Por el costo argentino, las heladeras cuestan tres veces más que en Chile
Las empresas del sector se quejan del aumento de las importaciones y del retroceso del consumo, que ya perjudicó el empleo.
Por Francisco Jueguen.
Las heladeras no frost -las de mayor tecnología- cuestan en la Argentina casi el triple que en Chile (179% más) o el doble que en Brasil. Con las cíclicas -que todavía tienen 73% del market share local la diferencia es menor. En Chile tienen un precio 28% más económico que en cualquier comercio argentino. En comparación con Brasil, la heladera nacional es un 25% más cara.
La heladera, como toda la producción industrial nacional, sufre con los costos argentinos, pero también aparece hoy bajo la lupa del Gobierno, que exige a los empresarios más competitividad interna mientras -con algunas medidas que impulsan la transformación productiva- se bendice una mayor apertura de la economía.
La heladera, como toda la producción industrial nacional, sufre con los costos argentinos, pero también aparece hoy bajo la lupa del Gobierno.
«La pregunta no es sobre el precio final del producto, sino qué hace el Gobierno para bajar el costo argentino», cuestionó un ejecutivo de una de las firmas fabricantes de heladeras. «Nuestros costos son la mano de obra, los proveedores monopólicos, los impuestos y los fletes. Lo que gastás en fletes en la Argentina no lo gastás en ningún otro lugar», contó.
Por la caída del consumo y una entrada de más heladeras del exterior, los productores locales vieron afectado el empleo. Gafa/Electrolux redujo su plantilla en 80 empleados. Bambi tuvo suspensiones que afectaron hasta 800 trabajadores. Días atrás, el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, estuvo reunido con fabricantes de heladeras en Santa Fe (Rosario es un gran polo) y relativizó el impacto de las importaciones. «Es cierto que aumentaron [las importaciones], pero no van a cubrir más del 15% de la demanda total. Y hablamos con ellos en forma permanente», contaron en el Ministerio de Producción. «El sector tiene posibilidades, sin dudas», dijo a LA NACION para responder sobre si será una de las actividades que deberá transformarse o tendrá posibilidades de competir. «Tendrán mercado en heladeras chicas y medianas. En las grandes, doble puerta, es más difícil porque necesitan más escala. Si la demanda levanta, van a andar muy bien. Y hay segmentos donde están trabajando bien, como en las heladeras comerciales», agregaron.
Hoy hay dos grandes multinacionales con producción propia en el mercado: Mabe y Electrolux. Según un análisis de Abeceb sobre el sector, tienen 51% delmarket share. Bricket, Bambi y Pilisar (con perfil pyme) representan el 38%, y Autosal, Saiar, y Calorex (más pequeñas) completan un 11%. Hace poco, Samsumg ingresó en este sector.
Entre 2003 y 2007 el mercado fue un 50% nacional y un 50% importado. Entre 2008 y 2011, casi el 80% fue fabricación nacional. Ese porcentaje se elevó a 93% entre 2013 y 2015. Este año y 2017 no sólo son de caída del consumo (muchos compraron en cuotas y antes de la devaluación), sino de más importaciones.
En el Gobierno proyectan un mercado de 850.000 unidades en 2016 (en el sector dicen que apenas superará los 650.000). En un año la participación de productos importados, según datos oficiales, pasó de 8 al 13%. Se espera que en 2017 sea del 12%. Este año entrarán 115.000 heladeras (20% por stock de DJAI y 31% por productores locales). El resto lo trajeron los retailers. Para Producción, éste no es el problema, sino la caída del consumo, algo que -dicen- se frenó en octubre. En la industria no comparten ese veredicto aún.
179%
Precios comparativos de las heladeras en la región
Es el mayor precio final de una heladera no frost producida en la Argentina en comparación con Chile. Si se mide contra Brasil, el valor promedio local es 100% mayor. El doble.
Donald Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos basándose en el “Make America great again”. A pesar de tener a todos los medios de comunicación y a una importante mayoría de Hollywood en su contra, de su discurso discriminatorio contra latinos y de su abusiva relación con las mujeres, ganó porque la gente vota con el bolsillo. Anti-globalización significa intentar recuperar los puestos de trabajo que EEUU perdió y exportó al resto del mundo:
En los últimos 25 años los puestos de trabajo de la clase media de Europa y los EEUU fueron destruidos y exportados a Asia. Sumado a esto, en los últimos 40 años el PBI per cápita de los ricos creció dramáticamente y el de la clase media se vio estancado:
El grueso de la población de los EEUU no ha logrado adaptarse a la velocidad del cambio que impone la globalización y el avance tecnológico. Y esto significa hoy una profundización de las diferencias en la distribución del ingreso en todo el mundo. No olvidemos que el capitalismo es un sistema fuertemente darwinista en donde el mejor se queda con todo.
¿Cómo afecta el triunfo de Trump al blanqueo argentino? Disminuye de forma importante la probabilidad de que los EEUU quieran intercambiar información con la Argentina (no olvidemos que el gobierno de Macri apostó todas sus fichas por Hillary Clinton), y disminuye también la probabilidad de que los EEUU se sumen al acuerdo multilateral de la OCDE (el Common Reporting Standard). El objetivo será simple: intensificar, a través del hermetismo, la captación de dinero no declarado del mundo y consolidar aún más la posición de los EEUU como paraíso fiscal del mundo.
Además de anti-globalización, Trump significa menos regulación. Este hecho tuvo un impacto inmediato en dos industrias que celebraron en grande: la bancaria y la farmacéutica.
