El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF por proteger a Lázaro Báez
Acusa a José Sbatella de demorar la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas del empresario kirchnerista.
El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF, José Sbatella.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó hoy una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber demorado la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
Pollicita advirtió que, como agravante, durante «todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos», es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.
El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: «En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada» contra la fiscalía especializada.
La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.
El paso de Sbatella por la UIF
A lo largo de su gestión al frente de la UIF, Sbatella acumuló denuncias penales por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política en beneficio de Báez, Amado Boudou y Sergio Schoklender, entre otros. Asumió en 2010 y estuvo a cargo del organismo hasta el 11 de diciembre pasado, tras la asunción de Mauricio Macri.
El ex funcionario renunció a través de una carta en la que agradeció el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner y criticó con dureza al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014. Macri había pedido su renuncia antes de asumir.
Se desmorona el sistema económico ilegal que armó el kirchnerismo. Esa maniobra fue posible por la cobertura en organismos del Estado. La AFIP de Echegaray jugó un papel clave.
Néstor Kirchner teorizó en vida sobre la importancia de construir un poder económico para no resignar influencia política cuando llega el momento del regreso al llano. Tuvo en la cabeza los recorridos de Felipe Gonzalez y de José María Aznar, antiguos líderes del socialismo y el Partido Popular en España. Cristina Fernández se acostumbró siempre a escuchar y compartir ese razonamiento del ex presidente.
Tal teoría ha comenzado a desmembrarse prematuramente en la práctica. Quizá porque aquella construcción resultó rústica e improvisada. Poseía además una perversa dependencia: era ineludible el manejo de los resortes del Estado. Kirchner habría sentado las bases hasta que murió, con la acumulación incesante de capital. El diseño posterior quedó en las manos solitarias de Cristina. También menos duchas. A 100 días de haber salido del Gobierno, el soporte económico del kirchnerismo ingresó en una crisis severa. Se han agrietado sus dos vigas maestras: la de Cristóbal López, forzado a dividir sus empresas ante apremios de todo tipo, y la de Lázaro Báez, envuelto en un bochorno que regresa como una marea. Mucho más por las revelaciones periodísticas que por la acción de la Justicia.
Kirchner suponía que el control de todo resultaba imprescindible como precondición del éxito. Esa tarea lo encontró en el primer tercio del camino cuando sobrevino el infarto fatal. Cristina se hizo cargo del resto. “Vamos por todo”, alardeó en el 2011 al obtener la reelección con el 54% de los votos.
El escándalo de Lázaro Báez posee ahora múltiples aristas conflictivas. El empresario K fue alejado del círculo de los Kirchner. Cristina lo borró de Hotesur, la sociedad encargada de administrar la cadena de hoteles familiares en El Calafate. Existe allí sospecha por lavado de dinero que investigó al juez Claudio Bonadio, que durmió Daniel Rafecas y que recién llegó al escritorio de Julián Ercolini. Máximo Kirchner también resolvió apartarlo de sus negocios inmobiliarios. Alicia, la gobernadora de Santa Cruz, le declaró la guerra por el abandono de la obra pública en la provincia y el aparente vaciamiento de sus empresas.
Este pleito sucede cuando las imágenes periodísticas de la semana pasada repusieron la existencia de millonarios fondos clandestinos en dólares que nadie sabe todavía dónde fueron a parar. Ni a quiénes pertenecen. En una época en que los dólares eran restringidos en la Argentina. ¿Sólo ganancias del empresario o dinero de la familia de los ex presidentes? Conviene tener presente un número. Entre el 2004 y el 2015 Báez recibió más de $ 20 mil millones para obras en Santa Cruz. Que nunca ejecutó o dejó por la mitad.
Para incubar semejante descontrol e impunidad hizo falta alguna red de protección en el Estado. La hubo. La AFIP de Ricardo Echegaray –ahora titular de la Auditoria General de la Nación– jugó un papel clave. El empresario K, por ejemplo, recurrió a facturas falsas para evadir impuestos. No bien empezó a ser descubierto, el entonces jefe de los recaudadores desactivó la oficina en Bahía Blanca, donde habían surgido las evidencias. Echegaray fue también quien permitió a Cristóbal López acumular en los últimos cuatro años una deuda tributaria de $ 8.000 millones. Con ese monto, que aún está lejos de saldar, expandió su grupo empresario. Contó con una cobertura discrecional de la AFIP bajo la apariencia de la legalidad. Una jueza, María Straccia, presumió insolvencia fraudulenta y ordenó allanar varias empresas de López.
Habría habido en ese derrotero del dinero K otras complicidades. La IGJ (Inspección General de Justicia) que regenteó el dirigente camporista Julián Alvarez, nunca registró las recurrentes operaciones financieras e inmobiliarias de Báez. Tampoco el Banco Central, bajo la tutela de Alejandro Vanoli, reparó en los créditos millonarios y las reestructuraciones de deuda que el Banco Nación concedió al empresario patagónico. La UIF (Unidad de Información Financiera) que dirigió José Sbatella, jamás indagó sobre los giros al exterior que realizaba Báez, al parecer de dinero cuya escala previa era La Rosadita. La cueva financiera en la cual surgieron las imágenes del escándalo.
