Venezuela cae en default al no pagar $27,6 millones del bono Elecar
10/11/2017
Con el término del período de gracia de 30 días para cancelar los intereses del título de deuda externa de la empresa de eléctrica Elecar, hoy Corpoelec, el gobierno venezolano entró en un evento de incumplimiento al no honrar el pago a los tenedores del bono.
La empresa estatal venezolana Electricidad de Caracas incumplió con el pago de 27,5 millones de dólares correspondiente a intereses del bono con vencimiento en abril de 2018, según un aviso publicado por el síndico de bonos Wilmington Trust, informó la agencia Reuters.
Esta entidad fue notificada del default por el agente de pago, tras no haberse recibido los recursos.
De acuerdo al cronograma de pago de los bonos venezolanos, la transferencia para honrar este compromiso por parte de Elecar debió ejecutarse el pasado 10 de octubre.
Los papeles de Elecar fueron colocados por un total de $650 millones, por lo que ahora el reclamo legal de los acreedores será por la emisión completa y no sólo por los intereses no cancelados, indicó una fuente consultada.
Hasta ahora, Corpoelec es el único organismo venezolano que ha respondido sobre el retraso en el pago del título. A través de su cuenta en Twitter señaló que los recursos no se han depositado en las cuentas de los acreedores debido a problemas operativos.
Transferidos a las instituciones financieras el 08/11, los recursos correspondientes al pago EDC2018 (8,5% Notes due 2018). Cambios en la operatividad han afectado las transacciones. @LMOTTAD
La calificadora norteamericana Fitch Ratings rebajó recientemente la nota crediticia de la deuda moneda extranjera a largo plazo de la eléctrica estatal Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), de “CC”a “C”, al determinar un alto riesgo de incumplimiento como emisor.
Venezuela tiene pendiente la cancelación de intereses de otros seis títulos de deuda tanto de la República como Pdvsa.
Tinta, hilo de seguridad, marca de agua, impresión calcográfica; hay varias maneras para identificar un billete de curso legal.
Personal del Departamento Unidad Federal de Investigación de los Delitos de Falsificación de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró 210.800 pesos apócrifos en billetes de 500, 200 y 100 (de la serie con la imagen de Eva Perón) y 1500 dólares también falsificados en una serie de allanamientos en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, y en la provincia de San Luis, donde detuvieron a cinco sospechosos de comercialización de drogas y falsificación de moneda moneda nacional y extranjera.
En los allanamientos se secuestraron 239 billetes de 500 pesos, 411 billetes de 200, 91 billetes de 100, seis chequeras en blanco, 11 impresoras multifunción, diez CPU, una impresora de tarjetas magnéticas, una laminadora, 100 tarjetas magnéticas, diez teléfonos celulares, un escáner, cinco notebooks, un revólver calibre 32, seis cartuchos de balas, una lectograbadora de datos magnéticos y un detector de billetes apócrifos que usaban para verificar la calidad de las falsificaciones.
En la ciudad de Córdoba los detectives policiales descubrieron el taller donde se falsificaban los billetes y, además, se clonaban tarjetas de crédito y de débito.
El Central suspende el banco de Cristóbal López, que estaría por venderse a un grupo chino
El organismo monetario le exigía una capitalización de $ 10 millones. Un holding chino hizo una oferta por US$ 25 millones.
Por Gustavo Bazzan.
El Banco Central decidió ayer suspender por 30 días al Banco Finansur, entidad donde la mayoría accionaria está, todavía, en manos de Cristóbal López. Cristóbal quiso vender sus acciones(70%) al grupo OP Investment de Ignacio Rosner, pero el juez federal Julián Ercolini (que investiga a López por un caso de evasión fiscal) lo impidió.
El motivo de la suspensión, informó el BCRA, es que Finansur no cumplió con una capitalización de 10 millones de pesos que le había ordenado la autoridad monetaria. El Central dijo que “se exceptúan de los alcances de la suspensión las extracciones de saldos registrados en las cuentas sueldo y de jubilados, la cobranza de créditos y las compras con tarjetas de crédito y pagos a los comercios adheridos.
Al mismo tiempo que se decidió la suspensión, Martín Redrado (quien fue contratado por el Finansur en diciembre pasado para lograr la venta de la entidad) apura el paso para alcanzar ese objetivo. Según pudo saber Clarín, ya se recibieron cuatro ofertas firmes. Las presentaron el holding chino Citic, el grupo brasileño Pegasus, el grupo santafesino Agrofederal y el grupo Fiorito.
Los chinos irían a la delantera, con una oferta cercana a los 25 millones de dólares. A Fiorito (hoy muy activo en el negocio de descuento de facturas) le interesa el banco para volver al sistema financiero como Nuevo Banco Quilmes.
El Finansur hoy está en manos de López (70%), la familia Sánchez Córdova (24%) y Jorge DeMaría (6%).
En el mercado financiero se dice que el Finansur está en una situación donde ningún accionista puede tomar decisiones. Y para preservarlo, el Central decidió la suspensión. En el organismo que conduce Federico Sturzenegger dieron plazo hasta el 30 de noviembre para que se venda. Caso contrario, como ya ocurrió tantas veces en el país, se repartirán los activos y pasivos del Finansur entre una o dos entidades del sistema Hoy el banco tiene activos por 900 millones y pasivos por 750 millones, es decir un patrimonio neto de 150 millones de pesos. Su actividad se reduce a descuento de cheques. (N. de EP: Hoy sería solo una cueva).
El Banco Central suspendió por un mes las operaciones del Finansur, de Cristóbal López
Se indicó que la medida fue tomada «debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización» acordado con la máxima autoridad monetaria.
El Banco Central (BCRA) dijo que suspendió por 30 días corridos las operaciones del Banco Finansur, propiedad del empresario Cristóbal López, debido a la falta de cumplimiento del plan de recapitalización acordado oportunamente con el ente monetario.
«En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 49 de su Carta Orgánica, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió hoy suspender por 30 días corridos las operaciones del Banco Finansur S.A., debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización acordado con la entidad», dijo un comunicado de la autoridad monetaria.