Bancos
Como consecuencia de la crisis financiera del 2008, los bancos han venido sufriendo una presión regulatoria mucho más estricta por cuenta de la ley Dodd-Frank firmada por Barrack Obama en 2010. Esta ha sido la ley más agresiva desde la Gran Depresión para regular el sistema bancario de Estado Unidos. Justamente fue creada para evitar que casos como los de la burbuja hipotecaria o Lehman Brothers se repitieran.
Trump ha prometido modificar esta ley que limita la flexibilidad operacional e incluye severas provisiones a los bancos. “Dodd-Frank ha hecho que sea imposible que los bancos funcionen. Hace que sea muy difícil para los banqueros prestar dinero para que las personas creen empleos, para que las personas con negocios creen empleos. Esto tiene que parar”, declaró Trump en una entrevista para Reuters en mayo de 2016. Además de esto, menos regulación significará que hacer transferencias bancarias deje de ser una odisea. De rebote, esto también le facilitará la operatividad a las diferentes financieras/cuevas que realicen cable. El costo “de traer dinero de afuera” será más bajo con Trump que con Clinton.
Un día después de las elecciones, los precios de las acciones de algunos de los grandes nombres como J.P Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley cerraron entre un 5% y 7% arriba. La tendencia siguió hasta el cierre del viernes. El movimiento del índice XLF (Sector Financiero) tuvo un gran salto:
Pharma/Biotech
Trump había prometido durante su campaña no tomar acciones para controlar los precios de los medicamentos. En cambio Hillary Clinton había prometido lo contrario. La suba del índice de Amex Biotech Index también ha sido contundente:
Conclusión:
Trump significa un resurgimiento del nacionalismo estadounidense. Su costado antiglobalización hará que busque menor intercambio de información financiera para atraer recursos a los Estados Unidos, en donde promete ofrecer una menor carga regulatoria.
Aquellos que estaban en la duda acerca de cuánto tiempo permanecería EEUU ajeno al intercambio de información internacional, hoy pueden estar seguros de que la cuestión está muy lejos de ser una prioridad para la Casa Blanca.
También en EE.UU. se cansaron un poco de los progres y el estatismo
Por Guillrmo Kohan.
Contra todos los pronósticos de los encuestadores. Contra el círculo rojo de la mayoría de los medios de comunicación. Contra la voluntad del Papa Francisco. Finalmente se dio el tremendo batacazo en Estados Unidos y ganó Donald Trump, el que no podía ganar. Por poco margen en la cantidad de votos, con el país dividido, muy parecido al triunfo de Mauricio Macri en la Argentina hace casi un año. Así como Cristina Kirchner resultó la madre de la derrota del oficialismo en 2015; también Barack Obama carga desde ayer con el mismo destino. En la última semana de la elección, llamó al electorado a votar por «mi tercer mandato».
Es obvio que las comparaciones son odiosas, y efectivamente hay enormes diferencias entre los colectivos sociales que acompañaron con el voto a Trump el martes en USA, y a Macri hace un año en Argentina. Sobre todo en los sectores de centro izquierda no peronistas, que no solo votaron por el ex presidente de Boca en las presidenciales, sino que también lo acompañaron en la ciudad de Buenos Aires en tanto la alternativa fuera el kirchnerismo. También Trump se beneficio del rechazo y cansancio de amplios sectores del electorado norteamericano a la figura de Barack Obama y lo que representaba: cada vez más impuestos, más regulaciones estatales en la economía, privilegios para las cúpulas sindicales y dirigentes sociales, un falso progresismo que terminó beneficiando con cargos y presupuesto estatal a los dirigentes más que a las minorías oprimidas que supuestamente representan. Y todo a cargo de las empresas y trabajadores del sector privado, que pagan la cuenta con impuestos cada vez más agobiantes.
Conviene apuntar que además de todas las barbaridades que se dijeron en los medios contra el ahora presidente electo, el que ganó el martes fue quien prometió bajar los impuestos a la clase media, a los trabajadores, y a las empresas que dan trabajo. Ganó el que prometió retirar al Estado de las regulaciones cada vez mayores contra la actividad económica.
Hasta Wall Street se comportó finalmente ayer al revés que los pronósticos más alarmistas: los mercados fueron una fiesta al final del día, con gran recuperación de los sectores económicos tradicionales de la economía norteamericana: bancos, laboratorios, construcción, armamentos, telecomunicaciones, entre otros, fueron los que más brillaron en los mercados.
Comenzaron a moderarse las expectativas tan negativas que se habían formulado durante la campaña electoral contra Trump en términos financieros. No parece lógico que un empresario que quiere recuperar el empleo y la actividad de las fábricas en Estados Unidos opte por fortalecer mucho al dólar con las tasas de interés en alza. Sería alentar con atraso cambiario las importaciones de todo el mundo a los Estados Unidos. El último republicano que pisó la Casa Blanca, George Bush Jr., asumió con el dólar a 0,80 contra el euro, y lo devaluó 100% hasta 1,60. La gran Duhalde, pero administrado de a poco.
