El país, ante un rol clave contra el crimen organizado
Por Santiago Otamendi.
El 24 de junio pasado, en la ciudad de Busan, República de Corea, el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó por unanimidad a la Argentina para ocupar la vicepresidencia del organismo y para ejercer su presidencia a partir de julio del año próximo.
La importancia y la trascendencia de este hito son inmensas a la luz de la relevancia de esa organización, pero también por la prioridad que hoy la comunidad de países le asigna al combate contra el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.
El GAFI está integrado por las 35 economías más importantes del mundo, además de la participación de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE en carácter de «observadores». Tiene por misión fijar los estándares para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y evaluar su aplicación en nada menos que 198 países, a los que paralelamente asiste técnicamente.
Si bien realiza recomendaciones, su incumplimiento acarrea consecuencias económicas tan significativas que las tornan mandatorias. Es que las operaciones financieras y comerciales con aquellas jurisdicciones que presentan serias deficiencias en sus marcos regulatorios son objeto de medidas de «vigilancia reforzada» o «contra medidas» por el resto de los países, lo que dificulta, encarece y hasta restringe sus negocios internacionales. Por eso, el compromiso internacional es casi absoluto; sólo Irán y, en mayor medida, Corea del Norte se encuentran hoy en esta situación.
También debe ponderarse que la lucha contra el lavado de activos se ha instalado definitivamente en la agenda internacional por su probada efectividad y eficacia en el combate contra el crimen organizado.
El crimen organizado funciona con lógica empresarial y, por eso, la obstrucción de sus negocios y el decomiso de su provecho impactan negativamente sobre su ganancia, en la que radica su finalidad última, pero también su capacidad de reinversión en la empresa criminal y su poder logístico y corruptor. Este abordaje ha definido la política de nuestro gobierno y las acciones trazadas en consecuencia.
Asimismo, el rol del GAFI debe medirse en la influencia para lograr transparencia de los mercados internacionales y combatir la corrupción en un mundo que aún lucha contra la pobreza y la exclusión.
Por último, la expansión indiscriminada del flagelo del terrorismo colocó al GAFI en un lugar central frente a la necesidad de rediseñar una estrategia inteligente y global con eje en la obstrucción de su financiamiento operacional y el congelamiento de sus activos.
Enorme entonces es el rol del GAFI, un organismo que en 2010 incluyó a la Argentina en la lista gris de países que «constituyen un riesgo para el sistema financiero internacional» y que ahora le confiere nada menos que su conducción.
Nada es casual. Hoy en nuestro país existe, por parte del Gobierno, un compromiso político absoluto que parte de reconocer estas amenazas como ciertas y graves. Además, la decisión de contribuir al fortalecimiento institucional de los organismos competentes: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción, la representación nacional ante el GAFI, el Gafilat y el Lavex-OEA y la Coordinación Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Tenemos la responsabilidad de retribuir el crédito que la comunidad internacional nos confía, pero esto también supone la oportunidad única de colocarnos en una posición de liderazgo regional que derive en la posibilidad de sostener los intereses estratégicos de la región.
—Secretario de Justicia y vicepresidencia del GAFI.
Antes de enviar para atrás el ajuste de tarifas de gas la semana pasada, la Corte Suprema podría haber considerado que la vigencia de la emergencia económica amparaba el cambio; que el ajuste no era tal porque era provisorio y solo adecuatorio de la inflación que se aceleró en los últimos 8 meses con el cambio de gobierno; que la entidad de los aumentos, no los porcentuales, sino los económicos en pesos corrientes, eran despreciables (salvo algunos desvíos que no eran la regla sino la excepción) y que las audiencias públicas en las actuales circunstancias eran un excesivo rigorismo formal (en 2014 Cristina aumentó las tarifas sin audiencia y la Corte Suprema no dijo nada y mucho menos, cosas como las que dijo ahora en el presente fallo).
Decir que el ajuste de tarifas es aumento de tarifas, es como decir que los sueldos actuales no fueron actualizados por la inflación sino aumentados y convalidar así el Impuesto a las Ganancias sobre el aumento.
La Corte Suprema dice que el ajuste del gas decidido por el gobierno puede ser confiscatorio. No dijo lo mismo en 2006 cuando falló a favor de la pesificación después que el gobierno de Duhalde confiscó los depósitos en 2002 con lo que se llamó el “corralón” (hijo del “corralito” de Cavallo de 2015).
El fallo de la Corte Suprema abre la puerta a acciones de clase que son el gran negocio de los abogados, no de la gente.
Puesto a buscar, se podría armar un fallo que diga lo contrario y sería tan justificado y argumentado como éste.
Fue una decisión política para perjudicar y limitar a Macri. No olvidar el fallo a favor de la restitución del 15% de coparticipación a Provincias (menos recursos para el gobierno nacional) 72 hs. después de que fuera electo Presidente.
¿Quién invierte en un país en el que un gobierno no puede fijar el precio de un servicio público?
El 54,8% del precio final de un auto 0Km son impuestos
La presión impositiva es más elevada que en Brasil, México y EE.UU.; quejas de la empresas por la competitividad.
Por Francisco Jueguen.
Cada $ 10.000 gastados en la compra de un auto 0 km, alrededor de $ 5500 son impuestos. Esto significa que más de la mitad del precio final de un vehículo nuevo va directamente a engrosar las arcas del Estado.
Los gravámenes sobre los automóviles se traducen en un peso para la billetera de los consumidores: la presión impositiva total -acumulada a lo largo de la cadena de autopartistas, terminales y concesionarias- alcanza en la actualidad un 54,8%, según cálculos del sector privado. Pero además, los largos tentáculos del Estado se convierten en un inconveniente para las empresas cuando el Gobierno reclama una mejora de la competitividad sistémica, más integración al mundo y precios más económicos bajo el tamiz del flamante Plan Productivo Nacional.
Sin ir más lejos, el Ministerio de Producción mejoró a comienzos de año las escalas y alícuotas del impuesto interno a los autos pero no lo actualizó a fines de junio, pese a la inflación.
Nadie duda que los autos son caros en la Argentina. Más allá de la guerra de promociones y descuentos agresivos en los que actualmente batallan las automotrices -incluso con ventas en concesionarios a precios de fábrica-, sólo hay entre nueve y diez modelos en todo el país que cuestan menos de 200.000 pesos. El auto más económico en la Argentina ronda los 12.100 dólares. Se trata de un valor más alto, por ejemplo, que en Brasil, Chile y México. De acuerdo a un relevamiento de la revista Autofoco de octubre pasado, el país tiene los precios de los autos más altos de la región (también por encima de Chile, Perú, Colombia y Ecuador).
