septiembre 7, 2018
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y las disidencias de los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificó la constitucionalidad de las normas que imponen a los escribanos públicos la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la existencia de “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiación del terrorismo de las que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Desde el 2011 y hasta la fecha se hicieron muchos planteos -sobre todo, de escribanos- para no cumplir con las obligaciones de control que le impone la UIF. Muchos se sostenían con cautelares, como es el caso de los notarios de Entre Ríos, a quienes se les cayó la cautelar en 2015. Ahora el máximo Tribunal le puso punto final a la discusión. Algo parecido pasaba con las concesionarias de autos que tenían una cautelar de un juez de Mendoza hasta 2015. Con esta sentencia de la Corte, los sujetos obligados terminarían aceptando que no les queda otra que asumir las responsabilidades que les impone la ley 25246.
Fuente: elterritorio.com.ar, 06/09/18.
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agosto 24, 2016
El 24 de junio pasado, en la ciudad de Busan, República de Corea, el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó por unanimidad a la Argentina para ocupar la vicepresidencia del organismo y para ejercer su presidencia a partir de julio del año próximo.
La importancia y la trascendencia de este hito son inmensas a la luz de la relevancia de esa organización, pero también por la prioridad que hoy la comunidad de países le asigna al combate contra el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.
El GAFI está integrado por las 35 economías más importantes del mundo, además de la participación de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE en carácter de «observadores». Tiene por misión fijar los estándares para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y evaluar su aplicación en nada menos que 198 países, a los que paralelamente asiste técnicamente.
Ver: www.fatf-gafi.org – Financial Action Task Force (FATF)
Si bien realiza recomendaciones, su incumplimiento acarrea consecuencias económicas tan significativas que las tornan mandatorias. Es que las operaciones financieras y comerciales con aquellas jurisdicciones que presentan serias deficiencias en sus marcos regulatorios son objeto de medidas de «vigilancia reforzada» o «contra medidas» por el resto de los países, lo que dificulta, encarece y hasta restringe sus negocios internacionales. Por eso, el compromiso internacional es casi absoluto; sólo Irán y, en mayor medida, Corea del Norte se encuentran hoy en esta situación.
También debe ponderarse que la lucha contra el lavado de activos se ha instalado definitivamente en la agenda internacional por su probada efectividad y eficacia en el combate contra el crimen organizado.
El crimen organizado funciona con lógica empresarial y, por eso, la obstrucción de sus negocios y el decomiso de su provecho impactan negativamente sobre su ganancia, en la que radica su finalidad última, pero también su capacidad de reinversión en la empresa criminal y su poder logístico y corruptor. Este abordaje ha definido la política de nuestro gobierno y las acciones trazadas en consecuencia.
Asimismo, el rol del GAFI debe medirse en la influencia para lograr transparencia de los mercados internacionales y combatir la corrupción en un mundo que aún lucha contra la pobreza y la exclusión.
Por último, la expansión indiscriminada del flagelo del terrorismo colocó al GAFI en un lugar central frente a la necesidad de rediseñar una estrategia inteligente y global con eje en la obstrucción de su financiamiento operacional y el congelamiento de sus activos.
Enorme entonces es el rol del GAFI, un organismo que en 2010 incluyó a la Argentina en la lista gris de países que «constituyen un riesgo para el sistema financiero internacional» y que ahora le confiere nada menos que su conducción.
Nada es casual. Hoy en nuestro país existe, por parte del Gobierno, un compromiso político absoluto que parte de reconocer estas amenazas como ciertas y graves. Además, la decisión de contribuir al fortalecimiento institucional de los organismos competentes: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción, la representación nacional ante el GAFI, el Gafilat y el Lavex-OEA y la Coordinación Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Tenemos la responsabilidad de retribuir el crédito que la comunidad internacional nos confía, pero esto también supone la oportunidad única de colocarnos en una posición de liderazgo regional que derive en la posibilidad de sostener los intereses estratégicos de la región.
—Secretario de Justicia y vicepresidencia del GAFI.
Fuente: La Nación, 24/08/16.
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marzo 6, 2016
El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.
Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.
El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.
Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como «secreta» llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.
Abierta en Nueva York en 2002, Nisman acumuló en esa cuenta más de US$ 660.000 con aportes de varios depositantes; entre ellos, el financista Sebastián Stefanini, de-saparecido desde 2014, en tanto que el informático Diego Lagormarsino se sumó luego como cotitular.