La Cancillería de Héctor Timerman también habría tenido su lugar en la trama. Al menos, existen dos casos en los cuales la impericia o la intencionalidad diplomática habrían atentado contra las investigaciones judiciales. Una por la compra de un campo en Uruguay que Báez realizó a través de Leonardo Fariña, ahora preso por evadir impuestos. La Justicia uruguaya se quejó siempre por la demora argentina para contestar los exhortos en los cuales se solicitaba información sobre el empresario K. Esos trámites pasaban de ida y vuelta por Relaciones Exteriores. Varias veces estuvieron mal confeccionados. En una ocasión fue remitido a la sede del Mercosur en lugar del Palacio de Justicia de Montevideo. El otro caso tendría vínculo con una cuenta del empresario K en Suiza de US$ 22 millones que fue bloqueada en 2013, cuando aquí se conocieron las sospechas sobre lavado de dinero. También la Justicia helvética rechazó un exhorto y demandó el envió de la constancia del delito precedente –para corroborar el lavado– que nunca le llegó. Esa cuenta habría sido desbloqueada a mediados del 2015. Nadie conoce dónde fueron a parar los fondos.
Sobre Sebastián Casanello, que actúa desde el comienzo en la causa de la ruta del dinero K, también caen las sombras. El juez tomó declaración a todos los imputados por la compra de un campo en Mendoza. Procesó a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por maniobras de lavado de dinero. Pero dictó la falta de mérito a Báez. Curioso. Luego de las imágenes del escándalo resolvió citar para mediados de abril, entre otros, a Martín Báez, el hijo del empresario que supervisó el conteo de millones. Y le prohibió salir del país. Tardó casi 48 horas en disponer lo mismo para Lázaro. Casanello estaría abatido por el baile que le toca. Estaba esperanzado en manipular, como lo hizo hasta ahora, los tiempos de la causa. Se le hará difícil.
Martín está buscando el socorro de Máximo. Pero el hijo de la Presidenta hasta ahora no habría respondido. Allí radica el otro problema serio del kirchnerismo: al desmoronamiento del sistema económico se añadiría una ausencia de conducción política eficaz. La intransigencia y el distanciamiento de Cristina han terminado por aislar a los suyos. El peronismo tradicional está lentamente haciendo rancho aparte. El FpV se fracturó en febrero. Seis legisladores leales a la ex presidenta votaron el miércoles en Diputados a favor del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri propone con los fondos buitre.
Entre los halcones camporistas quedó incluso un regusto amargo. Todos fueron muy duros contra la iniciativa macrista. Axel Kiccillof, en ese sentido, portó la lanza. Hablaron de capitulación, de entrega de la soberanía y de una mala negociación con los holdouts. Escucharon con enardecimiento contenido una de las mejores piezas de la larga madrugada. Correspondió al jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri. El cordobés fue y vino con su oratoria hasta que fulminó al ultrakirchnerismo: “Ustedes hablan a veces como el Che Guevara pero viven como Isidoro Cañones”, ironizó. Los camporistas aguardaban el desquite con el cierre de Máximo. Pero nada ocurrió. A contramano de sus compañeros, el hijo de Cristina hizo críticas al acuerdo pero en un contexto de moderación. Con más soltura de la que era dable esperar.
Aquellos halcones quedaron desconcertados y conjeturaron sobre las razones del tono empleado por Máximo. Algunos macristas adelantaron su interpretación: al joven diputado le tocó exponer cuando ya había recrudecido el escándalo sobre Báez por las imágenes divulgadas. Esos dirigentes, de haber sido otro el sesgo del discurso del hijo de Cristina, estaban dispuestos a enrostrárselas en medio del recinto.
El aparente giro de Máximo pudo responder también a otras razones. Conocía a esa altura que el acuerdo con los fondos buitre sería aprobado en Diputados por una mayoría superior a la calculada. Así fue: 165 votos contra 87. Pudo haber pesado además una cuestión que desvelaría a él mismo y a su madre: el cariz que va tomando en Brasil el caso de corrupción –pago de coimas a través de la petrolera estatal, Petrobras– que conmueve a Dilma Roussef y a Lula.
Ese asunto empieza a salpicar fuera de las fronteras. Aquí sonó varias veces el nombre del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero cayó en las últimas horas la primera denuncia concreta. La hizo la legisladora porteña Graciela Ocaña ante el juez Marcelo Martínez en Giorgi. ¿En qué consiste? En un anticipo de fondos que en el 2009 la constructora Odebretch hizo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, para obras nunca hechas de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El dinero se habría girado a través de una sociedad (Prinbot Corporation) radicada en Uruguay, fundada en el 2007 y dada de baja el año pasado. Jaime la habría utilizado con frecuencia. El presidente de Odebretch está detenido en San Pablo y se le fijó una prisión de 19 años y medio.
La teoría golpista de Dilma y de Lula, acicateada por cierto desborde judicial, no alcanzaría para disimular la dimensión sistémica de los delitos cometidos. Algo parecido le sucede al kirchnerismo con el lavado de dinero y otras yerbas. Ambos casos derrumbarían un mito modelado por el relato de ellos: que la corrupción sería sólo inherente al neoliberalismo. Es, por lo visto, inherente a cualquiera.
Citaron a indagatoria a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero
El juez Casanello le prohibió al empresario salir del país y desprenderse de bienes; sospecha que lavó fondos obtenidos con un fraude fiscal.
Por Paz Rodríguez Niell.
