La cuestión central hoy no es el ritmo de la innovación, sino la economía política del progreso tecnológico. El fenómeno Trump.
La regla en el capitalismo avanzado en los últimos 15 años ha sido que el capital sustituye al trabajo como forma de incrementar la productividad, y en el camino se ha apoderado del doble de las ganancias que la fuerza laboral. La compensación de la fuerza de trabajo –fondo salarial– creció 1% anual en EE.UU. desde 1980, mientras que la productividad aumentó 2% anual en ese período.
En el contexto mundial, esta regla ha sido acompañada por un hecho demográfico desatado por un acontecimiento geopolítico. Al unificarse el sistema por el colapso de la Unión Soviética (1991), la fuerza de trabajo mundial se duplicó en 3 años (pasó de 1.500 millones de trabajadores a 3.500 millones); y el porcentaje del capital en la relación capital-trabajo se multiplicó por 2, en tanto cayó a la mitad el del segundo, con ganancias capitalistas que aumentaron 75% entre 1991 y 1995.
La virtual hegemonía del capital sobre el trabajo ha adquirido un carácter paroxístico en EE. UU. en los últimos 6 años. Esto coincidió con el retraso del capital humano en relación con las exigencias de la revolución tecnológica (4 millones de empleos ofrecidos no son ocupados por carecer de personal con calificaciones suficientes).
La productividad en el capitalismo no proviene del capital sino del trabajo. Mientras tanto, la relevancia del capital es cada vez menor, porque los bienes de capital pueden ahora ser codificados y reproducidos instantáneamente y en forma global a través de la digitalización.
El capital físico tiende a desaparecer, y su lugar lo ocupa el capital intelectual; y lo mismo sucede con la fuerza de trabajo, que se desmaterializa y se convierte en “inteligencia colectiva”.
El capitalismo como sistema deja de ser capitalista. La consecuencia es que las ganancias de productividad por trabajador ocupado (plusvalía relativa) son cada vez mayores. Las de Google son 12 veces superiores a las de General Motors.
Por eso la cuestión fundamental hoy no es el ritmo de la innovación tecnológica, que se exacerbó, sino la economía política del progreso tecnológico, el tema de la gobernabilidad de la revolución digital (fenómeno Trump en EE.UU.).
El costo de la computación cayó 64% anual desde la década del 80, y su derrumbe se aceleró en los últimos 15 años: 75%/80% anual. McKinsey estima que los robots instalados globalmente aumentarán en 10 millones en los próximos 10 años (pasan de 15 a 25 millones), con un alza de 30% anual; y 75% de ese auge ocurrirá en China.
Los robots suplantarían a 3,8 millones de trabajadores chinos en la próxima década; y las provincias del Sur (Guandong en primer lugar) invertirán US$8.000 millones por año en equipos robóticos entre 2015 y 2017.
El costo de la fuerza de trabajo industrial en el mundo es hoy de US$6 billones por año; y la robotización en marcha implica un recorte de US$1,2 billones anuales entre 2015 y 2025.
Lo que importa no es la densidad de la robotización (número de equipos x 10.000 trabajadores), sino la celeridad de su incorporación, porque el alza de la productividad depende de la segunda, no de la primera. China tiene 36 robots por cada 10.000 trabajadores, y Corea del Sur 478; mientras que Alemania dispone de 292 y Japón de 314, pero la República Popular incorpora por año dos veces más equipos automatizados que todos ellos sumados.
Hay que prever una serie sucesiva de revoluciones políticas y sociales en el mundo avanzado en los próximos 10 años, ante la aceleración del mayor factor disruptivo de la época, que es la revolución tecnológica.
Procesaron a la mujer que amenazó a Macri y a su hija Antonia a través de Twitter
Contundente fallo. El juez Lijo también la embargó por 150 mil pesos. La mujer calificó el hecho como un «exabrupto» producto de la «enojo» que le generó quedarse sin trabajo en Desarrollo Social.
