y reclaman más afecto y comprensión.
Por Valeria Román.
Un Jubilado en el Parque Lezama.
Que están viejos, que no pueden manejar ni dinero ni sus vidas, que ya no tienen capacidad para aprender nada. Son algunos de los prejuiciosque aún subsisten y hacen que 5 de cada 10 personas mayores sientan que no son valoradas por sus palabras, sus opiniones, sus conocimientos, o por su experiencia. El dato surge de una encuesta realizada a 6.000 adultos mayores de 60 años por el Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Los adultos mayores son el grupo que más creció durante las últimas 7 décadas: esa población se sextuplicó desde 1947, mientras que la población total se multiplicó por 2,5. Sin embargo, persisten mitos y prejuicios. “A partir de la Revolución Industrial, las personas pasaron a ser más consideradas por su rendimiento laboral, y la vejez pasó a considerarse como un estado improductivo. Se presupone que las personas mayores están desactualizadas y que sufren deterioro cognitivo, y eso lleva a su aislamiento”, dijo a Clarín Graciela Zarebski, directora de la carrera de gerontología de la Universidad Maimónides, que no participó en la encuesta y valoró su realización.
Dentro del total de 6.000 encuestados, el 20% de las personas mayores viven solas, el 30% lo hace en hogares con otras personas mayores, y el 50% convive con personas menores de 60 años. No se entrevistó a personas que viven en geriátricos, según aclaró a Clarín Enrique Amadasi, coordinador del grupo que hizo la encuesta del Observatorio de la UCA, con apoyo de la Fundación Navarro Viola.
La mayoría de esas personas están lejos de ser “pasivas”: 9 de cada 10 se hacen cargo de tareas o cumplen algún rol en el hogar. Hay diferencias según su estrato socioeconómico. Las personas mayores más pobres lavan, planchan, hacen la limpieza, cocinan y cuidan a otros miembros del hogar, mientras que las más ricas realizan compras o arreglos en el hogar. Sin embargo, 2 de cada 10 personas mayores siente que su familia no la deja participar en la toma de decisiones individuales o familiares ni en la atención de su salud. Mientras que 3 de cada 10 personas mayores expresan que no le dan la comprensión afectiva y emocional que merecen. “Los déficits hallados son bastante mayores entre las personas de 60 años y más respecto de la población que tiene entre 18 y 59 años, pero menos elevados de lo que suele esperarse, considerando que constituyen patrones del entorno familiar de la estructura social argentina que se agudizan bastante en el caso de las personas mayores”, resalta el informe, en el que se considera la falta de valoración familiar que manifiestan los mayores puede afectar su autonomía y la calidad de vida. También se identificó que 1 de cada 3 personas mayores siente que no tiene sus necesidades de recreación satisfechas, y que sólo 1 de cada 10 participa en clubes sociales o deportivos y centros de jubilados.
“La encuesta nos señala que aún un sector de los adultos mayores no la pasa bien. Los más jóvenes deberían aprender que después de los 60 años se puede seguir aprendiendo porque el cerebro tiene plasticidad. Que los mayores pueden aportar experiencia y opiniones. También es recomendable que cada persona mayor tenga una diversidad de amigos y que desarrolle sus deseos postergados”, sostuvo la doctora Zarebski. Por su parte, Gonzalo Abramovich, psicólogo y coordinador general del área Adultos Mayores de la AMIA, sugirió medidas para cambiar la percepción negativa de la vejez: “La educación tiene un rol fundamental para desterrar los mitos y prejuicios sobre la vejez. Es una etapa más de la vida, casi tanto o más larga que las anteriores. Convendría que se incorpore la temática desde la escuela primaria”, afirmó.
El psicólogo Abramovich sugirió que hay que “tender puentes entre las generaciones: cuando recibimos visitas de niños y jóvenes en los clubes de adultos mayores se sorprenden al ver cómo disfrutan y se divierten. Las clases de bailes compartidas son las preferidas de los chicos y los grandes. Difícilmente esos niños olviden esa vivencia y así pueden desaparecer los miedos o temores sobre la vejez”. Se debería aumentar la oferta de actividades de ocio y actividad física, generar entornos y transportes amigables con los mayores, y permitir la jubilación progresiva u optativa para quienes quieren seguir en actividad.
La UBA entró al selecto grupo de las 100 mejores universidades
Aparece en el 85° lugar. y escaló 113 posiciones desde 2014. Es la segunda vez que lo logra una universidad de la región.