La entrega de esos y otros datos al juez Canicoba Corral y su posterior filtración se produjo, además, pese a una orden explícita del Departamento de Justicia, que ante una consulta desde Buenos Aires había indicado que no autorizaba la judicialización del informe de FinCen, según confirmaría, varios meses después, en septiembre pasado, la Cancillería argentina.
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Departamento de Justicia «contestó por correo electrónico que no se brindaba la autorización para aportar la información de FinCen» en Tribunales. Mucho menos, a la prensa. Pero ya era tarde. Los datos se habían hecho públicos, al igual que múltiples datos sobre su vida privada.
Canicoba lo incorporó al expediente, por lo que Sara Garfunkel y Sandra Nisman plantearon su nulidad, que rechazaron tanto Canicoba Corral como la Cámara Federal porteña. Ahora, el abogado de los familiares de Nisman, Pablo Lanusse, apelará ante la Casación, el máximo tribunal penal del país.
Ya con Sbattella fuera de la UIF -e investigado por la Justicia por la presunta manipulación política del organismo-, su reemplazante al frente de la unidad antilavado, Mariano Federici, intenta ahora restablecer el intercambio de información. Para eso viajará este lunes a Washington.
Federici buscará así avanzar las conversaciones para, una vez más, reactivar el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). El primer contacto se produjo durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, si todo marcha bien, podría restablecerse en tres meses, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION. De ser así, la Argentina habrá pasado un año sin recibir datos de inteligencia financiera de Estados Unidos para sus investigaciones sobre lavado y crimen organizado.
En la capital estadounidense lo esperarán las autoridades de la FinCen, que encabeza Jennifer Shasky Calvery, quien dejó atrás 15 años en el Departamento de Justicia y pasó al del Tesoro en septiembre de 2012 para tomar las riendas del organismo.
Según el Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, por sus siglas en inglés) que el Departamento de Estado difundió este miércoles, FinCen evalúa ahora sus «próximos pasos» ante la «seria ofensa» cometida por el gobierno argentino.
Las nuevas autoridades de la UIF, por su parte, intentan ahora determinar cómo fue la filtración. Y al final del proceso no descartan radicar una denuncia contra Sbattella -u otros ex funcionarios- por la presunta violación del secreto que impone la legislación.
Cuando faltan días para el arribo a Buenos Aires del presidente Barack Obama, sin embargo, la desconfianza excede a la UIF. Según ese informe del Departamento de Estado, se centra en la capacidad real que muestra el Estado argentino para aplicar las leyes, combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Entre otras causas, por la «corrupción institucionalizada».
Alberto Nisman
Ex fiscal de la Causa AMIA
La FinCen hizo llegar a Buenos Aires información de una cuenta no declarada en el banco Merrill Lynch a nombre del ex fiscal; su madre, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra.
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Junto con Juan Martín Mena (ex número dos de la AFI) llevó los datos confidenciales de la FinCen al juez Rodolfo Canicoba Corral y, casi en simultáneo, los difundió la agencia Télam.
Fuente: La Nación, 06/03/16.
diciembre 12, 2015
José Sbattella presentó ayer su renuncia indeclinable como titular de la unidad antilavado (UIF) y se convirtió así en el tercer funcionario kirchnerista cuyo mandato debía extenderse durante los próximos años que decidió dar un paso al costado.
Tras casi seis años al frente de la Unidad de Información Financiera, Sbattella se sumó así al presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al responsable de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, cuyos puestos ambicionaba el gobierno de Mauricio Macri.
Entre los candidatos que ahora suenan para reemplazar a Sbattella al frente de la UIF aparecen Mariano Federici, un funcionario argentino del Fondo Monetario Internacional (FMI) con experiencia en el GAFI -el principal foro intergubernamental contra el lavado del mundo-, y Alicia López, quien fue la primera titular de esa unidad.
Sbattella comunicó ayer su decisión mediante un texto de nueve carillas en el que agradeció el apoyo de la presidenta Cristina Kirchner y criticó en duros términos al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014.
«Advierto con asombro y preocupación que la fuerza política que asume la conducción de la Nación muestra claramente su decisión de desconocer las leyes que pregonado respetar y que constituyó una de las consignas de su campaña política, desvirtuando en este caso el sentido y la norma», indicó el funcionario saliente, que calificó lo ocurrido como una «situación de gravedad institucional».