Más interesante resulta volver la mirada a una realidad que se mencionó hace meses en esta columna, que otra vez parece volver a confirmarse. A Donald Trump, por lo visto, le va mejor en la calle que en la TV. No lo quieren la mayoría de los periodistas y lo detestan la mayoría de los artistas y los intelectuales. No alcanzó el homenaje al progresismo norteamericano que se intentó con el Premio Nobel a Bob Dylan para tumbar a Trump. Igual ganó
Lección interesante para el gobierno de Mauricio Macri, en particular para quienes le recomiendan disfrazarse de progresista para asegurar el apoyo de la opinión pública y no enfrentar al establishment políticamente correcto de los medios y la dirigencia política local. Con ingredientes que colocan el caso más en tono de comedia que de tragedia.
En la carrera por medir quién es más progre y menos empresario en el Gabinete, quedó en falsa escuadra hasta la canciller Susana Malcorra, quien hasta ahora conducía con gran profesionalidad la gestión menos culposa de la era Macri. En política exterior, la gestión Macri no es gradual, es claramente opuesta a lo que venía de la era K. Aún así, y con el resultado puesto, igual la ministra argentina se manifestó en público apenada por la derrota de Hillary. Semejante gafe no se la hubieran perdonado en las Naciones Unidas.
Agenda cargada le toca también a otro de los representantes del ala progre del Gabinete, el ministro Prat Gay, quien también se jugó a fondo por los demócratas, sin medir que ahora tendrá que ir a pedirles su salvación a los republicanos. Necesita que se mantenga el crédito externo tan fluido para financiar el déficit. Y que la administración Trump colabore con la Argentina en las cuestiones de información financiera para garantizar el éxito del blanqueo. Recalculando el camino, actualizando de apuro el GPS.
El Juzgado en 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de la 4ta nominación de Salta falló, el 5 de mayo del corriente año, a favor de un reclamo presentado por un hospital público para el cobro de los gastos incurridos en la atención de una víctima de un siniestro vial. En esta columna analizaremos con detenimiento el hecho y los argumentos esgrimidos por las partes. Entre otras cuestiones, el fallo presenta una serie de desafíos para el mercado: el hospital no es considerado consumidor, y la falta de pago resulta “inoponible frente al tercero damnificado cuando lo que se reclama es el pago de la obligación legal autónoma”.
El hecho
Todo comienza a las 7:30 de la mañana del día 3 de septiembre de 2012 en la ciudad de Salta, al momento de producirse un siniestro que involucra a una motocicleta marca Gilera y un vehículo Renault 12. A raíz del mismo, el conductor de la motocicleta es trasladado al Hospital de Gestión Descentralizada San Bernardo, ubicado en la capital provincial. Cabe mencionar que dicho nosocomio atiende la demanda sanitaria tanto de la ciudad como de la provincia de Salta.
La víctima del siniestro ingresó al hospital con diagnóstico de politraumatismo, ante lo cual los profesionales de la salud llevaron adelante prácticas traumatológicas con implante de clavo endomedular con material de osteosíntesis e injertos. A su vez, le realizaron análisis clínicos y asistencia quinesioterápica para facilitar la rehabilitación. Atento al tratamiento brindado y, en el marco de lo establecido en el Artículo 68° de la Ley Nacional de Tránsito[1] con respecto a los gastos de sanatorio o velatorio de terceros,el hospital le reclama a la aseguradora con la cual tenía contratado el seguro el vehículo marca Renault 12, la suma de pesos veintiséis mil setecientos ocho con ochenta y cinco ($ 26.708,85). Cabe recordar que es la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) el Örgano competente para la fijación del límite máximo en concepto de obligación legal autónoma.
La demanda
Ante el rechazo por parte de la compañía de seguros [Liderar Cia. Argentina de Seguros Ltda. S.A.] de abonar el monto reclamado por el hospital (cabe mencionar que dicho reclamo superaba el monto establecido por la SSN), la institución toma la decisión de avanzar por la via judicial. Es así que, sumado al reclamo inicial, agrega los conceptos de intereses, gastos y costas y la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) por daño punitivo. Bienvenidos a zona de litigio.
La parte demandante reclama lo antedicho “en concepto de reembolso por los saldos emergentes de la prestación realizada por el hospital”. Afirma estar legitimado por la subrogación legal establecida en el artículo 68° de la Ley N° 24.449, y por ser un sujeto expuesto a la relación de consumo entre el tomador del seguro y la compañía, sosteniendo que tanto la víctima como el hospital son destinatarios finales del servicio brindado por la aseguradora”.
Por su parte, la defensa de la parte demandada “niega que el hospital revista el carácter de consumidor. Además, sostiene que el reclamo no puede prosperar porque al momento del siniestro la Sra. A. se encontraba sin cobertura financiera por falta de pago, invocando que ese hecho produciría la caducidad de los derechos del asegurado”.
El análisis
Expuesto lo anterior, existen tres puntos que debieron ser resueltos por el juez interviniente:
Determinar si aplica la figura de consumidor a la parte demandante.
Resolver si el hospital se encuentra facultado para reclamar el reintegro de los gastos sanatoriales, y la validez del argumento presentado por la parte demandada.
Analizar la constitucionalidad del límite fijado por la autoridad competente en materia aseguradora.
En relación al primer punto, el fallo analiza si existe una relación de consumo. Para ello, aclara que “siendo el objeto de la acción el cobro de crédito emergente de la obligación legal autónoma prevista en el artículo 68° de la ley N° 24.449 -por vía de reembolso y mediante subrogación- , anticipo que en mi opinión no resulta aplicable la ley de defensa del consumidor, por no revestir el hospital público el carácter de consumidor, ni de consumidor expuesto, no resultando posible la subrogación de esa condición”. Para llegar a esa conclusión, el juez se ampara en los artículos 1.092 y 1.093 del Código Civil y Comercial de la Nación, mencionando que el hospital “no es el sujeto particularmente vulnerable al que el constituyente decidió proteger de modo especial en el artículo 42° de la Constitución Nacional”.