Lázaro Báez. Foto:Archivo
El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria anoche a Lázaro Báez, un empresario muy cercano a los Kirchner, acusado de haber lavado millones de dólares a través de la financiera SGI , conocida como La Rosadita.
Los fondos lavados -de acuerdo con las sospechas del juez- habrían tenido origen en una defraudación impositiva de Báez al Estado. Además de citarlo, Casanello le prohibió salir del país y dispuso una inhibición general sobre sus bienes.
La indagatoria de Báez, ordenada para el 26 de abril, es la última de las medidas de días muy agitados en esta causa. El martes pasado El Trece difundió imágenes de las cámaras de seguridad de SGI que mostraban a Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro, contando pilas de dólares y euros en la financiera (una cueva, según dieron ya por probado los investigadores), junto con el contador de su padre, Daniel Pérez Gadín; el hijo de éste, Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi.
Lázaro Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública de las tres administraciones kirch.-neristas y colaboró con Cristina Kirchner en sus negocios hoteleros. Las empresas de Báez les pagaron millones por habitaciones de hotel y contratos de consultoría a la ex presidenta y su familia. Hasta ahora, pese a que enfrenta, desde hace años, decenas de causas en distintos juzgados, jamás había sido procesado por sus negocios. La primera vez que Lázaro Báez fue citado a indagatoria fue en este expediente.
La hipótesis de esta causa es que el dinero que se ve en los videos de las cámaras de SGI era de los Báez. Y que Pérez Gadín y Rossi (ex marido de Iliana Calabró y supuesto armador de empresas off shore) fueron los encargados de montar la ingeniería para borrar su origen y esconder su destino.
En las grabaciones hay una secuencia de unos pocos segundos que es clave. «Esto sobró», le dicen a Martín Báez cuando termina un recuento y le dan un billete de 100 dólares, relataron fuentes del caso a LA NACION. Esta frase sólo se entiende si él y su familia eran los dueños del dinero, creen los investigadores.
Pero los videos comprometen a Lázaro Báez, además, porque los actores pertenecen a su entorno. A medida que se corroboraba la identidad de cada nuevo personaje, el círculo se iba cerrando a su alrededor. No sólo estaban su hijo y su contador; también, Walter Zanzot, el presidente de una empresa de vuelos privados ligada a Báez: Top Air, que comparte domicilio legal con otras firmas de su grupo.
Lázaro Báez y el Juez Casanello.
Zanzot también fue llamado a indagatoria con una resolución firmada anoche. Deberá presentarse el 25 de abril. El 22 de ese mismo mes será el turno del tercero de los acusados que Casanello citó ayer: Gustavo Fernández, que era el presidente de SGI y también aparece en los videos. Ellos completan una ronda de indagatorias que ya incluía a Martín Báez, a Rossi y a Daniel y Sebastián Pérez Gadín. Por el momento, ninguno puede salir de la Argentina ni desprenderse de bienes.
Esta causa por lavado de dinero investigaba a Lázaro, su familia, sus colaboradores y sus empresas desde hacía años. Todos estaban imputados y el expediente ya tenía procesados (como Federico Elaskar, dueño original de SGI, y Leonardo Fariña, supuesto testaferro en negocios colaterales de Báez), pero los nuevos videos provocaron una explosión en el caso.
«No es una prueba, es la maniobra en sí misma. El dinero y los personajes. Ahí está», dijo a LA NACION un funcionario judicial. En los casos por lavado rara vez se accede a una prueba semejante. Justamente porque quienes diseñan las estrategias de lavado de dinero se esfuerzan por evitar la trazabilidad de los fondos. Por eso usan plata en efectivo, títulos al portador, empresas off shore; jamás transferencias que puedan dejar huellas. Semejante registro fílmico es insólito.
Casanello mandó revisar en la AFIP los perfiles patrimoniales de todos los involucrados para ver si tenían declarada tamaña liquidez a la fecha de los videos. El resultado difícilmente les dé bien. Las pilas, los bolsos deportivos y el escenario (esta «cueva») indican que era dinero negro. ¿Era, además, el producto de delitos anteriores? El juez sospecha que sí.
Martín Báez, el primero de los Báez que fue citado, compartía los negocios y formaba parte de la conducción de las empresas de su padre. Fue, por ejemplo, quien firmó por Austral Construcciones, nave insignia del grupo Báez, el contrato por el alquier de habitaciones en hoteles de los Kirchner -más una supuesta «consultoría hotelera»-. A cambio, desembolsó 20,5 millones de pesos.
Estas operaciones, así como las obras públicas asignadas a los grupos de Báez fueron el objeto de distintas causas penales en Buenos Aires y Santa Cruz, pero no prosperaron jamás. Ninguno de los jueces que recibió denuncias por sus negocios citó siquiera a Báez.
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Lo que se investiga en la causa de Casanello es «Lavado de Dinero». No una infracción cambiaria ni una evasión. El lavado de dinero es un delito mucho más grave, pero exige que los fondos que se lavan sean de origen ilícito. Hoy, el caso que más podría complicar a Báez y mostrar este presunto origen espurio del dinero está, también, en el juzgado de Casanello. Es la causa que investiga el uso de facturas falsas que hicieron las empresas del grupo Báez.
La hipótesis, en este caso, es que se usaban las facturas para inventar gastos. Así, se estafaba a la AFIP. Con toda una arquitectura detrás no era una mera evasión, sino una verdadera defraudación. Un fraude impositivo.
