Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate.

Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.

El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.

Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos.

Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.

Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó «que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA», según consta en el acta del operativo cuya copia obtuvo LA NACION.

Los policías llevaban en sus manos la orden de Bonadio de llevarse todos los libros contables y societarios de Hotesur. Entre otros, los libros «diario», «inventario y balances» y «de registro de accionistas». Pero ante esa negativa, los oficiales nunca lograron acceder a esos libros.

Consultada ayer la titular del estudio jurídico, María Cruz Ceballos, reafirmó, sin embargo, que la firma Hotesur sí radicó su «sede legal» en su estudio jurídico «el 13 de diciembre de 2014», lo que afirmó que comunicaría hoy a la Justicia mediante un escrito.

«Hotesur no «funciona» en nuestro estudio, pero sí actuamos como su corresponsalía. Es decir, que a pedido de Romina [Mercado] recibimos las notificaciones que envía la IGJ para esa sociedad y las remitimos a Santa Cruz», precisó Ceballos a LA NACION.

En su estudio, sin embargo, tampoco se encuentran los libros societarios y contables de Hotesur, los que según la magistrada se encuentran en la «sede fiscal» de la sociedad. «Acá no «funciona» nada de Hotesur, sólo recibimos unas notificaciones, por una tasa y un cambio de domicilio, nada más», insistió.

N del E: Una característica típica de los Estafadores es ocultar mediante engaños su domicilio para evitar ser notificados o encontrados por la Justicia.

Para la Justicia, en tanto, el operativo fallido resultó un nuevo escollo para acceder a la documentación societaria de la empresa que pertenece a la familia de la Presidenta. Éste no es el único caso, pues hubo otros intentos previos que durante los últimos dos años tampoco arrojaron resultados.

¿Por qué? Porque Hotesur acumula varios domicilios, ya sean informados de manera formal a la IGJ o de manera pública mediante comunicados de prensa o en sus publicidades.

De esta manera, Hotesur primero operó en la ciudad de Buenos Aires, en el piso 3 del edificio de la avenida Belgrano 265. Pero en 2013 consignó mediante un comunicado que desde 2010 había trasladado su «domicilio legal» a la provincia de Santa Cruz.

Esa afirmación pública contradecía, a su vez, lo que en 2012 reportó a la IGJ, donde detalló que su sede continuaba en Buenos Aires, pero en el piso 4 de la calle Lavalle 975.

Sin embargo, cuando el juez Bonadio ordenó un operativo para obtener toda la documentación que había en ese piso del microcentro porteño, verificó que allí no había rastros de la sociedad de la familia presidencial. Al mismo tiempo, ordenó un allanamiento en la IGJ.

Por canales oficiales

Ante el revuelo público que provocaron esos operativos, Hotesur difundió otro comunicado, pero esta vez fue a través de la agencia estatal de noticias Télam y la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social Twitter, en la que sostuvo que desde noviembre su domicilio porteño se encontraba «en trámite de cancelación», con el fin de concretar su traslado, ahora sí, a Santa Cruz.

Eso, sin embargo, no ocurrió. Días antes del feriado de Navidad, se publicó en el Boletín Oficial un cambio de directorio de esa sociedad, así como se fijó otro domicilio, pero no en Santa Cruz, sino en Alem 530.

Las dudas alrededor de dónde se encuentra la verdadera sede social de Hotesur no es menor. ¿Por qué? Porque es allí donde funciona su administración y dirección de sus negocios, según surge de más de una docena de artículos de la ley 19.550 de sociedades comerciales, así como de una larga lista de resoluciones de la propia IGJ como, entre otras, la 7/2015.

A diferencia de la «sede fiscal», que rige para sus obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos tributarios, la sede social es el domicilio englobador de la sociedad.

Allí deben guardarse sus actas y celebrarse sus reuniones y asambleas. Y es allí, en suma, donde deben guardarse los secretos societarios.