En el texto, se informó que están exceptuadas «de los alcances de la suspensión dispuesta» las siguientes operaciones con la clientela:
-Extracciones de saldos registrados en las cuentas para el pago de haberes del
personal en relación de dependencia y de las prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, hasta el importe de las acreditaciones que se efectúen por los citados conceptos en dichas cuentas;
-Cobranzas de créditos y compras con tarjetas de crédito y pagos a los comercios adheridos.
El BCRA destacó que «la decisión adoptada se enmarca en la necesidad de defender los derechos de sus depositantes».
En este sentido, el banco cuenta con un plazo de 10 días para la presentación de alternativas que le permitan rever su situación.
La decisión fue divulgada al sistema financiero a través de la Comunicación B 11617.
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Esta es una de mis herramientas preferidas. Permite realizar nuestras presentaciones de Oportunidad de Negocio a distancia, dictar conferencias, seminarios on line (webinarios) o coordinar reuniones con personas en distintas partes del mundo. Podemos hacer la presentación con PowerPoint o videos, contar con acceso a Internet, compartir nuestro escritorio en Windows, etc. Una bunea plataforma digital nos permitirá dictar conferencias para cientos (o ilimitado número) de personas.
Cómo Posicionar nuestro Blog o Sitio Web
La publicación periódica y frecuenta de valioso contenido es lo que nos permitirá logar los primeros lugares en los buscadores. Pruebe por ejemplo en Google con estas búsquedas:
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Esto se logra con estrategias de psoicionamiento natural y algo de SEO.
Redes Sociales
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Si usted ofrece negocios de Network Marketing o de afiliados, podrá facilitar información de valor, como artículos sobre las ventajas de este tipo de negocios y las comentará dirigiendo hacia su artículo, colocará frases o imágenes de motivación, dirigiendo hacia su blog o sitio. En pocas palabras debe construir una relación directa con sus prospectos y generar confianza, para de vez en cuando plantear su propuesta comercial o dirigir al visitante a una pagina de suscripción.
Otras Herramientas para optimizar el uso de Redes Sociales
Existe una variedad de herramientas específicas que le permitirán profundizar su estrategia web. A fines de divulgación mencionaremos algunas:
HootSuit, para programar mensajes, imágenes, artículos de sus blogs o sitios en sus redes sociales.
Twittmate, para gestionar eficazmente Twitter y lograr miles de seguidores.
La digitalización marcará el futuro de nuestros trabajos
Por Oscar Fuente.
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La irrupción de las nuevas tecnologías e Internet en la sociedad han provocado enormes transformaciones. Una sociedad hiperconectada que genera datos de forma masiva, que consume desde el móvil y que se influencia por nuevos líderes de opinión que surgen en la red. Por un lado, está previsto que la automatización destruya muchos empleos pero, por otro lado, la experiencia de nuestros clientes cada vez más sofisticada generará nuevas formas de trabajo y la construcción de nuevos servicios.
Por poner un ejemplo fácil de entender, imaginemos un futuro en el que la comida diaria la dispense una impresora de alimentos y, al mismo tiempo, los fines de semana paguemos una enorme cantidad de dinero por disfrutar de experiencias gastronómicas que nos sorprendan o compremos productos de proximidad y hechos de forma artesana. ¿Será este el futuro? Pues no lo sabemos, pero lo que está claro es que la automatización destruirá empleos, a la vez que el mundo de las experiencias va a generar muchas nuevas profesiones.
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¿Desaparecerán muchos empleos? ¿Aparecerán nuevos? ¿Cuáles son los perfiles laborales de Marketing Digital más demandados?
El futuro es incierto y más en el sector del Marketing que se encuentra en continuo cambio. Desconocemos cómo va a seguir evolucionando la digitalización y hasta qué punto va a cambiar el entorno empresarial, pero sí sabemos que las cosas están evolucionando y lo hacen todavía más despacio de lo que lo van a hacer en el futuro. Lo que sí no deja de crecer es la oferta y la demanda de formación online. Esto es sinónimo de que las nuevas profesiones digitales requieren de una formación continua. Razón de ello es que en la mayoría de las ofertas de trabajo relacionadas con Internet se exige, al menos, un master de marketing digital o un curso de marketing online avanzado en campos específicos como la programación, el Big Data o las aplicaciones móviles.
Transformación Digital: nuevo eje central en las empresas
Nos encontramos en un momento en el que la tecnología no puede sino seguir evolucionando y las empresas deben adaptarse al entorno digital si quieren sobrevivir. Para introducirse a la cabeza del nuevo escenario empresarial, es necesario adoptar la innovación como eje central de la organización y seguir avanzando en ese sentido. Por lo tanto, el nuevo y mayor reto al que se enfrentan las empresas es el de digitalizar los servicios de cada departamento.
Por ejemplo, el marketing digital es una de las especialidades que más cambios ha sufrido en los últimos años. El desarrollo de nuevas tecnologías como el Big Data o el Internet de las Cosas permite automatizar funciones y manejar grandes volúmenes de datos. Esto ofrece a las empresas grandes cantidades de información sobre los clientes para conocer sus necesidades y, en base a ellas, determinar las estrategias más efectivas.
Al igual que cobra relevancia la tecnología, también las personas que la manejan. En este sentido, al igual que las empresas deben tener el compromiso de sumarse a la transformación digital y de ir adoptando las técnicas necesarias, también se debe poner a las personas en el centro de la gestión. Es decir, reforzar la cultura corporativa para encaminar a toda la organización hacia el mismo camino.
Por lo tanto, para que la digitalización suponga una ventaja y no una traba, es necesario el firme compromiso de adaptarse al entorno online. Solo así las empresas podrán introducir técnicas cada vez más eficientes, mejorar su rendimiento, abaratar costes y obtener diferenciación y ventaja competitiva.
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¿Hay suficientes profesionales digitales?
Las empresas surgidas de la era digital operan de forma distinta a las tradicionales. Por un lado sus estructuras son ágiles y líquidas para poder afrontar los rápidos cambios del mercado y por otro lado sus profesionales tienen fuertes competencias y capacidades tecnológicas y digitales para desenvolverse con soltura en un mundo cada vez más técnico y especializado.
Las empresas tradicionales necesitan adaptar sus estructuras «tradicionales» y abrirse a nuevos perfiles profesionales, nuevas formas de organización
Y, ¿cuál es el problema al que se enfrentan ahora las empresas? Precisamente a la escasez de profesionales especializados en áreas digitales. Se necesitan personas capaces de manejar las áreas relacionadas con la digitalización de procesos, pero todavía los profesionales preparados para ello escasean.