En la causa de Casanello, que fue impulsada por Margarita Stolbizer, están imputados, además de Báez, el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de haber intentado frenar la investigación de la regional de la AFIP de Bahía Blanca, que estaba detrás de la usina de facturas apócrifas. Ese caso, el que investiga a quienes producían y usaban las facturas falsas, se tramita en la justicia de Bahía Blanca. Austral Construcciones es una de las firmas acusadas de haber usado estas facturas para simular gastos inexistentes.
Lázaro Báez ya fue indagado por Casanello. El juez lo citó por su presunta vinculación con la extraña compra de un campo en Mendoza que Leonardo Fariña hizo «en comisión». El propio Fariña dijo que el dinero era de Báez, pero después se desdijo. Esa fue la única vez que el empresario enfrentó a la Justicia desde el lugar de los acusados (terminó en «falta de mérito»). El 26 de abril deberá volver a hacerlo. Ahora, por una investigación que apunta al corazón de su estructura de negocios.
Obra pública, estafa y lavado
El caso que avanza contra Báez investiga una compleja maniobra.
Lázaro Báez
Empresario
El imputado
Fue uno de los principales contratistas de obra pública de la era K. Lo denunciaron en decenas de causas que no prosperaron. Ahora, declarará acusado de haber lavado dinero que evadió estafando al Estado.
Sebastián Casanello
Titular del Juzgado federal 7
El juez
Investiga a Báez, su círculo y otros empresarios por lavado. Procesó a Elaskar y Fariña (los que confesaron por TV y se desdijeron). Con el video de «La Rosadita» ordenó 8 nuevas indagatorias.
Federico Elaskar, con Alejandro Fantino: «Van a ver desfilar a media Casa Rosada en la Rosadita»
El financista que denunció el lavado de dinero en «La Rosadita» se refirió a los videos difundidos estos días; también habló de Lázaro y Martín Báez, de Fabián Rossi, de Cristina y Néstor Kirchner.
Federico Elaskar en Animales Sueltos.
La trama por «La ruta del dinero K» no se detiene. Luego de una semana agitada en la que aparecieron numerosos videos de Martín Báez, Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín junto a su hijo contando millones de dólares en la famosa «La Rosadita» en Puerto Madero, sólo faltaba la palabra de Federico Elaskar, el financista que denunció la maniobra de lavado de dinero en el programa de Jorge Lanata.
En exclusiva con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Elaskar defendió su postura y apuntó muy fuerte contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Además, dijo que desfiló «media Casa Rosada» por «La Rosadita» y afirmó: «Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
Las frases más picantes de Federico Elaskar en Animales Sueltos
«Van a ver desfilar a media Casa Rosada ahí adentro. Secretarios, seguro». (en referencia al gobierno kirchnerista)
«La Rosadita era una cueva ultra mega vip. Yo los quiero ver a todos presos».
«La lavadora número es Cristina Kirchner. Lavar dinero es lo mismo que inflar un impuesto. En sus hoteles Cristina decía que tenía ocupada el 80% de su hotel y le ingresaba su propia plata».
«Esto va de Báez para arriba, es para el único lugar que va».
«Lo habrán llamado a Spielberg para montar el escenario de esa bodega en lo de Báez».
«Hay muchos sudando la gota gorda. Perez Gadín y Rossi que van a decir… ¿yo no era?»
«No hay mucha gente entre Báez y Cristina. Néstor y Báez eran amigos».
«Voy a hacer lo imposible para que se esclarezca todo esto. Pero no me voy a inmolar».
«Alguna protección debe tener Báez todavía. El 29/12 había gobierno nuevo, no obstante le dieron falta de mérito».
«Lázaro Báez es el delincuente mas grande de la Argentina».
«Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».
«Me dio asco verlos contar plata como ciudadano. Fue el reflejo de la corrupción del kirchnerismo».
«Yo en SGI armé desde el logo, el color, la alfombra. Había casi 40 cámaras, que grababan interna y externamente. Se podía ver desde cualquier lado. Cuando yo me fui de la empresa empezaron a mandarse estas cagadas.»
«A Fariña lo conocí a través de Molinari porque querían comprarme la financiera. Pero el que vino a cerrar el negocio fue Pérez Gadín que se presentó como la mano derecha de Báez».
«La mía era la única financiera prolija, por eso la querían».
«Apenas vendí empezaron a apretarme mandándome fotos de una persona que yo quería mucho».
«Yo en lo de Lanata aparecí porque no me pagaron nunca nada y no los denuncié, porque, con todo respeto a la familia de Nisman, mirá lo que le pasó a él».
«Rossi es un pelotudo. Generaba empatía porque te traía alguna putita que generaba en el teatro. Yo lo conocí a él por Juan Carlos Calabró, que era cliente mío».
«Esa guita es obvio que no está bien habida. Pero ellos te van a decir que estaban haciendo una operación innmobiliaria, mientras puedan justificar el origen no van a tener problemas».
«Cuando yo dí el testimonio en lo de Lanata, al otro día tenía más diputados dando denunciándome en Comodoro PY que presentes en el Congreso».
«Me arrepiento de haberle dado bola al boludo de Fariña y de haber transado con Perez Gadín para vender mi empresa».
«Si hoy existiera la ley del arrepentido, van todos presos».