Sbattella también explicó que decidió renunciar al cargo tras reunirse con Esteban Conte Grand, un estrecho colaborador del flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, que le comunicó «la voluntad de las máximas autoridades nacionales de la necesidad de disponer del cargo».
Tras las renuncias de Sbattella, Vanoli y Bauer, la Casa Rosada buscará ahora concretar la salida de otros dos funcionarios cuyos mandatos deberían continuar durante la gestión macrista: la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, aunque ambos afirman que desean permanecer en sus cargos (ver aparte).
En el caso de Sbattella, en cambio, los indicios a su alrededor eran ambiguos. Por un lado, había comunicado a sus allegados que presentaría su renuncia si así se lo pedía el nuevo Gobierno. Pero anteayer había asumido como vicepresidente de Gafilat, el brazo del GAFI en América latina, cargo que ahora también deberá abandonar.
En su texto de renuncia, Sbattella aludió a esa designación de la Argentina en la vicepresidencia del Gafilat como uno de los logros de su gestión, y agradeció el «firme apoyo» de la ex Presidenta, «quien asumió el combate contra el lavado de activos como una política de Estado», afirmó.
Por el contrario, criticó al nuevo gobierno por vulnerar su mandato, establecido por ley. «Me refiero concretamente a la independencia de la conducción de la UIF respecto del resto de las agencias del Estado y del propio poder Ejecutivo», indicó Sbattella. «Ésa es precisamente la razón por la que el mandato de las autoridades de la UIF se cruce con el del presidente de la Nación», añadió.
El argumento de Sbattella, sin embargo, se contradice con su propia foja de servicios, ya que fue designado por la Presidenta y a lo largo de su gestión al frente de la UIF acumuló denuncias penales por su supuesta falta de independencia. En particular, por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política -en beneficio de Lázaro Báez y Sergio Schoklender, entre otros-, o de persecución política -entre otros, del Grupo Clarín o Francisco de Narváez.
Protección a Lázaro Báez: La UIF comandada por Sbatella evitó denunciar a Epsur y Austral, empresas de Lázaro Báez sobre las que recibió Reportes de Operaciones Sospechosas.
Apuntado por Macri: Sbatella es uno de los funcionarios que el nuevo gobierno quería remover, como Alejandro Vanoli, Martín Sabbatella y Alejandra Gils Carbó.
Fuente: La Nación, 12/12/15.
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febrero 26, 2015
Editorial del diario La Nación, 26/02/15.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Fuente: La Nación, 26/02/15.
Más información:
Argentina no investiga el Lavado de Dinero
Sbatella
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febrero 13, 2015
Juan Félix Marteau
La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha comenzado a poner en evidencia que buena parte de la información reunida por los dispositivos de inteligencia del Estado no se destina a proteger a la Nación y sus ciudadanos, sino a alimentar los intereses facciosos del grupo gobernante.
Quienes intervenimos en el campo de la inteligencia financiera -sin dudas, el mecanismo actual más efectivo para obtener datos sensibles sobre un blanco determinado-, hemos tenido la posibilidad de comprobar que la degradación de este tipo procedimientos estratégicos obedece a una lógica política de varios años.
A comienzos de 2010, se produjo el desplazamiento intempestivo de los funcionarios de la UIF, incluidos muchos colegas honestos, capaces y competentes con los que tuve la posibilidad de trabajar durante la gestión de Néstor Kirchner. El motivo era que la actual Presidente necesitaba “soldados obedientes” para golpear al Grupo Clarín de la manera que fuese posible. Con el armado de una serie de falsas acusaciones sobre lavado de activos funcional al “relato”, se pretendía corroer la larga reputación de esta empresa y, en el asalto final, lograr la imposición de multas millonarias y condenas graves para sus directivos.
El semanario Veintitrés, del Grupo Spolsky, que recibe desde hace diez años una millonaria pauta publicitaria del gobierno, publicaba, el día 19 de agosto de aquel año, una larga nota sobre supuestas maniobras criminales de la compañía de multimedios. Este aparato de propaganda realizaba un montaje con información financiera confidencial que sólo se podía obtener de las agencias estatales que pergeñaban una artificiosa investigación. Luego se pudo comprobar que ese mismo día se producía el “pase administrativo” a la UIF de un expediente que por mandato legal debía ser estrictamente reservado. La operación era burda, pero efectiva en un país donde la impunidad es un cáncer avanzado. Este es un ejemplo concreto en los que la violación de los secretos de inteligencia se mezcla con el abuso de autoridad, la tentativa de cooptación de jueces y fiscales y la utilización ominosa de medios de prensa.