La oficina allanada

Hotesur en la Capital

 

La dirección declarada por la empresa Hotesur ante la IGJ (Av. Leandro N. Alem 530, piso 3) no funciona como sede de la empresa. Así salió a la luz en un operativo ordenado por el juez Claudio Bonadio cuando tenía a su cargo la causa. Se indicó que la oficina recibe correspondencia, pero no funciona como sede de la empresa..

CFK

La difusión de las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios nacionales se ha convertido en motivo de escándalo creciente cada año, debido fundamentalmente a los fuertes incrementos patrimoniales que revelan, en casos que van desde la presidenta de la Nación hasta sus secretarios privados.

En su momento, las declaraciones dieron lugar a una bochornosa investigación judicial a Néstor y Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito que terminó abruptamente cuando el escandaloso juez federal Norberto Oyarbide los sobreseyó empleando los fundamentos del propio contador del matrimonio presidencial -que obviamente era parte, y muy interesada-, argumentos que volcó en una sentencia a todas luces írrita.

A simple vista, con la difusión anual de las declaraciones juradas queda en claro que la función pública para muchos es garantía de prosperidad y de enriquecimiento rápido y seguro. Pero con una visión un poco más profunda puede advertirse también un segundo motivo de escándalo. Desde que, hace dos años, se modificó la ley que rige estas declaraciones, se extendió sobre ellas una densa oscuridad que impide bucear en el verdadero valor de los bienes declarados y, más grave aún, también impide comparar con precisión los últimos valores con los anteriores y hacer así un seguimiento de la evolución patrimonial.

Esta oscuridad es producto deliberado de una ingeniería del ocultamiento que se remonta a la entrada en vigor, en 2013, de la Ley 26.857. Por ejemplo, la nueva normativa que rige las declaraciones sólo obliga a informar las ganancias y bienes del funcionario, no los de su cónyuge, que por estar declarados en un formulario reservado sólo pueden conocerse mediante una orden judicial. De esta manera, permanecen invisibles al escrutinio público. También se ha dificultado la evaluación de las propiedades, cuyo valor se determina ahora a partir de una complicada relación entre el valor de su adquisición y el valor fiscal. En consecuencia, resultará mucho más arduo determinar si se ha incurrido en enriquecimiento ilícito.

Esa es una de las imputaciones que afronta el hasta hace poco jefe del Ejército, general César Milani, debido a la compra de una casa en San Isidro. Por un delito similar está procesado desde el año pasado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que también arrastra otros procesamientos que parecen no hacerle mella.

Quien fue su jefe en el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, titular de la cartera, siempre estuvo bajo sospecha, aunque en 12 años de gestión logró sortear las denuncias. Pero ahora, poco antes de abandonar el cargo, la Cámara de Casación revocó su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito, junto con su esposa, Alessandra Minnicelli, por lo cual volverán a ser investigados por ese delito luego de reabrirse una causa de 2008. Sobreseer al ministro «es incompatible con el estado de duda que presenta esta investigación incompleta», sostuvieron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. En el mismo ministerio de De Vido, otro de los investigados por la misma acusación es el secretario de Obras Públicas, José López.

Como señaló la nacion, las declaraciones juradas correspondientes al año pasado muestran inversiones en el exterior, ahorros en dólares y exitosos emprendimientos agropecuarios como parte del nutrido patrimonio de altos funcionarios kirchneristas, con la excepción del canciller, Héctor Timerman, quien en el pasado fue el ministro más rico, pero ahora, debido a un «error del sistema» que el ministro no pudo solucionar, exhibe una pérdida del 77% de su patrimonio.

Un reciente libro señala a Juan Luis Manzur como «el ministro más rico de la era kirchnerista». Manzur renunció como titular de la cartera de Salud para asumir como vicegobernador de Tucumán en febrero del corriente año, y en ese momento declaró poseer bienes y depósitos por 23.061.852 pesos, diez millones más que en su declaración del año anterior, en tanto llaman la atención sus declaraciones rectificatorias.