«El docor Casanello me tiene procesado por pagar tarjetas de crédito. No es imparcial. A mí tardó una semana en llamarme, a ellos un mes. La justicia argentina no está funcionando».
«Yo estoy con parte médico. A mí me hace muy mal ir a Comodoro Py, no porque me de miedo declarar, sino porque me agarran ataques de pánico. Estoy con tratamiento psiquiátrico».
«Estoy bastante hinchado las pelotas. Tengo muchas ganas de hablar y no puedo».
«Mataron a un fiscal a cinco cuadras de mi casa. House of Cards es un poroto al lado de esto».
«Yo pensé que estaba colaborando con mi declaración en lo de Lanata».
Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo
En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas.
Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada «no es tan grande» y que cuentan con «ingreso de caja suficiente» para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar «todos los mecanismos legales disponibles para financiarse».
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. «La operatoria habría terminado con una denuncia penal», indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al «apalancamiento» de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los «bienes de uso» de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. «De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]». Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a «otras partes relacionadas», entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: «La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo».
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
Una operatoria irregular
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
La investigación repercute cada vez más en la Argentina
Las líneas de crédito que usó el país están bajo sospecha en la causa que se sigue en Brasil.
Por Diego Cabot.
Prácticamente la única certeza es que las consecuencias de las investigaciones por corrupción de la justicia de Brasil tendrán efecto en la Argentina. Lo que no se puede precisar es cuál será la intensidad del rebote local.
Por ahora, ya surgieron varios nombres en la investigación. El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime ya han sido mencionados en declaraciones de algunos testigos o imputados por el petrolão. No es para menos. No son pocos los proyectos de obra pública que en los comienzos del kirchnerismo se financiaron con dinero del poderoso Banco Nacional de Desarrollo (Bndes). Ahora, todo aquello está bajo sospecha.
La relación con la Argentina se dio, sobre todo, desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner hasta 2012. Luego el dinero brasileño se reorientó al país y la Argentina prefirió a China como el gran prestamista.
En aquellos primeros años del kirchnerismo el gobierno no tenía acceso al financiamiento para proyectos de infraestructura. Desde Brasil llegaron poderosas empresas que vendían sus productos, participaban en licitaciones públicas o compraban compañías con financiamiento de la banca de desarrollo brasileña.
El combo servía a todos. La Argentina apalancaba proyectos con tasas de interés que promediaban la mitad de las del mercado; las empresa brasileñas se quedaban con licitaciones públicas asociadas a otras argentinas y, finalmente, el Bndes ponía el dinero.
Así empezó a funcionar la rueda del Bndes, con mecanismos similares en toda la región. El caso Skanska fue uno de los primeros en los que salió a la luz la operatoria. El banco de desarrollo fue el financista de la obra, que tuvo un costo de alrededor de 310 millones de dólares, y por el que se investigó un sobreprecio de alrededor de 17 millones. En ese caso, Odebrecht, la principal constructora brasileña, fue la adjudicataria de la obra en un consorcio que conformaban otras constructoras argentinas.
Desde entonces, la presencia del dinero brasileño creció. Aerolíneas Argentinas, por caso, compró con ese esquema 22 aviones Embraer. Los primeros 20 fueron negociados por Jaime; los últimos dos, por Mariano Recalde. El banco brasileño financió 85% del total. Hoy la Justicia de la Argentina, así como la brasileña y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, investigan el posible pago de un sobreprecio de alrededor de cinco millones de dólares por avión.
La semana pasada se volvió a escuchar un nombre de un ex funcionario argentino en Brasil. Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez quedaron involucrados en un supuesto pago de Odebrecht para destrabar la adjudicación de la obra destinada a soterrar el tren Sarmiento.
Fue una declaración en la «Operación Lava Jato«. Allí, Mauricio Couri Ribeiro, director de la constructora brasileña, dijo haber mantenido un intercambio de correos electrónicos con Vázquez. De la lectura de los mails se desprende que alguna vez habría habido algún problema con una transferencia realizada desde Klienfeld Services Ltda., una empresa off shore ligada a Odebrecht, con la que se habría querido destrabar la adjudicación de la licitación que finalmente terminó en manos de la empresa brasileña. Según el diálogo, la acreditación del pago en favor de Jaime era necesaria para la culminación del trámite de adjudicación.
En la investigación que se conoce como petrolão, el ex director del área internacional de Petrobras Néstor Cerveró confirmó que en 2006 recibió jugosas coimas por la venta de la empresa de transmisión de energía Transener -adquirida por Petrobras en la compra de Perez Companc en 2002-, e involucró en el negocio a los ex ministros de Planificación argentinos De Vido y Roberto Dromi.
En Brasil, los nombres de ex funcionarios argentinos se escuchan cada vez más seguido. En la Argentina, todavía hay silencio.
Ex funcionarios bajo sospecha por el petrolão
Apuntados
El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime ya fueron mencionados por testigos o imputados en el caso de corrupción que golpea a Petrobras.
Comisión ilegal
La justicia brasileña investiga si De Vido intervino en el pago de una coima o comisión ilegal en la compra de la empresa de transporte de energía Transener por parte de Electroingeniería.
Presunto pago
La semana pasada, en la investigación en Brasil volvieron a surgir los nombres de Ricardo Jaime y de su ex asesor Manuel Vázquez, involucrados en un supuesto pago de la constructora Odebrecht para destrabar la obra para soterrar el tren Sarmiento.