En aquel momento, muchos pensaron que este era un problema estrictamente de Clarín sin advertir que el éxito de este tipo de maniobras volvía posible cualquier operación contra el enemigo de turno, en nombre del Mov. Nacional y Popular.
En un momento crítico del país, en el que resulta prioritario el reordenamiento de las funciones esenciales del Estado de acuerdo a la Constitución y para beneficio de la ciudadanía, genera una expectativa alentadora la circunstancia de que la Justicia Federal haya avanzado en el esclarecimiento de este tipo de prácticas ilícitas.
– Juan Félix Marteau es abogado. Profesor de Criminología (UBA).
Fuente: Clarín, 13/02/15.
Más información:
El Lavado de Dinero en la Argentina K
El lavado del dinero y la corrupción política
El Lavado de Dinero en Argentina
El vaciamiento del castigo al terrorismo
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marzo 7, 2014
Recientemente, la UIF emitió la Resolución 3/2014, a través de la cual introduce modificaciones al régimen vigente en materia de prevención de lavado.
1) El plazo de Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS)
En primer lugar, en su artículo 1°, la UIF modifica los plazos definidos para realizar el reporte de operación sospechosa, estableciendo que “… sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA todo hecho u operación sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales”.
Asimismo, y en un reciente comunicado, la UIF aclara que “A partir de ahora, los sujetos obligados tendrán, a partir de la calificación de una operación como sospechosa, un plazo de 30 días corridos para emitir el ROS, teniendo como plazo máximo establecido para la realización del reporte 150 días”.
Esto implica que a partir del momento en el cual el Oficial de Cumplimiento, defina una operación como “sospechosa”, cuenta con un plazo perentorio de 30 días para remitir el reporte, considerando siempre el plazo máximo de 150 días.
Por ejemplo, si una operación es calificada por el Oficial luego de transcurridos 30 días desde su realización, el día 60 se cumple el plazo perentorio para su reporte a la UIF.
Podemos colegir entonces, que a partir de esta Resolución, la UIF impone una doble restricción. Una de carácter general, el ROS debe ser reportado siempre dentro de los 150 días de realizada la operación, pero como máximo a los 30 días de haber sido calificada como sospechosa.
2) Operaciones con otros sujetos obligados
Mediante la Resolución de marras, la UIF establece que “Al operar con otros Sujetos Obligados -de conformidad con las resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA para cada uno de ellos, mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley N°25.246 y sus modificatorias-, deberán solicitarles una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas”.
Esta obligación sólo es aplicable a los siguientes Sujetos Obligados: Bancos y Casas de Cambio, Cooperativas y Mutuales, Agentes y Sociedades de Bolsa, Transportadoras de caudales, Fideicomisos, Registros de Embarcaciones, de Aeronaves, Automotor y de Propiedad Inmueble, Compra-venta de Automóviles, Yates y Aviones, Inmobiliarias y Escribanos.
No se encuentra incluidos en el alcance de esta exigencia, entre otros, el Sector Asegurador. Atento a no hallar ninguna explicación lógica a esta circunstancia, entendemos que puede tratarse de una omisión involuntaria por parte de la autoridad de contralor. No obstante esto, y de acuerdo a la Resolución de marras, el alcance de las exigencias se restringe a los mencionados Sujetos Obligados.
La entrada en vigencia es el 1º de febrero del corriente año. Es importante considerar esta fecha, atento a la obligación de mantener actualizados los legajos de los Clientes.
3) Nuevo régimen informativo
Por último y consecuentemente con lo indicado en el punto anterior, la UIF impone un nuevo régimen informativo, cuyo alcance se limita a aquellos Sujetos Obligados mencionados en el punto 2 del presente informe, es decir a aquellos que deban requerir la información de Registro y DDJJ.
Este nuevo régimen denominado “Reporte de Registración y Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados”, establece la obligación de informar a la UIF, aquellos sujetos que no den cumplimiento a las solicitudes exigidas es decir Registro y DD.JJ.