Por Alfredo Dillon.
De elite. La UBA, por segundo año consecutivo, quedó al tope de Iberoamérica.
En la edición 2016 del ranking universitario QS, la UBA quedó en el puesto 85: por primera vez entró al top 100 de las mejores universidades del mundo y se posicionó, por segundo año consecutivo, como la mejor de Iberoamérica, seguida de las universidades de San Pablo (120), Autónoma de México (128), Católica de Chile (147) y Barcelona (160). Aunque los rankings son cuestionados por la comunidad académica y muestran una gran volatilidad (entre 2014 y 2016, la UBA escaló 113 posiciones en QS), la noticia ratifica la alta valoración de la UBA a nivel internacional.
En los primeros 100 puestos de QS hay universidades de 18 países: el único latinoamericano es Argentina. En el top 10 solo figuran instituciones de Estados Unidos e Inglaterra, además de una suiza (ETH Zurich). Las 6 mejores, inamovibles en el podio, son el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Stanford, Harvard, Cambridge, el Instituto de Tecnología de California y Oxford, en ese orden. Esta es la segunda vez que una universidad latinoamericana llega al top 100: la UNAM (México) había llegado al puesto 74 en 2006.
La consultora inglesa QS elabora su medición a partir de datos de 916 universidades de todo el mundo. A diferencia de otros rankings, como el de Shanghai (de China) y el CWUR (de Arabia Saudita), la comparación de QS asigna mucho peso a la “reputación institucional”: el 50% del puntaje de cada universidad surge de encuestas entre académicos (40%) y empleadores (10%). Los demás indicadores son la proporción de estudiantes por docentes (20%), cantidad de papers citados por profesor (20%) y la proporción de alumnos y docentes internacionales (10%).
La UBA es la primera universidad argentina en QS, seguida de lejos por la Universidad Austral (308), UCA (310), Belgrano (352), Palermo (en el rango 441-450), San Andrés y el ITBA (ambas entre el 501 y el 550). Más atrás quedaron las universidades de La Plata (551-600) y Córdoba (601-650).
“Si bien los rankings no reflejan el verdadero impacto que genera la universidad pública en la sociedad, se han convertido a nivel internacional en una forma de visualizar una comparación entre instituciones, y son observados con atención por todos los actores del sistema”, reconoció Alberto Barbieri, rector de la UBA. “Nos alegra que la UBA esté bien considerada; estamos a un nivel de élite y venimos escalando año tras año”, agregó.
La UBA es la mejor universidad argentina en todos los rankings de referencia. En la medición de Shanghai 2016, quedó en el rango 151 a 200, junto con la UNAM y la de Barcelona, y fue la segunda de Iberoamérica, superada por la de San Pablo (que tiene un presupuesto casi 6 veces más alto: 4000 millones de dólares, contra 700 de la UBA). En el CWUR 2016, influyente en el mundo árabe, la UBA quedó en el puesto 372, detrás de las universidades de São Paulo (138), Federal de Rio de Janeiro (327), UNAM (341) y varias instituciones españolas. El ranking Times 2016 se publicará a fin de mes.
Salas Subirat: el ignoto traductor que logró lo imposible con el Ulises de Joyce
En 1945 un agente de seguros que sabía un inglés básico tradujo una de las obras más emblemáticas del siglo XX. Cómo un autodidacta pudo interpretar la que, para muchos, es la novela más difícil de todos los tiempos.
Por Juan Brodersen.
Salas Subirat, durante un viaje a Montevideo, en enero de 1926, con propósitos de “vinculación artística” entre los jóvenes escritores de Boedo y sus pares uruguayos | Foto: Gentileza Penguin Random House.
El Ulises de Joyce es un libro largo y complejo. Al día de hoy, no son pocos los críticos que recomiendan leerlo acompañado de una guía. Lleno de personajes y con una intrincada trama, se trata para muchos de la obra cumbre de la lengua inglesa. Lo que pocos saben es que quien lo tradujo por primera vez al castellano fue un empleado de una compañía de seguros que, con un dominio básico del inglés, realizó una tarea ante la cual Borges mismo retrocedió: traducir al español las 267 mil palabras contenidas en 18 capítulos y más de mil páginas de la emblemática novela del siglo XX. La vida de José Salas Subirat fue uno de los grandes misterios de la Argentina, y, por qué no, del habla hispana. Hasta ahora.