En un puñado de días, y en sucesión llamativa, el fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado; y el temido y siempre turbio espía Jaime Stiuso volvió al país, se presentó a declarar y sostuvo que el supuesto asesinato, en enero de 2015, había sido obra de un grupo vinculado al gobierno de Cristina (Kichner), a quien cuatro días antes Nisman había acusado de encubrir a iraníes por el atentado a la AMIA.
Esto, a menos de tres meses de la asunción presidencial de Mauricio Macri, bastó para que saltara por el aire la gruesa losa que el gobierno de Cristina Kirchner había colocado, en defensa propia, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Ahora se destapó la cloaca. Lo que quedó al descubierto promete desagradables consecuencias judiciales, políticas, o ambas a la vez, para una lista que encabeza la propia ex Presidenta, seguida en orden aleatorio por el ex supersecretario Carlos Zannini, el tan verborrágico ex jefe de espías Oscar Parrilli, el teniente general en retiro rotundo César Milani, el hiperquinético ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, quien ocupa ese puesto desde hace tres años.
Integra además esa nómina la defenestrada fiscal Viviana Fein, pieza decisiva en la construcción del segundo entierro de Nisman, el de la causa por su muerte. También su jefa espiritual y operativa, la todavía procuradora general Alejandra Gils Carbó. A ellas podría sumarse la jueza Fabiana Palmaghini, que sorprendió al declararse incompetente en la causa luego de haber rechazado esa petición puntual de la familia de Nisman un par de semanas atrás. Su fundamento para dejar ahora el caso fue que existía violación de correspondencia de Nisman (correos electrónicos y teléfono celular), un delito federal que ya estaba en el expediente desde hacía más de seis meses. En cambio Palmaghini mencionó la cuestión del presunto homicidio apenas lateralmente.
Tampoco está claro en qué terminará la peripecia de Stiuso, el hombre que llevó de la mano a Nisman en la investigación contra los iraníes por el atentado a la AMIA, a quien Cristina defenestró finalmente y que terminó señalado como “autor intelectual” de la denuncia de encubrimiento presidencial.
En gentil devolución, el gobierno kirchnerista señaló entonces a Stiuso como posible instigador de la muerte de Nisman. Fue cuando el kirchnerismo hablaba de crimen antes de volver a hablar de suicidio, como parte de su exitosa estrategia de enchastre y confusión general.
En el último año, entre su declaración original ante la fiscal Fein y su estruendoso regreso de esta semana, Stiuso se refugió en los Estados Unidos. Allí disfrutó de una protección seguramente labrada en su larga vinculación operativa con la CIA. De allí que esta llamativa sucesión de hechos en el caso Nisman sea vista en ciertos ámbitos políticos y judiciales como una operación cuyo garante de última instancia sería la administración de Washington y su representación local, La Embajada.
En las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo Quebracho, siempre sospechado de estar penetrado, cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia. Y al jerarca piquetero Luis D’Elía, antisemita y proiraní notorio, un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo, adonde D’Elía organizó escraches y marchas.
Las intimidaciones y amenazas a los Nisman nunca cesaron del todo. El fiscal y su ex mujer habían sido agresivamente fotografiados hace nueve años, al salir de la clínica tras el nacimiento de Kala, su hija menor. Y a fines del año pasado la hija mayor, Iara, llamó a su madre –de viaje en el interior del país– porque desde un auto que entró al country donde viven se estaban tomado fotos de manera ostensible hacia su casa.
El Gobierno asegura que permanece ajeno a todo este tráfico contaminado, aunque sus efectos políticos puedan beneficiarlo por el previsible acorralamiento judicial y político del kirchnerismo duro y su Jefa.
Pero en la Casa Rosada dicen, con cierto rencor fermentado, que “esta banda es la que persiguió a Macri y le inventó la causa por las escuchas”. Cuando se refieren a “esta banda” hablan de Stiuso y de su equipo: jueces, juezas, fiscales, gestores judiciales, espías, víctimas a medida, toda gente a generoso sueldo –formal o informal– del kirchnerismo durante la “década ganada”.
El cambio de gobierno creó un contexto favorable para que el caso Nisman avanzara, superando la paralización judicial. Pero sería muy aventurado afirmar que el macrismo haya tenido algo que ver, directamente, con los hechos de los últimos días.
La capacidad de operación de los funcionarios de Macri sobre la Justicia resulta por ahora bastante menguada. Es todo un cambio saludable, vista la profusa contaminación en sentido contrario ocurrida cuando Stiuso estaba al servicio de los Kirchner y sus operadores hacían y deshacían, repartiendo premios y castigos en cámaras, juzgados y fiscalías estratégicos.
Pero esa limitada capacidad operativa es también fruto del fracaso en algún intento de acortar distancias con los magistrados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juez federal trató de armar un encuentro con integrantes de ese fuero decisivo. Su convocatoria resultó mínima.
Así, aún reconociendo que la disposición del macrismo a respetar la independencia de los jueces es indudable, el Gobierno termina haciendo de la carencia una virtud.
A los jueces federales, lobos solitarios que nunca cazan en manada, no es sencillo reunirlos. Mucho menos cuando uno de los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica una dilución de su poder por la creación de una decena de juzgados para casos de criminalidad organizada. “Nos quieren dejar solamente los casos de los pibes que agarran fumándose un porro”, exagera un juez que ha sabido hacer uso intensivo del poder que le da su cargo.