Este régimen entra en vigencia a partir del mes de marzo, siendo el primer vencimiento el día 15 de abril de 2014.
Fuente: El Seguro en acción, 06/03/14.
Sbatella
Válido para Argentina.
octubre 30, 2012
La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.
La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor contrasta con el énfasis que les dio su presidente, José Sbattella, a las investigaciones contra «enemigos» del Gobierno, entre otros, el Grupo Clarín; el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y Sergio Schoklender . Esta información fue confirmada a LA NACION por tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo.
La desatención de esos 7400 reportes se debe a los problemas verificados en el sistema, conocido en la jerga como «matriz de riesgo». Se activó a mediados del año pasado, después de un largo proceso de desarrollo que mantuvo casi paralizado a un sector de la UIF durante seis meses.
La primera falla de la matriz es que, cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el SAIR. La segunda es que esos 7400 reportes sin analizar tampoco fueron cruzados con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz.
Según dejó asentado por escrito en un reporte que elevó a Sbatella la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt, dijo que tal como estaba planteada la matriz, «quedan sin ningún tipo de tratamiento los ROS pendientes de análisis del SAIR (7400 de los 11.400 que integran esa base)». LA NACION procuró consultar al titular de la UIF, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
Helbardt explicó además que, al no poder cruzarse esos 7400 reportes con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz, «las alertas que se generen (o no se generen) no cuentan con los antecedentes de los últimos ocho años de la Unidad».
El primer efecto nocivo de esas dos falencias -ni análisis ni entrecruzamiento- resultaba evidente, según la funcionaria. «Aquí se produce un riesgo importante, ya que puede descartarse un [nuevo] ROS que tenga antecedentes o vinculaciones con otros ya existentes» y soslayados.
Helbardt también alertó sobre las responsabilidades en juego, que excedían a su dirección de análisis y llegaban hasta la presidencia de la UIF. Consignó que con la matriz «debería preverse que esos ROS [por los 7400 pendientes] queden sin análisis hasta tanto se implemente una matriz complementaria», de la que además aclaró que sólo se habló en «reuniones informales» y sin mayores precisiones, como las que requeriría el tema.
Desde entonces, la mayoría de esos 7400 reportes continúa sin analizarse, según las fuentes que consultó LA NACION. Sólo se analizó un pequeño porcentaje, por las personas, empresas o montos de las operatorias sospechadas, o porque surgió algún tema «caliente» que justificó buscar entre los reportes sin analizar.
Con 280 parámetros o «a dedo»
Desarrollada durante meses por funcionarios y técnicos bajo la batuta del número dos del organismo, Gabriel Cuomo, la fórmula de la «matriz de riesgo» llegó a abarcar 280 parámetros de búsqueda y análisis. Algunos resultaban valiosos o incluso imprescindibles, pero otros carecían de asidero práctico.
«La fórmula incluía, por ejemplo, que se cruzaran datos con la AFIP, los registros Automotor y de la Propiedad de la Capital Federal o Migraciones, pero ni siquiera se sabía cómo se cruzarían esos datos», precisó un informante.
Aportó un caso concreto: «Si la idea era cruzar datos con el registro inmueble de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa si el reporte es sobre alguien que vive en Orán? Porque del registro de Salta no había nada en la matriz».
Ese primer bosquejo de la «matriz», sin embargo, sufrió luego una reformulación, con problemas casi opuestos. Fue cuando se marchó Helbardt y arribó un colaborador de Sbatella, Pablo Chena, como nuevo director de Análisis de la UIF, área a la que sumó a su hermana y a su cuñado.
De hecho, LA NACION publicó en septiembre pasado que Sbatella desplazó en la UIF a varios técnicos especializados en investigaciones antilavado y a muchos de ellos los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna en la materia.
«La matriz pasó de ser una ecuación compleja y larguísima a quedar reducida a sólo 10 parámetros que en la práctica no servían para detectar los reportes relevantes», detalló uno de los informantes, que indicó que dados los «problemas» registrados se inició una segunda «reformulación».
La relevancia de contar con una «matriz de riesgo» eficiente surge de los registros estadísticos del propio sistema antilavado. A medida que pasó de 350 a 22.500 sujetos obligados a informarle a la UIF las operaciones sospechosas, los reportes treparon de 351 en 2003 a 13.387en 2011, último año con datos oficiales conocidos.