En toda la cadena de producción y comercialización de un auto se paga 21% de IVA, 9,13% de Ingresos Brutos, 7,69% de contribuciones patronales y ART, 4,5% de Ganancias, 4,15% de aranceles, 2,76% de tasa municipal, 2,76% de impuesto al cheque, 2,48% por impuesto a los sellos, inmobiliario y otros, y 0,34% de impuestos a las participaciones societarias.
«Entre estos impuestos se encuentran algunos muy distorsivos, como los ingresos brutos provinciales, las contribuciones sobre el trabajo, la tasa de seguridad e higiene y sellos, los cuales se acumulan en cascada sin poder eliminarse o compensarse», indicó un cálculo conjunto de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), publicado por Ámbito Financiero.
En Brasil, la carga es levemente menor. Sumados el impuesto al Producto Industrializado (IPI), a la Circulación de las Mercaderías y Servicios (ICMS) y el Programa de Integración Social (PIS/Cofins), el peso de los impuestos llega al 42%. A eso se le agrega un 7,70% de impuestos no recuperables, lo que da una carga total de 49,7 por ciento.
Las cosas varían mucho en México y Estados Unidos. En el primer caso, no hay impuestos a la producción de vehículos, sí aranceles a la importación (la tasa más aplicada es de 20%), a lo que se suma la carga impositiva sobre el precio final al consumidor (gravámen sobre autos nuevos, sobre tenencia o uso de vehículo y al valor agregado. El peso total de los impuestos sobre el precio del auto es variable y va desde el 18 al 33%.
En cambio, en la potencia del norte no hay gravámenes a la comercialización de autos, pero sí a la importación de 0 km (hasta 2,5% para miembros de la OMC, pero llega al 10% para los no miembros). Sobre el precio final, hay IVA, impuesto a las ventas y otros que varían según el estado o condado. La carga impositiva total en Estados Unidos es entre 0 y 15 por ciento.
«Cuando uno entra a una concesionaria para comprar un 0 km, entra a comprar impuestos. Y cuando sale del comercio y va a la estación de servicio, también pide que le llenen el tanque con impuestos», ironizó Diego Giacomini, director de la consultora Economía & Regiones, que agregó que la industria automotriz no es la excepción a la regla en el sector fabril. «El peor enemigo de la competitividad para el sector privado es el Estado. La relación gasto/ PBI, la presión tributaria, el costo del capital, la inflación y el costo salarial después de impuestos y en relación con la productividad son claves de la competitividad. En todos esos componentes aparece el Estado y en todos estamos peor que en la región», afirmó el economista.
El Gobierno entendió este problema y a comienzos de junio creó la Comisión de Análisis para la Reforma Tributaria, en el Ministerio de Hacienda. «Está claro. En la Argentina hay muchos sectores donde la presión tributaria afecta los precios finales y por eso vamos a revisar la estructura tributaria completa no sólo para promover el consumo, sino también la inversión», dijo a LA NACION una fuente oficial.
«El peso de los impuestos en la industria automotriz, que no es muy diferente del de la industria en general, abre el debate sobre la competitividad sistémica», señaló Dante Sica, director de la consultora Abeceb. «Es muy difícil competir con los autos coreanos o japoneses en Colombia, Chile o Perú con esta estructura», agregó el experto, que ve un leve repunte de la venta este año y «brotes verdes» en 2017 con un leve despegue brasileño.
Las claves de los precios altos
—La estructura impositiva en la Argentina tiene un fuerte peso, con impuestos altamente distorsivos.
—En la industria piden trabajar además con los costos logísticos y los costos laborales.
—En la Argentina aún falta escala para competir, pero además hay quejas con los precios los insumos básicos.
La semana pasada se conoció finalmente la Reglamentación de la Ley 27.260 (“Reparación Histórica a Jubilados y Régimen de Sinceramiento Fiscal). A partir de acá y durante las próximas semanas, se irán desprendiendo muchas conclusiones prácticas acerca de cómo convendría de modo óptimo blanquear. ¿Qué quiere decir esto?
Blanqueo si o blanqueo no, es sólo la primer parte de una decisión compleja. Si la decisión es “blanqueo si”, hay que tomar las medidas correctas para sacarle el mayor provecho posible, ya que hay diferentes alternativas para pagar la penalidad e incluso hay estructuras legales y lícitas que podrán hacer más eficiente el pago de impuestos de cara al futuro.
Si la decisión es “blanqueo no”, también habría que tomar un curso de acción que minimice las chances de ser encontrados por la AFIP. Por lo pronto, esto implicará retirarse de las jurisdicciones que han ingresado al “Convenio Multilateral sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal” impulsado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que apunta al intercambio automático de información fiscal entre los países firmantes.
Para quienes hayan comprado nuestro informe “Las 50 Preguntas y Respuestas del Blanqueo”, la semana que viene les estaremos enviando el informe suplementario con el título “30 Tips de la Reglamentación del Blanqueo Argentino”.
Reiteramos que el costo de este informe es de $2890 y que incluye una reunión personalizada que ayuda a evacuar todas las dudas de cada particular y a estructurar la mejor estrategia según la decisión que haya cada uno tomado respecto del blanqueo. Puede leer más acerca del informe y comprarlo, haciendo click aquí.
Ahora bien, continuando con la tónica del título, les dejo estos 7 Tips Estratégicos del Blanqueo Argentino.
Evitar el “bono 3×1” a 7 años como alternativa de blanqueo. En la edición de La Nación del día de ayer apareció un artículo titulado “Qué opciones son más atractivas para adherir al blanqueo fiscal”. La nota tiene un análisis bueno, pero estático. Es decir que mira la foto al día de hoy, pero no evalúa para nada cómo podría desarrollarse la película de la economía argentina en los próximos años. Con esto, las conclusiones principales son muy cuestionables. Si una persona intenta blanquear $300, puede comprar $100 de este bono en dólares con un cupón del 1% a 7 años, con la posibilidad de venderlo recién en el año 4. ¿Qué es lo que menos me gusta de este bono? Que es muy probable que en el año 4 haya una gran cantidad de gente interesada en vender ese bono, lo cual castigará enormemente su precio.
Poner mucha atención en las inversiones productivas. La CNV (Comisión Nacional de Valores) tiene aún que dar algunos detalles de las alternativas de inversión productivas a las que se podrá acceder para poder blanquear con una penalidad del 0%. Sin embargo hay que tener en cuenta que habrá que mantener esa inversión por un plazo mínimo de 5 años. Habrá que analizar puntualmente cada una de las alternativas que esos fondos propongan. Lamentablemente esta era una de las alternativas que más podía colaborar a una eventual reactivación de la economía por el lado del blanqueo y hasta el momento da la impresión de que no se le dio el empuje y la publicidad necesarios como para atraer interés.