Hoy los jueces federales se miran de reojo entre sí, calculando a quién podría caerle la causa Nisman si se consolida el alejamiento de la jueza Palmaghini y el cambio de fuero. Aunque el motivo del apartamiento haya sido la violación de correspondencia de Nisman, parece claro que cualquiera que tome el caso iría directo sobre las circunstancias de la muerte del fiscal. Sería una mala noticia para Cristina y su séquito.
La Justicia parece despertar de un largo sueño respecto de la ex Presidenta. No es el caso del juez Claudio Bonadio, que había avanzado con el caso Hotesur hasta que el cristinismo consiguió sacarlo de la causa. Pero ahora la tiene citada a indagatoria a Cristina por el multimillonario negocio del dólar futuro que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero. Este caso pone en la primera línea de involucrados al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su jefe político, el entonces ministro y hoy diputado Axel Kicillof.
En estos días, el juez Ariel Lijo volvió a mover la causa por la financiación de la campaña de Cristina en 2007 y citó como sospechosos a ex funcionarios y empresarios. Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ya condenado por la tragedia de Once. Dicen en Tribunales que el avance de esta causa por enriquecimiento podrá finalmente enviarlo a prisión.
El caso Hotesur, en su capítulo de presunto lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner, pasó del juez Daniel Rafecas a su colega Julián Ercolini. Después de una pericia la causa quedaría lista para avanzar de modo decisivo: las pruebas de lavado serían contundentes.
A Rafecas, el mismo que había rechazado la denuncia de Nisman contra Cristina, le quedó el tramo de Hotesur referido a las contrataciones que Aerolíneas Argentinas hizo en esos hoteles. Esta semana el diario La Nación reveló que la empresa que Cristina le prestó a La Cámpora para que gestione algo, le pagó casi 5 millones de dólares a la empresa de la familia Kirchner desde el año 2008. Eso equivale al alquiler de 15 habitaciones todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos esos años. Algo tendrá que hacer Rafecas. Algo que quizás a Cristina no le guste.
El bochorno insostenible de la causa Nisman es un espejo en el que ningún juez hoy quiere mirarse.
Con el cambio de gobierno, los hechos se han precipitado en la investigación sobre la muerte del fiscal del atentado a la AMIA; la hipótesis del asesinato, ya instalada en sede judicial, no parece descabellada.
Por Rogelio Alaniz.
Antonio Stiuso habló. Su voz está muy lejos de ser la palabra de Dios, pero era una palabra esperada por todos. Stiuso habló casi 17 horas. Sus afirmaciones no son palabra santa y cometeríamos un error si le creyéramos al pie de la letra, pero cometeríamos un error mucho más grande si cerráramos los oídos a esas palabras.
Por lo pronto, después de estas declaraciones, la jueza Fabiana Palmaghini consideró prudente sacarse la causa de encima. Sus motivos no parecen ser muy convincentes, y mucho menos profesionales, pero lo cierto es que ahora será la justicia federal la que tomará las riendas del asunto, una competencia que, de acuerdo con la investidura del fiscal Alberto Nisman, debería haberse establecido desde que fue encontrado muerto en su departamento.
No hacía falta que Stiuso hablara para que supiéramos del chiquero que deliberadamente se hizo en el escenario del crimen o de las reiteradas irregularidades en la investigación. Dicho con otras palabras: Stiuso no dice nada que quienes abonaban la teoría del crimen no hubieran ya expresado, pero en este caso se trata del hombre que en septiembre del año pasado fue acusado por la entonces presidenta de ser un protegido de Estados Unidos.
Pues bien, Stiuso volvió y habló. No lo hizo antes, pero lo hace ahora. ¿Qué cambió de un año a esta fecha? Obvio, cambió el gobierno, una novedad que no debería influir en las decisiones de la Justicia, pero que en la Argentina influye. Primero, la jueza Palmaghini se hace cargo de la causa; después, el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz instala por primera vez en el campo jurídico la palabra «crimen».
Pero ahora los hechos parecen precipitarse: Stiuso declara y dice sin tapujos que Nisman fue asesinado porque lo que investigaba molestaba al gobierno de Cristina Kirchner. Unas horas después, en el Congreso, Mauricio Macri, la máxima autoridad política del país, dice ante la Asamblea Legislativa que Nisman murió en circunstancias inciertas y que sería deseable que comenzaran a aclararse. El Presidente no pronunció la palabra crimen, pero exigir desde su investidura que una muerte como la de Nisman se aclare es algo más que una insinuación.
La hipótesis del crimen fue la que ganó el sentido común de la gente, por la sencilla razón de que esto es lo que suele ocurrir cuando un funcionario de la estatura de Nisman aparece muerto pocas horas antes de lanzar una denuncia que colocaba al poder en el banquillo de los acusados.
Claro, los procedimientos de la Justicia y la propia búsqueda de la verdad no los resuelven las «hinchadas». Sin embargo, cuando ocurren episodios de esta naturaleza, el peso de la opinión pública es insoslayable. Visto desde esta perspectiva, la publicidad no sólo es inevitable, sino que en algún punto es deseable, en tanto permite que el conflicto salga de la oscuridad y el secreto.