Este hecho se debe a que la introducción de nuevas herramientas digitales se ha producido en un corto periodo de tiempo, por lo que la demanda de profesionales especializados en el entorno digital y capaces de gestionar estas nuevas tecnologías que la organización ha introducido se ha incrementado considerablemente.
En el área del marketing la digitalización ha traído nuevas especialidades que hasta ahora no conocíamos, como el Growth Hacking, el Inbound Marketing o el Traffic Management. Áreas que requieren profesionales multidisciplinares, con conocimientos de marketing, pero también de analítica o de programación.
La actual escasez de este tipo de perfiles presenta nuevas oportunidades laborales, tanto para los profesionales de hoy como para los de mañana.
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Para destacar es imprescindible especializarse y cualificarse
Randstad Research, ha elaborado el informe «La digitalización: ¿crea o destruye empleo?» para analizar la situación presente y futura del empleo a raíz de la digitalización del mercado laboral. El informe revela que el 38% de los profesionales que se demandarán en el futuro serán «knowledge workers», es decir, profesionales cualificados y especializados.
La Unión Europea también se pronuncia sobre la digitalización, en el Programa Marco Horizonte 2020 (H2020), asegurando que si los profesionales y las empresas no pasan por los procesos de transformación digital, nos encontraremos con 500.000 empleos digitales que no podremos cubrir.
La digitalización y la especialización son dos conceptos que van de la mano. Nos encontramos en un momento en el que la competencia en el entorno empresarial es más alta que nunca. Diferenciarse del resto no es fácil, pero una forma de conseguirlo es a través de la especialización.
Las nuevas profesiones que surgen a raíz de la digitalización de los procesos requieren de una especialización en determinadas áreas tecnológicas, ya que es un campo infinitamente amplio y que no deja de crecer.
Los profesionales especializados pueden aportar valor al negocio y optimizar el uso de la tecnología, por lo que las empresas los tienen en el punto de mira. ¿El motivo? estos profesionales no sólo van a ayudar a la organización a manejar las herramientas digitales, sino que también van a poder conducir al resto del equipo para que adopte una cultura digital.
A parte de especializarse, es necesario adoptar unas cualidades específicas que, sobre todo, se centran en trabajar de forma dinámica y flexible, ser multiplataforma y tener capacidad de adaptación al cambio.
El informe asegura que muchas empresas están recalcando la falta de soft skills de sus candidatos; haciendo hincapié en la carencia de competencias sociales y emocionales, necesarias a la hora de trabajar en equipo.
Las soft skills más demandadas en 2020 serán:
Resolución de problemas complejos
Pensamiento crítico
Creatividad
Gestión de personal
Coordinación con otros
Inteligencia emocional
Juicio y toma de decisiones
Orientación al servicio
Negociación
Flexibilidad cognitiva
Los 5 perfiles más buscados de Marketing y Negocios Digitales
Las nuevas oportunidades que trae la digitalización en el mercado laboral son evidentes. Pero sólo podrán convertirse en oportunidades reales si los profesionales son capaces de detectarlas a tiempo y de especializarse en las ramas más demandas.
El nuevo escenario tecnológico ha dado forma a nuevas profesiones, las cuales cubren las nuevas demandas y necesidades digitales de las empresas. Al tratarse de ámbitos apenas explorados por el sistema educativo, todavía no existen formaciones completas en áreas digitales muy concretas.
Estas son 5 nuevas profesiones digitales que van a estar muy demandadas en el siglo XXI:
#1 Data Scientist / Científico de Datos
El Data Scientist (o Científico de Datos) es lo que conocemos como un especialista en Big Data. Este profesional se encarga de traducir datos para convertirlos en información útil que sirva a la empresa para tomar mejores decisiones. Va ser una de las profesiones más demandadas, ya que el Big Data no deja de generar mayores cantidades de datos.
#2 Experto en ciberseguridad
La seguridad en Internet es un tema que preocupa a las empresas, tanto por la protección de sus datos como por la falta de confianza que suelen tener los consumidores cuando compran online. Por estas razones, un experto en ciberseguridad va a ser un profesional clave para las organizaciones, que establezca sistemas de protección contra fraudes informáticos o ataques a sistemas. Además también es necesaria la creación de un marco regulador, por lo que estos expertos deberán tener conocimientos de tecnología y de abogacía.
#3 E-Business Manager
Este directivo es el encargado de trasladar el negocio tradicional al entorno digital. Es el responsable de la estrategia e-Commerce y de que el plan se ejecute según lo establecido. Para ello, coordina al equipo y delega funciones. Este perfil cobra relevancia ya que cada vez son más las empresas que se están transformando digitalmente.
#4 ASO Manager
El ASO (App Store Optimization) Manager mejora la visibilidad y el posicionamiento de las apps, en las principales tiendas de aplicaciones. Debido al espectacular crecimiento de las aplicaciones móviles, se necesita un especialista que optimice los factores importantes a la hora de posicionar una app en la tienda de aplicaciones y que analice las keywords que más ayuden a lograrlo.
#5 Especialista UX
La experiencia del usuario UX, es decir, el grado de facilidad de uso de una web o una app por parte de los usuarios. Supervisar y mejorar esta usabilidad recae sobre el especialista UX. Un profesional que se encarga de optimizar la navegación, aplicando técnicas intuitivas y diseños atractivos.
¿Estás preparado para trabajar en la Era Digital?
Antes de conseguir un trabajo debemos pasar primero, lógicamente, por un proceso de selección. Al igual que aparecen nuevas profesiones de carácter digital, los departamentos de Recursos Humanos también han introducido herramientas digitales para encontrar al candidato ideal.
Es así como Internet se ha convertido en la bolsa de trabajo más grande del mundo. Las empresas acuden a la red, tanto para localizar nuevos talentos como para tener más información sobre sus candidatos.
Por ello, la reputación online es un elemento clave para conseguir nuevas oportunidades profesionales. La identidad construida en Internet depende, estrechamente, de los contenidos que los profesionales decidan publicar. Por ello, deben ser conscientes de la finalidad que tiene cada red social y aprovecharla para hacer networking, crear una sólida red de contactos y darse a conocer.