Mauricio Macri con su esposa Juliana Awada y la pequeña Antonia.
El juez federal Ariel Lijo dispuso hoy el procesamiento de la mujer que amenazó al presidente Mauricio Macri y a su familia, en especial a su pequeña hija, Antonia, y le trabó un embargo de 150 mil pesos para cubrir los gastos extras en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz del posible atentado.
El magistrado consideró que la imputada había amenazado al Presidente de la Nación y a su familia mediante la publicación con un perfil anónimo, de diversos mensajes en Twitter que contenían amenazas. La cuenta anónima utilizaba una foto de Antonia Macri con una tachadura en el cuello que era acompañada por la frase “maten a la chiquita” como nombre de perfil y una descripción biográfica que decía: “También es aceptable q la vendan a Taiwán, ellos sabrán que hacer”.
A través del usuario @lamarikaos, Maribel Anahí Durand -la mujer hoy procesada- escribió mensajes amenazantes como: » “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero q @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a antonia” y “Si algo hizo mal el kirchnerismo, es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha, en sus 12 años de gestión”. En otro de esos textos le respondía a un usuario: “@danielalomba nono… Pero nosotros tenemos q ir más allá… Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no termina más”.
Durand fue citada a declarar y calificó al hecho como un exabrupto, producto de la bronca que le generó haberse quedado sin trabajo tras la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia. Según el fallo de Lijo, así se defendió la mujer ante la imputación de amenazas: “En un exabrupto porque me quedé sin trabajo dije eso que escribí ahí pero sin intenciones de asesinar a alguien, me parece una locura eso. Fue un exabrupto por el enojo que me generó quedarme sin trabajo”, sostuvo.
“En el mes de diciembre me quedé sin contrato y no me lo renovaron, pero seguí trabajando hasta los primeros días de marzo porque de palabra supuestamente iba a seguir trabajando. Al final no continuó el contrato y no me pagaron ninguno de esos meses. Los meses de noviembre y diciembre me los pagaron en febrero recién. Y fue toda esa sumatoria de cosas lo que me hizo estallar en poner esa estupidez que puse”, agregó.
Los operativos policiales por la amenaza costaron 48.500 pesos
En su escrito, Lijo señaló que “no existe controversia alguna respecto de la existencia de la conducta reprochada de ilicitud” y aseguró que “la conducta atribuida a Durand encuadra en la figura de amenazas anónimascontemplada por el artículo 149 bis, primer párrafo del Código Penal de la Nación, en cuanto reprime “…con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas…” y en la figura de incitación a la discriminación o el odio contemplada por el artículo 3, último párrafo de la ley 23.592 en cuanto reprime con prisión de un mes a tres años a “…quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.”.
“No caben dudas de que la imputada tenía pleno conocimiento de que su conducta constituía una amenaza y que deseaba hacerlo. Precisamente, aquellas publicaciones fueron dirigidas principalmente al Presidente de la Nación ya que lo consideraba el responsable de su desempleo. En su análisis, el cambio en la fuerza política responsable de la conducción del país, que coincidió temporalmente con la finalización de su contrato, fue el desencadenante de que no le fuera renovado el contrato que mantenía con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, detalla el fallo.
Lijo sostuvo que no se trató de un mero exabrupto debido al grado de planificación que tuvo que tener Durand al crear la cuenta anónima. “No se trató de ninguna salida de tono improvisada. Todo lo contrario. Las publicaciones intimidatorias de la nombrada no sólo se produjeron durante –al menos- un lapso de 48 horas (entre los días 3 y 4 de marzo del año en curso), sino que además requirieron de una preparación especial”, sentenció.
El magistrado entendió que la selección y edición de una foto de Antonia para el perfil apócrifo “denota una preparación que constituye una amenaza en sí y que dista ampliamente de un simple exabrupto que, en cualquier caso, se hubiera visto agotado con una simple publicación”.