La Presidenta declaró bienes por 64 millones de pesos y su patrimonio creció en un 16% al ganar 9.325.097 pesos por la valoración de sus propiedades y por los intereses generados por sus plazos fijos. Cuando Néstor Kirchner arribó a la Casa Rosada, el matrimonio había declarado bienes por siete millones de pesos. El año pasado, ella declaró 26 propiedades que incluyen departamentos, casas y terrenos.

Cabe recordar que los ingresos de sus hoteles están bajo la lupa judicial debido a los sospechosos alquileres de habitaciones que efectuaban allí empresas del pseudoempresario Lázaro Báez y que nunca se ocupaban. Como hemos señalado reiteradamente, el código de ética pública prohíbe a un funcionario formalizar contratos con quienes son proveedores del Estado, algo que también alcanza a los beneficios que la propia familia presidencial recibe de compañías del «zar» del juego Cristóbal López, que alquilan propiedades de quien ocupa el Poder Ejecutivo Nacional.

Los secretarios privados de la Presidenta constituyen un capítulo aparte dentro de los enriquecimientos, y además llaman la atención por sus renuncias, dado que ya han dimitido siete secretarios.

El último, hace pocas semanas, fue Pablo Barreiro, quien reemplazó en 2010 al anterior secretario, Fabián Gutiérrez, acusado en una causa de enriquecimiento ilícito. Barreiro tampoco escapó a la varita mágica y en 2014 incrementó sus bienes en un 43%, y en los dos años anteriores en un 115%. Un año atrás renunció Martín Aguirres, quien partió con un incremento patrimonial del 260%. Otro secretario, Mariano Cabral, mejoró su patrimonio en un 111% el año pasado.

En el enorme batallón de funcionarios investigados por saltos patrimoniales figura también Carlos Liuzzi, subsecretario legal y técnico y mano derecha del secretario, Carlos Zannini, candidato oficialista a la vicepresidencia. Liuzzi ingresó en el Gobierno con 189.339 pesos en 2003 y en 2013 poseía 9.039.240. Además, su pareja fue intimada a rendir cuentas de su evolución patrimonial.

Últimamente, a la nómina de funcionarios investigados por incrementos del patrimonio se agregaron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura, quien presuntamente no había presentado su declaración jurada y lo hizo solamente cuando se supo que el juez federal Ariel Lijo investigaba su compra de una casa en Pilar por unos 300.000 dólares. Daura no podría justificar ni remotamente su tren de vida.

Si la difusión de las declaraciones juradas constituyó en su momento un avance en materia de transparencia, las notas periodísticas y las denuncias judiciales obligaron al Gobierno a instrumentar una suerte de oscurecimiento. A las dificultades técnicas al consultar el portal de la Oficina Anticorrupción se suma el retroceso en la cantidad de información disponible para el control ciudadano en las reglamentaciones de la ley de 2013 y el hecho de que, de las 23 provincias, seis restringen el acceso público a los patrimonios de sus funcionarios y 12 no permiten ninguna consulta, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Las informaciones patrimoniales de los funcionarios públicos no pueden ser objeto de retaceo u ocultamiento, y sus cifras deben ser de fácil comprensión. Tras haber logrado un pequeño avance en la materia, el retroceso ha sido enorme y no es casualidad que éste se haya producido durante la gestión de un gobierno caracterizado por múltiples casos de corrupción y enriquecimiento indebido. Se trata de un Gobierno que, además, ha hecho un culto del secreto y la mentira en materia de datos oficiales, por lo cual no debería extrañar que haga lo mismo con los datos patrimoniales.

La información sobre los bienes de los funcionarios debe ser pública y su presentación, transparente. Las modificaciones que han enturbiado esa información contribuyen aún más a alimentar las sospechas de que hay riquezas que no resisten el examen público.