Queda claro que la digitalización está transformando el escenario empresarial e introduciendo nuevas necesidades en el mercado laboral. Desconocemos cómo cambiará la cosa en unos años, pero lo que sí sabemos es que los profesionales especialistas en las áreas digitales van a marcar los procesos de transformación de las empresas y, con ello, el paso hacia una nueva era altamente digital.
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El mayor temor de los españoles que tienen una segunda residencia es que ésta sea okupada en algún momento por las turbas que alienta la ultra izquierda, y a las que siempre han defendido con devoción la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la de la capital de España, Manuela Carmena. Ya es hora de detener este movimiento contra la propiedad privada y contra la libertad de las personas. Con determinación. Con urgencia. Modificando las leyes precisas para poner coto a este asalto diario a los derechos fundamentales consentido hasta ahora por los gobiernos de turno.
¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? En términos inmobiliarios, el viejo dilema tiene un nuevo recorrido. Tras las locuras acometidas por tirios y troyanos en los años previos a la crisis, un factor concreto sobrealimenta la escasez y correspondiente sobreprecio de la vivienda: muchas de ellas están vacías. Determinado sector minoritario de la sociedad ha decidido que eso es excusa suficiente para inventarse su propio mercado, donde el coste de la vida tiende a cero. Se hacen llamar okupas, así, con ka, como ya admite la RAE. Paradójicamente, el mayor temor de los españoles que poseen una segunda vivienda es que ésta sea okupada, por encima de sufrir un robo o daños materiales, según una encuesta del Instituto Sondea para Securitas Direct. Un estado de ánimo poco propicio para un mercado efectivo.
La portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso, Ana Zurita, aporta datos que refrendan este temor. «Según el Banco de España, el 29,1% de la población española tiene segunda vivienda. De este porcentaje, el 23,7% son familias por debajo del percentil del 40% de renta y el 34%, jubilados: no son palacios, sino casas rurales o apartamentos de playa comprados con los ahorros de toda una vida. Y los últimos datos que llegan de los juzgados indican que los delitos de ocupación ilegal han aumentado un 92% el último año. Da la impresión de que en este país algunos piensan que la propiedad no es un derecho».
Caridad Velarde, profesora de Derecho de la Universidad de Navarra, matiza que el fenómeno se bifurca en «tres posibles situaciones: por necesidad, por ideología o por interés económico espurio». El último caso es el más sangrante. «Las mafias se benefician de la necesidad urgente de vivienda y de la desprotección de sectores vulnerables, como el de los extranjeros que no conocen el idioma o la legislación». En ese caso, «hay quien hace pasar por suyos pisos que no lo son y se los arriendan a terceras personas que actúan de buena fe».
Más compleja, por sus implicaciones sociales, resulta la okupación ideológica. En The City Is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe from the 1970s to the Present, Bart van der Steen sitúa su origen en la Nueva Izquierda surgida de Mayo de 1968. Tras ese pistoletazo de salida, «a principios de los 70, los okupas europeos pelearon y ganaron el control de cientos de casas comunales, en las que organizaron formas colectivas de vida». Desde entonces, van y vienen, tomando mayor protagonismo cuando las crisis les permiten ocupar el espacio que deja la desilusión de los ciudadanos ante las instituciones.
APOYO DE LOS POPULISTAS
España llegó tarde a este fenómeno. Miguel Martínez López sostiene en El movimiento de okupaciones que «se ha producido de forma continuada desde principios de la década de 1980». Pese a su heterogeneidad, subraya tres características comunes: «Los principios libertarios compartidos por la mayoría y la confrontación reiterada con las autoridades locales, las eventuales coordinaciones de experiencias en cada ciudad y las redes de relación creadas, así como la influencia recibida de otros nuevos movimientos sociales próximos y su implicación en ellos».
La actualidad muestra ejemplos muy claros de esa vinculación con otros agentes. En marzo, El Confidencial Autonómico publicó un artículo sobre el despliegue por las marquesinas de Madrid de unos carteles titulados «Los Madriles. Atlas de iniciativas sociales», en el que buena parte de los lugares señalados eran casas okupadas. Detrás de esta iniciativa estaba Intermediæ, un proyecto del Matadero de Madrid, que pertenece al Área de Artes, Deporte y Turismo del Ayuntamiento, cuyos escudo y logo aparecían en los carteles. Zurita denuncia que «los llamados ayuntamientos del cambio no solo no buscan soluciones, sino que además permiten y alientan el fenómeno de la ocupación haciendo la vista gorda, como sucede en Barcelona, o fomentando situaciones como la del Patio Maravillas, en Madrid».
Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, desmiente «que este proceso sea generalizado; es verdad que existe un fenómeno de okupación y que hay grupos que podríamos denominar mafias, pero hay que señalar que afectan fundamentalmente a viviendas desocupadas propiedad de bancos y de grandes tenedores inmobiliarios, como fondos de inversión, socimis o parques públicos desocupados. Aunque a veces, desgraciadamente, sí que actúan sobre propiedades de particulares, no es lo más frecuente». López sigue la línea del Ayuntamiento de subrayar la distinción «entre los diferentes modelos de mafias de la ocupación y las familias que buscan desesperadamente una solución habitacional, sin justificarlas pero entendiéndolo», y culpar al capital. «También existen procesos de ocupación mafiosa inducidos por inversores, para conseguir rebajas en las viviendas que comercializan las entidades financieras».
Según Zurita, «la ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y prolifera en otros colectivos, generando problemas y dificultando una política eficaz». En este sentido, pone el ejemplo de la regularización en septiembre de 2016 por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) de 88 viviendas sociales ocupadas, mientras que «la propia alcaldesa» ha reconocido que «más de 400 viviendas puestas a disposición por los bancos no podían ser adjudicadas por estar ocupadas».
Prueba de la rapidez con la que se propaga la moda de la ocupación ilegal es la proliferación de páginas web con toda la información necesaria para vulnerar la propiedad ajena aprovechando los resquicios legales y minimizando los riesgos judiciales. En wwww.okupatutambien.net, por ejemplo, se ofrece un Manual de okupación en un PDF de más de 100 páginas y esmerada presentación para «acercar la okupación a toda persona interesada en salir del mercado inmobiliario y disfrutar de un espacio digno sin pagar ni un duro a quienes tratan de robarnos la vida cada día».