El problema es que las falencias de la matriz y su posterior simplificación llevaron a Chena y sus colaboradores al otro extremo, según dos fuentes consultadas por LA NACION por separado. Ambas afirmaron que ahora se seleccionan «a dedo» los reportes que se investigan. O que se busca información en las bases sin que medie un reporte previo.
La última fase de la puesta en marcha de la «matriz de riesgo» registró, incluso, situaciones peculiares. Entre otras, que Chena terminó por apropiarse de la iniciativa en la que habían trabajado Cuomo y una larga lista de expertos. Y que en los fundamentos se sostuvo que matrices similares ya se aplican en Australia. «Lo cual -aclaró un informante- era pura cháchara. Pero pasó igual.»
Fuente: La Nación, 29/10/12.
José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
septiembre 10, 2012
La UIF, entre el escándalo, el nepotismo y la vergüenza
José Sbattella parece decidido a continuar dinamitando la ya de por sí escasa capacidad operativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) que él preside desde marzo de 2010. Se trata del organismo oficial encargado de luchar contra el lavado de dinero y lo que ha hecho Sbattella desde que, sin ninguna experiencia ni capacitación en la materia, asumió tan importante cargo, consistió en desarticular los planteles profesionales de la unidad para reducirla a una mera máquina politizada que se ocupa de perseguir a los críticos del Gobierno y de proteger a los sospechosos de lavado cercanos al kirchnerismo.
Obviamente, esta desnaturalización de la función de la UIF sólo puede beneficiar el blanqueo de activos financieros mal habidos, que generalmente provienen de la corrupción, el narcotráfico, la trata de blancas y el contrabando, azotes que, sintomáticamente, no han cesado de crecer con llamativa vitalidad durante la gestión del Gobierno.
Sbattella ha protagonizado una serie de escándalos desde su desembarco en la UIF. El último, tal como reveló una investigación de LA NACION, ha sido el reemplazo de técnicos especializados en desentrañar el lavado de dinero por alrededor de 20 familiares suyos, de su esposa y de sus colaboradores y militantes del kirchnerismo que carecen de toda experiencia. Al comienzo, uno de esos militantes no pudo conservar su flamante puesto luego de aparecer filmado por la televisión mientras participaba en los disturbios protagonizados por los barrabravas de River en junio del año pasado, cuando ese club quedó a un paso del descenso. Pero al pasar al olvido el escándalo, fue reincorporado.
De todos modos, hoy sólo trabajan en la UIF menos de media docena de analistas profesionales con probada experiencia en investigaciones de blanqueo de dinero, una actividad cada vez más compleja. Mientras tanto, el total de empleados de la unidad es de 250. Al frente de la estratégica Dirección de Análisis se encuentra un ex colaborador de Sbattella en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. La hermana del director de Análisis es la segunda autoridad de esta dirección, y un cuñado suyo es el tercer jefe, encargado a su vez de las causas políticas de mayor sensibilidad para el Gobierno.
Hay que recordar que la UIF ha protegido, entre otros, al vicepresidente, Amado Boudou; al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sus obras de viviendas sociales financiadas con fondos públicos.
El desmantelamiento de los ya de por sí exiguos planteles profesionales de la UIF llegó al extremo de que tres analistas carecen de títulos profesionales. El antecedente laboral de otra analista, actualmente a cargo de algunos de los legajos con connotaciones políticas, es haberse desempeñado en una panadería. Una colega suya es ingeniera en pesca, por lo cual fue necesario que se le otorgara una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de ese nivel y responsabilidad.
A cargo de otra área estratégica, la de Coordinación Nacional, que se ocupa de coordinar la colaboración con otros organismos estatales, Sbattella designó a una ex secretaria privada suya, mientras que su esposo dirige el área que se ocupa de los sectores y profesionales que deben reportar las operaciones financieras sospechosas. Sbattella también nombró a una sobrina de su esposa como secretaria y al marido de otra sobrina como director de Seguridad y Sistemas Informáticos. Luego de publicada la investigación de LA NACION, Sbattella reconoció que «no somos especialistas en temas de lavado».