“El traductor del Ulises” (Sudamericana, 400 páginas), de Lucas Petersen, cuenta cómo Subirat llegó a realizar la titánica tarea. Un extraño personaje que llegó a escribir libros de autoayuda, sobre seguros y a montar una fábrica de juguetes. “Salas Subirat fue un ‘hombre hecho a sí mismo’, un self made man, como se dice en inglés. El desafío de superar los condicionamientos de origen y enfrentar los obstáculos (materiales e intelectuales) da coherencia a todas sus acciones”, cuenta Petersen, quien logró conseguir fotos inéditas que le brindó su familia. A la vez, el libro termina siendo un ensayo sociológico sobre la argentina de la primera mitad del siglo pasado.
Las fuentes para trabajar el tema eran un desafío. “La mujer de Salas Subirat no era una persona con inclinaciones intelectuales o literarias, por lo que al morir no conservó nada de él”, cuenta a Clarín Petersen. Por eso, los testimonios fueron la clave para reconstruir esta historia. “Me puse a buscar a sus familiares. Aunque con baches en el medio, estuve más de un año intentando encontrarlos. Me había puesto ese objetivo: si no los encontraba, no iba a empezar a reconstruir su vida desde otras fuentes”, explica el autor de la investigación. Otra cuestión ayudó, y es que Subirat era fanático de la tecnología: “Hay fotos desde muy temprano en su vida. Incluso hay algunas filmaciones de la década del 30 y el 40, pero casi no me sirvieron: retratan exclusivamente escenas familiares y en la gran mayoría Salas estuvo detrás de cámara”, cuenta Petersen.
Con un estilo que oscila entre la novela y el ensayo, el rompecabezas se va armando en el libro a medida que la Argentina camina las décadas de hace ya un siglo. La historia estaba allí, desordenada, con pocos registros escritos y el desafío de recomponer a un personaje que murió hace ya 40 años. Rodeado de indiferencia por el ámbito intelectual y casi sin necrológicas en los diarios, su vida y obra viven en lectores y escritores de hoy. Aunque no lo sepan.
– El Ulises es, como se menciona en el libro, “la epopeya de un hombre corriente”. ¿Por qué es tan importante esta obra de James Joyce?
– Aunque tiene sus detractores, hay muchos argumentos con los que puede defender ese lugar de mejor obra del siglo XX en habla inglesa. Su valor podría resumirse en dos aspectos. Primero, su capacidad de mirar tan profundamente la vida de un hombre, Leopold Bloom, para poner en evidencia que en toda vida, por pequeña que parezca, se esconde algún tipo de épica. Segundo, el increíble virtuosismo que muestra Joyce en la técnica narrativa: literalmente, Joyce inventa o preanuncia en Ulises casi toda la literatura de lo que queda del siglo XX.
Al terminar la histórica edición de Ulises, Salas Subirat, Rueda y Dickmann se dedicaron mutuamente tres ejemplares. Aquí, el ejemplar de Dickmann | Gentileza Enrique Rueda y Dickman hijo
– ¿Cuán conocida es la historia de Salas Subirat en el ambiente literario?
– Del traductor se conservaban algunos datos dispersos (algunos errados, incluso), que lo retrataban como un ser curioso y enigmático, casi mítico. Su empleo como agente de seguros en La Continental, la academia de inglés y taquigrafía que fundó en los años 20, su variopinta producción (literatura, libros de seguros, libros de autoayuda), su fallecimiento en Florida. Pero eran un puñado de datos, pasados de boca en boca, sin mayores precisiones o ampliaciones.
– ¿Por qué se da este fenómeno de que sea tan desconocido a pesar de realizar una tarea titánica?
– Salas no sólo era una figura muy periférica del mundo literario al momento de traducir Ulises. Lo más notable es que, después de hacerlo, él no mostró ningún interés particular en usufructuar ese título de “traductor de Joyce” en términos de su posicionamiento personal en el mundo literario. Después de la segunda versión, revisada, de 1952, prácticamente se retira de la escena. Cuando muere, en 1975, era un hombre casi olvidado. La posibilidad de que se perdiera para siempre esa historia fue lo que movilizó a buscar, casi de manera detectivesca, a sus descendientes.
– ¿Cómo se entremezcla su historia con el período de la Argentina en el cual vive?