Velarde admite que estas actitudes «han proliferado con la crisis y en ella han obtenido alguna forma de justificación», pero recuerda que, al final, perjudican «a los titulares de los edificios okupados, sean públicos o privados, y también a los vecinos, que sufren en algunas ocasiones situaciones de insalubridad e inseguridad, con la agravante de que no cuentan con vía alguna para solicitar el desalojo». Además, la okupación conlleva una «posible bajada del valor de sus viviendas, así como la dificultad para venderlas o alquilarlas».
Desde la inmobiliaria Testa Residencial apuntan al principal problema de fondo: la inseguridad jurídica. En este sentido, Zurita sostiene que «los estados de temor y de inseguridad afectan siempre negativamente a la economía». Por no hablar del dinero extra que tienen que pagar las comunidades de vecinos, ya que «entre el 40% y el 60% realizan conexiones fraudulentas de servicios de agua y luz», o los costes adicionales para los contribuyentes («Más policías, servicios, limpieza…») para cubrir las «bajas condiciones de habitabilidad y el riesgo en el conjunto vecinal por actitudes de delincuencia, ocupaciones conflictivas y aumento de la inseguridad». Además, «la okupación hace inviable la gestión de una política de vivienda, la distorsiona». Según Zurita, los allanamientos suponen la inmovilización de entre un 5% y un 20% de la vivienda pública. «Hay muchas personas esperando a que se les adjudique un piso y sin duda es un agravio comparativo que no se pueda acceder a ella porque está ocupada».
López, en cambio, considera que la okupación no redunda en la escasez de oferta de viviendas. «Los patrimonios de las entidades financieras, que son los mayores tenedores de viviendas vacías en este momento, no están en el mercado por razones operativas o estratégicas de sus propietarios, no por temor a una ocupación ilegal, que se evitaría en cualquier caso si tuvieran precios ajustados y se alquilaran».
Desde Testa instan a quienes simpatizan con el movimiento okupa a «que se planteen qué ocurriría si alguien le arrebatara un bien de su propiedad o de un familiar», y los abogados de Legalitas proponen un caso concreto: «Tenemos un apartamento en la playa y un verano nos lo encontramos tomado por desconocidos». ¡Horror! Lo primero que tendríamos que hacer es «presentar una denuncia y, muy importante, solicitar como medida cautelar que se proceda al inmediato desalojo». Después solo queda «poner la situación en manos de un abogado experto que nos acompañe en todo el proceso».
Pero, ¿no se puede prevenir antes que curar? En Legalitas explican que «no se pueden tomar medidas preventivas jurídicas, ya que lamentablemente la ley no prevé ninguna», y desde Testa se lamentan de que «el propietario tiene poco margen de maniobra más allá de tomar medidas de seguridad en la vivienda y, en casos extremos, desmantelarla, aunque esto último va en detrimento de su patrimonio».
En nuestra aterradora hipótesis, ya hemos presentado la denuncia. ¿Ahora qué? Paciencia, mucha paciencia… Juan Carlos Amaro, profesor de Esade, es tajante: «La legislación española no facilita el desalojo. Si se inicia un procedimiento penal por delito de usurpación, ha de realizarse sobre un inmueble que no sea morada y que el juez aprecie indicios de delito. En este sentido, la jurisprudencia solo considera punibles las okupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho por su titular. En definitiva: un procedimiento tedioso, largo y no siempre exitoso». La posibilidad de ir por lo civil tampoco mejora el panorama. «Al no existir una figura específica, suele derivar en un procedimiento de desahucio por precario, que conlleva un plazo para obtención de sentencia de más de un año».
Velarde matiza que la vía penal «es más rápida, pero en ocasiones no es fácil determinar quién realizó el allanamiento propiamente dicho y distinguirlo de quien ocupa la vivienda en ese momento, por lo que en muchas ocasiones no se llega hasta el final del proceso y, cuando se llega, no se imponen sanciones». Y en el campo de lo civil, «se trata como un desahucio más, lo que supone gastos para quien reclama, contratación de abogado y procurador, así como largos que ralentizan la recuperación». Por su parte, López no cree «que la legislación española sea, en absoluto, permisiva con las situaciones de ocupación; en algunos juzgados, por acumulación de casos u otras causas, puedan demorarse algo los procesos, pero suelen ser bastante rápidos y suele haber condena».
LEGISLACIÓN POCO EUROPEA
Velarde, sin embargo, recuerda que «también en esto hemos ido por detrás de otros países europeos. En Inglaterra se considera delito y conlleva sanciones específicas; en Francia no es delito, pero la policía puede desalojar al ocupante ilegal en 48 horas; en Alemania, en 24, si bien se sanciona al propietario que tiene esa vivienda vacía». Desde Testa insisten en que «en la mayoría de los países desarrollados la ausencia de título de una vivienda permite la entrada inmediata de la policía» y piden que «se produzcan modificaciones para agilizar los procedimientos judiciales», empezando con el cese por las administraciones públicas, sobre todo locales, de cierta «ayuda institucional» a la okupación, «especialmente a través de las solicitudes de suspensiones de alzamientos judiciales».
La principal ofensiva hasta el momento en este sentido llegó el mes pasado en forma de moción en el Congreso, con el voto a favor de PP y Ciudadanos, que se traducirá en una futura ley, si el Gobierno se pone en marcha. Zurita explica que la nueva norma supondrá «la agilización del procedimiento de recuperación de la propiedad, un tratamiento excepcional cuando se detecte que en el inmueble ocupado se realizan actividades delictivas independientes de la ocupación en sí y el endurecimiento de las penas». Además, se proponen medidas «para asegurar la protección de las familias vulnerables trabajando las condiciones de los deudores hipotecarios y con el Plan de Vivienda».
Desde el Ayuntamiento de Madrid, López acusa a PP y Ciudadanos de «poner por delante los intereses de las grandes corporaciones y poderes económicos frente a las necesidades de las personas y familias tomadas de una en una». Para él, «debería haber una legislación que obligara a los grandes tenedores de viviendas vacías a ponerlas en el mercado en un tiempo razonable, o que se desincentivara que los pisos, bienes escasos y necesarios, estuvieran vacíos demasiado tiempo, especialmente los patrimonios de los grandes operadores y entidades financieras».