En el extenso fallo de 44 páginas, Lijo habla también del delito de incitación al odio y discriminación. Dice: “Como consecuencia de la amplia difusión que tuvo la conducta de Durand, no sólo se produjo la incitación al odio contra el presidente, su familia y sus partidarios en razón de la orientación política que promulgan, sino que también fue generadora de incitación a la violencia en sentido contrario; es decir, contra la nombrada y el grupo al que otros miembros de la sociedad le atribuyeron pertenencia por su –presunta- ideología política”.
“Generó un estado de conmoción en el que partidarios y detractores de sus pensamientos se dispusieron mutuamente a incitar la violencia contra el grupo opuesto, habiendo obrado sus publicaciones como disparador de aquella situación en razón del contexto político y social del país, lo que efectivamente configura el tipo penal analizado”, replicó.
La mujer que amenazó a Macri y su familia también fue embargada por 150 mil pesos. “Las publicaciones intimidatorias anónimas investigadas no solo consistieron en la amenaza en sí, sino que, además, pusieron en marcha un operativo enorme por parte del Estado, con todos los costos que ello significa”. Esos operativos, según la información provista por la Policía Federal fueron de $48.500.
Pero Lijo incluyó, además, los gastos del proceso que terminó con el procesamiento de Durand. “Sumado a ello, se deben incluir en ese monto los gastos casuídicos tradicionales del proceso penal, por lo que habré de trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000)”, falló.
Los gobiernos se ensañan con las clases medias porque no pueden huir
Las rentas más bajas y más altas ahora pagan una porción menor.
Las clases medias ahora soportan unos «impuestos más agresivos».
La desigualdad de ingresos se debe la respuesta fiscal de los gobiernos.
Hace escasos días, Larry Fink, presidente de BlackRock, reconocía que «la clase media ha sido totalmente aplastada». The Taxing Deed of Globalizationes un nuevo trabajo que muestra con datos cómo los gobiernos de los países de la OCDE han disparado su ‘rifle de los impuestos’ contra las clases medias en las últimas décadas. Un factor que, sin duda, ha contribuido a erosionar los ingresos de esta amplia parte de la población y está contribuyendo a fomentar la desigualdad en distribución de la renta.
Parece que los gobiernos han decidido tomar el camino más sencillo y ensañarse con los ciudadanos que no tienen escapatoria. Tal y como señala el documento realizado por Peter H. Egger, profesor de Economía Aplicada en el ETH Zúrich y los investigadores Sergey Nigai y Nora Strecker de la misma universidad, «entre 1994 y 2007 el impuesto sobre la renta subió alrededor de 1,5 puntos para las rentas medias, mientras que el del 1% de trabajadores de mayor renta se redujo 1,5 puntos porcentuales».
La globalización está permitiendo que parte del factor capital y del factor trabajo se desplacen con mayor facilidad alrededor del globo terráqueo: «Hemos visto que debido a la creciente movilidad de las empresas y de los trabajadores con mayores ingresos, la globalización ha llevado a los países de la OCDE a buscar ingresos fiscales en fuentes alternativas, especialmente en los trabajadores de la clase media, cuya movilidad es inferior».
Competencia por atraer talento
Los trabajadores con salarios más altos y de elevada cualificación tienen mayor facilidad para cambiar su residencia hacia países con una menor presión fiscal sobre las rentas más elevadas.Algo similar ocurre con las empresas, que suelen buscar establecer su sede en países con un Impuesto de Sociedades más beneficioso. Esta situación obliga a los países a ‘cuidar’ y a competir por este tipo de agentes económicos en detrimento del resto, puesto que los gobiernos han seguido buscando mantener su nivel de ingresos fiscales.
El documento de estos economistas sentencia que «la globalización ha incrementado la porción de ingresos fiscales derivados de los trabajadores (en lugar de las empresas). Segundo, la carga fiscal que soportan las clases medias se ha incrementado respecto a los trabajadores con elevados ingresos y los de bajos ingresos, particularmente en la zona industrializada del mundo».