Evitar pretender recuperar la penalidad con el Bonar 24. Existe el siguiente razonamiento: “Tengo $100, pago la penalidad del 10%, y con los $90 compro Bonar2024. Dado que tiene una TIR del 5,5% puedo recuperar en menos de dos años los $100 originales.” Esto supone que en lo próximos dos años, el precio de este bono se mantendrá al mismo nivel actual o uno superior. Pero si las tasas en el mundo subieran levemente, el precio de este bono se vería negativamente afectado. Por cada punto porcentual de suba de tasas en el mundo, este bono caerá un 4% (por la duración que tiene). Es decir que quien compra este bono “para recuperar rápidamente la penalidad del 10%”, podría terminar en una situación peor que la que estaba.
Cambiar la titularidad de una propiedad no declarada a favor de persona física para evitar pago de impuesto alto. Dado que la ley permite blanquear activos a nombre propio activos que están a nombre de terceros, esto abre la posibilidad de que se blanqueen propiedades que estén a nombre de una sociedad y colocarlos a nombre de una persona física. Al momento de realizar la venta de esa propiedad se pagará un impuesto a las ganancias cuya base imponible será la apreciación del valor de la propiedad. El objetivo de cambiar la titularidad de una sociedad a una persona física es que este impuesto tiene una alícuota más baja para personas físicas que para sociedades.
Diseñar un esquema de diferimiento del pago de ganancias. Este es uno de los temas más importantes del blanqueo del que poco se habla. Toda persona que decida ingresar al blanqueo, tiene la posibilidad de armar una estructura legal y lícita que permita el diferimiento del pago de ganancias. Para esto, se necesita constituir sociedades en determinadas jurisdicciones aceptadas por la AFIP que permiten este mecanismo.
¿Se vienen los revalúos de las propiedades? Esto hace menos atractivo su exteriorización. Durante el fin de semana se supo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires evalúa modificar las valuaciones fiscales de las propiedades. Esto a lo efectos prácticos equivale a subir las alícuota a Bienes Personales. ¿Por qué? Simplemente se va a cobrar la misma alícuota sobre una nueva base imponible. Es cierto que la valuación de las propiedades está atrasada y no tiene nada que ver con los valores de mercado. Pero eso no quita que esta revaluación implique que los habitantes de la provincia tendrá que pagarle más a ARBA. Pregunta simple: ¿no era más inteligente por parte del gobierno esperar a que pasara el blanqueo antes de hacer este planteo? Y también: ¿se vendrá una situación similar en la capital? En ambos casos, esto reduce el incentivo a blanquear propiedades dentro del país.
¿Habrá impuesto extraordinario a la riqueza? En septiembre del año 1996, el gobierno de Carlos Menem impuso un Impuesto a la Riqueza sobre el 0,5% del patrimonio; en diciembre del año 1999 con el gobierno de Fernando de la Rúa se fijo el “Impuesto de Emergencia sobre las Altas Rentas” que equivalía al 20% de lo que ya habían pagado de ganancias en 1999 aquellos que habían ganado más de $120.000. La Argentina siempre está en situación de Emergencia. El motivo es tan sencillo como dramático: desde el año 1810, sólo ha tenido superávit fiscal en 20 años, 6 de los cuales fueron en el gobierno de Nestor Kirchner porque circunstancialmente la Argentina no estaba pagando intereses de deuda. La contingencia de un impuesto extraordinario a todos aquellos que exterioricen su patrimonio no sería una sorpresa sino una reedición de un pasado muy cercano. Desde el punto de vista político, es fácilmente vendible: 40 millones de habitantes aplaudirán que se cobre de modo especial de los 200,000 habitantes más ricos.
Cómo se calcula Ganancias, un impuesto que sumó distorsiones
En los últimos años, el peso de la carga fiscal creció para las personas alcanzadas y se crearon fuertes inequidades; cómo es el esquema y qué correcciones requiere.
Por Silvia Stang.
En los últimos años, las subas nominales de salarios para buscar hacer frente a la inflación, conjugadas con una variación insuficiente y desprolija de los parámetros de Ganancias, llevaron a que el peso del impuesto, medido como porcentaje del ingreso, fuera cada vez más elevado para las personas alcanzadas. A eso se sumaron los efectos del inexplicable decreto 1242 del año 2013, que ancló en las remuneraciones cobradas entre enero y agosto de ese año los criterios para la definición de quiénes pagan y quiénes no, provocando fuertes inequidades. Como consecuencia de esa medida, hoy no tributan personas que ganan más que otras que sí lo hacen y, además, gran parte de quienes están alcanzados deben tributar con las alícuotas más altas, aun cuando sus ingresos no mejoraron, o incluso se redujeron en términos de poder de compra respecto de años anteriores.
¿Cómo se defne cuánto se paga? En el caso de los asalariados, el cálculo opera de la siguiente manera:
Del salario bruto ($ 390.000 al año o $ 30.000 mensuales, por poner un ejemplo) se descuentan los aportes con destino a la jubilación, la obra social y el PAMI (por lo general suman 17%, aunque algo menos en los ingresos más elevados dado que existen topes).
Del sueldo neto ($323.700 en el caso propuesto) se restan los montos que la ley define como «ganancia no imponible» y «deducción especial». Estos son conceptos que deberían actualizarse, de tal manera de no provocar subas de la carga fiscal sin un aumento real del ingreso de la persona. Hoy las cifras por estos ítems varían según la remuneración que se haya tenido entre enero y agosto de 2013. Para quienes entonces ganaban entre $ 18.000 y $ 21.000, por caso, la suma de ambos conceptos es hoy de $ 129.890,28.
Al resultado ($ 193.809,72, siempre anuales) se le quitan eventualmente las deducciones declaradas por la persona; por ejemplo, por cónyuge e hijos, o por sueldos y aportes de servicio doméstico. En este último caso, se permitiría deducir en el ejemplo propuesto un monto de $ 22.394,88.