Quizá con un poco más de análisis racional y trabajo se acabe con el penúltimo resabio de ese prohibido prohibir de mayo del 68 al que algunos apelan para saltarse el orden legal y montar donde les parezca oportuno la República Independiente de su Casa. El anuncio de Ikea se ha convertido en toda una profecía. Si la gallina no quiere poner huevos a mi conveniencia, se la cocina y listos. Después, cuando llega el hambre y no hay huevos (en todos los sentidos), que lo arreglen los de siempre…
Las claves de los ‘Paradise Papers’ y el valor de las jurisdicciones offshore
Por Martin Litwak.
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A través de esta columna quiero explicar en qué consiste este nuevo robo y filtración de información confidencial que ha trascendido en la prensa como “Paradise Papers” y subrayar las múltiples razones por las cuales una gran proporción de los fondos de inversión se establecen en jurisdicciones offshore.
Desde hace tiempo sabíamos que ICIJ –el consorcio de periodistas “de investigación” responsable de la difusión de información robada que trascendió en la prensa como “Panama Papers”– había adquirido una nueva base de datos robada, similar a la de Mossak Fonseca, que se filtró el año pasado.
Sabíamos también que la misma incluía millones de documentos robados a Appleby, un prestigioso estudio jurídico con oficinas en múltiples jurisdicciones offshore, y que, por ende, los mismos estaban protegidos por el secreto profesional.
Desde el Domingo 05/11/17 sabemos que dicha base de datos en principio abarca más de siete millones de documentos (incluyendo emails, documentos corporativos, estados de cuenta y contratos) correspondientes al periodo 1950-2016 y que entre las personas involucradas aparecen políticos de renombre, artistas, empresarios de primera línea y hasta la realeza inglesa.
Una de las mayores diferencias con “Panama Papers” es que en este caso hay unos 30.000 clientes norteamericanos.
Otra diferencia importante es que Appleby es un estudio bastante más sofisticado que Mossack Fonseca y que en muchos casos la información obtenida por ICIJ no se refería a sociedades offshore sino a estructuras de trust y a fondos de inversión.
Conclusiones preliminares respecto de la filtración
Más allá de que llevará algún tiempo revisar la documentación filtrada con la profundidad que dicho estudio merece, de las notas que han sido saliendo en diferentes medios locales hay algunas conclusiones que pueden extraerse:
Los únicos delitos que se han cometido hasta el momento serian: el robo de información y documentación que sufrió Appleby y la publicación de información que se sabe robada (en muchos países esto es un delito y en Argentina hay precedentes judiciales en tal sentido). Eventualmente la firma de abogados víctima del robo podrá tener responsabilidad con sus clientes por la forma en que conservó y protegió información y documentación privada.
Con relación a los clientes de Appleby, no puede decirse que hayan cometido delito alguno ya que – como el propio ICIJ se encarga de aclarar en su sitio web – el uso de jurisdicciones offshore no es un delito en sí mismo. Claro que incluyen este disclosure más que nada para protegerse, pero luego no actúan en consecuencia y ensucian a individuos y empresas sin pruebas y – en muchas ocasiones – sin entender el significado de los documentos que llegaron a sus manos.
¿Por qué es habitual (y recomendable) establecer un fondo offshore?
Tal cual comentamos más arriba, muchos de los documentos robados corresponden a fondos de inversión offshore.
Si bien los periodistas de ICIJ intentan presentar el mero hecho de que un fondo se haya incorporado en Caimán, Bermuda o en las Islas Vírgenes Británicas como algo sospechoso, no hay nada más alejado de la realidad.
En efecto, existen múltiples razones por las cuales quien ha decido establecer un fondo de inversión puede querer domiciliarlo en una de las jurisdicciones que habitualmente se conocen como “Jurisdicciones Offshore” o como muchas de ellas prefieren autodenominarse “Centros Financieros Internacionales”.
Más allá de los prejuicios que aun puedan existir en este campo, ninguna de estas razones pasa por evadir impuestos u ocultar la identidad de los inversores.
Lo primero no es posible porque estas jurisdicciones no promueven la evasión fiscal(como el imaginario colectivo puede suponer) sino que ofrecen “plataformas de inversión fiscalmente neutras” y lo segundo tampoco lo es desde el momento en que todas las jurisdicciones offshore líderes del mundo han sido las primeras en adoptar el standard de intercambio automático de información financiera promovido por la OCDE.
En otras palabras, si un contribuyente fiscal domiciliado en un país que es parte del Common Reporting Standard (CRS), como son Argentina, Brasil, Colombia o Chile, por citar algunos ejemplos, invirtiera dinero en un fondo constituido en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo, el propio fondo sería el responsable de informar dicha circunstancia a la autoridad impositiva local encargada de la aplicación de CRS, quien a su vez compartiría la información en forma automática con las autoridades impositivas del país de residencia del inversor.
¿Entonces?
Eliminados los mitos y lugares comunes, es interesante analizar por qué un gestor de fondos de inversión domiciliado en América Latina puede pensar en alguna de estas jurisdicciones para estructurar dicho fondo.
Y la respuesta en realidad en sencilla: los fondos de inversión necesitan levantar capital y el capital es lo más averso al riesgo que existe. El capital siempre busca seguridad jurídica algo que, la mayor parte de los países en América Latina, no pueden asegurar.
Otras cosas que buscan los inversores y que por ende los gestores de fondos deben brindar son las siguientes:
Proveedores de renombre y experiencia: nos referimos a los proveedores que va a utilizar el fondo en cuestión, auditores, abogados especializados, administradores, bancos, etc.
Regulación moderna y flexible: existencia de tipos societarios que faciliten que un mismo fondo desarrolle diferentes estructuras de inversión sin que los inversores que han invertido en una de esas estructuras tomen riesgos que no están dispuestos a tomar.
Precios competitivos: ya que todo costo disminuye la tasa de retorno que recibirán.
Buenos reguladores
Inexistencia de trabas ridículas: como ser cepos, control de cambios, etc.
Las jurisdicciones offshore, que cuentan con una gran cantidad de fondos de inversión que se han constituido allí, permiten tildar cada uno de estos requisitos con creces.