Por último, este cambio de la carga fiscal entre escalones de ingresos «se ha introducido, en otras formas, modificando las leyes de fiscalidad de los países, lo cual ha supuesto una fiscalidad más agresiva para la clase media respecto a los estratos extremos de la cadena de distribución de la renta», señala el documento de la Universidad Politécnica de Zúrich.
Tras estos cambios en los países desarrollados, «hemos averiguado que la clase media, respecto a los extremos (clase alta y baja), se ha enfrentado a un incremento del impuesto sobre la renta de 1,5 puntos porcentuales debido a la expansión de la globalización entre 1994 y 2007».
La movilidad de los factores
Según los datos recopilados por el estudio, las empresas (factor capital) y los trabajadores con mayor movilidad responden con mayor sensibilidad a los bajos impuestos, mientras que los trabajadores con menor capacidad de movilidad responden con menor sensibilidad. Es decir, las clases medias no tienen otra alternativa que soportar unos impuestos más elevados, mientras que las trabajadores con mayores ingresos y las empresas suelen tener ventajas para abandonar su residencia fiscal.
En las conclusiones del documento se explica que «la competencia para atraer y retener a los trabajadores más cualificados podría tener un impacto considerable en los tipos impositivos efectivos, lo que debe ser tomado en consideración por los residentes con menor movilidad que probablemente serán los que soporten la carga de esa competencia fiscal».
Por otro lado, «encontramos cierta relación entre la globalización y la creciente desigualdad de ingresos, que está relacionada directamente con la respuesta política de los gobiernos más que con las fuerzas del mercado».
El 2016 parece definido en cuanto a indicadores económicos. A una retracción de la actividad en un rango de 1 a 3 por ciento este año, leve incremento de la pobreza y el desempleo, e inflación sobre el 30% anual, le corresponden una pronta normalización del mercado cambiario, sólidas liquidaciones del agro tras el recorte de retenciones y un notable ingreso de dólares financieros luego de la salida del default.
Varios analistas expresaron que la economía transita un período de “dos tiempos”. El sector financiero picó en punta con el acceso a los mercados internacionales de crédito, mientras que en el real todavía no se percibió la mejora. Lo mismo se aplica a la inflación: el salto tarifario y la devaluación impactaron de entrada, pero en el segundo semestre, a la par de la ligera contracción económica, la inflación va a desacelerar en forma visible.
El aumento de precios de abril fue el mayor desde 2002, un 6,5% según la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, pero este número fue menor si se despejan aquellos precios que dependan de regulaciones oficiales y factores estacionales, la llamada inflación “núcleo”. Invecq Consultora Económica dice que “lo importante de los números de abril es que con el 2,8% de inflación núcleo se afirma la tendencia descendente que marca este indicador desde el 4,5% de diciembre. Cuando los impactos de los regulados ya no estén, la inflación general se guiará por la dinámica del índice núcleo. Es por ello que las autoridades económicas aseguran que en el segundo semestre se tendrán tasas de inflación más cercanas al 2 por ciento”.
La semana pasada, el INDEC difundió el esperado Índice de Precios al por Mayor (IPIM), de 1,5% en abril e inferior a marzo, aunque con un incremento acumulado de 19,1% en el primer cuatrimestre. El ente estadístico explicó que los productos nacionales registraron un alza del 1,8%, compensados parcialmente por la baja de 1,4% en los bienes importados.
El ingreso de divisas fue un bálsamo para un mercado que observaba con estupor la pérdida de reservas del BCRA durante el “cepo” cambiario. La normalización del flujo de dólares disipó los fantasmas que amenazaban ese stock. Ante las comisiones de Presupuesto e Inversión del Senado, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, afirmó que “se dejó de hablar de las reservas, lo que tiene que ver con el régimen cambiario y monetario. Vamos a intervenir cuando el mercado sea necesario. Relájense, no necesitamos tantas reservas, hoy tenemos un exceso de oferta”.