La cifra resultante ($ 171.414,84) es el ingreso sujeto al impuesto; para calcular cuánto se paga, hay una tabla de tasas crecientes según rangos de ingresos. Esa tabla está muy desvirtuada, y la persona del ejemplo irá directo al escalón más elevado, pese a que su ingreso no es de los más altos entre los hoy gravados. Pagará un monto fijo de $ 28.500, más el 35% de la parte del ingreso gravado que exceda de $ 120.000 ($ 51.414,84 en el caso). ¿Resultado? Un impuesto de $ 46.495,19, que representa casi 12% del sueldo bruto. Al no haberse actualizado los valores que determinan qué alícuota corresponde en cada caso, gran parte de los contribuyentes se ubica en las categorías más elevadas. Por eso los tributaristas destacan tanto la necesidad de adecuar esa tabla.
Hay tres conceptos que requieren actualización para evitar una mayor presión fiscal: uno es el monto del salario más bajo que queda alcanzado por el impuesto (el que se conoce como «mínimo no imponible«), que se define por los conceptos que la ley llama ganancias no imponibles y deducción especial y que, para el caso de trabajadores con familia a su cargo, suma también las deducciones por cónyuge e hijos; otro concepto incluye los valores de ingresos topes de cada escalón de la tabla de alícuotas, y en tercer lugar están las deducciones por determinados gastos, que en muchos casos están limitados por topes fijos, sin actualizar desde hace muchos años.
El país, entre los peores en un ranking de competitividad
El primer listado publicado por la consultora Abeceb lo ubicó en el puesto 38° entre 42 países; está por debajo de Chile, México, Perú y Colombia.
Por Francisco Jueguen.
El 22 de noviembre de 2011, la presidenta Cristina Kirchner quiso dejar en claro adónde apuntaría su segundo mandato en el Gobierno. «La etapa que viene es de sintonía fina», aclaró en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina. «Se debe comenzar a precisar y estudiar a cada uno de los sectores bajo el tema central de la competitividad de la economía», agregó. Cuatro años pasaron y anteayer, mientras reclamaba una estrategia nacional exportadora, Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores, pareció responder aquellos dichos: «Las estrategias seguidas en las últimas décadas no fueron siempre las mismas, pero las une un hecho: fracasaron de forma sistemática en promover la competitividad de la economía».
La información objetiva parecería otorgarle la razón a Mantilla. El Reporte de Competitividad 2015 de Abeceb, el primero que difunde la consultora, estimó que la Argentina se ubica en el puesto 38° de un ranking de 42 países, por debajo -en la región- de Chile, México, Perú y Colombia. Pero además, en la última década (entre 2004 y 2014), el país pasó del puesto 35° al actual, según la reconstrucción temporal hacia atrás.
El trabajo aparece en momentos en que la estrategia oficial de atrasar el tipo de cambio durante el último año y la devaluación que los socios comerciales aplicaron sobre sus monedas encienden un debate entre los candidatos presidenciales por las fuertes expectativas de ajustes en el tipo de cambio para mejorar la competitividad en 2016, en particular por las golpeadas economías regionales y la industria.
«La competitividad ganada por el tipo de cambio es espuria», explicó Dante Sica, director de Abeceb. «Se evapora enseguida. Ya nos pasó muchas veces», afirmó el economista, que reclamó poner el foco en la estabilidad macroeconómica y en una mirada más sistémica del problema.
¿En los últimos años se pensó en mejoras en la competitividad estructural?», preguntó LA NACION. «No», respondió Alberto Schuster, director de la Unidad de Competitividad de Abeceb. «En la Argentina hay muchas trabas y la economía está sobrerregulada. Al mismo tiempo, falta resolver aspectos básicos de la macroeconomía y problemas de infraestructura», agregó.
El ranking busca competir con el que publica el World Economic Forum (WEF) y el Institute for Management Development (IMD). Pondera los factores ambiente macroeconómico, marco regulatorio para los negocios, estructura de base, innovación, inserción internacional y marco institucional.
Según los datos procesados de 2014, Singapur, Suiza y Estados Unidos aparecen en los tres primeros puestos. Detrás de la Argentina están Indonesia, Brasil, India y Venezuela. «Estos países coinciden en presentar marcos regulatorios e institucionales débiles, estructura de base deficiente y bajo grado de innovación», afirma el informe. En innovación, el país aparece último.
El Gobierno advirtió al Citibank y dijo que será «inflexible»
La pelea por la deuda. El Ministerio de Economía dijo que «las entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional». Griesa dictó ayer que el Citi debe acatar la justicia de EE.UU.
El Ministerio de Economía acusó de «extorsión» a Thomas Griesa y advirtió al Citibank que será «inflexible» a la hora de cumplir con su obligación de pagar los títulos argentinos afectados por el fallo del juez estadounidense. «La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales. Y recuerda que aquellas entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento».
Ayer Griesa dictó un fallo donde prohíbe a Citibank pagar títulos argentinos denominados en dólares y emitidos bajo legislación local. Según el juez, si Argentina paga los intereses de un bono par que vence el 31 próximo estaría violando el fallo del pari passu.
«El Juez Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre», cargó duro Economía. «Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas».
«Los gobernantes siempre suelen ser malos, pero mas o menos a partir de 1930, los gobiernos en la Argentina, construyeron un esquema todopoderoso que ha intentado manejar por completo la vida de la gente. Durante décadas, este enorme monstruo se ha encargado de saquear, someter, y arruinar los proyectos de vida de los ciudadanos. Los gobiernos que se ponen al mando de él, disfrutan creyendo que están haciendo el bien, y así, año tras año, empeoran las cosas. Esta es una explicación sobre cómo funciona este esquema. Después del año 2001, luego de una crisis más, se dieron ciertas condiciones en el mundo que favorecieron al monstruo para que siga creciendo y haciendo de las suyas. Si miramos sus partes, veremos una garra, un garrote, una jaula, Un montón de muñecos, un montón de otros parásitos más arriba, y un líder.
Pero, ¿cómo funciona esta porquería? Veamos: Cuando 2 personas hacen un intercambio voluntariamente, las 2 partes salen beneficiadas. como en una venta. o como en una donación, pero cuando una parte obliga a la otra por la fuerza, es un robo. Eso es lo que el gobierno hace.
Hay 45 impuestos nacionales, 28 impuestos provinciales, 23 impuestos municipales. Estos 96 impuestos están escritos en 64.390 artículos, contenidos en 24 tomos, cada uno de 1400 páginas. Necesitarías meses de dificultosa lectura para poder leer y comprender todo eso. Y cada día hábil se agregan entre 25 y 30 nuevos artículos con nuevas disposiciones que se crean y se modifican todo el tiempo.