Esta es la verdadera respuesta, le guste o no al público en general. Sabemos que es mucho menos ‘sexy’ que la que anda circulando en la prensa no especializada argentina.
Y no es muy diferente a la respuesta que uno daría a las siguientes preguntas:
¿Por qué existen los centros comerciales y han ganado terreno frente a los locales comerciales a la calle?
¿Por qué quienes residen, por ejemplo, en Buenos Aires compran ropa o cotillón para fiestas en el once, muebles en los locales ubicados a lo largo de la Avenida Belgrano, joyas en la calle Libertad o flores en el Mercado Central?
La concentración de “expertise” en un mismo lugar hace de ese lugar un referente independientemente de la industria de que se trate.
—Martin Litwak (@MartinLitwak) es Abogado matriculado en Argentina, Reino Unido y BVI. Magister en Finanzas. Fundador y Socio Administrador de LitwakPartners.
Bagnall: «Marcas y gobiernos no están escuchando al consumidor-ciudadano en las redes sociales»
El experto británico en comunicaciones y su medición Richard Bagnall asesora al gobierno del Reino Unido y empresas de primera línea respecto a la difusión de contenidos y en la ponderación de su impacto
Por Mónica Vallejos.
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En diálogo con El Cronista, Bagnall se explayó sobre el uso de las redes sociales y la polarización de los ciudadanos, así como la dificultad que presentan los generadores de contenidos para escuchar a los destinatarios y las consecuentes sorpresas, como por ejemplo, en elecciones de funcionarios y referendos.
Más contenidos y menos cosmovisión
En Internet en general, y en las redes sociales en particular, “hoy en día hay más contenido accesible que nunca antes, lo que nos lleva a pensar que deberíamos estar mejor informados y educados”. Sin embargo, el uso que cada uno hace de las redes sociales es acorde a sus intereses, y no a una mirada global que permita tener un criterio amplio.
Además, “hay un desarrollo que atemoriza: la burbuja de filtro. Con tecnología, esas plataformas tratan de mostrarnos el contenido de los temas que ya nos gustan. El tema es que si alguien quiere historias de fascismo, ese software le proporcionará más e incluso, con contenidos extremos. Ése el problema de la burbuja de filtro: que si uno se sale de lo normal y elige un camino particular –como racismo o terrorismo-, en su pantalla aparecerá más de eso, sin discriminar. Y ese material que le proponga, contribuirá a reforzar la opinión que esa persona ya tenía, su enfoque particular”.
En ese sentido, la hiper abundancia informativa no está promoviendo una amplitud de miras y mayor conciencia ciudadana. “La evidencia muestra que en nuestros enfoques estamos siendo más polarizados, hasta fundamentalistas. Algo así como ´yo estoy en lo cierto y vos en lo erróneo´. Y ése es el algoritmo que te mira y trata de darte más de lo que te gusta”.
Bagnall integra desde 2012 el Gabinete del Consejo de Evaluación del Servicio de Comunicaciones del Gobierno Británico. Ese órgano de 15 personas asesora regularmente a la administración del Reino Unido sobre los principales temas que hacen a su comunicación -como el Brexit, el terrorismo y la inmigración- y desarrolla la forma de medir el éxito de lo transmitido.
Filtros de percepción: La Programación Neuro-Lingüística (PNL) y la teoría de la Gestalt han demostrado que: –Tendemos a ver lo que esperamos. Reconocemos lo que ya sabemos. Validamos nuestras ideas constantemente. –Tendemos a percibir lo que nuestra educación, nuestra cultura nos ha preparado para ver, y estamos constantemente leyendo nuestro medio en relación con nuestros intereses y nuestros objetivos del momento presente. (NdE).
La comunicación antiterrorista
Respecto a la amenaza latente del terrorismo –en el Reino Unido, el nivel de alerta actualmente es “severo”, lo que significa que un atentado es altamente probable- el experto señala que “el gobierno está haciendo mucho trabajo inteligente para mejorar la situación. Se trata de frenar el problema desde el comienzo, antes de que esté en el Reino Unido. ¿Cómo? Con fuertes campañas de comunicación. Por ejemplo, dedican muchos esfuerzos a transmitir el mensaje de no tener miedo. Y a poner la dimensión del riesgo en contexto: es más fácil que te mueras en la calle, que con un atentado”.
Al mismo tiempo, señala que hay mucha presión para prohibir la propaganda terrorista, y evalúa que una posible solución en las redes sociales es una combinación de seres humanos y software.
El retorno de la inversión
En su rol dentro del gabinete asesor, Bagnall destaca la gestión del jefe de comunicación Alex Aken, quien desde 2010 causó una revolución en el área con el criterio de que “la comunicación del gobierno tiene que ser mensurable”.
Hay un presupuesto para una campaña, cierta cantidad de gente empleada, se realizan acciones planificadas y “toda esa inversión requiere un retorno”. Bajo el liderazgo de Aken, se promueve la planificación de estrategias en las campañas de comunicación del gobierno, en temas tan diversos como inmigración y salud, para que sean exitosas. “Entre los beneficios que tiene la decisión de medir la comunicación, es que podés hacer correcciones, decir qué está bien o mal hecho y evaluar su impacto potencial”.
Bagnall indica que cuando se mide la comunicación, el gobierno no está contabilizando lo fácil, como por ejemplo, cuántas personas vieron un mensaje. Sino que el foco está puesto “en la valoración de ese mensaje, en conocer qué piensa la gente tras haber visto esa información y qué hacen después, si están alineados con lo que queremos”.
Escuchar las redes sociales
En cuanto a “escuchar las redes sociales” (social listening) y las posturas que los usuarios van expresando respecto a temas de la sociedad, Bagnall analiza que “todos -desde gobiernos y políticos hasta organizaciones comerciales- hablamos de escuchar, y de escuchar las redes sociales. Pero la mayoría no escucha. Lo que hacen es usar los canales para emitir sus mensajes, pero no para introyectar la información que les llega. Algo así como ’de todas maneras, compre nuestro producto’. Eso tiene que cambiar, tanto comercial como gubernamentalmente”.
La grieta británica
“Mucha gente no se vio venir el Brexit. Así como en Estados Unidos en 2016 las clases políticas no escuchaban lo que pasaba -y ganó Donald Trump-, lo mismo sucedió en Gran Bretaña respecto al Brexit, donde la gente desfavorecida quiso darle una lección a los políticos.