– Salas es un típico hijo de la inmigración, al menos de aquella fracción que antes del peronismo pudo ascender socialmente a la clase media. Políticamente, por ejemplo, combina algún izquierdismo (más radical o más moderado, según la época), tan difundido en la cultura de la clase trabajadora inmigrante, con el individualismo meritocrático de inspiración liberal que se promovía desde el Estado y otras instituciones. Por otro lado, su vínculo con la lengua literaria es también el típico de los hijos de inmigrantes. Es un vínculo incómodo por la falta de referencias familiares, por haberse formado de manera autodidacta, que se expresa en una mezcla de pudor por escribir bien con un desenfado muy propio por ser esa generación el laboratorio donde se está formando algo nuevo, el español rioplatense. Ese proceso –que tiene en la ficción a Roberto Arlt como exponente fundamental— se plasma de manera bastante evidente en su traducción de Ulises.
Parte de la numerosa familia Salas Subirat en una excursión campestre. De pie, segundo desde la izquierda, está José Salas Subirat. Junto a él, de negro, su madre, Florentina Subirat. José padre está sentado, en la izquierda de la imagen | Foto: Gentileza Penguin Random House.
– En el libro se cuenta que Salas Subirat quería ser un mediador entre las minorías excluidas y los saberes culturales. ¿Lo logró?
– Creo que sí lo logró. Lo logró porque, pese a que su figura pasó al olvido en el mundo literario, su traducción formó a varias generaciones de lectores. Su tarea de mediación fue efectiva. Lo logró también en el campo de los seguros (de la venta de seguros, en particular), ya que enriqueció esa disciplina con saberes que «importaba» de la cultura erudita. En el campo de los seguros no fue tan olvidado entre los que se formaron con sus textos, aunque no supieran tanto de su vida (allí, como en todo texto técnico-motivacional, la biografía del autor no resulta tan relevante como en el campo de la literatura). Como el nombre de mediador lo indica, se proponía como intermediario, lo cual no queda invalidado por el «borramiento» de su figura.
– ¿Por qué hasta ahora no se le conocía el rostro?
– Uno de las cuestiones que más me sorprendió (y uno de los motivos que me llevó a iniciar la investigación) fue que si se lo googleaba no se encontraba una sola foto de su rostro. No podía entender cómo podía pasar eso, sobre todo porque había vivido 75 años y había muerto no hacía tanto tiempo. Recuerdo la excitación cuando vi por primera vez su rostro, en una de las pocas necrológicas que se publicaron en 1975. Lo correcto sería decir: “se olvidó su rostro” o “su rostro ya no era conocido al iniciar la investigación”. Pero si, parafraseando a Platón, conocer es recordar, no se conocía su rostro. Las fotos del libro son inéditas.
– ¿Cómo hizo para traducirlo con un conocimiento limitado del inglés?
– Como cabe imaginar, con un esfuerzo y un tesón casi sobrehumanos. Solo esa pasión por superar desafíos explica semejante dedicación. Además, tenía una curiosidad descomunal. Quería conocer el Ulises. Si su inglés no alcanzaba y no había traducción, era cuestión de traducirlo por su cuenta. A veces el texto le presentó dificultades que no pudo resolver. Hay que considerar que por entonces prácticamente no había material de referencia, algo que hoy se considera absolutamente imprescindible para traducir e incluso leer Ulises.
“Juan Enrique Menton”. La traducción de algunos nombres al castellano acarreará no pocos inconvenientes | Foto: Gentileza Penguin Random House
– ¿Cómo fue ese proceso de traducción? ¿Cuánto demoró? ¿Lo hacía mientras trabajaba de otras cosas?
– Según consigna la primera edición de Santiago Rueda, la traducción se realizó entre 1940 y 1945. Por entonces, como lo hizo durante largos años, Salas Subirat trabajaba en la compañía de seguros La Continental. Todos los días viajaba desde Florida hasta las oficinas, que estaban en la calle Corrientes, casi Maipú. Por eso, para no tener que trasladar el tomo, lo desarmó en cuadernillos. Se supone que leía esos cuadernillos en el tren y avanzaba en la traducción allí, en el escritorio de su hogar e incluso en las oficinas de la empresa. Antes de iniciar su carrera musical, Mario Clavell fue secretario de Salas Subirat en La Continental. Allí, según recordó, pasó a máquina algunas páginas de Ulises. Luego, Salas Subirat afrontó una revisión durante algunos meses de 1950, pero sólo avanzó un puñado de capítulos.