Fuente: Antonio I. Margariti en Los límites del Estado Populista . Pág 64.
http://www.lavallecobo.com.ar/ruralistas/limitesamargariti.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/libros_on_line/41-LIMITES_ESTADO.pdf
(Ver lista de Impuestos en links de arriba) de Antonio I. Margariti en Los límites del Estado Populista. Pág 68. Impuestos, Impuestos, Impuestos. a las ganancias impuesto a los bienes personales monotributo impuesto precios transferencias exportaciones agrícolas Derechos de exportación aduana fletes marítimos transferencia inmuebles débitos créditos bancarios IVA sobre servicios IVA sobre compras adicional emergencia cigarrillos videogramas grabados transmisiones de radio y televisión Tasa de kerosene gasoil y diesel combustibles líquidos gas natural tarifas peajes abonos telefonía celular tecnología electrónica infraestructura hídrica Fondo desarrollo eléctrico provincial tarifas Secretaria de Energía operaciones bancarias no computables crédito fiscal aumentos de aportes patronales gas patagónico Ingresos brutos Fondo fiduciario de subsidio residencial urbanizaciones residenciales barrios cerrados impuesto inmobiliario urbano inmobiliario rural carga y descarga en terminales portuarias herencia transmisión gratuita de bienes compra venta automotores introducción mercancías de otras provincias derecho de registro e inspección publicidad en góndolas de Supermercados proveedores no residentes Insumos obras de infraestructuras publicidad en vía pública transporte de sustancias alimenticias servidumbre red pública alumbrado público alumbrado barrido y limpieza Patentes automotores motocicletas carnet de conductor bienes inmuebles pavimentos cloacas casas departamentos desocupados, etc etc. Interminable.
¿Quién paga los impuestos? ¿Quién termina pagando toda esta interminable lista?
Las decenas de impuestos que están repartidos en la economía, que originariamente son cobrados a emprendedores, comerciantes, importadores, fabricantes, mayoristas, distribuidores, y minoristas, significan un alto costo para cualquier persona que trabaja en algo.
Ese costo, como cualquier otro, se traslada al precio del servicio o del producto. y ese precio finalmente lo terminás pagando vós. son las personas comunes y corrientes los que pagan altos costos por esa acumulación de impuestos.
Por ejemplo, al cargar nafta, No sólo te estarán cobrando el precio internacional del petróleo y los costos de transporte en buques tanques, los sueldos del personal, el refinamiento, y el flete en camiones cisternas hasta la estación, sino que también te cobrarán todos los impuestos que tienen todas esas etapas, desde los derechos por importación de petróleo hasta los impuestos que paga el estacionero. Cuando ponés nafta o gasoil en el tanque, el 69,8 % de lo que pagás son impuestos. y sólo el resto es costo limpio del combustible. – Antonio I. Margariti en Los límites del Estado Populista. Pag 54.
Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los aparatos electrónicos,
donde quien compra una Tablet, que cuesta 360 dólares,
es robado por impuestos de la Aduana, La afip, el IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, y todos los demás impuestos laborales y comerciales que pagan los intermediarios. El resultado,: un producto de 745 dólares.
Más del doble de su precio original. http://www.redusers.com/noticias/importacion-for-dummies-como-se-compone-el-precio-de-una-tablet/
http://www.iprofesional.com/notas/177028-La-Argentina-es-el-pas-ms-caro-de-la-regin-para-hacer-regalos-tecnolgicos
Y es similar lo que sucede con los productores rurales que se sorprenden de la diferencia cuando ven los precios en los comercios.
http://www.iprofesional.com/notas/147760-Difcil-de-creer-alimentos-elaborados-en-la-Argentina-son-ms-baratos-en-el-exterior-que-en-el-propio-mercado-interno
Es decir, todos los impuestos sin excepciones, son trasladados y pagados por tu billetera. gente como vos, son quienes sostienen al monstruo del gobierno.
y en algunos casos hay impuestos sobre otro impuesto ya cobrado, como el impuesto al cheque a un importe que ya tenía el IVA, o el impuesto a las ganancias sobre el aumento de inflación, es decir, pierde valor la moneda y además te achican el sueldo. http://argendocu.host22.com/dato/argentina/kirchner/1-asi-te-roban/impuestos/_-1-_-Impuesto-sobre-impuesto-sobre-impuesto-_-Cacha.htm
¿Cuánto te roban al año con eso?
Cuando calculás cuanto de tu dinero es robado por el gobierno, cuando se pasa en limpio el porcentaje del fruto de tu trabajo que se llevó el gobierno, los resultados suelen ser impresionantes.
El Instituto Argentino de Análisis fiscal muestra que, en 2013, el 56,2% de tu dinero, se lo llevó el Estado. http://www.lagaceta.com.ar/nota/549504/economia/fisco-se-queda-hasta-56porciento-ingreso.html
Luego, los cálculos hechos por otros economistas, en 2012, mostraban resultados similares,
Agustín Etchebarne, 53%,
Agustin Monteverde, 63%,
Roberto Cachanosky, 60%,
– Fuente: http://benegaslynch.libertadyprogresonline.org/2012/09/20/el-tema-impositivo/
Antonio Margariti, al incluir la inflación, 72,3%, . – Antonio I. Margariti en Los límites del Estado Populista
En el sector agropecuario, 75%.
www.acsoja.org.ar/nota.asp?cid=1284 Según el índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA)
El gobierno habla en contra de la soja, pero este gran monstruo parásito no podría mantenerse de no ser por los dólares y el dinero robado al sector agropecuario.
Para decirlo en otras palabras, mas de la mitad del año, estás trabajando para alimentar al gobierno. Te están robando más de la mitad del fruto de tu trabajo.
Hay una parte de ese dinero robado que mucha gente nunca toca, como las deducciones por la fuerza en el llamado «trabajo en blanco». Estos incluyen:
PAMI, jubilación, el adicional para la seguridad social, Anssal, cuotas sindicales, obras sociales, contribuciones del empleador, asignaciones familiares, cuotas de riesgos del trabajo, cargas por provisiones, riesgos de despidos incrementados, demandas de accidentes laborales, .
El total por cada puesto de trabajo es de 65,23%.
De esta forma, si existiera un salario de mil pesos, el empleado solo recibe 795. pero su empleador, pagará 1652,30. .
toda esa plata robada al emprendedor significa un costo, que resultará en menores salarios para todos los empleados, y en precios más caros de los servicios o productos que vende la empresa.
y esto, lo termina pagando la gente, como ese mismo trabajador que se lleva a su casa 795 mientras que el gobierno, los sindicatos y los parásitos del juicio laboral se llevan 830,23. – Antonio I. Margariti en Los límites del Estado Populista
Recordemos que cuando cargamos todos los impuestos a la economía,: más del 50% del fruto de tu trabajo se lo roba el gobierno. Más impuestos, se traduce en menos emprendimientos, menos negocios, y menos empleos.