Recordemos los artículos del CCCN:
Artículo 1.092. Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Artículo 1.093. Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.
Resuelto el primero de los puntos y en relación al segundo, el juez aclara que “se trata de una obligación que no emerge de un vínculo contractual, sino de la ley, y apunta a brindar a la víctima una prestación de urgencia por los gastos de atención médica o de sepelio en su caso”.
Sin embargo, para resolver sobre el fondo del reclamo, se deben comprobar cuatro condiciones: la ocurrencia del siniestro (lo que se encuentra suficientemente acreditado con la denuncia policial que acompaña a la demanda); que el tercero haya sido damnificado (lo que se logra comprobar a través de las facturas y la historia clínica incorporadas al expediente); que el demandado es una de las compañías aseguradoras de alguno de los vehículos involucrados (sobre este punto nos detendremos a continuación); y los gastos reclamados (existencia de facturas).
En relación al argumento esgrimido por la compañía sobre la falta de cobertura financiera al momento del siniestro, el juez determina que “esta defensa no puede prosperar, pues la caducidad de los derechos del asegurado resulta inoponible frente al tercero damnificado cuando lo que se reclama es el pago de la obligación legal autónoma, pues la especial naturaleza de la obligación y del proceso, no admite esta clase de defensa, la que en su caso, podrá ser repetida por la compañía contra el asegurado o el responsable civil de los daños…”.[2]
Atento a esto, también cita al artículo 68° de la Ley de Tránsito sobre la vigencia anual del seguro, mencionando que de acuerdo a lo establecido en el decreto reglamentario de la Ley (Decreto N° 775/1995) el sólo hecho de contar con el comprobante del seguro es prueba suficiente de la vigencia del mismo: “Artículo 40° inc. c) La posesión del comprobante de seguro obligatorio diseñado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, será prueba suficiente de la vigencia del seguro obligatorio de automotores exigido por el artículo 68 de la Ley Nº 24.449, sólo por el período indicado en su texto, el cual será anual salvo las excepciones reglamentariamente previstas. La autoridad de comprobación y/o aplicación deberá verificar que los conductores posean dicho comprobante de seguro obligatorio y que dicho seguro se encuentra vigente en oportunidad de realizarse la constatación, acreditándose dicha vigencia, corroborando el período de cobertura que obra en el texto del comprobante”.
Por lo tanto, y en relación al fondo del reclamo, falla a favor del hospital. Sin embargo, y ya entrando en el tercero de los puntos mencionados en los párrafos anteriores (analizar la constitucionalidad del límite fijado por la autoridad competente en materia aseguradora) el juez entiende que “resulta razonable y aplicable a este caso concreto, pues lo contrario, es decir si se hiciese lugar a la procedencia de un reclamo de repetición sin limitación alguna cuando no existe ya la urgencia de una respuesta inmediata (…) podría afectarse gravemente la ecuación suma asegurada, riesgo y prima que sirve de base al sistema de seguros, y terminaría en definitiva desvirtuando el principio de solidaridad en el que pretende fundarse la norma”.
En conclusión, el juez:
No admite la aplicación de la ley de defensa del consumidor para el caso bajo análisis;
Reconoce al hospital público facultado para realizar el reclamo por los gastos incurridos;
Declara inoponible la falta de cobertura financiera;
Respeta los límites máximos fijados por el Poder Ejecutivo.
Conclusión
El fallo analizado presenta una serie de desafíos al mercado en su conjunto, en tanto y en cuanto la interpretación del juzgado interviniente en la presente pueda ser replicado por las demás jurisdicciones.
En primer lugar, se debería evitar colocar obstáculos para el pago en concepto de obligación legal autónoma a los hospitales públicos (siempre y cuando los mismos respeten los límites máximos).
En segundo lugar, y en base a los avances tecnológicos disponibles en el presente, se debería generar un procedimiento que facilite la comunicación entre aseguradora y asegurado y permita notificar, instantáneamente, cuando el pago del seguro no se realizó o no ingresó correctamente a la entidad (en aquellos casos de débito automático).
Pensar estrategias para evitar situaciones como la falta de cobertura financiera, va permitir disminuir las frustraciones de la persona afectada, mejorando el vínculo y la cercanía con su aseguradora.
—Lic. Nicolás Wittwer Pruyas. Economista UBA. Ex Subgerente de Relaciones con la Comunidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Referencias:
[1] Ley N° 24.449. Artículo 68°: “(…) Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes”.
[2]El juez cita el siguiente fallo. Cam. Apel.Civ. y Com. De Concepción “Higgins, Luis Eduardo c. Seguros Bernadino Rivadavia Cooperativa Ltda. s/amparo”: Ante el reclamo del pago de los gastos sanatoriales o de sepelio a que hace referencia el artículo 68° de la Ley de Tránsito, las aseguradoras no pueden oponer defensas emergentes del propio contrato o relativas al modo en que acaeció el accidente que produjo el daño, ni tampoco alegar que el seguro se hallaba suspendido por falta de pago, sin perjuicio de los derechos que pudieran hacer valer con posterioridad”.
Luis Barrionuevo: «A este Gobierno hay que darle por lo menos dos años»
El titular del gremio gastronómico y líder de una de las corrientes que integran la nueva CGT pidió “sostener y acompañar” al Poder Ejecutivo.