La otra cara de esta inyección de fondos frescos es la continuidad del atraso cambiario. La economía argentina se encareció en dólares aún con la contundente devaluación del peso en diciembre. Un dólar accesible facilita el combate a la inflación, pues abarata los productos importados y abastece aquellos rubros donde hay “tensión de oferta”, pero es nocivo para la producción local, con dificultades de competitividad para ganar mercados en el exterior.
“El tipo de cambio continúa estable en torno a 14,20 pesos argentinos por dólar en las últimas semanas debido parcialmente a la suba en el precio de la soja en época de cosecha gruesa”, explicó un reporte de Puente SA. En el transcurso del año el dólar mayorista, guía para el comercio exterior, subió apenas 8%, una tasa que es menos que la mitad de la inflación del período.
“Esta dinámica de pérdida de la competitividad cambiaria para el sector productivo, a priori, entendemos que seguirá profundizándose como resultado del mix de políticas monetaria y fiscal adoptado por el actual Gobierno”, señaló un estudio de FyE Consult. “Naturalmente, como esta dinámica de precios y tipo de cambio nominal no luce sostenible en el tiempo, creemos que alguna corrección (vía precios y/o tipo de cambio) se producirá en algún momento”, advirtió.
El optimismo por la abundancia de dólares es tal que el secretario de Finanzas Luis Caputo declaró que “las necesidades de financiamiento para 2017 son muy tranquilas. El plan financiero es muy cómodo y no es una preocupación. Por eso, puede ser que durante el año que viene no tengamos que salir al mercado internacional” con nuevas emisiones de bonos.
En el panorama externo, Argentina todavía encuentra fundamentos firmes en la importante recuperación de precios de los granos y también del petróleo. La soja se aproximó a los USD 400 por tonelada, su valor máximo en 20 meses, en el momento de mayores ventas argentinas, mientras que el alza del crudo reduce a la vez la pérdida de rentabilidad de la producción local de energía, cuyos empleos están en riesgo y necesita de inversiones, aunque afecta al balance comercial por el déficit energético. El barril de Texas subió 30% desde el 10 de diciembre, cuando asumió Mauricio Macri, desde los USD 36,76 a los USD 47,75 en Nueva York.
Una suba marginal de tasas de interés de la Reserva Federal de los EEUU en junio y un piso para la caída económica en Brasil, que este año acusará una recesión cercana al 4% del PBI, juegan en contra de la Argentina, pero dejarán de ser un lastre para el crecimiento si ambas variables al menos se estabilizan el año próximo.
El recorte del déficit fiscal es el capítulo que el presidente Macri dejó para el final de esta primera etapa de la gestión, cuya duración podría extenderse hasta las próximas elecciones legislativas. Los funcionarios del área económica están enfocados en corregir distorsiones establecidas durante el gobierno anterior, con el objetivo de dejar el terreno abonado para volver al crecimiento económico en 2017.
El más grave de todos los desequilibrios es el rojo de las cuentas públicas, que seguirá como una amenaza para la salud de la economía, pues según el Programa Financiero presentado por el ministro Alfonso Prat Gay alcanzará el 4,8% del PBI en 2016 en el resultado primario (sin contabilizar el pago de deuda). Según esta proyección será inferior al 5,4% de 2015, aunque sigue muy alto y su evolución es la mayor incertidumbre para el futuro.
El «mecenas del deporte» que manejaba 30 firmas offshore
Por Iván Ruiz, Maia Jastreblansky, Hugo Alconada Mon.
Es Enrique Blaksley Señorans, que está investigado por la Justicia por sus actividades en Hope Funds; hizo negocios con Messi, Federer y Bolt.
Enrique Blaksley Señorans.