Hay otro costo más, que pagará la gente.
El conjunto de empleados y profesionales que se especializan en el tema de impuestos.,
las empresas en Argentina, están dedicando 142 millones de horas anuales para estudiar, asesorar, reunir datos, conservar comprobantes, bajar aplicativos de la AFIP, rellenar formularios, obtener y archivar papeles, contabilizar y liquidar retenciones, conectarse on line con la AFIP, presentar declaraciones juradas y pagar impuestos. Una fuerza laboral de 71.365 personas con alto coeficiente intelectual, trabajando 40 horas semanales durante 50 semanas al año. Imaginemos qué podrían haber hecho tantos individuos, de excelente formación, dedicando su tiempo a tareas útiles. – Antonio I. Margariti en Los límites del Estado Populista
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Es increíble pero, En una década, el gobierno de los Kirchner, aumentó el nivel de impuestos un 55% desde el año 2002.
Alcanzaron la mayor presión impositiva de la historia argentina.
La mayor de América latina.
y la octava a nivel mundial.
Fuentes: http://www.cronista.com/contenidos/2013/12/17/noticia_0029.html
http://www.iprofesional.com/notas/173587-La-presin-tributaria-total-se-duplic-en-la-ltima-dcada http://www.iprofesional.com/notas/67113-Espert-La-Argentina-est-muy-grave-en-terapia-intensiva
A esto hay que sumarle otra locura: La inflación.
La inflación no es un aumento de precios. La inflación es lo que causa el gobierno cuando, con su impresora de billetes, emite dinero de la nada para cubrir sus gastos.
Esto es exactamente lo mismo que falsificar billetes. Con la diferencia que si el gobierno lo hace, nadie va preso.
Esta es otra parte del monstruo: La impresora. Cuando los gastos del gobierno son tan altos, ya no le alcanza robando mediante altísimos impuestos, y, empieza a imprimir moneda. Cuando aumentan la cantidad de billetes, el valor de cada billete, baja.
Ustedes ya saben cómo es:
Si en la economía hay 5 pesos y 5 manzanas, entonces cada manzana, costará, un peso.
Pero si el gobierno duplica la cantidad de billetes, ahora cada manzana costará, 2 pesos.
Así, van destruyendo el valor de la moneda.
Nosotros, como síntoma, lo que vemos es que los precios tienden a subir. el precio en el kiosko tiene que subir, porque el del proveedor subió, porque el del productor subió, y porque todo en el entorno subió, como consecuencia de que el valor del dinero bajó.
Al imprimirlos, El gobierno usa estos billetes para pagar gastos, a su entorno cercano. y cuando éstos lo reciben, pueden beneficiarse al principio. pero, a otros, les llega en menor cantidad, y mucho mas tarde.
y a otros, casi no les llega. Entonces, el precio de los productos aumenta rápido, pero los sueldos demoran y aumentan en menor cantidad.
Al destruir el valor de la moneda, también se derriten los ahorros de la gente. Las personas que con su esfuerzo tenían guardado algún dinero en sus casas, con el tiempo verán cómo esa plata no les servirá para nada.
Muchas inversiones también desaparecen porque dependen del ahorro.
Pero el daño no termina ahí.
El gobierno al introducir esta oleada de billetes, causa una distorsión de los precios relativos,
es decir, esta ola, elimina todas esas señales, y todo ese tablero de precios, que era lo único que les mostraba a los emprendedores, donde convenía invertir, y donde no .
Al suceder esto, se hacen malas inversiones con lo que se desperdicia capital, y por lo tanto bajan más los salarios y los ingresos reales de la gente.
En resumen, Todo esto provoca mayores costos y más pobreza.
Los costos hacen que Los productos y los servicios Bajen mucho su calidad.
(Fuentes y artículos de Kirchner Robando con inflacion ) http://argendocu.host22.com/dato/index.php?dir=argentina%2Fkirchner%2F1-asi-te-roban%2Fimpresion-billetes-inflacion%2F
Se multiplican los piquetes, los cortes de calle, las manifestaciones exigiendo mayores salarios, subsidios estatales y demás cosas que, como no existe la magia, nunca son gratuitas.
Como el dinero ahora no sirve para ahorrar a largo plazo, la gente se inclina por ahorrar en otra clase de cosas, como comprar ladrillos, automóviles, electrodomésticos, etc.
. El gobierno empeora las cosas con sus estúpidas propuestas de controlar precios, que no son otra cosa que más propaganda financiada con impuestos, los cuales en el mejor de los casos fracasarán.
En el caso de que el poder de los inspectores, lograra controlar las cosas por la fuerza, aparecerá la Escasez, y el desabastecimiento en los comercios. pues nadie va a vender algo a pérdida. Esto está registrado a lo largo de la historia, en el libro «4000 AÑOS DE CONTROL. DE PRECIOS Y SALARIOS… de ROBERT L. SCHUETTINGER y EAMONN F. BUTLER.»
Las monedas extranjeras, son un producto más en la economía. como lo son las papas, o las bananas. cuando el precio del dólar naturalmente subió como todo lo demás, El gobierno manejó y mantuvo por la fuerza el precio bajo, www.valordolarblue.com.ar (Ver gráfico)
hasta que se hizo insostenible y prohibieron la compra de dólares, violando una vez más los derechos de la gente y dejándonos sin posibilidad de ahorrar, salvo en el denominado «mercado negro». Todo esto detuvo a muchos sectores de la economía.
Hay que dejar claro esto: Si se elevara el precio puntualmente de, por ejemplo, el tomate, sea por cualquier otra razón, oferta, demanda, maldad, un complot, o lo que sea, ocurrirá una de dos cosas
o se consume menos Tomate, para poder seguir adquiriendo la misma cantidad de otros productos.
o se consume el mismo volumen de tomate, pero renunciando a comprar otros productos.
Pero cuando veas que todos los precios se elevan, Solo existe una razón: El aumento de la cantidad del dinero.
Para cerrar las dudas, las estadísticas lo dejan muy claro.
Desde 2007 a 2013 la cantidad de dinero, en la Argentina, creció 164,30%.
y, los precios aumentaron 178,5%
Fuente: http://www.fundacionpensar.org/DDPP/DT010_Respuesta_Gran_Makro.pdf (Pagina 13).
http://fundacionpensar.org/DDPP/CriticaModeloAgotado.pdf
(Recordemos que en países vecinos la inflación ha sido de 3% por año.) En 2013 Colombia 1,9%, Chile 3,0%. Perú 2,9%, Paraguay 3.7%, México 4,0%
Y En la Argentina, 25% por año.