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Luis Barrionuevo parece haberse convertido en un original mentor de frases que perduran en el tiempo y atraviesan los gobiernos. Hace más de una década, el histórico líder de los gastronómicos pidió «dejar de robar por dos años» para que el país pudiera salir adelante. Este lunes apeló al mismo tiempo de paciencia, pero con un sentido muy diferente: para respaldar al gobierno de Mauricio Macri.
«Yo creo que este gobierno necesita un apoyo, no dándole un tiempo eterno. Este gobierno necesita por lo menos dos años para que lleguen los capitales«, aseguró Barrionuevo en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.
«Se está volviendo un poco amarillo«, chicaneó el periodista. Y el sindicalista explicó: «Yo veo esto como alguien que debe aportar algo y no perturbar«.
Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid.
Desde que Cambiemos llegó al poder, la CGT Azul y Blanco ha sido la vertiente sindical que se ha mostrado más contemplativa con el Poder Ejecutivo. De hecho el jefe de Estado eligió la sede de Gastronómicos para celebrar el Día del Trabajador en medio de protestas de otros sectores gremiales.
Las declaraciones de Barrionuevo surgen a horas de que la nueva CGT unificada se reúna con representantes del Gobierno y las empresas para negociar un bono de fin de año con un piso de dos mil pesos.
De acuerdo con los dichos del otrora presidente de Chacarita, el pago adicional para los estatales ya estaría prácticamente acordado y ahora se espera un gesto del sector privado.
«Yo creo que Macri trae desde Roma mensajes para lograr un consenso general. Ya se deben haber dado cuenta que solos, con la política de los CEOs, no van a sacar el país adelante«, analizó.
Inflación, crecimiento de los índices de litigiosidad y reducción presupuestaria, algunos de los ingredientes que atentan contra la resolución de conflictos legales del sector en tiempo y forma; propuestas facilistas para un grave problema.
Por Alfredo Abarca.
Los expedientes se acumulan por años, sin solución.
Circunscribiendo esta nota a la administración de justicia de los conflictos aduaneros, es sabido que la normativa de la materia atribuye a los distintos órganos del Estado las decisiones sobre la aplicación de los tributos y de las sanciones por infracciones.
Esto, que parece una obviedad de innecesaria mención, es el punto de partida para reflexionar sobre la competencia incumplida por el deterioro de los órganos encargados de esa tarea que casi siempre resulta tardía y que por ello mismo y otras razones termina en soluciones alejadas de la realidad, cuando no injustas aunque sean ajustadas a Derecho.
Modificaciones parciales
En los últimos tiempos se escuchan propuestas de modificaciones parciales para esa situación que encuentra su tormenta perfecta en la inflación -a veces desbocada-, en el crecimiento de los índices de litigiosidad, en la reducción presupuestaria y hasta en la desidia en el cumplimiento de tan importante tarea de administrar justicia.
Es evidente que una resolución administrativa o judicial que permita a los administrados sentir la tranquilidad de tener sus derechos definidos y reglas claras en su accionar con la Aduana, es indispensable para el respeto del principio de la seguridad jurídica y de Justicia que pretenden organizar las leyes. Para ello es necesario que los conflictos se puedan resolver por un procedimiento ágil, en un tiempo razonable que asegure la defensa en juicio y la doble jurisdicción.
Esta necesidad de poder transitar por los carriles del trabajo honesto sin la asechanza de la corrupción o de la arbitrariedad es un principio básico en una comunidad organizada y que hace a la esencia de la libertad en un ámbito tan complicado y dificultoso como es el comercio exterior y la función aduanera.
Montañas de expedientes
Sin embargo, nuestra realidad nos muestra una situación distinta a esos objetivos elementales para el desarrollo del país y del comercio exterior: miles y miles de expedientes, muchos innecesarios o iniciados por motivaciones indescifrables, se amontonan en oficinas con insuficiente personal y medios, donde no podrán ser atendidos en meses o años. La práctica de remisiones a otras oficinas, también colapsadas, para el cumplimiento de un trámite o para tranquilidad del funcionario a cargo de no ser imputado por la demora, no hacen más que sumar tiempos ociosos e inútiles.
Una vez resuelto el tema en el sector operativo, la cuestión -en una alta proporción-, pasa a nivel contencioso, que también está sobrepasado y con poco personal. Allí permanece por años sólo amenazado por la prescripción de la acción fiscal.
Cumplido este periplo dentro de la Aduana donde en pocos casos se controla la eficiencia de las oficinas por las que circulan las actuaciones, y si existe ánimo o interés del administrado, la cuestión asciende a la Justicia federal o al Tribunal Fiscal de la Nación. Allí también se encontrará con una saturación de causas y un desinterés presupuestario por parte del PE que se apropió de la tasa de Justicia que se paga para ser oído y juzgado. Allí sufrirá otro lentísimo proceso hasta lograr una sentencia que puede ser apelada. El registro final se cuenta por décadas desde su inicio.
El incumplimiento del Estado
Sin dudas, por diferentes motivos, el Estado no cumple con función básica de afianzar la Justicia, como lo establece el preámbulo de la Constitución, y preservar la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18) porque cualquier procedimiento que dura años y años para encontrar su final, destruye valores básicos y sustanciales, como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia en sus fallos al tratar el tema del tiempo razonable de juzgamiento.