¿Nisman se suicidó porque súbitamente lo aterrorizó la presentación ante legisladores, algunos de los cuales habían prometido recibirlo con los botines de punta? No perdamos de vista las perspectivas: no era Nisman precisamente quien tenía algo que perder si efectivizaba sus denuncias.
Resulta poco creíble que un hombre que derrochaba vitalidad, entusiasmo y confianza decida suicidarse de la noche a la mañana. Su ex esposa y su secretaria privada expresan la misma convicción. No, no era previsible el suicidio, pero además, en caso de haberlo consumado por motivos inescrutables, un hombre como Nisman, un funcionario con actividad pública desde hacía años, un padre preocupado por la relación con sus hijas y un fiscal con una autoestima consistente, antes de tomar la decisión fatal, deja un mensaje, una señal, algo que explique o justifique su acto.
Presidentes latinoamericanos como Getulio Vargas, Osvaldo Dorticós y José Manuel Balmaceda se quitaron la vida, pero dieron explicaciones. Lo mismo puede decirse de Leandro Alem, Lisandro de la Torre o Leopoldo Lugones. Todos, en todos los casos, dejaron una o varias cartas para explicar o justificar sus actos. Esto no sucedió con Nisman. No es que todo suicida tenga la obligación de dejar una carta, pero admitamos que la mayoría de los suicidas lo hacen. Nisman no lo hizo y eso no prueba nada, pero sugiere mucho.
¿Es tan descabellada la hipótesis del crimen en un país donde, en los últimos veinte años, funcionarios públicos como Rodolfo Echegoyen, Horacio Estrada y Marcelo Cattáneo, para no mencionar a Lourdes Di Natale, la secretaria de Emir Yoma, fueron «suicidados» en condiciones parecidas a la de Nisman?
Lamentablemente, y más allá de la buena intención de algunos, parece difícil que se logre establecer la verdad. Es probable que la duda siga flotando en el aire como un fantasma o un espantajo. La certeza íntima de que se trata de un crimen, esa convicción que impugna a una zona sombría y siniestra del poder, será, me temo, muy difícil de ser probada jurídicamente. Como los casos de Echegoyen, Cattáneo, Estrada o Di Natale, la muerte de Nisman corre serios riesgos de sumarse a la ya amplia galería de funcionarios públicos de los que no se sabe con certeza jurídica si se suicidaron o fueron «suicidados».
¿Crimen perfecto? No lo sabemos. Pero sí sabemos que no hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Y sospechosos silencios. Silencio por Nisman, silencio por su denuncia, silencio por los responsables del atentado contra la AMIA. Demasiados silencios para atribuirlos a la casualidad.
Para el juez Lijo, «la campaña presidencial de Cristina se financió con fondos ilícitos»
Cuáles fueron las principales frases del magistrado federal que investiga el origen de los fondos que financiaron la campaña del FpV de 2007.
Afiche de campaña de Cristina-Cobos
El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y empresarios por el presunto delito de Lavado de Dinero durante la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007.
El magistrado federal habló del caso por primera vez por Radio Nacional y dejó varias frases para repasar sobre esta causa:
“La investigación es muy complicada y va a recorrer los ministerios».
«No existió ningún registro contable de los aportes de campaña».
«Está claro que el origen del dinero es ilegal»
«Entregaban un aporte por el que recibían una factura y en el banco se cubría el depósito con dinero en efectivo, por caja. Así es imposible establecer los orígenes y las firmas no pueden establecer el origen de los depósitos».
«No existía similitud con los parámetros de dinero que manejaban las empresas aportantes a la campaña de Cristina y Cobos».
«Es probable que el origen de este dinero esté relacionado con la efedrina, pero no lo podemos establecer y va a ser muy difícil probarlo».
“Las personas involucradas tienen vinculación con otras investigaciones en trámite por causas ilícitas».
«Se descartaron muchas hipótesis hasta llegar a la conclusión de que la campaña se financió en parte con fondos ilícitos».
«Hubo dos peritajes de la Corte en esta investigación», fueron algunas de las principales frases que dio hoy Ariel Lijo, juez federal.
Según Stiuso, a Nisman lo mataron por el trabajo que estaba haciendo
El ex espía le apuntó a los funcionarios que negociaron el Memorándum con Irán.
Por
Alberto Nisman, ex fiscal UFI-AMIA. (Foto: Reuters)
Antonio Horacio Stiuso, el ex director general de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia, declaró ayer durante 15 horas en un ambiente hermético y con un fuerte operativo de seguridad.
Sin embargo, con el transcurso de las horas comienzan a surgir algunos datos de su declaración ante la jueza Fabiana Palmaghini, que investiga la muerte de Alberto Nisman.
Según Todo Noticias, en base a fuentes judiciales Stiuso señaló que a al fiscal Nisman lo mataron por el trabajo que estaba haciendo, en referencia a la denuncia por encubrimiento en al atentado a la AMIA contra Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno.
En mayo del año pasado, un fallo de la Cámara de Casación Penal cerró dicha denuncia por considerar que había «inexistencia de delito».
Ahora, la causa por encubrimiento contra la ex presidenta podría reactivarse a partir de los datos aportados por Stiuso ante la jueza Palmaghini.
El ex espía dio varios nombres, remarcó que se investigue a quiénes redactaron el Memorándum con Irán y también a los funcionarios que negociaron con los iraníes sobre este tratado, que provocó una obstaculización del Ejecutivo a la investigación por el atentado a la AMIA