Vayamos más atrás:
Desde 1980 a 2012, la cantidad de dinero en Argentina, aumentó 48000000000 % .
y los precios, aumentaron 45000000000 % ¿será coincidencia?
Fuente: http://www.fundacionpensar.org/DDPP/DT010_Respuesta_Gran_Makro.pdf (Pagina 13).
Se han hecho gráficos donde se marca con puntos cada año de historia argentina, teniendo en cuenta estos 2 datos. el resultado es este. http://focoeconomico.org/1000palabrasmvpq/ cuando la cantidad de dinero aumenta. los precios aumentan. http://focoeconomico.org/2012/03/26/es-falso-decir-que-es-totalmente-falso-decir-que-la-emision-genera-inflacion/
Después nos desesperamos y nos quejamos de la pobreza, pero con los años, no aprendimos nada. Esa es la garra, y la impresora de este monstruo. Así es como el gobierno le roba a la gente. Pero esto no termina aquí, esto continuará.»
Un camino sensato para evitar un default de Argentina.
Por Richard Deitz*
Una marcha de manifestantes contra los fondos buitre en Buenos Aires. Reuters
Un liderazgo verdadero requiere un pensamiento claro y la evaluación desapasionada de riesgos y beneficios. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene hasta el 30 de julio para decidir si llevará a su país a otra cesación de pagos o default o llegará a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda, o holdouts. Hay un posible camino sensato, pero esto requiere dejar de lado una retórica acalorada y adoptar la sabiduría y el liderazgo mesurado.
Argentina cayó en cesación de pagos en diciembre de 2001, en medio de una prolongada recesión económica. En 2005, el país hizo a los acreedores una propuesta de reestructuración de deuda de «tómelo o déjelo». El gobierno solicitó a los bonistas que aceptaran nuevos bonos con una reducción significativa en su valor nominal. Para reforzar la propuesta, el Parlamento de Argentina aprobó la llamada «ley cerrojo» que prohíbe al país ofrecerles cualquier cosa en el futuro a los acreedores que no participaron en el canje.
Alrededor de 75% de los acreedores de Argentina participaron en el canje de deuda en 2005. Cuando el Congreso votó en 2010 a favor de reabrir temporalmente la reestructuración, la mayoría de los bonistas que no habían participado ofrecieron sus bonos, presuntamente desalentados ante la postura intransigente de Argentina. Sin embargo, un pequeño grupo de acreedores que no participaron continuaron con un litigio el tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York.
Quizás por mediocres consejos legales o mal juicio político, Argentina nunca intentó llegar a un acuerdo y en vez de eso apostó todo en su postura. En 2011, Thomas Griesa, el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo en el caso de NML Capital Ltd. v. Republic of Argentina según el cual las cláusulas de igualdad de condiciones de la deuda incumplida de Argentina implicaba que el país no podía seguir pagando deuda emitida bajo el canje a menos que al mismo tiempo realizara pagos completos a los tenedores de bonos que peleaban en los tribunales. La última final fue pronunciada el 16 de junio cuando la Corte Suprema de EE.UU. se negó a considerar el caso, agotando así los recursos de apelación de Argentina. La única decisión que queda por tomar es si resolverá el litigio o llevará al país a otro default.
¿Qué hay de por medio? Según Argentina, pagarle a todos los holdouts costaría US$15.000 millones. A mediados de julio, Kirchner dijo en Brasil que Argentina estaba lista para darle a los acreedores que no aceptaron el canje las mismas condiciones de aquellos que participaron en la reestructuración de 2005. Un cálculo aproximado indica que esto costaría US$6.000 millones. Por tanto, la cantidad en disputa es de unos US$9.000 millones. No se trata de una cantidad pequeña; sin embargo, US$9.000 millones es sólo 2% del PIB de Argentina.
Una líder inteligente consideraría las consecuencias de llevar a su país a una cesación de pagos. Las entradas de capital a Argentina se verían severamente reducidas, los costos de endeudamiento aumentarían, el crecimiento económico se desaceleraría y las finanzas públicas se verían restringidas. Para la población, esto implicaría menos empleos, mayor inflación y menos servicios públicos. Es casi seguro que un default le costaría al país más de 2% del PIB y sus efectos durarían más de un año.
Pero acatar el fallo del tribunal de Nueva York presenta dos problemas. Primero, US$15.000 millones equivale a más de la mitad de las reservas de moneda extranjera de Argentina. Segundo, la cláusula de derechos sobre ofertas futuras (RUFO, por sus siglas en inglés) en los canjes de deuda de 2005 y 2010 esencialmente confirió a los participantes en la reestructuración una promesa de que Argentina no realizará una oferta superior a los holdouts antes del 31 de diciembre de 2014. No obstante, ninguno de los dos problemas es insuperable.
Los holdouts han expresado la disposición de aceptar bonos en lugar de efectivo como pago en un acuerdo. La cantidad de bonos que se necesita no colocaría una carga especial sobre la sustentabilidad de deuda, ya que los niveles de deuda de Argentina son moderados. La cláusula RUFO se podría resolver al solicitar a los tenedores de la deuda reestructurada de Argentina que renuncien a ese derecho. Dado que la cláusula expira el 31 de diciembre y que su existencia en esencia intensifica el riesgo de un default, debería ser sencillo obtener la aprobación requerida de más de 50% de los bonistas para dispensar la cláusula.
Y así se esclarecería el camino hacia un acuerdo. Los holdouts de Argentina podrían aceptar una prórroga de tres meses en la suspensión de la implementación de su fallo. Esto le permitiría a Argentina continuar con el pago de su deuda activa y evitar otro default. A cambio, Argentina aceptaría llegar a un acuerdo con los holdouts al pagarles con bonos nuevos. Este acuerdo estaría exclusivamente sujeto a que Argentina consiga una exención de la cláusula RUFO y un compromiso de lanzar de inmediato una petición de consentimiento para este fin. Si la petición fracasa, la cláusula caducaría al final del año y las partes entonces tendrían la capacidad sin trabas de completar el acuerdo en enero de 2015.
Cuando surgió la esperanza de una solución a principios de este mes, los rendimientos de los bonos argentinos descendieron a mínimos de varios años y sus mercados de acciones subieron. Esta es una señal de que los mercados recompensarían un acuerdo con nuevas inversiones que generarían crecimiento y empleos. Hay poca sensatez en canjear este resultado por otra cesación de pagos. Captar esta sabiduría sencilla es el desafío de los líderes argentinos.