Hay partes del Reino Unido que lidian con temas serios, donde hay frustración y enojo hacia Europa. Un resentimiento hacia la clase política y la comercial, ambas muy focalizadas en Londres, que no estaban escuchando sus problemáticas, y la aprobación del Brexit fue una increíble llamada de atención: mirás para atrás y las señales están, pero no fueron observadas.
El impuesto a la renta financiera, entre mitos e interrogantes
Por Fernando Laborda.
Mientras el Gobierno evalúa cómo aclarar y llevar tranquilidad a inversores por el proyectado impuesto a la renta financiera sobre personas físicas, que gravará depósitos a plazos fijos y títulos públicos, este nuevo tributo sigue despertando múltiples dudas y críticas entre no pocos economistas.
Uno de los analistas económicos que con más dureza cuestionó el proyecto fue Agustín Monteverde, quien expresó a LA NACION que, para el Gobierno, «es como apuntarse un tiro al pie con la esperanza de que no le dé en la cabeza». Más aún, señaló: «Es tan desopilante como si un deudor serial saliera a pasar la gorra y cuando alguien le va a dar un billete pretendiera, además, cobrarle un impuesto».
La iniciativa oficial apunta a gravar con un 5% los rendimientos derivados de inversiones en pesos y con un 15% la renta de instrumentos nominados en moneda extranjera. Los ahorristas tributarían por sus ganancias a partir de un monto no imponible de 52.000 pesos anuales.
Tras el debate que se lleve a cabo en el Congreso, se sabrá con certeza si esos tributos se aplicarán sobre la renta nominal o sobre la renta real, descontada la tasa de inflación. También deberá determinarse si estarán gravados los bonos ya emitidos o sólo aquéllos que sean emitidos con posterioridad a la sanción de la ley. En cambio, ya está decidido por el Gobierno que los bonos sujetos a legislación extranjera no serán objeto de este impuesto.
Esta última distinción provocó críticas del economista Carlos Rodríguez, rector de la Universidad del CEMA. «Los Macri boys decían que los contratos debían cumplirse y ahora los rompen con tenedores argentinos de bonos», se quejó. Hacía así referencia a que los títulos públicos ya emitidos tienen en sus contratos condiciones según las cuales no pueden sumar nuevos impuestos a los ya contemplados al momento de ser colocados.
En el mismo sentido, Monteverde sostuvo que gravar ahora instrumentos financieros que cuando salieron al mercado no estaban gravados constituye «una aviesa traición» a muchos de quienes ingresaron en el régimen de sinceramiento fiscal o blanqueo, «a quienes el Estado les decía que si invertían su dinero blanqueado en bonos se evitarían el costo del blanqueo».
Otro interrogante que surge entre distintos economistas y operadores del mercado financiero radica en que, actualmente, muchos títulos públicos cotizan por encima de la par, por lo que quien los adquiera hoy tendrá una tasa interna de retorno (TIR) que será inferior a la tasa de interés anual que paga el Estado por ese bono. Por ejemplo, el Bonar 2024 paga un interés anual del 8,75%, pero su TIR es actualmente del 4,1%. La duda es si, una vez considerado el proyecto de ley en el Congreso, el impuesto a la renta se aplicará sobre la tasa de rentabilidad o sobre la tasa de interés. Si fuera este último caso, el castigo al ahorrista sería mayor.
Desde sectores políticos que siempre han apoyado el impuesto a la renta financiera se ha dicho que su recaudación recaería sobre los más ricos en beneficio del resto de la población. Pero lo cierto es que el sistema financiero juega un rol esencial en cualquier economía, ya que los ahorros de las personas y de las empresas que reciben los bancos y las entidades financieras pueden ser canalizados hacia la inversión productiva, por la vía de créditos. Sin esos ahorros, difícilmente el sistema financiero podría prestarles dinero a otros particulares para la adquisición de viviendas, automóviles o artefactos electrodomésticos, ni a empresas para que financien proyectos industriales o comerciales.
Suena lógico que si se incorpora un impuesto sobre los intereses que por un depósito bancario a plazo fijo recibe un particular, éste exija una tasa de interés más alta que la actual para compensar el nuevo tributo que se le impondrá. Y si suben las tasas de interés para esas colocaciones, las entidades bancarias trasladarían ese incremento a las tasas de los créditos que otorguen.
En síntesis, las dudas que plantea el proyecto de impuesto a la renta financiera podrían sintetizarse de este modo:
¿Puede gravarse la renta financiera sin un ajuste por inflación? ¿No sería esto hacer tributar a los ahorristas sobre ganancias ficticias, como ya se viene haciendo con las empresas, en tanto buena parte de los ingresos están compuestos por un porcentaje inflacionario?
¿Correspondería gravar depósitos a plazo fijo bancarios cuando éstos ni siquiera cubren totalmente al ahorrista de una inflación que actualmente es superior a la tasa de interés?
¿No terminaría el impuesto generando una suba de las tasas de interés de las colocaciones bancarias a plazo fijo, que se trasladaría a los créditos a particulares y al sector productivo?
¿Podría terminar el Estado perdiendo de un bolsillo lo que ingrese por otro bolsillo, al verse forzado a mantener elevadas las tasas de interés de Lebacs para hacer frente a las exigencias de ahorristas que verían reducido su beneficio con el impuesto?
Finalmente, ¿cuán significativa será la recaudación para el Estado por este impuesto a la renta financiera? ¿Estamos ante una cuestión técnica o sólo ante una discusión política, donde el gobierno de Mauricio Macri aspira a pagar con este tributo el precio para que se apruebe el resto de la reforma tributaria en el Congreso y, al mismo tiempo, dejar atrás el mito de que el Presidente sólo gobierna para los ricos?
Con el término del período de gracia de 30 días para cancelar los intereses del título de deuda externa de la empresa de eléctrica Elecar, hoy Corpoelec, el gobierno venezolano entró en un evento de incumplimiento al no honrar el pago a los tenedores del bono.
Los papeles de Elecar fueron colocados por un total de $650 millones, por lo que ahora el reclamo legal de los acreedores será por la emisión completa y no sólo por los intereses no cancelados, indicó una fuente consultada.