Este panorama escandaloso no hace más que confirmar lo que más de una vez hemos planteado en esta columna: la finalidad real de la UIF no es combatir el lavado de dinero, sino proteger a funcionarios y sus allegados presuntamente involucrados en ese delito, y también perseguir a quienes no comulgan con el oficialismo. Un año atrás, la Justicia imputó a las autoridades de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento agravado y violación de secretos, debido a que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal que solicitó el organismo, sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF. Eran los casos abiertos contra altos ejecutivos del Grupo Clarín. En cambio, la unidad tuvo un papel equiparable al de encubridor en el caso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo al haber cajoneado una denuncia antes de estallar el escándalo. Otro ejemplo de persecución política a cargo de la UIF fue el pedido de información que realizó a su par estadounidense, el FinCen, para emplearlo en contra del dirigente opositor Francisco de Narváez. Debido a esta sucia maniobra, el FinCen cesó su colaboración con la UIF.
El narcotráfico, el contrabando y los hechos de corrupción son algunos de los principales delitos que producen enormes volúmenes de dinero que los delincuentes y sus cómplices necesitan reingresar en el circuito legal para ocultar su origen. En eso consiste el lavado. El estado actual de la UIF, que oscila entre un organismo en ruinas y una fuente de permanente escándalo y vergüenza, no sólo es responsabilidad de Sbattella sino de los máximos estamentos de un Gobierno que, de esta manera, confirma que no lucha contra el blanqueo de activos financieros. La realidad que vive hoy la UIF, tan increíble que puede resultar patética, es, sin embargo, una invitación al lavado de dinero y, por lo tanto, a una aún mayor expansión de los negocios de la droga y la corrupción, de efectos tan devastadores en cualquier sociedad. Por eso, y porque está de por medio la salud de la República, es que Sbattella debería renunciar o ser removido para que alguien idóneo ocupe tan importante puesto.
Fuente: La Nación, 09/09/12. Editorial.
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Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2012/09/01/argentina-nepotismo-en-la-uif/
septiembre 1, 2012
Echan a expertos antilavado y asumen militantes y familiares
Por Hugo Alconada Mon
De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según reconstruyó La Nacion sobre la base de testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.
La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.
«Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF», lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar con LA NACION bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez , entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: «Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados».
Hoy, con más de 250 personas que trabajan en la UIF, menos de media docena son analistas profesionales, con experiencia en investigaciones sobre lavado. El resto aprende sobre la marcha -por «ósmosis», como lo definió uno de los informantes- o con cursos que reciben cuando ya están dentro de la unidad. Más aún, esa capacitación sólo se imparte para «los nuestros».
Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.
Sbattella designó a la sobrina de su mujer como secretaria, al marido de otra sobrina como director del área de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, a una tercera sobrina como encargada de la página web de la UIF y hasta a un sobrino en la Secretaría General Ejecutiva. (LA NACION se reserva sus nombres por las características de seguridad inherentes a la unidad antilavado.)
Sbattella también trajo a varios de sus ex colaboradores en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. Entre otros, a dos vocales (uno de los cuales ya renunció), a un analista y al encargado de Presupuesto y Pagos de la UIF, cargo que ocupa gracias a que obtuvo una designación excepcional por carecer de título profesional habilitante. Todos ellos, además, carecen de experiencia real en temas antilavado, según verificó LA NACION.
La misma práctica se repite en el área más sensible de la UIF, la Dirección de Análisis. Su director es Pablo Chena -que también viene del IEFE-; la segunda a cargo es su hermana, y el tercero en la línea jerárquica es su cuñado, que además se encarga de llevar adelante algunas de las «causas políticas» más sensibles.
A ellos se suman cuatro casos notables. Son analistas de la categoría «C» en el escalafón de la administración pública nacional. Tres carecen de títulos profesionales. Una trabajaba en una panadería y junto con otro de los cuatro también maneja «legajos con tinte político», como los caracterizó otro informante. Y la cuarta, amiga a su vez de Sbattella, es ingeniera, pero en pesca, por lo que también recibió una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de esa categoría.
De secretaria a coordinadora
Los vínculos con la esposa de Sbattella, vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires, también pesan dentro de la UIF. De allí llegaron la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, quien sólo va por las tardes y aún concurre también al tribunal, más una vocal del Consejo Asesor de la Unidad, y un empleado de la Secretaría General Ejecutiva por el que se pidió que lo categorizaran con la letra «A», la más alta del escalafón y aun cuando hay un solo profesional, en Análisis, con ese nivel. Al final lo encuadraron en el nivel «B», cuando otros demoraron ocho o más años para conseguir esa categoría.