Todo esto hace que una gran parte de la población, desilusionada, descrea en la administración de Justicia y se convenza de que sólo se beneficia a los corruptos y a los poderosos, sin cuidar de los ciudadanos y a las víctimas. Y es así, en particular en materia aduanera, donde además de las maniobras fraudulentas algunos gozan de esta anomia para demorar o evadir sus obligaciones y vivir dilatando la ejecución de las penas que pudieran corresponderles por su accionar ilícito y que la inflación deteriora todos los días.
Pese a ello, no es razonable tratar de paliar semejante estado de cosas con medidas o normas que sólo pretenden crear un plexo más represivo y que existe porque el propio Estado no cumple con sus funciones básicas.
Tapar el sol con las manos
Argumentar que la demora injustificada de los pleitos se debe a la inacción del administrado o que éste debe correr con las consecuencias de la inflación que debe controlar el PE mediante su política económica, es tratar de tapar el sol con las manos e incurrir en la injusticia para los comportamientos y roles exigidos a los componentes de la sociedad.
Si la Aduana, el Tribunal Fiscal y la Justicia federal cumplieran con la función jurisdiccional que las leyes y la Constitución les otorga en tiempo oportuno, no estaríamos discutiendo de quién es la culpa de la demora de los expedientes. Y mucho menos si se controlara la inflación, lo que haría que la sanción no se convirtiera en simbólica por el solo paso del tiempo.
Para todo eso es necesario recuperar el objetivo de que el Estado como órgano central de la comunidad organizada cumpla debidamente con sus deberes básicos y elementales y que aquellos a los que se les otorgó la facultad de administrarlos asuman con honestidad e idoneidad su importante tarea evitando las tentaciones malsanas de la ilegalidad y la desidia.
Las normas deberían ser las primeras en exigir al Estado el cumplimiento de lo que éste exige a sus administrados. Sin embargo, permiten y alientan disvaliosas conductas haciendo abuso de sus prerrogativas. A simple título de ejemplo, vale mencionar los contratos de empleo en el sector público que evitan el pago de las contribuciones sociales, los jueces exentos del impuesto a las ganancias y los legisladores limitando las sumas sobre las que pagan, entre otras cosas.
Inflación crónica
En materia aduanera estos casos son notorios. El sabio Código de 1981, al tener en cuenta la inflación crónica en la economía, previó la actualización de las sumas debidas por un índice del entonces confiable Indec. El programa económico de convertibilidad del peso por el dólar, eliminó esa actualización y a partir de eso comenzaron las engañifas para mantener los valores a cobrar por la Aduana pero se negó igual derecho cuando el administrado es el acreedor creando una asimetría incompatible con los principios republicanos.
La liquidación de los derechos aduaneros y sus complementos son liquidados en dólares y con intereses del 36% anual mientras que las sumas que un particular pretende recuperar por un pago erróneo se calcula en pesos con intereses desde el reclamo (y no del pago) y a una tasa del 6%. Cualquiera que haga un ejercicio con una suma liquidada después de 10, 15 o 20 años llegará a la misma conclusión: ¡es una locura! Y una locura injusta, impuesta por el abuso de una de las partes de la relación y plasmada en normas jurídicas.
La inflación también afecta a las penas que no se encuentran firmes. Para evitarlo se escuchan propuestas destinadas a revalorizar o actualizar el valor de la mercadería sobre las cuales se calculan las multas por infracciones o delitos, como lo preveía originariamente el Código Aduanero.
No parece desacertada la propuesta pero sí parcial y desequilibrada. Igual corrección antiinflacionaria también debería aplicarse a las deudas del Estado, que debería abonar igual tasa de interés que la que cobra, y diferenciada cuando se hace en alguna moneda dura. Esto es razonable y justo para las dos partes de un proceso sobre tributos o penas aduaneras.
Remedio temporal y parcial
Aunque todo esto sirve como un remedio temporal y muy parcial porque si la demora en la resolución de las causas o la privación de la Justicia en los conflictos aduaneros perdura, hay que pensar seriamente en soluciones más definitivas ante la incapacidad del Estado de administrar Justicia en el ámbito aduanero. Habría que estudiar la aplicación en ese ámbito de la institución del silencio positivo o en la pérdida de la competencia al transcurrir un tiempo no mayor de los dos años.
El problema está planteado y es notorio.
Debemos aprender a encararlo con un sentido práctico y ejecutable que ponga fin al estado de cosas que nos agobia y retrasa. Alguna vez hay que convencerse de lo poco que sirven las medidas parciales y provisorias por más bien intencionadas que sean, y que es necesario encarar una solución más definitiva que reestablezca la seguridad jurídica y ponga fin a los abusos del Estado que tanto ha costado limitar.
Nuestra Constitución declara que la Nación Argentina adopta una forma de gobierno republicana, y la arbitrariedad, el abuso o la falta de administración de Justicia son situaciones propias del absolutismo que nuestra civilización trata de eliminar.
No resulta tan difícil de hacerlo si se tiene la voluntad y se intenta con racionalidad buscar una justicia eficaz y oportuna.
—El autor es director del posgrado de derecho aduanero en la Facultad de Derecho de la UBA.
Argentina vendió 2.500 millones de euros (US$2.800 millones) en deuda, en lo que constituye un rápido retorno a los inversionistas extranjeros para un país que hasta hace poco estaba excluido de los mercados internacionales de capital.
La oferta prevista sigue a la emisión realizada por el gobierno argentino en abril por US$16.500 millones, un récord de emisión de deuda pública para una economía emergente. Los inversionistas sedientos de rendimientos han estado acumulando deuda de mercados emergentes en medio de una ola general de intereses bajos y negativos en otras partes, lo que ha estimulado la demanda de bonos desde Ghana hasta Brasil.