Autodidacta y emprendedor: en pleno auge de la sustitución de importaciones, Salas Subirat montó una fábrica de juguetes, los Chaminú | Foto: Gentileza Penguin Random House.
– ¿Cuán buena fue la traducción para ese momento y cuán buena es hoy? ¿Se sigue usando?
– La traducción fue muy discutida desde un primer momento. Algunos comentarios se detienen en exceso en sus errores. Para mí, hay ahí cierto resquemor con el hecho de que Salas Subirat se haya colado en la historia de la literatura en castellano de esa forma, sin tener ningún antecedente como traductor. Igualmente, la aparición de su Ulises parece haber sido en general bien recibida en todo el mundo hispano, aunque más no sea porque era la primera. Tanto la versión de 1945 como la revisión de 1952 contienen varios errores, efectivamente. Algunos importantes, otros no tanto. De todas formas, es notable cómo mantiene su vigencia y su frescura. Su traducción fue ganando prestigio con el correr de los años, cuando varias generaciones que se formaron con ella empezaron a poner en evidencia que en varios pasajes es un traductor muy afinado, por momentos incluso brillante. Excepto por la traducción de los nombres (“Esteban” por “Stephen”, por ejemplo), hoy se puede seguir leyendo perfectamente. De hecho, aunque hay nuevas versiones, sigue siendo leída y utilizada como referencia.
En su escritorio de La Continental, en tiempos en que traducía Ulises | Foto: Gentileza Penguim Random House.
Tras siete meses de caída, crece la venta de cemento
Construcción: Los despachos de cemento se incrementaron un 6,6% en agosto.
Se reactiva la venta de cemento. Foto Lucia Merle.
Los despachos de cemento portland totalizaron 1.046.192 toneladas en agosto, un incremento del 6,6% frente al mismo mes del año pasado y del 22,9% frente a julio, según indicó la Cámara sectorial. Es la primera vez en siete meses que se incrementan las ventas.
Con destino al mercado interno, los despachos alcanzaron las 1.044.228 toneladas, lo que representa un avance del 23% frente a julio y de 6,8% respecto de agosto de 2015.
El proceso de fabricación del cemento portland, es una actividad industrial de base minera que se inicia con la extracción de piedra caliza en las canteras, y prosigue con la trituración, almacenaje y prehomogeneización de las materias primas y su posterior molienda, almacenándose nuevamente, ya homogeneizadas, en silos, para su siguiente proceso, que se inicia con la llegada del material a la boca del horno.
Desde el primer proyecto de fabricación en Argentina, en el año 1872, hasta la puesta en marcha de la primera planta, Fábrica Nacional de Cemento Portland, en la Provincia de Córdoba, en el año 1907, la industria del cemento portland se constituyó en una de las principales de base minera, encontrando en los importantes yacimientos de piedra caliza existentes en todo el territorio nacional, la piedra fundamental para su desarrollo sostenible, que hoy le permite disponer en su amplio espectro geográfico de 17 plantas de fabricación y molienda, que están dotadas de la más moderna tecnología para la elaboración del cemento a nivel de competencia mundial.
Es así que la industria formaliza su representación institucional mediante la creación, el 7 de diciembre de 1922, de la “Asociación de Fabricantes de Cemento Portland”, que conjuntamente con otras entidades de origen minero, como la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de la Minería Extractiva, la Cámara de la Cal y Piedra así como las más relevantes empresas mineras del país, y otras dedicadas a servicios del sector, conforman hoy la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, institución que promueve el constante crecimiento y el desarrollo tecnológico de esta industria de importancia capital para la evolución económica-social de nuestra Nación.
La víctima del siniestro ingresó al hospital con diagnóstico de politraumatismo, ante lo cual los profesionales de la salud llevaron adelante prácticas traumatológicas con implante de clavo endomedular con material de osteosíntesis e injertos. A su vez, le realizaron análisis clínicos y asistencia quinesioterápica para facilitar la rehabilitación. Atento al tratamiento brindado y, en el marco de lo establecido en el Artículo 68° de la Ley Nacional de Tránsito [1] con respecto a los gastos de sanatorio o velatorio de terceros,el hospital le reclama a la aseguradora con la cual tenía contratado el seguro el vehículo marca Renault 12, la suma de pesos veintiséis mil setecientos ocho con ochenta y cinco ($ 26.708,85). Cabe recordar que es la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) el Örgano competente para la fijación del límite máximo en concepto de obligación legal autónoma.