Célebre por sus negocios con la familia de Lionel Messi, el tenista Roger Federer, el corredor Usain Bolt, la cadena Hard Rock Café y Boca Juniors, el empresario argentino Enrique Blaksley Señorans desarrolló un entramado societario que abarca al menos 30 firmas offshore en paraísos fiscales. Así, mientras la justicia local lo investiga por presunto lavado y evasión, realizó operaciones financieras e inmobiliarias en las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda, según surge de los documentos Panamá Papers que analizó LA NACION.
Blaksley Señorans montó ese entramado societario con la ayuda del estudio Mossack Fonseca, que, aunque emitió una alerta y exigió explicaciones a su entorno por reportes en la prensa sobre presunto lavado y evasión, decidió mantener como cliente a este floreciente empresario offshore.
El autodenominado «mecenas del deporte» fue quien trajo, por ejemplo, a Federer a la Argentina para jugar una exhibición con Juan Martín del Potro. Pero en simultáneo comenzó a figurar en la red de sociedades offshore junto a su esposa, María Mercedes Vega, y el ejecutivo argentino Alejandro Carozzino, quien se encargó de las comunicaciones con los ejecutivos de Mossack Fonseca.
Enrique Blaksley Señorans, el «mecenas del deporte» que manejaba 30 firmas offshore.
Consultado por LA NACION, Blaksley Señorans demoró 24 horas en responder. El viernes agradeció a través de su secretaria la oportunidad para dar explicaciones, pero declinó hacerlo.
El entramado se concentró, en particular, en las islas Vírgenes Británicas, donde montaron las firmas International Entertainment Management Group Ltd., International Tango Productions, Twist Business Center Ltd., Tango Investment Trading Ltd., Global Entertainment Enterprises Ltd. y MKT Investments Ltd.
A esas firmas se sumaron otras en Costa Rica -Premium Atlántica de América SA, para la compra de un inmueble por US$ 330.000- y Panamá, donde bautizaron sociedades con nombres casi idénticos para, al parecer, también comprar departamentos. Así, aparecen «9 A Office One Properties Corp» y «10 A Office One Properties Corp», como también «8 D Markesite Office One Corp».
En la misma línea, Blaksley Señorans aparece vinculado a «The Panamera 20 E Properties Corp», y otras en las que sólo cambiaron el número o la letra en cada una: «The Panamera 20 G Properties Corp» y también «22 B», «22 G», «23 G», «24 A», «24 C», «24 E» y «24 G», para comprar inmuebles a un costo promedio de US$ 260.000 cada uno, mediante operaciones con el Banco Transatlántico de Panamá.
La misma práctica se repitió con los nombres de otras sociedades, como «Le Mare 21 B Properties Corp», «47B», «30B» y «31B», y «23 MarketSite Tuits Investments Corp», que también aparece con los números «24» y «25». A ellos se añaden «Serenity 33 B Properties Corp» y «80 MarketSite Office One Corp», y otras dos entidades en Nueva Zelanda, con forma de «trust»: «Bailsworth International Limited y Spring Fest Holding Limited».
Causa argentina
No fue por ninguna de esas sociedades, sin embargo, que la jueza federal con asiento en San Isidro Sandra Arroyo Salgado llamó a indagatoria a Blaksley Señorans en septiembre pasado. Fue por Hope Funds, su empresa más conocida en la Argentina, con domicilio en la calle Sarmiento 643 de Buenos Aires, que también aparece en la firma offshore Twist Business Center.
Arroyo Salgado decidió indagarlo apoyada en las investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detectaron movimientos sospechosos o inconsistentes.
Así, por ejemplo, la AFIP detectó que Hope Funds habría recibido fondos de personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial para justificar esas inversiones y en otros casos no habían reportado esas inversiones en sus declaraciones juradas tributarias. De hecho, según los sabuesos, sólo tres de sus 531 clientes analizados estaban en regla.