* Richard Deitz es el fundador y presidente de VR Capital Group Ltd., una gestora alternativa de activos que se especializa en deuda soberana y corporativa en problemas en mercados emergentes y desarrollados.
Argentina baila con el ‘default’.
Editorial de : The Wall Street Journal, 29/07/14.
Argentina se ganó su estatus como el país que se mueve más hacia abajo en el mundo y ahora el gobierno de Kirchner parece listo para dañar más su economía y el bienestar de sus ciudadanos. En lugar de negociar un acuerdo con sus acreedores luego de reveses recientes en cortes de Estados Unidos, Argentina baila con otro default y ataca el sistema legal estadounidense.
Argentina tiene hasta el miércoles para hacer un pago de intereses de sus bonos o caerá oficialmente en cesación de pagos por segunda vez en 13 años. Argentina sostiene que está dispuesta a pagarles a los bonistas que aceptaron recibir menos de 30 centavos de dólar por cada dólar de deuda en una reestructuración posterior a su default en 2001. No obstante, el juez federal Thomas Griesa ha dicho que Argentina no puede pagarles a esos bonistas sin pagarles también a los llamados holdouts, que no aceptaron los 30 centavos de dólar y ganaron una serie de casos en los tribunales de EE.UU. contra Argentina. Buenos Aires rechaza pagarles a los holdouts.
En cambio, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha pasado un mes en una extraordinaria campaña pública vilipendiando a los holdouts, así como al juez Griesa y a las cortes estadounidenses. La conclusión difícil de evitar es que Argentina prepara el terreno político para un default por el cual planea culpar a los malvados gringos del norte.
«Muchos funcionarios en Estados Unidos dicen que el Poder Judicial es independiente», declaró hace poco el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich. «Pero la verdad es que no es independiente de la acción de los fondos buitre, porque muestra clara parcialidad». El gobierno ha publicado avisos a página entera en diarios estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, atacando a los acreedores y el juez Griesa por su nombre.
Los funcionarios argentinos Axel Kicillof y Héctor Timerman usaron una reunión en la Organización de Estados Americanos el 3 de julio para denunciar a EE.UU. y pedir que quitaran la reestructuración de deuda de las cortes estadounidenses para dársela a algún cuerpo internacional que imaginan sería más favorable a los holgazanes del gobierno. «El problema del default y reestructuración, no es un problema de la Argentina, sino del capitalismo mundial, del sistema en el que vivimos», declaró Kicillof.
Es temeraria la acusación de que las cortes estadounidenses son corruptas, viniendo de un país que pisotea los derechos de propiedad a su antojo. Recuerde la confiscación argentina de los activos locales de Repsol, la petrolera española.
Argentina agotó todas las instancias de apelación legal en EE.UU. hasta la Corte Suprema. E incluso tuvo el apoyo del gobierno de Obama, créase o no, contra los acreedores estadounidenses. El gobierno temía por el precedente para los intereses estadounidenses en otros países que sentaría que un gobierno extranjero fuera obligado por cortes de EE.UU. a pagarles a los holdouts.
Los argumentos de Argentina para no negociar son débiles. Afirma que no puede pagar los US$15.000 millones en potenciales nuevos pagos de deuda, pero en reuniones privadas con el mediador nombrado por el juez Griesa a veces admitió que la cifra real es más cercana a los US$10.000 millones.
Argentina sostiene que incluso esa cantidad es demasiada carga porque reduciría sus reservas en moneda extranjera. Pero el país acordó hace poco pagar US$16.000 millones en reclamos de Repsol y de acreedores del Club de País con poco impacto en sus reservas, al emitir nuevos bonos o prolongar los vencimientos.
Los holdouts dicen que consideran esos acuerdos como un modelo y están más que dispuestos a aceptar una combinación de efectivo y bonos nuevos. Argentina responde diciendo que incluso eso sería una terrible carga de deuda, pero tiene capacidad suficiente para emitir más deuda ya que su relación de deuda frente al PIB bajó a alrededor de 40% gracias al auge de los commodities de la última década.
Otra excusa de Argentina es que según la llamada cláusula RUFO (siglas en inglés de «derechos sobre ofertas futuras») tendría que pagarles a todos los bonistas lo mismo que les pague a los holdouts, lo que multiplicaría los costos. Pero la cláusula RUFO tiene varias válvulas de escape legal si Argentina realmente las busca, comenzando con el hecho de que prohíbe concretar acuerdos de deuda secundarios de forma voluntaria. Argentina recibió la orden de la corte de realizar pagos (involuntarios) a los acreedores, que no quiere hacer.
Cualquiera que sea el costo de pagarles a los holdouts, sería menor frente al daño que causaría otro default argentino. El país perdería la oportunidad de aprovechar sus acuerdos con Repsol y el Club de París para solucionar todas sus disputas con acreedores. Sus costos de endeudamiento público y privado aumentarían, quizás por muchos años.
El default es un sinsentido tan grande que plantea el interrogante de si Kicillof está invitándolo como una forma de persuadir al Fondo Monetario Internacional y a los liberales estadounidenses para que aceleren su campaña para poner las negociaciones de deuda en manos de una nueva burocracia global. Esto les daría más influencia a los deudores y políticos a expensas de los mercados financieros y las cortes estadounidenses, lo cual podría agradarle a un ex profesor de Economía izquierdista como Kicillof, quien parece creer que el default lo podría convertir en un héroe político sin costo alguno.
El mejor desenlace para todas las partes, y especialmente para Argentina, sigue siendo que Buenos Aires negocie de buena fe y evite la cesación de pagos. Pero si se rehúsa, el juez Griesa merece el apoyo de todos los que se preocupan por la integridad de los mercados financieros de EE.UU. por defender la ley y el derecho estadounidense sobre la propiedad.
Antes de enviar para atrás el ajuste de tarifas de gas la semana pasada, la Corte Suprema podría haber considerado que la vigencia de la emergencia económica amparaba el cambio; que el ajuste no era tal porque era provisorio y solo adecuatorio de la inflación que se aceleró en los últimos 8 meses con el cambio de gobierno; que la entidad de los aumentos, no los porcentuales, sino los económicos en pesos corrientes, eran despreciables (salvo algunos desvíos que no eran la regla sino la excepción) y que las audiencias públicas en las actuales circunstancias eran un excesivo rigorismo formal (en 2014 Cristina aumentó las tarifas sin audiencia y la Corte Suprema no dijo nada y mucho menos, cosas como las que dijo ahora en el presente fallo).