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadio hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

En ese expediente, que se inició un año antes que la causa de Bonadio, los expertos de la AFIP presentaron tres informes -uno de avance, otro complementario y el final-, basados en la contabilidad de las empresas de Báez. Es decir, analizaron la verdad «formal» -si lo declarado estaba en regla con los tributos-, pero no «material» de la operatoria.

Pese a eso, desde la AFIP confirmaron varios puntos. El primero, que entre los Kirchner y Báez intermedió la firma gerenciadora Valle Mitre, que en los papeles se vincula al empresario. El segundo, que siete de sus empresas firmaron convenios: La Estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto Construcciones, Alucom Austral, Badial y Austral Construcciones.

Sin embargo, algunas de esas empresas, según la AFIP, no alquilaron habitaciones de hotel, sino que sellaron otro tipo de acuerdos, como Alucom, para la prestación de supuestos «servicios de asesoramiento» para «promoción y marketing» o la constructora Badial, para desarrollar un presunto «emprendimiento hotelero», que no especificó. O Austral Construcciones, que firmó un contrato para «el desarrollo de un complejo turístico» sin precisar cuál.

Otros convenios sí dijo que se ciñeron a las habitaciones del hotel. Como los firmados por las constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, con 16 y 20 habitaciones por mes. O las estaciones de servicio La Estación y Don Francisco, ambas de Río Gallegos -a 300 kilómetros de El Calafate-, para usar un salón del hotel durante seis días al mes durante un período de cinco meses, «espacios comunes» y cuatro habitaciones por mes.

Por último, destacó López Biscayart al derivar copias de su expediente al fuero federal, «hay un contrato suscripto con Austral Construcciones el 27 de agosto de 2009 que se relaciona con la prestación de servicios de consultoría integral en materia hotelera y gastronómica, pero que, además, prevé la posibilidad de que se solicite al consultor -Valle Mitre SA- «la utilización de un máximo de 500 noches de hotel por parte de los empleados y/o sujetos designados por el cliente, en los establecimientos hoteleros gerenciados y/o de propiedad de la consultora»».

El propio López Biscayart aclaró, no obstante, que «en ese convenio no se deja constancia de que Valle Mitre SA detenta la titularidad de la explotación del hotel Alto Calafate y si bien incluye la provisión de habitaciones en hoteles gerenciados por la firma, no se menciona expresamente la utilización del hotel Alto Calafate». Es decir, que esas reservas podrían darse en los otros establecimientos de los Kirchner que operaba la gerenciadora, ya fuera Las Dunas o Los Sauces.

Según los técnicos de la AFIP, las siete empresas de Báez «que contrataron los servicios de Valle Mitre SA estarían adeudando intereses resarcitorios y además deberán aplicarse las multas correspondientes por no practicar las retenciones» por los impuestos.

Desde la AFIP determinaron entonces ajustes en el impuesto a las ganancias por más de $ 190.000 entre 2010 y 2011, y le impugnaron créditos fiscales por $ 570.000 durante ese mismo período, que el grupo Báez protestó, pero al final optó por pagar.

Sin embargo, sin opción de avanzar por la vía tributaria porque ninguna empresa superaba el umbral legal de los $ 400.000, López Biscayart cerró ese expediente. Pero el 27 de mayo pasado derivó las copias al fuero federal, donde por sorteo se giró al juez Sergio Torres y al fiscal Carlos Rívolo, que ahora evalúan los pasos por seguir. Por ejemplo, sobre otra operatoria cuestionada: el ingreso de $ 254 millones en las cuentas de Austral Construcciones provenientes de dos sociedades que en Curazao figuran como disueltas.

Tanto en esta tercera e incipiente pesquisa como en la que instruyó Bonadio y ahora quedó en las manos de su colega Daniel Rafecas el desafío es cruzar el análisis técnico formal con lo que pasó en realidad, según indicó a LA NACION un experto con décadas de investigaciones judiciales sobre sus espaldas.