Una discrecionalidad semejante quedó expuesta al designar a cargo de las tareas de Coordinación Nacional -es decir, la interacción estratégica con todas las áreas del Estado abocadas a la lucha contra el lavado- a una ex secretaria privada de Sbattella, en tanto que al frente del área de Supervisión de Obligados -qué sectores y profesionales deben reportar operaciones sospechosas- se ubicó a un empleado de la AFIP que es el marido de esa ex secretaria.
Sin embargo, el caso paradigmático acaso sea el de Carlos Federico Millet, señalado dentro de la UIF como uno de los que ingresaron con un bombo a las instalaciones junto a su entonces jefe directo, el secretario general ejecutivo, Federico de Negri, para convocar a sus colegas de toda la unidad a participar en un acto político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su entonces aliado, Hugo Moyano.
Fanático de River Plate, Millet debió renunciar a su designación -también era excepcional por incumplir los requisitos legales- el 23 de junio de 2011. Es decir, lo echaron el día después de que un grupo de violentos ingresara a la cancha durante el partido que su equipo perdió contra Belgrano, en Córdoba, y quedó a un paso del descenso, que se concretó días después.
Millet apareció en unas imágenes de los desmanes, por lo que las autoridades lo desplazaron, temerosas de que se detectara que trabajaba en la UIF, un organismo que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, aunque Sbattella suele decir que tiene diálogo directo -por momentos incluso diario- con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de Millet, sin embargo, la UIF volvió sobre sus pasos a medida que el potencial escándalo quedaba atrás. Por ese motivo recontrataron al militante del Ateneo Conciencia Nacional, que fundó Sbattella a principios de los 90. Hoy trabaja en el área de presupuesto.
LA NACION intentó consultar a Sbattella por estas designaciones, y a Millet desde el jueves, pero no respondieron las llamadas y mensajes.
Ya investigado por el juez federal Daniel Rafecas por el uso político de la UIF, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, uno de los colaboradores de Sbattella ironizó en público sobre las consecuencias de su actuación. Según dos testigos, bromeó: «Si seguimos así, vamos presos».
Los cambios más resonantes en la UIF
Sbattella reemplazó a técnicos por gente propia.
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet (foto); cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Del editor: por qué importa.
La UIF desnuda la cara oscura de la militancia: convertir la impericia en ley. Un gobierno que vigila al turista que compra un puñado de dólares vacía de expertos la unidad que investiga los grandes delitos económicos.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
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Sbattella admitió que familiares suyos trabajan en la UIF
Sbattella, el jueves, al llegar a las oficinas de la UIF. Foto: LA NACION / Enrique García MedinaLuego de que LA NACIÓN revelara que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia, él mismo contestó. Dijo que quienes trabajan en el organismo son idóneos y que el hecho de que sean familiares «no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo».
Sbattella admitió que su secretaria es familiar de su mujer. «Lo que es real, yo tengo en todos los organismos que he pasado, una secretaria que me ha acompañado siempre. Esa es una de las secretarias. El resto son personas de origen profesional, con capacidad técnica para estar en esos lugares. Y tienen las mismas características que cualquier personal», sostuvo.
«Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de mi actual esposa; soy divorciado. Lo lógico es un familiar, una persona de confianza. Las otras personas son por idoneidad profesional en los temas que le ha tocado trabajar y no tiene que ver su relación familiar con los lugares en que están», explicó, en diálogo con radio Mitre.
El titular de la UIF, que es la unidad que debe investigar los grandes delitos económicos, dijo que «las otras personas» [mencionadas en la nota de LA NACIÓN] tienen «idoneidad profesional» y que son «profesionales con capacidad técnica para estar en esos lugares».
«No tienen relación familiar, puede ser relaciones familiares de índole política, pero eso no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo. No entran colgados, de no saber nada; hay especialistas en el tema (SIC)», agregó.
«La mayoría de los que nombra [el artículo] como personas nombradas como favores son personas que tienen una historia y un currículum que amerita el lugar adonde están; esto está fuera de discusión», insistió.
Qué pasó
LA NACIÓN reveló hoy que Sbattella desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y que los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia. Hoy, más de 250 personas trabajan en la UIF y menos de media docena son analistas profesionales con experiencia en investigaciones sobre lavado.
Los cambios más resonantes en la UIF
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet; cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
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