Pero Argentina, cuya economía se espera que se contraiga este año, es un recordatorio de los riesgos que conlleva este tipo de inversión para quienes ponen su dinero en los mercados emergentes.
El miércoles, el país comenzó a vender bonos denominados en euros en una operación de doble tramo, con vencimientos en enero de 2022 y enero de 2027.
La transacción tuvo un cupón de 4% para los bonos que vencen en 2022 y de 5,125% para los que vencen en 2027, de acuerdo con uno de los operadores que trabajó en la venta. La entidad dijo que la demanda alcanzó los 6.250 millones de euros para los dos tramos combinados.
La masiva emisión de bonos de abril fue un hito para el país, que en 2001 incurrió en cesación de pagos de su deuda soberana de más de US$80.000 millones. Las autoridades del país se enfrascaron luego en una pelea de años con los tenedores de bonos, llegando a calificar a algunos acreedores como “buitres”.
En los últimos seis meses, los fondos de mercados emergentes han recibido entradas netas por valor de US$45.500 millones, de acuerdo con cifras de la firma EPFR Global.
El dinero que fluye hacia los mercados en desarrollo llega a pesar del aumento de los riesgos. Aun contando con todo este dinero en efectivo, la calidad del crédito de los bonos soberanos de mercados emergentes puede deteriorarse, dijo esta semana un informe de Standard & Poor’s.
Nueve de los 20 mercados emergentes con la mayor cantidad de deuda soberana absoluta en circulación tienen perspectivas negativas, lo cual indica una posible rebaja en los próximos dos años, dijo Moritz Kraemer, jefe global de calificaciones de riesgo soberano de S&P. Esto frente a apenas dos perspectivas positivas entre esas 20 naciones.
S&P está particularmente preocupada por que un aumento de tasas de interés en Estados Unidos aspire el dinero de los mercados emergentes. Esa retirada podría producirse cuando los inversionistas empiecen a buscar rendimientos en EE.UU. y cuando un dólar más fuerte encarezca la deuda denominada en dólares, elevando así el riesgo de invertir en esa deuda soberana.
Argentina, junto con Turquía y Venezuela, fue identificada por S&P como entre los países más susceptibles, dado que está entre “los más dependientes de las entradas de capital”.
También se espera que la economía de Argentina se contraiga este año. Bank of America Merrill Lynch espera un crecimiento negativo de 1,5% en el Producto Interno Bruto antes de que repunte a 3% el próximo año, junto con una disminución de la inflación de alrededor de 36,5% este año a 20% en 2017.
Argentina, el país más elegido por extranjeros para estudiar
Buscan aprender o perfeccionar el idioma español y cursar carreras universitarias o de posgrado.
Turistas en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Argentina es el destino más elegido en Latinoamérica por los extranjeros para estudiar el idioma español y realizar carreras universitarias de grado y posgrado, según datos de la Asociación Centros de Idiomas (ACI).
Turistas en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Rosario son las ciudades preferidas por los ciudadanos de otros países que llegan a la Argentina para aprender o perfeccionar el español y, explica Marcelo García, integrante de la ACI, «esto se debe a que cuentan con universidades y una intensa vida cultural».
El encanto de la capital salteña.
García señala que «el 80% de los extranjeros que llega a la Argentina para aprender el idioma lo hace a través de algún centro de lenguas arancelado en el que cursan 20 horas semanales» y dijo que tanto ese porcentaje como los que arriban en forma particular «también hacen actividades turísticas y culturales y se involucran con la sociedad».
La ACI y el Ministerio de Turismo de la Nación trabajan en forma conjunta para garantizar la calidad de las instituciones educativas a las que llegan los extranjeros y también con los operadores turísticos dedicados a este segmento con el objetivo de que los servicios turísticos sean de calidad.
Turistas en Buenos Aires, Caminito.
«Así podemos garantizar la calidad de las instituciones académicas e idiomáticas y también una buena red de prestadores de servicios turísticos para estos estudiantes», subrayó el miembro de la ACI.
Muchas de estas acciones se presentarán durante el 6° Congreso Internacional de Turismo Idiomático que se realizará en la ciudad de Salta entre el 26 y el 29 de octubre. El objetivo es elaborar un plan estratégico que facilite la llegada de estudiantes extranjeros a la Argentina.
Caso Nisman: en una solicitada piden la destitución del juez Rafecas
Familiares de víctimas del atentado de la AMIA cuestionan su decisión de no haber hecho lugar a la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal contra la ex presidenta y otros funcionarios.
El juez federal Daniel Rafecas ingresa a los Tribunales de Comodoro Py.
BUENOS AIRES — Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, dirigentes y referentes de la comunidad judía publicaron una solicitada para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas.
“El juez Rafecas debe ser removido”, se titula el texto que apunta a la negativa del magistrado para hacer lugar la denuncia de Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, por presunto encubrimiento de los imputados, tras el cuestioando Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.
Entre los firmantes se encuentran los diputados Elisa Carrió y Waldo Wolff, los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez, la ex vicejefa de gobierno porteña, Cecilia Felgueras y el ex representante ante las Naciones Unidas Emilio Cárdenas, entre otros.
EL TEXTO COMPLETO
“Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013.
Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo record. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas.
La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr. Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de éste último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia.
Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la Amia, constituye también otro delito de lesa humanidad.
Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA [NdR: en rigor, fue la DAIA], el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro ‘temor de parcialidad’, Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su ‘meritoria’ desestimación del pedido del Fiscal Nisman.
Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria”.
La mitad de la gente mayor siente que no se la valora
Lo indica un estudio de la UCA en todo el país en mayores de 60 años. Perciben que no se los tiene en cuenta para tomar decisiones familiares y reclaman más afecto y comprensión.
Por Valeria Román.
Un Jubilado en el Parque Lezama.
Que están viejos, que no pueden manejar ni dinero ni sus vidas, que ya no tienen capacidad para aprender nada. Son algunos de los prejuiciosque aún subsisten y hacen que 5 de cada 10 personas mayores sientan que no son valoradas por sus palabras, sus opiniones, sus conocimientos, o por su experiencia. El dato surge de una encuesta realizada a 6.000 adultos mayores de 60 años por el Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Los adultos mayores son el grupo que más creció durante las últimas 7 décadas: esa población se sextuplicó desde 1947, mientras que la población total se multiplicó por 2,5. Sin embargo, persisten mitos y prejuicios. “A partir de la Revolución Industrial, las personas pasaron a ser más consideradas por su rendimiento laboral, y la vejez pasó a considerarse como un estado improductivo. Se presupone que las personas mayores están desactualizadas y que sufren deterioro cognitivo, y eso lleva a su aislamiento”, dijo a Clarín Graciela Zarebski, directora de la carrera de gerontología de la Universidad Maimónides, que no participó en la encuesta y valoró su realización.
Dentro del total de 6.000 encuestados, el 20% de las personas mayores viven solas, el 30% lo hace en hogares con otras personas mayores, y el 50% convive con personas menores de 60 años. No se entrevistó a personas que viven en geriátricos, según aclaró a Clarín Enrique Amadasi, coordinador del grupo que hizo la encuesta del Observatorio de la UCA, con apoyo de la Fundación Navarro Viola.
La mayoría de esas personas están lejos de ser “pasivas”: 9 de cada 10 se hacen cargo de tareas o cumplen algún rol en el hogar. Hay diferencias según su estrato socioeconómico. Las personas mayores más pobres lavan, planchan, hacen la limpieza, cocinan y cuidan a otros miembros del hogar, mientras que las más ricas realizan compras o arreglos en el hogar. Sin embargo, 2 de cada 10 personas mayores siente que su familia no la deja participar en la toma de decisiones individuales o familiares ni en la atención de su salud. Mientras que 3 de cada 10 personas mayores expresan que no le dan la comprensión afectiva y emocional que merecen. “Los déficits hallados son bastante mayores entre las personas de 60 años y más respecto de la población que tiene entre 18 y 59 años, pero menos elevados de lo que suele esperarse, considerando que constituyen patrones del entorno familiar de la estructura social argentina que se agudizan bastante en el caso de las personas mayores”, resalta el informe, en el que se considera la falta de valoración familiar que manifiestan los mayores puede afectar su autonomía y la calidad de vida. También se identificó que 1 de cada 3 personas mayores siente que no tiene sus necesidades de recreación satisfechas, y que sólo 1 de cada 10 participa en clubes sociales o deportivos y centros de jubilados.
“La encuesta nos señala que aún un sector de los adultos mayores no la pasa bien. Los más jóvenes deberían aprender que después de los 60 años se puede seguir aprendiendo porque el cerebro tiene plasticidad. Que los mayores pueden aportar experiencia y opiniones. También es recomendable que cada persona mayor tenga una diversidad de amigos y que desarrolle sus deseos postergados”, sostuvo la doctora Zarebski. Por su parte, Gonzalo Abramovich, psicólogo y coordinador general del área Adultos Mayores de la AMIA, sugirió medidas para cambiar la percepción negativa de la vejez: “La educación tiene un rol fundamental para desterrar los mitos y prejuicios sobre la vejez. Es una etapa más de la vida, casi tanto o más larga que las anteriores. Convendría que se incorpore la temática desde la escuela primaria”, afirmó.
El psicólogo Abramovich sugirió que hay que “tender puentes entre las generaciones: cuando recibimos visitas de niños y jóvenes en los clubes de adultos mayores se sorprenden al ver cómo disfrutan y se divierten. Las clases de bailes compartidas son las preferidas de los chicos y los grandes. Difícilmente esos niños olviden esa vivencia y así pueden desaparecer los miedos o temores sobre la vejez”. Se debería aumentar la oferta de actividades de ocio y actividad física, generar entornos y transportes amigables con los mayores, y permitir la jubilación progresiva u optativa para quienes quieren seguir en actividad.
La víctima del siniestro ingresó al hospital con diagnóstico de politraumatismo, ante lo cual los profesionales de la salud llevaron adelante prácticas traumatológicas con implante de clavo endomedular con material de osteosíntesis e injertos. A su vez, le realizaron análisis clínicos y asistencia quinesioterápica para facilitar la rehabilitación. Atento al tratamiento brindado y, en el marco de lo establecido en el Artículo 68° de la Ley Nacional de Tránsito [1] con respecto a los gastos de sanatorio o velatorio de terceros,el hospital le reclama a la aseguradora con la cual tenía contratado el seguro el vehículo marca Renault 12, la suma de pesos veintiséis mil setecientos ocho con ochenta y cinco ($ 26.708,85). Cabe recordar que es la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) el Örgano competente para la fijación del límite máximo en concepto de obligación legal autónoma.