«En definitiva, si no se investiga más allá de la formalidad de los papeles es como que [desde la AFIP] sólo vieron desde que estaba facturado y declarado. De ese modo, podría avalarse una factura que diga que se vendió el Obelisco: la factura está bien [cumple con los requisitos formales, se hicieron las retenciones, etcétera] y se constata que se pagó… pero es una estupidez lo que dice [que se vendió el Obelisco]. Ahí está el tema.»

La clave del futuro del caso Hotesur, en el que se investiga por lavado de dinero a las empresas hoteleras de la familia presidencial, pasa por lo que sucederá con la documentación contable y los registros informáticos de las firmas secuestrados en el expediente por el juez Claudio Bonadio.

Como la Sala I de la Cámara Federal declaró nulo parte del caso Hotesur, ahora hay que determinar si esa medida alcanza a los registros contables.

Si el decomiso de esas pruebas se declara nulo, deberían devolverse esos libros contables a los Kirchner. Si el procedimiento es válido, seguirán siendo prueba válida que debe analizar el juez que en definitiva quede a cargo del proceso.

Para que precise hasta dónde se extiende la nulidad, una cuestión delicada en esta causa, el fiscal de Cámara Germán Moldes le envió ayer un oficio a la Sala I de la Cámara Federal.

Los camaristas de ese tribunal Edurdo Freiler y Jorge Ballestero decidieron declarar nulo el decreto de Bonadio por el cual convocó a peritos oficiales para que lo asesoren para armar las preguntas del peritaje contable que estaba preparando para el caso Hotesur. Argumentaron, en la línea de la defensa de Hotesur, que al no darle oportunidad de poner peritos de parte para esa tarea de asesoramiento se vulneró su defensa.

Los camaristas Freiler y Ballestero dijeron que declaraban nulo ese decreto de Bonadio «y todos los actos que son su consecuencia». En el alcance de esta fórmula, radica el misterio sobre el futuro del caso Hotesur.

Si, por ejemplo, al convocar a estos peritos, Bonadio escribió en el expediente que era para analizar los documentos de la empresa hotelera, es posible que el efecto de la nulidad alcance a los papeles y, por lo tanto, al operativo mediante el cual fueron secuestrados.

El fiscal de Cámara Moldes y la diputada nacional Margarita Stolbizer son los únicos que pueden apelar la decisión de la Cámara Federal de apartar a Bonadio. Stolbizer, como querellante, ya apeló ayer. El fiscal Moldes, en representación de los intereses de la sociedad, es el otro facultado a hacerlo. Ayer Moldes les pidió a los camaristas que precisen el alcance de la nulidad porque de ello, dijo, dependerá si apela o no el apartamiento del juez.

Esto es así porque las nulidades sólo se pueden apelar si sus consecuencias implican situaciones equiparables a una sentencia definitiva o a una situación irrepetible. Por ejemplo, si la nulidad alcanza al procedimiento mediante el cual se secuestraron los documentos de Hotesur, no se puede repetir, pues hay un riesgo actual y concreto de que los papeles cambien de lugar y sean inaccesibles o desaparezcan. Por eso, la principal dificultad para apelar el apartamiento de Bonadio radica en que el recurso sea admisible. Moldes apelará si es que la nulidad tiene este alcance. Es decir, si el tribunal interpreta que se deben devolver los papeles a los Kirchner y con ello se afectan actos irreproducibles con los cuales se frenaría o desviaría la investigación.

El fiscal firmó ayer su escrito, en el que pidió una aclaratoria de la nulidad. Moldes se fue del país y regresará el 3 de agosto, cuando se retome la actividad en tribunales. Pero los plazos procesales le dan diez días hábiles para apelar el apartamiento de Bonadio. Vence el 14 de agosto.