Por su parte, el entonces titular de la Procelac Carlos Gonella detalló que a menudo Hope Funds recibía «importantes sumas» de sus clientes «mediante un único desembolso de dinero en efectivo», lo que ejemplificó con el caso de un aportante que «sin contar con ingresos legítimos que lo justificaran habría entregado a la firma la suma de 17.450.000 pesos».
Para cuando la AFIP y la Procelac emitieron sus informes sobre Blaksley Señorans, sin embargo, ya habían sonado las alarmas dentro de Mossack Fonseca ante el potencial daño reputacional. Ocurrió en 2010, cuando el estudio jurídico detectó que la Superintendencia de Seguros de la Nación había suspendido y luego hecho caducar la licencia de Blaksley como productor asesor de seguros.
Desde Mossack Fonseca le escribieron en diciembre de ese año al colaborador del empresario, Carozzino, para «completar» lo que definieron como «el expediente de «debida diligencia»», y le adelantaron que le agradecían «su cooperación en este asunto», que definieron como «importante».
Casi dos años después, Mossack descartó la alerta y siguió adelante con sus gestiones. Así se lo informó a Carozzino en octubre de 2012, al «informarle que luego de realizar las búsquedas pertinentes del Sr. Enrique Juan Blaksley no se encontraron resultados negativos al respecto».
Seis meses después, sin embargo, el 27 de mayo de 2013, se registró un cambio sintomático en casi todas las firmas offshore. Renunciaron Blaksley, su esposa y Carozzino como directores, y los reemplazaron prestanombres.
—Con la colaboración de Mariel Fitz Patrick, Ricardo Brom y el equipo de LN Data.
Un amplio entramado de firmas
Enrique Blaksley Señorans
Empresario
Mecenas deportivo
Es célebre por sus negocios con el deporte que le han valido relaciones con Lionel Messi, Boca Juniors, Usaín Bolt, Roger Federer y con la famosa franquicia Hard Rock Café
Capítulo argentino
Creador de un amplio entramado de empresas off shore en Panamá y otros países, la justicia argentina lo investiga por lavado de dinero por la actividad en el país de la empresa Hope Funds y el movimiento de dinero sin respaldo.
Accidente de tránsito. En la madrugada de ayer, dos autos chocaron de frente a la altura de Junín. Murieron tres adultos y dos niños. Hay tres heridos graves.
Fatal accidente en la ruta 7 deja cinco muertos.
Cinco personas murieron y otras tres sufrieron graves heridas al chocar de frente dos autos en las últimas horas, en la ruta nacional 7, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Junín.
El accidente se produjo en la madrugada de ayer, alrededor de las 2:30, a la altura del kilómetro 279 de la carretera, a dos kilómetros del paraje Saforcada. Chocaron de frente un Ford Focus y un Ford Falcon.
Bomberos del lugar informaron que en el primer auto viajaban Nelson Benetti, de 41 años, su esposa Mariana Herrera, de 44, y la hija del matrimonio, de 6 años, mientras que en el Falcón lo hacían Rubén Cárdenas (38), Mirian Nievas (37), Román Cárdenas (4), Fernando Crozio (9), y Lucrecia Crozio (13).
A raíz del violento impacto, según los informantes, murieron Mariana Herrera, Rubén Cárdenas, Mirian Nievas, Román Cárdenas y Fernando Crozio.
En tanto los heridos -Nelson Benetti, su hija y Lucrecia Crozio- fueron trasladados al Hospital de Junín, donde permanecían internados en estado reservado, según los informantes.
El 2016 parece definido en cuanto a indicadores económicos. A una retracción de la actividad en un rango de 1 a 3 por ciento este año, leve incremento de la pobreza y el desempleo, e inflación sobre el 30% anual, le corresponden una pronta normalización del mercado cambiario, sólidas liquidaciones del agro tras el recorte de retenciones y un notable ingreso de dólares financieros luego de la salida del default.