Para que la apelación de Moldes prospere debe ser sostenida por el fiscal ante la Cámara de Casación Penal. La causa está radicada en la Fiscalía N° 1 ante ese tribunal, que está vacante. Por eso la procuradora Alejandra Gils Carbó, alineada con el kirchnerismo, designará a un suplente. Si el suplente no sostiene el recurso, el intento de apelación quedará desierto.

La apelación de Stolbizer depende sólo de ella. Pero Stolbizer es pretensa querellante, con lo que le alcanza para llegar con el recurso ante Casación, pero no se garantiza que sea admitido. Casación debe decidir primero si la reconoce como querellante. Un obstáculo grande para sortear. Y luego, si le da la razón.

Los jueces de Casación que intervendrán para decidir si reponen a Bonadio son los de la Sala I del tribunal, integrada por flamantes conjueces designados por el Consejo de la Magistratura, según la nueva ley de subrogancias. Son Claudio Vázquez, Roberto Boico y Norberto Frontini, de cercanía con el kirchnerismo.

La causa Hotesur se encuentra hoy, más que nunca, en el centro de las miradas. El juez federal que estaba a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, fue apartado por decisión de la Cámara Federal, a raíz del pedido de la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, actual presidenta y directora titular del directorio de Hotesur. Junto a la Presidenta, la mujer se encuentra investigada en la Justicia por supuesto lavado de dinero.

El llamado «caso Hotesur» empezó a ser investigado judicialmente el año pasado a raíz de una denuncia penal que radicó en noviembre la diputada Margarita Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur S.A., que maneja el Hotel Alto Calafate. El caso recayó en el juzgado de Bonadio que empezó a investigar las supuestas anomalías registrales.

La Presidenta es accionista de Hotesur. En diciembre, desplazó a tres figuras que la vinculaban con el polémico empresario Lázaro Báez y al consejero inmobiliario de su marido, al tiempo que sumó a toda su familia al negocio hotelero en El Calafate. Además, la sociedad, eje de una investigación judicial, empezó a brindar un nuevo domicilio.

En los registros internos de la Inspección General de Justicio figuraba que Hotesur adeudaba sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio correspondía a una asamblea celebrada en noviembre de 2008.

El hotel de lujo Alto Calafate es el que utilizó el empresario allegado a los Kirchner, Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico firmó acuerdos confidenciales y retroactivos con los que garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.

Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por una sobrina -la fiscal Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner- y un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos.

Después de la muerte de Kirchner, Hotesur quedó bajo el control de Cristina y sus dos hijos, Máximo y Florencia. Cuando terminaba 2014, las oficinas de Hotesur fueron allanadas por orden de Bonadio.

En junio de este año, Stolbizer se presentó como querellante ante Bonadio y amplió ante el juez el pedido de investigación sobre el patrimonio de la Presidenta. En el escrito presentado hizo referencia a las declaraciones juradas de Cristina Kirchner en las que supuestamente se registraba una serie de irregularidades que fueron enumeradas por la diputada, mediante el cotejo de las diversas presentaciones efectuadas en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP desde el año 2010.

Días atrás, un grupo de funcionarios judiciales, enviados desde Buenos Aires por el juez Bonadio, allanó el juzgado federal de Río Gallegos para buscar documentos sensibles vinculados con los negocios familiares de los Kirchner. La jueza local, que no tenía muchas alternativas, cumplió con el encargo. Fue así como los policías se presentaron en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, a reclamar la documentación. El hijo de la Presidenta no estaba, pero los empleados cumplieron con los pedidos. Ellos tampoco tenían chances de negarse: si no entregaban los papeles, las autoridades estaban habilitadas para allanar y llevárselos por la fuerza.

LA CAUSA QUE MÁS INQUIETA AL PODER

El caso

Bonadio investiga supuestas irregularidades societarias y un presunto lavado de dinero entre los hoteles de los Kirchner y empresas de Lázaro Báez, que les pagó por habitaciones que no usó

Los investigados

El caso apunta contra la Presidenta, Máximo Kirchner y otros miembros de su entorno más cercano. También contra Báez.

La revista norteamericana The New Yorker publicó esta mañana el artículo sobre la muerte de Alberto Nisman , que había anticipado ayer la Presidenta en su página oficial al publicar la entrevista completa que le hizo el periodista Dexter Filkins el 11 de marzo pasado en la quinta de Olivos.

En un extenso artículo, Filkins, quien ganó un premio Pulitzer en 2009 por su cobertura para el New York Times sobre la situación en Pakistan y Afghanistan, relata el misterio en torno a la aparición sin vida del fiscal de la causa AMIA.

«Alberto Nisman acusó a la Argentina e Irán de hacer un acuerdo ilegal para enterrar un atentado terrorista. ¿Eso fue lo que lo mató?», se pregunta The New Yorker.

Además del reportaje con la jefa del Estado, la investigación de la revista semanal incluye entrevistas con el canciller Héctor Timerman; el experto en informática Diego Lagomarsino , quien le entregó a Nisman el arma desde donde salió el disparo que terminó con su vida; la diputada nacional de Pro, Patricia Bullrich, entre otros.

Página 12 publicó en su edición de hoy la entrevista completa que el periodista de The New Yorker le hizo a Cristina Kirchner.

Respecto de su encuentro con la Presidenta, el periodista describe «el estudio de televisión» que se montó en la quinta de Olivos -la Casa Rosada difundió el video de casi dos horas- para realizar el reportaje. «Durante mi entrevista con Kirchner, ella parecía enervada al hablar sobre la muerte de Nisman», escribió.

Filkins destaca que la primera mandataria defendió el pacto con Irán para investigar el atentado a la AMIA y que consideró que Teherán probablemente estuvo involucrado en el ataque. Además, remarca que Cristina Kirchner calificó de «ridícula» la acusación que le hizo Nisman de intentar exculpar a los iraníes a través de la firma del memorándum de entendimiento.

En tanto, Filkins indica que el ex titular de la UFI-AMIA acusó al Gobierno de haber intentado que Interpol bajara las circulares rojas que pesan sobre los acusados iraníes a través del tratado firmado con Teherán y remarca que el ex director general de la organización policial internacional, Robert Noble, negó que Timerman haya solicitado que se cancelaran esos pedidos de captura.

También transcribe parte de las miles escuchas telefónicas que utilizó el fallecido fiscal para elaborar su presentación contra la Presidenta, Timerman, el diputado Andrés Larroque , el dirigente piquetero Luis D’Elía, entre otros, por supuesto encubrimiento a Irán.

Cristina anticipó la entrevista

Durante su breve paso por Paraguay para participar de la misa que ofició el papa Francisco en Asunción, la jefa del Estado difundió la desgrabación completa y un video de casi dos horas de la entrevista que le realizó Filkins en marzo pasado. The New Yorker aún no había publicado el artículo. En una serie de tuits, la Presidenta elogió al periodista norteamericano y destacó que él le comentó que se había interesado durante su visita al país por los «ocho años extraordinarios» que tuvo la Argentina.

Además de la muerte del fiscal Nisman y del pacto con Irán, la mandataria habla de su relación con Néstor Kirchner, de la militancia en la década del 70 y de economía.

La mandataria expresó que si el tratado con Irán se pusiera en marcha, el Gobierno «estaría en condiciones de exigir en la ONU que se dé cumplimiento» a lo firmado con el país asiático. «Pero para eso necesitamos que sea declarado constitucional en la Argentina, de modo tal que me permita exigirle a Irán que lo apruebe y que lo cumpla», agregó.

Consultada sobre Nisman, la Presidenta calificó como «muy larga, muy mala» la denuncia que presentó en su contra el fiscal y vinculó su deceso con los cambios en la SIDE.